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Una década de euro: las dos caras de la moneda única

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Hace 10 años, el 1 de enero de 2002, comenzó a funcionar el euro como billete de curso legal en doce países europeos. Hoy circula en 17. La ocasión merece un balance de su trayectoria como moneda.

Hay alemanes nostálgicos del marco, su antigua moneda Hay alemanes nostálgicos del marco, su antigua moneda

A mediados de diciembre de 2001, los ciudadanos de doce países europeos tocaron por primera vez con sus manos el euro. En aquel momento se repartieron “kits para principiantes”, con el objetivo de que la gente se familiarizara con la nueva moneda. Una década más tarde, resulta controvertido valorar si el euro ha supuesto un éxito o un fracaso.

Cuatro años antes, en 1998, se había fundado el Banco Central Europeo en Fráncfort. Éste se concibió a imagen y semejanza del Banco Federal Alemán, con la misión fundamental -en ello hicieron especial hincapié los alemanes- de mantener la estabilidad de su valor como moneda. Si tomamos como medida la tasa de inflación y de su valor como divisa frente a otras monedas, el euro ha sido un éxito.

Wim Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo en 2001 Wim Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo en 2001

El Banco Central Europeo ha controlado con firmeza las turbulencias monetarias. En su primera sesión, el 4 de enero de 1999, cuando se implantó el euro como moneda giral en once países, cotizó apenas un dólar y 18 céntimos. A partir de ese momento, políticos y economistas se fueron poniendo cada vez más nerviosos, porque el euro comenzó a perder progresivamente valor, llegando a su mínimo histórico en el año 2000, cuando cotizó tan solo 82 céntimos de dólar.

Comentario profético

“El mercado de divisas es muy sensible a las medidas que se tomen para el fortalecimiento de la moneda“, dijo entonces un comentarista en un programa de Deutsche Welle. “A ello deben aspirar los políticos europeos, que han sido demasiado permisivos con Italia en cuestiones sobre su estabilidad presupuestaria y su alto endeudamiento. Si a ello sumamos que se ha hecho la vista gorda para admitir a Grecia como duodécimo miembro de los países de la zona euro, no es de extrañar que los mercados de divisas no confíen en la evolución de la moneda común”

El comentario fue firmado hace más de once años, en octubre de 2000. “La cuestión es qué hubiera sucedido de no haber ingresado Grecia en la unión monetaria y económica”, dice hoy Theo Waigel, que se encargó en los años 90, como ministro de economía alemán, de la introducción del euro”. “Tenemos problemas financieros en algunos países, continúa Waigel, que se han manifestado a través de la crisis más grave que hayamos tenido en 80 años. Ello se debe a que se han cometido algunas fallas. Pero el problema no está en la moneda, sino en esos países concretos“.

¿Crisis de deuda o de moneda?

En otras palabras: no hay crisis del euro. Aunque muchos países de la eurozona tienen unos enormes problemas de deuda, la propia moneda ha demostrado sobradamente su eficacia. En primer lugar, ha conseguido que las empresas ahorren mucho dinero en transacciones. Por otra parte, ha propiciado un gran éxito de las exportaciones alemanas y unos intereses muy bajos para los países periféricos. Además, se ha convertido en la segunda moneda en importancia tras el dólar. Y, a pesar de las turbulencias, ha conseguido sorprendentemente mantener su valor estable frente al dólar.

A quien no exporte en el espacio dólar o no vaya allí de vacaciones, le importa poco el valor externo de la moneda común. En cambio, le interesa más la estabilidad interna de su moneda. Al principio, la palabra “euro” en Alemania era sinónimo de “caro”. Resultó difícil para los germanos despedirse del marco. Hoy día se sigue pensando que el euro encareció todo, pero las estadísticas lo desmienten: en los diez años de euro la inflación del espacio euro fue más baja que en la última década de marco alemán.

¿Crisis de deuda o crisis del euro?
¿Crisis de deuda o crisis del euro?

Por otra parte, el euro ha sido el responsable de los enormes conflictos en la balanza de pagos de algunos países. “Los problemas financieros de los países meridionales -especialmente Grecia y Portugal- los han originado en gran parte ellos mismos”, dice el Instituto Alemán de Economía. “En realidad, la implantación del euro ha supuesto una gran oportunidad para los países que están actualmente endeudados”. Ya el anuncio de la nueva moneda hacia 1995 produjo un impacto sobre la notable reducción en los tipos de interés que los países del sur, en comparación con Alemania, debían pagar.

Ni Portugal ni Grecia aprovecharon esta oportunidad. “En lugar de impulsar medidas de crecimiento, aumentaron de forma masiva la carga social del Estado. En Grecia concretamente, se pasó de 19% del Producto Interior Bruto en 1995 hasta más del 25% en 2007. En Portugal sucedió algo similar“, informa el Instituto Alemán de Economía.

Balance agridulce

Los bajos intereses condujeron a Estados, empresas y familias a un excesivo endeudamiento. Ello desató un boom financiero y crediticio artificial, en el que precios y salarios subieron más que en el resto de países, lo que provocó el aumento de la importación y el descenso de la exportación. Hasta que los mercados han dicho !Basta a seguir financiando balanzas de pago deficitarias!

Por este motivo, los otrora boyantes países se ven inmersos, con sus altos precios y salarios, en una profunda crisis estructural y ya no son competitivos. Necesitarían un ajuste en el valor de su moneda de cambio, una devaluación, para volver a serlo, pero esta solución no es posible por el euro: no se puede devaluar de forma unilateral. Esa es la otra cara de la moneda única. Así pues, balance agridulce.

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Autor: Rolf Wenkel/MS
Editor: José Ospina-Valencia

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La mezcolanza de lo público y lo privado en la UE

José A. Estévez Araújo
En la actualidad hay, como de costumbre, muchos casos de mezcolanza entre poderes de decisión públicos e intereses privados en la UE. Varios han sido objeto de denuncias, en algunas ocasiones incluso oficiales: es decir, que provienen de los propios órganos de la Unión (Defensor del Pueblo Europeo, Parlamento, Comisión). Los casos cubren todo el espectro de connivencias posible. Se dan conflictos de intereses; hay multitud de órganos asesores o comités de expertos colonizados por personas vinculadas a intereses empresariales; entidades aparentemente de la “sociedad civil”, son, en realidad, grupos de presión; existen muchas “puertas giratorias”, especialmente entre las Agencias de la UE y la industria; los mecanismos de participación de la “sociedad civil” en realidad transfieren poder de decisión unilateral a las empresas… Una información fiable y rigurosa sobre todos estos tejemanejes puede encontrarse en la página web del Corporate Europe Observatory (CEO): http://corporateeurope.org.El caso de la European Privacy Association (EPA) es especialmente interesante. La EPA, según su página web, es una organización dedicada a promover el respeto a la intimidad y la protección de datos en Internet. Se presenta en su página web como un think tank (un laboratorio de ideas). Se inscribió también dentro de esa categoría en el registro de la Unión Europea. El CEO puso en marcha una campaña para hacer revelar a la AEP sus miembros y fuentes de financiación. Se descubrió de ese modo que los miembros de la AEP eran Microsoft, Google y Yahoo. Después del escándalo de la NSA, Microsoft o Google no parecen ser precisamente adalides de la protección de la intimidad. En realidad, la AEP actúa como lobby promoviendo todo lo contrario: normativas menos rigurosas de salvaguarda de la privacidad en Internet. El desvelamiento de su verdadera naturaleza conllevó que se viera obligada a cambiar su caracterización en el Registro de la UE: ahora aparece como un lobby. Pero en su página web se sigue presentando como un think tank. Y, desde luego, su denominación, hábilmente escogida, está pensada para llevar a engaño, especialmente a los ciudadanos.

Otro caso se refiere a la Plataforma para la buena Gobernanza Fiscal, creada por la Comisión Europea. La plataforma ha sido fruto de una iniciativa del Algirdas Smeta. Smeta, de nacionalidad lituana, tiene el pomposo cargo de “Comisario Europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude”. El objetivo de la Plataforma es extraordinariamente loable: luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal en la UE. Se trata de un propósito de enorme transcendencia. Erradicar el fraude fiscal permitiría pagar todo el monto de la deuda europea. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de una pregunta escrita firmada por parlamentarios europeos de todos los grandes partidos políticos (incluido el Partido Popular Europeo). La razón de la pregunta es bastante sólida: Smeta ha nombrado miembros de la plataforma a los mayores evasores de impuestos de Europa y a sus empresas asesoras. Sería como formar una comisión integrada por los capos de los cárteles mexicanos con el objetivo de establecer medidas para impedir el tráfico de drogas. Calificar este caso de “conflicto de intereses” resultaría, como mínimo, un eufemismo.

Por otro lado, la Comisión Europea está llevando adelante una iniciativa para implantar una “tasa Tobin”, es decir un tributo sobre transacciones financieras, en la UE. Obviamente los bancos y demás entidades financieras europeas están radicalmente en contra. Han elaborado multitud de “informes” dirigidos a los legisladores nacionales y comunitarios, alertando acerca de las nefastas consecuencias para la economía que tendría la adopción de esa medida. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se ha ofrecido a ayudar a la Comisión y al Consejo a desarrollar esa iniciativa. Eso puede sonar esperanzador. Sin embargo, el Corporate Europe Observatory considera dicho ofrecimiento como una amenaza. La intervención del BCE en las tareas legislativas de la UE es de dudosa legalidad. No hay base jurídica para permitir su participación en unas funciones atribuidas exclusivamente a la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Así, por ejemplo, el presidente del Banco de España no podría autoproponerse para participar en un proceso legislativo relativo a la regulación bancaria. El Congreso podría consultarle, por supuesto, pero sería libre de seguir o no sus consejos.

La preocupación del CEO viene de que considera al BCE como un “caballo de Troya” de los intereses financieros. Así, el BCE tiene una serie de comités consultivos, llamados oficialmente “Grupos de Contacto”. En estos comités están representadas todas las grandes entidades financieras. La lista de sus integrantes es un “¿Quién es quién?” del mundo de la finanzas. Por ejemplo, en el “Grupo de Contacto del BCE sobre Mercados de Divisas” podemos encontrar, entre otros, al Deutsche Bank, a Morgan Stanley, o a J. P. Morgan. En estos foros se ha discutido muy intensamente los últimos meses acerca de la tasa sobre las transacciones financieras. Los miembros de estos consejos asesores se han mostrado radicalmente contrarios a su implantación. Por eso y por algunas cosas dichas por el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo, parece clara la intención de Draghi de sabotear en lo posible el proyecto de la Comisión.

De este caso, se pueden extraer dos enseñanzas. La primera es que el lobby financiero tiene, en los “Grupos de Contacto” del BCE uno de sus principales mecanismos de infiltración en los procesos decisorios de la UE. La segunda, que el BCE representa los intereses del poder financiero dentro del entramado institucional europeo. Esto quedará más claramente puesto de manifiesto en el siguiente caso:

El presidente del BCE, Draghi, forma parte de una organización llamada el Grupo de los Treinta (G-30). Esta entidad se presenta como un foro de discusión. Pero, en realidad es un lobby de alto perfil. De él forman parte las entidades financieras más importantes del mundo. Entre sus miembros o patrocinadores volvemos a encontrar, por ejemplo a J. P. Morgan y al Deutsche Bank. También están en la lista, por parte española, el Banco de Santander o Bankia. Y Draghi es uno de los miembros de esta organización. Está acompañado por otros colegas, como los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Japón o China y por los anteriores presidentes de la Reserva Federal, el Banco de España o el propio BCE. Economistas de prestigio, como Paul Krugman, le dan una pátina de respetabilidad académica a la organización.

El CEO presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo por considerar “incompatible con la independencia, reputación, e integridad” del presidente del BCE su pertenencia al G-30. Aportó documentación y estudios académicos sobre las tareas de lobby llevadas a cabo por el G-30: todas las presiones de esta organización se dirigen a luchar contra la regulación financiera. Se trata de un tipo de entidad muy característico de la actual gobernanza global: las redes transnacionales informales. Estas entidades no tienen mandato oficial alguno. Pero en ellas se reúnen funcionarios y autoridades públicas de todo el mundo con miembros de las entidades privadas. Su función es crear una forma transnacional común de ver y enfocar los problemas. Es decir, en estas entidades se fragua el marco general a partir del cual se elaborarán políticas y se adoptarán decisiones concretas en todo el mundo. Son instituciones completamente opacas. Como señala el CEO, no hay actas ni documentos de las reuniones del G-30. Estas entidades ejercen un enorme poder de hecho, sin ningún tipo de control o mecanismo de rendición de cuentas.

El Defensor del Pueblo europeo no encontró, sin embargo, nada irregular en la pertenencia de Draghi al G-30. Los fundamentos de su decisión son básicamente dos. En primer lugar, no reconoce el carácter de lobby del G-30 a pesar de la documentación aportada por el CEO. Lo considera un foro de debate. El segundo fundamento, recogido en el punto 82 de su resolución tiene especial interés aquí. El Defensor del Pueblo se basa en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este artículo dice textualmente lo siguiente:

Artículo 11 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.

En este artículo aparecen recogidos los mecanismos de participación defendidos por la Teoría de la Gobernanza. Estos mecanismos son presentados como complementarios y, a veces, incluso como sustitutivos de los procedimientos de la democracia representativa. Por un lado, las instituciones abren canales para escuchar a los ciudadanos y a las asociaciones (11.1); por otro lado, las instituciones realizan consultas a las asociaciones y a la “sociedad civil” (11.2); por último se realizan consultas a las “partes interesadas”, es decir, a los famosos stakeholders de la jerga de la gobernanza (11.3).

Curiosamente, el Defensor del Pueblo no considera la actividad de Draghi como una consulta a una “parte interesada” (una organización integrada y costeada fundamentalmente por entidades financieras). La inscribe en el punto 2 del artículo: se trata de una forma de diálogo con la “sociedad civil”. Además de no considerarla reprochable en absoluto, anima a Draghi a seguir por ese camino y profundizar su implicación en el G-30. Es una forma de intensificar el diálogo con la “sociedad civil”. Por supuesto, en el discurso de la gobernanza las empresas y sus asociaciones son uno de los pilares de la misma. En cierto modo, la gobernanza resucita la concepción hegeliana de la sociedad civil, frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado: un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos). Algo parecido, aunque no exactamente igual a lo que ahora se denomina el “tercer sector”, un sector que se diferencia tanto del mercado como del estado.

Los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil”, las “partes interesadas”, las “asociaciones” o los “ciudadanos” han sido en realidad un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas. Eso es algo suficientemente demostrado. Draghi no se ha reunido, por ejemplo, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al menos que se sepa. Pero lo más novedoso aquí es la utilización del discurso de la gobernanza por una autoridad europea, precisamente para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. Esto es un síntoma de lo hondo que ha calado una de las ideas centrales de la ideología de la gobernanza: la difuminación de la distinción entre lo público y lo privado.

*  *  *

La dicotomía que diferencia lo público de lo privado es una de los elementos estructuradores del lo que Juan-Ramón Capella denomina el “relato político moderno”. Esta dicotomía está articulada con la distinción entre sociedad civil y estado. Y se manifiesta en muchas diferenciaciones como las de derecho público/privado, sector público/privado, interés público/privado… Encontramos la dicotomía público/privado tanto en el discurso jurídico político, anglosajón como en el europeo occidental. Debido a su carácter estructural es un presupuesto del discurso legitimador. Lo es tanto del discurso sobre el “Estado de derecho” como del discurso sobre la “Rule of Law”. En ambos se delimita un espacio público “separado” del privado (los gobernantes, la Administración…). Las personas que actúan en ese espacio deben hacerlo estrictamente sometidas a la ley. No deben decidir arbitrariamente. Sólo tienen los poderes explícitamente autorizados por las normas jurídicas. Las funciones públicas deben ser ejercidas por cargos electos o por funcionarios dependientes de éstos y sometidos al reglamento, etc. Los discursos legitimadores del poder jurídico político moderno presuponen, pues, la existencia de un sector público, separado del sector y de los intereses privados y sometido a una lógica de funcionamiento muy diferente de la de las relaciones mercantiles o familiares.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra la realidad. En las sociedades modernas lo público y lo privado no han estado tan netamente separados. Se han dado muchas formas de “mezcla” no sólo en el estado intervencionista, sino también en el estado gendarme. El estado ha construido infraestructuras necesarias para la actividad de las empresas. También ha financiado a éstas de manera directa o indirecta. El estado ha regulado asimismo el funcionamiento del mercado. Con mayor o menor intensidad, siempre lo ha hecho. También se han producido siempre casos de “pantouflage” o de “revolving doors”, es decir, el paso de gestores del sector público al privado y viceversa. Los lobbies no son sólo cosa de ahora: reconocidos o no, regulados o en la sombra, desde el origen del estado moderno los grupos de interés han condicionado las decisiones de los órganos públicos. Y los casos de nepotismo son todo menos infrecuentes. Pero esta mezcla era ocultada por el discurso ideológico. Este presentaba al sector público libre de las influencias de los intereses particulares y funcionando con una lógica muy diferente a la del sector privado. El sector público perseguía el interés general o el bien común. Las empresas y los comerciantes perseguían sus propios intereses egoístas.

La situación hoy es diferente. El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios público-privados, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

Han tenido que producirse cambios muy importantes para poder eliminar la distinción tajante entre lo público y lo privado de una ideología jurídico-político con función legitimante. Estos cambios han sido tanto discursivos como materiales. Se refieren fundamentalmente a las transformaciones introducidas por el neoliberalismo y a su fundamentación. La contrarrevolución neoliberal ha supuesto la ampliación de lo privado a costa de lo público. Los servicios y empresas públicas han sido privatizados. La regulación estatal de la economía se ha visto reducida. La privatización y la desregulación han sido fundamentadas por un discurso ensalzador de la eficiencia del mercado y la empresa privada y denigrador del estado por su ineficacia y su corrupción. Como dijo Reagan, el estado no es la solución, sino que es el problema. Por eso había que reducir su tamaño. Lo que quedase de él debía funcionar de manera similar a las empresas para poder incrementar su eficiencia.

La privatización y la desregulación, unidas a la denigración de lo público-estatal por parte del neoliberalismo y a la introducción de métodos empresariales en la Administración por la vía de la llamada “Nueva Gestión Pública” han facilitado la difuminación de la distinción público-privado en el discurso de la gobernanza. Pero para el surgimiento de ese discurso ha sido necesario también el fracaso de esas políticas neoliberales de los años ochenta. La desregulación y la privatización condujeron a resultados funestos en la Rusia de Yeltsin. También causaron desastres en África, puestos claramente de manifiesto por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina tuvieron enormes costes sociales sin beneficios aparentes. Esos fracasos llevaron al Banco Mundial a replantearse la orientación de sus políticas. Los nuevos planteamientos del BM supusieron un giro neoinstitucionalista de la mano de economistas como Douglass C. North. Y el neoinstitucionalismo es una de las fuentes de inspiración de la gobernanza. De hecho, a principios de los noventa, el Banco Mundial empezó a utilizar en sus documentos la expresión “buena gobernanza”.

La “managerialización” de la Administración también fue un fracaso relativo. No se pudo sustituir sin más la burocracia por el management. La Nueva Gestión Pública consideraba a los servidores públicos como ratoncillos que sólo obedecían a los impulsos estímulo/sanción. La aplicación de ese tipo de política de personal desanimó a los empleados públicos, perjudicando la calidad de los servicios. Aumentó también enormemente los costes de gestión y control. Por otra parte, los profesionales cualificados y organizados —como los médicos—, se resistieron a actuar siguiendo exclusivamente una lógica de la eficiencia regida por el análisis coste beneficio. Muchos profesores han manifestado también su rechazo a formas de evaluación de sus logros puramente cuantitativas.

Todo eso hizo necesario un Plan B para el neoliberalismo. La gobernanza lo proporcionó. Tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal, le tocó el turno al descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada. La llamada “Tercera Vía” teorizada por Giddens y puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas.

Para dar credibilidad a las virtudes de la cooperación público-privada se cambió también la imagen de la empresa. Las teorías derivadas de la economía neoclásica concebían la empresa como un sujeto maximizador de utilidad. También eran vistos así los individuos. En cambio, el enfoque de la gobernanza corporativa, presenta a la empresa como un sujeto “responsable”. La empresa no debe tener únicamente como objetivo maximizar sus beneficios. Debe también responsabilizarse de los efectos sociales y ambientales de su actividad. No sólo debe responder ante sus accionistas, sino ante todos los “stakeholders”, ante todas las personas afectadas por su actividad (suministradores, trabajadores, consumidores, vecinos…). De esa visión de la empresa surgió la llamada “Responsabilidad Social Corporativa”. La consideración de las empresas como sujetos “responsables” ha servido, entre otras cosas, para justificar la autorregulación corporativa. Pero también ha permitido presentar a las empresas como sujetos con miras más amplias que sus propios intereses. Las empresas son capaces de actuar de acuerdo con la perspectiva del interés general. Pueden orientarse hacia la “solución de problemas” y no sólo hacia su propio beneficio. La colaboración público-privada contribuiría a provocar esta transfiguración de la empresa. Los resultados desastrosos de las experiencias de consorcios público-privados ponen de manifiesto el carácter ideológico del discurso sobre la empresa responsable. Pero éste sigue siendo cultivado aplicadamente en la abundante literatura académica sobre los “Public-Private Partnerships”.

El discurso de la gobernanza no va dirigido a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado sigue teniendo sentido para ellos.

El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida. La decisión del Defensor del Pueblo Europeo es una muestra de la influencia del discurso entre las élites político-administrativas. A pesar de las evidencias en contrario, el discurso sigue siendo eficaz en esos puestos de mando. El documento sobre la gobernanza universitaria de la Universidad de Barcelona es también una buena y cercana prueba de ello. Pero eso será tema, en todo caso, para un artículo futuro.

30/8/2013

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¿El euro nos puso bajo la dictadura de los mercados?

FUENTE

Asamblea Extraordinaria ATTAC-España 15 y 16 de junio de 2013.

 

 

¿El euro nos puso bajo la dictadura de los mercados?

I. Un poco de historia 

¿De dónde y con qué motivaciones viene la idea del euro?

A finales de los ochenta, los responsables políticos franceses, entre ellos François Mitterrand, defendían el proyecto de crear una moneda europea común para limitar la creciente hegemonía del marco alemán, y ante las reticencias de los responsables políticos alemanes, el gobierno francés liberalizó los movimientos de capitales, y propuso al banco central alemán la unión monetaria dejando que las condiciones las pusiera Alemania. La que impuso fue la creación de un Banco Central Europeo (BCE), independiente del poder político y cuyo único fin era mantener un bajo nivel de inflación. Además, no podría otorgar préstamos a los estados miembros, los cuales deberían acudir a los mercados financieros y a la banca privada para obtenerlos; en cambio, la banca privada si podría obtener créditos del BCE a bajo interés.
Así nacía el euro, condicionado por:
1- Una política monetaria única para países con realidades diferentes y, sobre todo, divergentes en estructuras productivas y económicas, en niveles de productividad, y en demografía, entre otros.
2- La creación de un BCE independiente de cualquier gobierno u órgano elegido por sufragio universal.
La entrada en el euro de España se consideró por una mayoría de la población , de los partidos y la mayoría de los economistas como un paso adelante hacia la “modernización” del país, entendiendo esta como un conjunto de cambios en lo social, lo económico y lo cultural que superaran la losa histórica que durante 40 años tuvo esta nación . Por ese entusiasmo se cedieron porciones de soberanía, tanto de manera explícita como implícita, que quitaron herramientas al estado español para poder realizar aquellas políticas necesarias para mejorar la vida de la mayoría de la población. El sustrato teórico sobre las supuestas ventajas económicas que tiene dicha renuncia a parcelas de soberanía viene dada por la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (Optimal Currency Area), un ejercicio de economía normativa que parte de la premisa de que el dinero es fruto de la evolución de los mercados privados y cuya función es reducir los costes de transacción en los intercambios comerciales. Frente a esa concepción metalista del dinero de la que parte dicha teoría, hay otra concepción sobre el origen del dinero, la cartalista, que tiene que ver con el concepto de soberanía política y la autoridad fiscal de la nación, y que explica la regularidad bien robusta de que a una nación le corresponde una moneda, la cual le permite afrontar, en momentos de extrema necesidad, merced al poder de la creación de dinero, la movilización todos los recursos reales bajo su jurisdicción. Con el euro se ha implementado una moneda independiente de los estados y dependiente de los bancos y mercados financieros, centrada en conseguir mediante su escasez forzada (viso deflacionario del euro, pues lo único que importa al BCE es la inflación) un valor intrínseco que le permite competir por la demanda internacional de atesoramiento de riqueza en forma monetaria, para así desplazar a otras monedas, o dicho de otra manera, el euro nace como una moneda enemiga acérrima de la inflación y como tal pretende atraer a los capitales que buscan refugiarse de la inflación como si de un pseudo-oro se tratase.

http://cas.umkc.edu/econ/economics/faculty/wray/601wray/goodhart.pdf


II. Algunos beneficios y beneficiarios.

Costes, algunos evidentes y otros no tanto.

Entre los beneficios teóricos supuestos estaba la convergencia de los tipos de interés de las deudas publicas de la zona, que en último caso se volverían perfectos sustitutos unas de otras, merced a la desaparición de las primas de riesgo monetarias asociadas a la devaluación o a la inflación, si bien ya desde el 2000 la misma AMUE (Association for the Monetary Union of Europe) reconoció que al primer año de la UME ya se volvía a una senda de divergencia de los tipos. El proceso de divergencia se aceleró de manera dramática a raíz de la crisis financiera del 2008. Baste para ello recordar que las primas de riesgo de Irlanda, España o Italia frente a Alemania superan los 300 puntos básicos y el caso de Grecia es superior a los 1000 puntos básicos.
Entrando en los beneficiarios de dicha integración y sin ser esta relación exhaustiva podemos encontrar que:
Entre agentes económicos privados: todas las empresas y personas (trabajadores consumidores) que se veían sometidos a costes adicionales debidos al riesgo de tipo de cambio se deshacen de ello; las empresas que pueden acceder a mercados de capitales más extensos y hacer uso de los instrumentos de deuda (titulizaciones) que se puedan colocar en un mercado de capitales ampliado (costes de transacción reducidos o eliminados) les permite acometer procesos de expansión más ambiciosos. Los trabajadores de alta movilidad intraunión con pocos costes familiares y poco arraigo en el territorio disfrutarán de un espacio laboral ampliado.
Entre estados: dado que cada estado de la unión pasa a ser mero usuario de moneda, no puede crear moneda independientemente. Aquellos estados que tienen un sector exterior menos dependiente de la política cambiaria y que tengan una posición de exportadores netos van a tener una posición más segura debida a su abundancia de reservas en euros en el BCE, lo cual les puede permitir afrontar políticas anticíclicas sin verse penalizados con primas de riesgo por insolvencia crecientes al tener que recurrir a los mercados de capitales para adquirir reservas. Diciéndolo de otra manera más sencilla, si no tienes euros y quieres incrementar (o se te incrementa) el gasto del estado tienes dos opciones: o conseguirlos de tus vecinos gracias a exportarles más de lo que importas o debes pedir más euros a los mercados financieros, lo que estos ven como una posición de riesgo y por ello piden un tipo superior por prestártelos (primas de riesgo de insolvencia).
Entre los costes evidentes de la integración se encuentra la pérdida de soberanía monetaria que supone la pérdida de control sobre el tipo de interés y el tipo de cambio impidiendo el recurso a la devaluación. Es de notar que el periodo previo a la UME, con el colapso del SME que la precedió, dio buen anticipo de los costes en esta materia, ya que permitió a los especuladores en los mercados monetarios aceptar y ganar la apuesta contra los bancos centrales sobre si los niveles de reservas de divisas de alguno de estos eran capaces de sostener la cotización que dicho tipo fijo o banda de fluctuación determinaba.
Sin embargo, también se asumieron costes no tan evidentes a resultas de la integración en una moneda común:

Privatización de la financiación pública y exigencia.
En un contexto de moneda fiat (no convertible) con tipos de cambios flotantes, un estado soberano monetariamente con deudas denominadas en la moneda que monopoliza, no está sujeto en su gasto por restricción financiera alguna, el estado puede pues gastar libremente, siendo el riesgo del sobregasto la inflación. Al renunciar a la soberanía monetaria, la restricción financiera (por la necesidad de compensar las variaciones de reservas en el BCE) raciona el gasto del estado, y a medida que este incurra en mayores déficits, su fuente de financiación que son los mercados privados de capitales pueden reclamar mayores primas sobre el riesgo de insolvencia. El Banco Central puede garantizar que no se dé la insolvencia siempre en último término, pero ello supone el rescatar a los estados, lo cual está explícitamente prohibido en el artículo 125 del Tratado de Lisboa. Así pues, constatado que los mercados de capitales privados pueden forzar la política fiscal discrecional de los estados, cuando existe una recesión éstos se encuentran en el dilema de que, por un lado, los estabilizadores automáticos (menor recaudación, mayores transferencias sociales, etc.) llevan al presupuesto estatal hacia el déficit para poder compensar la caída de la demanda privada, mientras que, por otro lado, los mercados privados reclaman mayores primas de riesgo de impago y exigen la vuelta a niveles inferiores de déficit obligando a realizar la política procíclica (reducción de transferencias e incrementos impositivos) que reducen la demanda total y por ello el ingreso, constituyendo un circulo vicioso depresivo en el que el pago de intereses a los mercados financieros toma cada vez una mayor parte de los presupuestos gubernamentales menguantes.

Competitividad (Dumping) salarial y fiscal.
La propia teoría AMO (Areas monetarias óptimas), de donde parte el experimento del euro, revela estas dinámicas. Los mercados de capitales se encargarán de sancionar un intento del factor trabajo para mantener o ampliar su parte del ingreso nacional de manera que solo se acepten incrementos salariales iguales o inferiores al incremento de la productividad. Es más, dada la perfecta movilidad del capital, los estados se ven incentivados a no gravar a este factor que puede volar libremente a otra jurisdicción de la UME con menor presión fiscal, mientras que para compensar la caída que supone sobre la recaudación del estado grava al factor o las operaciones que más se fijan al territorio (ingresos sobre el trabajo, impuesto al consumo, etc.).

Especialización productiva conforme a un modelo centro-periferia.
Si bien en una zona monetaria con una autoridad fiscal común que trabaja en unión con el banco central no cobran tanta importancia los flujos comerciales dentro de las fronteras (balanza por cuenta corriente entre estados de USA), en la UME estos flujos sí tienen una importancia crucial. Esto es debido a que en el primer caso la autoridad fiscal compensará los desequilibrios en tasa de crecimiento y desempleo de la regiones mediante un mecanismo fiscal de transferencias (presupuesto federal e impuestos federales), asegurando un mínimo de cohesión al conjunto del área. En el segundo caso, al no tener ese mecanismo de compensación, la dinámica impone una especialización productiva con un centro que acapara las actividades de mayor valor añadido, mientras que la periferia se ocupa de la de menor valor, acentuando las diferencias en el desempeño de las regiones: las más prosperas mejoran a costa de las menos prósperas sin tener que dar transferencias a cambio. Si añadimos que las regiones menos prosperas recurrían con cierta regularidad a la devaluación para evitar su desindustrialización, con una unión monetaria el proceso de divergencia se exacerba al eliminar esa posibilidad, quedando solo como recurso las devaluaciones internas que no solo deprimen la demanda interna de esa región sino que esa deflación de precios y salarios alimenta un proceso de concentración de rentas y riqueza.

III. Pero ¿es esto realmente un AMO?

¡Y que importa que no lo sea!, lo importante es otra cosa.

Atendiendo a las condiciones expuestas en la teoría de Mundell los requisitos mínimos son:
1 Movilidad laboral y flexibilidad de salarios a través de la región: esto incluye capacidad física para viajar (visados, derechos de trabajadores) o eliminar barreras culturales para la libertad de movimientos (como sería el caso de distintos idiomas) o las barreras institucionales.
2. Movilidad de capital y flexibilidad de precios.
3. Un mecanismo automático de transferencia fiscal, que redistribuya el dinero hacia las áreas o sectores que se hayan visto desfavorecidos por las dos características antes señaladas.
4. Los países partícipes tienen que tener ciclos económicos similares.Que no se cumplan ni por asomo las condiciones teóricas en muchos de los países (con especial relevancia en los llamados PIIGS) no es óbice para que el mismo padre teórico defienda el proyecto, pues como Mundell reconoce “Monetary discipline forces fiscal discipline on the politicians as well“. Y en definitiva de eso se trata el euro: de disciplinar a los estados fiscalmente. O si lo vemos desde la perspectiva política, consiste en alejar de las manos de los representantes democráticos la toma de decisiones económicas.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro


IV Nadie podía prever este resultado, ¿o sí?.

El desastre del divorcio entre la moneda y el estado nación, sin existir ningún interés en crear una federación de estados para solucionar este problema, ya había sido denunciado durante más de 20 años por parte de la Teoría Monetaria Moderna en los países anglófonos y en la misma Europa, por la Teoría de Circuito Monetario, ambas muy cercanas: post-keynesianas y que parten de una aproximación al dinero cartalista (el dinero es producto del estado). Estos programas de investigación económica sí adelantaron tanto los mecanismos como las condiciones por las que se podría llegar a la situación actual.
 
 

V. Soluciones al desastre y aplicabilidad de las mismas en la Europa realmente existente.

Los escenarios para enmendar algo el desastre en el que nos encontramos en mi opinión son tres, algunos de ellos suponen una ruptura radical en las dinámicas depresivas expuestas, otros no tanto.
El primero sería el desarrollo de una entidad federal, compuesta por los países de la UME bajo control democrático de un parlamento con plenos poderes legislativos (entre ellos la elaboración de un presupuesto), que unificase de nuevo la soberanía monetaria con la fiscal. Esta entidad sería la encargada de poner en marcha las políticas anticíclicas necesarias, que consistirían en una expansión fiscal de calado suficiente como para volver a tasas de crecimiento que recuperen el empleo y reviertan el proceso de desigualdad económica tanto entre regiones como entre ciudadanos. Esta salida, que podría ser la ideal pues fortalecería y afianzaría el sentido de pertenencia a una idea de Europa social de los ciudadanos europeos bajo principios de solidaridad y cooperación, hay que ponerla en perspectiva respecto a su aplicabilidad. Los incentivos al desarrollo de ese federalismo se podrían concretar en: 1º, la población de los países periféricos está incentivada para conseguir un mecanismo de compensación fiscal (solidaridad entre socios) que amortigüe el shock asimétrico y estabilice la crisis social y la destrucción progresiva de sus economías; y 2º, el progresivo deterioro de la capacidad de compra de los países periféricos terminará dañando a las economías centrales que centran su desarrollo en el mercado exterior, lo que repercutirá en sus resultados económicos.
Por otro lado, hay desincentivos claros al desarrollo de tal federalismo. Desde el primer momento de creación de la UME, el planteamiento de una federación quedaba completamente fuera de los objetivos, lo cual explica tanto la configuración de un banco central independiente sin control de ningún poder democrático, como la nula capacidad legislativa del parlamento europeo frente a un órgano tecnocrático como la Comisión, que ostenta dicha capacidad. Un primer desincentivo es que los países centrales gozan de evidentes ventajas en el actual marco institucional, pues consiguen menores costes de financiación. Por otro lado, la percepción de riesgo de insolvencia en las economías periféricas lleva a una fuga masiva de depósitos hacia los países centrales, al pensar ingenuamente que dichos fondos quedarán a salvo de un posible impago de alguno de esos estados periféricos, así como de la posible depreciación de estos como consecuencia de un impago que termine expulsando al país de la zona euro. También se abren oportunidades de negocio en los países periféricos para los abundantes capitales del centro que permiten la supresión-absorción de competidores. En el caso de bienes de titularidad pública (merced a las privatizaciones), las oportunidades son si acaso mejores debido a la obligación, incluida en los mismos memorandos de entendimiento, de liquidar activos públicos para reducir el déficit presupuestario. Respecto al factor trabajo, la tasas de desempleo de los periféricos tienen una función disciplinadora, como amenaza frente a las veleidades distributivas ante la pérdida de posiciones en el ingreso nacional de los asalariados frente a los propietarios de capital de los últimos 30 años, acelerada desde principios de siglo y en especial desde la depresión creada por las políticas procíclicas. Un desempleo alto en España (o Grecia o Irlanda o Portugal) no es problema social ni político en Alemania (o Francia u Holanda) y sí, en cambio, un recordatorio a los trabajadores alemanes (franceses, etc.) de que o mejoran su competitividad o pueden ser tan prescindibles como los millones de desempleados periféricos que en última instancia pueden sustituirlos.
El segundo escenario consiste en seguir jugando con las reglas actuales, buscando dentro de ese entramado los resquicios por los cuales realizar las políticas económicas necesarias (uso de las bancas públicas, o uso intensivo del BEI). En ese sentido, es muy significativo que los diseñadores y gestores del actual proceso se estén dotando de más y más salvaguardas para evitar dicha flexibilidad por parte de los estados (al menos de los estados periféricos), poniendo fuera de la discusión política no sólo la política monetaria (prerrogativa del BCE) sino también la fiscal, blindándola judicialmente vía el TJE mediante la capacidad de imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no cumplan con las leyes de la Austeridad y obligando a los miembros a constitucionalizar la austeridad.
El tercer escenario, que es anunciado por el “stablishment” como el apocalípsis económico, sería la denuncia de los tratados poniendo fin a las reglas actuales y planteando a los estados la disyuntiva entre crear unas nuevas reglas (que nos lleven al primer escenario) o dar por finalizado el experimento de Eurolandia y que cada cual haga lo mejor para su población. Esta situación tiene todos los visos de ser la más probable dada la percepción cada vez más clara por parte de los ciudadanos europeos de que las instituciones creadas no merecen confianza (el caso de España es el más extremo), a lo que se suma el hecho de la culpabilización de los países periféricos entre la población de los países centrales, que está alimentando un proceso de odio que acentuará las tendencias centrífugas, odio que en los países periféricos se alimenta del sufrimiento que causan las políticas impuestas por el centro.
¿Qué nos queda entonces? O vivir esperando un milagro que nos lleve a la primera situación, o continuar por el calvario sin fin del segundo escenario que día a día se vuelve más arduo, o afrontar el hecho de que el “éxito” de un proyecto que funciona como se diseñó y no como se anunció es en realidad un fracaso para las ilusiones de la mayoría de la población europea, en especial las del pueblo español, lo cual implica reconocer que es preciso forzar un cambio de las reglas de juego o, caso de no ser esto posible, salir del mismo juego para crear otras.
Para acabar unas palabras de Paul Krugman que nos dan una idea de lo que supone realmente la perdida de la soberanía monetaria y que abandona (por fín) el mito del crowding out.
First, if you look around the world you see that the big determining factor for interest rates isn’t the level of government debt but whether a government borrows in its own currency. Japan is much more deeply in debt than Italy, but the interest rate on long-term Japanese bonds is only about 1 percent to Italy’s 7 percent. Britain’s fiscal prospects look worse than Spain’s, but Britain can borrow at just a bit over 2 percent, while Spain is paying almost 6 percent.
What has happened, it turns out, is that by going on the euro, Spain and Italy in effect reduced themselves to the status of third-world countries that have to borrow in someone else’s currency, with all the loss of flexibility that implies. In particular, since euro-area countries can’t print money even in an emergency, they’re subject to funding disruptions in a way that nations that kept their own currencies aren’t — and the result is what you see right now. America, which borrows in dollars, doesn’t have that problem.*
(*)En primer lugar, si nos fijamos en todo el mundo, se ve que el  factor más determinante  para los tipos de interés no es el nivel de la deuda pública, sino si el gobierno se endeuda en su propia moneda. Japón está mucho más profundamente endeudado que Italia, pero el tipo de interés de los bonos japoneses a largo plazo es de sólo 1%,  frente al 7% de Italia. Las previsiones fiscales de Gran Bretaña se ven peor que las de España, pero el Reino Unido puede pedir prestado a un poco más  del 2%, mientras que España está pagando casi un 6%.
Lo que ha ocurrido, parece ser, es que estando en el euro, España e Italia, se han puesto en la situación de los países del tercer mundo que tienen que pedir prestado en una moneda que no es la suya, con toda la pérdida de flexibilidad que ello implica. En particular, dado que los países de la zona euro no pueden imprimir dinero, incluso en caso de emergencia, están sujetos a trastornos financieros de un modo  en que no lo están aquellos países que mantuvieron sus propias monedas, y el resultado es lo que se ve ahora. América, que se endeuda en dólares, no tiene ese problema. “

Europa: lo que no se dice de la crisis

Red Voltaire | 17 de mayo de 2010

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia (en especial), Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en Estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB).

Son Estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales Estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública.

Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de calificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses.

Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo).

No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento.

El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

UNA MALA CONSTITUCIÓN QUE REVELA UN CÁNCER SECRETO DE NUESTRA DEMOCRACIA

Marsella,  21 de abril de 2005.

 Apreciados colegas y amigos,

 Después de seis meses de reflexión intensa, se está plasmando una argumentación alrededor deltratado constitucional”, a partir, pero también más allá de este tratado, una argumentación que no es de derechas ni tampoco de izquierdas, y que nos enseña a todos un peligro histórico, más allá de la política. Por esas razones, este breve argumento tendría que interesar a los ciudadanos de cualquier bando.

 Hace seis meses, en septiembre de 2004, yo era, como todo el mundo, favorable a este texto sin haberlo leído, por principio, “para progresar, aunque supiera de la imperfección de las instituciones. No quería ser uno de aquellos que frenan la marcha de Europa. Creo de verdad que a la inmensa mayoría de los europeos, más allá de las divergencias izquierda/derecha, les gusta esta hermosa idea de una Europa unida, más fraternal, más fuerte. Es un sueño de paz, consensual, muy mayoritario.

 No había leído este texto y no tenía tiempo en absoluto : demasiado trabajo… Luego Europa queda lejos, y con tantos políticos, me sentía protegido : en caso de deriva, por lo menos quedarían algunos para defendernos… y pasaba de “meterme en políticas”, es decir que pasaba de ocuparme de mis propios asuntos.

 Ya se oían llamamientos en contra de este tratado, pero venían de los extremos del tablero político y por esa sencilla razón, ni siquiera empezaba a leer sus argumentos, confiando en la opinión de la mayoría sin comprobar yo mismo la fuerza de las ideas expresadas.

 Y de repente, llegaron llamadas de personas nada sospechosas de ser antieuropeas. Entonces leí sus llamamientos, sin fijarme en sus etiquetas, y encontré argumentos muy fuertes. Me puse a leer, mucho, libros enteros, de todo tipo, Fabius, Strauss-Khann, Giscard, Jennar, Fitoussi, Généreux, etc… y muchos más artículos de los partidarios del tratado porque quería estar seguro de no equivocarme. Y cuanto más leo, más me inquieto. En fin, hoy en día, no pienso en otra cosa, casi no duermo, sencillamente tengo miedo de perder lo esencial : la protección contra lo arbitrario.

 Hoy sigo leyendo todas las intervenciones, los pros, los contras, sigo buscando donde está el fallo en mi razonamiento y el texto siguiente es un llamamiento a la reflexión y el progreso : si notaís un fallo, por favor hablemos de ello, con tranquilidad, honradamente, es muy importante. Me puedo equivocar, busco sinceramente evitarlo, reflexionemos juntos, si quereís.

 Como profesor de derecho[1] pienso que es mi misión hablar de ello un poco más que los demás, hablar de ello a mis colegas, pero también a mis estudiantes, a los periodistas.

Sería cómplice si callara.

 He encontrado más de diez razones graves para oponerse a este texto sumamente peligroso, y diez razones más para rechazar un texto desagradable, y en realidad totalmente antifraternal. Pero las cinco razones más fuertes, las más convincentes, las que cruzan las opiniones políticas más diversas porque niegan cualquier posibilidad de tener una reflexión política, estas cinco razones me aparecieron bastante tarde porque hay que trabajar mucho para evidenciarlas. Son esas cinco razones, las cinco más importantes, sobre las cuales quisiera llamar vuestra atención y solicitar vuestra opinión para que pudieramos hablar juntos, ya que los periodistas nos niegan cualquier debate público.

En este asunto de estado, se atropellan los fundamentos del derecho constitucional, lo que tiene que recordarnos cinco principios transmitidos por nuestros abuelos.

Los principios 4 y 5 son los más importantes.

  1. Una Constitución tiene que ser legible para permitir un voto popular : este texto es ilegible.
  1. Una Constitución tiene que ser políticamente neutral : este texto es partidario.
  1. Una Constitución es revisable : este texto está bloqueado por una exigencia de doble unanimidad.
  1. Una Constitución ampara de la tiranía por la separación y el control de los poderes : este texto no establece un verdadero control de los poderes y tampoco una real separación entre estos poderes.
  1. Una Constitución no está concedida por los poderosos, está establecida por el pueblo mismo, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos, mediante una asamblea constituyente, independiente, elegida a propósito y revocada después : este texto ratifica unas instituciones europeas establecidas desde hace 50 años por los hombres en el poder, al mismo tiempo jueces y partes.

 Importante puntualización (21 de abril de 2005)

 Acabo de enterarme que algunos ciudadanos interpelan a los políticos en sus reuniones preguntando : “¿ Qué contesteís a Étienne Chouard, profe de derecho en Marsella que dice : (cita de Chouard) ?…”

Acabo también de recibir un documento pdf bajo el título “Facultad de derecho de Marsella”, después de este título inventado por no sé quién, sigue mi texto en su versión del 25 de marzo, esta primera versión llevaba todavía unos errores molestos (en particular sobre Turquía y la duración del Tratado de Niza).

Ahora entiendo los mensajes furiosos de algunos universitarios denunciando la impostura.

Si las cosas se ponen así, tienen razón, no hay que leerme como si fuera un especialista de derecho internacional, no hay que presentarme así, es un malentendido : no tengo ninguna autoridad para enunciar el derecho comunitario, y cometo como cualquiera ahora, errores porque el texto del TCE no es sencillo.

Voy precisando en mi introducción que hace a penas seis meses, “como a cualquiera”, Europa me interesaba muy poco y por lo tanto no sabía gran cosa sobre el derecho comunitario. Digo en todas partes que me puedo equivocar y que busco precisamente progresar. Es paradójico, y de verdad, peligroso para la calidad de información, que después de sólo 15 días me hagan pasar por “el universitario de derecho público con autoridad en la materia.

Este malentendido me es imputable por el estilo con el cual me expresaba al principio, pero este documento no estaba destinado al mundo entero. La rápida evolución de los hechos, ha creado también este malentendido.

Es esencial restablecer la realidad de mi mensaje que está tomando, sin que pueda remediarlo, una importancia que no podía imaginarme al principio : vean, para entenderme, la página Avertissement de mi web, actualizada ayer por la mañana.

Las interpelaciones públicas tendrían que estar formuladas así : “Qué contestaís a Étienne Chouard, ciudadano de Marsella que dice : (cita)”.

 Hablo como ciudadano. He quitado en esta versión de mi texto (demasiado tarde, lo reconozco, no me había fijado en el problema) esta letanía : “¿ No es acaso misión de los profesores de derecho, como de los periodistas, explicárselo a los ciudadanos ?”.

Insisto : Hay en este momento un gran debate amplificándose entre los ciudadanos, para descifrar mejor este texto complejo que será quizá nuestra Constitución. Veo cada día, a través de cientos de mensajes, gente que está descubriendo hoy en día la importancia de una Constitución en su vida cotidiana y que se sumen en la lectura del TCE.

Me parece extraordinario que los ciudadanos de a pie se vuelquen tanto en el texto que establece en su nombre el derecho del derecho.

Siento que no tengamos tiempo para intercambios mejores. Por favor, hagan desaparecer las antiguas versiones de mi texto y hablemos de buena fé sobre el actual estado de nuestras respectivas reflexiones.

Notareís en este texto un cambio notable, en relación con las versiones precedentes, en mi punto de vista sobre el debilitamiento del poder parlamentario, finalmente limitado a algunos temas precisos (y chocantes). Nuestro intercambio me hace evolucionar de verdad, es una realidad. En cuanto a otros temas, creo haber descubierto, al contrario un riesgo de fuerza excesiva del Parlamento

Pero sobretodo, tomo conciencia de una irresponsabilidad generalizada en esta “Europa-necesitada-de-una-Constitución-para-ser-más-fuerte”.

Sí, necesitamos una Constitución.

¿ Pero dará aquella, una real protección a los pueblos supuestamente llamados a unirse para reforzarse ?

Tenemos realmente un problema de relación democrática entre los pueblos y sus élites.

¡ Cuán complejo es este texto… Y qué difícil será votar !

Preámbulo : Constitución o tratado ?

 ¿ Cuál es la calificación justa de este proyecto ?

Hay que recordar lo que es una Constitución y por qué su elaboración va envuelta en advertencias especiales.

Una Constitución es un pacto entre l@s ciudadan@s y sus gobernantes. Es por haber firmado este pacto por lo que l@s ciudadan@s aceptan someterse a las leyes. Con este pacto la autoridad encuentra su legitimidad. Este pacto debe proteger l@s ciudadan@s en contra de la injusticia y de la arbitrariedad.

Los principios de los cuales vamos a hablar sirven para garantizar el papel protector del pacto y para que l@s ciudadan@s puedan controlarlo.

El proyecto de Tratado que establece una Constitución para Europa (TCE) es ejecutorio sin límite en el tiempo[2], se impone en casi todos los asuntos esenciales a la vida de la gente[3], su fuerza jurídica es superior a cualquiera de nuestras normas nacionales[4] (reglamentos, leyes, Constitución), establece los grandes poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y regula sus equilibrios.

El proyecto del TCE es pues, por naturaleza, una Constitución, define el “derecho del derecho.

 Numerosos profesores de derecho público (no todos) lo analizan como tal. Incluso hay quienes analizan la nueva Unión como un Estado, con sus componentes fundamentales. [5]

Entonces lo más importante no es como los autores hayan calificado su texto, ya que los principios de los cuales vamos a hablar sirven para proteger los ciudadanos en contra de instituciones peligrosas : cualquier texto fundamental que defina o modifique los poderes de las instituciones tendría que respetar estos principios, sea cual sea su denominación oficial.

¿ Ofrece este texto con vocación constitucional las garantías que podemos esperar ? [6]

Primer principio de derecho constitucional : una Constitución es un texto legible

Una Constitución debe ser aceptada, directamente, por el pueblo que se somete a ella.

Para que esta aceptación tenga sentido, este texto tiene que ser legible por el pueblo, que es quien lo va a firmar (y no sólo los expertos).

De este punto de vista, el “tratado constitucional” es largo y complejo[7] : 485 páginas DinA4, o sea casi una resma (En su versión compacta actualmente disponible en esta página http://www.constitucioneuropea.es/).

Este extensísimo texto, único ejemplo en el mundo para una Constitución, se dobla con una multiplicidad de notas, las cuales lo hacen simplemente ilegible para los ciudadanos de a pie.

Algunos puntos importantes como la definición de los SIEG no aparecen en el texto[8].

Incluso aparecen contradicciones entre partes distantes[9].

Para ilustrar aún más la dificultad de lectura de este texto, debemos igualmente señalar como grave la ausencia de una lista de asuntos en los cuales cada institución puede crear el derecho. Así no se encuentra en ninguna parte (y podemos por lo tanto ignorar perfectamente que pueda existir) la lista de los asuntos en los cuales al Parlamento europeo se le mantiene totalmente apartado del derecho a legislar (no es ni banal y tampoco anodino). Para conocer esta repartición, hay que ahondar en cientos de artículos uno por uno, confiando en no haberse olvidado de algunos (ver más lejos). ¿ Podemos hablar de legibilidad ? Otros artículos importantes, así como el artículo I-33, el cual instituye los “actos no legislativos” (reglamentos y decisiones) que permiten a una Comisión (no elegida) crear sin control parlamentario normas tan apremiantes como leyes[10], no incluyen una lista controlable.

Esta extensión y esta complejidad imposibilitan la crítica para el común de los mortales.

El 75% de los españoles votantes que han aprobado este texto, como el 60% de los que se abstuvieron, problablemente no la habran leído : ni los ministros, los periodistas, y tampoco los ciudadanos, que tendrán todos otra cosa que hacer : ¿ Quién tiene tiempo para leer 500 páginas DinA4 ? Basta hacerse la pregunta : los demás no la contestarán de otro modo.

Estos ciudadanos corren el gran riesgo, para ellos, pero también para sus hijos y sus nietos, de descubrir demasiado tarde lo que nunca podrán cambiar.

 Evidentemente haca falta leer y entender lo que se firma. Si no, uno se niega a firmarlo.

Aunque fuera sencillo (y no lo es), un texto tan largo no permite juzgarlo con discernimiento.

Y aun así, hay que tener una opinión. ¿ Cómo hacer para tener una opinión sobre un texto que no se puede leer ? Siguiendo a “los demás”, se tranquiliza uno, como las ovejas de Panurgo.

Esta extensión es, por si misma, antidemocrática : el debate está reservado a los expertos.

Una Constitución es la ley fundamental, es “el derecho del derecho” cada quien la tiene que poder leer, para aprobarla o rechazarla a sabiendas.

Segundo principio de derecho constitucional : una Constitución no impone una política o otra, permite el debate político sin imponer el resultado

 Una Constitución democrática no es de derechas y tampoco de izquierdas, no es socialista ni tampoco liberal, una Constitución no es partidaria, hace posible el debate político, y está por encima del debate político.

¡ Al contrario, el TCE, además de fijar las reglas del juego político, quisiera bloquear el juego mismo !

Al imponer en cada una de sus partes[11] (I, II y sobretodo III) obligaciones y referencias liberales, este texto no es politicamente neutral, está imponiendo para siempre unas políticas económicas que tendrían que estar sujetas al debate político cotidiano, variable según la coyuntura. Es una especie de secuestro de la alternancia de las políticas económicas.

En particular, este texto ratifica para siempre que Europa se niegue a si misma los tres mandos económicos principales, los cuales permiten a cada Estado del mundo gobernar :

No hay política monetaria : somos los únicos en el mundo en haber vuelto nuestro banco central totalmente independiente, el cual tiene por única misión, constitucional, intangible, la lucha contra la inflación, pero nada sobre el empleo o el desarrollo[12]. No se les concede medio alguno a los poderes políticos para modificar estas misiones. Sin embargo se sabe que las políticas antiinflacionistas se pagan con el aumento del paro[13], por un efecto casi mecánico. (la nota [13] es importante)

No hay política presupuestaria : el pacto de estabilidad[14] encierra a los Estados en una rigidez presupuestaria que es por supuesto una política posible, pero no tiene por que ser la única ad vitam aeternam.

Ningun impulso de tipo Keynesiano (grandes obras) es ya posible.

No hay política industrial : la prohibición de cualquier obstáculo a la competencia[15] conlleva la prohición de ayudar a algunos sectores nacionales en dificultad o frágiles.

Es la institucionalización de una política económicamente impotente descrita por el economista Jean-Paul Fitoussi[16], impuesta para un largo tiempo.

Sobre este tema hay que leer la apasionante síntesis de doce economistas en contra del TCE[17].

El proyecto del TCE infantiliza a los ciudadanos europeos : nos aleja de cualquier interés por reflexionar sobre alternativas.

De hecho, ¿ para qué seguir debatiendo, ya que cualquier alternativa está expresamente prohibida en el texto supremo ?

Fuera de la constitución soviética (la cual imponía también, una política : el colectivismo), esta constitución partidaria sería un caso único en el mundo.

Tercer principio de derecho constitucional : Una Constitución democrática es revisable

Todos los pueblos del mundo que vivan en democracia pueden revisar su pacto de gobierno.

Es demasiado complicado revisar el TCE[18] : para cambiar una coma de este texto, primero se necesita la unanimidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo sobre un proyecto de revisión, luego se necesita la unanimidad de los pueblos (mediante el Parlamento o un referéndum) para ratificar este proyecto (eso se llama proceso de revisión ordinaria).

Con 25 Estados, este proceso de doble unanimidad es una real garantía de intangibilidad para los partidarios del inmovilismo. Este texto está petrificado desde su nacimiento.

Concretamente, si una mayoría de los europeos desean modificar su ley fundamental, no lo podrán hacer.

 Es eso lo chocante e inquietante.

Es inaceptable para una Constitución[19] y sería igualmente un caso único en el mundo.

A esto contestan poniendo en evidencia la palabra “tratado” para pretender que la unanimidad es normal (lo cual es verdad en cuanto a tratados), pero no tiene sentido : este texto, evidentemente, juega el papel de una constitución y juntar palabras contradictoriasTratado constitucionalpermite de esta manera, jugando con las palabras, crear una nueva norma suprema demasiado rígida, demasiado difícil de revisar.

Paradójicamente, esta rigidez excesiva se acompaña de una flexibilidad sorprendente en el caso de otro proceso, el cual no requiere el acuerdo directo de los pueblos : el proceso de revisión simplificada autoriza uno de los órganos de la Unión (el Consejo de ministros) a modificar por propia iniciativa uno de los elementos claves de la Constitución que condiciona el grado de soberanía conservado por los Estados miembros en tal o tal asunto (ya que el paso por la mayoría hace perder a todos el derecho de bloqueo) [21]. Esto es grave.

Por otra parte, en cuanto a la entrada de un nuevo Estado en la UE, la regla de la unanimidad es una protección, pero no se requiere la unanimidad de los puebos consultados por referéndum : primero se requiere la unanimidad de los 25 gobiernos (muchos de los cuales no son elegidos, y mucho menos para decidir sobre este punto esencial), luego se requiere la unanimidad de los Estados cada uno según su proceso nacional de ratificación[22]. Se consultará directamente al pueblo sólo en los países con proceso referendario.

Todo indica que la voluntad de los pueblos cuenta cada vez menos para sus gobernantes.

Cuarto principio de derecho constitucional : Una Constitución democrática nos ampara contra la arbitrariedad, garantizando al mismo tiempo la separación y el control de los poderes

El espíritu de las leyes descrito por Montesquieu es sin duda alguna, la mejor idea de toda la historia de la Humanidad : todos los poderes tienden naturalmente, mecánicamente, al abuso del poder. Es entonces esencial, para proteger a los humanos de la tiranía, primero separar los poderes, y luego organizar el control de estos mismos poderes : ni confusión de poderes ni tampoco un poder sin contra-poderes.

Así dice el pueblo : “Tú, el Parlamento, haces las leyes, pero no las ejecutas. Y tú el gobierno, ejecutas las leyes, pero no las puedes escribir tu mismo.” Así, ningun poder tiene los medios para imponer su voluntad.

“Por otra parte, si uno de los poderes opina que el otro actúa de manera inaceptable, lo puede revocar : la asamblea puede derrocar el gobierno, y el gobierno puede disolver la asamblea. En los dos casos, se requiere el arbitraje (elecciones) del pueblo, el cual tiene que ser la única fuente de todos los poderes.”

 Es necesario que cada poder tenga que rendir cuentas y sepa que está bajo control en cada momento.

Esto es la mejor idea del mundo, la que libera del miedo al tirano.

Aun en el ámbito actual de una unión de Estados, estos principios protectores de sentido común no tienen por qué haber perdido su valor.

El equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es sin embargo difícil de encontrar.

El poder legislativo saca una gran legitimidad del sufragio universal directo y es muy tentador hacerlo más fuerte que los demás. Pero una asamblea, aun legítima, puede volverse tiránica porque el mecanismo de elección no es en absoluto un contra-poder.

Por otra parte, una asamblea no es necesariamente el lugar adecuado para decidir : ciertos efectos masivos o una cierta dilución de la responsabilidad individual en el momento de decidir colectivamente pueden llevar a excesos[23]..

Por eso es por lo que a menudo se establecen unos límites al poder parlamentario a pesar de la soberanía que éste encarna : suelen existir dos cámaras para que una modere a la otra : en Francia, es el senado, también elegido, pero de mayor edad, el que asume ese papel moderador de la Asamblea Nacional, moderador pero sin riesgo de bloqueo (en caso de desacuerdo, la Asamblea Nacional tiene la última palabra).

A menudo, se prevé otro límite importante al poder legislativo : es necesario poder disolver la asamblea, siempre con esta visión esencial de los contra-poderes que responsabilizan a los actores públicos.

En el marco de estos límites (dos cámaras y la amenaza de disolución), el Parlamento tendría que jugar un verdadero papel legislativo, con la iniciativa de las leyes, la posibilidad de enmendar los textos en todos los asuntos, un verdadero papel en el establecimiento de los impuestos (es uno de sus papeles primitivos esenciales : controlar los gastos realizados por las autoridades públicas)…

No es exactamente eso lo que está previsto en el proyecto del TCE : el Parlamento europeo no tiene la iniciativa de las leyes[24], lo que parece inaceptable en un principio, su papel en el voto del presupuesto, aunque haya sido incrementado, queda limitado, y sobretodo queda excluído de algunos asuntos, reservados para el Consejo de Ministros[25].

Se nos está presentando así un triángulo compuesto por el Parlamento, que representa a los pueblos, el Consejo de Ministros, que representa a los Estados y por la Comisión, la cual representa el interés general (sic).

La Comisión es principalmente la emanación del Consejo de Ministros, el cual nombra a sus miembros con un derecho de fiscalización de parte del Parlamento, que a su vez elige a su Presidente (Presidente propuesto por el Consejo).

La Comisión es totalmente independiente, no debe recibir consignas de nadie, pero puede ser revocada por el Parlamento a través de una moción de censura y cada comisario puede ser “demitido” por el Presidente de la Comisión.

La Comisión está encargada de preparar técnicamente el derecho y somete sus propuestas al Consejo de Ministros y al Parlamento, presentados ambos como órganos legislativos.

Así pues se nos presenta el Consejo de Ministros como una “cámara alta” como si fuera el Senado, pero es difícil de aceptar : primero, porque los ministros no son elegidos, pero sobre todo, porque detienen en su país el poder ejecutivo, es decir que dominan la fuerza pública que les permitirá, regresando al país, aplicar reglamentos elaborados por ellos mismos.

De esa manera las mismas personas están creando el derecho al nivel europeo y lo están aplicando al nivel nacional : aquí está la confusión de poderes.

El Consejo de Ministros es un órgano evidentemente ligado al ejecutivo a quien se le ha confiado un papel legislativo.

Con la no-separación de poderes, es un escudo importante contra el despotismo que nos está escapando de las manos. Aunque sea un número limitado de asuntos (¿ 21, quién sabe ?), es peligroso.

Laurent Lemasson, en el árticulo antes citado[26], señala que el Parlamento está compuesto por una sola cámara, y que el Parlamento es irresponsable : nadie puede disolverlo. Ya hemos visto que está privado de la iniciativa de las leyes, pero puede disolver la Comisión, la cual dispone de esta iniciativa, lo que otorga al Parlamento una influencia sobre ella para “sugerir” propuestas.

L. Lemasson nota en esta organización de poderes un riesgo de régimen de asamblea (una especie de tiranía parlamentaria). Esto es una total novedad para mí, y el análisis es interesante : el Parlamento sería al mismo tiempo completamente impotente según los temas (se puede uno preguntar porqué allí…) y quizá demasiado fuerte en otros.

En esta nueva aproximación, veo ahora la codecisión de manera más positiva, como un contra-poder en los dos sentidos : así el Parlamento no puede abusar de su poder, y el Consejo de Ministros tampoco.

Exceptuando cuando el Parlamento se encuentra directamente apartado de una serie de temas en los cuales sólo el Consejo de Ministros puede legislar (y como por casualidad se tratan de asuntos económicos importantes) – Art.III-130-3 : mercado interior y Art. III-163 y III-165 : reglamentos de la competencia.

Esto sí que es chocante, porque en estos temas, ya casi no hay contra-poder : ¿ Se puede considerar la Comisión como una verdadera fuerza capaz de interponerse en caso de deriva arbitraria de parte del Consejo ? (¿ Quién ha nombrado esta Comisión ?)

Entonces parece haber un verdadero problema democrático en el sector de los asuntos reservados al Consejo : ni separación, ni tampoco control de poderes. La lista de estos asuntos prohibidos no existe en ninguna parte, y ésta exclusión del Parlamento de ciertos asuntos aún no está formulada claramente.

Ahí donde el control de poderes no existe, es otro escudo contra la arbitrariedad el que nos está faltando.

Para un ciudadano que llega aquí sin haber sido condicionado sicológicamente, es chocante. Pero acaso me estoy equivocando. ¿ Alguién me puede explicar este extraño “equilibrio” de poderes ? ¿ Para quién se ha escrito este texto ?

Como ciudadanos, nos gustaría que se nos explicara porque existe esta exclusión, según que criterios se han elegido estos asuntos prohibidos, y porque ninguna lista explícita (y por lo tanto criticable) ha sido formulada. También nos gustaría saber : ¿ Quién es realmente responsable de sus actos en esta organización europea ?

Porque al final :

El Parlamento no es responsable ante nadie (fuera de las elecciones que, como ya se ha dicho, no pueden hacer las veces de contra-poder) porque no hay un proceso de disolución.

 El Consejo europeo no es responsable ante nadie al nivel europeo ( y hay que remitirse a la lejana responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno). El hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de jefes de estado, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad al nivel federal.

 El Consejo de Ministros no es responsable ante nadie al nivel europeo (y hay que referirse otra vez a la responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno).

Aquí también, el hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de ministros depositarios de otra soberanía popular que no es la de Europa, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad ahí donde se toman las decisiones.

Sin contar que el establecimiento de esta responsabilidad parece tan complicada como ilusoria.

La Corte Europea de Justicia (CJE), no elegida, está también fuera de control y sin recurso (que yo sepa), a pesar de que esté dotada de poderes inmensos mediante la interpretación de todos los textos y el arbitraje de todos los litigios.

¿ Un grave peligro ? (habrá que ahondar…)

El Banco Central Europeo (BCE), no elegido, rigurosamente independiente de los poderes públicos, está igualmente fuera de control, por lo tanto es irresponsable, a pesar de la considerable influencia de sus decisiones sobre la vida cotidiana de los 450 millones de europeos (ver más arriba).

Esta impresión de irresponsabilidad general es asombrosa,

¿ o no ?

La Comisión, al final, es la única que se juega algo[27] : de un lado, la censura global por el Parlamento, pero sólo con los 2/3, lo cual es mucho y lo que vuelve quizá la censura teórica, y por otro lado la demisión individual de un comisario (exigible por el Presidente de la Comisión).

¿ Pero es la Comisión realmente el centro del poder ?

 Sobre este tema, las opiniones son diferentes, pero teniendo en cuenta el panorama, tendería a pensar como Yves Salesse[28] que el verdadero poder está en manos del Consejo de Ministros (irresponsable) y que la Comisión hace de cortina, una especie de fusible político, un chivo expiatorio cómodo, lo cual permite a los ministros crear el derecho diciendo al mismo tiempo “Yo no soy, es ella, y no puedo hacer nada, no puedo forzarla : es independiente…”.

La Comisión es sin embargo un centro de poder importante.

Ejemplo : el comisario encargado del comercio internacional, por su mandato recibido de una vez para siempre, es el único representante de la Unión en todas las negociaciones internacionales (OMC y otras). Este hombre tiene, él solito, un poder vertiginoso. Con este título, está negociando el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, un proyecto gigantesco de desregulación[29], una versión mundial de la directiva Bolkenstein) en nombre de todos los europeos, pero en el más absoluto secreto : no rinde ninguna cuenta ante el Parlamento sobre las negociaciones que está llevando sobre un acuerdo que no obstante va a cambiar profundamente la vida de los europeos, y el Parlamento no puede imponerle rendir cuentas[30].

Ya podemos observar señales tangibles de una deriva de tipo tiránico. Y el “Tratado Constitucional” fija para siempre un desequilibrio institucional que lo permite.

El Parlamento puede censurar la Comisión, pero solamente con la mayoría de 2/3, lo que significa que la Comisión puede gobernar 450 millones de personas con el acuerdo de un tercio del Parlamento.

Incluso el modo de escrutinio (por lista) garantiza a los líderes de partidos su lugar en el Parlamento sin ningún riesgo, lo que hace mucho más teórica la responsabilidad de estos elegidos en época de elecciones.

Todos estos poderes sin verdadero control, esta irresponsabilidad general… ¿ Dónde está la democracia ?

¿ Dónde están las barreras contra la arbitrariedad ?

Parece que, desde hace veinte años, los manuales de los estudiantes de ciencias políticas llaman púdicamente a esto el déficit democrático” de la UE. Un término bien anodino para designar de hecho una renuncia de los pueblos, demasiado confiados en los que han escogido para defenderles. Me parece en este momento que todas las conversaciones de los ciudadanos de a pie tendrían que analisar este retroceso de la democracia : en las instituciones europeas, los órganos de la Unión parecen ser casi todos irresponsables, la voluntad de los pueblos parece contar muy poco para sus gobernantes, y se está imponiendo una cierta política económica.

¿ Cómo pueden los analistas y comentaristas pasar sobre esto como si fuera secundario ?

¿ Europa a cualquier precio ? ¿ Cualquier Europa ? ¡¿ Incluso no democrática ?! ¿ No tenemos derecho de hablar de ello sin que te califiquen de antieuropeo ?

La argumentación según la cual “en todas partes es igual” no me tranquiliza sino que me inquieta todavía más : mientras la mayoría de los ciudadanos descuidan la democracia, hipnotizados por la publicidad, el fútbol y la televisión, otros se encargan de ella activa y discretamente, ya se ve como !

Se nos dice : “Este texto está mejor que antes, habría que ser necio para negarse a progresar”.

Es ocultar que con este texto, no se trataría sólo de progresar, sino de fijar, bloquear, ratificar, y dar por primera vez una garantía popular a unos textos que hasta ahora la han pasado por alto, ya vemos con qué resultado.

Aunque sea mejor que el anterior, el texto propuesto es peligroso.

Montesquieu debe estar removiéndose en su tumba.

Triste paradoja la de estos pueblos dispuestos a aceptar ellos mismos el retroceso de la democracia, es decir el retroceso de los diferentes escudos que les protegen de la ley injusta del más fuerte.

Quisieran hacernos creer que estos supuestos avances espectaculares compensan todos estos defectos :

Por ejemplo, los que van pregonando el nacimiento de un referéndum de iniciativa popular fomentado por un millón de ciudadanos[31] no han leído bien : el tratado define nada más que un triste derecho de petición sin ninguna fuerza vinculante para la Comisión, como una simple invitación a la reflexión que puede perfectamente tirar a la basura sin tener ni siquiera que justificarse[32].

De la misma manera, los hermosos principios generales y generosos, pregonados en todas partes, en todas las radios, los canales de TV, los periódicos, a lo largo de los spots oficiales, no tienen explícitamente ninguna fuerza vinculante y dan así el pego :

Art. II-111-2 : “La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás Partes de la Constitución.

No se puede ser más claro que este artículo 111-2 : la parte II queda esterilizada, vaciada de su sentido, por el artículo 111-2, esta Carta es una ilusión, un señuelo.

Se mire por donde se mire, este texto es una engañifa, y esconde una enfermedad de la democracia : con motivo del nacimiento de Europa y a lo largo de estos cincuenta años, los ejecutivos nacionales, tanto de derechas como de izquierdas, están librándose progresiva y subrepticiamente del control parlamentario donde más lo necesitan (en el ámbito económico), y de un modo más general de cualquier responsabilidad verdadera en la mayor parte de sus decisiones políticas, aunque afirmen lo contrario sin vergüenza alguna.

Quinto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática está necesariamente elaborada por una asamblea independiente de los poderes establecidos

No son los poderosos quienes conceden una Constitución al pueblo. La define el pueblo mismo, o sus representantes elegidos para esta tarea, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos.

Al contrario, las instituciones europeas han sido fijadas (desde hace 50 años) por políticos en el poder, los cuales son evidentemente jueces en causa propia : de derechas o de izquierdas, al fijar ellos mismos las obligaciones que iban a molestarles cada día, estos responsables han derivado, es humano pero era también previsible, a una parcialidad peligrosa.

Una vez más, es un caso único en el mundo, tratándose de una democracia.

Y vemos los resultados como una caricatura de lo que se tiene que evitar :

–         Un ejecutivo con manos totalmente libres en ciertos aspectos económicos específicos.

–         La casi totalidad de los órganos de la Unión irresponsables en sus niveles de decisión.

–         Una aparencia de democracia engañosa.

–         Pequeños avances en los que se pone énfasis,

–         Pero un real retroceso de las garantías contra la arbitrariedad.

La única vía creíble para crear un texto fundamental equilibrado y protector es una asamblea constituyente, independiente de los poderes establecidos, elegida para elaborar una Constitución, y sólo para eso, revocada después, y respetando un proceso público y contradictorio (en derecho, la palabra contradictorio significa que los puntos de vista opuestos tienen que poder expresarse totalmente).

Si los responsables intentan librarse de este proceso, les toca a los ciudadanos imponerlo.

La composición de la Convención Giscard bastante variada y llena de personalidades de gran valor, no es un argumento satisfactorio : nos quedamos a años-luz de una asamblea constituyente : sus miembros no han sido elegidos con este mandato, sus miembros no eran todos independientes de los poderes establecidos, y sobretodo sus miembros no tenían los poderes para escribir un nuevo texto, equilibrado y democrático : sólo podían ratificar, compilar (y modificar ligeramente) los textos anteriores escritos por actores que son jueces y parte[33].

Además, la reescritura del texto, hecha por los gobernantes en el poder, a lo largo de un año después de que la Convención haya entregado su propuesta, es una aberración desde un punto de vista constitucional[34].

No es el poder establecido el que tiene que escribir el derecho del derecho.

Al elaborar una Constitución mediante un tratado, procedimiento mucho más libre que una asamblea constituyente con todo su peso, (pública, contradictoria y ratificada directamente por el pueblo), los parlamentos y gobiernos, de derechas como de izquierdas, han actuado como si fueran propietarios de la soberanía popular, y este tratado, así como los anteriores, puede analizarse como un abuso de poder : nuestros elegidos, no han recibido el mandato de abdicar nuestra soberanía. Es el pueblo que tiene que controlar directamente que las condiciones de esta transferencia, (en mi opinión, deseable para construir una Europa fuerte y pacificada), sean aceptables.

Respeto profundamente, claro está, a todos los miembros eminentes de la Convención, pero creo que no tenían el mandato para hacer lo que han hecho.

Nos quedamos atónitos al ver numerosos actores políticos de primer plano que se atreven a lamentar en voz alta que el TCE fuera sometido a referéndum, subrayando que todo esto hubiera sido más sencillo y más seguro con el Parlamento, el cual hubiera ratificado todo esto, y quizá sin haber leído nada…

¿ Qué valen los pueblos para nuestras élites ?

 A propósito, los numerosos gobiernos que han hecho ratificar este texto por su Parlamento nacional[35], antes que por su pueblo (referéndum), acaban de cometer un verdadero delito : niegan a sus pueblos el debate y al mismo tiempo la expresión directa que les hubiera permitido resistir al retroceso democrático, lo cual les expone a la arbitrariedad.

¿ Qué medio les queda a estos ciudadanos para resistir a este decomiso de su soberanía ? [36]

Este desprecio hacia los pueblos y sus verdaderas elecciones es muy revelador en cuanto al peligro que crece con la más absoluta discreción : nuestras élites, tanto de derechas como de izquierdas, desconfían de la democracia y nos la niegan deliberada, progresiva y pérfidamente.

Conclusión

El TCE parece pues peligroso por varias razones. ¿ Qué me han contestado hasta ahora ?

Para tranquilizarme me hablan de progreso, pero en realidad todo está en la referencia que se toma para valorar el progreso: porque de hecho si nos referimos al tratado de Niza (deplorable en el aspecto democrático), hay una “mejoría”, un “progreso”, y así se entiende por qué se refieren a este texto para vendernos el TCE. Pero si me refiero a la democracia nacional que pierdo en aras de la “democracia europea” que estoy ganando, objetivamente me están pidiendo que ratifique un retroceso :

–         Sobre la responsabilidad de los actos cotidianos de todos los poderes

–         Sobre el control del poder ejecutivo en sus (x) asuntos reservados

–         Y sobretodo en la política económica impuesta, muy probablemente causa del paro endémico y del crecimiento flojo en Europa, e impuesta claramente para largo plazo.

Ahora bien, recordemos que es la primera vez desde hace 50 años que se me pide mi opinión : como ciudadano, no he sido cosignatario del tratado de Niza, ni tampoco de los anteriores. Para lo de Maastricht, se me preguntaba sobre la moneda y las obligaciones económicas, si mal no recuerdo, nada sobre el equilibrio y el control de los poderes. Y para las obligaciones, se nos había prometido hacer el balance.

¿ Hemos acaso hecho este balance ?

¿ Tenemos acaso buenas razones para estar satisfechos de los resultados económicos de estas instituciones pese a su vocación más económica que política ? Y si no, releamos a Fitoussi y a Généreux.

¿ Por qué sólo tendría que opinar sobre el pequeño diferencial que separa Niza del TCE ?

¿ Porqué no podría opinar (“yo”, ciudadano de a pie, evidentemente) sobre la totalidad de este fantástico abuso de autoridad por parte de los ejecutivos nacionales, sobre el control ciudadano de las políticas aplicadas desde hace 50 años ?

 No entiendo por qué habría que limitar artificialmente el texto sometido al voto, a unos 50 nuevos artículos del TCE.

Cuando veo a eminentes expertos pretendiendo que sólo hay 60 páginas que juzgar, 50 articulitos de nada, pretendiendo que todo lo demás ya existe y está fuera de la cuestión, no sujeto a referéndum, cuando oigo esto, me digo, y me parece que no soy el único, que es hora de despertar.

Si se rechaza el panorama del cual estoy hablando, si este período de 50 años es sagrado, intocable, irreversible, si se impone el tratado de Niza como referencia, entonces, efectivamente, el TCE es un “buen texto” ya que “progresamos”, pero ¿ no os parece que falta una pequeña parte de la demostración ? ¿ Que se nos impone validar un camino que no es el bueno ?

Es verdad que es sin duda un error (para los que están construyendo esta Europa poco democrática) el haber calificado el texto de Constitución (nos han hecho sospechar), y otro error fue haber propuesto un referéndum a estos protestones arrogantes que son los franceses, pero para nosotros, los ciudadanos, me parece que estos dos errores nos dan una oportunidad histórica, la de ver más claro el peligro y en fin resistir.

Hay un progreso incontestable en este tratado… La nueva posibilidad que nos ofrecen, de poder salir de la trampa :

Art. I-60-1 : Retirada voluntaria de la Unión

“Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.”

Actualmente este derecho no existe, y el rechazo de este texto nos encierra en otra trampa, el tratado de Niza.

¡ Qué alegría !…

Finalmente, este “tratado constitucional” es un revelador que viene aclarando lo que se está decidiendo a nuestras espaldas desde hace mucho tiempo.

En cierto modo, el lobo ha enseñado las orejas y los ciudadanos pueden, en fin ver el peligro, y resistir.

Probablemente, uno de los grandes errores es hacer pasar la economía antes que la política, es renunciar a la posibilidad de actuar, es remitirse ciegamente al mercado, es confiar el timón a los economistas cuando tendrían que quedarse en las carboneras para que el motor funcione (lo sugiere Bernard Maris, en su sabroso Antimanual de economía).

Al celebrar la libertad como valor superior, en vez de la fraternidad, al institucionalizar la competición, la competencia, en vez de la colaboración y de la ayuda mutua, al imponerlo en el texto supremo mediante el dogma de la competencia absoluta, y al final una moral del “cada uno a lo suyo y contra todos”, al destruir la regulación del Estado, encargado del interés general, para instaurar la regulación a través del mercado, suma de intereses particulares, los economistas liberales atacan los fundamentos mismos de la democracia, en resumidas cuentas, para liberar a los principales autores de las decisiones económicas de todo control.

La desregularización sistemática llevada a cabo en Europa (instituciones, política, y el candado de la Constitución), y generalmente en todo el planeta (OMC, AGCS, ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es un retroceso de la civilización, un retorno a la barbarie de la ley del más fuerte[37].

Por optimismo, por credulidad, por indiferencia, los pueblos modernos están dejando delibitarse su patrimonio más precioso, muy escaso en este planeta, este patrimonio que condiciona su sosiego cotidiano : las diferentes protecciones en contra de la arbitrariedad de los fuertes, desde el corazón de las empresas (derechos sociales) hasta la patria (instituciones democráticas controladas y revocables).

La democracia no es eterna, es incluso extremadamente frágil. Creyéndola invulnerable, la estámos echando a perder. Aun después del rechazo de este texto, habra que luchar para preservarla, y seguir militando para imponer a nuestros representantes que construyan otra Europa, simplemente democrática.

No tengo preparada una alternativa, quizá otros sí la tengan.

Sino, hay que imaginar y construir.

Se está presentando a los ciudadanos este texto fundador engañoso mediante un debate también engañoso[38].

Numerosos periodistas, al asimilar los oponentes al texto con los oponentes a Europa, hacen un amalgama malhonesto : la doble igualdad “Si al tratado=Si a Europa, No al tratado=No a Europa” es una mentira insultante, una inversión de la realidad, un lema embustero nunca demostrado, hecho para seducir a los que no han leído el tratado y que no han estudiado los argumentos, no obstante fuertes, de los oponentes a este tratado, precisamente para proteger la perspectiva de una Europa democrática.

Los periodistas son un escudo esencial, moderno, para proteger la democracia. Montesquieu no podía prever la importancia capital que iban a adquirir, pero es cierto : el poder inmenso de los periodistas merecería un verdadero contra-poder y su responsabilidad es ahora histórica (desde este punto de vista, se puede uno preguntar si no cometemos un error grave permitiendo que los medios de comunicación se compren y se vendan como si fueran simples mercancías).

Internet es por lo pronto el media más democrático, sin censura, la mejor herramienta para resistir. Si este mensaje os parece útil, difundidlo a través de vuestras propias redes, y más allá del Internet, sobre el papel.

Consejo a los partidarios del TCE (no puedo ayundarles, no he encontrado los argumentos que les faltan ;o) : para tranquilizar a los que sienten un peligro con el TCE, es una mala respuesta subrayar lo que es bueno en el TCE – no es evidentemente suficiente para tranquilizar. No se firma un texto, aunque prometiera el oro y el moro, si incluye una sóla línea inaceptable. Y este tratado lleva numerosos puntos inaceptables.

Habría más bien que demostrar que no hay ninguna razón para preocuparse, por ejemplo :

–         Que cada uno de los órganos de la Unión fuese totalmente responsable de sus actos (más allá del simple mecanismo electoral) en todas la fases de creación del derecho.

–         Que las políticas económicas no estuviesen tan comprometidas como lo parecen.

–         Que las voluntades de los pueblos tuviesen todas las garantías de ser respetadas…

En cuanto a los oponentes al tratado, sólo convencerán realmente a los que, por ahora, votan sí, tapándose la nariz, por no tener nada mejor (los hay a montones…), proponiendo una alternativa creíble, una perspectiva verosímil.

Es un verdadero fallo en mi razonamiento, ya sabeís, lo que buscaba al principio : no veo muy bien cómo hacer para que este buque cambie de rumbo, y tampoco veo cómo volver a empezar desde cero, habría que ser varios.

¿ Y si fueran los pueblos de Europa los que reclamasen enérgicamente a los partidos políticos esta refundación democrática, partiendo de la base, comunicando a través de la red para intercambiar las ideas sin forzosamente reproducir las divergencias entre partidos ? Podemos soñar…

Ésa es la reflexión que hay que hacer ¿ no os parece ?

Hace unas semanas, oí en la radio una frase que dió en el clavo, frase que sigue resonando en mi cabeza y que me está cambiando. Dice : el ciudadano no nace, se hace.

Êtienne Chouard, Trets (Marseille).

versión del 21 de abril de 2005

Puedes escribirme a etienne.chouard@free.fr

pero no tengo tiempo para contestarte o de vez en cuando. Perdón sois demasiados. Puedes descargar este documento en http://etienne.chouard.free.fr/Europe y difundirlo como quieras.

Repito que no tengo en absoluto ninguna autoridad para explicar el derecho comunitario que estoy descubriendo ahora, paso a paso…

Bibliografía

Entre los libros y artículos que he leído desde hace 6 meses, todos extremadamente proeuropeos, algunos ayudan particularmente en forjarse una opinión construida y fuertemente argumentada sobre este texto complejo, y de manera más general sobre la construcción europea y la desregulación mundial :

Raoul Marc Jennar, doctor en ciencias políticas, investigador para la ONG OXFAM, “Europe, la trahison des élites”, 280 páginas, diciembre 2004, Fayard

Laurent Lemasson, diplomado del IEP de París, doctor en derecho público y ciencias políticas, encargado de curso en la ESSEC, ha escrito un artículo apasionante Constitution européenne : l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, 15 de diciembre de 2004. En la página del instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24.

Gilles Raveaud, “Douze économistes contre le projet de constitution européenne” http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

Paul Alliès Une constitution contre la démocratie ? Portrait d’une Europe dépolitisée, 223 páginas, marzo 2005, Climats

Stéphane Marchand, “L’Europe est mal partie”,361 páginas, febrero 2005, Fayard

Anne-Marie Le Pourhiet, profesor de derecho público, artículo en le Monde, 11  de marzo de 2005, ” Qui veut de la post-démocratie ? » : un artículo corto y contundente :

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=130747.

Raoul Marc Jennar, Quand l’Union Européenne tue l’Europe”, 40 páginas, enero de 2005 http://www.urfig.org/

Jean-Paul Fitoussi, La Politique de l’impuissance, 160 páginas, enero 2005, Arléa

Jacques Généreux,  economista, “Manuel critique du parfait Européen – Les bonnes raisons de dire “non” à la constitution”, 165 páginas, febrero 2005, Seuil

Dominique Strauss-Kahn, “Oui ! Lettre ouverte aux enfants d’Europe”, 173 páginas, oct. 2004, Grasset

Laurent Fabius, « Une certaine idée de l’Europe », 125 páginas, nov. 2004, Plon

Yves Salesse, “Manifeste pour une autre Europe”, 120 páginas, enero 2005, Le Félin – y un artículo más corto 10 páginas : “Dire non à la “constitution” européenne pour construire l’Europe” :

http://www.fondation-copernic.org/Flash-septembre2004.

– Un documental de media hora que resume de manera pedagógica las quejas en contra del TCE enumeradas por Jennar, Salesse et Cassen : clip descargable en http://www.fondation-copernic.org/

Valéry Giscard d’Estaing, “présente la Constitution pour l’Europe”, 396 páginas, sept. 2003, Albin Michel : la introducción es interesante porque describe los trabajos de la Convención, las dificultades encontradas, las opciones escogidas. La parte más importante del libro es el texto del TCE pero con una antigua numeración.

Olivier Duhamel, “Pour l’Europe, le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté”, Seuil 2004 : una explicación de texto de primera mano, hecha por un gran profesor de derecho constitucional que ha participado a la Convención y a la redacción del TCE.

– Últimamente, una fuente importante de información no censurada, muy orientada políticamente (a la izquierda), pero muy abundante, es el portal http://www.rezo.net/.

Bernard Maris, “Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie”, noviembre 1999, Albin Michel : una demostración del engaño sobre “la indispensable guerra económica”, con un paralelo muy convincente con la guerra de 1914-1918.

Bernard Maris, « Anti-manuel d’économie », 355 páginas, octubre 2003, Bréal : un libro importante y sabroso para entender la necedad del dogma de la religión del mercado y de la competencia.

Joseph E. Stiglitz, « La grande désillusion », 324 páginas, sept. 2003, Fayard : un gran libro, una referencia.

Agnès Bertrand et Laurence Kalafatides, « OMC, le pouvoir invisible », 325 páginas, julio 2003, Fayard : este libro permite captar la perfecta coherencia que existe entre los objetivos y las influencias de la OMC y los de la construcción europea actual.

– Para entender la lógica general de lo que se está cociendo al nivel planetario, hay que leer el artículo a la vez terrorífico y luminoso de Lori M. Wallach , “Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, en Le Monde diplomatique de febrero 1998, referente al Acuerdo Multilateral sobre la inversión (AMI) : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/WALLACH/10055

AGCS, Construcción europea liberal, OMC, ADPIC, directiva Bolkestein, etc.

La similitud de todos estos textos es evidente.

Serge Halimi, « Le grand bond en arrière, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde », 618 páginas, marzo 2004, Fayard : ya no se puede leer el TCE de la misma manera espués de haber leído a Jennar y Halimi. Es como despertarse.

Robert Joumard et Christian Darlot, aparentemente, simples ciudadanos como yo, han hecho lo mismo : leer, digerir, resumir, juntar, organizar todo esto con talento para hacer dos síntesis un poco largas, como la mía, pero muy interesantes.

http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf

NOTAS

[1] Soy profesor de economía-gestión en el liceo Marcel Pagnol de Marsella, en BTS (certificado técnico superior). He sido durante mucho tiempo profesor de bachillerato en derecho civil, comercial y constitucional, y profesor de derecho fiscal en BTS de contabilidad. Hoy en día soy esencialmente profesor de informática y soy también el administrador de la red de 150 PC’s de mi liceo.

Me refiero a mi oficio de profesor para que se entienda mi afición por explicar las cosas, pero de ninguna manera para aprovecharme de una imagen de autoridad que no me merezco. Efectivamente, no soy catedrático de universidad, tampoco profesor de derecho público, y no soy especialista en derecho constitucional. Pero mi formación como jurista (licenciatura) me ha dado este gusto por el derecho y hablo aquí como simple ciudadano, sorprendido por la ausencia de debate constatada al principio de 2005. Cometo sin duda errores, pero los voy corrigiendo cuando me los señalan.

Pretendo que los mismos ciudadanos, ignorantes del derecho comunitario, como yo, puedan ir reflexionando sobre su Constitución, y que este texto tendría que haber sido elaborado por representantes elegidos con este fin, con un programa político adaptado a las circunstancias. En mi opinión, este debate no tiene por que ser acaparado por los especialistas. Quizá lo será al final.

Este texto “Una mala Constitución…” se me está escapando de las manos. Lo único que puedo hacer, y es la primera idea, es corregir mis errores o las malas formulaciones y a veces completar.

[2] Duración de la aplicación del texto : Art. IV-446 : El presente Tratado se celebra por un período de tiempo ilimitado.

[3] Art. I-13 : Ámbitos de competencia exclusiva :

1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:

a)    la unión aduanera ;

b)    el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior ;

c)     la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro ;

d)    la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común ;

e)    la política comercial común.

2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Art. I-14 : Ámbitos de competencia compartida

1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando la Constitución le atribuya una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos I-13 y I-17.

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:

a)    el mercado interior ;

b)    la política social, en los aspectos definidos en la Parte III ;

c)     la cohesión económica, social y territorial ;

d)    la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos ;

e)    el medio ambiente ;

f)      la protección de los consumidores ;

g)    los transportes ;

h)    las redes transeuropeas ;

i)       la energía ;

j)      el espacio de libertad, seguridad y justicia ;

k)    los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en la Parte III. (…).

Dentro de las competencias exclusivas, ver el Art. I-13-1 : “e) la política comercial común.”…

 

Así pues, se les niega totalmente a los parlamentos nacionales la capacidad de influir sobre los acuerdos internacionales (AGCS, ADPIC y otros avatares de la OMC), cuando la vida de los ciudadanos sufrirá importantes trastornos por estos acuerdos que se están preparando en el más absoluto secreto.

[4] Fuerza superior de las normas europeas sobre cualquier otra norma nacional e internacional : Art. I-6 : “La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros.”

Art. I-12-1 : “Cuando la Constitución atribuya a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.”

[5] Ver también los argumentos de Olivier Gohin, profesor de derecho público en la universidad de París II : el nuevo tratado es una Constitución (organización de los poderes y garantía de las libertades, con identificación de un poder constituyente) y la Unión es un Estado (con un territorio, un pueblo, poderes públicos y una soberanía en las competencias) : http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=127743.

Algunos profesores van más lejos : ” la personalidad jurídica de la Unión, instituída por el Art. I-7 “, según François-Guilhem Bertrand, profesor emérito en la universidad de París XI, “tiene que leerse con el decreto de la Corte de Justicia AETR, el cual decide que la personalidad otorgada a Europa borra la personalidad de los Estados miembros y les prohibe manifestarse cuando Europa se expresa.”

Quizá sea un poco exagerado, quizá sea la realidad, bien o mal, no tengo certezas sobre esto, pero podríamos debatir, en vez de hacer como si no pasara nada.

Art. I-33-1 : Actos jurídicos de la Unión :

“Las instituciones, para ejercer las competencias de la Unión, utilizarán los siguientes instrumentos jurídicos, de conformidad con la Parte III: la ley europea, la ley marco europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las recomendaciones y los dictámenes.

La ley europea es un acto legislativo de alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La ley marco europea es un acto legislativo que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

El reglamento europeo es un acto no legislativo de alcance general que tiene por objeto la ejecución de actos legislativos y de determinadas disposiciones de la Constitución. Podrá bien ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, o bien obligar al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

La decisión europea es un acto no legislativo obligatorio en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán efecto vinculante.”

[6] “La mayoría de estos principios los volveremos a encontrar, entre otros, en el libro de Paul Alliès, profesor de ciencias políticas en la universidad de Montpellier I, “Una Constitución en contra de la democracia ? Retrato de una Europa despolitizada”

[7] Constitución europea : ¿ Cómo encontrar el texto integral ?

http://europa.eu.int/constitution/index_es.htm

Una página web interesante que permite comparar numerosas constituciones en el mundo : http://mjp.univ-perp.fr/constit/constitintro.htm

[8] Sin embargo, y a pesar de su extensión, faltan cosas : una información tan esencial como la definición de los SIEG, servicios de interés económico general (citados en los artículos II-96, III-122, III-166), que no hay que confundir con los servicios públicos, no se encuentra en las 800 páginas : hay que ir a buscarla en el “libro blanco” de la Comisión para aprender que los SIG y SIEG no son sinónimos de servicios públicos :

http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm

“Los términos “servicios de interés general” y “servicios de interés económico general” no deben confundirse con la expresión “servicio público”(…)”.

[9] Hay que leer todas las páginas hasta el final : la interpretación de la Carta de los derechos fundamentales está descrita fuera de la Constitución misma, en un texto que se llama Declaración 12 : el preámbulo de la Carta prevé que “En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea.”

En esta declaración Nº12, se encuentra a veces lo contrario de lo que se afirma en la Carta. Así, después de haber afirmado el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte en el Art. II-62 de la Carta, el artículo 2 de la declaración Nº12 (¿ Quién habla de este texto ilegible ?) precisa :

“La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario :

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente

c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.”

El mismo artículo precisa también :

“Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma…”

Así se puede constatar que no está dicho todo en la misma Carta, y que hay que leer bien todas las páginas.

[10] El peligro de las “actas no legislativas”, las cuales permiten a la Comisión (no elegida) crear libremente reglamentos apremiantes de alcance general, ha sido denunciado por el contra-informe de los convencionales juzgando que el TCE no es democrático. Un documento interesante en :

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14058

Para las actas jurídicas de la Unión, ver el Art. I-33 (nota [5]).

[11] Las instrucciones imperativas de tipo político son demasiado numerosas para nombrarlas todas. Entre otros, más de 300 artículos de la parte III definen en detalle las políticas económicas de la Unión.

[12] Independencia y misiones del banco central : Art. I-30 :

“1. (…) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.

2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. Realizará todas las demás misiones de un banco central de conformidad con la Parte III y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

3. El Banco Central Europeo es una institución. Tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.”

Y Art. III-188 : “ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.”

[13] Ver J.P. Fitoussi, Profesor de las Universidades en el Instituto de Estudios Políticos de París, Presidente de Consejo Científico del IEP de París, Presidente del OFCE y Secretario general de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas, conversaciones con J.C. Guillebaud, “La politique de l’impuissance”, 2005 Arléa :

–          JCG : ” Está diciendo que en el fondo, obsesionados por la lucha contra la inflación, hemos aceptado el paro.”

–          JPF : “¡ Peor todavía ! En una primera fase, se ha instrumentalizado el paro para combatir la inflación. Cualquier “banquero-central” del planeta sabe que, en el momento en que suba las tasas de los intereses, deja en el paro a una parte de las categorías más vulnerables de la población. No sólo lo sabe, pero es precisamente por eso que lo hace. ¿ Porqué suben las tasas de los intereses ? Porque estamos convencidos que la demanda es demasiado fuerte y que las empresas que producen a plena capacidad sólo podrían atenderla al subir sus precios. La ducha de agua fría, que representan las tasas de los intereses, hace que se reduzca la demanda e incite las empresas a despedir.” (p.45)(…)

–          JCG : “¿ Qué opina sobre los dos argumentos recalcados en aquella época (después de 1982) a propósito de la inflación y del respeto de los grandes equilibrios ? Primero nos han dicho que era legítimo (incluso moralmente) luchar contra la inflación porque castigaba a los más pobres ; luego, que había que mantener los grandes equilibrios por simple respeto y generosidad hacia las futuras generaciones, para no dejar una carga demasiado pesada a nuestros hijos. De alguna manera, se ha envuelto esta política en un dicurso generoso…”

–          JPF : “Fue una doble mentira. Al subir las tasas de los intereses, a un nivel elevado y sobretodo ahora, una vez vencida la inflación, se sabía que iba a favorecer a los detentores del capital financiero, y que se negaba a las categorías más vulnerables de la población, el acceso a los bienes duraderos (aquellos que exigen recurrir a préstamos). La segunda mentira, es que al subir las tasas de los intereses – el servicio de la deuda se convertía en uno de los puestos más importantes del presupuesto del Estado.” (p.46)

–          JPF :  “Que la orientación de las políticas económicas de la Unión sea, en lo esencial, independiente de cualquier proceso democrático, es al mismo tiempo contrario a las tradiciones de los pueblos europeos, y peligroso en cuanto a la eficacia económica del conjunto.” (p.72)

–          JPF : “Exagerando un poco, podríamos afirmar que el “gobierno económico” de Europa se está asemejando a un déspota ilustrado que, fuera del alcance de las presiones populares, buscase el bien común mediante la aplicación de una doctrina rigurosa – el liberalismo -, supuestamente superior a todas las demás en cuanto a la eficacia económica. Así la democracia no sería el mejor sistema político para comprender el interés común ; colocaría a los gobiernos en una posición vulnerable ante las presiones de las poblaciones en pro de la redistribución. Así pues, el poder a cambiado de manos. Los políticos han preferido confiarlo a agencias independientes.(…) Pero es también verdad que, desde el principio, la construcción europea ha sido más bien obra de una democracia de las élites, que obra de la democracia a secas. Sin embargo las élites han cambiado (…) hoy en día tienden a asimilar el bien público al mercado.”

Lo demás es edificante… Un pequeño libro importante, hay que leerlo…

[14] Pacto de estabilidad : Art. III-184 (2 pág.) y Art. 1 del protocolo Nº10 sobre el proceso relativo a los déficits excesivos.

“Los valores de referencia que se mencionan en el apartado 2 del artículo III-184 de la Constitución serán :

a) 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado

b) 60% en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado.” Ver también la nota anterior

[15] Prohibición de falsear la competencia : esta prohibición se encuentra en  todo el texto, es formal y apremiante :

Art. III-166 :

“1. Los Estados miembros no tomarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a la Constitución, en particular al apartado 2 del artículo I-4 y a los artículos III-161 a III-169.

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse afectado de forma contraria al interés de la Unión.

3. La Comisión velará por la aplicación del presente artículo y adoptará, según sea necesario, los reglamentos o decisiones europeos apropiados.”

[16] “La politique de l’impuissance” : libro luminoso de Jean-Paul Fitoussi, ver nota [13].

Leer también el libro entusiasmante de Jacques Généreux, “Manuel critique du parfait européen” que protesta, él también, contra el naufragio de las herramientas de intervención económica europeas, y contra el dogmatismo ciego que sostiene esta locura única en el mundo.

[17] “Douze économistes contre le projet de constitution européenne”, de Gilles Raveaud, doctor en economía y profesor (Institut d’études européennes, Universidad París VIII, y once más) : un análisis excelente, muy argumentado, del actual proyecto de la Unión, proyecto más económico que político.

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

[18] Proceso de revisión ordinaria : Art. IV-443.3 : “Una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros será convocada por el Presidente del Consejo con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones del presente Tratado.

Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

[19] Recuerdo : el artículo 28 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I de la República francesa (1793) determinaba : “Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las futuras generaciones.”

[20] Proceso de revisión simplificada : Art. IV-444 :

“1. Cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso.

El presente apartado no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa.

2. Cuando la Parte III disponga que el Consejo adopte leyes o leyes marco europeas por un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice a adoptar dichas leyes o leyes marco por el procedimiento legislativo ordinario.

3. Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los apartados 1 o 2 se transmitirá a los Parlamentos nacionales. En caso de oposición de un Parlamento nacional notificada en un plazo de seis meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión europea contemplada en los apartados 1 o 2. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión.

Para la adopción de las decisiones europeas contempladas en los apartados 1 y 2, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.”

[21] Leer el apasionante análisis de Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

Por el riesgo de extensión de los poderes de las instituciones de su propia iniciativa y sin el acuerdo directo de los pueblos, (ver pág.10).

[22] Proceso de ratificación para la entrada de un nuevo Estado en la UE : Art. I-58 : “Requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión a la Unión

(…)

2. Todo Estado europeo que desee ser miembro de la Unión dirigirá su solicitud al Consejo. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato. Este acuerdo deberá ser sometido a ratificación por todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

Estas últimas palabras sujetan el proceso de ratificación de la entrada de un nuevo miembro al derecho nacional.

En febrero de 2005, el Parlamento francés, reunido en congreso, ha cambiado la Constitución francesa para que esta ratificación sea forzosamente sometida a referéndum : artículo 2 de la ley de revisión : 1.- El título XV de la Constitución está completado por un artículo 88-5 así redactado : “Art. 88-5. – Cualquier proyecto de ley autorizando la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un Estado a la UE y a las comunidades europeas está sometido a referéndum por el Presidente de la República.”

(“está sometido” quiere decir obligatorio).

[23] Remito otra vez al excelente artículo de Laurent Masson, pág. 5 :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[24] Exclusividad para el ejecutivo sobre la iniciativa de las leyes : Art. I-26 : “(…) 2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezca la Constitución.

[25] Asuntos exclusivos, ahí donde el ejecutivo puede legislar solo : Art. I-34 : “(…) 2. En los casos específicos previstos por la Constitución, las leyes y leyes marco europeas serán adoptadas por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, o por éste con la  participación del Parlamento Europeo, con arreglo a procedimientos legislativos especiales.”

Aparentemente, aquí tampoco, se encuentra ninguna lista de los “asuntos reservados al ejecutivo-legislador” (Montesquieu tiene que sufrir en su tumba, al ver que estas dos palabras puedan juntarse todavía), así pues, hay que ir a pescar entre las 850 páginas para encontrar los artículos que preven un proceso legislativo especial…

Aun cuando estos asuntos sean de algún modo una zona franca de control parlamentario, nos gustaría sin embargo simplemente conocer los temas de que se trata.

Como no encontraba lo que buscaba en mis 852 páginas del texto original (versión francesa, NdT), encontré las explicaciones siguientes en http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157 :

Los 21 asuntos de los cuales el Parlamento queda excluido y en los cuales el Consejo de Ministros decide solo tienen una importancia decisiva : el mercado interior, lo esencial de la política agrícola común, el arancel aduanero común, la política extrangera y de seguridad común, la política económica, la política social, los impuestos …”

Al preguntarle sobre las fuentes de esta afirmación, el autor Jean-Jacques Chavigné me dió en seguida las referencias de los artículos precisos, comentando : “Nunca encontrará escrito, explícitamente, que el Parlamento queda excluido de la decisión. Habrá que entender que queda excluido cuándo un artículo de la Constitución precise que es el Consejo quien decide y/o que simplemente se consultará al Parlamento. (JJC)”

Tremenda opacidad del texto supremo, el cual tendría que ser con todo absolutamente claro, aquí ya se entiende por qué. JJC sigue : ” He aquí los asuntos (o las partes de los asuntos) más importantes en los cuales el Consejo decide solo y el Parlamento no tiene codecisión.”

Política Extrangera y de Seguridad Común :

Art. III-295-1 : “El Consejo Europeo definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, también respecto de los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.”

Art. III-300-1 : “El Consejo adoptará por unanimidad las decisiones europeas contempladas en el presente capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada…”

El papel del Parlamento está definido en :

Art. III-304-1 : “El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión consultará e informará al Parlamento Europeo…

2. El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión…”

Mercado interior :

Art. III-130-3 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos…”

Arancel Aduanero Común :

Art. III-151-5 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos por los que se fijan los derechos del arancel aduanero común.”

Competencia :

Art. III-163 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos europeos para la aplicación de los principios enunciados en los artículos III-161 y III-162 (normas sobre competencia). Se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”

Política Agrícola Común :

Art. III-231-2 : “La ley o ley marco europea establecerá la organización común de mercados agrícolas…”

La expresión “Ley marco europea”, sin ninguna otra precisión, significa que se aplica el proceso legislativo ordinario, definido en el artículo III-396. Se trata entonces de una codecisión del Consejo y del Parlamento europeo. Lo cual es un avance en comparación con los tratados anteriores.

Pero :

Art. III-231-3 : “El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas…”. El Consejo decide pues solo, a propuesta de la Comisión, los precios, las ayudas, las limitaciones…

Disposiciones fiscales :

Art. III-171 : “Una ley o ley marco europea del Consejo establecerá las medidas referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, siempre que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.”

Social :
Hay que distinguir tres niveles :

Primer nivel : ámbito de codecisión :

Art. III-210-1 :

a) la mejora, en particular, del entorno de trabajo…

b) las condiciones de trabajo.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral…

i) la igualdad entre mujeres y hombres…

j) la lucha contra la exclusión social.

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c (seguridad social y protección social de los trabajadores).

Segundo nivel : el Consejo decide sólo :

Art. III-210-3 : “…en los ámbitos contemplados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo adoptará las leyes o leyes marco europeas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo…”

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores.

d) la protección de los trabajadores en caso de resolución del contrato laboral.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio del apartado 6.

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Tercer Nivel : la Unión (que sea sólo el Consejo o el Parlamento con el Consejo) no tiene competencia :

Art. III-210-6 : “El presente artículo no se aplicará a las retribuciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal…”

Lo cual vuelve imposible cualquier salario mínimo europeo.

Lo cual vacía de su contenido el artículo III-210-3-f

Lo cual vacía de su contenido el artículo II-88 : el derecho de huelga no podrá ser impuesto por la Unión a un Estado miembro que no lo hubiera previsto o lo quitara de su legislación. Lo cual tiene la ventaja de no imponer el “lock-out” (cierre patronal) a una legislación nacional (legislación francesa) que no lo reconociera. (JJC)

[26] Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[27] Sólo la Comisión puede ser derrocada por el Parlamento, en su conjunto: Art. I-26-8 : “La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo III-340. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.”,

Art. III-340 : ” (…) Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión…”

Un comisario puede ser “dimitido” por el presidente de la Comisión (él mismo elegido por el Parlamento) : Art. I-27, último apartado : “Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente…”, pero ni el Consejo de Ministros, ni tampoco el Consejo europeo son responsables ante nadie.

El Consejo nombra a los miembros de la Comisión (Art. I-27-2), sólo el Presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento (Art. I-27-1) a propuesta del Consejo europeo. El Parlamento no escoje al Presidente. El Parlamento tampoco es responsable : nadie lo puede disolver.

[28] Yves Salesse, miembro del Consejo del Estado, “Manifesto para otra Europa”, pág.36 y siguientes : ” El poder de la Comisión se ha sobrestimado. En derecho como de hecho, este poder está fundamentalmente detentado por el Consejo de Ministros. (…) La Comisión no carece de poder, pero está sujeta al primero. Está compuesta de políticos y funcionarios de los Estados que no han roto con ellos. (…) Así, no sólo el poder de la Comisión está suborninado, sino que no existe tendencia alguna a reforzarlo. Al contrario la influencia de los Estados es cada vez mayor.

Cuando pretenden haber sido sorprendidos por una decisión, están mintiendo.

El desconocimiento del poder de los Estados tiene consecuencias políticas. Exime a los gobiernos de su responsabilidad en las decisiones europeas. Son los primeros en pregonar : ” No somos nosotros, es lo de Bruselas.”

[29] Ver buenas explicaciones sobre el AGCS en la página http://www.urfig.org/ (RM Jennar).

[30] Ver el detalle de la humiliación de los parlamentarios infligida por Pascal Lamy (querían consultar los documentos preparatorios al AGCS), en el libro apasionante de Raoul Marc Jennar, “Europe, la trahison des élites”, pág.64 y siguientes, y especialmente pág.70 y 71.

Ver tambien un apasionante artículo de Jennar titulado “Combien de temps encore Pascal Lamy ?”, referente a los acuerdos AGCS y ADPIC :

http://politique.eu.org/archives/2004/04/11.html.

[31] Noëlle Lenoir, entonces ministra francesa delegada para los asuntos europeos del gobierno Raffarin, declaró : “Sólo habrá que juntar un millón de firmas en Europa para obligar a la Comisión a que entable un proceso legislativo” (Le Monde, 30 de octubre de 2003).

[32] Derecho de petición : Art. I-47-4 : “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten.”

Estámos muy lejos del referéndum de iniciativa popular suizo que presentan como señuelo para atraer a los electores.

[33] Sobre lo que se puede reprochar a la convención “Giscard”, leer el análisis de Robert Joumard, pág.13 y siguientes, ver también el de Christian Darlot. Ver también Paul Alliés “Une Constitution contre la démocratie ?”, pág.38 y siguientes.

[34] Sobre ese tema, leer la  posición de Pervenche Berès, miembro de la convención “Giscard”, por lo tanto coautora del texto, que reniega sin embargo el resultado final por haber sido tan desfigurado por los gobiernos a lo largo del año siguiente, y que finalmente llama a “Dire non pour sauver l’Europe” : http://www.ouisocialiste.net/IMG/pdf/beresMonde290904.pdf.

[35] Planning de las ratificaciones :

Países que no someten el tratado a su pueblo :

Lituania (11/12/04), Hungría (20/12/04), Italia (25/01/05), Slovenia (01/02/05), Alemania (12/05/05), Slovaquia (mayo de 2005), Chipre (mayo de 2005), Austria (primavera 2005), Bélgica (primavera 2005), Grecia (primavera 2005), Malta (julio de 2005), Suecia (diciembre de  2005 y si embargo 58% de los suecos reclaman un referéndum), Estonia (2005), Letonia (¿?).

Países que han optado por el referéndum :

España (20/02/05), Holanda (01/06/05), Francia (29/05/05), Luxemburgo (10/07/05), Dinamarca (27/09/05), Portugal (octubre de 2005), Polonia (finales de 2005), Reino Unido (primavera de 2006), República Checa (junio de 2006), Irlanda (2006).

[36] R.M. Jennar tiene razón : Tenemos que reafirmar nuestros fundamentos y recordar lo que proclamaba, el 26 de junio de 1793, el artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I : ” Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada fracción del pueblo el más sagrado de los derechos, y el más indispensable de los deberes”. (“Europe, la trahison de élites”, pág.218).

[37] Según la famosa fórmula de Lacordaire : “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el servidor, la libertad oprime y la ley libera”.

Cualquiera puede prever lo que pasará con unos zorros libres en un gallinero libre. Los encantos de la libertad desbocada son un cuento, una impostura.

[38] Leer los análisis de la página Acrimed sobre la parcialidad de los medias en este asunto : http://www.acrimed.org/article1950.html

Leer también el artículo de Bernard Cassen en Le Monde diplomatique : “Débat truqué sur le traité constitutionnel” : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/CASSEN/11908

Traducción : Yves Ropars, María José García Ripoll.

Marsella,  21 de abril de 2005.

 

UNA MALA CONSTITUCIÓN

QUE REVELA UN CÁNCER SECRETO

DE NUESTRA DEMOCRACIA

 

Apreciados colegas y amigos,

 

Después de seis meses de reflexión intensa, se está plasmando una argumentación alrededor del “tratado constitucional”, a partir, pero también más allá de este tratado, una argumentación que no es de derechas ni tampoco de izquierdas, y que nos enseña a todos un peligro histórico, más allá de la política. Por esas razones, este breve argumento tendría que interesar a los ciudadanos de cualquier bando.

 

Hace seis meses, en septiembre de 2004, yo era, como todo el mundo, favorable a este texto sin haberlo leído, por principio, “para progresar”, aunque supiera de la imperfección de las instituciones. No quería ser uno de aquellos que frenan la marcha de Europa. Creo de verdad que a la inmensa mayoría de los europeos, más allá de las divergencias izquierda/derecha, les gusta esta hermosa idea de una Europa unida, más fraternal, más fuerte. Es un sueño de paz, consensual, muy mayoritario.

 

No había leído este texto y no tenía tiempo en absoluto : demasiado trabajo… Luego Europa queda lejos, y con tantos políticos, me sentía protegido : en caso de deriva, por lo menos quedarían algunos para defendernos… y pasaba de “meterme en políticas”, es decir que pasaba de ocuparme de mis propios asuntos.

 

Ya se oían llamamientos en contra de este tratado, pero venían de los extremos del tablero político y por esa sencilla razón, ni siquiera empezaba a leer sus argumentos, confiando en la opinión de la mayoría sin comprobar yo mismo la fuerza de las ideas expresadas.

 

Y de repente, llegaron llamadas de personas nada sospechosas de ser antieuropeas. Entonces leí sus llamamientos, sin fijarme en sus etiquetas, y encontré argumentos muy fuertes. Me puse a leer, mucho, libros enteros, de todo tipo, Fabius, Strauss-Khann, Giscard, Jennar, Fitoussi, Généreux, etc… y muchos más artículos de los partidarios del tratado porque quería estar seguro de no equivocarme. Y cuanto más leo, más me inquieto. En fin, hoy en día, no pienso en otra cosa, casi no duermo, sencillamente tengo miedo de perder lo esencial : la protección contra lo arbitrario.

 

Hoy sigo leyendo todas las intervenciones, los pros, los contras, sigo buscando donde está el fallo en mi razonamiento y el texto siguiente es un llamamiento a la reflexión y el progreso : si notaís un fallo, por favor hablemos de ello, con tranquilidad, honradamente, es muy importante. Me puedo equivocar, busco sinceramente evitarlo, reflexionemos juntos, si quereís.

 

Como profesor de derecho[1] pienso que es mi misión hablar de ello un poco más que los demás, hablar de ello a mis colegas, pero también a mis estudiantes, a los periodistas.

Sería cómplice si callara.

 

He encontrado más de diez razones graves para oponerse a este texto sumamente peligroso, y diez razones más para rechazar un texto desagradable, y en realidad totalmente antifraternal. Pero las cinco razones más fuertes, las más convincentes, las que cruzan las opiniones políticas más diversas porque niegan cualquier posibilidad de tener una reflexión política, estas cinco razones me aparecieron bastante tarde porque hay que trabajar mucho para evidenciarlas. Son esas cinco razones, las cinco más importantes, sobre las cuales quisiera llamar vuestra atención y solicitar vuestra opinión para que pudieramos hablar juntos, ya que los periodistas nos niegan cualquier debate público.

En este asunto de estado, se atropellan los fundamentos del derecho constitucional, lo que tiene que recordarnos cinco principios transmitidos por nuestros abuelos.

Los principios 4 y 5 son los más importantes.

  1. Una Constitución tiene que ser legible para permitir un voto popular : este texto es ilegible.
  1. Una Constitución tiene que ser políticamente neutral : este texto es partidario.
  1. Una Constitución es revisable : este texto está bloqueado por una exigencia de doble unanimidad.
  1. Una Constitución ampara de la tiranía por la separación y el control de los poderes : este texto no establece un verdadero control de los poderes y tampoco una real separación entre estos poderes.
  1. Una Constitución no está concedida por los poderosos, está establecida por el pueblo mismo, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos, mediante una asamblea constituyente, independiente, elegida a propósito y revocada después : este texto ratifica unas instituciones europeas establecidas desde hace 50 años por los hombres en el poder, al mismo tiempo jueces y partes.

 

 

 

 

Importante puntualización (21 de abril de 2005)

 

Acabo de enterarme que algunos ciudadanos interpelan a los políticos en sus reuniones preguntando : “¿ Qué contesteís a Étienne Chouard, profe de derecho en Marsella que dice : (cita de Chouard) ?…”

Acabo también de recibir un documento pdf bajo el título “Facultad de derecho de Marsella”, después de este título inventado por no sé quién, sigue mi texto en su versión del 25 de marzo, esta primera versión llevaba todavía unos errores molestos (en particular sobre Turquía y la duración del tratado de Niza).

Ahora entiendo los mensajes furiosos de algunos universitarios denunciando la impostura.

Si las cosas se ponen así, tienen razón, no hay que leerme como si fuera un especialista de derecho internacional, no hay que presentarme así, es un malentendido : no tengo ninguna autoridad para enunciar el derecho comunitario, y cometo como cualquiera ahora, errores porque el texto del TCE no es sencillo.

Voy precisando en mi introducción que hace a penas seis meses, “como a cualquiera”, Europa me interesaba muy poco y por lo tanto no sabía gran cosa sobre el derecho comunitario. Digo en todas partes que me puedo equivocar y que busco precisamente progresar. Es paradójico, y de verdad, peligroso para la calidad de información, que después de sólo 15 días me hagan pasar por “el universitario de derecho público con autoridad en la materia”.

Este malentendido me es imputable por el estilo con el cual me expresaba al principio, pero este documento no estaba destinado al mundo entero. La rápida evolución de los hechos, ha creado también este malentendido.

Es esencial restablecer la realidad de mi mensaje que está tomando, sin que pueda remediarlo, una importancia que no podía imaginarme al principio : vean, para entenderme, la página Avertissement de mi web, actualizada ayer por la mañana.

Las interpelaciones públicas tendrían que estar formuladas así : “Qué contestaís a Étienne Chouard, ciudadano de Marsella que dice : (cita)”.

 

Hablo como ciudadano. He quitado en esta versión de mi texto (demasiado tarde, lo reconozco, no me había fijado en el problema) esta letanía : “¿ No es acaso misión de los profesores de derecho, como de los periodistas, explicárselo a los ciudadanos ?”.

Insisto : Hay en este momento un gran debate amplificándose entre los ciudadanos, para descifrar mejor este texto complejo que será quizá nuestra Constitución. Veo cada día, a través de cientos de mensajes, gente que está descubriendo hoy en día la importancia de una Constitución en su vida cotidiana y que se sumen en la lectura del TCE.

Me parece extraordinario que los ciudadanos de a pie se vuelquen tanto en el texto que establece en su nombre el derecho del derecho.

Siento que no tengamos tiempo para intercambios mejores. Por favor, hagan desaparecer las antiguas versiones de mi texto y hablemos de buena fé sobre el actual estado de nuestras respectivas reflexiones.

Notareís en este texto un cambio notable, en relación con las versiones precedentes, en mi punto de vista sobre el debilitamiento del poder parlamentario, finalmente limitado a algunos temas precisos (y chocantes). Nuestro intercambio me hace evolucionar de verdad, es una realidad. En cuanto a otros temas, creo haber descubierto, al contrario un riesgo de fuerza excesiva del Parlamento…

Pero sobretodo, tomo conciencia de una irresponsabilidad generalizada en esta “Europa-necesitada-de-una-Constitución-para-ser-más-fuerte”.

Sí, necesitamos una Constitución.

¿ Pero dará aquella, una real protección a los pueblos supuestamente llamados a unirse para reforzarse ?

Tenemos realmente un problema de relación democrática entre los pueblos y sus élites.

¡ Cuán complejo es este texto… Y qué difícil será votar !

Preámbulo : Constitución o tratado ?

 

¿ Cuál es la calificación justa de este proyecto ?

Hay que recordar lo que es una Constitución y por qué su elaboración va envuelta en advertencias especiales.

Una Constitución es un pacto entre l@s ciudadan@s y sus gobernantes. Es por haber firmado este pacto por lo que l@s ciudadan@s aceptan someterse a las leyes. Con este pacto la autoridad encuentra su legitimidad. Este pacto debe proteger l@s ciudadan@s en contra de la injusticia y de la arbitrariedad.

Los principios de los cuales vamos a hablar sirven para garantizar el papel protector del pacto y para que l@s ciudadan@s puedan controlarlo.

El proyecto de Tratado que establece una Constitución para Europa (TCE) es ejecutorio sin límite en el tiempo[2], se impone en casi todos los asuntos esenciales a la vida de la gente[3], su fuerza jurídica es superior a cualquiera de nuestras normas nacionales[4] (reglamentos, leyes, Constitución), establece los grandes poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y regula sus equilibrios.

El proyecto del TCE es pues, por naturaleza, una Constitución, define el “derecho del derecho”.

 

Numerosos profesores de derecho público (no todos) lo analizan como tal. Incluso hay quienes analizan la nueva Unión como un Estado, con sus componentes fundamentales. [5]

Entonces lo más importante no es como los autores hayan calificado su texto, ya que los principios de los cuales vamos a hablar sirven para proteger los ciudadanos en contra de instituciones peligrosas : cualquier texto fundamental que defina o modifique los poderes de las instituciones tendría que respetar estos principios, sea cual sea su denominación oficial.

¿ Ofrece este texto con vocación constitucional las garantías que podemos esperar ? [6]

Primero principio de derecho constitucional :

una Constitución es un texto legible

Una Constitución debe ser aceptada, directamente, por el pueblo que se somete a ella.

Para que esta aceptación tenga sentido, este texto tiene que ser legible por el pueblo, que es quien lo va a firmar (y no sólo los expertos).

De este punto de vista, el “tratado constitucional” es largo y complejo[7] : 485 páginas DinA4, o sea casi una resma (En su versión compacta actualmente disponible en esta página http://www.constitucioneuropea.es/).

Este extensísimo texto, único ejemplo en el mundo para una Constitución, se dobla con una multiplicidad de notas, las cuales lo hacen simplemente ilegible para los ciudadanos de a pie.

Algunos puntos importantes como la definición de los SIEG no aparecen en el texto[8].

Incluso aparecen contradicciones entre partes distantes[9].

Para ilustrar aún más la dificultad de lectura de este texto, debemos igualmente señalar como grave la ausencia de una lista de asuntos en los cuales cada institución puede crear el derecho. Así no se encuentra en ninguna parte (y podemos por lo tanto ignorar perfectamente que pueda existir) la lista de los asuntos en los cuales al Parlamento europeo se le mantiene totalmente apartado del derecho a legislar (no es ni banal y tampoco anodino). Para conocer esta repartición, hay que ahondar en cientos de artículos uno por uno, confiando en no haberse olvidado de algunos (ver más lejos). ¿ Podemos hablar de legibilidad ? Otros artículos importantes, así como el artículo I-33, el cual instituye los “actos no legislativos” (reglamentos y decisiones) que permiten a una Comisión (no elegida) crear sin control parlamentario normas tan apremiantes como leyes[10], no incluyen una lista controlable.

Esta extensión y esta complejidad imposibilitan la crítica para el común de los mortales.

El 75% de los españoles votantes que han aprobado este texto, como el 60% de los que se abstuvieron, problablemente no la habran leído : ni los ministros, los periodistas, y tampoco los ciudadanos, que tendrán todos otra cosa que hacer : ¿ Quién tiene tiempo para leer 500 páginas DinA4 ? Basta hacerse la pregunta : los demás no la contestarán de otro modo.

Estos ciudadanos corren el gran riesgo, para ellos, pero también para sus hijos y sus nietos, de descubrir demasiado tarde lo que nunca podrán cambiar.

 

Evidentemente haca falta leer y entender lo que se firma. Si no, uno se niega a firmarlo.

Aunque fuera sencillo (y no lo es), un texto tan largo no permite juzgarlo con discernimiento.

Y aun así, hay que tener una opinión. ¿ Cómo hacer para tener una opinión sobre un texto que no se puede leer ? Siguiendo a “los demás”, se tranquiliza uno, como las ovejas de Panurgo.

Esta extensión es, por si misma, antidemocrática : el debate está reservado a los expertos.

Una Constitución es la ley fundamental, es “el derecho del derecho” cada quien la tiene que poder leer, para aprobarla o rechazarla a sabiendas.

Segundo principio de derecho constitucional : una Constitución no impone una política o otra, permite el debate político sin imponer el resultado

 

Una Constitución democrática no es de derechas y tampoco de izquierdas, no es socialista ni tampoco liberal, una Constitución no es partidaria, hace posible el debate político, y está por encima del debate político.

¡ Al contrario, el TCE, además de fijar las reglas del juego político, quisiera bloquear el juego mismo !

Al imponer en cada una de sus partes[11] (I, II y sobretodo III) obligaciones y referencias liberales, este texto no es politicamente neutral, está imponiendo para siempre unas políticas económicas que tendrían que estar sujetas al debate político cotidiano, variable según la coyuntura. Es una especie de secuestro de la alternancia de las políticas económicas.

En particular, este texto ratifica para siempre que Europa se niegue a si misma los tres mandos económicos principales, los cuales permiten a cada Estado del mundo gobernar :

No hay política monetaria : somos los únicos en el mundo en haber vuelto nuestro banco central totalmente independiente, el cual tiene por única misión, constitucional, intangible, la lucha contra la inflación, pero nada sobre el empleo o el desarrollo[12]. No se les concede medio alguno a los poderes políticos para modificar estas misiones. Sin embargo se sabe que las políticas antiinflacionistas se pagan con el aumento del paro[13], por un efecto casi mecánico. (la nota [13] es importante)

No hay política presupuestaria : el pacto de estabilidad[14] encierra a los Estados en una rigidez presupuestaria que es por supuesto una política posible, pero no tiene por que ser la única ad vitam aeternam.

Ningun impulso de tipo Keynesiano (grandes obras) es ya posible.

No hay política industrial : la prohibición de cualquier obstáculo a la competencia[15] conlleva la prohición de ayudar a algunos sectores nacionales en dificultad o frágiles.

Es la institucionalización de una política económicamente impotente descrita por el economista Jean-Paul Fitoussi[16], impuesta para un largo tiempo.

Sobre este tema hay que leer la apasionante síntesis de doce economistas en contra del TCE[17].

El proyecto del TCE infantiliza a los ciudadanos europeos : nos aleja de cualquier interés por reflexionar sobre alternativas.

De hecho, ¿ para qué seguir debatiendo, ya que cualquier alternativa está expresamente prohibida en el texto supremo ?

Fuera de la constitución soviética (la cual imponía también, una política : el colectivismo), esta constitución partidaria sería un caso único en el mundo.

Tercer principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática es revisable

Todos los pueblos del mundo que vivan en democracia pueden revisar su pacto de gobierno.

Es demasiado complicado revisar el TCE[18] : para cambiar una coma de este texto, primero se necesita la unanimidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo sobre un proyecto de revisión, luego se necesita la unanimidad de los pueblos (mediante el Parlamento o un referéndum) para ratificar este proyecto (eso se llama proceso de revisión ordinaria).

Con 25 Estados, este proceso de doble unanimidad es una real garantía de intangibilidad para los partidarios del inmovilismo. Este texto está petrificado desde su nacimiento.

Concretamente, si una mayoría de los europeos desean modificar su ley fundamental, no lo podrán hacer.

 

Es eso lo chocante e inquietante.

Es inaceptable para una Constitución[19] y sería igualmente un caso único en el mundo.

A esto contestan poniendo en evidencia la palabra “tratado” para pretender que la unanimidad es normal (lo cual es verdad en cuanto a tratados), pero no tiene sentido : este texto, evidentemente, juega el papel de una constitución y juntar palabras contradictorias “Tratado constitucional” permite de esta manera, jugando con las palabras, crear una nueva norma suprema demasiado rígida, demasiado difícil de revisar.

Paradójicamente, esta rigidez excesiva se acompaña de una flexibilidad sorprendente en el caso de otro proceso, el cual no requiere el acuerdo directo de los pueblos : el proceso de revisión simplificada autoriza uno de los órganos de la Unión (el Consejo de ministros) a modificar por propia iniciativa uno de los elementos claves de la Constitución que condiciona el grado de soberanía conservado por los Estados miembros en tal o tal asunto (ya que el paso por la mayoría hace perder a todos le derecho de bloqueo) [21]. Esto es grave.

Por otra parte, en cuanto a la entrada de un nuevo Estado en la UE, la regla de la unanimidad es una protección, pero no se requiere la unanimidad de los puebos consultados por referéndum : primero se requiere la unanimidad de los 25 gobiernos (muchos de los cuales no son elegidos, y mucho menos para decidir sobre este punto esencial), luego se requiere la unanimidad de los Estados cada uno según su proceso nacional de ratificación[22]. Se consultará directamente al pueblo sólo en los países con proceso referendario.

Todo indica que la voluntad de los pueblos cuenta cada vez menos para sus gobernantes.

Cuarto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática nos ampara contra la arbitrariedad, garantizando al mismo tiempo la separación y el control de los poderes

“El espíritu de las leyes” descrito por Montesquieu es sin duda alguna, la mejor idea de toda la historia de la Humanidad : todos los poderes tienden naturalmente, mecánicamente, al abuso del poder. Es entonces esencial, para proteger a los humanos de la tiranía, primero separar los poderes, y luego organizar el control de estos mismos poderes : ni confusión de poderes ni tampoco un poder sin contra-poderes.

Así dice el pueblo : “Tú, el Parlamento, haces las leyes, pero no las ejecutas. Y tú el gobierno, ejecutas las leyes, pero no las puedes escribir tu mismo.” Así, ningun poder tiene los medios para imponer su voluntad.

“Por otra parte, si uno de los poderes opina que el otro actúa de manera inaceptable, lo puede revocar : la asamblea puede derrocar el gobierno, y el gobierno puede disolver la asamblea. En los dos casos, se requiere el arbitraje (elecciones) del pueblo, el cual tiene que ser la única fuente de todos los poderes.”

 

Es necesario que cada poder tenga que rendir cuentas y sepa que está bajo control en cada momento.

Esto es la mejor idea del mundo, la que libera del miedo al tirano.

Aun en el ámbito actual de una unión de Estados, estos principios protectores de sentido común no tienen por qué haber perdido su valor.

El equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es sin embargo difícil de encontrar.

El poder legislativo saca una gran legitimidad del sufragio universal directo y es muy tentador hacerlo más fuerte que los demás. Pero una asamblea, aun legítima, puede volverse tiránica porque el mecanismo de elección no es en absoluto un contra-poder.

Por otra parte, una asamblea no es necesariamente el lugar adecuado para decidir : ciertos efectos masivos o una cierta dilución de la responsabilidad individual en el momento de decidir colectivamente pueden llevar a excesos[23]..

Por eso es por lo que a menudo se establecen unos límites al poder parlamentario a pesar de la soberanía que éste encarna : suelen existir dos cámaras para que una modere a la otra : en Francia, es el senado, también elegido, pero de mayor edad, el que asume ese papel moderador de la Asamblea Nacional, moderador pero sin riesgo de bloqueo (en caso de desacuerdo, la Asamblea Nacional tiene la última palabra).

A menudo, se prevé otro límite importante al poder legislativo : es necesario poder disolver la asamblea, siempre con esta visión esencial de los contra-poderes que responsabilizan a los actores públicos.

En el marco de estos límites (dos cámaras y la amenaza de disolución), el Parlamento tendría que jugar un verdadero papel legislativo, con la iniciativa de las leyes, la posibilidad de enmendar los textos en todos los asuntos, un verdadero papel en el establecimiento de los impuestos (es uno de sus papeles primitivos esenciales : controlar los gastos realizados por las autoridades públicas)…

No es exactamente eso lo que está previsto en el proyecto del TCE : el Parlamento europeo no tiene la iniciativa de las leyes[24], lo que parece inaceptable en un principio, su papel en el voto del presupuesto, aunque haya sido incrementado, queda limitado, y sobretodo queda excluído de algunos asuntos, reservados para el Consejo de Ministros[25].

Se nos está presentando así un triángulo compuesto por el Parlamento, que representa a los pueblos, el Consejo de Ministros, que representa a los Estados y por la Comisión, la cual representa el interés general (sic).

La Comisión es principalmente la emanación del Consejo de Ministros, el cual nombra a sus miembros con un derecho de fiscalización de parte del Parlamento, que a su vez elige a su Presidente (Presidente propuesto por el Consejo).

La Comisión es totalmente independiente, no debe recibir consignas de nadie, pero puede ser revocada por el Parlamento a través de una moción de censura y cada comisario puede ser “demitido” por el Presidente de la Comisión.

La Comisión está encargada de preparar técnicamente el derecho y somete sus propuestas al Consejo de Ministros y al Parlamento, presentados ambos como órganos legislativos.

Así pues se nos presenta el Consejo de Ministros como una “cámara alta” como si fuera el Senado, pero es difícil de aceptar : primero, porque los ministros no son elegidos, pero sobre todo, porque detienen en su país el poder ejecutivo, es decir que dominan la fuerza pública que les permitirá, regresando al país, aplicar reglamentos elaborados por ellos mismos.

De esa manera las mismas personas están creando el derecho al nivel europeo y lo están aplicando al nivel nacional : aquí está la confusión de poderes.

El Consejo de Ministros es un órgano evidentemente ligado al ejecutivo a quien se le ha confiado un papel legislativo.

Con la no-separación de poderes, es un escudo importante contra el despotismo que nos está escapando de las manos. Aunque sea un número limitado de asuntos (¿ 21, quién sabe ?), es peligroso.

Laurent Lemasson, en el árticulo antes citado[26], señala que el Parlamento está compuesto por una sola cámara, y que el Parlamento es irresponsable : nadie puede disolverlo. Ya hemos visto que está privado de la iniciativa de las leyes, pero puede disolver la Comisión, la cual dispone de esta iniciativa, lo que otorga al Parlamento una influencia sobre ella para “sugerir” propuestas.

L. Lemasson nota en esta organización de poderes un riesgo de régimen de asamblea (una especie de tiranía parlamentaria). Esto es una total novedad para mí, y el análisis es interesante : el Parlamento sería al mismo tiempo completamente impotente según los temas (se puede uno preguntar porqué allí…) y quizá demasiado fuerte en otros.

En esta nueva aproximación, veo ahora la codecisión de manera más positiva, como un contra-poder en los dos sentidos : así el Parlamento no puede abusar de su poder, y el Consejo de Ministros tampoco.

Exceptuando cuando el Parlamento se encuentra directamente apartado de una serie de temas en los cuales sólo el Consejo de Ministros puede legislar (y como por casualidad se tratan de asuntos económicos importantes) – Art.III-130-3 : mercado interior y Art. III-163 y III-165 : reglamentos de la competencia.

Esto sí que es chocante, porque en estos temas, ya casi no hay contra-poder : ¿ Se puede considerar la Comisión como una verdadera fuerza capaz de interponerse en caso de deriva arbitraria de parte del Consejo ? (¿ Quién ha nombrado esta Comisión ?)

Entonces parece haber un verdadero problema democrático en el sector de los asuntos reservados al Consejo : ni separación, ni tampoco control de poderes. La lista de estos asuntos prohibidos no existe en ninguna parte, y ésta exclusión del Parlamento de ciertos asuntos aún no está formulada claramente.

Ahí donde el control de poderes no existe, es otro escudo contra la arbitrariedad el que nos está faltando.

Para un ciudadano que llega aquí sin haber sido condicionado sicológicamente, es chocante. Pero acaso me estoy equivocando. ¿ Alguién me puede explicar este extraño “equilibrio” de poderes ? ¿ Para quién se ha escrito este texto ?

Como ciudadanos, nos gustaría que se nos explicara porque existe esta exclusión, según que criterios se han elegido estos asuntos prohibidos, y porque ninguna lista explícita (y por lo tanto criticable) ha sido formulada. También nos gustaría saber : ¿ Quién es realmente responsable de sus actos en esta organización europea ?

Porque al final :

El Parlamento no es responsable ante nadie (fuera de las elecciones que, como ya se ha dicho, no pueden hacer las veces de contra-poder) porque no hay un proceso de disolución.

 

El Consejo europeo no es responsable ante nadie al nivel europeo ( y hay que remitirse a la lejana responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno). El hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de jefes de estado, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad al nivel federal.

 

El Consejo de Ministros no es responsable ante nadie al nivel europeo (y hay que referirse otra vez a la responsabilidad nacional para acusar a sus miembros uno por uno).

Aquí también, el hecho de que sea evidentemente difícil definir esta responsabilidad, ya que se trata de ministros depositarios de otra soberanía popular que no es la de Europa, no basta para tranquilizarnos porque el resultado es una responsabilidad ahí donde se toman las decisiones.

Sin contar que el establecimiento de esta responsabilidad parece tan complicada como ilusoria.

La Corte Europea de Justicia (CJE), no elegida, está también fuera de control y sin recurso (que yo sepa), a pesar de que esté dotada de poderes inmensos mediante la interpretación de todos los textos y el arbitraje de todos los litigios.

¿ Un grave peligro ? (habrá que ahondar…)

El Banco Central Europeo (BCE), no elegido, rigurosamente independiente de los poderes públicos, está igualmente fuera de control, por lo tanto es irresponsable, a pesar de la considerable influencia de sus decisiones sobre la vida cotidiana de los 450 millones de europeos (ver más arriba).

Esta impresión de irresponsabilidad general es asombrosa,

¿ o no ?

La Comisión, al final, es la única que se juega algo[27] : de un lado, la censura global por el Parlamento, pero sólo con los 2/3, lo cual es mucho y lo que vuelve quizá la censura teórica, y por otro lado la demisión individual de un comisario (exigible por el Presidente de la Comisión).

¿ Pero es la Comisión realmente el centro del poder ?

 

Sobre este tema, las opiniones son diferentes, pero teniendo en cuenta el panorama, tendería a pensar como Yves Salesse[28] que el verdadero poder está en manos del Consejo de Ministros (irresponsable) y que la Comisión hace de cortina, una especie de fusible político, un chivo expiatorio cómodo, lo cual permite a los ministros crear el derecho diciendo al mismo tiempo “Yo no soy, es ella, y no puedo hacer nada, no puedo forzarla : es independiente…”.

La Comisión es sin embargo un centro de poder importante.

Ejemplo : el comisario encargado del comercio internacional, por su mandato recibido de una vez para siempre, es el único representante de la Unión en todas las negociaciones internacionales (OMC y otras). Este hombre tiene, él solito, un poder vertiginoso. Con este título, está negociando el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, un proyecto gigantesco de desregulación[29], una versión mundial de la directiva Bolkenstein) en nombre de todos los europeos, pero en el más absoluto secreto : no rinde ninguna cuenta ante el Parlamento sobre las negociaciones que está llevando sobre un acuerdo que no obstante va a cambiar profundamente la vida de los europeos, y el Parlamento no puede imponerle rendir cuentas[30].

Ya podemos observar señales tangibles de una deriva de tipo tiránico. Y el “Tratado Constitucional” fija para siempre un desequilibrio institucional que lo permite.

El Parlamento puede censurar la Comisión, pero solamente con la mayoría de 2/3, lo que significa que la Comisión puede gobernar 450 millones de personas con el acuerdo de un tercio del Parlamento.

Incluso el modo de escrutinio (por lista) garantiza a los líderes de partidos su lugar en el Parlamento sin ningún riesgo, lo que hace mucho más teórica la responsabilidad de estos elegidos en época de elecciones.

Todos estos poderes sin verdadero control, esta irresponsabilidad general… ¿ Dónde está la democracia ?

¿ Dónde están las barreras contra la arbitrariedad ?

Parece que, desde hace veinte años, los manuales de los estudiantes de ciencias políticas llaman púdicamente a esto el “déficit democrático” de la UE. Un término bien anodino para designar de hecho una renuncia de los pueblos, demasiado confiados en los que han escogido para defenderles. Me parece en este momento que todas las conversaciones de los ciudadanos de a pie tendrían que analisar este retroceso de la democracia : en las instituciones europeas, los órganos de la Unión parecen ser casi todos irresponsables, la voluntad de los pueblos parece contar muy poco para sus gobernantes, y se está imponiendo una cierta política económica.

¿ Cómo pueden los analistas y comentaristas pasar sobre esto como si fuera secundario ?

¿ Europa a cualquier precio ? ¿ Cualquier Europa ? ¡¿ Incluso no democrática ?! ¿ No tenemos derecho de hablar de ello sin que te califiquen de antieuropeo ?

La argumentación según la cual “en todas partes es igual” no me tranquiliza sino que me inquieta todavía más : mientras la mayoría de los ciudadanos descuidan la democracia, hipnotizados por la publicidad, el fútbol y la televisión, otros se encargan de ella activa y discretamente, ya se ve como !

Se nos dice : “Este texto está mejor que antes, habría que ser necio para negarse a progresar”.

Es ocultar que con este texto, no se trataría sólo de progresar, sino de fijar, bloquear, ratificar, y dar por primera vez una garantía popular a unos textos que hasta ahora la han pasado por alto, ya vemos con qué resultado.

Aunque sea mejor que el anterior, el texto propuesto es peligroso.

Montesquieu debe estar removiéndose en su tumba.

Triste paradoja la de estos pueblos dispuestos a aceptar ellos mismos el retroceso de la democracia, es decir el retroceso de los diferentes escudos que les protegen de la ley injusta del más fuerte.

Quisieran hacernos creer que estos supuestos avances espectaculares compensan todos estos defectos :

Por ejemplo, los que van pregonando el nacimiento de un referéndum de iniciativa popular fomentado por un millón de ciudadanos[31] no han leído bien : el tratado define nada más que un triste derecho de petición sin ninguna fuerza vinculante para la Comisión, como una simple invitación a la reflexión que puede perfectamente tirar a la basura sin tener ni siquiera que justificarse[32].

De la misma manera, los hermosos principios generales y generosos, pregonados en todas partes, en todas las radios, los canales de TV, los periódicos, a lo largo de los spots oficiales, no tienen explícitamente ninguna fuerza vinculante y dan así el pego :

Art. II-111-2 : “La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás Partes de la Constitución.”

No se puede ser más claro que este artículo 111-2 : la parte II queda esterilizada, vaciada de su sentido, por el artículo 111-2, esta Carta es una ilusión, un señuelo.

Se mire por donde se mire, este texto es una engañifa, y esconde una enfermedad de la democracia : con motivo del nacimiento de Europa y a lo largo de estos cincuenta años, los ejecutivos nacionales, tanto de derechas como de izquierdas, están librándose progresiva y subrepticiamente del control parlamentario donde más lo necesitan (en el ámbito económico), y de un modo más general de cualquier responsabilidad verdadera en la mayor parte de sus decisiones políticas, aunque afirmen lo contrario sin vergüenza alguna.

Quinto principio de derecho constitucional :

Una Constitución democrática está necesariamente elaborada por una asamblea independiente de los poderes establecidos

No son los poderosos quienes conceden una Constitución al pueblo. La define el pueblo mismo, o sus representantes elegidos para esta tarea, precisamente para protegerse de la arbitrariedad de los poderosos.

Al contrario, las instituciones europeas han sido fijadas (desde hace 50 años) por políticos en el poder, los cuales son evidentemente jueces en causa propia : de derechas o de izquierdas, al fijar ellos mismos las obligaciones que iban a molestarles cada día, estos responsables han derivado, es humano pero era también previsible, a una parcialidad peligrosa.

Una vez más, es un caso único en el mundo, tratándose de una democracia.

Y vemos los resultados como una caricatura de lo que se tiene que evitar :

–         Un ejecutivo con manos totalmente libres en ciertos aspectos económicos específicos.

–         La casi totalidad de los órganos de la Unión irresponsables en sus niveles de decisión.

–         Una aparencia de democracia engañosa.

–         Pequeños avances en los que se pone énfasis,

–         Pero un real retroceso de las garantías contra la arbitrariedad.

La única vía creíble para crear un texto fundamental equilibrado y protector es una asamblea constituyente, independiente de los poderes establecidos, elegida para elaborar una Constitución, y sólo para eso, revocada después, y respetando un proceso público y contradictorio (en derecho, la palabra “contradictorio” significa que los puntos de vista opuestos tienen que poder expresarse totalmente).

Si los responsables intentan librarse de este proceso, les toca a los ciudadanos imponerlo.

La composición de la Convención Giscard bastante variada y llena de personalidades de gran valor, no es un argumento satisfactorio : nos quedamos a años-luz de una asamblea constituyente : sus miembros no han sido elegidos con este mandato, sus miembros no eran todos independientes de los poderes establecidos, y sobretodo sus miembros no tenían los poderes para escribir un nuevo texto, equilibrado y democrático : sólo podían ratificar, compilar (y modificar ligeramente) los textos anteriores escritos por actores que son jueces y parte[33].

Además, la reescritura del texto, hecha por los gobernantes en el poder, a lo largo de un año después de que la Convención haya entregado su propuesta, es una aberración desde un punto de vista constitucional[34].

No es el poder establecido el que tiene que escribir el derecho del derecho.

Al elaborar una Constitución mediante un tratado, procedimiento mucho más libre que una asamblea constituyente con todo su peso, (pública, contradictoria y ratificada directamente por el pueblo), los parlamentos y gobiernos, de derechas como de izquierdas, han actuado como si fueran propietarios de la soberanía popular, y este tratado, así como los anteriores, puede analisarse como un abuso de poder : nuestros elegidos, no han recibido el mandato de abdicar nuestra soberanía. Es el pueblo que tiene que controlar directamente que las condiciones de esta transferencia, (en mi opinión, deseable para construir una Europa fuerte y pacificada), sean aceptables.

Respeto profundamente, claro está, a todos los miembros eminentes de la Convención, pero creo que no tenían el mandato para hacer lo que han hecho.

Nos quedamos atónitos al ver numerosos actores políticos de primer plano que se atreven a lamentar en voz alta que el TCE fuera sometido a referéndum, subrayando que todo esto hubiera sido más sencillo y más seguro con el Parlamento, el cual hubiera ratificado todo esto, y quizá sin haber leído nada…

¿ Qué valen los pueblos para nuestras élites ?

 

A propósito, los numerosos gobiernos que han hecho ratificar este texto por su Parlamento nacional[35], antes que por su pueblo (referéndum), acaban de cometer un verdadero delito : niegan a sus pueblos el debate y al mismo tiempo la expresión directa que les hubiera permitido resistir al retroceso democrático, lo cual les expone a la arbitrariedad.

¿ Qué medio les queda a estos ciudadanos para resistir a este decomiso de su soberanía ? [36]

Este desprecio hacia los pueblos y sus verdaderas elecciones es muy revelador en cuanto al peligro que crece con la más absoluta discreción : nuestras élites, tanto de derechas como de izquierdas, desconfían de la democracia y nos la niegan deliberada, progresiva y pérfidamente.

Conclusión

El TCE parece pues peligroso por varias razones. ¿ Qué me han contestado hasta ahora ?

Para tranquilizarme me hablan de progreso, pero en realidad todo está en la referencia que se toma para valorar el progreso: porque de hecho si nos referimos al tratado de Niza (deplorable en el aspecto democrático), hay una “mejoría”, un “progreso”, y así se entiende por qué se refieren a este texto para vendernos el TCE. Pero si me refiero a la democracia nacional que pierdo en aras de la “democracia europea” que estoy ganando, objetivamente me están pidiendo que ratifique un retroceso :

–         Sobre la responsabilidad de los actos cotidianos de todos los poderes

–         Sobre el control del poder ejecutivo en sus (x) asuntos reservados

–         Y sobretodo en la política económica impuesta, muy probablemente causa del paro endémico y del crecimiento flojo en Europa, e impuesta claramente para largo plazo.

Ahora bien, recordemos que es la primera vez desde hace 50 años que se me pide mi opinión : como ciudadano, no he sido cosignatario del tratado de Niza, ni tampoco de los anteriores. Para lo de Maastricht, se me preguntaba sobre la moneda y las obligaciones económicas, si mal no recuerdo, nada sobre el equilibrio y el control de los poderes. Y para las obligaciones, se nos había prometido hacer el balance.

¿ Hemos acaso hecho este balance ?

¿ Tenemos acaso buenas razones para estar satisfechos de los resultados económicos de estas instituciones pese a su vocación más económica que política ? Y si no, releamos a Fitoussi y a Généreux.

¿ Por qué sólo tendría que opinar sobre el pequeño diferencial que separa Niza del TCE ?

¿ Porqué no podría opinar (“yo”, ciudadano de a pie, evidentemente) sobre la totalidad de este fantástico abuso de autoridad por parte de los ejecutivos nacionales, sobre el control ciudadano de las políticas aplicadas desde hace 50 años ?

 

No entiendo por qué habría que limitar artificialmente el texto sometido al voto, a unos 50 nuevos artículos del TCE.

Cuando veo a eminentes expertos pretendiendo que sólo hay 60 páginas que juzgar, 50 articulitos de nada, pretendiendo que todo lo demás ya existe y está fuera de la cuestión, no sujeto a referéndum, cuando oigo esto, me digo, y me parece que no soy el único, que es hora de despertar.

Si se rechaza el panorama del cual estoy hablando, si este período de 50 años es sagrado, intocable, irreversible, si se impone el tratado de Niza como referencia, entonces, efectivamente, el TCE es un “buen texto” ya que “progresamos”, pero ¿ no os parece que falta una pequeña parte de la demostración ? ¿ Que se nos impone validar un camino que no es el bueno ?

Es verdad que es sin duda un error (para los que están construyendo esta Europa poco democrática) el haber calificado el texto de Constitución (nos han hecho sospechar), y otro error fue haber propuesto un referéndum a estos protestones arrogantes que son los franceses, pero para nosotros, los ciudadanos, me parece que estos dos errores nos dan una oportunidad histórica, la de ver más claro el peligro y en fin resistir.

Hay un progreso incontestable en este tratado… La nueva posibilidad que nos ofrecen, de poder salir de la trampa :

Art. I-60-1 : Retirada voluntaria de la Unión

“Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.”

Actualmente este derecho no existe, y el rechazo de este texto nos encierra en otra trampa, el tratado de Niza.

¡ Qué alegría !…

Finalmente, este “tratado constitucional” es un revelador que viene aclarando lo que se está decidiendo a nuestras espaldas desde hace mucho tiempo.

En cierto modo, el lobo ha enseñado las orejas y los ciudadanos pueden, en fin ver el peligro, y resistir.

Probablemente, uno de los grandes errores es hacer pasar la economía antes que la política, es renunciar a la posibilidad de actuar, es remitirse ciegamente al mercado, es confiar el timón a los economistas cuando tendrían que quedarse en las carboneras para que el motor funcione (lo sugiere Bernard Maris, en su sabroso Antimanual de economía).

Al celebrar la libertad como valor superior, en vez de la fraternidad, al institucionalizar la competición, la competencia, en vez de la colaboración y de la ayuda mutua, al imponerlo en el texto supremo mediante el dogma de la competencia absoluta, y al final una moral del “cada uno a lo suyo y contra todos”, al destruir la regulación del Estado, encargado del interés general, para instaurar la regulación a través del mercado, suma de intereses particulares, los economistas liberales atacan los fundamentos mismos de la democracia, en resumidas cuentas, para liberar a los principales autores de las decisiones económicas de todo control.

La desregularización sistemática llevada a cabo en Europa (instituciones, política, y el candado de la Constitución), y generalmente en todo el planeta (OMC, AGCS, ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es un retroceso de la civilización, un retorno a la barbarie de la ley del más fuerte[37].

Por optimismo, por credulidad, por indiferencia, los pueblos modernos están dejando delibitarse su patrimonio más precioso, muy escaso en este planeta, este patrimonio que condiciona su sosiego cotidiano : las diferentes protecciones en contra de la arbitrariedad de los fuertes, desde el corazón de las empresas (derechos sociales) hasta la patria (instituciones democráticas controladas y revocables).

La democracia no es eterna, es incluso extremadamente frágil. Creyéndola invulnerable, la estámos echando a perder. Aun después del rechazo de este texto, habra que luchar para preservarla, y seguir militando para imponer a nuestros representantes que construyan otra Europa, simplemente democrática.

No tengo preparada una alternativa, quizá otros sí la tengan.

Sino, hay que imaginar y construir.

Se está presentando a los ciudadanos este texto fundador engañoso mediante un debate también engañoso[38].

Numerosos periodistas, al asimilar los oponentes al texto con los oponentes a Europa, hacen un amalgama malhonesto : la doble igualdad “Si al tratado=Si a Europa, No al tratado=No a Europa” es una mentira insultante, una inversión de la realidad, un lema embustero nunca demostrado, hecho para seducir a los que no han leído el tratado y que no han estudiado los argumentos, no obstante fuertes, de los oponentes a este tratado, precisamente para proteger la perspectiva de una Europa democrática.

Los periodistas son un escudo esencial, moderno, para proteger la democracia. Montesquieu no podía prever la importancia capital que iban a adquirir, pero es cierto : el poder inmenso de los periodistas merecería un verdadero contra-poder y su responsabilidad es ahora histórica (desde este punto de vista, se puede uno preguntar si no cometemos un error grave permitiendo que los medios de comunicación se compren y se vendan como si fueran simples mercancías).

Internet es por lo pronto el media más democrático, sin censura, la mejor herramienta para resistir. Si este mensaje os parece útil, difundidlo a través de vuestras propias redes, y más allá del Internet, sobre el papel.

Consejo a los partidarios del TCE (no puedo ayundarles, no he encontrado los argumentos que les faltan ;o) : para tranquilizar a los que sienten un peligro con el TCE, es una mala respuesta subrayar lo que es bueno en el TCE – no es evidentemente suficiente para tranquilizar. No se firma un texto, aunque prometiera el oro y el moro, si incluye una sóla línea inaceptable. Y este tratado lleva numerosos puntos inaceptables.

Habría más bien que demostrar que no hay ninguna razón para preocuparse, por ejemplo :

–         Que cada uno de los órganos de la Unión fuese totalmente responsable de sus actos (más allá del simple mecanismo electoral) en todas la fases de creación del derecho.

–         Que las políticas económicas no estuviesen tan comprometidas como lo parecen.

–         Que las voluntades de los pueblos tuviesen todas las garantías de ser respetadas…

En cuanto a los oponentes al tratado, sólo convencerán realmente a los que, por ahora, votan sí, tapándose la nariz, por no tener nada mejor (los hay a montones…), proponiendo una alternativa creíble, una perspectiva verosímil.

Es un verdadero fallo en mi razonamiento, ya sabeís, lo que buscaba al principio : no veo muy bien cómo hacer para que este buque cambie de rumbo, y tampoco veo cómo volver a empezar desde cero, habría que ser varios.

¿ Y si fueran los pueblos de Europa los que reclamasen enérgicamente a los partidos políticos esta refundación democrática, partiendo de la base, comunicando a través de la red para intercambiar las ideas sin forzosamente reproducir las divergencias entre partidos ? Podemos soñar…

Ésa es la reflexión que hay que hacer ¿ no os parece ?

Hace unas semanas, oí en la radio una frase que dió en el clavo, frase que sigue resonando en mi cabeza y que me está cambiando. Dice : el ciudadano no nace, se hace.

Êtienne Chouard, Trets (Marseille).

versión del 21 de abril de 2005

Puedes escribirme a etienne.chouard@free.fr

pero no tengo tiempo para contestarte o de vez en cuando. Perdón sois demasiados. Puedes descargar este documento en http://etienne.chouard.free.fr/Europe y difundirlo como quieras.

Repito que no tengo en absoluto ninguna autoridad para explicar el derecho comunitario que estoy descubriendo ahora, paso a paso…

Bibliografía

Entre los libros y artículos que he leído desde hace 6 meses, todos extremadamente proeuropeos, algunos ayudan particularmente en forjarse una opinión construida y fuertemente argumentada sobre este texto complejo, y de manera más general sobre la construcción europea y la desregulación mundial :

Raoul Marc Jennar, doctor en ciencias políticas, investigador para la ONG OXFAM, “Europe, la trahison des élites”, 280 páginas, diciembre 2004, Fayard

Laurent Lemasson, diplomado del IEP de París, doctor en derecho público y ciencias políticas, encargado de curso en la ESSEC, ha escrito un artículo apasionante Constitution européenne : l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, 15 de diciembre de 2004. En la página del instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24.

Gilles Raveaud, “Douze économistes contre le projet de constitution européenne” http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

Paul Alliès Une constitution contre la démocratie ? Portrait d’une Europe dépolitisée, 223 páginas, marzo 2005, Climats

Stéphane Marchand, “L’Europe est mal partie”,361 páginas, febrero 2005, Fayard

Anne-Marie Le Pourhiet, profesor de derecho público, artículo en le Monde, 11  de marzo de 2005, ” Qui veut de la post-démocratie ? » : un artículo corto y contundente :

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=130747.

Raoul Marc Jennar, Quand l’Union Européenne tue l’Europe”, 40 páginas, enero de 2005 http://www.urfig.org/

Jean-Paul Fitoussi, La Politique de l’impuissance, 160 páginas, enero 2005, Arléa

Jacques Généreux,  economista, “Manuel critique du parfait Européen – Les bonnes raisons de dire “non” à la constitution”, 165 páginas, febrero 2005, Seuil

Dominique Strauss-Kahn, “Oui ! Lettre ouverte aux enfants d’Europe”, 173 páginas, oct. 2004, Grasset

Laurent Fabius, « Une certaine idée de l’Europe », 125 páginas, nov. 2004, Plon

Yves Salesse, “Manifeste pour une autre Europe”, 120 páginas, enero 2005, Le Félin – y un artículo más corto 10 páginas : “Dire non à la “constitution” européenne pour construire l’Europe” :

http://www.fondation-copernic.org/Flash-septembre2004.

– Un documental de media hora que resume de manera pedagógica las quejas en contra del TCE enumeradas por Jennar, Salesse et Cassen : clip descargable en http://www.fondation-copernic.org/

Valéry Giscard d’Estaing, “présente la Constitution pour l’Europe”, 396 páginas, sept. 2003, Albin Michel : la introducción es interesante porque describe los trabajos de la Convención, las dificultades encontradas, las opciones escogidas. La parte más importante del libro es el texto del TCE pero con una antigua numeración.

Olivier Duhamel, “Pour l’Europe, le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté”, Seuil 2004 : una explicación de texto de primera mano, hecha por un gran profesor de derecho constitucional que ha participado a la Convención y a la redacción del TCE.

– Últimamente, una fuente importante de información no censurada, muy orientada políticamente (a la izquierda), pero muy abundante, es el portal http://www.rezo.net/.

Bernard Maris, “Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie”, noviembre 1999, Albin Michel : una demostración del engaño sobre “la indispensable guerra económica”, con un paralelo muy convincente con la guerra de 1914-1918.

Bernard Maris, « Anti-manuel d’économie », 355 páginas, octubre 2003, Bréal : un libro importante y sabroso para entender la necedad del dogma de la religión del mercado y de la competencia.

Joseph E. Stiglitz, « La grande désillusion », 324 páginas, sept. 2003, Fayard : un gran libro, una referencia.

Agnès Bertrand et Laurence Kalafatides, « OMC, le pouvoir invisible », 325 páginas, julio 2003, Fayard : este libro permite captar la perfecta coherencia que existe entre los objetivos y las influencias de la OMC y los de la construcción europea actual.

– Para entender la lógica general de lo que se está cociendo al nivel planetario, hay que leer el artículo a la vez terrorífico y luminoso de Lori M. Wallach , “Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, en Le Monde diplomatique de febrero 1998, referente al Acuerdo Multilateral sobre la inversión (AMI) : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/WALLACH/10055

AGCS, Construcción europea liberal, OMC, ADPIC, directiva Bolkestein, etc.

La similitud de todos estos textos es evidente.

Serge Halimi, « Le grand bond en arrière, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde », 618 páginas, marzo 2004, Fayard : ya no se puede leer el TCE de la misma manera espués de haber leído a Jennar y Halimi. Es como despertarse.

Robert Joumard et Christian Darlot, aparentemente, simples ciudadanos como yo, han hecho lo mismo : leer, digerir, resumir, juntar, organizar todo esto con talento para hacer dos síntesis un poco largas, como la mía, pero muy interesantes.

http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf

NOTAS

[1] Soy profesor de economía-gestión en el liceo Marcel Pagnol de Marsella, en BTS (certificado técnico superior). He sido durante mucho tiempo profesor de bachillerato en derecho civil, comercial y constitucional, y profesor de derecho fiscal en BTS de contabilidad. Hoy en día soy esencialmente profesor de informática y soy también el administrador de la red de 150 PC’s de mi liceo.

Me refiero a mi oficio de profesor para que se entienda mi afición por explicar las cosas, pero de ninguna manera para aprovecharme de una imagen de autoridad que no me merezco. Efectivamente, no soy catedrático de universidad, tampoco profesor de derecho público, y no soy especialista en derecho constitucional. Pero mi formación como jurista (licenciatura) me ha dado este gusto por el derecho y hablo aquí como simple ciudadano, sorprendido por la ausencia de debate constatada al principio de 2005. Cometo sin duda errores, pero los voy corrigiendo cuando me los señalan.

Pretendo que los mismos ciudadanos, ignorantes del derecho comunitario, como yo, puedan ir reflexionando sobre su Constitución, y que este texto tendría que haber sido elaborado por representantes elegidos con este fin, con un programa político adaptado a las circunstancias. En mi opinión, este debate no tiene por que ser acaparado por los especialistas. Quizá lo será al final.

Este texto “Una mala Constitución…” se me está escapando de las manos. Lo único que puedo hacer, y es la primera idea, es corregir mis errores o las malas formulaciones y a veces completar.

[2] Duración de la aplicación del texto : Art. IV-446 : El presente Tratado se celebra por un período de tiempo ilimitado.

[3] Art. I-13 : Ámbitos de competencia exclusiva :

1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:

a)    la unión aduanera ;

b)    el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior ;

c)     la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro ;

d)    la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común ;

e)    la política comercial común.

2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Art. I-14 : Ámbitos de competencia compartida

1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando la Constitución le atribuya una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos I-13 y I-17.

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:

a)    el mercado interior ;

b)    la política social, en los aspectos definidos en la Parte III ;

c)     la cohesión económica, social y territorial ;

d)    la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos ;

e)    el medio ambiente ;

f)      la protección de los consumidores ;

g)    los transportes ;

h)    las redes transeuropeas ;

i)       la energía ;

j)      el espacio de libertad, seguridad y justicia ;

k)    los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en la Parte III. (…).

Dentro de las competencias exclusivas, ver el Art. I-13-1 : “e) la política comercial común.”…

 

Así pues, se les niega totalmente a los parlamentos nacionales la capacidad de influir sobre los acuerdos internacionales (AGCS, ADPIC y otros avatares de la OMC), cuando la vida de los ciudadanos sufrirá importantes trastornos por estos acuerdos que se están preparando en el más absoluto secreto.

[4] Fuerza superior de las normas europeas sobre cualquier otra norma nacional e internacional : Art. I-6 : “La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros.”

Art. I-12-1 : “Cuando la Constitución atribuya a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.”

[5] Ver también los argumentos de Olivier Gohin, profesor de derecho público en la universidad de París II : el nuevo tratado es una Constitución (organización de los poderes y garantía de las libertades, con identificación de un poder constituyente) y la Unión es un Estado (con un territorio, un pueblo, poderes públicos y una soberanía en las competencias) : http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=127743.

Algunos profesores van más lejos : ” la personalidad jurídica de la Unión, instituída por el Art. I-7 “, según François-Guilhem Bertrand, profesor emérito en la universidad de París XI, “tiene que leerse con el decreto de la Corte de Justicia AETR, el cual decide que la personalidad otorgada a Europa borra la personalidad de los Estados miembros y les prohibe manifestarse cuando Europa se expresa.”

Quizá sea un poco exagerado, quizá sea la realidad, bien o mal, no tengo certezas sobre esto, pero podríamos debatir, en vez de hacer como si no pasara nada.

Art. I-33-1 : Actos jurídicos de la Unión :

“Las instituciones, para ejercer las competencias de la Unión, utilizarán los siguientes instrumentos jurídicos, de conformidad con la Parte III: la ley europea, la ley marco europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las recomendaciones y los dictámenes.

La ley europea es un acto legislativo de alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La ley marco europea es un acto legislativo que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

El reglamento europeo es un acto no legislativo de alcance general que tiene por objeto la ejecución de actos legislativos y de determinadas disposiciones de la Constitución. Podrá bien ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, o bien obligar al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios.

La decisión europea es un acto no legislativo obligatorio en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán efecto vinculante.”

[6] “La mayoría de estos principios los volveremos a encontrar, entre otros, en el libro de Paul Alliès, profesor de ciencias políticas en la universidad de Montpellier I, “Una Constitución en contra de la democracia ? Retrato de una Europa despolitizada”

[7] Constitución europea : ¿ Cómo encontrar el texto integral ?

http://europa.eu.int/constitution/index_es.htm

Una página web interesante que permite comparar numerosas constituciones en el mundo : http://mjp.univ-perp.fr/constit/constitintro.htm

[8] Sin embargo, y a pesar de su extensión, faltan cosas : una información tan esencial como la definición de los SIEG, servicios de interés económico general (citados en los artículos II-96, III-122, III-166), que no hay que confundir con los servicios públicos, no se encuentra en las 800 páginas : hay que ir a buscarla en el “libro blanco” de la Comisión para aprender que los SIG y SIEG no son sinónimos de servicios públicos :

http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm

“Los términos “servicios de interés general” y “servicios de interés económico general” no deben confundirse con la expresión “servicio público”(…)”.

[9] Hay que leer todas las páginas hasta el final : la interpretación de la Carta de los derechos fundamentales está descrita fuera de la Constitución misma, en un texto que se llama Declaración 12 : el preámbulo de la Carta prevé que “En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea.”

En esta declaración Nº12, se encuentra a veces lo contrario de lo que se afirma en la Carta. Así, después de haber afirmado el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte en el Art. II-62 de la Carta, el artículo 2 de la declaración Nº12 (¿ Quién habla de este texto ilegible ?) precisa :

“La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario :

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente

c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.”

El mismo artículo precisa también :

“Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma…”

Así se puede constatar que no está dicho todo en la misma Carta, y que hay que leer bien todas las páginas.

[10] El peligro de las “actas no legislativas”, las cuales permiten a la Comisión (no elegida) crear libremente reglamentos apremiantes de alcance general, ha sido denunciado por el contra-informe de los convencionales juzgando que el TCE no es democrático. Un documento interesante en :

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14058

Para las actas jurídicas de la Unión, ver el Art. I-33 (nota [5]).

[11] Las instrucciones imperativas de tipo político son demasiado numerosas para nombrarlas todas. Entre otros, más de 300 artículos de la parte III definen en detalle las políticas económicas de la Unión.

[12] Independencia y misiones del banco central : Art. I-30 :

“1. (…) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.

2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. Realizará todas las demás misiones de un banco central de conformidad con la Parte III y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

3. El Banco Central Europeo es una institución. Tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.”

Y Art. III-188 : “ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.”

[13] Ver J.P. Fitoussi, Profesor de las Universidades en el Instituto de Estudios Políticos de París, Presidente de Consejo Científico del IEP de París, Presidente del OFCE y Secretario general de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas, conversaciones con J.C. Guillebaud, “La politique de l’impuissance”, 2005 Arléa :

–          JCG : ” Está diciendo que en el fondo, obsesionados por la lucha contra la inflación, hemos aceptado el paro.”

–          JPF : “¡ Peor todavía ! En una primera fase, se ha instrumentalizado el paro para combatir la inflación. Cualquier “banquero-central” del planeta sabe que, en el momento en que suba las tasas de los intereses, deja en el paro a una parte de las categorías más vulnerables de la población. No sólo lo sabe, pero es precisamente por eso que lo hace. ¿ Porqué suben las tasas de los intereses ? Porque estamos convencidos que la demanda es demasiado fuerte y que las empresas que producen a plena capacidad sólo podrían atenderla al subir sus precios. La ducha de agua fría, que representan las tasas de los intereses, hace que se reduzca la demanda e incite las empresas a despedir.” (p.45)(…)

–          JCG : “¿ Qué opina sobre los dos argumentos recalcados en aquella época (después de 1982) a propósito de la inflación y del respeto de los grandes equilibrios ? Primero nos han dicho que era legítimo (incluso moralmente) luchar contra la inflación porque castigaba a los más pobres ; luego, que había que mantener los grandes equilibrios por simple respeto y generosidad hacia las futuras generaciones, para no dejar una carga demasiado pesada a nuestros hijos. De alguna manera, se ha envuelto esta política en un dicurso generoso…”

–          JPF : “Fue una doble mentira. Al subir las tasas de los intereses, a un nivel elevado y sobretodo ahora, una vez vencida la inflación, se sabía que iba a favorecer a los detentores del capital financiero, y que se negaba a las categorías más vulnerables de la población, el acceso a los bienes duraderos (aquellos que exigen recurrir a préstamos). La segunda mentira, es que al subir las tasas de los intereses – el servicio de la deuda se convertía en uno de los puestos más importantes del presupuesto del Estado.” (p.46)

–          JPF :  “Que la orientación de las políticas económicas de la Unión sea, en lo esencial, independiente de cualquier proceso democrático, es al mismo tiempo contrario a las tradiciones de los pueblos europeos, y peligroso en cuanto a la eficacia económica del conjunto.” (p.72)

–          JPF : “Exagerando un poco, podríamos afirmar que el “gobierno económico” de Europa se está asemejando a un déspota ilustrado que, fuera del alcance de las presiones populares, buscase el bien común mediante la aplicación de una doctrina rigurosa – el liberalismo -, supuestamente superior a todas las demás en cuanto a la eficacia económica. Así la democracia no sería el mejor sistema político para comprender el interés común ; colocaría a los gobiernos en una posición vulnerable ante las presiones de las poblaciones en pro de la redistribución. Así pues, el poder a cambiado de manos. Los políticos han preferido confiarlo a agencias independientes.(…) Pero es también verdad que, desde el principio, la construcción europea ha sido más bien obra de una democracia de las élites, que obra de la democracia a secas. Sin embargo las élites han cambiado (…) hoy en día tienden a asimilar el bien público al mercado.”

Lo demás es edificante… Un pequeño libro importante, hay que leerlo…

[14] Pacto de estabilidad : Art. III-184 (2 pág.) y Art. 1 del protocolo Nº10 sobre el proceso relativo a los déficits excesivos.

“Los valores de referencia que se mencionan en el apartado 2 del artículo III-184 de la Constitución serán :

a) 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado

b) 60% en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado.” Ver también la nota anterior

[15] Prohibición de falsear la competencia : esta prohibición se encuentra en  todo el texto, es formal y apremiante :

Art. III-166 :

“1. Los Estados miembros no tomarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a la Constitución, en particular al apartado 2 del artículo I-4 y a los artículos III-161 a III-169.

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse afectado de forma contraria al interés de la Unión.

3. La Comisión velará por la aplicación del presente artículo y adoptará, según sea necesario, los reglamentos o decisiones europeos apropiados.”

[16] “La politique de l’impuissance” : libro luminoso de Jean-Paul Fitoussi, ver nota [13].

Leer también el libro entusiasmante de Jacques Généreux, “Manuel critique du parfait européen” que protesta, él también, contra el naufragio de las herramientas de intervención económica europeas, y contra el dogmatismo ciego que sostiene esta locura única en el mundo.

[17] “Douze économistes contre le projet de constitution européenne”, de Gilles Raveaud, doctor en economía y profesor (Institut d’études européennes, Universidad París VIII, y once más) : un análisis excelente, muy argumentado, del actual proyecto de la Unión, proyecto más económico que político.

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231 y http://econon.free.fr/index.html

[18] Proceso de revisión ordinaria : Art. IV-443.3 : “Una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros será convocada por el Presidente del Consejo con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones del presente Tratado.

Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

[19] Recuerdo : el artículo 28 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I de la República francesa (1793) determinaba : “Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las futuras generaciones.”

[20] Proceso de revisión simplificada : Art. IV-444 :

“1. Cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso.

El presente apartado no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa.

2. Cuando la Parte III disponga que el Consejo adopte leyes o leyes marco europeas por un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice a adoptar dichas leyes o leyes marco por el procedimiento legislativo ordinario.

3. Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los apartados 1 o 2 se transmitirá a los Parlamentos nacionales. En caso de oposición de un Parlamento nacional notificada en un plazo de seis meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión europea contemplada en los apartados 1 o 2. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión.

Para la adopción de las decisiones europeas contempladas en los apartados 1 y 2, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.”

[21] Leer el apasionante análisis de Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

Por el riesgo de extensión de los poderes de las instituciones de su propia iniciativa y sin el acuerdo directo de los pueblos, (ver pág.10).

[22] Proceso de ratificación para la entrada de un nuevo Estado en la UE : Art. I-58 : “Requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión a la Unión

(…)

2. Todo Estado europeo que desee ser miembro de la Unión dirigirá su solicitud al Consejo. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato. Este acuerdo deberá ser sometido a ratificación por todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.”

Estas últimas palabras sujetan el proceso de ratificación de la entrada de un nuevo miembro al derecho nacional.

En febrero de 2005, el Parlamento francés, reunido en congreso, ha cambiado la Constitución francesa para que esta ratificación sea forzosamente sometida a referéndum : artículo 2 de la ley de revisión : 1.- El título XV de la Constitución está completado por un artículo 88-5 así redactado : “Art. 88-5. – Cualquier proyecto de ley autorizando la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un Estado a la UE y a las comunidades europeas está sometido a referéndum por el Presidente de la República.”

(“está sometido” quiere decir obligatorio).

[23] Remito otra vez al excelente artículo de Laurent Masson, pág. 5 :

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[24] Exclusividad para el ejecutivo sobre la iniciativa de las leyes : Art. I-26 : “(…) 2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezca la Constitución.

[25] Asuntos exclusivos, ahí donde el ejecutivo puede legislar solo : Art. I-34 : “(…) 2. En los casos específicos previstos por la Constitución, las leyes y leyes marco europeas serán adoptadas por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, o por éste con la  participación del Parlamento Europeo, con arreglo a procedimientos legislativos especiales.”

Aparentemente, aquí tampoco, se encuentra ninguna lista de los “asuntos reservados al ejecutivo-legislador” (Montesquieu tiene que sufrir en su tumba, al ver que estas dos palabras puedan juntarse todavía), así pues, hay que ir a pescar entre las 850 páginas para encontrar los artículos que preven un proceso legislativo especial…

Aun cuando estos asuntos sean de algún modo una zona franca de control parlamentario, nos gustaría sin embargo simplemente conocer los temas de que se trata.

Como no encontraba lo que buscaba en mis 852 páginas del texto original (versión francesa, NdT), encontré las explicaciones siguientes en http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157 :

Los 21 asuntos de los cuales el Parlamento queda excluido y en los cuales el Consejo de Ministros decide solo tienen una importancia decisiva : el mercado interior, lo esencial de la política agrícola común, el arancel aduanero común, la política extrangera y de seguridad común, la política económica, la política social, los impuestos …”

Al preguntarle sobre las fuentes de esta afirmación, el autor Jean-Jacques Chavigné me dió en seguida las referencias de los artículos precisos, comentando : “Nunca encontrará escrito, explícitamente, que el Parlamento queda excluido de la decisión. Habrá que entender que queda excluido cuándo un artículo de la Constitución precise que es el Consejo quien decide y/o que simplemente se consultará al Parlamento. (JJC)”

Tremenda opacidad del texto supremo, el cual tendría que ser con todo absolutamente claro, aquí ya se entiende por qué. JJC sigue : ” He aquí los asuntos (o las partes de los asuntos) más importantes en los cuales el Consejo decide solo y el Parlamento no tiene codecisión.”

Política Extrangera y de Seguridad Común :

Art. III-295-1 : “El Consejo Europeo definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, también respecto de los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.”

Art. III-300-1 : “El Consejo adoptará por unanimidad las decisiones europeas contempladas en el presente capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada…”

El papel del Parlamento está definido en :

Art. III-304-1 : “El Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión consultará e informará al Parlamento Europeo…

2. El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión…”

Mercado interior :

Art. III-130-3 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos…”

Arancel Aduanero Común :

Art. III-151-5 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos o decisiones europeos por los que se fijan los derechos del arancel aduanero común.”

Competencia :

Art. III-163 : “El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, los reglamentos europeos para la aplicación de los principios enunciados en los artículos III-161 y III-162 (normas sobre competencia). Se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”

Política Agrícola Común :

Art. III-231-2 : “La ley o ley marco europea establecerá la organización común de mercados agrícolas…”

La expresión “Ley marco europea”, sin ninguna otra precisión, significa que se aplica el proceso legislativo ordinario, definido en el artículo III-396. Se trata entonces de una codecisión del Consejo y del Parlamento europeo. Lo cual es un avance en comparación con los tratados anteriores.

Pero :

Art. III-231-3 : “El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas…”. El Consejo decide pues solo, a propuesta de la Comisión, los precios, las ayudas, las limitaciones…

Disposiciones fiscales :

Art. III-171 : “Una ley o ley marco europea del Consejo establecerá las medidas referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, siempre que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.”

Social :
Hay que distinguir tres niveles :

Primer nivel : ámbito de codecisión :

Art. III-210-1 :

a) la mejora, en particular, del entorno de trabajo…

b) las condiciones de trabajo.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral…

i) la igualdad entre mujeres y hombres…

j) la lucha contra la exclusión social.

k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c (seguridad social y protección social de los trabajadores).

Segundo nivel : el Consejo decide sólo :

Art. III-210-3 : “…en los ámbitos contemplados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo adoptará las leyes o leyes marco europeas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo…”

c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores.

d) la protección de los trabajadores en caso de resolución del contrato laboral.

e) la información y la consulta a los trabajadores.

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio del apartado 6.

g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Tercer Nivel : la Unión (que sea sólo el Consejo o el Parlamento con el Consejo) no tiene competencia :

Art. III-210-6 : “El presente artículo no se aplicará a las retribuciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal…”

Lo cual vuelve imposible cualquier salario mínimo europeo.

Lo cual vacía de su contenido el artículo III-210-3-f

Lo cual vacía de su contenido el artículo II-88 : el derecho de huelga no podrá ser impuesto por la Unión a un Estado miembro que no lo hubiera previsto o lo quitara de su legislación. Lo cual tiene la ventaja de no imponer el “lock-out” (cierre patronal) a una legislación nacional (legislación francesa) que no lo reconociera. (JJC)

[26] Laurent Lemasson, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, titular de un doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas y encargado de curso en la Essec, “Constitution européenne: l’Europe y trouve-t-elle son compte ?”, documento que se puede leer en la página del Instituto Thomas More :http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24

[27] Sólo la Comisión puede ser derrocada por el Parlamento, en su conjunto: Art. I-26-8 : “La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo III-340. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.”,

Art. III-340 : ” (…) Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión…”

Un comisario puede ser “dimitido” por el presidente de la Comisión (él mismo elegido por el Parlamento) : Art. I-27, último apartado : “Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente…”, pero ni el Consejo de Ministros, ni tampoco el Consejo europeo son responsables ante nadie.

El Consejo nombra a los miembros de la Comisión (Art. I-27-2), sólo el Presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento (Art. I-27-1) a propuesta del Consejo europeo. El Parlamento no escoje al Presidente. El Parlamento tampoco es responsable : nadie lo puede disolver.

[28] Yves Salesse, miembro del Consejo del Estado, “Manifesto para otra Europa”, pág.36 y siguientes : ” El poder de la Comisión se ha sobrestimado. En derecho como de hecho, este poder está fundamentalmente detentado por el Consejo de Ministros. (…) La Comisión no carece de poder, pero está sujeta al primero. Está compuesta de políticos y funcionarios de los Estados que no han roto con ellos. (…) Así, no sólo el poder de la Comisión está suborninado, sino que no existe tendencia alguna a reforzarlo. Al contrario la influencia de los Estados es cada vez mayor.

Cuando pretenden haber sido sorprendidos por una decisión, están mintiendo.

El desconocimiento del poder de los Estados tiene consecuencias políticas. Exime a los gobiernos de su responsabilidad en las decisiones europeas. Son los primeros en pregonar : ” No somos nosotros, es lo de Bruselas.”

[29] Ver buenas explicaciones sobre el AGCS en la página http://www.urfig.org/ (RM Jennar).

[30] Ver el detalle de la humiliación de los parlamentarios infligida por Pascal Lamy (querían consultar los documentos preparatorios al AGCS), en el libro apasionante de Raoul Marc Jennar, “Europe, la trahison des élites”, pág.64 y siguientes, y especialmente pág.70 y 71.

Ver tambien un apasionante artículo de Jennar titulado “Combien de temps encore Pascal Lamy ?”, referente a los acuerdos AGCS y ADPIC :

http://politique.eu.org/archives/2004/04/11.html.

[31] Noëlle Lenoir, entonces ministra francesa delegada para los asuntos europeos del gobierno Raffarin, declaró : “Sólo habrá que juntar un millón de firmas en Europa para obligar a la Comisión a que entable un proceso legislativo” (Le Monde, 30 de octubre de 2003).

[32] Derecho de petición : Art. I-47-4 : “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten.”

Estámos muy lejos del referéndum de iniciativa popular suizo que presentan como señuelo para atraer a los electores.

[33] Sobre lo que se puede reprochar a la convención “Giscard”, leer el análisis de Robert Joumard, pág.13 y siguientes, ver también el de Christian Darlot. Ver también Paul Alliés “Une Constitution contre la démocratie ?”, pág.38 y siguientes.

[34] Sobre ese tema, leer la  posición de Pervenche Berès, miembro de la convención “Giscard”, por lo tanto coautora del texto, que reniega sin embargo el resultado final por haber sido tan desfigurado por los gobiernos a lo largo del año siguiente, y que finalmente llama a “Dire non pour sauver l’Europe” : http://www.ouisocialiste.net/IMG/pdf/beresMonde290904.pdf.

[35] Planning de las ratificaciones :

Países que no someten el tratado a su pueblo :

Lituania (11/12/04), Hungría (20/12/04), Italia (25/01/05), Slovenia (01/02/05), Alemania (12/05/05), Slovaquia (mayo de 2005), Chipre (mayo de 2005), Austria (primavera 2005), Bélgica (primavera 2005), Grecia (primavera 2005), Malta (julio de 2005), Suecia (diciembre de  2005 y si embargo 58% de los suecos reclaman un referéndum), Estonia (2005), Letonia (¿?).

Países que han optado por el referéndum :

España (20/02/05), Holanda (01/06/05), Francia (29/05/05), Luxemburgo (10/07/05), Dinamarca (27/09/05), Portugal (octubre de 2005), Polonia (finales de 2005), Reino Unido (primavera de 2006), República Checa (junio de 2006), Irlanda (2006).

[36] R.M. Jennar tiene razón : Tenemos que reafirmar nuestros fundamentos y recordar lo que proclamaba, el 26 de junio de 1793, el artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año I : ” Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada fracción del pueblo el más sagrado de los derechos, y el más indispensable de los deberes”. (“Europe, la trahison de élites”, pág.218).

[37] Según la famosa fórmula de Lacordaire : “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el servidor, la libertad oprime y la ley libera”.

Cualquiera puede prever lo que pasará con unos zorros libres en un gallinero libre. Los encantos de la libertad desbocada son un cuento, una impostura.

[38] Leer los análisis de la página Acrimed sobre la parcialidad de los medias en este asunto : http://www.acrimed.org/article1950.html

Leer también el artículo de Bernard Cassen en Le Monde diplomatique : “Débat truqué sur le traité constitutionnel” : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/CASSEN/11908

Traducción : Yves Ropars, María José García Ripoll.

Euro no, euro sí y viceversa. Una propuesta

FUENTE

Si la izquierda aspira a impulsar un proceso de transformación más profundo, es fundamental pensar, además, sobre qué bases económicas habría de construirse aquél, independientemente de si es dentro o fuera del euro.

Juan Barredo / Ricardo Molero

27/04/2013 – 20:21h

Hace poco más de dos años, los economistas Michel Husson, Costas Lapavitsas y Özlem Onaran comenzaron un intenso debate acerca de si la salida del euro debería convertirse en el elemento central de la estrategia de la izquierda europea para enfrentarse a la crisis. El debate se ha extendido rápidamente y los argumentos a favor y en contra de la salida de la moneda única han sido profundizados y matizados. Sin embargo, la cuestión de las propuestas alternativas a emprender, ya sea dentro o fuera de la moneda única, apenas ha sido trabajada.

La puesta en marcha del euro significó la renuncia a dos instrumentos básicos de la política económica de los Estados: las políticas monetaria y cambiaria. Existen diversas posiciones acerca de lo que esa renuncia supuso, pero parece haber cierto consenso en cuál fue la dinámica macroeconómica general que siguió a la creación de la Unión Monetaria. La generación de grandes flujos de capital desde las economías centrales de la Unión Europea hacia las periféricas impulsó la formación de burbujas especulativas en detrimento de la capacidad competitiva de la industria nacional. Esto provocó un desequilibrio comercial creciente entre las economías centrales y las periféricas y, con él, un marcado incremento de la deuda privada. La socialización de ésta por medio de rescates bancarios ha desencadenado ahora crisis de deuda pública, poniendo en duda la viabilidad del proyecto de la moneda única.

Este peligro ha llevado a algunas instituciones y gobiernos europeos a plantear diversas medidas “extraordinarias”, como la compra de deuda pública en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo; o las propuestas de emisión de “eurobonos” y de incrementar la coordinación fiscal al interior de la UE. Sin embargo, las políticas de ajuste exigidas por la “troika” para acceder a sus fondos de rescate financiero han hecho afirmar a algunos economistas que la salida del euro es la única manera de eludir las nefastas consecuencias que aquéllas están provocando. La simultánea declaración del impago de la deuda, así como la recuperación de la política monetaria y de la capacidad de devaluar la moneda harían posible, según ellos, la puesta en marcha de una política económica anti-crisis de carácter expansivo, poniendo las bases para una transformación más amplia.

Esta estrategia se enfrentaría a diversos problemas, relacionados con la dependencia exterior, tanto productiva, financiera y comercial, como monetaria, que seguiría existiendo. Además, salidas unilaterales del euro de diversos países podrían desencadenar una guerra de devaluaciones competitivas entre ellos. Todo ello ha llevado a otros autores, incluidos algunos miembros del partido griego Syriza, a cuestionar que dicha opción se pueda convertir en una solución para los problemas que afronta el sur de Europa. Frente a dicha estrategia, plantean la necesidad de una unión de las izquierdas europeas en torno a un programa de reivindicaciones compartidas que, según Onaran, podría incluir la resistencia contra las políticas de austeridad; una reforma del sistema fiscal progresiva; el establecimiento de controles de capital; la nacionalización y control democrático de los bancos; así como la auditoría ciudadana y, con ella, el impago de la parte ilegítima de la deuda.

Es cierto que la tarea más urgente que tiene la izquierda europea es frenar en seco la ultra-regresiva estrategia de salida de la crisis impuesta por la troika y nuestros gobiernos. Sin embargo, si la izquierda aspira, de verdad, como debería, a impulsar un proceso de transformación más profundo, es fundamental pensar, además, sobre qué bases económicas habría de construirse aquél, independientemente de si es dentro o fuera del euro. En este sentido, Armando Fernández Steinko afirma acertadamente que “[l]o principal es cómo, con qué y con quién crear una estructura económica y laboral con capacidad de financiar de forma perdurable un orden político y social justo, democrático y sostenible”.

Para lograrlo se podría tomar como referencia la propuesta de creación de un sistema monetario tendente a promover relaciones equilibradas entre países, hecha en 1944 por John M. Keynes. El economista inglés pensaba que las economías superavitarias eran igual de responsables de los desequilibrios comerciales internacionales que las deficitarias. Por ello, creía necesario que se adoptasen mecanismos que supusiesen la corresponsabilización de las primeras en la corrección de los saldos negativos de las segundas. Es decir, una concepción opuesta a la de los planes de ajuste impuestos por el FMI en África y América Latina para enfrentar la crisis de la deuda de los años ochenta, y también a aquélla con la que ahora se tratan de justificar las medidas exigidas por la troika a la periferia de Europa, medidas que están comenzando a generar aquí las mismas “décadas pérdidas” sufridas antes allí.

Para evitar desequilibrios y posteriores ajustes como los que han acompañado a esas diferentes crisis, Keynes proponía, en primer lugar, la creación de una moneda internacional cuya oferta se pudiese ampliar o reducir con el objetivo de estimular el crecimiento; en segundo lugar, la puesta en marcha de una cámara internacional de pagos donde las operaciones comerciales de cada país se compensasen por su importe total; y, finalmente, el establecimiento de un mecanismo de reequilibrio interno (basado en el cobro de intereses sobre los saldos que cada país mantuviese en la cámara por encima de una cuota máxima) para asegurar que todos los países desarrollasen una balanza comercial equilibrada.

A pesar de que la propuesta puede parecer técnicamente compleja, en realidad podría adoptarse sin ningún problema si existe voluntad de ello. Así lo hicieron los países de la ALBA, que desde 2009 han dado forma a un Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos ( SUCRE). Siguiendo los principios del “Plan Keynes”, estos países han introducido una novedad fundamental en la propuesta: la creación de un “Fondo de reservas y convergencia comercial” que irá captando los saldos comerciales de las economías superavitarias que superen un máximo para reinvertirlos en proyectos productivos en los países deficitarios, promoviendo así una convergencia económica real. Aunque lentamente, este sistema ha avanzado durante los últimos años, mostrando que es posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste en la de la cooperación, la redistribución y la complementariedad.

Un proceso de integración como el presentado permitiría a los países del sur de Europa dar respuesta a algunos de los problemas más importantes que una salida unilateral del euro plantea, entre ellos, reducir las dependencias productiva, comercial, financiera y monetaria externas y evitar las devaluaciones competitivas. Lo podría hacer, además, promoviendo la expansión económica, en vez de la austeridad, como solución a la crisis. Más aún, si el sistema propuesto se viese acompañado por medidas de control democrático de la economía (como la socialización del aparato financiero y la recuperación de sus sectores estratégicos) también podría convertirse en una herramienta para alterar la estructura productiva y los principios de organización económica de los países que formasen parte de él.

Para poder impulsar cambios tan profundos haría falta, claro, la formación de sujetos políticos suficientemente fuertes, así como una coordinación de las luchas de la izquierda europea. Ambas realidades parecen muy lejanas actualmente. Sin embargo, esto no invalida la necesidad de dar forma a lo que sería la base económica de una alternativa política. No en vano, la necesidad de ponerla en marcha podría sobrevenir si uno o más países se enfrentasen de manera abierta a las políticas de austeridad impuestas en respuesta a la crisis de la deuda y se viesen obligados, o decidiesen, abandonar la moneda única. No obstante, más allá del potencial transformador para los países de la zona euro, este proyecto no debiera limitarse a una dimensión continental. De hecho, sólo sobre la base de un proyecto de carácter realmente internacionalista y cooperativo sería posible empezar a pensar en un proceso de transformación social perdurable en el tiempo.

La recapitalización de la banca con dinero público cuesta de momento 1,4 billones de Euros.

FUENTE

25 abril 2013

Rescate sin crédito

1,4 billones de euros. Esta es la cantidad de dinero que el estado español y el Banco Central Europeo han empleado en rescatar a la banca española. Un exhaustivo análisis del economista Carlos Sánchez Mato a partir de datos del Banco de España, FROB, Tesoro, FGD, FAAF, SAREB Y BCE, nos propoporciona esta escandalosa cifra. De ese importe, poco más del 6% son medidas de capitalización mientras que el 94% restante corresponden a medidas de liquidez o facilitación de la misma.

 

 

Mientras, los bancos siguen sin soltar un euro para familias y PYMES. Según datos del Informe de Estabilidad Financiera, elaborado por el Banco de España, el crédito al sector privado sigue dando muestras de contracción. En junio de 2012, en relación con el mismo periodo del año anterior, se redujo en un 4,7% el crédito al sector privado residente en los negocios en España (gráfico 2.1.A, página 22).

 

 

Además, los últimos datos disponibles muestran que esta tendencia persiste, al registrarse una tasa de variación interanual negativa del 5,5% en agosto de 2012. La contracción del crédito, aunque se mantienen diferencias en su intensidad, es generalizada entre entidades (gráfico 2.1.B, página 21).

 

 

Con estos datos, no nos debe extrañar que el Foro Económico Mundial sitúe a España en el puesto 122 de un total de 144 países en acceso al crédito en su Informe de Competitividad Global (página 327), convirtiéndose éste en el factor más problemático para crear un negocio en España (página 326).