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Caída de Suárez y farsa de golpe: nueva conspiración burocrática.

FUENTE

                En 1978, Suárez había alcanzado su mayor prestigio ante la corona y la propia sociedad, como eficaz servidor de la transición hacia la “democracia”:

<<El Rey estaba absolutamente deslumbrado. “Es un fenómeno —comentó un día en La Zarzuela. Mirad qué artículo segundo de la Constitución ha hecho para solucionar la grave cuestión de las autonomías y, al mismo tiempo, manteniendo la unidad de España>> (Patricia Sverlo: “Un Rey golpe a golpe” Cap. X) http://www.jcasturias.org

Pero, en ese momento, ya estaban dadas todas las condiciones para que esa ilusión acrisolada en el espíritu pragmático del Monarca empezara a desvanecerse. La política de nombramientos seguida por el vicepresidente del gobierno para asuntos de la defensa, Gutiérrez Mellado —saltando por encima del escalafón para designar al general Gabeiras como jefe del Estado Mayor y al general Ibáñez como director general de la guardia civil— encendió los descontentos y las protestas de los militares. El general Atarés protagonizó un violento enfrentamiento con Gutiérrez Mellado, a quien insultó gravemente en un acuartelamiento de Cartagena, sin que tal acción mereciese la más leve condena moral o medida disciplinaria. [46]

En marzo y abril de 1979, Suárez intentó capitalizar el exitoso referéndum de la Constitución, convocando a elecciones generales y municipales. Pero los resultados en términos absolutos del escrutinio reprodujeron casi exactamente los de 1977. La diferencia en cuanto a la abstención en una y en otra (21% del censo en 1977, 32% en 1979) fue la consecuencia directa de la política de consenso anterior y reflejó el divorcio creciente con la política de los grandes partidos por parte de un amplio sector del electorado. UCD obtuvo de nuevo la mayoría relativa, pero esta vez su base electoral llegó sólo al 23% del censo, por tanto, careció de fuerza suficiente para gobernar en solitario. Los resultados de las municipales debilitaron aún más su posición. La gran mayoría de los municipios (y la práctica totalidad de las ciudades principales) dieron abrumadora mayoría a la izquierda burguesa (PCE y PSOE), al tiempo que la abstención superó el 40% del censo.

La intención de acabar con la anterior política de consenso y pasar a gobernar con un programa consecuente de derechas —“hay que dejarse de acuerdos y consenso, ahora hay que ponerse a gobernar”, declaró Arias Salgado tras las elecciones— tuvo muy corto alcance. Después de las municipales, la respuesta al nuevo gobierno de Suárez —mucho más derechista en su composición que el de 1978— fue la conclusión del pacto municipal PCE-PSOE. En mayo, durante el congreso del PSOE, Felipe González se vio obligado a dimitir ante el desbordamiento radical de los delegados. Todas las fuerzas políticas —desde Fraga hasta Carrillo, se echaron las manos a la cabeza exigiendo su retorno, al mismo tiempo que la oleada terrorista más intensa hasta ese momento, causaba 20 muertos y más de 100 heridos en una sola semana.

Por su parte, la patronal “Confederación Española de Organizaciones empresariales” (CEOE), hizo una crítica demoledora al programa económico del gobierno y le dio casi un ultimátum para que presentara un plan de acuerdo con la mayoría de la CEOE. Simultáneamente, cientos de miles de trabajadores iban a la huelga y se manifestaban activamente desde enero de 1979 contra los topes salariales, el paro y el empeoramiento de las condiciones de vida. Una nueva huelga general contra la represión paralizó Euskadi, al tiempo que en Cataluña, Aragón, Castilla y Euskadi, manifestaciones de cientos de miles de personas exigían la autonomía.

Tres meses después de las elecciones, ante la creciente polarización entre las clases, la estabilidad política del país en un clima de normal juego parlamentario entre gobierno y oposición, se tornaba cada vez más difícil, con tendencia clara hacia una situación de ingobernabilidad tendencialmente explosiva. Ante semejante situación, Carrillo volvió a plantear un “gobierno de concentración nacional”, con un consenso aún mayor que el de la etapa anterior. Por su parte, Felipe González ofreció sus servicios en caso de que se produjera “una situación de emergencia”. En las FF.AA., los síntomas de insubordinación militar empezaron a ser cada vez más notorios y no desaparecerán de la escena política nacional hasta su desenlace el 23F.

La consecuencia inmediata de esta situación fue el consenso entre las dos principales fuerzas parlamentarias centristas, UCD y PSOE, a fin de imponer “democráticamente” en la Cortes las principales leyes de desarrollo de la Constitución (Ley del Tribunal Constitucional, estatuto de Radio Televisión Española, acuerdo marco entre la patronal CEOE y el sindicato socialista UGT, estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Seguridad Ciudadana, Estatuto de Centros, Ley de Autonomía Universitaria, etc.

Sin embargo, la repulsa y protesta popular contra toda esta política se fue agudizando a lo largo del otoño y el invierno de 1979. Cientos de miles de trabajadores se movilizaron contra los topes salariales y el Estatuto de los Trabajadores pactado entre la patronal y el sindicato socialista. Las universidades e institutos despertaron de su letargo y se movilizaron contra las leyes del gobierno en el terreno de la enseñanza. En diciembre, más de dos millones y medio de trabajadores, estudiantes, etc. participaron en el movimiento huelguístico. La lucha obrera y popular no había alcanzado un grado de contestación semejante desde principios de 1976. Arrastrados por ese movimiento de masas de magnitud, los propios dirigentes del PCE hablaban de preparar una huelga general, aunque finalmente se echaron atrás, demostrando que el Estado burgués y sus prebendas gravitaban más que la presión de las masas sobre su comportamiento político. Todo había sido cuestión, para ellos, de haber dado hacia ese centro burocrático de interés el primer paso en julio-agosto de 1974, como hemos visto.

Paralelamente, la actividad de las bandas fascistas y parapoliciales, los asesinatos y la represión contra el pueblo se desataron. En esos meses, doce personas fueron asesinadas y muchas otras heridas, detenidas y encarceladas. El 13 de diciembre, en el curso de una manifestación de obreros y estudiantes, la policía mató a dos estudiantes. Al día siguiente, en las Cortes, nadie se atrevió siquiera a mencionar los hechos. En los parlamentos burgueses, la lucha de clases se sublima, pasando de su estado sólido tal y como aparece en las calles y fábricas, al gaseoso. En ese momento, el divorcio entre la política oficial y la calle era ya enorme y no dejaba de aumentar. De un lado las masas, empujadas por las contradicciones de la vida social tendentes a desbordar los diques del capitalismo, del otro, los dirigentes oportunistas del movimiento, tratando de evitar el desborde a cambio de una parte en el común negocio de explotar trabajo ajeno. Como decía Trotsky, el falso dado político del pequeñoburgués, gira en una dirección y en otra según los vientos de la lucha de clases, pero siempre se detiene sobre su base más pesada.

A lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían a provocar un giro importante en la situación mundial. En enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi, instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el movimiento pequeñoburgués sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados “Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada norteamericana en Teherán tomando un  número indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano —a instancias de su aliado paquistaní— sobre el eslabón más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la política exterior de distensión del presidente norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país, obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con el “bloque comunista”, y a una política de “ley y orden” en sus propios dominios internacionales, de confrontación con la otra superpotencia y de rearme.

Este giro de la política internacional alteró profundamente la situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso” bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo largo de 1978 y 1979, Suárez había congelado la decisión de integrar a España en la OTAN ­cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda­, cuya militancia, además, acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la escena internacional, demandando de su gobierno una mayor dimensión iberoamericana y africana de la política exterior española.

En septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después, Yasir Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese paso. Finalmente, el gobierno envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.

El rumbo de la política interior y exterior de España, marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas derivadas de la nueva situación en ese país y en el mundo. Lo que deseaba Washington era una España “segura”, estable y sometida a sus dictados; una España dentro de la OTAN, dócilmente alineada en la lucha contra la otra superpotencia y, por supuesto, sin reflejos neutralistas o tercermundistas en su política exterior.

Pero Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del PCE en aras de la estabilidad política del Estado a instancias de su relativa capacidad de control del movimiento de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con las exigencias del imperialismo norteamericano. Esas nuevas exigencias de Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con sus socios democristianos y liberales al interior de UCD, fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y los medios de comunicación que le habían catapultado, sino a la propia volubilidad pragmática del Monarca.

Por su parte, el Partido socialista obrero español renovado (PSOE), con el instinto político carroñero que le caracterizó desde su relanzamiento, comenzó a desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno, iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los yankys y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”, dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados. El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Cuando todos —incluso la derecha civilizada de Fraga— se echaron las manos a la cabeza, en setiembre volvió reforzado en su autoridad política personal.

Este proceso de recomposición burocrática de los partidos políticos institucionalizados, se fue a acentuando conforme se hacia patente —a lo largo de 1980—, que el próximo presidente norteamericano sería el republicano Ronad  Reagan. De hecho, a lo largo del año, las distintas fuerzas más reaccionarias vinculadas al imperialismo norteamericano, empezaron a moverse claramente con estas nuevas previsiones del gran viraje a la derecha en las postrimerías del gobierno de Carter, y que bajo el mandato de Reagan no hicieron más que confirmarse y profundizarse.

Finalmente, la llegada de Reagan a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh, declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato un calendario para su integración en la OTAN”. Las promesas de una futura integración sin concretar ni dar pasos prácticos en ese sentido, ya no son suficientes. El golpe militar en setiembre contra el gobierno turco de Süleymán Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En la prensa ultra española, los artículos amenazantes sobre el carácter “límite” e “intolerable” de la situación, se sucedían a diario. En Euskadi, durante los primeros días de noviembre, ETA cometió atentados con resultado de muerte contra once dirigentes de UCD, entre militares y guardias civiles.

A principios de diciembre, lal UCD sufrió un descalabro electoral aún mayor que los anteriores con la elección de solo dos senadores por Almería y uno por Sevilla. Aunque fue una elección sin trascendencia en sí misma, la importancia está en que la UCD quiso convertirla en un test de fuerza electoral.

Esta situación aceleró la ejecución del plan —conocido ya por Suárez— urdido por el conjunto de la oposición, parte de UCD y el sector monárquico del ejército liderado por los generales Milans del Bosh y Armada, todos en connivencia con el Rey, consistente en la presentación de una moción de censura contra Suárez para obligarle a dimitir, dejando expedito el camino legal para el nombramiento de un nuevo gobierno “de concentración” cívico-militar, presidido por el propio Armada, único modo de detener la dinámica del golpe “duro” en preparación, contra los partidos políticos, las instituciones “democráticas” y la Corona.

Pero lo que ocurrió fue que Suárez se adelantó presentando su renuncia irrevocable publicada el 29 de enero, proponiendo como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, quien, hasta ese momento, se desempeñaba como vicepresidente segundo de Asuntos Económicos. [47] De este modo, si los conspiradores decidían seguir adelante con sus propósitos, se pondrían fuera de la legalidad “democrática”. Y esto es lo que, de hecho, se llegó a consumar cuando Tejero irrumpió en la sala de sesiones del Congreso. Su naturaleza social burocrática y facinerosa les impidió apelar al pueblo, hasta que Tejero descubrió que había sido engañado y utilizado por sus superiores operativos —quienes hasta último momento subestimaron su propia determinación política ocultándole la verdadera finalidad del golpe—, y decidió abortarlo tratando por unas horas de imprimirle su sesgo personal más duro. Nadie le siguió, demostrando la debilidad política y la cobardía personal de los burócratas civiles y militares profranquistas, así como la carencia total de apoyo activo en la sociedad.

El nuevo giro de la situación mundial, fue un factor de primera magnitud en el deterioro del esquema político de Suárez. La dificultad estaba en que, al mismo tiempo que iban cristalizando las amenazas latentes de involución política por parte de los sectores más recalcitrantes del franquismo residual, ninguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática mostraban la solvencia necesaria para asumir la alternativa de gobierno.

Dado que la izquierda burguesa le había dado suficientes garantías de moderación y responsabilidad de Estado como para convencerle de que las únicas amenazas a la institución monárquica sólo podían provenir del falangismo residual y altos mandos de las FF.AA., con toda la impunidad para conspirar que le confería el artículo 56 de la Constitución —y que nadie cuestionó jamás—, el Rey no dejó de espolear secretamente a Suárez para que siguiera galopando con el caballo de las reformas políticas de izquierda burguesa (legalización del PCE, renuncia a entrar en la OTAN) y el saneamiento en el aparato político y militar del franquismo, al que había jurado fidelidad pero que ahora le resultaba un estorbo de cara a la proyección europea del Estado español y, por tanto, de su Casa real. Así, presidido por la vieja estrategia real de matar dos pájaros de un tiro, entre Suárez y el Monarca comenzó algo así como…

<<…el juego del policía bueno y el policía malo. Primero Suárez actuaba de malo y, después, los militares pasaban por La Zarzuela a quejarse al Rey, que era el bueno. El 28 de noviembre de 1979, Milans del Bosh fue recibido en audiencia privada y, poco después, también acudiría al palacio una amplia representación de la División Acorazada, presidida por el general Torres Rojas. Lo que más les enojaba era la política de depuración del Gobierno, que había enviado a destinos alejados de los centros de poder a los más adeptos al antiguo Régimen, para poner a mandos nuevos e ir lavando la cara de las Fuerzas Armadas. Y, desde luego, el tema de las autonomías, con aquél famoso “café para todos”, que veían como una desmembración de facto de la sagrada unidad de la patria>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap.10)

Una vez planteado el conflicto y el consecuente desgaste irreversible del Presidente —con sus decisiones ya sobre el terreno firme de los actos políticos consumados—, el Rey pasó a actuar, en primera instancia, como mediador y “árbitro” interesado entre Suárez y todos los que conspiraban contra él, pero luego fue sumando subrepticiamente su propio peso político fáctico a la carga de otros poderes que ya recaía sobre la cara en que el falso dado ganador de esa disputa debía detenerse para beneficio mutuo, siempre al amparo de lo previsto en el mismo artículo 56, 1 de la Constitución, que le relevaba de cualquier responsabilidad política o penal ante lo que hiciera o dejara de hacer, de modo que, así, todo quedaba “atado y bien atado”:

<<Juan Carlos escuchaba a Felipe, Fraga, Armada, Milans… en su papel de “árbitro” de España, para intermediar entre ellos y el presidente. Y acabó con un impulso que le dieron desde el exterior [en este caso desde el exterior de su propia relación con Suárez] (como en prácticamente todas sus anteriores decisiones políticas importantes), que inclinó la balanza a favor de los primeros. Juntos [los conspiradores, incluido el Rey, a espaldas de Suárez] comenzaron a elucubrar posibles soluciones al problema, a hacer planes que acabaron cristalizando el 23 de febrero de 1981.>> (Ibíd)

Pero Suárez ya había aprendido la lección estando entonces Torcuato Fernández Miranda donde ahora estaba él, cuando fue “pateado” por el rey una vez “acabada su misión”. Suárez se apercibió de que el monarca le haría objeto a él de la misma jugada, cuando el 22 de enero le propuso nombrar al General Armada segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército (el cargo ideal para pasar a desempeñarse como presidente del ya pactado gobierno de “concentración), a lo cual Suárez —como hemos visto— se negó, presentando cuatro días después su renuncia indeclinable, con lo cual hizo recaer el duro coste político del golpe “blando” sobre sus conspiradores, como así parece haber sido.

Hasta llegar a esa situación, los síntomas de descomposición y disgregación de UCD, se fueron haciendo más y más evidentes conforme avanzaba 1980. Entre enero y febrero, una nueva oleada fascista y represiva provocó 10 muertos y más de 20 heridos. Entre las víctimas estuvo la joven inmigrante dominicana, Yolanda González, secuestrada y asesinada por un comando fascista de Fuerza Nueva en los aledaños de Madrid. El 28 de febrero, la UCD sufrió su primer gran descalabro político en el referéndum autonómico andaluz. En abril, las elecciones autonómicas en Euskadi y Cataluña significaron una auténtica debacle para la UCD y enormes pérdidas electorales para el PSOE y el PCE, los tres pilares básicos del esquema político del consenso en que se sostenía el gobierno de Suárez. Estos resultados dieron pábulo a una verdadera espantada de UCD. Los “varones” de ese partido empezaron a perfilar su futuro político, unos con vistas a integrarse en la Alianza Popular de Fraga, otros en el PSOE. En mayo, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker y Landelino Lavilla, decidieron conspirar contra Suárez apoyando una moción de censura —presentada por el PSOE— que no prosperó.

Los medios de expresión de la derecha empezaron a poblarse de críticas ante la situación de «vacío de poder» que se estaba creando. Los rumores sobre reuniones conspirativas en la cúpula militar y en círculos de poder fáctico se extendieron. A la vez que aparecían públicamente opiniones y movimientos en torno a un posible “gobierno de concentración”, una salida a la crisis extraconstitucional presidida por un militar que recondujera el proceso. Los nombres de Osorio y otros viejos franquistas vuelvan a sonar como posibles ministros de ese gobierno. Incluso el PSOE a través de Enrique Múgica y sus contactos con altos mandos militares, apareció implicado en estas maniobras. En junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, declaró que España debía integrarse en la OTAN antes de 1983, por lo cual fue inmediatamente cesado, pero este episodio de indisciplina partidaria demostraba el calibre de las fisuras en el seno del gobierno y de la UCD.

Desde el verano de 1980 hasta finales de ese año, todos los factores de crisis se fueron agudizando al extremo. El desastroso panorama económico, donde la política gubernamental fracasaba, el aumento exponencial del terrorismo y la delincuencia (1980 batirá todos los records), la ley de Divorcio, el proyecto de ley de amnistía para los militares “progresistas” de la UMD (Unión Militar Democrática), la retirada del PNV de las Cortes, el enfrentamiento abierto entre el gobierno central y el autonómico catalán y, en fin, la sensación de desgobierno, de “vacío de poder”, van a dejar sin sustento la política de Suárez. Los poderes fácticos, la gran banca, las organizaciones empresariales, el ejército, la Iglesia,… van a ir dando la espalda a Suárez, cuando no enfrentándose con él abiertamente.

Entre julio y setiembre se pusieron en marcha varias conspiraciones civiles que buscaron conseguir el apoyo de unos y otros generales, con el fin de desplazar más o menos discretamente al gobierno legalmente constituido de la UCD, para poner en su lugar a un “equipo consensuado” entre unos u otros grupos de civiles y unos u otros grupos de militares. Se tiene constancia de que ya en el mes de julio de 1980, se reunieron el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, Pedro Más —ayudante de campo del General Milans del Bosh en la III región militar de Valencia— y el civil Juan García Carres, para comenzar a planificar el operativo con la finalidad de tomar las Cortes. En esas conspiraciones para desencadenar un golpe de Estado encubierto —blando o duro— parece que estuvieron implicados, además del Rey, no sólo significados personajes de la derecha civilizada, sino que, a estas alturas, se habían incorporado destacados representantes de la izquierda burguesa: PSOE y PCE. Así lo dice Sergio Vilar en: “La década sorprendente”:

<<Todo ello quería llevarse a cabo, al menos por parte de los socialistas, guardando algunas formas constitucionales; es decir, derribando al gobierno de UCD mediante un voto de censura, para formar, a continuación, un “gobierno fuerte” presidido por un general, o lo que Carrillo decía: “un gobierno de concentración” (…) La primera denuncia pública que Suárez hizo de esos proyectos, la pronunció ante los periodistas que le acompañaban en su viaje a Lima el mes de julio de 1980: “Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡¡Es descabellado!!”>> (Op. Cit Ed. Planeta/86).

Vilar sigue reportando que, en los meses siguientes hubo diversas y sugestivas declaraciones —nunca desmentidas— más o menos alusivas a esos planes. Joan Raventós, primer secretario del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE” (PSC-PSOE), confesó sus deseos de acabar con el gobierno de Suárez de la manera que fuese y “aunque el gobierno que vaya a sustituirle sea más de derechas”. Por su parte, Ramón Tamames por entonces uno de los máximos jerarcas del PCE— fue más explícito y directo al pedir que un militar presidiera el futuro gobierno.

El 22 de octubre de 1980, en Lérida, tuvo lugar el famoso almuerzo-entrevista del general Alfonso Armada —supuestamente el “elefante blanco”, famoso militar a quien Tejero esperaba en el Congreso para hacerse cargo de la presidencia del gobierno— con Enrique Múgica Herzog y Joan Raventós en casa del alcalde ­socialista­ de esa ciudad, Antonio Ciurana. Unos y otros miembros del PSOE (sobre todo Múgica) redactaron informes de esta entrevista para entregárselos a Felipe González. No se ha aclarado todavía con detalle el contenido de tales informes, aunque todos ellos coincidieron en la formación de un gobierno de coalición al margen de cualquier consulta a los ciudadanos. Idéntico propósito se observaba en los movimientos de la derecha “democrática” y —ni que decir tiene— de la ultraderecha. Así lo revelaba una conversación que el dirigente democristiano Fernando Álvarez de Miranda mantuvo en diciembre de 1980 con Adolfo Suárez, así como las declaraciones de un periodista atribuyendo a Alfonso Guerra la propuesta igualmente sediciosa de su partido días antes del 23F:

<<Le reiteré, finalmente, que en mi opinión la situación estaba muy mal; que se habían encendido hacía tiempo las señales de alerta para la democracia y que, no teniendo la mayoría absoluta en el Parlamento, debía buscarse la coalición con el partido de la oposición. Me miró con tristeza diciendo: “Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza y ése es el mensaje que mandan hasta los socialistas: un gobierno de coalición presidido por un militar: el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd”, sentenció Suárez. Mi cara —­sigue diciendo Álvarez de Miranda—­ reflejó de tal manera la sorpresa, que no tuve que insistir en que no era ésa mi propuesta. Más de un año después de imprimir las anteriores líneas, nadie ha desmentido su contenido; como tampoco se han negado estas otras que firma el periodista Antxon Sarasqueta: “El nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su partido a participar en un gabinete de concentración presidido por un militar” Estas consultas de Guerra, así como algunos comentarios que Felipe González hizo en público (…), prueban que la participación en la conspiración militar era una actividad que se desarrollaba desde las máximas alturas del PSOE y por tanto desresponsabiliza en parte el papel que en ello jugaron otros socialistas, como Múgica, Raventós o Ciurana. El diputado comunista Jordi Solé Tura también tuvo relaciones con el general Armada, y, al parecer, en el gobierno que éste “había de” formar, el representante del PCE-PSUC iba a asumir la cartera del Ministerio de Trabajo. Otro irresponsable al que le pirran los cargos, como en 1985 volvió a demostrar al aproximarse al PSOE, mientras su antiguo partido languidecía a causa de las divisiones y de la pérdida de militantes y electores.>> (Op. Cit.) [48]

Por estas mismas fechas, en diciembre de 1980, pudo comprobarse que el General Armada —todavía destinado en la comandancia militar de Lérida— se entrevistó con el Rey como mínimo tres veces. El 18, cuando fue de vacaciones a Madrid lo visitó en La Zarzuela. El 3 de enero, en Baqueira, revisaron juntos el tradicional discurso que iba a pronunciar con motivo de la Nochebuena:

<<Armada conserva una fotocopia de las cuartillas con retoques de su propia mano. El 24 de diciembre, el rey lanzó aquél mensaje navideño lleno de ideas sugerentes, por primera vez sin la familia delante de las cámaras, sentado ante su mesa de trabajo: “La Monarquía, que en mí se encarna (…) impulsora de una acción de todos para todos”. Dirigiéndose a los políticos, dijo: “Consideremos la política como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí mismo. Esforcémonos en proteger y consolidar lo esencial si no queremos exponernos a quedarnos sin base ni ocasión para ejercer lo accesorio”. Y al pueblo en general: “No podemos desaprovechar,  con inútiles vaivenes, compromisos y disputas, esta voluntad de transformar y estabilizar España…”. dos días después de la entrevista que había concertado con Armada, debido a la cual, el general hubo de adelantar el final de las vacaciones, el rey pronunció otro discurso. Esta vez, el de Pascua, dirigido a los militares, que acababa así: “Yo tengo la certeza de que, si permanecemos unidos, entregados a vuestra profesión, respetuosos con las normas constitucionales en las que se basa nuestro Estado de derecho, con fe y confianza en los mandos y en vuestro Jefe Supremo, y alentados siempre por la esperanza y la ilusión, conseguiremos juntos superar las dificultades inherentes a todo período de transición y alcanzar esa España mejor, en la que ciframos nuestra felicidad.>>

Como no fuera el “vaiven” de casa al trabajo y del trabajo a casa de los que tenían por entonces la suerte de no estar parados, además de los “compromisos” entre familiares o allegados, y las pequeñas “disputas” en el estrecho círculo de relaciones interpersonales mediadas por el escaso dinero y los sentimientos más primarios en que el sistema recluye a sus “súbditos”, los “ciudadanos de a pie” —incluso cuando se les saca de paseo por el jardín de la “democracia” para que “decidan” qué minoría social sin “dar palo al agua” ha de gobernarles cada cuatro años, ¿a qué otros vaivenes, compromisos y conflictos podía estarse refiriendo el Monarca, sino es a los vaivenes, compromisos y conflictos propiamente políticos, en los que, al mismo tiempo, él y su cohorte de burócratas civiles y militares estaban secretamente empeñados en exclusivos y secretos ámbitos de actuación, donde de verdad se juega “lo esencial” de esta sociedad, o sea, el poder económico y político que posibilita la irrestricta libertad para ejercer en plenitud el usufructo de eso que el Monarca llama “lo accesorio”, las “pequeñas cosas de la vida”, cuyo valor de cambio no se reduce precisamente, para ellos, al de un salario medio?

Hay demasiados indicios que autorizan a juzgar políticamente de que tal ha sido la naturaleza social determinante de ese juego conspirativo-burocrático-sedicioso que desencadenó el 23F. El 15 de marzo de 1981, pasados los hechos, la prensa informó que algunos de los españoles comprometidos con el golpe militar habían viajado a Washington entre noviembre de 1980 y febrero de 1981, invitados por el equipo de Reagan para consultar o ser consultados sobre el intento, recibiendo promesas de ayuda. Lo cierto es que una conspiración en la que estuvieron implicados, desde capitanes generales y generales de Estado Mayor a suboficiales, pasando por coroneles, capitanes y tenientes de las FFAA y de la Guardia Civil, además de decenas de civiles, es imposible que pasase desapercibida para los servicios de información, sobre todo norteamericanos. Más todavía cuando uno de los golpistas mejor situados, el jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, el coronel San Martín, procedía de los servicios de información de Carrero Blanco y tenía la reputación de estar estrechamente relacionado con los norteamericanos. En 1979, apenas dos años antes del 23-F, el excoronel del CESID Juan Alberto Perote fue destinado como capitán l “Área 3”, que se dedicaba a Contrainteligencia para los países del Este. La sede estaba en un inmueble de la calle Menéndez Pelayo, de Madrid financiado por la CIA:

<<Mi mayor descubrimiento mientras trabajé en Contrainteligencia —relata Perote— fue saber que aunque oficialmente dependíamos del CESID, nuestro patrón era la CIA. Ella era la que sufragaba el inmueble y nuestras gratificaciones en calidad de fondos reservados. Como se dice, el que paga manda, y esta dependencia me pareció siempre una escandalosa colonización que se extendía igualmente a otros ámbitos de la inteligencia. Cuando años después asumí cargos de cierta responsabilidad me empeñé en quitárnoslos de encima>> http://www.geocities.com/f_franco.geo/23f.htm

Como ya hemos visto, desde hacía tres años, en 1978, un oficial, el coronel Federico Quintero, especializado en información y próximo también a los servicios norteamericanos, había informado a sus superiores sobre una conspiración en la que estaba implicado el teniente coronel Tejero quien preparaba un golpe militar para noviembre de ese año. Se refería a la “operación galaxia” (El País: 21/11/1978). Los sediciosos pensaban secuestrar a Adolfo Suárez para forzar una “salida política” consistente en un “gobierno de salvación nacional”, invocando como legitimación el art. 8 de la Constitución, relativo a la indisoluble unidad de España cuyo garante son las FF.AA y comprometiéndose a “solucionar la crisis”, curiosamente provocada por los propios golpistas.

Según el informe al que tuvo acceso “El Mundo” elaborado por la dirección del CESID sobre el comportamiento de algunos altos cargos y agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) durante el fracasado golpe del 23-F, en el verano de 1980 se creó la Sección Especial de Agentes (SEA), cuyo único fin fue dar cobertura a los conspiradores de la trama golpista. Respecto a los integrantes de esta nueva unidad, el CESID refirió en su momento que la SEA “está compuesta por agentes escogidos por su inestabilidad emocional para misiones dudosas y nunca lo suficientemente aclaradas para el resto de los directivos de la Unidad”.  El periódico alude a otro documento en el que “se establece que, como complemento a esa nueva unidad, el comandante —hoy coronel retirado— José Luis Cortina, tenía previsto incorporar a varios hombres de confianza.” Los redactores del informe acusaron al equipo de Cortina, de intentar anular la capacidad operativa de la AOME ante la posibilidad de una nueva intentona golpista” (CESID2). Según Jesús Palacios en “El Golpe del CESID”, la SEA alquiló un piso a trescientos metros del Congreso tres meses antes de la operación.

Con todo este arsenal de noticias, es imposible creer que los servicios de información españoles ignorasen la preparación del golpe, siendo igualmente inimaginable, que el general Alfonso Armada —tras 15 años de colaboración con don Juan Carlos de Borbón— hubiera aceptado encabezar un proceso de intervención militar sin contar con la anuencia de los EE.UU. Una vez conjurada la intentona, el propio Tejero, desde el banquillo de los acusados, declaró ante el Juez Instructor que “tanto el gobierno de EEUU como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada”.

Cuesta pensar que los servicios de EEUU ignorasen una conspiración que se demostró ramificada, primero en Turquía y después en Portugal y España. Un cable de la agencia France Press (5/03/1981) se refería a un grupo de 250 portugueses de extrema derecha, que cruzaron la frontera española esperando el triunfo del golpe en España, para hacer un llamamiento al Ejército portugués favorable a un golpe similar al turco. Existe el dato del ministro de Defensa español que no pudo desmentir ante el Congreso el 17 de marzo de 1981, en cuanto a que la base aérea de EEUU en Torrejón, fue puesta en estado de alerta el domingo anterior al 23F.

Pero hay más. El informe oficial del Ministerio de Defensa presentado al Congreso el 17 de marzo de 1981, confirmó que el golpe de Tejero y Milans del 23 de febrero, se adelantó a los preparativos de otro de mayor dureza y fecha posterior. Lo cierto es que el 30 de abril, las tropas de la región militar de Madrid fueron acuarteladas, y que el 4 de mayo un general y un policía nacional fueron asesinados en Madrid, más dos guardias civiles en Barcelona. La escalada culminó el jueves 7 de mayo con el intento de asesinato del teniente general Valenzuela, jefe de la Casa Militar del Rey. Esa tarde acuartelaron las tropas hasta el anochecer. Al día siguiente se sentía en el ambiente el riego de insurrección. Pero no la hubo ni en España ni en Portugal.

Más datos: para que el gobierno del dimitido Suárez se hallara en pleno dentro del hemiciclo, se requería que en la sesión del viernes 20 no fuera investido Presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En su “Memoria viva de la transición”, éste recoge lo siguiente:

<<Desde mi casa, el 17 de febrero, llamó Pío Cabanillas a Jordi Pujol y tuvo con él este diálogo:

—Jordi ¿Por qué no votáis en primera votación a Calvo Sotelo?
—Ahora no podemos; ya se verá más tarde.
—No es prudente ir a la segunda votación.
—¿Qué temes que pueda suceder entre una y otra?
—No, nada. A lo mejor un revuelo de entorchados>>.

El domingo, 22 de febrero, el comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada de Madrid se entrevistó en Valencia con el capitán general Milans del Bosch, quien le dijo que “el lunes 23 se produciría en Madrid un hecho de extraordinaria gravedad ante lo cual no había más remedio que garantizar el orden y la seguridad de la I Región (Madrid), y que la III (Valencia) ya estaba preparada”. A las 8 de la mañana del lunes 23, oficiales del Estado Mayor de la III Región ultimaban los planes “como estaba previsto de antemano por Milans de Bosch”. A las 4 de la tarde, el general Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, aparecía en el recinto de la División Acorazada de Madrid y convocaba con la mayor facilidad a “los jefes del Cuartel General y al Estado Mayor de la misma”. En la I Comandancia Móvil de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid), se repartieron fusiles entre guardias seleccionados tres horas antes para ocupar el Congreso de los Diputados.

Con estos antecedentes, es imposible concebir que los servicios de información militar, el Centro Superior de información de la Defensa (CESID) y la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), los Estados Mayores del Ejército y de la Guardia Civil, dejaran de percibir los preparativos, hasta el punto de que, a las 6,22 de la tarde, la totalidad de los ministros se vieran sorprendidos en el Congreso por la irrupción de Tejero y sus hombres. Ya el 17 de diciembre de 1980, “El Alcazar” había publicado que el colectivo “Almendros” preparaba una conspiración militar. [49] A mediados de enero de 1980, “El Heraldo Español” titulaba en su portada a toda plana: “Ha llegado la hora”. El 22 de enero y el 1 de febrero de 1981, con el mismo seudónimo, se precisaba esa información. El día 8, bajo el título “Situación límite” situado en primera página firmaba otro articulo el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, ministro de Defensa entre 1975 y 1977. El 19 de febrero, “El Heraldo Español” anunciaba bajo el titular “El Plan De Gaulle… al revés”, que el general Armada iba a presidir un nuevo Gobierno auspiciado por Felipe González.

Según reporta “El Mundo” en su edición del 23 de enero de 2003, la dirección del CESID elaboró un informe sobre el comportamiento de algunos altos cargos y agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) durante el fracasado golpe del 23-F. El informe se refiere a la creación, en el verano de 1980, de la Sección Especial de Agentes (SEA), cuyo único fin fue dar cobertura a los conspiradores de la trama golpista “blanda”. Respecto a los integrantes de esta nueva unidad, refiere que “está compuesta por agentes escogidos por su inestabilidad emocional para misiones dudosas y nunca lo suficientemente aclaradas para el resto de los directivos de la Unidad”. En un documento se establece que, como complemento a esa nueva unidad, el comandante Cortina tenía previsto incorporar a varios hombres de confianza. Los redactores del informe acusan al equipo de Cortina de intentar anular la capacidad operativa de la AOME, ante la posibilidad de una nueva intentona golpista. Según Jesús Palacios en “El Golpe del CESID”, la SEA alquiló un piso a trescientos metros del Congreso tres meses antes de la operación.

El 25 de enero, vísperas de la dimisión de Suárez, el presidente de la patronal catalana, Alfredo Molins, lanzaba un duro ataque a su gobierno: “Este Gobierno no se comporta como nosotros creemos que debería comportarse (…) es necesario un Gobierno que gobierne y que gobierne con autoridad”. Quince días antes del golpe, en medios empresariales catalanes ya se hablaba de un Gobierno de concentración que sería presidido por el general Armada.

El 19 de enero, el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de Milans de Bosch, visitó a Armada en Lérida “para comunicarle el resultado de una entrevista, en la que se había decidido el aplazamiento del asalto al Congreso. Armada informó de su próximo nombramiento como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército”.

El 30 de enero, Emilio Romero en ABC publicaba que el general Armada se estaba proyectando a la Presidencia del Gobierno. Adolfo Suárez dimitió el 26 de enero y su renuncia recién se publicó el 29. De inmediato, el general Armada fue catapultado al puesto de segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Catorce días después se reorganizaba la estructura de mandos del Ejército de Tierra. Se centralizó la dependencia de la estructura de fuerza —capitanías generales— y de las unidades de la Reserva General en la persona del jefe del Estado Mayor, y ponía al frente del Estado Mayor General y Especial del Ejército… al general Armada. Hay que recordar aquí, que el 29 de octubre de 1977, tras el triunfo de UCD en las elecciones generales celebradas ese mismo mes, Adolfo Suárez exigió al Rey que cesara a Armada de su puesto de secretario general de la Casa Real, para mantenerlo lejos de Madrid. Ahora, el mismo Monarca, ya sin exigencias, hacía caer a Suárez para que subiera Armada.

Según las conclusiones de Milans del Bosch ante el Juez Instructor del sumario por el 23F, el 10 de enero de 1981, el Rey había mantenido una reunión con Armada en Valencia donde “se habló de una operación política encaminada al nombramiento de Armada como jefe de Gobierno”. En una reunión ulterior, el día 18, en presencia de Tejero, del general Torres Rojas y de otros conjurados, se consideró que Felipe González presentaría en el Congreso una moción contra el Presidente del Gobierno: “acudirían a la sesión la totalidad de los diputados y sería el momento apropiado para tomar el Congreso”.

Una vez conocidos los planes para sacarlo de en medio, Suárez solía decir en privado: “el rey a mi no me borbonea”. Sobrevenida su dimisión el 26 de enero —recién públicamente anunciada el 29—, los planes del golpe “democrático” a lo De Gaulle quedaban trastornados [50] ; parecían quedar desbaratados, toda vez que Suárez se adelantó renunciando voluntariamente y haciendo público un mensaje donde dijo:

<<…un político debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona (…) yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España>> (Joan E. Garcés ”Soberanos e intervenidos”La intervención militar. http://www.nodo50.org/caum/Cuadernos/Soberanoseintervenidos.html)

Está claro que, en ese sacrificio de su renuncia, no sólo iba implícito el propósito de evitar la ruptura del proceso democrático, sino de garantizar también la continuidad de su proyecto. Sin embargo, el 12 de febrero Alfonso Guerra declaró que: “Felipe González no descarta la posibilidad de una moción de censura” contra su sucesor, Calvo Sotelo, con lo que el libreto de completar la moción de censura pactada con la alternativa de un gobierno de coalición presidido por un militar, no sólo consistía en reemplazar a Suárez. Porque, está claro que si ése fuera el único propósito, el golpe no se hubiera llevado a cabo, salvo que persiguiese fines más ambiciosos. Y de eso se trataba: poner al frente del gobierno a un militar, único modo de neutralizar el golpe “duro”.

La dimisión de Suárez tuvo que influir, sin duda, en la decisión asumida por los conspiradores. Al día siguiente, el Partido Comunista se arrugaba y pedía un gobierno de coalición Suárez-González. Blas Piñar, veía el sustituto de Suárez en Landelino Lavilla. Y Alvarez de Miranda, democristiano, que antes se había pronunciado favorable a que UCD se coaligase con González. Pero el propio Calvo Sotelo en la sesión parlamentaria de investidura, dejó claro su rechazo a González al afirmar que “la transición ha terminado”. En esto coincidía con la dirección de UCD y con los partidos nacionalistas de Euskadi y Cataluña. Al mismo tiempo, González y Carrillo coincidían en excluir una coalición socialistas-comunistas. El más interesado en que González accediese al gobierno de España era el canciller Helmut Schmidt. Su ministro de Hacienda y el presidente de la Confederación General de Sindicatos, habían convocado a una discreta reunión con Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, pero éste comunicó “a sus interlocutores socialdemócratas alemanes que, a su modo de ver, el momento no era favorable para que el PSOE asuma ahora el encargo de formar Gobierno”.

Al día siguiente de hacerse pública la dimisión de Suárez, 30 de enero, el extinto periodista Emilio Romero publicó en el periódico monárquico “ABC” un artículo en el que ya se hablaba expresamente de “la solución Armada”. El 3 de febrero, el Rey telefoneó al exsecretario de su “Casa”, Armada, para confirmarle como candidato sustituto de Suárez y darle la enhorabuena desde el aeropuerto de Barajas, a la espera de que se abriera el de Vitoria para iniciar su primer viaje al País Vasco. Ese mismo día, Armada también habló con el coronel Ibáñez, quien se desplazó a Lleida para hablar personalmente con el general sobre la nueva situación creada a raíz de la dimisión de Suárez.

El cinco de febrero, seis días después de la dimisión de Suárez, el Rey cumplió su anunciada confirmación: Armada fue “rehabilitado” y nombrado 2º Jefe del Estado Mayor de Tierra, promoción que le puso en las mejores condiciones de ser catapultado por el propio Monarca a la presidencia del gobierno.

El 6 de febrero los reyes estaban en Baqueira para descansar tras los incidentes con militantes de ETA en la Casa de Juntas de Guernika, y se citaron con Armada para cenar en un restaurante de Artíes. La cena debió suspenderse ante la noticia de que la madre de la reina estaba muy grave. Sofía se trasladó rápidamente a Madrid, pero la entrevista no podía posponerse, y el Rey se quedó conversando con Armada hasta las tres de la madrugada. [51]

Tras la celebración del II Congreso de UCD, el día 10 de febrero, el Rey finalmente propuso a Calvo Sotelo en las Cortes como su candidato a presidente del Gobierno:

<<Cuando éste pasó por La Zarzuela al día siguiente, para los oficios religiosos ortodoxos en memoria de la madre de la reina (…) tuvieron ocasión de hablar brevemente en un aparte. El rey le dijo que le interesaba mucho verlo, y lo citó para el día 13 a las 10,30. Llamó a Sabino para que lo apuntara en el libro de visitas, y Sabino le advirtió de que no había horas libres, pero el rey insistió en el hecho de que retrasara la hora a quien hiciera falta —que en este caso fue Alfonso de Borbón citado para esa hora. Ninguno de los dos ha revelado nunca el contenido de la conversación que mantuvieron en aquella cita extraordinaria. (Más tarde) Alfonso Armada solicitó permiso por escrito a Juan Carlos, para darla a conocer como prueba que le favoreciera en su juicio. Pero no se lo autorizaron y Armada cumplió la orden al pie de la letra.>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 12)

Una vez elegido el candidato a presidente que infructuosamente se quiso imponer a Suárez por vía de los hechos desde la sombra, el Rey se impuso a sí mismo el “deber” de mantener una nueva ronda de consultas con los diferentes líderes políticos de esa especie de cofradía sediciosa que llegaron a formar entre todos ellos, para mantenerse en la cúspide del poder estatal que administra políticamente a esa otra cofradía de la sociedad civil, unida por el interés común de explotar trabajo ajeno. Se reunió con González, Fraga, Carrillo, y demás actores del elitista elenco golpista convocado para representar su respectivo papel en la farsa. El 16 de febrero tuvo lugar una nueva reunión en Madrid entre un tal Ibáñez —segundo de Milans— y Armada. El 17, hubo otro contacto del Rey con Armada, durante un  acto en la Escuela Superior del Ejército. El 18 Ibáñez concertó telefónicamente con Tejero la fecha definitiva de la “Operación Congreso”:

<<Se había pensado en el viernes 20, con ocasión de la investidura del nuevo presidente del Gobierno. Pero Tejero puso dificultades y acordaron que podría  ser el lunes 23, puesto que se repetiría la votación y, nuevamente, el pleno del Congreso de los Diputados volverían a estar reunidos todos los miembros del gobierno presentes.>> (Ibíd)

Aquí adquiere pleno sentido la enigmática conversación ya citada entre Pío Cabanillas y Jordi Pujol, a la que Leopoldo Calvo Sotelo aludió en su “Memoria viva de la Transición”. A pocos días de la  paradojal representación oligárquico-totalitaria en ese templo de la democracia burguesa que es el Congreso de los diputados, José Luis Cortina Prieto, Jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales AOME del CESID —un remedo de la FEMA norteamericana comprometida en el 11S— se encontró con el entonces embajador de los EE.UU. en Madrid, Tenence Todman, y con el nuncio del Vaticano, Monseñor Antonio Inocenti. [52] Cortina también se reunió el día 21 por la noche con Antonio Tejero, Alfonso Armada y Vicente Gómez Iglesias (su mano derecha en el CESID. En esa reunión, en lo que se le explicó a Tejero que habrían de ser los fines de la operación, estuvo la clave de su exitoso final político:

<<Fue en esta reunión que Armada se descubrió personalmente delante de Tejero como jefe de la operación. Cortina le indicó al guardia civil que los socialistas no darían nada de guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también veían la necesidad de un golpe de timón. Se le explicó, al parecer, no demasiado bien, que su operación en el Congreso se tendría que reconducir hacia el objetivo político de Armada. Según la declaración que hizo en el juicio, a Tejero en aquél momento le dieron a entender que el nuevo gobierno sería sólo de militares, y que el verdadero jefe era el rey, que lo apoyaba totalmente. Armada, en concreto, le explicó: “La monarquía necesita robustecerse, por ello, Su Majestad me ha encargado esta operación. Matizó, además, que la Corona y la Democracia  seguirían incólumes, aunque ya hay preparados varios decretos que entrarán en vigor” (esto último como para que Tejero creyera que se trataba de imponer algo parecido a una “democracia castrense”) . También le revelaron que tanto el Vaticano como el gobierno norteamericano habían sido sondeados y que, la Administración Reagan, les había prometido ayuda.>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

Mientras los trabajadores de este país estábamos de lleno en nuestros “vaivenes” diarios aquél 23 de febrero de 1981, eran las 10,20 cuando Milans del Bosh se reunía con sus mandos para informarles de que en Madrid iba a producirse un hecho “grave e incruento” que se conocería por radio y TV, que el rey estaba por completo al tanto y que las instrucciones del operativo serían impartidas por el General Armada desde el Palacio de La Zarzuela. [53] Con algo más de retraso respecto a Milans y los americanos, a eso de las 13 hs. Tejero escogía los efectivos que le acompañarían en la toma del Congreso, sin decirles dónde irían y qué harían.

De acuerdo con la denominada “Operación Jaula”, a las 16,20 hs, el teniente Suárez Alonso, del Servicio de Información de la Guardia Civil, cerró las principales calles de acceso al Congreso con una certera e invisible maniobra. Veinte guardias civiles de paisano a bordo de cinco coches camuflados crearon un cordón de seguridad con la excusa de que vigilaban una red de comercios de coches de importación ilegales en los aparcamientos de la zona. Si fuera preciso, las patrullas, estratégicamente colocadas, facilitarían la entrada de Tejero y sus guardias en el edificio de la Carrera de San Jerónimo.

A las 18 hs., Tejero iba con sus hombres en dirección de la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los diputados, a bordo de los seis autobuses comprados días antes por su mujer. Veintidós minutos después, el contingente armado hacía irrupción en el hemiciclo donde se estaba decidiendo la investidura presidencial de Calvo Sotelo. Tal como se confirmaría después, Tejero había participado creyendo que se trataba de implantar un gobierno puramente militar para salvar a la Patria y la Corona del peligro comunista.

Enterado de la movida, el general José Juste Fernández —un hombre próximo a Suárez en ese momento a cargo de la Brunete de Madrid— contactó con Pardo Zancada quien le confirmó que la operación estaba en marcha dirigida desde La Zarzuela por el general Armada. Para cerciorarse de que esa información era veraz, Juste Fernández comunicó telefónicamente con la Casa Real pidiendo hablar directamente con Armada y fue atendido por el secretario del Rey, Sabino Fernández Campo:

<<Según la versión oficial, Sabino desmintió con una seguridad sorprendente que Armada hubiera de aparecer: “Ni está ni se le espera”. No se sabe a ciencia cierta de qué hablaron ni en qué tono, pero, a resultas de esto, Sabino se enteró de algunos detalles que no le hicieron gracia. Muy en particular que los golpistas estaban invocando a la Corona con frases poco afortunadas (“el rey está al tanto de todo”, “contamos con las simpatías de la reina”…). Hombre cauto por naturaleza, se sintió un poco alarmado y fue rápidamente a hablar con el rey (…) lo convenció de que no era nada aconsejable que Armada se presentara en la Zarzuela en medio de tanta confusión. Y el Monarca, como tantas otras veces, aceptó la tutela de Sabino.>> (Ibíd)

Mientras tanto, “la propuesta de resolver la situación en el Congreso mediante la formación de un Gobierno presidido por Armada, la expresó éste a los generales reunidos en el cuartel general, después de una conversación telefónica con Milans (…) Armada pidió un ejemplar de la Constitución para estudiar el posible encaje legal de la fórmula”. Al regreso de Armada al Cuartel General del Ejército, informó a su inmediato superior, el general Gabeiras, que “el Ejército está dividido y no sé más solución que la de formar un gobierno presidido por él (Armada). Con ese propósito se prestó él mismo a ir a las Cortes y hacer tal propuesta, si se le autoriza”. Armada “dice que se le permitió presentar su fórmula a título personal, nunca como propuesta de la superioridad (…) Fernández Campo confirmó que el Rey habló con Gabeiras y con Armada, y que después le pasó el teléfono (a Sabino) y Armada le dijo que (…) había que evitar la división del Ejército, para lo que él (Armada) consentía en sacrificarse ofreciéndose para presidir un gobierno”. Extraña forma de resolver el problema creado por la conspiración, de la que el propio Armada formaba parte.

Ubicado ya sobre el teatro de operaciones, el burócrata militar Alfonso Armada no entró directamente en el Congreso, sino que hizo escala en el “Hotel Palace”, convertido en puesto de mando de los generales que comandaban los cuerpos militarizados. A las 23,40 “reiteró (a Aramburu y Sáenz de Santamaría) su apreciación de que algunas capitanías podían estar a favor de Milans, y expuso la oferta que iba a hacer a Tejero, de un gobierno de transición presidido por él”. Recibió la aprobación y encaminó sus pasos cruzando la Carrera de San Jerónimo hacia el Congreso.

¿Qué supuestos permitían a Armada entrar en el Congreso con un propósito tan preciso, contando con la luz verde del mando militar y del Palacio Real? Armada declararía después ante el Fiscal togado que “Creía necesario resolver la situación de emergencia que se había producido, porque en aquella situación la Constitución estaba vulnerada por Tejero y había que restablecer la normalidad…” Sin embargo, existía constancia de que Armada, dos días antes, el sábado 21 de febrero, se había descubierto ante Tejero como cabeza de la operación. Así concluye el Fiscal togado diciendo que: “en la madrugada del 21 de febrero se celebró en Madrid una reunión a la que asistieron Armada y el procesado comandante de Infantería, designado en el CESID, José Cortina Prieto (…) Cortina informó que están redactados hasta los decretos-leyes que entrarían en vigor en su momento y que, transcurridas dos horas desde la ocupación del Congreso, llegaría una autoridad militar que sería aceptada por distintos grupos parlamentarios”. En su comparecencia ante el Juez Instructor, Tejero declaró que en la reunión del día 21 “Cortina le indica que todo va a salir bien, que los socialistas no van a dar la menor guerra (…) Los socialistas del Congreso son más bien socialdemócratas y ven también la necesidad de un golpe de timón”. Prosigue el Fiscal togado: “Después de esta entrevista Tejero consultó por teléfono con Milans, quien le ordenó que obedezca a Armada, y Tejero informó a Milans que se había fijado la fecha del 23 de febrero para la operación, y que precisamente la había fijado Cortina”.

El propio Milans parece haber intuido algo nuevo en Cortina: “mantiene una conversación con Armada, quien le confirma que Cortina era el hombre de su confianza”. Sería este el antecedente inmediato de la divergencia en la noche del 23 al 24 de febrero entre Tejero y Armada acerca del desenlace del golpe. A Tejero se le confió la misión de ocupar el Congreso y retener al Gobierno y a los diputados, pero no conocía el desarrollo planificado para después, le habían dicho que el nuevo “gobierno sería sólo de militares”. Nada más.

Tejero,  que tenía su confianza puesta en Milans del Bosch, sabía que su misión duraba “hasta que llegase una autoridad militar que pronunciase la consigna: “Duque de Ahumada”, preguntó a Armada “si el general Milans formaría parte del Gobierno. Armada contestó que ni él (Milans) ni ningún militar, solamente él (Armada) como presidente”. Tejero vio todo claro en ese instante. Le habían ilusionado con un golpe militar “contra el sistema” y ahora descubría haber sido utilizado. Pidió explicaciones a Armada, quien le dijo que en el gobierno estarían Felipe González, Múgica Herzog, Solé Turá y otro representante de UCD. Desengañado, Tejero rompió el diálogo con Armada, “ordenó a dos guardias civiles que le condujesen a la salida y que no entrara sin su permiso”.

Era en ese momento la 1,20. A la 1,23 se emitió el mensaje del Rey por televisión. Patricia Sverlo dice que, en La Zarzuela, todavía no sabían que el plan Armada había fracasado. Algo muy poco verosímil y todo un despropósito político a tenor del previo encadenamiento de los hechos, teniendo en cuenta, además, que un miembro de la guardia real había podido penetrar en el edificio del Congreso para que el Rey —a instancias de Sabino Fernández Campo, su secretario— estuviera al tanto de todo lo que allí sucedía. En ese momento, una dilación en la respuesta a la actitud de Tejero, podía ser interpretado en las capitanías generales como una debilidad del bando “democrático”, lo que resultaría decisivo para el vuelco de los acontecimientos en favor de los “duros”.

Algunos dicen que no fueron tres sino quince los minutos que tardó el Rey en dirigirse a los españoles desde que Tejero repudió la propuesta de Armada. En cualquier caso, demasiado tarde para quien ha sido nombrado a los fines de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes” (Art. 61.1). Siete horas tardó nuestro “Jefe del Estado” (Art. 56.1) en ejercer públicamente el “mando supremo de las FF.AA.” (Art. 62 h), para controlar la situación ante semejante violación del “Estado democrático de derecho”. ¿Por qué tardó tanto? Pocos son los que desde entonces se han hecho esta pregunta, y menos aun los que han intentado siquiera responder a ella.

Dijimos que tres minutos de vacilación es demasiada ventaja que se le concede a un enemigo en semejantes circunstancias. Juan  Carlos de Borbón y Borbón debe saberlo porque estudió estrategia militar. Sin embargo, no concedió tres minutos sino siete horas de ventaja a los enemigos de la “democracia” permaneciendo en completo silencio político —hay quienes dicen que jugando al squash en La Zarzuela. Recién abrió la boca para ejercer su autoridad cuando Tejero echó a Armada del Congreso, es decir, cuando sólo quedó en juego la alternativa del golpe “duro”, cuyo triunfo, para él, suponía perder los privilegios sociales adosados a su Corona. Pero, entonces, ¿A qué se quedó esperando durante esas siete horas si es que no estuvo comprometido con ninguna opción golpista? “Hic Rhodus, hic salta” [54] .

A su salida del Congreso, Armada se trasladó directamente al Hotel Pálace para comentar lo que había pasado, y, de allí, al Ministerio del Interior, donde le esperaba una comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios. Allí Armada habló con la Casa Real, después que el discurso del Monarca fuera visto por millones de españoles que, hasta ese momento, habían estado pendientes de los medios de comunicación —“cada uno en su casa y Dios en la de todos”— para irse a dormir tranquilos pensando que el golpe había sido abortado por el Monarca, y de esto se encargaron los medios de comunicación.

Sin embargo, el desenlace de la situación todavía no había dado todo de sí. A las dos de la mañana el comandante Pardo Zancada partió de la División Acorazada Brunete hacia las Cortes, al mando de una columna de 113 efectivos en apoyo de Tejero, y nadie interceptó su marcha entrando en el Congreso sin encontrar resistencia. Mas tarde llegó el capitán de Navío Menéndez Tolosa con igual propósito y tampoco tuvo dificultades para entrar. A las dos de la mañana, los insubordinados todavía esperaban que su actitud fuera seguida por más fuerzas del ejército —que hasta ese momento, se habían —mantenido al margen— para inclinar la balanza del poder militar en su favor y reclamar que el Rey se volcara en su apoyo nombrando presidente a Armada “sin Constitución ni hostias”:

<<Pero el borbón siempre ha sabido medir muy bien los riesgos. La experiencia de un golpe de este estilo ya la había tenido su abuelo, Alfonso XIII, con Primo de Rivera…y no le había salido bien. Además, aquello no era lo que querían los americanos. No, no podía ser. Como le dijo a Milans, ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Tejero había abortado el golpe de Estado que él mismo había iniciado (y no se había podido reconducir).>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

A partir de ese momento, Tejero trató de proseguir con el golpe militar. Improvisó un manifiesto pidiendo a los oficiales de la División Acorazada Brunete que lo divulgasen por radio —“La Voz de Madrid”— que no logró salir al aire. Intentó que lo imprimiera “El Alcazar”, y tampoco lo consiguió. Recurrió a Milans. A las 01,35, al frente de 113 hombres y 4 capitanes llegó al Congreso en apoyo del golpe el comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada. En Valencia, Milans, vacilaba; a las 2,30 del martes 24 —ocho horas después de que Tejero ocupara el Congreso al manifestarle el propio Rey por teléfono y telex que no aceptaba la formación de un Gabinete Militar— retiraba los tanques de las calles de Valencia, pero no levantaba el Bando militar. “Juro —le había dicho el Rey—, que no abdicaré la Corona ni abandonaré España, quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil”. Milans consultó a otros capitanes generales. Entre las 04 y las 05 hs. de la madrugada, comprendió que no le secundaban ya ni sus propios oficiales. A las 05 retiró el Bando y renunció a seguir. A medianoche, el Rey había transmitido un mensaje radio-televisado rechazando un desenlace que no respetase la Constitución. La intención del mando militar central que preparó la intervención era respetar la fachada de la Constitución, puesto que si Armada hubiera tenido éxito, la Junta de Jefes de Estado Mayor hubiera invocado el art. 8 que atribuye a las FFAA “la misión de defender el ordenamiento constitucional”.

Desde dentro del Congreso, Tejero había procedido visceralmente a desbaratar la “operación Armada”. Diez horas después, aislado y tras ser abandonado también por Milans, pactó su rendición con el propio Armada en la calle, sobre el capó de un coche, por eso llamado “el pacto del capó”:

<<Antes de entregarse, Tejero exigió la presencia de Armada. Sólo pactaría la rendición con él. Un gesto entre militares y en su lenguaje, para dejar patente su traición y humillarlo públicamente. A las 12,45 del 24 de febrero, tras hablarlo con el rey, Armada firmó a la puerta de las Cortes —sobre el capó de un coche—, la “nota de capitulación” con las condiciones de Tejero. (…) A las 14,30 , el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gabeiras, telefoneó a Milans del Bosh y le ordenó que acudiera inmediatamente a Madrid. A las siete en punto de la tarde, Milans entró en el Ministerio de Defensa donde fue detenido inmediatamente. Aquella misma tarde la Junta de Defensa, reunida en La Zarzuela, con Suárez todavía de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que también arrestara a Armada. Gabeiras giró la cabeza hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, e hizo exclamar a Suárez: ¿No mire al rey, míreme a mi!>> (Ibíd)

Habiendo pretendido forzar la formación de un Gabinete Militar que suspendiera las libertades partidocráticas, Milans y Tejero chocaron con la lógica del desarrollo previsto por los conspiradores “democráticos” para llevar a cabo, con Armada como cabeza visible, el golpe de Estado blando. Como síntesis de este choque de dos fuerzas políticas iguales y opuestas cuya resultante fue nula, se abrió paso la “gloriosa” farsa protagonizada por Juan Carlos de Borbón y Borbón, como el nuevo bonaparte de la historia contemporánea en Occidente.

Aquello fue cualquier cosa menos un golpe de Estado clásico, tal como así lo demostró el Coronel Amadeo Martínez Inglés en su libro Titulado: “El golpe que nunca existió”, publicado por la Editorial Foca. Años antes había escrito otra obra: “La transición vigilada”, que fue retirada del mercado a los 15 días de aparecer. Formó parte de un grupo de oficiales: la Unión Militar Democrática (UMD) denominados los “húmedos”,  de significación “aperturista”. En 1990 sufrió arresto durante cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares, por defender la idea de crear unas fuerzas armadas puramente profesionales, no politizadas, por lo que se le apartó del servicio activo justo cuando iba a ser ascendido a general. [55]

La tesis de Martínez Inglés tiene el sólido fundamento de una regla político-militar de libro confirmada por un hecho indiscutible. La regla dice que todo golpe de Estado, para serlo, debe apuntar a su máxima jefatura ―que en este caso era el Rey― y a sus instituciones políticas, esto es, a los tres poderes de su aparato: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el hecho indiscutible es que, cuando, a las 18,23 de ese día, 23F, el Coronel Tejero irrumpió en el hemiciclo del salón de sesiones del Congreso, lo hizo gritando como para ser escuchado por todos los que allí, sorprendidos, le observaban: “Estoy a las órdenes del Rey”. Además:

<<Los guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados bajo las órdenes del teniente coronel Tejero, no iban en contra del rey, iban precisamente en su nombre, incluso dando vivas al monarca, como se observó en la televisión>> (Martínez Inglés: Op.cit.)

Aquí, alguien puede pensar que este testimonio es un argumento muy débil, porque Tejero pudo muy bien simular que estaba actuando en nombre del Rey. Pero, en ese caso, habría sido necesario tomar militarmente La Zarzuela y secuestrar al Monarca cortando todas sus comunicaciones con el exterior. Y lo cierto es que todas las líneas telefónicas del Palacio Real permanecieron abiertas en todo momento, y la centralita se saturó de llamadas, con lo que el Monarca hubiera podido desmentir esa estratagema tranquilamente desde su despacho, convocando a una conferencia de prensa en un descanso del partido de squash que a esas horas estaba jugando con dos “favoritos cortesanos”: el regatista vasco Ignacio Caro y el pionero del esquí y del turismo de invierno en Baquería Beret, Miguel Arias. [56]

Años después, el mismo Rey —tan emborrachado con el vino malo de la popularidad como salvador de la “democracia” que ya no distinguía entre lo que debía decir y lo que le convenía callar— le comentó al telemático marqués de Villalonga con vistas a su biografía autorizada, lo siguiente:

<<“Si yo fuera a llevar a cabo una operación en nombre del Rey, pero sin su consentimiento, la primera cosa en la que habría pensado sería aislarle del resto del mundo impidiéndole que se comunicara con el exterior. Y bien, esa noche, yo pude entrar y salir de La Zarzuela a mi voluntad. Y en cuanto al teléfono ¡tuve más llamadas en unas pocas horas que las que había tenido en un mes! De mi padre, que se encontraba en Estoril —y que se sorprendió también mucho de poder comunicarse conmigo; de mis hermanas que estaban las dos en Madrid e, igualmente, de los jefes de Estado amigos que me llamaban alentándome a resistir”>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 12)

Al advertir la infidencia política que el Rey había cometido consigo mismo, Sabino Fernández Campo —el nuevo Jefe de la Casa Real en sustitución de Alfonso Armada por exigencia de Suárez— se encargó de que este párrafo fuera suprimido de la edición española del libro. Sverlo averiguó que, además de su familia, le telefonearon primeros ministros y reyes preocupados por la situación. También los presidentes autonómicos del País Vasco y Catalunya, Carlos Garaycoechea y Jordi Pujol, con la frase de complicidad que le dedicó a este último y después recogió la prensa: “tranquilo Jordi, tranquilo”. [57] Y la gente de Comisiones Obreras, varias veces, preguntando al Monarca: “¿Quemamos nuestros archivos y nos tiramos al monte?”, a lo que el Rey respondió: “¡Sobre todo no hagáis eso! ¡Tengo el asunto controlado!”. En cambio, Alexander Haig, por entonces Secretario de Estado de EE.UU., cuando conoció la noticia en Washington , con la misma tranquilidad se limitó a declarar: “Es un asunto interno de los españoles”.

Respecto del otro escenario del “golpe” —Valencia— en la obra citada Martínez Inglés reporta lo siguiente:

<<Milans del Bosch me dijo: “El batallón que ocupó Valencia salió prácticamente desarmado. No iba a combatir contra nadie. Llevaba órdenes rigurosas de respetar el entorno urbano para evitar accidentes entre la población. Aquello no era un golpe militar. Sólo se trataba de escenificar una situación política especial, limitada en el tiempo, en provecho de España y la corona”>> (Amadeo Martínez  Inglés Op.Cit.)  

Y en una entrevista a la periodista Sanjuana Martínez, de la revista mejicana “Proceso”, se ratificó en otros términos recordando que se destacó el hecho de que el general Milans del Bosch hubiera sacado los tanques en Valencia:

<<…pero los tanques salieron en plan de desfile, sin munición, respetando los semáforos. Un golpe de Estado no se monta así. En un verdadero golpe hubieran salido en Madrid y hubieran ido al palacio del rey, no en Valencia>> (Op. Cit.)

Según uno de los protagonistas del “golpe”, el coronel Ricardo Pardo Zancada [58] ―autor del libro “23F. La pieza que falta” ― en noviembre de 1980, cuatro meses antes del hecho, el antiguo Centro Español de Informaciones para la Defensa (CESID), presentó al Rey un informe sobre los movimientos subversivos en marcha; de todos ellos subrayó la importancia de uno ―negociado con el PSOE y UCD― previsto para la primavera de 1981 y promovido por un grupo de generales en activo, con el fin de imponer un Gobierno de concentración presidido por un militar. Por supuesto con el total desconocimiento de Suárez.

Otro hecho cierto, confirmado por el General Alfonso Armada, es que, nomás hacerse con la situación dentro del Congreso, “Tejero dijo varias veces que esperaba a un militar de alta graduación en 20 minutos” para que se hiciera cargo de la operación y le indicara cuales debían ser los siguientes pasos que él y sus hombres debían dar. Según todos los indicios reunidos por el periodismo, ese “elefante blanco” que los asaltantes de la Guardia Civil estaban esperando, era el General Alfonso Armada, extremo que éste nunca confirmó.

Con motivo de cumplirse los veinte años de aquél episodio, en un reportaje especial concedido a “La voz de Galicia” en la persona del periodista Carlos Fernández, preguntado si era él ese oficial de alta graduación que Tejero estaba esperando, Armada lo negó diciendo: “no sólo no me hizo caso, sino que me dijo que no volviese”.

Ante la pregunta de:

―Pero, realmente, ¿qué le propuso a Tejero cuando fue a verle al Congreso?

Armada contestó:

―Que me permitiese entrar en el hemiciclo para hablar a los diputados, pero que antes debía retirar a la tropa de allí. No me admitió ni una cosa ni otra. (¿hablar a los diputados para decirles qué?)

―¿Y la lista del futuro Gobierno que llevaba en un papel, donde aparecía Felipe González como vicepresidente y Manuel Fraga como ministro de Defensa?

―Yo no llevaba ninguna lista de Gobierno ni nada que se le pareciese. El único papel que llevaba era uno con el teletipo de Milans desde la Capitanía de Valencia. Cuando se corrió ese bulo, casi me dio la risa y ni lo desmentí. No soy tonto y sé cual es el procedimiento que existe para nombrar un Gobierno. Sé que el Rey propone un candidato y que luego hay una sesión de investidura en el Parlamento y una o varias votaciones.

Lo que mueve a risa, es el argumento pueril que utilizó Armada para salir del paso ante una pregunta comprometedora. Como si en momentos como aquél —una rebelión armada en toda regla— el hecho de nombrar un gobierno u otro dependiera del procedimiento burocrático legalmente previsto para el traspaso rutinario del poder en circunstancias normales. El candidato que el Rey —más que proponer— ya había dispuesto quien debía ser, era él, el mismo Armada. Y lo que sucedió es que Tejero, con el poder en sus manos hasta ese momento —en el hemiciclo del Congreso—, dispuso lo contrario rechazando la Constitución y un gobierno en el que estaban “los rojos”.

La entrevista con el corresponsal terminó así:

“―En resumen, ¿a qué fue usted al Congreso el 23-F?

—Fui a buscar una solución que permitiese salir de aquel embrollo, que no hubiese sangre y que se liberase a los diputados. Es falso que esa solución fuese un Gobierno de coalición presidido por mí. No he tenido ni tengo ambiciones políticas. Sólo he querido servir a España y al régimen monárquico que la encarna.”

De ser cierto que no tuvo nada que ver con algo parecido a una sublevación militar, y que fue allí sólo para negociar la rendición de los golpistas, la pregunta que Armada no pudo contestar es ¿por qué Tejero le recibió si al único que estaba esperando era ese misterioso cabecilla militar apodado “elefante blanco”?

éste y el resto de nuestros documentos en otros formatos
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[46] Más tarde, avanzado ya el 1979, este mismo grupo de generales confió en que una rápida acción de la brigada Paracaidista y de la División Acorazada Brunete, al mando del general Torre Rojas, tomara el palacio de la Moncloa y nombrara un gobierno presidido por el general Vega.

[47] Leopoldo Calvo Sotelo nació en Madrid en 1926. Terminó sus estudios de ingeniero de Caminos en 1951, pasando años después a ocupar diversos cargos directivos como la presidencia de RENFE en 1967. Tres años después fue nombrado consejero delegado de Unión Explosivos Rio tinto, S.A. Posteriormente elegido procurador en Cortes como representante de los empresarios de industrias químicas, puesto que ocupó durante cuatro años, hasta que en 1975 fue designado ministro de Comercio en el primer Gobierno de la Monarquía. Durante los gobiernos de Adolfo Suárez desempeñó distintos cargos en la Administración del Estado, como ministro de Obras Públicas, ministro para las Relaciones con la Comunidad Económica Europea y vicepresidente segundo de Asuntos Económicos. En febrero de 1981 fue investido como Presidente del Gobierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez.

[48] La formación de un gobierno de coalición o de salvación nacional modelo De Gaulle en Francia, es decir con el beneplácito y la participación de todas las fuerzas políticas democráticas, era el objetivo de esta operación. Tanto el presidente como los ministros tenían ya nombre y apellidos. Armada sería el presidente; Felipe González, Vicepresidente político; Manuel Fraga, ministro de Defensa; ministro de Economía, Ramón Tamames y Luis María Ansón -entonces presidente de la agencia EFE- ministro de Información, etc. El 26 de febrero de 1981, Felipe González invitó a Calvo Sotelo, en su intervención en el Pleno del Congreso, a formar un Gobierno de Coalición y añadió que la predisposición de su partido era ya conocida.

[49] Nombre del grupo golpista formado en noviembre de 1980 por los generales De Santiago e Iniesta, con la colaboración del coronel José Ignacio San Martín. Desde mediados de diciembre comenzaron a publicar artículos en “El Alcázar”y “El Heraldo español”, desde cuyas páginas propugnaban abiertamente la necesidad de un golpe de Estado.

[50] En 1958 este general francés, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, fue reclamado por una comisión de todos los partidos políticos para que se hiciese cargo de la difícil situación, especialmente por los problemas de la descolonización en Indochina y en Argelia. Aceptó el encargo y en una intervención en la Asamblea Nacional expuso sus condiciones, que fueron aceptadas. El militar, reclamado por los políticos, acudió en salvación de la patria. Esta imagen, que Alfonso armada conoció de primera mano —ya que se encontraba en París durante aquellos meses—quedó guardada en su retina. Muchos años después, en 1980, él mismo se creerá el De Gaulle español, el militar al que acuden los políticos en momentos de zozobra a fin de que salve a la patria.

[51] Posteriormente, durante el juicio que le despojó de su rango militar y acabó condenándole a treinta años de prisión por conspiración y rebelión, Armada pidió al Rey permiso, “por el honor de mis hijos y de mi familia, para utilizar, durante el consejo de guerra, parte del contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual, mantenida días antes del golpe, a la vuelta de los reyes del entierro de la reina Federica de Grecia”. El permiso no le fue concedido, aunque sí una reducción de pena que se quedó en sólo seis años, indultado el 24 de diciembre de 1988 por razones de salud.

[52] Antonio Perote, que estuvo al frente de la Agrupación Operativa de Medios Especiales del CESID, justifica la utilización que los servicios secretos de todo el mundo hacen de métodos ilegales: escuchas no autorizadas, allanamientos de moradas, violaciones de la intimidad de los ciudadanos… y cosas mucho peores. Según él, sin esa licencia para delinquir –para matar, en la versión de Bond–, un servicio secreto no sería eficaz. Y, como quiera que –según él– la labor de los servicios secretos es imprescindible para todo Estado que se precie, la pescadilla se muerde la cola: la ilegalidad es un instrumento necesario para la defensa de la legalidad. O, por decirlo con otras –y muy viejas– palabras: el fin justifica los medios. Ver: http://www.javierortiz.net/jortiz1/Diario2002/46.2002.html. Para una comparación con la FEMA estadounidense en relación con el derrumbe controlado del complejo comercial “World Trade Center” el 11S, ver: http://www.nodo50.org/gpm/11s/Fema.HTM. Según Perote, el antiguo responsable de la AOME, Javier Calderón, ocultó todas las pruebas para evitar que se procesara a muchos golpistas que actuaron en las sombras.

[53] En realidad, los primeros movimientos de tropas comprometidas en la conspiración, no sucedieron en Valencia, sino en Madrid. Precisamente el día anterior y en la Base aérea que los EE.UU. regentaban en Torrejón de Ardóz, hecho que no pudo ser desmentido por el entonces Ministro de Defensa español, al ser interpelado en la sesión del Congreso de los diputados el 15 de marzo.

[54] “Aquí está Rodas, salta aquí”. Frase tomada de una fábula de Esopo, en la que se habla de un fanfarrón que, invocando testigos, afirmaba que en Rodas había dado un salto prodigioso, como el de la prensa venal después del 23F, elevando al Rey a baluarte supremo de la democracia en España. Quienes le escuchaban, contestaron: “¿Para qué necesitamos testigos? Aquí está Rodas, salta aquí”. En otras palabras, demuestra lo que eres capaz de hacer.

[55] El coronel Martínez Inglés fue profesor de Historia Militar y Estrategia en la Escuela del Estado Mayor y testigo directo de los entresijos del Ejército durante el período de la transición como jefe de Movilización del Estado Mayor y jefe de la Brigada de Infantería de Zaragoza. Desde hace 25 años, empezó sus investigaciones sobre la intentona golpista. Hace unos seis años, publicó el libro La transición vigilada, pero fue retirado del mercado a los 15 días. En 1990 fue arrestado durante cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares por defender la idea de crear unas fuerzas armadas profesionales, y se le apartó del servicio activo justo cuando iba a ser ascendido a general.

[56] Ignacio Caro nació en 1929 en Bérriz, Vizcaya. A los quince años empezó a navegar en snipe en el Club Marítimo de El Abra de Bilbao. Ha participado en innumerables regatas, como la Bueno Aires-Río, las Fastnets Giraglias, la Channel Race y varias Sardínias Cup. Ha atravesado el Atlántico en ambas direcciones en varias ocasiones y también ha surcado el Pacífico desde la Polinesia hasta Hawai. Hace más de treinta años que pasa los veranos navegando en Baleares. De su historial náutico lo que más le enorgullece son las múltiples singladuras que hizo como tripulante del “Saltillo” y del “Giralda” a las órdenes de don Juan de Borbón, así como las muchas millas navegadas como tripulante del “Fortuna”, el yate del Monarca. Miguel Arias es hijo y sobrino de explotadores de trabajo ajeno aplicado al turismo invernal. Desde los años setenta director de esta importante estación pirenaica hasta los ochenta, década en la que emprendió sus propios negocios turísticos en la comercialización del turismo de nieve —fundando en Baqueira-Beret la primera central de reservas que ha habido en una estación de esquí en España— y en el mundo de la restauración, fundando el lujoso restaurante madrileño “Las cuatro Estaciones”.

[57] 23 años después, Jordi Pujol escribió un artículo para el periódico catalán “La Vanguardia” publicado en la edición del 18/02/01 donde hizo un relato de lo que pasó. Entre otras cosas, como suele hacer el mago “Andreu”, este inefable servidor de la cosa pública se puso la escarapela de la templanza política diciendo lo siguiente: <<Lo que sí quiero subrayar es que desde el primer momento mi consigna fue no precipitarse tomando decisiones o haciendo declaraciones que no conducían a nada. En cambio, pedí mantener en todo lo posible una actitud de serenidad y de normalidad. Cosa que realmente era difícil de hacer.>> Para él, que supo el libreto de todo lo que pasó bastante antes de que ocurriera, fue, desde luego, muy fácil. Lo mismo cabe decir de Carrillo cuando Tejero disparó al techo largando aquello de: “que se sienten, coño”; como muestran las imágenes del momento, fue el único en todo el hemiciclo que no se escondió debajo de su banco.

[58] Comandante de Estado Mayor, experto en información, actuó de enlace con Milans del Bosch, capitán general de Valencia, ocupando un alto puesto en el Estado Mayor de la Brigada acorazada. Fue el jefe de la única unidad del Ejército que se unió en el Congreso a los guardias civiles del teniente coronel Tejero. Estuvo, pues, en los tres puntos neurálgicos de la movida. Condenado en principio a seis años de prisión por el Consejo Supremo de Justicia Militar (hoy suprimido), se le elevó la pena al doble cuando el Gobierno de L. Calvo Sotelo apeló al Tribunal Supremo para que se le impusieran penas más severas. Ángeles Maestro, dirigente del PCE y diputada por IU, dice presentando su libro que: “Se trata de un testigo privilegiado. Pero, además, ha tenido quince años para estudiar los millares de folios del proceso, para interrogar a protagonistas, para revisar la bibliografía existente, y para evocar sus recuerdos. Estamos, pues, ante un testimonio de excepcional valor historiográfico, superior a cuanto hasta ahora se ha publicado.”

10 cosas que estarán prohibidas

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Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

El Consejo de Europa considera que la ‘Ley Fernández’ es “desproporcionada”

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La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “desproporcionada” y va en contra del derecho de reunión y manifestación. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, ha declarado Muiznieks, que asegura no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar el importe de las sanciones. El comisario está al corriente de las quejas de abogados y jueces sobre la medida y se suma a las críticas que ya hicieron la oposición y diversos actores sociales. Estas réplicas consiguieron la semana pasada que la sanción por manifestarse sin autorización ante los edificios institucionales pasara de “muy grave” a “grave”, lo que se traduce en una bajada del importe de la multa de 600.000 a 30.000 euros.

El comisario espera que Interior “no vaya más allá” en la limitación del derecho de manifestación y “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks ha avisado de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque la libertad de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.

No es la primera vez que el Consejo de Europa censura las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. El pasado octubre, la organización publicaba un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. En la publicación, Muiznieks llamaba la atención sobre la impunidad con la que la policía cometía “malos tratos” sobre los detenidos y pedía el fin de esta “larga práctica”.

 

La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana

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“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

 

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.

A la Directa 274, el full de ruta ocult d’un comandament dels Mossos per acabar amb les activistes antisistema

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La portada de la Directa 274 està protagonitzada per una fotografia que resumeix la demostració de força que la comunitat educativa va fer el 22 de maig durant la vaga general en el sector que va aplegar des de les escoles bressol fins a les universitats. A l’interior fem un extens repàs de les mobilitzacions a tot el territori català i expliquem que els lobbies empresarials de Florentino Pérez i la família Mayor Oreja gestionaran gran part de les escoles bressol privatitzades. A més, us destapem el peculiar full de ruta del comissari dels Mossos d’Esquadra David Piqué, per tal d’acabar amb els i les manifestants antisistema. Aquest alt comandament de la policia autonòmica es va fer famós pel seu discurs encès en el marc del Dia de les Esquadres d’enguany (jornada de celebració interna dels mossos), i particularment per la frase en que va qualificar de ‘rates’ les manifestants de la passada vaga general, tot garantint que les perseguirien i detindrien encara que s’amaguessin darrera les cadires d’una aula universitària. Piqué, al llarg de 37 pàgines del seu projecte final del màster en Polítiques Públiques de Seguretat organitzat per la UOC –al que hem tingut accés– detalla com aconseguir acabar amb les activistes antisistema i, fins i tot, apunta mètodes clarament il·legals. En aquest sentit afirma que “potser caldria aprofitar per deixar que, durant el recorregut, es produeixin prou actes vandàlics”, en referència als aldarulls de les manifestacions que després els mitjans de comunicació utilitzarien per tal de desprestigiar els moviments alternatius. Aquesta estratègia, segons fonts jurídiques consultades, suposa un clar delicte de prevaricació.

El Plan B que oculta la Ley de Seguridad Ciudadana

Hay victorias holgadas que pueden incubar pírricas derrotas. Todo depende de si los derechos han sido conquistados desde abajo o, por el contrario, otorgados desde arriba. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana planea ese conflicto.

Impedir que vea la luz es un imperativo ético que implica a toda la sociedad. Pero la iniciativa compete directamente al 15-M, cuyo desmantelamiento es el propósito inconfesable de la totalitaria norma. El riesgo, sin embargo, radica en que las mismas organizaciones institucionales que trajeron el austericidio pretendan abanderar en exclusiva su refutación para reinventarse políticamente. De suceder esto, como el Cid después de muerto, la aborrecida ley habría alcanzado sus últimos objetivos militares: acabar con las raíces de la protesta.

Los tahúres de la política, y los dirigentes gubernamentales, los parlamentarios y los líderes de partidos lo son por elevación, no suelen enseñar todas las cartas del juego que se traen entre manos. Y cuando se ven obligados a mostrarlas, siempre se guardan un comodín en la manga. No hay propuesta política de calado que no valla precedida de un globo sonda para pulsar la opinión de la ciudadanía. Ni existe proyecto estructural que no contenga un Plan B para usarlo como alternativa en caso de que el inicial, el visible mondo y lirondo, fracase. Bien porque al ponerlo en marcha se busquen efectos no declarados, o bien porque se incite el éxito por meandros y carambolas a varias bandas. Alfonso Guerra, en su etapa de referente de los “descamisados”, hizo época al calificar al presidente Adolfo Suarez de “tahúr del Misisipi”, tal era la habilidad en la política y en el mus del ex jefe del partido único franquista

No hay oferta contractual o propuesta política que no incluya en sus adentros un Plan B de emergencia. Al menos no en asuntos de gran importancia. Hasta el punto de que si alguno no lo incorpora podemos estar seguros de que el tema no tiene demasiada trascendencia. Como un estudio de viabilidad que no lleve anexa su memoria económica. Estamos hartos de verlo, por ejemplo, en los conflictos laborales. Lo que pasa es que no se revela a las primeras de cambio. Cuando una empresa plantea un ERE a los miembros de un comité de empresa, puede darse por hecho que está escenificando condiciones mucho más leoninas que las que en realidad lleva como oferta final. De esta forma, a la patronal siempre le queda margen para rebajar su oferta al óptimo buscado y venderlo como si se tratara de una hazaña de trabajadores y directivos. Y todos contentos.

En el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), que el Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno para su recorrido parlamentario, una norma que de concretarse en sus actuales perfiles supone el fin del Estado de derecho y el inicio de otro policial, existe también un Plan B oculto. Pero antes de intentar describirlo, convendría detenernos un momento en el contexto en que ha surgido esa disposición, propia de regímenes autoritarios y dictaduras, que pretende sancionar hasta el pensamiento. Está meridianamente claro que la LSC nace para reprimir al 15-M, entendiendo por tal todos los movimientos del activismo social que se rebelan contra el actual statu quo y sus políticas austericidas, incluidas plataformas, mareas, sindicalismo alternativo, colectivos ciudadanos, etc. En ese sentido, contra lo que pudiera parecer a simple vista, la medida revela la extrema debilidad del gobierno y por ende del sistema. La oligarquía dominante es consciente, como señalan continuamente las encuestas más serias, que el movimiento de los indignados le “hace pupa”, y que no se puede permitir la sangría de credibilidad que ello supone cuando además se enfrenta a un largo y azaroso periodo electoral.

Así, esta ley mordaza llega después de una campaña de hostigamiento contra algunos de los iconos del activismo social que han secundado al 15-M desde su irrupción hace ya más de dos años, con la aviesa intención de tumbarlo mediante una especie de “apagón total”. Hablamos de los extraños ataques cibernéticos sufridos hace semanas por muchas web antisistema desde los cuatro puntos cardinales de la globosfera, y de la no menos curiosa aparición de grupos violentos (el Comando Mateo Morral o el asalto a una asociación integrista en la Facultad de Derecho de la Complutense), que tratan enturbiar la percepción de resuelta rebeldía democrática que la opinión pública tiene del 15-M y afluentes. (Stop Desahucios, 25-S, etc.). Es un sucedáneo de la estrategia de la tensión que se aplicó con éxito en la Transición para evitar la ruptura democrática con el franquismo.

Y luego tenemos una sutil incongruencia: ¿cómo es posible que el gobierno del Partido Popular se haya embarcado en aprobar una ley tan bárbara que nadie entre las asociaciones de jueces y fiscales apoya y que incluso cuenta con el rechazo de buena parte de los medios de comunicación? ¿En qué cabeza cabe a estas alturas de la película, cuando hablan de brotes verdes, poner encima de la mesa un obús legislativo que supone una auténtica arma de destrucción electoral? Son fachas, ¿pero tan tontos? Ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ni la Francisco Vitoria (FV), ambas conservadoras, ni la Unión Progresistas de Fiscales UPF), ni Jueces para la Democracia (JD), dan un duro por la totalitaria ley. Y por mucho que el aznarismo y sus halcones hayan vuelto al PP, igual que el PSOE sobre sus pasos, no salen las cuentas. La LSC establece un antes y un después entre las medidas antisociales perpetradas al alimón por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a instancias de la troika. Con ella en marcha, ya no hay equivalencias en el duopolio sino distancias. Con la ley mordaza el PP supera en venalidad al PSOE y encima se convierte en la mejor baza que podía encontrar la oposición para batir a Génova 13 por toda la escuadra, contando con el apoyo de buena parte de la opinión pública. Una jugada fatal de la derecha (por supuesto, acorde con su ADN más rancio) que volvería a dar la oportunidad a la sedicente izquierda para recuperar la confianza perdida y ponerse el frente la manifestación. Como ya barruntaba la “manifestación unitaria” de la izquierda política y sindical del pasado 23 de noviembre en Madrid, jaleada como la mayor habida ese día por los media, a costa de ignorar totalmente la del 15-M. que fue la realmente mayoritaria.

Por eso el Plan B. El sistema cae solo si caen los dos partidos dinásticos hegemónicos, PP y PSOE. Nunca si es uno de ellos el que declina. De ahí la alternancia y no la alternativa. Por eso, salvo el corto periodo de UCD, los restantes 33 años de eficaz y excluyente bipartidismo han sido una carrera de relevos entre el PP y el PSOE o entre el PSOE y el PP. Cambiar algo para que todo siga igual. Ahora mismo, con esa escenificación política a cara de perro entre gobierno y oposición, derecha y sedicente izquierda, PP y PSOE no dejan de cohabitar en temas esenciales para la estabilidad del régimen. Votan igual contra el derecho a decidir; actúan de consuno en el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hicieron con el Tribunal Constitucional; convergen en la bondad de la “doctrina Parot”; apoyan la limitación de la Justicia Universal; etc., etc., etc. Por no hablar de cómo uno y otro han sido agentes indispensables para aplicación de las medidas dictadas por la troika (FMI, CE, BCE) para salvar al capital financiero español a cargo del contribuyente y de los trabajadores. Y si quedara alguna duda, tanto en las resoluciones de la reciente Conferencia Política como en la Congreso de la federación andaluza, la cúpula del PSOE ha ratificado como “necesarias” las políticas antisociales del gobierno de Rodríguez Zapatero, al tiempo que celebraban su liderazgo como estadista socialista.

No carece de significado que en un país cultural e ideológicamente conservador (el dichoso franquismo sociológico), el socialismo haya ocupado el poder el doble de años que la derecha. Periodo en el que, al margen de una indudable ola modernizadora (caracterizada por costosas inversiones en infraestructuras y meritorios avances en los ámbitos civil y social, como la reforma de la Ley del Aborto, el matrimonio igualitario, sanidad y educación), se colocaron los pilares para que España pasara a ser una pieza clave en el marco del neoliberalismo y del atlantismo. Incluso al contraluz de episodios que deben ser analizados como concesiones a las castas dominantes, como los privilegios a la Iglesia de la cruzada, el uso del terrorismo de Estado para frenar el independentismo vasco o la doma del sindicalismo de clase (se comprobó en la defenestración del líder histórico de UGT, Nicolás Redondo, estallándole el caso PSV por su “deslealtad” al felipismo reinante). Por eso, ahora causa risa y bochorno por su cínico oportunismo oír que Rubalcaba “exige a Rajoy que rompa relaciones con la Santa Sede”, cuando el ejecutivo de Zapatero, del que el actual secretario general socialista era vicepresidente, aparcó sine die su prometida Ley de Libertad Religiosa.

Hasta una persona tan moderada como el socialista Ignacio Sotelo acaba de escribir (A qué llamamos franquismo. El País, 30 de noviembre) lo siguiente: “La llegada del PSOE al poder, en vez de ampliar, refuerza el tipo de democracia harto restrictiva de la Transición. Así como en lo económico se aparta de los principios básicos de la socialdemocracia (papel del Estado en las políticas de empleo y de igualdad) y rompe con la unidad de acción de partido y sindicato (movimiento obrero); en lo político, repudia cualquier forma de participación social, empeñado en desmontar los movimientos vecinales y asociaciones de base, con lo que la democracia queda constreñida en su forma más escuálida de votar en los plazos previstos aplicando sin cambio sustantivo, para mayor inri, la impresentable ley electoral heredada. Los resultados están a la vista”.

Con esas credenciales y la garantía de no tocar el statu quo, no choca que la oligarquía económica y los poderes fácticos confíen en la sedicente izquierda para salvar situaciones de emergencia. Conocen bien que la derecha española en el poder siempre remata en opera bufa y acaba suscitando un rechazo tan generalizado que hace prácticamente imposible su tutelaje social. La frase “contra el franquismo luchábamos mejor” no solo refleja una realidad sociológica sino que remite, a la viceversa, al hecho histórico de que los “gobiernos rojos” son los que más desmovilización ciudadana procuran. Por eso, si desde arriba ven peligrar sus intereses fundamentales, no sería extraño que active un Plan B de lucha denodada contra la Ley de Seguridad Ciudadana que sirva para re-legitimar al PSOE y tumbar al incapaz gobierno del PP (Ferraz acaba de crear a tal fin un Consejo Federal de Derechos y Libertades).

No sería la primera vez en que al PSOE se le aparece la Virgen de los Peligros, siendo catapultado milagrosamente al poder por sucesos extraordinarios. Felipe González logró la mayoría absoluta en 1982 al rebañar votos de millones de ciudadanos acojonados por el estruendo del golpe de Estado del 23-F. Y José Luis Rodríguez Zapatero fue aupado a La Moncloa en el 2004 por el síndrome del 11-M. Aunque eso no impidió que la “marca España” siguiera fiel a la hoja de ruta de la Transición que señala Sotelo. Ay, esa provechosa proyección de encuestas de Metroscopia, que aparecía en El País el domingo 1 de diciembre, para alumbrar que el maltrecho PSOE aún puede ser partido de gobierno en las lejanas generales. La misma especie que aireaba el sondeo de la revista Sistema, órgano del guerrismo, en vísperas de la Conferencia Política socialdemócrata.

Sin embargo, hoy nada indica que deba ser igual. Por primera vez existe una fuerza social autónoma, al margen de las direcciones de los partidos y los sindicatos institucionales, comprometida con el cambio en profundidad en la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, que goza de un gran arraigo social y experiencia en la lucha proactiva. Y aunque los partidos de la oposición tienen el deber inexcusable de hacer todo lo posible para impedir que la Ley de Seguridad Ciudadana alcance el BOE en cumplimiento de sus atribuciones, corresponde a los movimientos sociales la misión de derogarla in nasciturus y trascenderla. Es el pueblo que ha sufrido las agresiones del sistema quien debe llevar en todo momento la iniciativa en ese combate desigual por un mundo mejor. Con la suprema legitimidad que le da ser la diana de esa ley parafascista, y la serena inteligencia de evitar verse envuelto por ningún “fuego amigo” sobrevenido. Vamos despacio porque vamos lejos.

El Gobierno aprueba la “ley mordaza” tras rebajar algunas sanciones

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El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este viernes el anteproyecto de ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, calificada como “ley mordaza” por numerosos colectivos sociales. El Ministerio del Interior ha rebajado algunas de las infracciones que el borrador inicial situaba como “muy graves”, después de las críticas políticas y sociales recibidas al texto. EL Gobierno ha defendido las medidas en nombre de la seguridad de los ciudadanos.

Así, participar en protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando no se estén celebrando plenos en el interior, pasará a considerarse una infracción grave, penada con entre 1.001 y 30.000 euros, cuando inicialmente se pretendía sancionar con multas de hasta 600.000 euros.

Las “vejaciones, amenazas, coacciones e injurias” a policías, así como grabar y difundir imágenes y fotos de los agentes que puedan suponer algún “riesgo para la seguridad”, pasan de ser consideradas infracciones graves a leves, sancionadas con entre 100 y 1.000 euros.

Entre las conductas con sanciones más graves se mantiene la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales y en solemnidades y oficios religiosos; así como la convocatoria de protestas en jornadas preelectorales.

Con esta nueva legislación, el Gobierno convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta, que se han incrementado en lo últimos años por el aumento de la conflictividad social, y busca de este modo poder castigar acciones como las protagonizadas por el 15M que, a pesar de haberlas perseguido policialmente, la mayoría no han recibido sanciones en los tribunales.

Cuando la nueva ley entre en vigor, no solo se podrá penar protestas como la de la coordinadora 25-S frente al Congreso de los Diputados, sino que también se pondrá coto a la grabación de imágenes de actuaciones policiales que en los últimos meses han dado a conocer posibles abusos.

Un fichero registrará a los infractores

Interior creará un fichero en el que registrará a las personas que incurran en infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo –señala el Gobierno- de “apreciar y valorar la reincidencia”, así como para tenerlos en cuenta a la hora de otorgar permisos administrativos como el de tenencia de armas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado en rueda de prensa que la normativa implica el “refuerzo y protección de los derechos y de la libertad”. “Es una norma para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y para garantizar el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo.

“Iniciativa despenalizadora”

“Las sanciones persiguen erradicar la violencia, el incivismo y el vandalismo. Queda plenamente garantizado el derecho fundamental de manifestación, con el único requisito de comunicación previa a las delegaciones del Gobierno”, ha defendido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Fernández Díaz ha manifestado que se trata de una “iniciativa despenalizadora del Gobierno”, aduciendo que los cambios normativos, junto con la reforma del Código Penal, sustituye las faltas (que se tramitan por la vía judicial), por infracciones administrativas. Sin embargo, ello conlleva también que el Gobierno podrá imponer las sanciones sin que deban pasar por los tribunales

Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

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El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge un buen número de infracciones susceptibles de ser cometidas durante las formas de protesta que han inundado las calles durante la presente legislatura.

Este cuestionario pretende ser una guía práctica acerca de las multas contenidas en el anteproyecto, al que aún resta por incorporar nuevos informes de los ministerios de Justicia y Hacienda, recomendaciones del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos y las modificaciones que introduzca el trámite parlamentario.

¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan”?

Si lo hace participando en una protesta previamente comunicada a la Delegación del Gobierno, no podrá ser sancionado. En caso contrario, incurrirá en una infracción leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros.

Lo mismo ocurrirá si la manifestación es en cualquier otro lugar. Si es usted el convocante, por Twitter o cualquier otro medio, también podrá ser multado con esas cantidades, aunque no aparezca por allí.

Puede que durante la protesta, alguien protagonice disturbios. Entonces, el convocante podrá ser multado con un máximo de 30.000 euros –falta grave– e Interior valora que sólo se salve del castigo si condena y muestra su rechazo público a esos disturbios.

¿Y si participa en altercados?

El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave (1.000-30.000 euros) si causa “desórdenes graves o incendios”, tanto en la calle como en establecimientos, y sólo si su conducta representa “un peligro para las personas o bienes u ocasiona alteración de la seguridad ciudadana”.

¿Puedo acudir a una manifestación con capucha, casco o un gorro que me cubra la cara?

Si la policía considera que su conducta es pacífica, no incurrirá en infracción alguna y ni tan siquiera podrán obligarle a que descubra su rostro. Pero si participa en altercados de esa guisa, a una infracción grave se puede sumar otra de entre 1.001 y 30.000 euros por ir embozado.

“¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!”

Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno, pero si durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con hasta 1.000 euros de multa.

¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios?

Estará cometiendo una infracción grave (1.000-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse.

¿Puedo mostrarle mi DNI sin entregárselo?

A partir de que entre en vigor la reforma, no. La laguna en este aspecto se ha solucionado castigando con falta leve (hasta 1.000 euros) el negarse a entregar la documentación a los agentes. Estos se quejaban de que, si el requerido sólo se lo mostraba, no podían comprobar si se trataba de una falsificación.

¿Qué ocurre si insulto a un policía?

Lo mismo que si él considera que lo ha amenazado, coaccionado, injuriado o vejado. Podrá ser sancionado con una multa por infracción leve, de entre 100 y 1.000 euros. Como con el resto de las multas por infracción, podrá recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo, cargada con las tasas judiciales por la reciente reforma del Gobierno.

¿Puedo colgar en Internet una carga policial?

Sí, siempre que el Ministerio del Interior no considere que atenta contra el derecho al honor del policía, a su intimidad o a la propia imagen, o que pueda poner en peligro una operación o la seguridad del agente o la de su familia. Si así ocurriera, hay prevista una multa por infracción leve (100-1.000 euros).

¿Puedo participar en una protesta ante la sede de un partido convocada en Twitter?

Será una infracción leve si no ha sido comunicada. En el caso de que la protesta tenga lugar durante la jornada de reflexión o votación y además se desarrolle con “una finalidad coactiva”, el castigo se endurece sensiblemente. Participar en ella puede costar entre 30.000 y 600.000 euros de multa, ya sea a las puertas de la sede de una formación política o en cualquier otro lugar.

Fuentes autorizadas de Interior consideran que las manifestaciones del 15M de 2011 en la Puerta del Sol no tenían intención “coactiva”, pero sí las que se produjeron el 13 de marzo de 2004 ante la sede nacional del PP para exigir la verdad sobre los atentados del 11M. Los convocantes tienen en estos supuestos los mismos castigos que los asistentes.

¿A cuánto sale parar un desahucio?

Como el resto de infracciones de la Ley de Seguridad, quedará a criterio de la policía. A partir de ahora, las Fuerzas de Seguridad estarán facultadas para imponer multas de entre 1.000 y 30.000 euros a aquellos que se propongan evitar el desahucio de las personas que habitan un inmueble.

Una de las infracciones graves del nuevo texto está destinada a los que protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público.

¿Puedo interrumpir el mitin de un partido al grito de “sí se puede”?

Puede, pero además de arriesgarse a la reacción de los militantes, las Fuerzas de Seguridad podrán sancionarle por “perturbación del orden en un acto de campaña electoral”. Resultado: entre 1.000 y 30.000 euros de multa.

Cabe destacar que revestirá la misma gravedad interrumpir un mitin que la votación, el escrutinio o el recuento de votos. Recuerde que también puede incurrir en un delito si sus actos encajan en los descritos en la Ley Electoral.

¿Saldrá gratis gritar contra España o la policía o escribirlo en Twitter?

Estarán castigadas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos.

Los periodistas se han esforzado en que el ministro del Interior detalle qué conductas concretas harían incurrir en esta falta grave, pero él se ha escudado en que eso lo determinará la “casuística”.

Por el redactado del anteproyecto, todo indica que sea cual sea la manifestación, este tipo de gritos será sancionado con multas graves. Y atención a escribirlas en redes sociales: el articulado penaliza su difusión “por cualquier medio”. Si se producen dentro de los estadios, ya hay multas recogidas en la Ley del Deporte.

¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía?

Si la protesta ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y no ha sido prohibida, no podrá ser sancionado. De lo contrario, tan solo con participar, puede llevarse a casa una sanción de entre 1.000 y 30.000 euros por infracción grave.

Si además las Fuerzas de Seguridad consideran que su actuación ha provocado “riesgo para las personas o un perjuicio” en el funcionamiento de la central nuclear o cualquiera de las otras infraestructuras que la Ley 8/2011 considera “críticas”, habrá incurrido en una falta muy grave, castigada con multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

Tan solo sobrevolar con una avioneta esa central u otra infraestructura crítica le puede costar a una organización ecologista hasta 30.000 euros.

¿Y si mi protesta consiste en descolgar un cartel del frontispicio del Congreso?

Pues entre 1.000 y 30.000 euros. Ya haya escalado el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado o cualquier otra institución o edificio considerado de interés “histórico-artístico”.

¿Qué otras formas hay de cometer estas infracciones?

Si comete tres leves en un plazo de dos años, será castigado además como si hubiera incurrido en una grave. Y si incurre en tres graves en el mismo periodo, como si su infracción hubiera sido muy grave.

Este es el principal argumento del Ministerio del Interior para poner en marcha un registro de infracciones, una suerte de fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.

El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio

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El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que los trámites pendientes antes de su aprobación no lo impidan.

El borrador que presenta este viernes Jorge Fernández Díaz en el Consejo de Ministros considera falta grave los “actos de obstrucción” a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cifra en 825 los desahucios paralizados hasta ahora. A partir del próximo verano, fecha a partir de la cual podría estar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

Las mismas fuentes insisten que la nueva ley castigará aquellas conductas que no revisten la gravedad de delito, para las que está reservado el Código Penal. Se da la circunstancia de que el artículo 544 del Código Penal ya castiga a aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Sin embargo, fuentes de la PAH aseguran que los jueces se han resistido hasta ahora a aplicar este artículo y que a lo que deben enfrentarse los activistas es a las denuncias de los policías por supuestos atentados a la autoridad o resistencia.

Interior ha evitado incluir los “escraches” como infracción tipificada. Las citadas fuentes del Ministerio aseguran que las infracciones que pueden cometer los participantes en una de estas acciones están dispersadas en distintos artículos del hasta ahora borrador de la ley. Entre ellas, participar en protestas que no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, lo que constituye una falta leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si durante la misma, la Policía considera que alguien ha alterado la seguridad ciudadana, la multa podría ir de 1.001 a 30.000 euros.

Además, la nueva Ley facultará a la Policía para que ubique un cordón de seguridad donde y cuando considere necesario. Esta prerrogativa hará en la práctica que los participantes en el “escrache” no puedan acercarse al objetivo de su protesta.

Protestas ecologistas

Según las explicaciones ofrecidas el viernes por el departamento de Fernández Díaz, algunas protestas ecologistas escaparán, en principio, a las sanciones muy graves. En este apartado, castigado con hasta 600.000 euros de multa, entran las protestas que afecten a “infraestructuras críticas” que describe la Ley 8/2011, pero “siempre que lleven aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”.

Será, por contra, una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. Las infracciones graves se castigarán con multas de hasta 30.000. Por tanto, sobrevolar una central nuclear con una avioneta que muestre una pancarta no debería ser una falta muy grave porque no parece que ponga en peligro a las personas que allí trabajan o a la propia instalación. De otro lado, el despliegue de la última pancarta de Greenpeace en el Congreso de los Diputados sí supone una falta grave. La Audiencia Nacional archivó el caso por la citada acción.

Un portavoz del Ministerio aseguró este viernes que la “casuística” resolverá las posibles ambigüedades del texto, es decir, se dejará a la consideración de la Policía, responsable último de la infracción al tratarse de una infracción administrativa. El recurso a los tribunales de lo contencioso-administrativo es objeto de las tasas impuestas en la última reforma del Ministerio de Justicia
Leer más:  El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio  http://www.eldiario.es/politica/Multas-euros-paralicen-desahucio_0_201930109.html#BGW8ZOwnvZ7ShUnm

Concentraciones como las del 13-M ante la sede del PP serán multadas con hasta 600.000 euros

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En el PP, por entonces en el Gobierno, no se han olvidado de la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, cuando un importante número de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de la sede nacional del partido para protestar por la gestión que el Ejecutivo de José María Aznar había hecho de los trágicos atentados que habían tenido lugar en Madrid sólo dos días antes y exigir la verdad de lo ocurrido. Unos hechos que produjeron un vuelco electoral y provocaron la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno.

Si la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo primer borrador pasó hoy por el Consejo de Ministros, conserva su idea original, este tipo de concentraciones serán consideradas como muy graves y acarrearán sanciones de hasta 600.000 euros. Se trata de la pena mayor prevista en este texto, que antes de cobrar forma definitiva ya ha acumulado las críticas de colectivos sociales, jurídicos, policiales y partidos políticos.

Respecto a estos hechos concretos, el texto de la ley sobre la que trabaja el departamento que preside Jorge Fernández Díaz establece como “muy grave” las concentraciones o manifestaciones sin autorización previa que transcurran entre el fin de la campaña electoral y el término de la jornada electoral. Es decir, las que transcurran tanto el día de reflexión como el día de la cita con las urnas. Para ello, debe darse la circunstancia de que exista una “finalidad coactiva”. “Se pretende garantizar el libre ejercicio del sufragio”, recalcan desde Interior.

Menos claro tienen en el citado ministerio que las concentraciones del 15-M previas a las anteriores elecciones autonómicas y locales de 2011 pudiesen ubicarse dentro de estos supuestos puesto que se trataba de algo más global. “Cada caso tendría que estudiarse de forma individualizada”, apuntan. ¿Quiénes serían en este caso los sancionados? La respuesta de Interior es contundente: todas aquellas personas que fuesen identificadas incumpliendo los preceptos de la ley.

Sanciones

El texto que este viernes presentó Jorge Fernández Díaz ante el Consejo de Ministros ha sido revisado y, en cierto sentido, matizado desde su primer borrador a este que ahora pasa al correspondiente trámite de consultas. De hecho, en el ministerio reconocen estos extremos y precisan que gran parte de las modificaciones se deben a las aportaciones del Ministerio de Justicia.

Respecto al régimen sancionador, los umbrales siguen siendo los mismos. Muy graves: de 30.001 a 600.000 euros; graves, de 1.001 a 30.000 y leves, de 100 a 1.000 euros.

A diferencia del primer texto, las concentraciones sin autorización frente a Congreso, Senado y otras instituciones dejan de ser infracciones muy graves. Pero siguen estando castigadas, en esta ocasión como infracción grave: “La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos, celebradas con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio”.

Sí se incorporan como “muy graves” la comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años. Y “la proyección de dispositivos luminosos sobre medios de transporte que puedan provocar accidentes”.

Participar en la paralización de un desahucio también tendrá su castigo, concretamente de hasta 30.000 euros. Así lo refleja el punto quinto de las infracciones graves, que establece que obstruir el ejercicio de autoridades o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones conllevará una multa comprendida entre los 1.001 y los 30.000 euros.

“Ofensas o ultrajes a España”

También se contempla como infracción grave “las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”. Es decir, va aparejado de una infracción que conlleva sanciones entre los 1.001 y los 30.000 euros.

“Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave”, señaló el ministro en rieda de prensa.

Esto no afecta, según explicó en rueda de prensa el Ministro del Interior, a las pitadas al himno de España en espacios deportivos, puesto que esto ya tiene su propia ley y está sancionado con hasta 650.000 euros.

Fernández Díaz precisó que las manifestaciones legales, es decir, autorizadas, en las que se corean consignas contra la unidad de España no entran dentro de estos supuestos siempre y cuando se produzcan sin violencia.