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Sin audiencia, no hay influencia social

RTVV y el servicio público: el fracaso del modelo de control partidista

GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA*. Hoy “Sin audiencia, no hay influencia social, por mucho que se controle férreamente lo que se dice. ¿Qué más da que el partido político de turno tenga el control del mensaje, si nadie lo escucha?”

VALENCIA. Tras sucesivos retrasos, motivados por múltiples razones (la última, la “espantà” del director general, José López Jaraba), esta semana hemos vivido el comienzo de uno de los EREs más duros, y probablemente el más masivo, de todos los que espera ejecutar el Consell en las empresas públicas valencianas: el de la radiotelevisión pública, RTVV, que afectará a casi 1200 personas (en torno al 75% de la plantilla).

El ERE ha comenzado por los trabajadores de la radio pública, Ràdio 9. Un frío email les anunció su despido a los afectados, muchos de los cuales obtuvieron su puesto por oposición; algunos, desde la fundación de la cadena. El ERE ha afectado en particular a los lingüistas y al equipo técnico, así como a los encargados de los programas magazine de la mañana y de la tarde. Ha preservado a la mayoría de la redacción de Deportes y a una parte sustancial de Informativos.

Un ERE político

Una revisión somera al listado de afectados por el ERE en Ràdio 9 pone de manifiesto una evidencia: con independencia de los demás criterios que haya podido tener en cuenta la dirección para seleccionar a los trabajadores afectados, el criterio principal, ante todo y por encima de todo, ha sido político. Es decir: se ha buscado preservar a trabajadores afines al partido gobernante. Y se ha castigado, en inevitable correspondencia, a los más díscolos desde este punto de vista.

Cabe preguntarse, en consecuencia, por la verdadera naturaleza del ERE (y de lo que está por venir en Televisió Valenciana): ¿se intenta racionalizar el gasto y adelgazar una estructura que, sin duda, se encontraba hipertrofiada? Eso parece. La cuestión es cómo se ha hecho. No parece que hayan primado los criterios profesionales. Bien al contrario, parece que el ERE se ha convertido en un “sálvese quien pueda”, en el que se han salvado, fundamentalmente, los que contaban con más predicamento entre los encargados de ejecutar los despidos y sus mentores políticos.

Si el objetivo de este ERE hubiese sido racionalizar el gasto y reconvertir el ente público en una empresa competitiva, cabría suponer que la primera medida que era necesario adoptar habría sido despedir a los ineptos directivos que han gestionado RTVV todos estos años, llevándola a la ruina y al hundimiento de audiencia.

A la ruina, a base de contratar trabajadores, pero también de gastar desaforadamente en contenidos y proyectos absurdos, y también a base de encargar a productoras externas trabajos que podrían haber desarrollado los trabajadores recién contratados; y hacia la irrelevancia en términos de audiencia (por debajo del 5% en la televisión; con un descenso del 58% respecto de la anterior oleada del EGM, en la radio) a fuerza de erosionar sistemáticamente la credibilidad informativa de los medios públicos, irremisiblemente apegados al poder político que en ellos ordena y manda.

Cualquier pretensión que pudiera tener el Consell de convencernos de que realmente querían “arreglar” RTVV con el cambio de modelo ha quedado definitivamente evaporada. A menos que por “arreglo” entendamos “echar a todos los que nos molestan para hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora”.

Porque el diseño de la nueva RTVV es la de un organismo con los mismos directivos que hundieron el anterior, pero con muchos menos trabajadores; con una nómina de trabajadores enormemente cohesionada en lo “fundamental” (la afinidad ideológica), pero indudablemente descompensada, y cuyo principal objetivo será continuar por la misma senda de la manipulación informativa. Es decir: a años luz de distancia de lo que debería ser el servicio público de una televisión autonómica, con énfasis en la lengua propia y en la vertebración del territorio.

Unas funciones que RTVV cumplía sólo en parte, a duras penas y a pesar del desinterés de la directiva, y que probablemente ahora queden aún más arrinconadas. Después de todo… ¿qué razón habría para suponer que ahora las cosas serán distintas, si el modelo es el mismo, e incluso peor? Un modelo de gestión de medios públicos que tiene muy poco que ver con la gestión privada, si por tal entendemos “eficacia en la gestión de los recursos”. Un modelo que, más que creer en lo público, evidencia su afán por expoliar lo público, hasta conducirlo a su destrucción.

Medios públicos para influir o para controlar

Los medios públicos han estado siempre relacionados, en España, con un modelo de control gubernamental (con diversos grados de intervencionismo) que emana directamente de la Transición política española, y en concreto del uso que hizo el partido gobernante (UCD) de Televisión Española como un instrumento fundamental de difusión y refrendo públicos de sus propuestas políticas. Ese modelo es heredado por sucesivos Gobiernos en España y es, también, el que hace fortuna en la gran mayoría de televisiones autonómicas. También, por desgracia, en RTVV. En la época socialista y en los gobiernos del PP.

Sin embargo, este modelo, pensado para situaciones históricas, sociales y, sobre todo, mediáticas, muy distintas a la actual, probablemente resulte ahora ineficaz o incluso contraproducente. La TVE de los años 70 y 80 carece de competencia, y agrupa audiencias superiores a los 15 millones de personas. Las radiotelevisiones autonómicas de los años 90 son casi la única forma de acercarse a la información de proximidad. De manera que el telespectador, le guste o no, no tenía más remedio que “pasar por el aro”, e incluso aunque fuese muy consciente (que lo era) de que la televisión pública estaba, en lo sustancial (los informativos), al servicio del Gobierno, era difícil sustraerse totalmente a su influjo. A su capacidad para filtrar, interpretar, e incluso elaborar, una determinada realidad para los ojos del público.

Sin embargo, este sistema de medios públicos basado en el control ha ido perdiendo, lenta pero inexorablemente, vigencia entre los ciudadanos. En primer lugar, porque el panorama audiovisual es muy distinto al de entonces. La audiencia se ha disgregado más y más. Todas las televisiones pierden audiencia, por la sencilla razón de que hay que repartir entre más. Y, en segundo lugar, porque el público también se ha cansado. La credibilidad de un medio, la capacidad de aguante del público, no son inagotables. Y los informativos de Ràdio 9 y de Televisió Valenciana agotaron su crédito hace muchísimo tiempo. Y, sin audiencia, no hay influencia social, por mucho que se controle férreamente lo que se dice. ¿Qué más da que el partido político de turno tenga el control del mensaje, si nadie lo escucha?

Este cambio fundamental fue bien entendido en su momento por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en una de las pocas medidas inequívocamente positivas de su gestión, consiguió despolitizar parcialmente RTVE. Lo cual no significó, en absoluto, que RTVE fuese totalmente imparcial. Pero sí que su visión de las cosas, aunque afín, en efecto, al PSOE, lo era mucho más sutilmente. Primando la calidad de los contenidos, su capacidad para influir transversalmente (a través no sólo de los informativos, sino también empleando los programas de ficción y entretenimiento), sobre el control sectario. Y con muy buenos resultados. Mejores, en todo caso, que los del actual modelo del PP (el modelo de siempre; el mismo que el de RTVV): a más control, menos audiencia.

#prayfor… El fin del mundo maya

Si usted está leyendo este artículo, lo más normal es que el fin del mundo no se haya producido. Esperemos, en todo caso, que no lo esté leyendo en un escenario postapocalíptico, recluido en una cueva tras sobrevivir al fin del mundo (que eso sí que tendría mérito: ¡sobreviví al fin del mundo, y también lo hizo mi conexión a Internet!). Los mayas, su profecía, han fracasado. A la espera de que aparezca su próximo sustituto milenarista, o un oportuno meteorito, o cualquier otra catástrofe que sirva para entretenernos durante un tiempo, lo que está claro es que la credibilidad de los mayas se halla bajo mínimos.

El sufrido pueblo maya afronta la recta final de 2012 con una merma en su credibilidad sólo comparable con la de… Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno español, también especialista en pronosticar acciones futuras que luego no se llevan a cabo. O, más bien, lo contrario. En prometer no adoptar decisiones que después sí que se llevan a cabo. Pero Rajoy, a diferencia de los mayas, tiene aún cuerda para rato. Entre otras razones, porque sus antecesores, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, tampoco es que anden muy sobrados en materia de cumplir promesas. Hemos salido de las profecías de Nostradamus y el brote verde para caer en los mayas de “no subiré el IVA”.

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Guillermo López García es profesor titular de Periodismo de la Universitat de València. @GuillermoLPD

El Gobierno limita el sueldo base de los directivos de empresas públicas estatales a 105.000 euros

Fuente.

  • El número de consejeros de las empresas públicas será como máximo de 15
  • El sueldo de los directivos dependerá del tamaño de la empresa pública
  • El Gobierno espera un ahorro de entre el 25% y el 35%, aunque no lo cuantifica

PEDRO LÓPEZ MANJÓN – MADRID 17.02.2012

El Gobierno ha aprobado un Real-Decreto por el que limita a 105.000 euros anuales como máximo el sueldo base de los directivos de las mayores empresas públicas estatales, lo que implica una bajada media de entre el 25 y el 30% en sus retribuciones, una cifra que “podría llegar a ser del 35% en las empresas más pequeñas”.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no ha querido cifrar el ahorro hasta que no se lleve a cabo la reestructuración de los diferentes consejos de administración, que no podrán tener más de 15 miembros en ningún caso.

 

Los directivos a los que se limita el sueldo base tendrán un complemento de puesto, de responsabilidad, y cobrarán una cantidad variable ligada al cumplimiento de los objetivos de cada empresa, pero no retribuciones en especie. La ministra de la Presidencia ha defendido la adopción de estas medidas, entre otros, por un criterio de transparencia, ya que “antes los ciudadanos no podían conocer las retribuciones de los directivos del Sector Público”.

Retribuciones en función del tamaño de la empresa

Esos 105.000 euros de retribución base son para los directivos de las grandes empresas, pero los directivos de empresas medianas cobrarán como límite 80.000 euros al año; y las de menor dimensión, 55.000 euros anuales.

Sobre este punto, la vicepresidenta ha puesto tres ejemplos: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde la retribución fija es de 200.600 euros anuales, cuya bajada será de un 27%; Navantia, donde el sueldo del consejero delegado será un 28% menor; y Hunosa, donde cobrará un 23% menos.

Son retribuciones inferiores a las del sector privado, pero entendemos que son razonables”, ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha señalado que el Ejecutivo ha tenido muy presente que, al tratarse de empresas públicas, es dinero de todos. La portavoz del Gobierno ha querido destacar que “solo en dietas se ahorrará un millón de euros”.

Cobro de variables por objetivos

De esta manera se homologan los sueldos de los directivos de empresas estatales y se equiparan con los de los subsecretarios generales de los Ministerios, según ha afirmado la portavoz del Ejecutivo

Sáenz de Santamaría ha señalado que los directivos contarán con un complemento de puesto o responsabilidad -“no es lo mismo el presidente que un directivo”-, con un límite que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además tendrán derecho a una retribución variable, “pero no retribuciones en especie a mayores, como el pago de la vivienda, los planes de pensiones, manutención o seguros”.

“Hoy por hoy los directivos de las empresas públicas están cobrando variables, no siempre vinculados a los resultados de la entidad. Ahora los vinculamos a objetivos muy estrictos y topar el límite en su conjunto”, ha afirmado Sáenz de Santamaría, que también ha anunciado la reducción del número de miembros de los consejos de administración.

Consejos de Administración más pequeños

Además, se espera se suprimirán “un centenar de consejeros” del sector público empresarial ya que se limita a 15 el número de miembros que puede tener un Consejo de Administración para las empresas más grandes. Para las empresas de tamaño mediano, el límite será de 12 y para las más pequeñas, de nueve.

Sáenz de Santamaría ha puesto un ejemplo: “Tragsa, que tiene 22 miembros en el consejo de administración, si se considerara como una empresa grande solo podrá tener 15”.

Las entidades públicas se clasificarán en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad, se especifica en la reseña del Consejo de Ministros.

Todas estas medidas, las del número de consejeros como su retribución, serán de obligado cumplimiento para el ámbito estatal, pero no para comunidades autónomas y corporaciones locales, donde se intentarán impulsar medidas similares

ESCÁNDALOS DE LA ERA ZAPLANA

¿OTRO CASO QUE ACABARÁ EN EL LIMBO JURÍDICO?

ESCÁNDALOS DE LA ERA ZAPLANA
El ‘caso Ivex’ se reabre mientras el de Terra Mítica espera un informe
La Audiencia pide que declare Julio Iglesias y aclare los pagos y servicios
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 02/08/2010

El paso de Francisco Camps por la presidencia autonómica está marcado, sin duda, por importantísimos escándalos dentro del PP, incluido el que afecta a su propia persona, que la Justicia trata de depurar. Pero tampoco estuvo exento de ellos el mandato de Eduardo Zaplana. Varios siguen vivos judicialmente: el caso Fabra; el caso Ivex (Instituto Valenciano de la Exportación), que acaba de ordenar reabrir la Audiencia de Valencia, y el caso Terra Mítica, que lleva más de un año sin decisiones significativas, tras cinco de instrucción.
Eduardo Zaplana no ha tenido, de momento, que sentarse en el banquillo, como previsiblemente tendrá que hacerlo en los próximos meses su sustituto, Francisco Camps. Pero dejó como herencia escándalos de corrupción que afectaron a empresas públicas, a dinero público, a cargos públicos, y que aún hoy están en manos de los jueces….

… El caso Terra Mítica, que lleva ya cinco años de investigación judicial, se ha convertido en un auténtico enjambre de recursos, muchos de ellos pendientes de resolver, está en punto muerto. Desde hace más de un año se espera el informe del perito de Hacienda sobre la documentación que supuestamente acredita lo que se pagó y los servicios por los que se pagaron. En esa documentación está la esencia de la causa: la maraña de facturas falsas que sirvió para un fraude de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático de Benidorm, una de las obras emblema de Eduardo Zaplana en la localidad de la que fue alcalde.
La elección de ese perito ya fue difícil. Una vez seleccionado, pidió un plazo más largo para poder analizarlo todo y dijo en mayo del pasado año que en ningún caso tendría su informe antes dos meses, es decir, julio de 2009. El informe aún no está. Entre tanto, solicitó incluso más información a Hacienda. ¿Qué sentido tendrá el análisis? Dudoso, porque el delito principal, el que dio origen a la misma, se ha dado por prescrito. Es decir, que cinco años después de que se iniciara una de las más complejas investigaciones y uno de los más graves escándalos de corrupción, los delitos de falsedad y fiscal han desaparecido porque el tiempo ha pasado sin tomar decisión alguna.
El caso Terra Mítica está en punto muerto desde hace meses. Pero mantiene imputados, salvo escasas variaciones, incluido el fallecimiento de uno de ellos, a todos lo que lo estuvieron desde el principio. El juez sacó del catálogo de delitos en marzo el fiscal. El perito no ha entregado aún informe alguno. Los recursos contra el archivo precisamente de la desaparición por prescripción de la imputación por delito fiscal (presentados por todas las acusaciones) tampoco se han resuelto. Y, más aún, el juez tiene pendiente una decisión trascendental, pero desde el año pasado: decidir si le afecta a su jurisdicción penal una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Lo Contencioso-administrativo, que anula toda la causa por no haber cumplido Hacienda desde el principio con el trámite de dar oportunidad a los implicados en el supuesto fraude de explicar las supuestas irregularidades en su liquidación de impuestos de IVA y de Sociedades por servicios realizados a Terra Mítica. Eso no está resuelto, pero el juez ha acordado comisiones rogatorias a Andorra, Suiza y Alemania para averiguar movimientos de dinero de varios de los imputados. Y, además, ha acordado que se sumara a la causa la información que tenía otro juzgado de la querella que presentó Eduardo Zaplana contra dos empresarios imputados en la causa que se reunieron con dos diputados autonómicos socialistas, que grabaron la conversación, a los que les dijeron que parte de las comisiones que se pagaban en la construcción del parque iban a parar al ex presidente. Más aún, una de las cuestiones centrales no se ha resuelto pero Hacienda, el pasado mayo, decidió embargar preventivamente la devolución de dos declaraciones de renta al que se considera principal cerebro de la trama: Vicente Conesa, amigo de Zaplana.

Diez nuevos imputados por facturas falsas en Terra Mítica
Levante-emv. 2 Marzo 2010
El juez cita a declarar a los administradores de otras tres empresas por un fraude de 2,4 millones en la facturación de 2002, 2003 y 2004

El caso de las facturas falsas en Terra Mítica se reaviva con la imputación de otros 10 empresarios y tres nuevas empresas por defraudar a Hacienda. El juez cita a declarar a los administradores de otras tres empresas por un fraude de 2,4 millones en la facturación de 2002, 2003 y 2004

CASO TERRA MÍTICA

El juez pone el ‘caso Terra Mítica’ al borde de un archivo definitivo
Considera que el fraude fiscal que denunció la Agencia Tributaria ha prescrito
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 12/01/2010
El caso Terra Mítica se mantiene abierto sin la parte esencial que dio lugar a la investigación judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia dictó ayer un auto por el que archiva el delito fiscal. Es decir, el fraude fiscal que detectó la Agencia Tributaria a través de facturas falsas por un importe de más de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001 en relación con trabajos realizados para el parque temático Terra Mítica ha desaparecido del sumario. ¿Por qué? Porque el juez considera que ha prescrito.

Calendario del ‘caso Terra Mítica’

El juez anula el delito fiscal en el caso de las facturas falsas en Terra Mítica

La causa sigue abierta por estafa, falsificación de documentos, malversación y blanqueo
LEVANTE-EMV.12 Ene 2010
El juez del caso Terra Mítica ha anulado las actuaciones desde el 2 de mayo de 2006, ‘relativas al delito fiscal’ y devuelve a Hacienda “la totalidad del expediente administrativo”.

El juez ordena revisar las facturas de Terra Mítica al perito que pidió ser relevado del caso
El técnico había alegado que tiene vínculos familiares en Hacienda y podían acusarle de no ser imparcial en su trabajo
G. ALEMÁN VALENCIA.Las Provincias. 22 julio 2009

El juez del «caso Terra Mítica» asume la segunda trama de facturas

El caso Terra Mítica roza el carpetazo
Un error de la Agencia Tributaria por no dar audiencia a tres imputados provoca que el TSJ anule las diligencias efectuadas desde 2006, cuando comenzó la investigación de la trama
LAS PROVINCIAS. 04.03.09 –

El agujero de Terra Mítica: debe casi 25 millones de euros a la Generalitat
“Se manipularon facturas para elevar el precio de los trabajos”, afirmaron, Bancaja y CAM.

Cerró el ejercicio de 2008 con pérdidas de 15 millones.El agujero de Terra Mítica: debe casi 25 millones de euros a la Generalitat, el polémico parque temático de Benidorm financiado casi en exclusiva por la Generalitat valenciana

La Fiscalía pide que se investiguen tres transferencias bancarias a Alemania vinculadas a Terra Mítica
El importe global de los abonos asciende a 268.000 euros, se efectuaron en 2001 y estarían relacionados con obras de jardineríaEl importe global de los abonos asciende a 268.000 euros, se efectuaron en 2001 y estarían relacionados con obras de jardinería
G. ALEMÁN/ VALENCIA. LAS PROVINCIAS. Lunes, 4 de julio 2008.Alicante

Empleados de Terra Mítica desvelan que las obras no se correspondían con la facturación
Diario Información.02 de julio de 2008
Sólo dos de los seis obreros interrogados por el juez reconocieron haber trabajado en el parque entre una y dos semanas pese a que la empresa facturó más de un millón de euros en labores de jardinería

La Tesorería General concluye que 13 firmas falsas cobraron a Terra Mítica
La Seguridad Social confirma al juez la investigación policial sobre la trama de empresas
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 03/04/2007

El juez llama a declarar al director general de Terra Mítica por la trama de facturas
También cita a los responsables de las gerencias del parque que participaron en las obras
LAS PROVINCIAS. Martes, 18 de julio de 2006

REVELACIONES DEL SUMARIO DEL FRAUDE MILLONARIO EN TERRA MÍTICA”
Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas”
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 05/09/2006

La antigua cúpula de Terra Mítica, ante el juez
Cuatro ex directivos del parque vuelven a declarar esta semana como imputados por varios delitos
Los cuatro máximos ex directivos de Terra Mítica comparecerán esta semana en el juzgado como imputados en una supuesta trama de fraude fiscal. Miguel Navarro, Luis Esteban, Miguel Izquierdo y Antonio Rincón, que se exculparon en sus anteriores declaraciones, podrían ser acusados ahora por el parque de autores de una estafa.
LAS PROVINCIAS. 26 de junio de 2006. G. ALEMÁN/ VALENCIA

Terra Mítica, Zaplana retira la acusación contra los empresarios que le vincularon con un cobro de comisiones
SE DA A ENTENDER QUE COBRABA COMISIONES
Una denuncia del PSOE relaciona el fraude de Terra Mítica con Zaplana y éste anuncia que se querellará
§ Según las grabaciones, Zaplana participaba en el cobro de comisiones
§ ‘El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana’

Europa, programa de urgencia frente a la crisis

viernes, 22 de junio de 2012

Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis?

por Damien Millet, Eric Toussaint,

De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de la protección social, retroceso de la edad de jubilación…. El coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte, agua, salud, educación…). El recurso a subidas de impuestos indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas. Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger los intereses de los poseedores de capitales.
La austeridad agrava claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad presupuestaria da su fórmula de triple A.

Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado |1|. Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que planteamos para esta lógica diferente.

La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racial, patriarcal…) y promover los bienes comunes.

Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.

1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis

Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad.

2.- Anular la deuda pública ilegítima

La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda.
En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país |2|. Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013! |3| Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte.

¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de Europa.

Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para tal acción soberana unilateral |4|.
La auditoría debe también permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o medias.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.

En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda alemana estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. |5| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda… Las pistas alternativas no faltan.

3.- Por una justa redistribución de la riqueza

Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.

Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal.2 El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%) |6|, el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar…), particularmente por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.

4.- Luchar contra los paraísos fiscales

Las diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo.

El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los culpables fuertemente sancionados.

5.- Meter en cintura a los mercados financieros

La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas, sobre los alimentos. |7| Las ventas a descubierto |8| y los Credit Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia.

El sector de las agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño.
A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales.

6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público

A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del juego agrava el problema.

Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías por parte del estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.

Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control ciudadano.

En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la nacionalización del Irish Allied Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la población.

La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada.

Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio inmediato, han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por reparto.

7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980

Una característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las viviendas.

8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social

Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación.

Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la creación cultural.

Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto.

9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la destrucción medioambiental.

Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad.

Hay que definir con toda urgencia una política transparente de empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.

10. Cuestionar el Euro

El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos divide.

11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad

Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente.

Hay que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a la inversa.

Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.

Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos.

Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución “hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables, lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente.

Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.

Traducido por Alberto Nadal.

Notas

|1| Christiane Marty, « Impacto de la crisis y la austeridad sobre las mujeres ».
|2| Denunciamos la campaña de desinformación sobre la deuda griega y el plan de rescate de los acreedores privados
|3| Ver Reuters, http://www.reuters.com/article/2012…
|4| Algunos fundamentos jurídicos para suspender el pago de deudas públicas
|5| Éric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, Viejo Topo, Barcelona, 2006, capitulo 4
|6| Pensemos en Irlanda que practica una tasa de solo el 12,5% sobre los beneficios de las sociedades. En Francia, la tasa real de imposición de las empresas del CAC 40 no es más que del 8%…
|7| Éric Toussaint, La Crisis Global, Viejo Topo, Bercelona, capitulo 4.
|8| Las ventas a descubierto permiten especular sobre la bajada de un título vendiendo a plazo ese título cuando ni siquiera se dispone de él. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas a descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se han opuesto a esta medida.

Damien Millet (profesor de matemáticas y portavoz del CADTM France) y Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Belgique, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, publicado en Icaria-Antrazyt, que recibió el Premio del libro político en la Feria del Libro Político de Lieja en 2011. Último libro publicado: Damien Millet et Éric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.

FINACIANDO LA BANCA Y VENDIENDO EL PAIS

per Juan Antonio Alejo

Los acontecimientos están transcurriendo uno tras otro, hoy hay otra nueva noticia bastante desgarradora, suficiente como para haberle dedicado otra entrada, el único que se ha opuesto ha sido el primer Ministro británico David Cameron y es la referente al déficit en la que cualquier país miembro de la UE cuyo déficit sobrepase el 0,5% será fuertemente sancionado, la norma va a dejar a la mayoría de los países sin instituciones públicas pues tendrán que venderlas para no sobrepasar el 0,5%% e impedirá que levanten cabeza. El problema está en que una vez vendidas, en cuanto vuelva a subirles el déficit ya no les quedará nada para vender.

Por otra parte, las instituciones de los países podrían ser sostenibles, no debería de haber déficit. Para ello la clase política de los distintos países de la UE deberían dejar de robar y de derrochar el dinero de los contribuyentes, pero como no están dispuestos a sacrificar sus privilegios, osea a dejar de robar al pueblo, pues pasan por encima de nosotros vendiéndonos a los mercados.

DOS 2O-N NADA DEMOCRATICOS

LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES

Pocos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se procedía a coronar, según la propialegalidaddel Régimen fascista (la Ley de Sucesión de 1947) y los mismos designios del Caudillo, a Juan Carlos de Borbón como Rey de España y Jefe del Estado.

Todo este proceso fue tutelado desde el primer instante por determinados elementos afectos al régimen (el ejército, sectores del Movimiento nacional, etc.), que se presentaban ante el nuevo monarca y ante el pueblo español como artífices de la ”pacífica y natural” transición a la democracia parlamentaria.

De esta forma, aquellos que en el día de ayer gritaban vivas al dictador y se declaraban seguidores del ”Centinela de occidente con la tierra aún empapada de sangre de los últimos fusilados, serían los encargados de diseñar hasta en el aspecto más nimio el nuevo sistema de dominación, contando con la complicidad activa de las diferentes fuerzas políticas de la oligarquía, y con las principales fuerzas populares arrodilladas y sumisas.

Hoy, 36 años después, seguimos padeciendo las consecuencias de los acontecimientos acaecidos aquellos años: la ausencia democrática y un estado a los pies de la oligarquía. Desde la muerte del dictador fascista hasta el día de hoy los mayores beneficiados han sido los grandes empresarios. Ya que mediante el incentivo a la empresa privada y la privatización de las empresas públicas se ha perpetuado el expolio de la clase trabajadora en el Estado español y de los países menos desarrollados.

Constantemente vemos como desarrollan una fatal y paulatina privatización de los servicios públicosa la par que suben los precios por encima de los salarios. La crisis del capitalismo está suponiendo pérdida de derechos para la clase trabajadora por una cuestión muy simple, falta Unidad de Acción. Las grandes centrales sindicales están al servicio del Estado, por eso debemos organizarnos desde la base.

Prueba de ello ha sido el movimiento 15M el cual ha demostrado que la Unión es posible. Pero una unión sin condiciones y sin ideología no lleva a ninguna parte. Somos trabajadores y no vamos a aguantar más. El paro de desahucios, las huelgas educativas, la conquista de las plazas y calles pese a las prohibiciones, y el resto de conflictos son una muestra de que la unidad hace la fuerza y podemos vencer. Pero tenemos que identificar claramente a nuestros enemigos.

Nuestros enemigos son los partidos políticos y organizaciones burguesas, ya sea en su rama más parlamentaria o en su desarrollo más fascista. Con la excusa de la crisis tratan de aumentar la xenofobia para dividirnos entre nativos y migrantes, cuando pertenecemos a la misma clase social y tenemos los mismos problemas. Las pasadas elecciones municipales demuestran que hay que volver a crear un Frente amplio en la lucha contra el fascismo y el capitalismopara frenar ese brote xenófobo y fascista. El espíritu de unidad de 1936 debe recuperarse. Sigue habiendo dos Españas, la rica y la pobre.

Este 20N es distinto a los pasados años porque se convocan elecciones. Hemos entrado de nuevo en el circo electoral que monta el Estado para hacernos pensar que por meter un papel en urna somos libres y tenemos decisión. La realidad es que las grandes empresas y la Banca, lo que popularmente se llama en estos días <<Los Mercados>> y que no es otra cosa que el Capital, es quien decide realmente las reglas del juego. Por eso tenemos que romper la baraja.

No importa lo que salga el 20 de Noviembre de las urnas, porque no saldrá la opción que defienda al conjunto de la sociedad sino la que vele por los intereses de <<Los Mercados>>. Debemos organizarnos, debemos potenciar y solidificar las asambleas, plataformas y coordinadoras que ya tenemos. Debemos dotarnos de un desarrollo ideológico y un discurso propio enfrentado al de los medios de comunicación capitalistas. Nuestra voz tiene que oírse porque tienen que conocer nuestras exigenciasporque deben saber que conquistaremos nosotros mismos nuestros Derechos.

Continuaremos frenando al fascismo, avanzaremos derrocando el Capitalismo.

Unidad, Organización y Lucha.

En el 75 aniversario de su defensa, Madrid será la tumba del Fascismo.

No pasarán.

Coordinadora Antifascista de Madrid