Os pongo aquí las propuestas de CEIM -Confederación Empresarial de Madrid- para salir de la crisis que acaban de sacar y que iré comentando poco a poco. Os las pongo por su interés y porque quiero hacerlo antes de entrar a valorar las propuestas de los distintos partidos políticos para las próximas elecciones generales. Me preocupa mucho lo que los partidos con representación nacional entienden de la situación en la que estamos y con que medidas se proponen salir de la crisis y atraer al electorado.
“El contexto internacional de profunda crisis económica y financiera unido a los graves desequilibrios de la economía española están provocando una preocupante destrucción de empresas y de empleo en España.
En el presente documento de “Propuestas de los Empresarios de la Comunidad de Madrid para la recuperación económica”, CEIM plantea un conjunto de medidas, absolutamente ineludibles, que deben impulsarse para resolver los principales problemas de carácter estructural y coyuntural que sufre la economía española y, en consecuencia las empresas, con el objetivo de establecer un marco más favorable para el desarrollo de la actividad empresarial y el aumento de la competitividad de la economía española, aspectos claves para lograr recuperar la senda del crecimiento económico.
El protagonismo del sector empresarial en la salida de la crisis es incuestionable. Por ello, es necesario que los futuros gobernantes de nuestro país adopten como absoluta prioridad la resolución inmediata de los gravísimos problemas que padecen las empresas españolas. De no ser así, difícilmente el sector empresarial español podrá cumplir la esencial función de crear riqueza y empleo en nuestra economía. A continuación, se detallan una serie de propuestas fundamentales que, con carácter prioritario, inexcusable e inmediato, debemos asumirlas como CEOE y trasladarlas al próximo Gobierno, para aumentar la competitividad de las empresas españolas y recuperar un ritmo de actividad que genere riqueza y empleo en el conjunto de la sociedad:
1) Facilitar liquidez a las empresas, mejorar el acceso a la financiación y reducir la morosidad.
Cumplir la Ley de morosidad en las operaciones comerciales, especialmente las Administraciones Públicas.
Sustituir en el IVA el criterio de devengo por el de caja.
Facilitar la compensación de las deudas tributarias de las empresas acreedoras de las Administraciones Públicas por la prestación de bienes y servicios con las deudas reconocidas por éstas.
Establecer moratorias en el pago de determinados impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social, así como ampliar sus plazos de liquidación.
Propiciar que las entidades financieras concedan crédito a las empresas.
2) No acometer absolutamente ninguna subida de impuestos, y muy especialmente del I.V.A., I.R.P.F. y Sociedades, por entender que el esfuerzo debe hacerse fundamentalmente por la vía de reducción del gasto público.
3) Tratamiento global y nuevo en el marco de las relaciones laborales acorde al resto de países europeos:
Negociación del convenio de empresa durante la vigencia del convenio sectorial o territorial, sin perjuicio de coordinación con los niveles superiores.
Contrato indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 mensualidades como máximo, (a tiempo parcial o completo).
Evitar la intervención administrativa en materia laboral y la excesiva judicialización de los conflictos laborales.
Medidas de flexibilidad interna como facultad de decisión del empresario para adaptarlas a sus necesidades geográficas o funcionales.
Reducción de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social en cinco puntos.
Pago a cargo de la Seguridad Social desde el 4º día de baja laboral hasta el 15º.
Mejora del control y seguimiento del absentismo, así como de la gestión en los procesos de baja laboral, con posibilidad de dar el alta por las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Negociación colectiva: Fórmulas para ligar salarios a mejoras de productividad.
Disminución de la representación sindical en las empresas.
Una Ley de huelga que regule con claridad y rigor los derechos y deberes de los convocantes y participantes.
4) Diseño de un modelo que fomente la internacionalización, en especial de las PYMEs y contribuya a compensar la caída de la demanda interna.
5) Austeridad presupuestaria del Sector Público y racionalización de su gasto para poder cumplir los objetivos de consolidación fiscal y dotar de confianza a la economía española de cara a los mercados internacionales.
6) Simplificación de obligaciones formales, trámites, procedimientos administrativos y licencias; siendo especialmente positivo la puesta en marcha de la autolicencia, sustituyendo la licencia actual por una comunicación.
7) Una reforma en profundidad de la justicia, que aporte mayor seguridad jurídica al sector empresarial y que a su vez aligere la exasperante lentitud de los procesos judiciales empresariales.
8) Defensa a ultranza de la unidad de mercado, para evitar los problemas de competitividad que los distintos desarrollos normativos generan a las empresas.
9) Promoción del emprendimiento, como elemento clave para activar la economía.
10) Reforma en profundidad del actual sistema educativo, origen de muchos de los problemas de competitividad que tienen las empresas.
Introducción.-
España afronta uno de los momentos más complicados de su historia reciente desde un punto de vista económico. La especial gravedad de la crisis económica española no está únicamente motivada por la situación existente a nivel internacional, sino también por sus desequilibrios internos que la han hecho más vulnerable, porque no se han acometido las necesarias reformas estructurales y porque la mayoría de las medidas que se han adoptado se han apoyado en un desorbitado aumento del gasto y del endeudamiento
público, que no solamente ha hipotecado la economía española por mucho tiempo, sino que está dañando gravemente la imagen y credibilidad del país en los mercados internacionales.
La complejidad de la situación exige un cambio de orientación en la política económica aplicada hasta ahora y también un cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto, pues nos encontramos ante una realidad muy diferente a la que vivíamos en los años de bonanza económica. La nueva situación a la que nos enfrentamos requiere esfuerzo y sacrificio.
El protagonismo que tiene el sector empresarial en la recuperación de la economía española es incuestionable. Las empresas son quienes generan riqueza y empleo y, por tanto, son el pilar básico para el bienestar de la sociedad.
En este sentido, una de las claves para retomar la senda del crecimiento económico tiene que ser propiciar un marco que genere confianza, que favorezca el desarrollo de la actividad empresarial y, en consecuencia, que genere empleo. Las medidas que a continuación se proponen están orientadas a este fin.
I. ECONOMÍA
Opciones de Reforma:
1) Medidas para lograr la Austeridad presupuestaria.-
a. Acometer un importante recorte del gasto público, en especial del gasto corriente menos productivo, y establecer mecanismos efectivos de control del mismo, con el objetivo de minimizar el déficit público y aumentar la credibilidad de la economía española. El desarrollo normativo del artículo 135 de la Constitución Española, recientemente reformado, debería de ir en esta dirección.
b. Diseñar un plan de reducción de la deuda pública, tanto de las Administraciones como de las empresas públicas, liberando financiación para el sector empresarial
c. Establecer rigurosos criterios de necesidad y prioridad en los planes de gasto público (en los tres niveles de la administración española), debiendo estar ambos debidamente justificados
d. Focalizar y priorizar el esfuerzo inversor en aquellas actuaciones que redunden en una mejora de la competitividad, es decir, en infraestructuras, investigación y desarrollo, innovación, formación e internacionalización, entre otras
2) Medidas para la Racionalización del Sector Público.-
a. Adelgazar la sobredimensionada administración pública española: realizar un riguroso análisis de su estructura orgánica, empresas y entidades públicas existentes y su eficacia, planteando la eliminación de aquéllas que sean ineficientes o estén vacías de competencias.
b. Solicitar información, transparente, inmediata y auditada de todas las empresas públicas existentes a nivel nacional, autonómico y municipal y de las razones, si las hubiere, para su mantenimiento.
c. Establecer mecanismos de coordinación de los tres niveles de la Administración, para delimitar competencias, eliminar la prestación de servicios impropios, favorecer la prestación mancomunada de servicios, y evitar duplicidad de actuaciones y por tanto de recursos
3) Medidas para Otorgar Mayor protagonismo del Sector Privado.-
a. Impulsar medidas de liberalización de todos aquellos mercados que se caracterizan por una insuficiente competencia
b. Fomentar la colaboración público-privada en todas las actividades en que sea posible y especialmente en el desarrollo de nuevas infraestructuras y de proyectos de carácter estratégico para el país
c. Acometer un proceso de externalización de servicios públicos con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia, una mejor calidad en la prestación de los mismos y un abaratamiento de costes. Analizar y acometer la privatización de aquellos susceptibles de ello
d. Evitar la competencia desleal del Sector Público con el Sector Privado
e. Facilitar a las Pymes el acceso a la contratación pública
f. Potenciar la administración electrónica para mejorar los procedimientos administrativos, reduciendo la inversión en tiempo y en recursos humanos.
4) Medidas para la Mejora del Marco Regulatorio.-
a. Dotar al marco normativo español de mayor seguridad jurídica, carácter predecible y estabilidad, evitando modificaciones legislativas que sean meramente producto de decisiones políticas de carácter electoralista o cortoplacista, con el objetivo de generar confianza en la sociedad, dinamizar el consumo y las inversiones y por tanto, reactivar la economía
b. Velar por la unidad de mercado, de forma que haya una mayor uniformidad en los desarrollos legislativos a nivel autonómico y local y así evitar que la disparidad de la normativa llegue a convertirse en un obstáculo al desarrollo empresarial y al crecimiento económico
c. Analizar y evaluar previamente el impacto económico de las nuevas iniciativas legislativas, los objetivos que se persiguen y si las nuevas exigencias que se imponen a las empresas son razonables y asumibles. Tener en cuenta a las Asociaciones Empresariales en los procesos de elaboración de la normativa y de los planes de actuación
d. Los procesos de transposición de la legislación europea al ordenamiento jurídico español deben realizarse acompasados al ritmo de los países de nuestro entorno y con un nivel de exigencia similar (nunca superior), intentando conciliar los objetivos a alcanzar a nivel europeo con los intereses del tejido empresarial español
e. Avanzar y culminar en el proceso de transposición de la Directiva de Servicios, a nivel estatal, autonómico y local
f. Dotar de mecanismos y acometer las modificaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los organismos reguladores en sus actuaciones de prevención y control de aquellos mercados en los que intervienen. Fomentar su independencia y transparencia.
g. Reforzar el poder supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España
h. Culminar el proceso de reforma del sistema financiero español, con el objetivo de reforzarlo, hacerlo más solvente y, en consecuencia, más eficaz para facilitar financiación a las empresas
i. Promover una reforma de la normativa legal existente sobre la responsabilidad subsidiaria del empresario, especialmente en materia fiscal y penal, al efecto de armonizarla con la normativa europea.
5) Medidas para la Financiación Empresarial.-
a. Reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas con las empresas de forma efectiva y real, cumpliendo la Ley de medidas de lucha contra la morosidad. Dotar de la liquidez necesaria a las administraciones para que puedan afrontar los pagos a sus proveedores en plazos asumibles para éstos.
b. Asunción por parte de las Administraciones Públicas de los posibles perjuicios derivados de la falta de pago a sus empresas proveedoras, no debiendo suponer en ningún caso la rescisión del contrato.
c. Establecer mecanismos más ágiles de compensación de las deudas tributarias de las empresas acreedoras de las administraciones públicas por la prestación de bienes y servicios, con las deudas reconocidas por estas administraciones
d. Impulsar medidas específicamente diseñadas para pymes y microempresas, con el objetivo de amortiguar sus dificultades de liquidez y facilitar el acceso a la financiación de sus inversiones.
e. Revisar el sistema de ayudas públicas, evaluar su eficacia y, en su caso, redireccionar los fondos hacia un sistema tranparente y objetivo de líneas financieras, bonificándolas en sus costes
f. Mejorar la operatividad de entidades públicas de financiación, adaptar sus productos a las necesidades reales de la pyme y microempresa española, estableciendo condiciones razonables y asumibles, así como acortar los plazos de concesión
g. Potenciar fórmulas de financiación alternativas a la tradicional financiación bancaria, como el capital riesgo, el mercado alternativo bursátil y los business angels, entre otros, a través de incentivos fiscales (tales como una reforma de la disposición adicional 34 de la Ley que regula el IRPF, de forma que favorezca la inversión de los business angels), así como de un sistema de mayor información y promoción entre las empresas.
II. FISCALIDAD
Opciones de Reforma:
1) Medidas para Desarrollar una política fiscal incentivadora y no penalizadora de la actividad empresarial y que fomente la creación de empleo, con rebajas selectivas de impuestos.
a. Desarrollar una política fiscal incentivadora y no penalizadora de la actividad empresarial, con rebajas selectivas de impuestos e introducción de incentivos que favorezcan la inversión, el ahorro, la creación de empleo, la internacionalización y la I+D+i
b. Eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Actividades Económicas. En ningún caso, elevar los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades y del I.R.P.F. y del I.V.A., ya que esto último reduciría la renta disponible del sector privado, limitando las posibilidades de consumo, inversión y ahorro y por tanto, retrasando aún más la salida de la crisis y la creación de empleo.
c. Establecer en el IRPF, para las actividades empresariales, un tipo de gravamen que no supere el que tienen las pymes en el Impuesto de Sociedades.
d. Establecer exenciones específicas a la reinversión empresarial, exonerando de gravamen las plusvalías generadas cuando el importe de la venta sea reinvertido en su totalidad
e. Analizar el establecimiento en el Impuesto de Sociedades de una escala de tipos de gravamen en los que se tome como referencia el beneficio (en vez de la cifra neta de negocios).
f. Focalizar los esfuerzos de la actuación inspectora y de control de Hacienda hacia situaciones de fraude y de economía sumergida, aumentando la seguridad jurídica y disminuyendo la presión fiscalizadora sobre los contribuyentes que cumplen con la Hacienda Pública, y favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
g. Revisar el sistema de infracciones y sanciones tributarias con el objetivo de que se rebaje drásticamente el importe de las de carácter meramente formal y que no suponen un menor ingreso del debido a la Hacienda Pública
h. Simplificar las obligaciones formales de carácter tributario, dado el elevado coste que conlleva la presión fiscal indirecta sobre las empresas, en especial las obligaciones relativas a la operaciones vinculadas
i. Impuesto sobre el Valor Añadido, sustituir para las pymes y microempresas el principio de devengo por el de caja, para minorar las dificultades de liquidez que el alto nivel de morosidad está generando
j. Analizar la estructura de tipos de gravamen del IVA y plantear una rebaja en los mismos para los sectores más dinamizadores de la actividad económica.
k. Derogar las medidas del Real Decreto Ley 9/2011 relativos a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, la compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores y al fondo de comercio financiero.
III. MERCADO DE TRABAJO
La fórmula de reformas parciales puntuales no ha sido efectiva. Es imprescindible un tratamiento global nuevo, simplificador y basado en el apoyo a la actividad empresarial y a la estabilidad del empleo.
Se trata de superar la intervención administrativa en materia laboral y la excesiva judicialización de conflictos, mediante una flexibilidad que se adapte a las necesidades de la actividad. Ello no obstante se fijan algunas pautas:
Opciones de Reforma:
1) Contratación.-
a. Reducción de los más de cuarenta tipos de contratos que existen en la actualidad a menores modalidades: un contrato base (a tiempo completo o parcial) y modalidades formativas o temporales causales. Coyunturalmente se añadirá un contrato de fomento de empleo.
i. Contrato único indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades, sea la extinción por causa económica o disciplinaria, en caso de despido improcedente.
ii. Contrato con jornada a tiempo parcial: unificación del régimen laboral y de seguridad social y remisión a la regulación general con la debida proporcionalidad. Autorización de horas extraordinarias y eliminación de las complementarias.
iii. Contrato para la formación: Modelo dual alemán. Formación teórica a cargo de los Servicios de Empleo inferior al 25%. Coste cero en cotización para empresas y trabajadores.
iv. Contrato en prácticas: Reducción costes salariales y la cotización a la Seguridad Social. Ampliación a 3 años para todos los titulados.
v. Contrato temporal de fomento de empleo de inserción: Duración de 2 años y retribución en base al Salario Mínimo Interprofesional.
vi. Contratos temporales causales: recuperación del Contrato de lanzamiento de nueva actividad: Importante para la creación de nuevas pymes o de cambio de actividad o línea de producción de empresas ya constituidas. Duración de 6 meses a 3 años.
vii. Contrato para obra o servicio determinado: Eliminación de restricciones temporales de la Ley 35/2010, así como su penalización por finalización de contrato.
2) Intermediación Laboral / Políticas Activas de Empleo.-
a. Colaboración con la iniciativa privada en los servicios de orientación e inserción laboral
b. Desarrollo de la colaboración en la gestión a través de las Agencias de colocación privadas
3) Medidas de Flexibilidad Interna.-
a. Debe entenderse, dentro de la empresa, como facultad de decisión del empresario para adaptarse a las necesidades de la actividad.
b. La norma garantizará que, a partir de determinados límites, se acuda a lo pactado en convenio, o a fórmulas de negociación o arbitraje.
c. La revisión jurisdiccional sólo será procedente en supuestos en que se alegue existencia de motivos de nulidad de la decisión empresarial y no para revisar o validar su pertinencia económica.
d. Reforzar la capacidad de organización del empresario: definición del concepto de modificación sustancial, garantizando que se concreta en aquellos supuestos en los que pueda perderse o afectarse gravemente al equilibrio de prestaciones contractuales (por ejemplo: Modificación de jornada y horarios así como de sistemas de remuneración y rendimiento que afecten al 25% o más de su distribución y cómputo o en importe, respectivamente).
e. Extinción contractual: tanto la contratación como la extinción del contrato tienen ordinariamente una causa económica. La extinción contará con una indemnización de referencia (20 días/año con máximo de una anualidad), de la que el Estado se hará cargo de una parte, mediante un fondo (sistema austríaco).
Desaparece la calificación judicial de procedencia o improcedencia de causa económica, existiendo sólo la posibilidad de que haya ausencia de causa, que será equivalente al despido disciplinario improcedente.
En el despido disciplinario se recuperará la previsión legal de procedencia por existencia de prueba de causa tipificada en convenio, suprimiendo la práctica judicial de valorar “proporcionalidad”.
4) Medidas sobre Costes Laborales.-
a. Reducción de los costes del despido a los de los países de nuestro entorno.
b. Reducción de las cotizaciones en 5 puntos en las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
c. Pago a cargo de la Seguridad Social desde el 4º día de baja laboral por cualquier contingencia.
5) Medidas contra el Absentismo.-
a. Control de absentismo por la Administración laboral. Introducción de medidas de seguimiento de los procesos y evaluación de aquellos que superen la media de días establecida.
b. Mayor protagonismo en la mejora de la gestión del control de las bajas por las Mutuas de accidentes de trabajo: posibilidad de dar las altas a los trabajadores.
c. Mayor coordinación y seguimiento del absentismo entre la inspección médica y las entidades gestoras de la Seguridad Social.
d. Establecimiento de un medio de colaboración entre las empresas e Inspección para notificar aquellos supuestos que presenten características de posible abuso.
e. Despido objetivo para bajas reincidentes no justificadas.
f. Libertad de elección de las Mutuas por las empresas.
g. Revisión del cuadro de permisos retribuidos y establecimiento de su carácter recuperable.
6) Medidas de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.-
a. Eliminación de la obligatoriedad del arbitraje.
b. Financiación de los sistemas extrajudiciales de conflictos existentes.
7) Medidas sobre la Negociación Colectiva.-
a. Garantía de la capacidad de opción de ámbito de negociación a nivel de empresa. Cada empresa ha de poder decidir su incorporación a una organización para la negociación de Convenio, o bien su opción por un Convenio de empresa.
b. Establecimiento de fórmulas para ligar salarios a mejoras de productividad, competitividad o resultados de la empresa o sector: no revisión salarial automática ligada a IPC u otros indicadores ajenos a la evolución de la empresa o empresas afectadas.
c. Mayor facilidad para el descuelgue empresarial.
d. Obligación en el contenido mínimo del Convenio sectorial de un marco básico de flexibilidad en materia de distribución irregular de la jornada (15%) y bolsas de horas (80 horas anuales).
e. Eliminar el exceso de intervención de las comisiones paritarias previsto actualmente en la norma, que ralentiza la capacidad de decisión del empresario, al intervenir en las discrepancias entre las partes.
f. Ultraactividad de los convenios: eliminación.
g. Legitimación para negociar: norma general de legitimación derivada de la representación directa de las empresas por su asociación en las organizaciones presentes.
h. Eliminación de la intromisión directa de los sindicatos en las pymes sin representación sindical, a través de las comisiones paritarias.
i. Convenios de empresa o de grupos de empresas: eliminación de la supeditación a los convenios sectoriales para conseguir la mayor adaptación del convenio a las circunstancias de la empresa.
8) Medidas de Seguridad Social.-
a. Modelo austriaco a través de un Fondo con aportación de las empresas para futuras pensiones sin costes añadidos para las empresas.
b. Conveniencia de establecer escenarios de financiación complementaria al sistema de Seguridad Social.
c. Aumento de incentivos fiscales para promover planes privados de pensiones como complemento de las pensiones públicas
9) Medidas de Representación Sindical en la Empresa.-
a. Reducción del número de horas dedicadas a las actividades sindicales, así como las rigideces en la representación de los centros de trabajo, con el mantenimiento artificial de unidades de representación.
10) Medidas sobre Conflictividad Laboral.-
a. Regulación del derecho de huelga a la luz de la Jurisprudencia existente. Restricción del ejercicio del derecho de huelga en excepcionales situaciones de negociación de convenios o de sometimiento a sistemas extrajudiciales de conflictos; o la restricción del ejercicio en periodos que supongan un daño
irreparable para la economía o la seguridad de las personas y las empresas.
b. Garantía del derecho al trabajo de quien opta por ello, excluyendo modelos de coacción colectiva e incluyendo el marco de sanciones específicas.
11) Medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.-
a. Eliminación de la responsabilidad objetiva del empresario establecida en la normativa de prevención de riesgos laborales sustituyéndolo por el principio de responsabilidad compartida.
b. Racionalizar y simplificar la normativa en prevención de riesgos laborales y adaptarla, especialmente, a las características de las PYMES y Autónomos.
c. Ajustar a la realidad de la siniestralidad sectorial los costes de aseguramiento por contingencias profesionales.
d. Reforzar la labor asesora de las Administraciones Públicas (especialmente por la Inspección de Trabajo) hacia las Empresas, especialmente en esta materia.
IV. SANIDAD Y DEPENDENCIA
Opciones de Reforma:
1) Medidas En Gestión Sanitaria Y Del Modelo De Dependencia.-
a. Desarrollo en un marco claro, estable, transparente y sostenible basado en la colaboración público-privada en el ámbito de los servicios sanitarios y la dependencia.
b. Dotación al sistema de una unidad de mercado para todo el país con un marco de prestaciones estándar y unificado a nivel nacional.
c. Sostenibilidad del sistema sanitario público y de atención a la Dependencia: prioridad en los presupuestos públicos nacional o autonómico.
d. Diseño de un modelo de financiación finalista en las Comunidades Autónomas.
e. Planes para la eliminación de la morosidad de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local.
f. Avanzar en los modelos de copago en las prestaciones tanto sanitarias, como del Sistema de Atención a la Dependencia.
g. En un contexto de escasez de recursos, la coordinación sociosanitaria es imprescindible: racionalizar el sistema sanitario y el sistema de atención a la dependencia, sobre todo en patologías crónicas.
h. Mayor formación de los profesionales sanitarios avanzando en sectores como las nuevas tecnologías o la investigación en terapias avanzadas.
V. FORMACIÓN
Opciones de Reforma:
1) Medidas para el impulso y la difusión de la Formación Profesional para el Empleo.-
a. Modificar el modelo de Formación Profesional para el Empleo a través del consenso y manteniendo los principios de: unidad de caja, financiación suficiente a partir de la cuota de formación profesional que tiene carácter finalista, etc. manteniendo el papel de los interlocutores sociales en el diálogo
social que incluya tanto la formación de ocupados como de desempleados.
b. Orientar las necesidades formativas hacia una oferta de calidad, específica, profesional, práctica, actualizada e innovadora, menos burocrática y más flexible
c. Implantar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la formación, así como las nuevas metodologías de impartición utilizando todos los recursos tecnológicos.
d. Fomentar el espíritu empresarial en la formación desde sus primeras etapas, señalando el importante papel social del empresario, fomentando vocaciones empresariales y reduciendo la visión negativa sobre el fracaso en los proyectos empresariales.
e. Mayor libertad de acción por parte de las empresas en la planificación y determinación de las acciones formativas
f. Aumento de los recursos de la cuota de formación, especialmente en las pymes
g. Profundización en un modelo de formación a desempleados más ágil, adaptado a las necesidades del mercado y eficaz
h. Potenciación del modelo de formación a ocupados (calidad, evaluación, refuerzo de los mecanismos que garanticen la ejecución presupuestaria, priorización de la formación sectorial, agilización de las convocatorias, plazos razonables, etc.)
i. Potenciación de la acreditación de la experiencia, el Registro y acreditación de Centros de formación, la Certificación de la formación, etc.
j. Modelo de formación dual alemán. Formación teórica a cargo de los Servicios de Empleo inferior al 25%. Coste cero en cotización para empresas y trabajadores.
VI. INNOVACIÓN
La globalización de los mercados solo se entiende desde la perspectiva del desarrollo científico y tecnológico, que impulsa la innovación empresarial. La Sociedad del Conocimiento se ha transformado en el primer factor de competitividad y de productividad empresarial. La tecnología se ha transformado en una commodity, pero no ocurre lo mismo con el conocimiento. Los países emergentes (China, India, Brasil, etc.) son claros ejemplos de este hecho.
La falta o limitaciones en la generación de tecnologías generan no solo dependencia tecnológica sino además déficit en la balanza de pagos y limitada capacidad de competir en mercados de valor añadido para las empresas en los mercados exteriores.
El tamaño de las empresas representa una limitación a su capacidad competitiva, de innovación o incorporación de innovaciones, por lo que se ha de facilitar -mediante medidas fiscales, pero también estratégicas- su crecimiento.
Las políticas fiscales son más eficientes que las puramente económicas en términos de fomento de la innovación, por lo que es necesario recuperar la estabilidad política en esta materia sensible y a nivel nacional, dotándola de seguridad jurídica.
Los aspectos de solicitud de patentes es un factor clave. Defendemos el impulso a la patente europea en la que el español sea igualmente oficial, reduciendo con ello el coste asociado a la solicitud.
1) Medidas para la Formación y Servicios
a. Es necesario dotar a las empresas españolas, especialmente a las PyMEs, de servicios de formación en la gestión de la I+D+i y de la fiscalidad asociada. De esta forma las empresas tendrán una ventanilla única empresarial en materia de I+D+i y sus actividades económicas y fiscales asociadas
b. Dotar a las PyMEs de servicios de apoyo a la innovación, mediante la implantación de servicios de valor añadido. En este sentido, el CDTI debe ser reconducido al citado Ministerio de Industria de manera que se conforme un servicio de amplio espectro en esta materia
2) Medidas para Potenciar del Sector Industrial y de los Servicios Avanzados
a. Es necesario realizar políticas de recuperación industrial, al ser este sector el que desarrolla actividades de I+D+i con una mayor cadena de valor, arrastrando a otros muchos sectores innovadores, incluidos los servicios
b. Potenciar el desarrollo de los servicios innovadores y de la I+D+i en este sector, al ser éste altamente representativo en la economía española
c. Es preciso apoyar a las empresas, especialmente mediante medidas financieras y fiscales, para la adquisición de equipos y componentes que lleven aparejados la incorporación tecnologías avanzadas y de conocimientos (y, por ello, de personal) altamente especializado y competitivo. En este sentido, los temas
medioambientales, de eficiencia energética y de productividad tendrán un impacto altamente positivo, al permitir procesos de innovación acelerados
3) Medidas para Reestructurar las competencias de los Ministerios implicados
a. El Ministerio de Industria debe recuperar todas aquellas actividades relacionadas con la promoción, gestión, financiación y aspectos fiscales relacionados con la I+D+i empresarial, de forma que se integre el proceso complejo y se alinee con la necesidad de ver en su conjunto la cuenta de resultados de las empresas
b. Debe crearse una unidad de coordinación entre el Ministerio de Industria y la unidad administrativa que gestionase la investigación científica y tecnológica para coordinar las necesidades de los sectores empresariales en materia de investigación y desarrollo tecnológico, así como para la transferencia de
tecnología
c. Es necesario, además, que las políticas de apoyo a la I+D+i, tanto de la investigación desde el mundo académico como el empresarial, cuenten con una estabilidad y compromiso político que trascienda los cambios de gobierno. Ha de plantearse por ello como una política de Estado a largo plazo que dote de
presupuestos y seguridad jurídica al sistema de I+D+i
d. Las administraciones, coordinadas por el Ministerio de Industria, deben transformarse en elementos tractores de la innovación empresarial, mediante la demanda temprana de tecnologías y primando la tecnología española, si bien respetando las reglas de mercado
e. Es preciso reforzar la normalización de las políticas de innovación, transferidas a las Comunidades Autónomas, de forma que no se generen efectos frontera altamente perjudiciales en esta materia para el conjunto de la economía española
i. Financiación
f. Es preciso facilitar la financiación a las PyMEs para la realización de actividades de I+D+i, eliminando aquellos costes que no estén directamente a la financiación de la actividad (tales como los avales) y reduciendo las cargas administrativas asociadas
g. En materia de protección de la propiedad industrial a intelectual, apoyamos plenamente la postura de CEOE en referencia a la patente europea, eliminando las barreras idiomáticas que lastran el proceso y lo encarecen de forma notable, poniendo a las empresas españolas en desventaja de las de los países
angloparlantes, así como Francia y Alemania
4) Medidas Fiscales en I+D+i
a. Considerar las deducciones fiscales como efectivo exigible de las empresas con las administraciones de forma que la empresa disponga lo antes posible de liquidez para sus actividades innovadoras
b. Suprimir el límite de deducción en la cuota
c. Permitir la compatibilidad de deducciones por I+D+i con las deducciones de la Seguridad Social del personal investigador
d. Recuperar los tipos previos a la reducción realizada, alcanzando el 30% en su base mínima
e. Recuperar la prima de contratación con Universidades y Centros Públicos de Investigación
f. Dotar de una definición más amplia y de una mayor seguridad jurídica la concepto de innovación
5) Medidas para la Creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica. Es necesario seguir fomentando la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs), siendo una las vías fundamentales para la transferencia de tecnología y conocimiento al tejido empresarial. Para ello, creemos que será necesario:
a. Fomentar las vocaciones empresariales entre los estudiantes y el personal investigador
b. Facilitar la financiación de estas nuevas empresas mediante una política financiera y fiscal adecuada a su alta capacidad de crecimiento pero, asimismo, al alto riesgo que conlleva su creación y su desarrollo
c. Disponer de un tratamiento fiscal favorable a la financiación de las mismas, a través de los Business Angels y sus redes, así como a los fondos de inversión en Capital Semilla y Capital Riesgo
d. Facilitar la transferencia laboral de los investigadores de forma que la creación de empresas sea un proceso rápido, sencillo y con vías de retorno a la actividad docente e investigadora y, por ello, que incentive la creación de las empresas
e. Apoyar el desarrollo internacional de las NEBTs, siendo como es internacional el desarrollo científico y tecnológico, así como sus mercados
VII. EMPRENDIMIENTO
Opciones de Reforma:
1) Medidas para el Fomento de la Actividad Emprendedora.-
a. Favorecer la creación de empresas a través de incentivos y un régimen fiscal más acorde con la realidad de una empresa que inicia su actividad, facilitar instrumentos de financiación efectivos y adecuados a las necesidades de los emprendedores, eliminar trabas burocráticas, agilizar y simplificar los
trámites administrativos
b. Fomentar la cultura emprendedora en las diferentes etapas formativas de los jóvenes, diseñar módulos formativos en los que se proporcionen los conocimientos necesarios para iniciar una empresa
c. Dotar de una mayor eficiencia a las Ventanillas Únicas Empresariales: los trámites exigidos por las Administraciones Central, Autonómica y Local para la creación de una empresa no deberían conllevar más de dos ó tres días
d. Potenciar el crecimiento de las pymes españolas favoreciendo, entre otras medidas, las operaciones de integración empresarial.
VIII. INTERNACIONAL
Opciones de Reforma:
1) Medidas para Favorecer la Salida al Exterior de las Empresas.-
a. Impulsar la firma de convenios de doble imposición y de acuerdos de intercambio de información tributaria
b. Establecer deducciones fiscales para las exportaciones de las PYMEs. En ese sentido, se podría reactivar la deducción por actividades de exportación (DAEX)
c. Deducciones por participación en ferias comerciales internacionales y apoyos a las pymes para su participación en las mismas
d. Crear una deducción para PYMES que contraten servicios de asesoría o consultoría para su internacionalización
e. Mayor participación del sector privado en las instituciones públicas de promoción de la internacionalización (nacional y regional)
f. Mayor coordinación con los organismos regionales y con las Cámaras de Comercio. Y esto debe reflejarse en el organigrama del ICEX, con una posición de peso dentro del mismo
g. Establecimiento de una estrategia de relación con, y de la presencia española en las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales
h. Establecimiento en la Oficinas Comerciales de centros sectoriales de promoción exterior (sectores clave: infraestructuras, energía, servicios financieros, etc.)
i. Introducción en las Oficinas Comerciales de un catálogo de servicios y establecimiento de un sistema de control de calidad basado en los resultados
2) Medidas para Fomentar la Formación en Internacionalización Empresarial.-
a. Impulsar planes de formación para mayores de 55 años con amplia experiencia profesional especializada, que puedan ser reorientados hacia la exportación: idiomas, uso de nuevas tecnologías, conocimiento de mercados exteriores, etc. Esta medida aportaría mucho valor a las empresas
b. Explorar el papel que los inmigrantes pueden jugar en la promoción del comercio exterior en sus países de origen
c. Mayor formación en idiomas
d. Diálogo permanente con el mundo empresarial en materia de las necesidades formativas requeridas por el mercado laboral
e. Programas de formación a la exportación por sectores.
f. Inclusión del Comercio Exterior en la formación profesional
3) Medidas para Favorecer la Internacionalización de la Economía Española.-
a. Las estrategias dirigidas a favorecer y fomentar la internacionalización y la innovación de las empresas deben ser planeadas de manera conjunta. En ese sentido deberían estar concentradas, en la medida de lo posible, en el mismo Ministerio
b. Se debe hacer un mayor esfuerzo en las políticas de atracción de inversiones, reforzando las labores relacionadas con el mantenimiento y la fidelización de las inversiones materializadas
IX. ENERGÍA
La energía desempeña un papel crucial en la competitividad de la economía española, al estar presente como factor de producción en la práctica totalidad de los procesos económicos. Por esta razón, aquellas medidas destinadas a conseguir que la producción energética sea más competitiva y eficiente, y el consumo más racional y sostenible, tiene un efecto incentivador de la actividad económica y de la necesaria recuperación del empleo en nuestro país.
La política energética constituye uno de los pilares sobre los que debe de asentarse la futura recuperación económica de España. Por ello, debe impulsarse el desarrollo de un modelo energético que garantice a medio y largo plazo el suministro de energía en condiciones de competitividad, buscando una mayor diversificación, así como el necesario equilibrio y complementariedad entre las diferentes fuentes de energía, sin descartar ninguna de ellas, con el objetivo de reducir nuestra elevada dependencia energética.
Las políticas públicas en el campo de la energía deben promover la creación de un tejido empresarial competitivo en costes, sostenible medioambientalmente, innovador desde el punto de vista tecnológico y con clara vocación internacional.
Opciones de Reforma:
1) Medidas para el Establecimiento de un Marco Energético Claro, Estable, Seguro, Sostenible, Eficiente y Competitivo.-
a. Consecución de un mix energético que contemple el uso de todas las fuentes de energía que respeten los tres pilares fundamentales de la política energética europea: competitividad, seguridad y sostenibilidad
b. En relación con ese mix energético, se debe de tomar una decisión clara sobre la energía nuclear y el mantenimiento de la minería del carbón nacional.
c. Mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas
Gas y electricidad: mayor capacidad de transporte, en especial, necesidad de impulsar el desarrollo de la interconexión con Francia, y necesidad de acompañar la interconexión física con Europa con la incorporación del MIBEL a los mercados ya existentes a nivel europeo; mayor desarrollo del almacenamiento de gas; inversiones en reducción de pérdidas en transporte e incentivación de la introducción de las redes inteligentes para gestión más adecuada de la incorporación de la energía renovable y la gestión eficiente de la demanda, además de para poder dar toda la información necesaria y en tiempo real al consumidor final para que pueda consumir de manera más eficiente
Distribución eléctrica: clarificación de competencias entre la Administración Central y las CC.AA, ya que una parte de la retribución se fija a nivel estatal, pero una parte importante de las obligaciones, y con ello de los costes incurridos, se imponen por las CC.AA. de forma no homogénea entre ellas; acabar con la incertidumbre sobre el modelo futuro de la retribución de la distribución
Distribución gas natural: Apertura a la libre competencia de las zonas a gasificar para una gasificación más homogénea del territorio nacional; impulso al desarrollo de las interconexiones
d. Políticas de suministro más seguro y competitivo
Mayor libertad de mercado; reforzamiento de la Comisión Nacional de la Energía (independencia, transparencia; línea presupuestaria independiente; mandato único; etc.); mayor desarrollo de los mercados a plazo; fomento del Mercado Único de la energía
e. Potenciación de la Eficiencia Energética
Posibilidad de establecer desgravaciones fiscales a las inversiones de la industria de alto consumo
Posibilidad de aplicar diferentes tipo de IVA para equipos eficientes de consumidores en función del rendimiento energético
Impulso de la cogeneración
Mejoras en la consecución de mayor eficiencia energética en los edificios (exenciones fiscales a grandes renovaciones)
f. Energías renovables
Mayor control de las primas a estas energías y por consiguiente del déficit tarifario
Establecimiento de un mecanismo que retribuya la potencia que respalda a las energías renovables.
No retribuir producciones comerciales a precios de I+D, como es el caso de las fotovoltaicas
Aceleración de la entrada y asentamiento de nuevas tecnologías energéticas
g. Inversión en I+D+i fomentando la cooperación público-privada y la colaboración entre empresas
h. Fiscalidad: evitar la proliferación de impuestos de diversa naturaleza de carácter autonómico y local, que afectan de forma distinta a la generación y a la distribución, según cuál sea la localización de las mismas
i. Avances en la liberalización de las tarifas; adecuación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a lo que su propio nombre indica (debería aplicarse a potencias contratadas inferiores a 3 Kw); acabar con la inestabilidad regulatoria, ya que facilitaría el proceso inversor
X. MEDIOAMBIENTE
Opciones de Reforma:
1) Medidas para el Establecimiento una política medioambiental coordinada y compatible con la competitividad empresarial
a. Establecer con una legislación y objetivos acordes con la realidad empresarial española y que no sea más exigente que la de los países de nuestro entorno
b. Desarrollar una política medioambiental incentivadora y no penalizadora de la actividad empresarial, ya que el cumplimiento de las numerosas exigencias medioambientales muchas veces conlleva un necesario período de adaptación de la empresa y un gran esfuerzo de recursos económicos, técnicos y humanos
c. Homogeneización de la regulación medioambiental, de forma que haya una uniformidad en los desarrollos legislativos a nivel autonómico y local.
d. Simplificación y agilización de trámites y procedimientos administrativos medioambientales, de forma que no se frene la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales.
e. Analizar el impacto económico en las empresas de las nuevas iniciativas legislativas.
f. El proceso de transposición de la legislación europea al ordenamiento jurídico español debe realizarse de forma acompasada y con unos objetivos similares a los de los países de nuestro entorno.
g. Establecimiento de medidas que faciliten a las pymes el conocimiento y cumplimiento de la normativa medioambiental.
h. Primar en la Ley de contratos del Estado a aquellas empresas que posean certificaciones de calidad o medioambientales.
i. Mantenimiento del compromiso de 20% de emisiones de gases de efecto invernadero.
XI. EDUCACIÓN
El claro desajuste existente en España entre educación y modo de producción merma considerablemente la capacidad para competir de las empresas españolas. La deseable consecución de un mercado de trabajo eficaz conlleva una seria y profunda reforma de los sistemas de educación y formación inicial –para al igual que sucede en países de nuestro entorno- definir un sistema característico de enseñanza orientado a las necesidades del mercado laboral.
Alcanzar este ambicioso objetivo comporta además del establecimiento de una estrecha colaboración entre el mundo empresarial y el educativo, importantes esfuerzos de cara a asentar –desde la escuela- una verdadera cultura del emprendimiento. Ante una nueva legislatura, debe abordarse de forma prioritaria la mejora de los sistemas de Educación y Formación Inicial mediante la promoción de la libertad de
enseñanza y la iniciativa privada, impulsando su calidad, fomentando la formación profesional y la colaboración entre el mundo empresarial y el educativo en todos sus niveles, para reducir el abandono temprano, disminuir el fracaso escolar y mejorar las competencias de los alumnos.
Opciones de Reforma:
1) Medidas para el Establecimiento de un Sistema Educativo Competitivo.-
i. Educación Obligatoria
a. Impulsar la libertad de enseñanza, garantizando las bases para que se pueda dar la libertad de las familias para elegir.
b. Impulsar la autonomía de los centros en el sistema educativo español, con la finalidad de que éstos tengan una mayor capacidad para regular su actividad pedagógica, organizativa y administrativa
c. Fomento de un marco de colaboración entre educación y empresa
d. Transmitir en la educación la imagen real del empresario y el papel de la empresa en el desarrollo social y económico del país
e. Reforzar las competencias lingüísticas y el uso de las nuevas tecnologías
f. Refuerzo de la orientación escolar
g. Favorecer el reenganche a la formación básica
ii. Educación Postobligatoria
a. Fomento de las interconexiones del sistema educativo para ofrecer alternativas formativas y evitar el abandono
b. Puesta en marcha de un programa permanente de orientación profesional y escolar
c. Implementación de un Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional
d. Mejora y aumento del atractivo de la Formación Profesional
e. Implementar la permeabilidad entre el sistema educativo y el mercado laboral, a través de una mayor relación entre la Formación Profesional inicial y las necesidades de los diferentes sectores empresariales
f. Poner en marcha todas las medidas aún pendientes en el ámbito de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación Profesional
iii. Educación Universitaria
a. Mejora, flexibilización y mayor transparencia a la gestión universitaria
b. Establecimiento de un Mecanismo Permanente de Interactuación Universidad-Empresa para conocer las demandas de formación del mundo laboral y hacer más ágiles las respuestas académicas
c. Actualización de los planes y programas de estudio a las necesidades de los diferentes sectores empresariales
d. Establecimiento del Modelo dual de formación paralela en empresas y escuelas gestionado por una sola agencia responsable de garantizar la calidad los servicios de información y orientación para todos los estudiantes
e. Fomento de la mentoría empresarial para impulsar el emprendimiento, la innovación y los proyectos vinculados al ámbito empresarial
f. Fomentar y premiar la I+D+i
g. Puesta en marcha de laboratorios virtuales de ideas para el emprendimiento, premiando los mejores proyectos vinculados al ámbito empresarial
XII. URBANISMO
La gran mayor parte de las actividades económicas se desarrollan en un espacio físico que, en general, se sitúa en áreas urbanas. La implantación de tales actividades está a este respecto regulada por planes y
normas urbanísticas que constituyen el marco reglado de referencia para la concesión de las correspondientes licencias de obras y actividad. Sin embargo, la aplicación de la norma y tramitación por las distintas administraciones, en el conjunto del país, adolece de rigideces, desproporcionados alargamientos de plazos, descoordinación de criterios entre organismos intervinientes y otras deficiencias generales que suponen un lastre para la competitividad de las empresas.
Es imprescindible una reorientación del urbanismo como instrumento colaborador en la reactivación económica, mediante la simplificación, versatilidad de su contenido y agilidad en la adaptación al cambio y, asimismo, es imprescindible una aptitud de las administraciones que intervienen en las tramitaciones de permisos y licencias “a favor de proyecto”, que colaboren en la puesta en práctica de las iniciativas
empresariales, que permitan un acortamiento de plazos y una aplicación más eficaz del planeamiento.
Asimismo sería necesario impulsar un plan estratégico de logística y transporte, la promoción de la intermodalidad y el ferrocarril y las conexiones con Europa.
Opciones de Reforma:
1) Medidas para Acometer la Armonización de las Legislaciones Autonómicas en Materia de Urbanismo
a. Coordinación del planeamiento regional:
Contenido básico común de los planes de ámbito regional
Delimitación de ámbitos subregionales de planeamiento; ámbitos transfronterizos
Papel del Estado en la coordinación nacional del planeamiento regional
b. Armonización básica de los planes municipales y parciales
c. Armonización básica de las cesiones obligatorias y gratuitas:
Cesiones de aprovechamiento urbanístico
Cesiones para reservas dotacionales
d. Armonización de los sistemas de gestión
e. Armonización de los procesos de tramitación y aprobación de los planes
f. Promover la necesaria agilización y simplificación de los procesos de
tramitación de licencias.
Justificación de la propuesta
Como consecuencia de la aplicación del Art. 148.3 de la Constitución Española que atribuye la competencia exclusiva en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” a las Comunidades Autónomas, éstas se han ido dotando de leyes específicas en esta materia que han ido introduciendo numerosas disparidades tanto en relación con los instrumentos de planeamiento y gestión del urbanismo y la ordenación del territorio como en relación con las cargas y cesiones gratuitas impuestas a los propietarios.
En consecuencia, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, no sólo se ha producido una ruptura de la unidad de mercado en los sectores afectados sino una indirecta desigualdad en los derechos de la propiedad.
Por otra parte, en España el Estado ha ido perdiendo la visión y control global de las transformaciones del territorio con la consiguiente pérdida de eficacia en la planificación de las grandes infraestructuras nacionales, consumos de energía y aplicación de políticas de sostenibilidad diversas.”
ASSEMBLEA VINARÒS 