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10 cosas que estarán prohibidas

FUENTE

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

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El Ministerio de Cultura, censurara el contenido de las webs

viernes, 9 de noviembre de 2012

Breves notas sobre el Real Decreto Ley para modificar la LPI

Piratas de Cataluña ha puesto a disposición del público un documento (pdf) que contiene lo que el Gobierno pretende aprobar como reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Asumiendo la autenticidad del mismo, y no veo razón para desconfiar de quien lo publica, es bueno llamar la atención, aunque sea brevemente, sobre su contenido, ya que la voluntad de aprobarlo por Real Decreto-Ley indica que la aprobación puede ser inminente, es decir que puede ir, sin ningún debate ni análisis por Diputados y Senadores, el próximo consejo de Ministros y entrar en vigor de manera inmediata.
Por eso, antes de que se convierta en hechos consumados viene bien saber qué suponen los aspectos más relevantes para los usuarios sus contenidos y en su caso protestar contra esta regulación.
Lo que si deja claro es que la redacción es muy propia de los sectores más próximos a la industria puesto que las “matizaciones” que se hacen al texto actual son aquellas de los discursos doctrinales que se han venido repitiendo durante años frente al literal de la norma.

Sobre el procedimiento de modificación de la Ley por Real Decreto-Ley, recordemos que este procedimiento se reserva para casos absolutamente excepcionales, aunque el gobierno, con mayoría absoluta en el Congreso, le ha cogido un gusto que practicamente hace que las Cámaras estén reducidas a una mera comparsa.

Entiendo que los primeros afectados pidan la nulidad por no reunir los requisitos legales para la aprobación de leyes mediante este instrumento.
Hay que denunciar, especialmente los partidos del Congreso, el abuso de acudir continuamente a leyes EXCEPCIONALES so pena de que los ciudadanos sigamos cuestionando su propia función, y sentir que no vivimos en una democracia representativa real, sino en una sistema presidencialista autoritario.
Para parar los desahucios se crean comisiones entre los grupos parlamentarios, para esto por via urgente,,, y saben, prioridades…
Canon digital, poco que añadir a la situación actual, puesto que ya se debería de estar pagando de los presupuestos generales del estado. Si antes era indiscriminado, porque lo pagaba todo el que compraba un equipo o soporte, ahora se ve que el que lo pague todo el mundo no lo es (vivir para ver).
Copia Privada, como desde las entidades de gestión se defendía que la copia privada era sólo aquella que se hacía del original y el texto legal ponía que de aquella accedida legalmente (lo que incluía la copia de la copia privada) pues ahora matizan que:
Se entenderá que se ha accedido legalmente a la obra divulgada en los siguientes supuestos:
1- Cuando se realice la reproducción a partir del soporte original de la copia de la obra adquirida en propiedad.
2- Cuando el acceso a la obra objeto de reproducción se produzca a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante radiodifusión o cualquier procedimiento análogo, alámbrico o inalámbrico, de tal forma que no sea posible,e elegir, por aquella persona física, el canal o sitio al que se accede ni el momento de dicho acceso.
Esto es sólo hay copia privada de originales adquiridos en propiedad y de las emisiones de televisión por la TDT, al radio y similares.
Así no sería copia privada la copia de un CD tomado en préstamo de la biblioteca, por ejemplo.Y por supuesto tampoco las copias de las copias de los CD’s obtenidos.
La limitación respecto de la situación actual es evidente.
Enlaces a obras de terceros, el punto estrella de la reforma sin ninguna duda. Se introduce un nuevo artículo 158.bis sobre obligaciones de información relativas a la explotación de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
En esta reforma se obliga a los prestadores de servicios que ofrezcan o pongan a disposición del público  contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual de titularidad de terceros (incluidos los prestadores que tengan como actividad principal facilitar listados de enlaces) a mantener un listado de las autorizaciones concedidas por los titulares de derechos, incluyendo la entidad otorgante y los permisos concedidos.
Estamos ante un ataque a la linea de flotación de las conocidas como webs de enlaces, pero también de cualquier buscador que clasifique de alguna manera la información.
Hay que recordar que obras son no sólo videos y archivos musicales, sino también textos e imágenes, por lo que esto supone un cambio radical en la forma de relacionarnos con internet.
Si no aparece la información, el Ministerio de Cultura podrá imponer sanciones de hasta 150.000 euros y el cierre durante un año del servicios. El compentente es el Ministerio de Cultura para sancionar.
Por supuesto si la empresa que no informa está en el extranjero se puede acordar la interrupción del acceso desde España. Con lo cual España puede ver limitada su internet de manera muy importante, a pocosa páginas relevantes vamos a poder acceder.
Y para tener más seguridad jurídica las notificaciones no se harán directamente al responsable sino qeue se publicarán en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ministerio. Es decir, que te pueden interrumpir el servicio y enterarte el día que no puedes acceder. O eso o revisas todos los días el tablón.
Identificación de la IP, e incluye en la Ley de Enjuiciamiento Civil una modificación para que se puedan pedir los datos Ip, de nombres de dominio, etc, de los prestadores de servicios, para los supuestos de:
difusión a gran escala, de manera directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos […]”
Vemos como el centro de atención está en redifusión y enlace, así que ya sabemos por donde van los tiros.
Devolución de lo indebidamente pagado por canon, si lo del canon es un cachondeo lo de pretender que no se devuelva lo indebidamente cobrado y que ha provocado un enriquecimiento injusto ya es saltarse a la torera las más elementales reglas jurídicas de nuestro sistema, alterando el sistema de prescripción de acciones general.
Conclusión:
 
Así tenemos una reforma que en lugar de avanzar en los límites/derechos de los usuarios y tratar de armonizar la situación consolida situaciones abusivas, limita esos derechos y encima pone en serio riesgo actividades en internet hasta ahora legítimas.

Publicado por David Maeztu a las 13:30

Reforma de Código Penal: para acallar las protestas sociales

Reforma del Código Penal: acallar las protestas sociales por la vía de la represión.

Ecologistas en Acción es una organización ecopacifista que siempre usa medios noviolentos en su forma de actuar. Por eso se muestra especialmente preocupada por la nueva vuelta de tuerca que quiere aplicar el Ministerio de Interior ante la disidencia pública con la reforma del Código Penal que se acaba de anunciar. Así, considerar delito acciones como la resistencia pasiva no es sino una aberración, que además generará violencia y crispación como demuestran muchos ejemplos recientes en los que la actuación de la policía ha sido claramente desmesurada y represiva (p. ej. las protestas estudiantiles de febrero en Valencia).

Es claro y notorio que en el Estado español tenemos una conflictividad social muy baja en relación a la durísima situación social que se vive (más de cinco millones de parados, creciendo día a día, desahucios continuos, graves problemas de exclusión social, centros de internamiento de inmigrantes, drásticos recortes sociales, amnistías a los grandes defraudadores, recursos públicos invertidos en rescatar a los bancos y no a las personas, etc.).

En este sentido, Ecologistas en Acción se pregunta, ¿dónde está “la espiral de violencia” de la que habla el Ministro? De hecho, si por algo hubiera que caracterizar a nuestro Estado sería justo por lo contrario. Ahí está, por ejemplo, toda la gran muestra de civismo y de afán de verdadera participación pública que está suponiendo el movimiento del 15M, y que sólo ha devenido en situaciones violentas de forma puntual y siempre a partir de actuaciones policiales funestas.

En una situación como la actual, no facilitar cauces a la expresión pública de la disidencia es un caso error. Y, peor aún, la experiencia muestra cómo la represión indiscriminada e injusta de estas expresiones de descontento sólo genera violencia y más crispación. Véase lo ocurrido en la protestas estudiantiles de Valencia a favor de la escuela pública, en febrero pasado, donde todo el mundo pudo ver las situaciones –grabadas– que solo la policía y sus responsables políticos niegan.

Además de aberraciones como la de considerar la resistencia pasiva (un método usado por Gandhi y muchos otros pacifistas) como un atentado contra la autoridad, también se quiere considerar delito de desórdenes públicos el penetrar en establecimientos públicos. Esto es algo que, por ejemplo, Ecologistas en Acción hace de forma habitual en sus protestas noviolentas, como una forma de llamar la atención sobre situaciones que considera injustas. ¿Se va a encarcelar a los activistas que desplieguen una pancarta en la puerta de un Ministerio?.

Los datos muestran a las claras que somos el Estado de Europa occidental con mayor proporción de personas encarceladas y, paradójicamente, uno de los menos criminalidad tiene. Con la reforma que quiere llevar a cabo el Ministerio de Interior es claro que lo que se pretende es que no haya disidencia en nuestras calles, por la vía de la represión. Y, de paso, incrementaremos nuestro hecho diferencial de ser el país con más personas presas.

Vuelve la patada a la puerta

Fuente: Canarias Semanal.

El pasado año 2011,  después de que la indignación popular tomara las calles y las plazas, aquellos miembros del 15M que no habían tenido experiencias previas de movilización y lucha recibieron un curso acelerado sobre una de las funciones fundamentales que desempeñan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tras un breve periodo de “tolerancia” y contemporización gubernamental, motivado por la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, el Ministerio del Interior y los ejecutivos autonómicos no tuvieron el más mínimo miramiento. Poniendo de manifiesto a los más ingenuos que el carácter “pacífico y no violento”del movimiento no les situaba a salvo de las porras de los defensores del actual desorden social, dieron las órdenes pertinentes para que los espacios públicos recuperados por la colectividad fueran brutalmente desalojados. Las cargas policiales, los golpes recibidos por jóvenes inermes y las detenciones arbitrarias sirvieron para que muchos comenzaran a comprender – o al menos intuir – cuál es el verdadero carácter de los Estados pretendidamente “democráticos“.

Desde entonces, la situación económica y social no ha dejado de empeorar. Ya son 5.300.000 las personas que, oficialmente, se encuentran desempleadas. Cientos de miles de familias han sido despojadas de sus viviendas por la usura de los bancos, rescatados una y otra vez con los fondos públicos, y todas las previsiones indican que la Crisis continuará agudizándose. En este contexto, el Gobierno de Mariano Rajoy es plenamente consciente de que sus duros planes de ajuste neoliberal aumentarán la contestación social y ha comenzado a afinar los instrumentos represivos necesarios para imponerlos.

El Partido Popular, que prevé manifestaciones de rechazo a sus políticas,  ya ha aleccionado a la policía para que “aplique con rigor a los indignados el Código Penal y la Ley Corcuera. No deja de ser igualmente “educativo” que para reprimir al movimiento ciudadano del 15M, el gobierno ultraconservador vaya a utilizar justamente la famosa ley de la patada en la puerta ideada por el ex ministro del PSOE José Luis Corcuera con la recurrida excusa de “mejorar la seguridad”.

La posición gubernamental con respecto a la previsible respuesta popular a los recortes y la contrarreforma laboral es contundente. Impedir, a toda costa, que la calle “se desate”. Para ello, el gabinete de Mariano Rajoy no ha elaborado una orden por escrito. Simplemente ha trasladado a las Unidades de Intervención Policial – los “antidisturbios” de los cuales a 1800 en toda España – que a partir de ahora deben aplicar, “con todo rigor”, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. La ya mencionada Ley Corcuera.

La nueva doctrina ya se ha comenzado a aplicar. Entre sus primeras víctimas se encuentran quienes, a mediados de enero, se sumaron a la iniciativa “Yo no pago” en el metro de Madrid. Pese al carácter pacífico de la acción de protesta contra los responsables de la Crisis y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la policía cargó sin contemplaciones contra los manifestantes y detuvo a cuatro de ellos. El segundo ejemplo de la puesta en marcha de las nuevas directrices  tuvo lugar el pasado fin de semana, en una manifestación que pretendía llegar al Congreso de los Diputados. La policía  detuvo a casi una decena de personas como presuntos autores de delitos que deberán ser resueltos por los tribunales. Y, al amparo de la Ley 1/92 (de seguridad ciudadana), procedió a la identificación de casi sesenta manifestantes para que la Delegación del Gobierno les imponga la correspondiente acta de sanción. A estos últimos se les aplicará, entre otros, el artículo 26 punto i de la Ley 1/92: Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos“. Los ’identificados’ por dicha “alteración”, considerada como falta leve, se enfrentan a una multa de 300,52 euros. Pero las sanciones para infracciones que se consideren “muy graves” pueden llegar, según lo previsto en la ley,  a los  30.050,62 euros.

El objetivo de comenzar a aplicar esta combinación de represión física y judicial a los discrepantes se encuentra perfectamente definido. Se trataría de evitar que el 15M pueda volver a actuar como catalizador del descontento popular, arrastrando a las masas a la calle, y de disuadir a los activistas del movimiento de realizar acciones reivindicativas que vayan más allá de las meras manifestaciones o concentraciones puntuales.

Ante la mayoria haz oir tu voz

El diputado de IU por Málaga con 26 años, activista del 15-M, exprofesor de Economía en la Olavide, defiende que se paralicen los 300 desahucios diarios

-Los diputados de IU ya han renunciado a privilegios en el Congreso de los Diputados

-Hemos rechazado el plan de pensiones privados del Congreso por ética, pero no al ipad porque lo consideramos una herramienta de trabajo, aunque podrían habernos dado una tableta más baratita. También viajamos en clase turista en el AVE, aunque, por un acuerdo del Congreso y Renfe, sale más barato que los diputados viajen en clase club. Tampoco tenemos coches oficiales.

-Otras fuerzas, como UPyD, le han dado más publicidad a estas renuncias.

-Los primeros en renunciar a los planes de pensiones fuimos nosotros, incluso cuando los técnicos nos dijeron que no se podía, pero nos han seguido otros. Además, el 50 o el 60% del sueldo se lo dejamos a la organización, porque podemos vivir con un sueldo digno de 2.000 euros. Los diputados rasos ganan 5.000 al mes y se llega fácilmente a los 10.000 por ir a comisiones.

-Usted viene del 15-M. ¿Por qué recala en IU y no en fuerzas más nuevas como Equo o UPyD?

-Milito en IU desde 2003, no soy un fichaje, pero he estado siempre activo en organizaciones sociales, por ejemplo en ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos) o en la Plataforma Por una Vivienda Digna, fuera de las instituciones. Y teníamos poco éxito hasta que organizaciones de izquierda fundan Democracia Real Ya. Llega el 15-M y tuvo tanto éxito que se une mucha gente frustrada que no viene de la política. Comienzan las asambleas, y me llaman, como economista, para explicar allí cosas como la prima de riesgo. En paralelo IU decide abrirse a los movimientos sociales y me ofrecen ser candidato por Málaga.

-Julio Anguita acaba de expresar que nos iría mejor fuera del euro y de la Europa de Maastricht. ¿Está de acuerdo?

-Suelo estar de acuerdo con Julio, pero en eso no. Saldremos del euro, seguramente, de forma forzada y no porque queramos. Ahora sería difícil y duro, pero tal vez no sea así dentro de dos años, y creo que podemos avanzar en economía y política alternativas dentro del euro. Sí comparto con Anguita que la UE se fundó a favor de los mercados y lo estamos pagando ahora.

-Es el primer joven con peso que veo en IU en muchos años.

-Hace falta un proceso de regeneración. Anguita, por ejemplo, no es líder, pero sí un referente en IU, donde hay gente joven que, pese a lo que vale, no está visibilizada. Pero muchos pensamos que IU en dos años será muy diferente y el papel referente lo tendrá gente de otra generación.

-Centrémonos en Andalucía: ¿Se repetirá aquí el pacto ‘a la extremeña’ con el PP si Arenas no consigue la mayoría absoluta?

-Eso lo debe decidir Andalucía. Mi opinión personal sobre lo de Extremadura es que el PSOE y el PP son iguales en política económica, pero no en derechos civiles, y por eso debería haberse apoyado una investidura socialista e inmediatamente haber pasado a la oposición. El PP es mucho más rancio, antidemocrático, y el PSOE en minoría es un mal menor. En Andalucía algo muy grave tendría que pasar para que mi opinión cambiase, aunque el objetivo de IU es ganar las elecciones, no ser la muleta del PSOE.

-¿Está más cerca de ganar con el PSOE dividido?

-Los socialistas afrontan un proceso de refundación en el que no quiero meterme. Pero no le irá bien a IU si confía en crecer porque a los demás les vaya mal. Si crece tiene que hacerlo por lo que propone a la sociedad.

-En Andalucía las encuestas le otorgan una subida a IU.

-Cada vez hay más gente frustrada y convencida de un cambio en el sistema político y económico, pero quiero introducir mi autocrítica: nuestro objetivo es gobernar y con sólo un 10% de los votos no podemos caer en alabarnos por lo buenos que somos.

-Vaya momento el de Rosa Aguilar para dejar IU y pasarse al Partido Socialista.

-Ella mostró falta de coherencia y traicionó a los ciudadanos cordobeses al pasar de IU al peor PSOE de la historia. La tengo cerca en el Congreso, pero no la conozco en persona, y pertenezco a otra generación.

-¿Qué es lo primero que hará IU con sus 11 diputados?

-Muchas propuestas. El día 27 de diciembre presentamos 50, la más importante de las cuales hace referencia a los 300 desahucios al día en España. Pretendemos que se paralicen y que se implanten medidas como la dación en pago o el alquiler público a precio razonable, no cargar con deudas a los ciudadanos cuando más ayuda están recibiendo los bancos.

-El PP, con su mayoría absoluta, les va a decir nanay…

-Los partidos de izquierda, excepto el PSOE, nos apoyarán. El PSOE, cuando gobernó, no lo hizo, y si ahora lo dice, es por marketing. Mostraremos que hay alternativa a la mayoría absoluta: la lucha en la calle.

-Pues el ministro del Interior ya ha dicho que no permitirá otra concentración como la del 15-M.

-Efectivamente, el Gobierno ha anunciado una tasa cero de reposición de funcionarios salvo en las Fuerzas de Seguridad y servicios básicos por definir. Vamos a la peor época de Aznar, con represión y policía. La democracia, no significa dictar las leyes, hacer lo que le dé la gana en una dictadura rotatoria. Gracias a la Ley Electoral, el PP tiene más de la mitad de los escaños con el 44% de los votos. Por eso protestamos en el Parlamento y en la calle.

-El 15-M le vino bien al PP y ahora ya no le es útil…

-No creo que utilizaran al 15-M, al PP le daba miedo porque pone en cuestión el sistema político. Quieren deshacerse de él, es un incordio para gobernar con la mínima oposición posible.

-¿Qué opina de lo que está pasando con Urdangarin?

-Justo a raíz de que sale a la luz este caso la Casa Real comunica su presupuesto, cuando hacerlo debería haber sido un uso democrático normal. Además, la Casa Real conocía desde hace años estos llamémosles negocios turbios y no ha hecho nada. Me pregunto si el Gobierno de entonces y el principal partido de la oposición sabían algo.

-¿No es un problema de IU que haya tan pocas diputadas?

-Me preocupa y coincido con usted en llamarlo problema que hay que solucionar cuanto antes, creo que con listas paritarias. No son cesiones gratuitas: la mujer debe tomar el papel que le toca.

Fuente: http://www.elcorreoweb.es/andalucia/138252/alternativa/mayoria/absoluta/lucha/calle

AUDITORIA BANCA

CARTA DE AUDITORIA A ENTIDADES BANCARIAS Y DE TASACION.

por Aurin_Nirua

Envía tu carta de denunca al Fiscal General del Estado. No olvidéis poner vuestros datos personales.

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1240559967889&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta

———————–CARTA MODELO———————————-

Distinguido Sr. Cándido Conde-Pumpido

Como dice Plataforma de afectados por la hipoteca: Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Desde otras entidades se exige que se tomen medidas urgentes contra todas las formas de especulación, explotación y estafa en la especulación financiera e inmobiliaria. Que se defiendan los intereses de la gente trabajadora frente a las entidades financieras y que se tomen medidas sociales frente a la crisis y al desempleo. Resulta inmoral seguir apoyando con dinero público a los responsables de la crisis mientras las principales victimas, los ciudadanos, son desahuciadas y pierden el empleo.

Debo expresar mi conformidad con lo expuesto anteriormente. Existe una gran responsabilidad social y legal de estas empresas para con la ciudadanía debido a la especulación que crearon con los bienes inmobiliarios. No solo fueron la parte mas beneficiada del negocio si no que como consecuencia de esta “dudosa” práctica, el ciudadano pierde entre otras cosas sus viviendas; debido a que nosotros como ciudadanos no podemos recabar la información que necesitamos para demostrar la presunta ilegalidad de sus actos y hacer una denuncia formal ante la policía, puesto que nuestra propia constitución nos lo impide artículo 105, apartado b) “La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Por tanto amparándome en el punto 1 del artículo 124 de la constitución española donde se refiere que : “ El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Yo (Nombre y apellidos) con DNI (nº de DNI) solicito al Ministerio Fiscal por orden del Fiscal General del Estado el Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien de oficio y en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles inicie una investigación, contra las cajas, bancos y agencias de tasación mencionadas mas abajo por posible infracción del Art. 6 Incompatibilidades de las sociedades de tasación del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio) “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas específicas, las sociedades de tasación no podrán valorar bienes, empresas o patrimonios propiedad de personas físicas o jurídicas con las que no puedan razonablemente mantener una posición de independencia en menoscabo de la objetividad de la tasación”. En caso de que esa infracción lleva a demostrar otras irregularidades también deben ser juzgadas. Penando, en caso de demostrarse incumplimiento de la ley, a los responsables. El posible daño a la economía española y a los ciudadanos prevalece ante el hecho de que alguna de dichas sociedades pudiera a día de hoy no existir, exigiendo su responsabilidad legal con carácter retroactivo.

Relación de cajas y bancos / agencias de tasación de las que se solicita investigación:

Agencia de tasación: Sivasa Banco participativo: Santander

Agencia de tasación: Servatas Banco participativo: BBK, Kutxa y Vital

Agencia de tasación: Tasa Madrid Banco participativo:Caja Madrid

Agencia de tasación: Tasa Galicia Caja participativa: Caixa Galicia

Agencia de tasación: Tasaciones de Bienes Mediterráneo (Tabimed) Caja participativa : CAM

Agencia de tasación: Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH) Caja participativa: La Caixa

Dación en Pago

DACION EN PAGO

Origen del Problema : Sobreendeudamiento e insolvencia familiar.

El origen de esta situación está en la ausencia de controles públicos en la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios en connivencia de una ausencia de políticas que garanticen un alquiler accesible y estable, así como el propio impulso de la propiedad privada.

En este contexto, llegó a financiarse hasta el 120% del valor de las nuevas viviendas, con cuotas que podían pagarse en 40 e incluso 50 años. Muchas de las condiciones se pactaron a través de publicidad engañosa, que descartaba escenarios predecibles como una subida de intereses o una situación de recesión económica, o que incluía cláusulas de difícil comprensión para sus destinatarios, algunas de las cuales claramente abusivas.

Estas actuaciones consentidas desde los poderes públicosfueron el producto de una relación simbiótica entre notarios, tasadores, entidades financieras e inmobiliariasy contienen indicios de fraude y estafa generalizada. El estallido de la crisis y el paroha desembocado en un escenario en el que miles de familias no pueden hacer frente a los pagos y corren el riesgo de perder sus casas.

Según el Consejo General del Poder Judicial se han llevado a cabo más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y embargos en tres años.

Hay que reseñar que esta situación no afecta solo a una persona, afectan a la unidad familiar que reside en la vivienda, además de a las personas que le avalaron y el entorno de familiares y amig@s que de alguna forma responderán por el afectad@.

Tratamiento legal del problema : la injusticia del proceso de ejecución hipotecaria

Ley Concursal 22/2003: Esta ley afecta tanto a personas físicas como jurídicas, sin embargo, en la práctica mientras a una empresa puede liquidar sus deudas y empezar de cero no se contempla la misma posibilidad para las familias insolventes. Esto se debe al artículo 55 que dice que una vez iniciado el concurso de acreedores, se paralizarán todas las ejecuciones excepto las de los acreedores que dispongan de una garantía real, como es el caso de los créditos hipotecarios. Otro punto que ahonda en la injusticia es lo elevado del coste del procedimiento (en torno a 12.000 euros) y su duración (alrededor de un año).

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 1/2000 de 7 de enero): Imposibilita la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria a través de su artículo 695 en el que limita las alegaciones del ejecutado a los supuestos en que éste haya liquidado su deuda o en que el banco haya incurrido en un error de cálculo. Esto impide al juez examinar las circunstancias que han conducido a la insolvencia familiaro evaluar el grado de información efectiva que tenían los afectados en el momento de contraer la hipoteca.

El aspecto más controvertido de esta ley es lo referente a la subasta del inmueble que permite que en el caso de que la subasta del inmueble quede desierta, sin postor, el acreedor del préstamo podrá adjudicarse el bien por el 60% de su valor de tasación sin perjuicio del cobro del resto de la deuda pendiente.

A pesar de la legalidad de este proceso es notablemente injusto puesto que las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas se ven abocadas a un drama mayor que la pérdida de empleoy de la vivienda: el de quedarse además con una deuda de la que deberán responder con todos sus bienes presentes y futuros. El embargo de nóminas prácticamente a perpetuidad destina a las familias a una clandestinidad financiera y económica como paso previo a una situación de exclusión social.

El resultado final de este proceso es que la entidad bancaria obtiene un beneficio muy superior al inicialmente pactado, obteniendo una vivienda a un precio inferior al de mercado y además mantiene un derecho de crédito sobre el ejecutador por el resto de una deuda que, paradójicamente, se contrajo para adquirir esa misma vivienda.

Sería razonable pues, que en el caso de tratarse de la única vivienda disponible, y después de valorar toda una serie de elementos como la buena fe del deudor y la situación en la que contrajo el crédito, los tribunales pudieran declarar cancelada la totalidad de la deuda con la entrega de la vivienda.

Solución : la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda

¿en qué consiste la dación en pago?

La dación en pago consiste en la entrega de la vivienda para la cancelación de la deuda contraída con la entidad bancaria.

¿por qué la dación en pago?

Parece bastante contradictorio que un estado social y democrático de derecho no tenga en consideración si el bien ejecutado constituye la vivienda familiar, que la persona que de forma involuntaria acaba en la insolvencia, además de perder su única vivienda se quede con una deuda astronómica originada como producto de un descalabro financiero del que no es responsable. En este sentido, se hace necesario articular una vía que libere a las familias hipotecadas de los efectos perversos de la sobrevaloración de las viviendas y de la concesión indiscriminada de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras.

¿cuál es la situación en otros países europeos?

En otros países como Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal existe una legislación que permite y/o regula la dación en pago. Siendo el caso más avanzado el de Inglaterra en el que se regula expresamente la entrega de la vivienda como cancelación de la deuda.

Alemania y Portugal,  regulan un proceso de negociación que puede conducir a la condonación parcial de la deuda cuando se traten de “deudores de buena fe”.

Francia, la ley Neiertz de 1989, faculta por vía ejecutiva la imposición de condiciones de negociación entre entidades bancarias y particulares. Dispone además de una ley de 2003 que prevé la condonación judicial de las deudas de personas físicas mediante la liquidación del patrimonio.

¿objetivos de la reforma?

– Se limita la responsabilidad del deudor hipotecario de buena fe en caso de vivienda habitual.

– Esta normativa solo entrará en juego en situaciones en las que se produce una caída en el precio de la vivienda. En una situación normal de crecimiento sostenido de precios, el deudor optará por vender la vivienda antes que llegar a la subasta pública.

– La posibilidad de entregar la vivienda como medio de extinguir completamente la deuda en el seno del procedimiento de ejecución hará innecesario que muchas de las daciones en pago se resuelvan por vía judicial, ya que para las entidades financieras será más sencillo y económico resolverlo de manera privada. Así, un beneficio indirecto será liberar a los tribunales de buena parte de los procedimientos actuales y futuros.

Junto a la innegable trascendencia social para las familias afectadas por las hipotecas esta reforma produciría un efecto de contención de precios de la vivienda. Así, es previsible una actitud más prudente de las entidades de crédito a la hora de aceptar las valoraciones de las tasadoras y de conceder préstamos