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La reforma laboral: una reforma inacabada

FUENTE.

por Ignacio Merediz

    Posiblemente, la Reforma Laboral de febrero del 2012 sea un paso más grande que el de las precedentes en el proceso que pretende desregular las relaciones laborales, convirtiendo la fuerza de trabajo en una mercancía, cuyo valor esté condicionado únicamente por la evolución de los mercados globalizados y por las conveniencias de las industrias locales. Este objetivo no es algo que en la Europa “civilizada” se pudiera alcanzar de golpe con una sola actuación.

 

 

 

 

   De hecho, desde la primera reforma de las pensiones de Felipe González, se han ido dando sucesivas aproximaciones, sin que ninguna de ellas dejara satisfechas, ni a las patronales, ni a los poderes financieros. Después de cada reforma, aún sin haberse llegado a desarrollar del todo, El FMI, el Banco de España, la OCDE o la UE seguían afirmando que la Economía española necesitaba cambios estructurales, principalmente en el mercado de trabajo. Así, no han pasado ni dos años desde la Reforma de Zapatero que fue calificada de valiente y definitiva, ya se le ha impuesto a Rajoy un nuevo paso y ya empiezan a oírse voces (Duran i Lleida) en el sentido de que si esta reforma no es suficiente, será necesaria una nueva.

 

 

 

 

   La desregulación del mercado de trabajo es uno de los pilares básicos del modelo neoliberal que se viene imponiendo a partir del cambio de ciclo que se identificó con la crisis del petróleo de 1973. El modelo es muy simple y ha sido repetido con insistencia por los organismos internacionales y nacionales representantes del poder del capital financiero, tanto en épocas de crisis, como en los momentos de auge, y con idénticas recetas para países del centro, como en áreas deprimidas y pobres:

 

 

 

 

  • Equilibrio presupuestario a corto plazo. Reducción de personal y salarios de la
    administración.
  • Liberalización de las importaciones.
  • Liberalización del mercado de trabajo.
  • Eliminación de todo tipo de ayudas a la población.
  • Privatización de las empresas del sector público, especialmente las de servicios (luz, agua, sanidad, transportes, etc.).
  • Privatización de las pensiones (¿no se podrán pagar?).

 

 

 

 

 

   Sin embargo, La imposición del modelo neoliberal de manera generalizada ha generado y seguirá generando resistencias, que incluso pueden provocar situaciones de vuelta atrás (ver, aunque con reservas, la situación de Argentina). Por ello, se trata de un proceso desigual, en el que ha habido que implementar instrumentos de presión para “convencer” a gobiernos y países: guerras, dictaduras, sanciones por incumplimiento de ordenes, condicionamientos a la ayuda exterior, etc., aunque el instrumento estrella ha sido el proceso del endeudamiento externo y el posterior rescate controlado por el FMI y los clubs de acreedores. Este proceso ha sido constante a lo largo de los años ochenta y noventa en la mayoría de países más pobres, siempre planteado de manera idéntica.

 

 

 

 

 

   Para poder obligar al Estado español a dar un paso de tanto calado como la Reforma actual se necesitaba de un poder -la deuda externa- que hasta ahora solo había funcionado con los países del tercer mundo. Las constantes presiones y “recomendaciones” durante dichos años solo habían producido modificaciones parciales, pero a partir de los acuerdos de Maastricht para la implantación del euro se crean las estructuras básicas de control, que con la crisis financiera de 2008 consolidan el poder suficiente para obligar a los gobiernos europeos a dar pasos consistentes en la implantación del modelo neoliberal, con los mismos planteamientos y metodologías que se habían utilizado en los países pobres.

 

 

 

 

   Por ello, la Reforma laboral de Rajoy no se limita a recortes cuantitativos más o menos grandes, sino que se atreve a cuestionar derechos básicos de la protección de los trabajadores que se habían conquistado después de más de un siglo de luchas:


  • Derecho al trabajo. La indemnización por despido o rescisión del contrato tiene un
    carácter disuasorio y compensatorio por la vulneración de este derecho constitucional. La Reforma ha abaratado el despido improcedente porque se pasa de una indemnización de 45 días/año a 33 días/año; se pasa de un máximo de 42 mensualidades a un máximo de 24 mensualidades. A ello hay que añadir que se suprimen los salarios de tramitación (retribución del tiempo transcurrido entre el despido y la sentencia), cuyo importe en mas de una ocasión era superior incluso al de la indemnización. Se sigue manteniendo, después de la Reforma, la rescisión de contratos por motivos objetivos, es decir, por dificultades económicas de las empresas, cambios tecnológicos, etc., para los que la indemnización es de 20 días por año con el tope de 12 mensualidades, pero ahora con unos criterios de justificación de la medida mucho mas laxos.       
  • Derecho a la salud. Un trabajador puede ser despedido por ausencias intermitentes al
    trabajo (fundamentalmente  bajas por enfermedad) a partir de que sumen nueve días o más en dos meses.
  • Derecho a la negociación colectiva, en particular que defienda a los trabajadores de
    pequeñas empresas con poca capacidad negociadoras. El empresario puede inaplicar uno o más aspectos de los Convenios Colectivos. Se crea, además un sistema de arbitraje obligatorio en los convenios nuevos en los que no se haya llegado a un acuerdo. Para ello se establece que el antiguo convenio solo podrá regir, como máximo durante dos años.
  • Derecho a preservar el entorno social y familiar. Un trabajador puede ser trasladado a
    otra ciudad con argumentos tan ambiguos como que favorezca a la competitividad de la empresa. Se crea un contrato de trabajo nuevo en el que además de las bonificaciones al empresario se dispone de un periodo de prueba de un año ¡…¡; a través de la ficción de un contrato fijo, se crea una situación de despido libre de un año de duración.
  • Derecho a la seguridad jurídica. Un contrato de trabajo o pacto de empresa firmados
    pueden ser alterados a instancias del empresario, inclusive  en los aspectos centrales de la jornada y el salario.
  • Derecho a conocer previamente las condiciones de trabajo que se pactan. Se acuerda la posibilidad de que se puedan realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial (hasta ahora no se podía), de modo que con un compromiso de contrato de menos horas que las establecidas, se puede disponer de mas horas del trabajador de manera flexible y extra a voluntad del empresario. Otra modificación en este mismo sentido es el derecho de la empresa a distribuir a su conveniencia , con la única limitación de respetar los descansos, hasta un 5% de la jornada anual, salvo que se pacte un porcentaje distinto.
  • Derecho a la formación y al progreso profesional. El derecho de un trabajador a ser
    asignado a un determinado trabajo de acuerdo al nivel profesional alcanzado (categoría profesional) se difumina, conservando solo el derecho en relación a un concepto mucho más amplio e indefinido (grupo profesional), determinado por las aptitudes o, por ejemplo, únicamente por la titulación académica. Además, se pueden encargar tareas de un grupo inferior y por un tiempo indeterminado.

 

 

 

   Sin embargo, la Reforma no se limita a la disminución de estos derechos tal como se expresan, sino que modifica también la definición de las situaciones que dan lugar a las diferentes posibilidades de actuación de las empresas. Así, antes de la reforma de Zapatero, para apreciar que había motivos económicos que justificaran ERO’s con rescisiones de contrato con 20 días y límite de una anualidad, se requería demostrar perdidas en más de un ejercicio; ahora basta que se prevean perdidas futuras (¡…¡) o que haya una disminución persistente de ingresos durante dos trimestres (¿…?). Igualmente, se justifica la inaplicación del Convenio Colectivo si se da una disminución de ingresos durante tres trimestres (¿…?).

 

 

 

   Otra manera de facilitar la utilización por las empresas de los instrumentos que la Reforma pone a su disposición es una redacción expresamente general y ambigua. Así, tanto para el traslado a otra ciudad o para las modificaciones de las condiciones de trabajo se justifica la medida cuando concurran razones económica, técnicas, organizativas o de producción, que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo…..”; es decir, siempre.

 

 

 

   A este respecto, es especialmente clarificadora la redacción que hace la Reforma del derecho del empresario de obligar a un trabajador a realizar tareas de un grupo profesional inferior, que se podrá aplicar por “razones técnicas o productivas y por el tiempo necesario”.

 

 

 

   Por último, por si las empresas no tuvieran suficientes instrumentos para despedir a trabajadores y para flexibilizar las condiciones de trabajo, la Reforma también introduce cambios sustantivos en relación a los procedimientos a seguir para aplicar la batería de medidas disponibles. La modificación más importante a este respecto es la supresión de los controles administrativos encargados de estudiar, informar y decidir sobre las razones técnicas aducidas por las empresas. Ahora este control ha desaparecido y las empresas pueden limitarse a comunicar al Comité de empresa su decisión, después de un periodo de negociación, y aplicar directamente la medida. Es cierto que los trabajadores afectados pueden acudir a los tribunales, pero con la medida ya en aplicación y sin el soporte técnico que permita una decisión judicial fundamentada. Además, en algunas situaciones los plazos de negociación se han acortado.

 

 

 

   Es decir, aun cuando no se formule una medida nueva de despido, de contratación o de modificación de las condiciones de trabajo, pueden alterarse sustancialmente las condiciones del empleo a través de hacer mucho menos exigentes los mecanismos que ya existían para cambiarlas o suprimirlas. De ello, un claro ejemplo es el  despido objetivo, individual o colectivo (ERO); sin cambiar el concepto general, ni su indemnización, la flexibilización del concepto de crisis económica y la debilitación de los procedimientos de contradicción en defensa de los trabajadores, permitirá que este tipo de despido crezca más, en proporción, incluso que los que se generen por la disminución de la indemnización de 45 días por año (tope de 42 mensualidades) a 33 días por año (tope de 24 mensualidades).

 

 

 

   El procedimiento de la negociación colectiva, tanto en lo que se refiere a la inaplicación de convenios en vigor, como en la negociación de convenios nuevos,  ha sufrido unas modificaciones tan profundas, que determinaran la disminución del nivel medio de las rentas del trabajo y la propia estructura de la intervención de los sindicatos. Los elementos que determinan estos cambios son los siguientes:

 

 

 

  • Prioridad de los convenios o pactos de empresa sobre los convenios generales, aun cuando establezcan condiciones inferiores.
  • Límite de dos años para la prorroga de  la vigencia de un convenio ya finalizado.
  • Arbitraje obligatorio a través de las Comisiones Nacionales o Autonómicas Consultivas de los Convenios Colectivos (entidades que serán de nueva regulación, aún sin determinar, ni como, ni quien), salvo que las partes acuerden otro sistema de arbitraje.

 

 

 

   Estas medidas, aparte de su posible inconstitucionalidad por atentar contra el derecho a la
negociación colectiva, ya están provocando un freno a la negociación de incrementos salariales en los convenios e, inclusive, disminuciones de salariosen muchas empresas con la amenaza de que, si no se aceptan, se pasará a drásticas disminuciones de plantillas.

 

 

 

   Recientemente hemos leído en la prensa que Iberia pretende rebajar el 20% del sueldo de sus pilotos en plena huelga con el objetivo de aumentar en un 25% la productividad. Para ello empleará la Reforma Laboral para modificar el Convenio Colectivo.

 

 

 

   Es evidente que la tendencia a situar la regulación de las condiciones  de trabajo en el marco de cada empresa individual, en lugar del sector o área geográfica, disminuirá, además, la capacidad de acción de los sindicatos mayoritarios, que verán disminuido su poder como agentes decisivos en la estructuración de las relaciones laborales, lo que provocaba que estos sindicatos debían ser tenidos en cuenta por patronales y gobiernos. Esta pérdida de influencia de los sindicatos mayoritarios hará, que, paralelamente, el centro de gravedad de las luchas de los trabajadores se desplace en parte a las empresas pequeñas y medianas con núcleos combativos, estén o no sindicados o sean de uno u otro sindicato. Allí donde no haya núcleos de trabajadores combativos, las empresas tendrán suficientes instrumentos para organizar las condiciones de trabajo según les convenga. A  este respecto es fundamental tener en cuenta el dato de que el 93% de las empresas del Estado
español tienen menos de 8 trabajadores
.

 

 

 

   Todo este paquete de medidas constituye el modelo “inacabado” de relaciones laborales defendido por las instituciones financieras nacionales e internacionales representantes del capitalismo global neoliberal. Se trata de un proceso inacabado porque son conscientes de que es imposible recorrer de una sola vez el 100% del proceso de reconvertir al trabajador de “sujeto de derechos” a “portador de la fuerza de trabajo como simple mercancía”. Pasos en este sentido demasiado grandes generarían resistencias que solo se podrían salvar con regímenes muy autoritarios.

 

 

 

   A nivel concreto, el Gobierno intenta justificar la Reforma a través del cumplimiento de dos objetivos, ambos avalados como dogmas de fe por los tecnócratas del FMI, del Banco de España o de la C.E. (léase Merkel o capitalismo central alemán en el área europea).

 

 

 

   El primero de estos objetivos consiste en que el conjunto de la normativa laboral sea lo
suficientemente flexible para que las empresas puedan adaptar fácilmente en cantidad y calidad el uso de la fuerza de trabajo a los requerimientos de los mercados. Ello significa tener capacidad para adaptarse a la deslocalización, a la variabilidad para disponer de horas de trabajo, a los cambios de categoría, etc… El argumento de la patronal es lineal y sencillo: Yo necesito medio vaso de agua, pero me obligan a comprar una botella de dos litros; conseguimos a través de una reforma laboral que solo nos obliguen a comprar una botella de litro, pero aún lo consideramos excesivo; a través de otra reforma laboral conseguimos que solo nos obliguen a comprar un botellín, pero aún nos sobra agua……¿ y si pudiéramos simplemente abrir y cerrar el grifo?….

 

 

 

   La respuesta es bien sencilla; resulta que el trabajador no es simplemente una mercancía, es una persona “sujeto de derechos”. y lo que se requiere es regular los mercados para garantizar esos derechos y no al contrario. De la misma manera que sucede con nuestro entorno natural y los recursos disponibles que son bienes que hay que proteger y garantizando su sostenibilidad. Entonces son los mercados los que se tienen que adaptar, aun cuando sea a costa de renunciar a los beneficios a corto plazo. Recientemente leíamos en la prensa que los huevos han aumentado de precio por el efecto de una Directiva de la Unión Europea que obliga a garantizar un mínimo espacio vital a las gallinas en las granjas y ello repercutía en la productividad de estas. Parece correcto garantizar un menor sufrimiento a los animales.

 

 

 

   Ojo a la noticia aparecida en El País (17-04-2012): Grifols pide que se vuelva a pagar por la donación de sangre. El consejero delegado de la multinacional de hemoderivados afirma que sería un buen complemento para el subsidio de desempleo.

 

 

 

   El segundo de los grandes objetivos de la Reforma es crear los instrumentos que permitan un descenso generalizado de los salarios a fin de conseguir una disminución de los precios de las mercancías y así ganar en productividad y, por tanto, en competitividad y ello sin tener que recurrir a una deflacción. Es lo que los economistas del FMI denominan “devaluación interna”, en clara contraposición a la clásica devaluación vía tasa de cambio de la moneda, de la que en España hubo muchos ejemplos en los años sesenta y setenta, que permitieron absorber los efectos expansionistas de las políticas desarrollistas del franquismo. Con el modelo neoliberal se trata prioritariamente de garantizar la estabilidad de los cambios y los precios a fin de mantener sin sobresaltos la circulación del capital financiero y sus beneficios; los costes de los desajustes hay que interiorizarlos, especialmente por la vía de repercutirlos en las rentas del trabajo. Y para mayores garantías, los estados de la UE ya no pueden actuar vía tasa de cambios, ya que el control monetario está únicamente en manos del Banco Central Europeo.

 

 

 

   Parece ser que para el Gobierno el único concepto de productividad a considerar es el financiero: euros de ventas por euro pagado en salarios. Del incremento de la productividad basada en el progreso técnico, la inversión, la mejora en la organización del trabajo y la formación de los trabajadores no queda ni rastro. De hecho, las dos grandes partidas que permiten mejorar la productividad real de la economía se han reducido en los Presupuestos de Rajoy más del doble del promedio de reducción de los gastos presupuestarios. Los gastos públicos en I+D+i, considerados hasta ahora como estratégicos, pasan de 8.600 millones de euros en 2011 a 6.400 millones de euros en 2012, lo que representa una disminución del 25%; el presupuesto en educación ha tenido una disminución del 22%, sin contar el efecto de los anunciados recortes de 10.000 millones extras en sanidad y educación. 

 

 

 

 

   Aún con todas las dificultades, las respuestas de los trabajadores se irán generalizando y contra ello ya se están elaborando reformas del código penal en las que hasta la resistencia pasiva podrá ser considerada un delito equiparable a la Kale Borroka.

Crisis y globalización

Alfonso Carbajonº 183 · noviembre / diciembre 2012

Dani Rodrik
La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial
Traducción de María Dolores Crispín.
Barcelona, Antoni Bosch, 2012 – 368 pp. 26 €

La crisis financiera de 2008 ha desencadenado la Gran Recesión, que todavía estamos padeciendo, y también, aparentemente, ha puesto fin al movimiento de protestas contra la globalización, martillo de las instituciones multilaterales, que tan activo había estado en las calles desde mediados de los años noventa. Dominada por activistas, la antiglobalización era el único núcleo unificador en una coalición circunstancial de grupos de las ideologías más varias: grupúsculos antisistema, comunistas recalcitrantes, partidarios del comercio justo, feministas radicales, ecologistas, sindicatos tradicionales, ONG de desarrollo y empresarios de la industria cultural, entre otros. Las primeras protestas se desarrollaron en Madrid en 1995, con ocasión de las reuniones de las asambleas del FMI y del Banco Mundial, y se hicieron violentas en Seattle en 1999, reventando la celebración de la reunión ministerial de la Organización Internacional del Comercio (OMC), para alcanzar su cosecha de un muerto y varias decenas de heridos en enfrentamientos de los globófobos con la policía en la reunión del G-8 en julio de 2001 en Génova.

Ese mismo año, los críticos de la globalización celebraron su primera conferencia formal en el Foro de Porto Alegre, concebido como réplica a la reunión de hombres de Estado y empresarios en el Foro Económico Mundial que se convoca cada año en Davos. Las reuniones de ese año y los siguientes del Foro Social Mundial tuvieron una extensa cobertura mediática –que era posiblemente el objetivo principal de los organizadores– pero, a partir de la reunión de Mumbai en 2005, el interés fue decayendo, y la reunión en Belém en 2009 y las posteriores del Foro no tuvieron ya resonancia alguna. Salvo denuncias a empresas o situaciones concretas –McDonald’s, Nike, la explotación del trabajo infantil para la exportación, el comercio con países donde la mujer sufre una discriminación sistemática, o la importación de especies en peligro de extinción–, los retóricos del movimiento nunca llegaron a formular una crítica articulada a la libertad de comercio –contentándose con frases huecas como «la libertad de comercio corporativo-estatal» o «la globalización con rostro humano»– y ni siquiera acertaron a identificar en qué consistía la globalización que pretendían combatir.

Por mi parte, aquí voy a limitarme a considerar sólo la globalización económica, es decir, la integración de las economías nacionales entre sí a través del comercio internacional de bienes y servicios, las inversiones directas (participación de las empresas de un país en el control de las empresas de otro), las inversiones financieras a corto y largo plazo, y los movimientos transfronterizos de población (principalmente de trabajadores). Naturalmente, el comercio de bienes y servicios y los flujos de inversión real y financiera son, a la vez, causa y consecuencia de la propagación de ideas e información a través de las fronteras nacionales. En casi todas estas dimensiones, la globalización ha avanzado significativamente durante los últimos sesenta años, contribuyendo a crear una fase de prosperidad mundial sin precedentes. En este período, la renta per cápita de los países occidentales se ha cuadruplicado en términos reales; China primero, e India, más tarde, están experimentando tasas elevadas de crecimiento que mejoran sensiblemente las condiciones de vida de un tercio de la población mundial; Chile, México y Brasil han ingresado en la OCDE; y las economías de Europa Central y del Este convergen hacia los niveles de vida de los fundadores de la Unión Europea. Muchos ponen el acento en la revolución actual en la tecnología de las telecomunicaciones, que ha convertido verdaderamente al mundo en una aldea global. Desde que se habían extendido estas innovaciones –decía un fino observador–, «el habitante de Londres, sin levantarse de la cama mientras saboreaba su té matinal, podía, con una simple llamada, comprar todo tipo de productos en cualquier lugar del mundo y conseguirlos sin tardanza; al mismo tiempo, y por los mismos medios, podía invertir en recursos naturales o en nuevas empresas en cualquier rincón de la tierra, beneficiándose sin esfuerzo ni molestias de los eventuales resultados de su inversión».

Pero este habitante de Londres no es el de 2010. Keynes, en la cita anterior, tomada de su primer best-seller1, está describiendo la vida del burgués londinense de 1913, una vida inmensamente cómoda gracias al intenso proceso de globalización experimentado por el mundo occidental a lo largo del siglo XIX hasta la Gran Guerra. En este período, los capitales europeos financiaron los ferrocarriles de Estados Unidos, América del Sur y Rusia, los cables telegráficos transoceánicos que permitieron integrar los mercados de valores y las grandes obras hidrográficas, como el sistema de canales de Norteamérica, o el canal de Suez, que abarató espectacularmente el comercio entre Europa y Asia. Pero más importantes que los flujos comerciales y de inversión fueron las corrientes migratorias desde Europa hasta el Nuevo Mundo, principalmente Estados Unidos. La inmigración contribuyó decisivamente al desarrollo del país, colonizando la frontera y desarrollando la agricultura. La magnitud de la emigración a Estados Unidos en este período excedió a todas las emigraciones anteriores en tiempos de paz y ya no volvería a ser igualada. En 1913, más de uno de cada tres estadounidenses había nacido en Europa o lo había hecho alguno de sus padres. Desde este punto de vista, la fase de globalización que ha experimentado el mundo desde 1950 no tiene nada de extraordinario.

La evolución de la integración de las economías avanzadas en el comercio mundial puede verse en el cuadro adjunto, donde aparece la ratio de las exportaciones de mercancías al PIB de cinco economías avanzadas representativas (Alemania, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) desde 1890 a 1990. Las tendencias están muy claras. En todos los países, las exportaciones en términos de PIB aumentan hasta la Gran Guerra (1913); se hunden con la guerra, la Gran Depresión y la Segunda Guerra, de modo que, en 1950, la apertura al exterior de estas economías es todavía sensiblemente inferior a la de 1913; de hecho, excepto en Japón, la apertura al exterior es inferior a la alcanzada sesenta años antes, en 1890. En 1970, todas ellas exhiben una apertura al exterior inferior a la de 1913 y, en el caso de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, inferior a la de 1890. Sólo en 1990 empiezan a superarse ligeramente en tres países las ratios de exportación de 1913, mientras que en Japón y Reino Unido son todavía netamente inferiores a las de casi ochenta años antes. Las pautas de evolución temporal que muestran las exportaciones en términos de PIB –incremento hasta 1913, hundimiento con la guerra y el período de entreguerras y (muy) lenta recuperación a partir de 1950– de estas grandes economías son muy claras y muy parecidas a las del resto de las economías occidentales.

1890 1913 1950 1970 1990
Alemania 15,90% 20% 14,50% 16,50% 24%
Francia 14% 16% 10,20% 11,90% 17,10%
Japón 5,10% 12,50% 8,80% 8,30% 8,40%
Reino Unido 27,30% 29,80% 15,30% 16,50% 20,60%
Estados Unidos 5,60% 6,10% 3,40% 4,10% 8%

Ratio de exportaciones de mercancías a PIB en economías avanzadas

La lección de las estadísticas de comercio exterior es muy clara, y la misma lección podría extraerse si se examinan las estadísticas de inversión exterior directa y endeudamiento exterior y de movimientos de población, porque todas cuentan la misma historia. La globalización de nuestra época no tiene nada de extraordinario o singular. Mucho más importante fue el proceso de globalización que culminó a finales del siglo XIX y principios del XX, algunos de cuyos logros se han perdido. El grado de integración internacional existente entonces entre las economías occidentales se destruyó con la Gran Guerra, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y no llegó a restaurarse hasta finales del siglo XX. Restauración, en efecto, que no revolución, y retorno a la normalidad perdida. Porque anormal fue la época de la autarquía, los fascismos y las guerras.

Y la segunda lección de la historia es que la globalización, como la democracia, es una planta frágil, de desarrollo difícil, y vulnerable a la demagogia nacionalista, al oportunismo político y a las presiones de los grupos de interés organizados. La primera globalización sucumbió en la escalada de enfrentamientos y crisis diplomáticas que acabaron desembocando en la Gran Guerra y fue enterrada con las políticas autárquicas de barreras arancelarias y contingentes a la importación, superpuestas a las devaluaciones competitivas emprendidas para generar una expansión interna a costa de arruinar al vecino. Harold James, ya en 2002, recordó «el final de la globalización» decimonónica y su relevancia para conjeturar las amenazas de involución de la globalización de nuestros días2. James ve la raíz del colapso de la primera globalización en la exaltación de los particularismos nacionalistas, puesta de manifiesto en movimientos sociales como el nativismo en Estados Unidos, cuya campaña contra la inmigración, en especial contra la inmigración procedente tanto de la Europa del Sur y del Este como de Asia terminó plasmándose en las primeras cuotas a la inmigración, recogidas en la Emergency Quota Act de 1921 y en la Immigration Act de 1924 –con el precedente infamante de la Chinese Exclusion Act de 1852–, en la elevación de barreras comerciales como la Smoot-Hawley Tariff de 1930 – que dio lugar a una oleada represalias arancelarias en Europa– y de contingentes a la importación, en la política acaparadora de oro del Banco de Francia y en la carrera de devaluaciones competitivas por las que cada país trató de exportar el desempleo a sus socios comerciales, con el único resultado del empobrecimiento de todos ellos.

Otro historiador, Niall Ferguson, habla de la «desglobalización» de principios del siglo XX en varios trabajos3, pero, en su interpretación, la destrucción del orden económico liberal del siglo XIX no es el resultado de tendencias proteccionistas internas, sino una consecuencia de la Gran Guerra que, a su vez, es el resultado casual de una configuración azarosa de circunstancias. Las fuerzas que, en conjunto, empujaron a las principales potencias a una conflagración en principio no deseada fueron: la vulnerabilidad de la potencia hegemónica de entonces, el imperio británico, derivada del tensionamiento de sus recursos al tratar de cumplir su papel de gendarme del mundo; las rivalidades entre el imperio alemán y el ruso por la supremacía en el continente y el conflicto latente entre Rusia y el imperio austrohúngaro por la cuestión eslava; la inestabilidad inherente a la fragilidad del sistema de alianzas existente –Alemania no podía confiar enteramente en Austria, y Francia tenía motivos para recelar del grado de sinceridad de Gran Bretaña– parecía conferir una ventaja decisiva al que lanzara el primer ataque; un estado mafioso, Serbia, fuera de la legalidad internacional; y una organización terrorista, los bolcheviques. En esa combinación explosiva prendió la chispa de Sarajevo y se extinguió el orden liberal del siglo XIX.

Ferguson subraya la semejanza en la esfera geopolítica de la situación actual con la del mundo de hace más de un siglo. La potencia hegemónica, Estados Unidos, revela, en ocasiones, debilidades críticas, al desplegar su actuación de gendarme mundial hasta el límite impuesto por sus recursos; su rivalidad con el poder creciente de China irá en aumento y la solución de ese conflicto latente no está predeterminada; la fragilidad del sistema de alianzas existente: la OTAN pierde cohesión al superarse la guerra fría, Alemania busca la seguridad de los recursos naturales de Rusia y las tensiones en Asia Oriental pueden degenerar en crisis graves; Estados mafiosos no faltan: Irán, Siria, Afganistán; y el terrorismo organizado es Al Qaeda. Ferguson no dice que esas amenazas tengan necesariamente que materializarse; incluso cree que lo más probable es que los peligros se sorteen con una diplomacia prudente. Pero, aunque remota, la posibilidad del hundimiento del orden económico internacional actual existe y, si la ruina económica llega a producirse, será producida por factores políticos.

También en 2005, Martin Wolf, editor económico del Financial Times, planteó la cuestión de la posibilidad de supervivencia de la globalización4, llegando a una conclusión semejante. El proceso de integración económica global creciente que ha caracterizado la historia contemporánea y elevado espectacularmente los niveles de vida en cuatro continentes no es irreversible. Los enfrentamientos políticos que terminaron destruyendo la primera globalización podrían también destruir la globalización actual. Su supervivencia no está asegurada.

Las dos experiencias históricas difieren en aspectos importantes. En contra de lo que pudiera pensarse, el ritmo de innovación tecnológica no es una de las características que hacen que nuestra época sobre ventaja sobre la anterior. Según O’Rourke, en términos del impacto sobre la rapidez de las comunicaciones y la integración global de los mercados, el cable transatlántico tendido en 1866, que redujo el retraso en la transmisión intercontinental de noticias de días a minutos, supera a la infraestructura de Internet, que ha reducido adicionalmente ese retraso de segundos a nanosegundos5. La fase de liberalización comercial de nuestros días se distingue de la antigua por ser verdaderamente global. Hace cien años la integración comercial tuvo lugar entre un conjunto limitado de países en Europa, Norteamérica y Oceanía. La globalización actual se ha extendido también a Japón, Corea y otros países de Asia en una primera fase, incorporando después a China e India y a la América hispana. Y, en este sentido, la globalización actual tiene el mérito de haber contribuido a combatir la pobreza en el mundo en una medida que parecía inalcanzable. Como muestra, en 1981, el 56% de la población de Asia Oriental subsistía con un ingreso medio inferior a un dólar diario; en 2001, el porcentaje había bajado a un 16%. La segunda globalización se distingue de la primera por afectar también al sector servicios. Los servicios contables, informáticos, jurídicos, e incluso parte de los servicios médicos, están integrados internacionalmente en una medida impensable hasta hace poco.

En cambio, en la globalización actual, ni las migraciones ni las inversiones directas han tenido la importancia que alcanzaron en la primera globalización. En la actual, tanto los países emisores como los receptores de inversiones directas han sido, en buena medida, los países avanzados, con la única excepción del Sudeste asiático, y especialmente China, que se ha convertido en el destino de todas las grandes multinacionales. Tampoco las migraciones económicas tienen ahora la importancia que tuvieron en el pasado. Entonces, la emigración a Estados Unidos liberó de la pobreza a capas amplísimas de la población de la Europa del Norte, la Europa Central y Oriental y la Europa Meridional que, persiguiendo su prosperidad material, contribuyeron decisivamente al desarrollo de su país de adopción. En la actualidad, la importancia de los problemas políticos que plantean los movimientos de población transfronterizos es mucho mayor que su significación económica para los países receptores. En consecuencia, las fronteras nacionales están más abiertas a la entrada de bienes y servicios que a la entrada de personas.

Wolf veía en 2005 que una de las defensas del orden económico liberal actual radica en la arquitectura multilateral que se ha creado en los últimos setenta años para sustentar el proceso de integración internacional. El FMI se ocupa de la estabilidad macroeconómica, de la coordinación de las políticas monetarias y fiscales de los Estados miembros, y de prevenir y eventualmente corregir los problemas de balanza de pagos. El Banco Mundial –y los bancos regionales– tienen por misión la financiación de proyectos de infraestructura en los países en desarrollo y de prestarles asistencia técnica. La OMC cubre todo el espectro del comercio de bienes y servicios, en cuyo fomento ejerce una triple función: de plataforma de negociación multilateral de la apertura comercial; de supervisión del cumplimiento y buena conducta comercial de los países miembros; y de instancia de resolución de los conflictos comerciales que surjan entre ellos. Esta es una ventaja de la globalización actual sobre la anterior: la existencia de un conjunto de instituciones supranacionales que supervisan y hacen cumplir las obligaciones que los países miembros han asumido libremente dentro de ese ámbito, y esto aleja el peligro de las confrontaciones bilaterales entre países y, por esa vía, el riesgo de desintegración.

Aunque ese riesgo existe. Las rivalidades entre naciones son una fuente de riesgo, en especial las confrontaciones por el acceso a recursos escasos como el petróleo, que está precisamente localizado en una región, la del Golfo, políticamente inestable. Otro factor de riesgo es lo que Wolf llama el megaterrorismo, una amenaza que puede materializarse en el encarecimiento del comercio internacional en el supuesto más benigno o, en el más grave, en el estallido de una guerra local en un contexto en que varios Estados de comportamiento impredecible poseen o están a punto de poseer armas nucleares. Pero a estos factores geopolíticos Wolf añade otros de naturaleza económica: los desequilibrios fuertes y persistentes de balanza de pagos y la presión de los intereses sectoriales dentro de cada país buscando la protección frente a la competencia exterior. Los desequilibrios de balanza de pagos en un sistema de tipos de cambio fijos fueron un factor desestabilizador coadyuvante a la política comercial proteccionista en la Gran Depresión; dentro de la eurozona, son una de las causas de la crisis del euro. La actuación de los grupos de interés buscando del gobierno protección frente a la competencia exterior en una sociedad de buscadores de rentas es uno de los peligros de involución del régimen comercial multilateral, si los gobiernos, cediendo a sus demandas, crean barreras a las importaciones, que dan lugar, a su vez, a una escalada de represalias.

En suma, el orden liberal internacional vigente –y, con él, nuestra prosperidad– puede desaparecer, como en 1914, víctima de un conflicto internacional grave, o puede consumirse por atrición, por un proteccionismo reptante, resultado del oportunismo político. En el primer caso, poco puede hacerse, salvo desear que las grandes potencias recuerden las lecciones de la historia. El segundo peligro, menos dramático en la forma pero grave en sus consecuencias, lo puede combatir cualquiera en el ámbito de los debates sobre política interna, porque se plantea en el terreno de las ideas. Ningún grupo de empresarios reclama públicamente protección frente a la competencia internacional porque busca aumentar sus beneficios, sino porque está en cuestión la seguridad nacional, la salud de los consumidores o cualquier otro interés público digno de protección. No todas las solicitudes de interferencia pública en los flujos de comercio o inversión están motivadas por intereses egoístas. Frecuentemente, hay distintas ONG, fundaciones benéficas o intelectuales independientes que, por convicción y de buena fe, reclaman la imposición de barreras a las importaciones en un área o en otra, aunque el remedio es generalmente peor que la enfermedad y, en conjunto, la sociedad pierde.

Harry Johnson, al discutir las tesis proteccionistas, solía distinguir entre razones económicas en favor del proteccionismo, razones no económicas en favor del proteccionismo y sinrazones en favor del proteccionismo. Son argumentos que vienen de antiguo y que, a lo largo del tiempo, reaparecen en diferentes guisas, como una marea, en expresión de Douglas Irwin, contra la que tiene que luchar la doctrina de la libertad de comercio6. Así, entre los argumentos no económicos, para justificar las barreras a la importación de productos agrícolas, los economistas prusianos aducían que los campesinos tienen fibra de buenos soldados, mientras que, para algunos ecologistas actuales, la agricultura tradicional cumple la función de mantener el medio rural. El razonamiento subyacente es falaz, porque presume que la protección comercial es el único instrumento de política utilizable para alcanzar esos objetivos no económicos. De hecho, el procedimiento eficiente consiste en utilizar las medidas que tengan un impacto directo sobre el objetivo buscado; un subsidio directo al desarrollo de individuos con rasgos marciales, en el primer caso, y, en el segundo, un conjunto de subvenciones a aquellas actividades favorables –y de impuestos a las actividades desfavorables– a la defensa del medio ambiente, serían las intervenciones más apropiadas para conseguir los fines perseguidos, en vez de las barreras comerciales, que además de tener una influencia menor sobre los objetivos buscados, entrañan el coste adicional derivado de la distorsión entre los precios domésticos y los precios internacionales. Si, por otra parte, por cualesquiera razones, las autoridades decidieran disminuir la cantidad importada de un producto determinado, entonces la intervención más eficiente para conseguir ese objetivo no económico sería un arancel o una cuota sobre las importaciones del producto en cuestión.

Los argumentos económicos a favor de la protección invocan la existencia de distorsiones domésticas –inmovilidad de algún factor de producción, rigidez de los precios de algunos factores, economías o diseconomías externas en algunas actividades– en virtud de las cuales, al abrirse la economía al comercio, ésta bien se especializa insuficientemente, generando paro, bien se especializa en la dirección incorrecta, disminuyendo, en todo caso, la producción y el nivel de vida; en esos casos, se dice, el proteccionismo estaría justificado para evitar la caída en la producción agregada. Aunque es teóricamente posible concebir una combinación de circunstancias en las que el comercio exterior empobrezca a un país, es muy difícil encontrar ejemplos históricos de empobrecimiento. Y, en todo caso, la cuestión relevante es si el proteccionismo es el remedio ideal para solucionar el problema. Como siempre, el remedio adecuado es una intervención que corrija la distorsión en la fuente; y no una intervención que trate de paliar sus efectos negativos, creando a su vez una nueva distorsión. Si la distorsión está producida por la inmovilidad de factores, habrá que suprimir las trabas a la movilidad; si una actividad genera economías externas, la política apropiada es subvencionarla directamente; para evitar los daños de la rigidez de precios, habrá que combatir sus causas (ordenanzas de salarios, colusión entre empresas, etc.).

Uno de los argumentos económicos más antiguos –y más reacios a desaparecer– es el de la industria naciente, que se ha aplicado a lo largo del tiempo a todas las industrias imaginables. Esta industria (la siderurgia, los astilleros, la informática o la que esté de moda en el momento) –se dice–, una vez consolidada, sería perfectamente viable a largo plazo en este país, pero la competencia exterior la haría incurrir en pérdidas en los años iniciales, con lo cual nunca llegaría a nacer. En consecuencia, si queremos que el país llegue a tener una industria de vanguardia –concluyen los partidarios–, es preciso construir un buen muro arancelario que la proteja en los años mozos hasta que, alcanzada la fase de consolidación, esté en condiciones de competir con las importaciones sin necesidad de arancel, e incluso de exportar. Este argumento, bien ignora el papel del empresario en una economía capitalista –que consiste en asumir los riesgos de un proyecto, incurriendo en pérdidas presentes en busca de la obtención de una posible ganancia futura–, bien postula implícitamente que la industria en cuestión genera unas economías externas tales que hacen posible, a la vez, una rentabilidad social alta y una rentabilidad privada baja e insuficiente para que a los particulares les compense emprender la inversión. En el primer supuesto, el argumento ignora la realidad más elemental; en el segundo, como en casos similares, recomienda el remedio incorrecto, es decir, un impuesto al comercio exterior, en lugar de una subvención a la actividad generadora de las economías externas, con lo cual, sin corregir directamente la distorsión inicial, se crea una nueva sobre el comercio exterior.

Resulta claro de lo anterior que, en contra de la caracterización popular de la defensa del librecambio, ésta no debe confundirse con la defensa del laissez-faire. Para el partidario del laissez-faire, el Estado no debe interferir nunca en el funcionamiento de ningún mercado, doméstico o internacional. La posición del economista moderno es más pragmática. El Estado debe intervenir, en principio, corrigiendo las distorsiones de los mercados allí donde se produzcan, penalizando con impuestos las actividades que generen diseconomías externas, incentivando con las subvenciones apropiadas las actividades que generen economías externas, financiando con impuestos generales la provisión de bienes públicos, vigilando el mantenimiento de la competencia y buscando la redistribución socialmente deseada de la renta mediante un sistema neutral de impuestos y transferencias. En particular, los impuestos a la importación estarán justificados en el caso improbable pero posible en que exista una distorsión en la formación de los precios internacionales.

Las consideraciones anteriores proporcionan un marco de referencia para valorar las críticas –o los ataques, según se mire– que se han formulado recientemente contra la globalización desde distintos ángulos del espacio político, entre las que destacan las que presenta Dani Rodrik en un libro reciente: por el prestigio del autor, por el aparato analítico en que las sustenta y por el riesgo que pueden representar de un deslizamiento hacia el proteccionismo.

Según la South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS), la globalización es la culpable de la expansión del trabajo infantil en el Tercer Mundo7, porque las familias pobres se aprovechan de los salarios más altos que la globalización trae consigo, empleando a sus hijos menores para aumentar sus ingresos. Esta acusación, que está en contradicción con otra que se hace a la globalización, a saber, que no propaga la prosperidad a las capas más pobres de los países en desarrollo, ignora la evidencia acumulada en varios países de Asia8. La National Organization for Women (NOW) ha acusado a los tratados comerciales internacionales de “violar los derechos de las mujeres trabajadoras” en las zonas francas de México, cuando debiera dirigir su crítica al sistema jurídico de protección de la mujer en México. También se ha acusado a la globalización de de socavar las diversidades culturales, sustituyéndolas por una uniformidad anglosajona; y de reducir, por el maleficio de las empresas multinacionales, los salarios de los trabajadores en los países pobres y, al mismo tiempo, por la competencia del trabajo barato de los países pobres, de deprimir los salarios de los trabajadores no cualificados de los países ricos. También de forzar a un deterioro de las normas d protección del trabajo y de conservación del medio ambiente. Todas estas críticas, y muchas otras dirigidas a los supuestos costes sociales de la globalización, las refuta Bhagwati en una obra que es una maravilla de rigor y de ingenio9. Es literalmente imposible dar cuenta aquí de la solidez de los razonamientos y de la inmensa acumulación de información empírica con las que Bhagwati rebate todos los ataques contra la globalización de estos últimos años, al mismo tiempo que aclara muchos conflictos internacionales de la historia reciente. Lo mejor que puedo hacer es recomendar al lector la lectura de esta obra admirable.

Dani Rodrik es un prestigioso profesor de Harvard que se ha dedicado durante los últimos años10  a denunciar los peligros para la democracia y el bienestar de los países en desarrollo de lo que estima una globalización excesiva y a defender, en ausencia de instituciones de gobierno mundial, la necesidad de un espacio más amplio de discrecionalidad política de los Estados frente a la presión globalizadora representada por las grandes potencias y los organismos multilaterales, en especial, el FMI y la OMC. Para él, la proliferación creciente de de acuerdos en el seno de la OMC que tienden a asegurar, cada vez en mayor medida, el compromiso de no discriminación en el ámbito de las relaciones internacionales, lejos de constituir un proceso deseable, representa más bien una amenaza a la democracia.

Rodrik no pretende restaurar el proteccionismo de antaño, pero, por eso mismo, su ataque a la globalización es más sutil y peligroso que el de los globófobos doctrinarios. Como economista profesional sabe demasiado bien que una propuesta semejante condenaría a los países que la adoptasen al retraso económico. Sin defender el proteccionismo, Rodrik condena la globalización excesiva. Y entiende por excesiva toda la globalización que venga a partir de ahora. Demasiada medicina –viene a decir– termina haciendo daño al paciente. La liberalización del comercio mundial conseguida hasta ahora en sucesivas rondas negociadoras en el seno del GATT, primero, y de la OMC –la institución sucesora de la anterior–, después, ha alcanzado el límite de lo deseable. Estamos muy bien como estamos. En los dos grandes bloques comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea, la protección arancelaria media está en torno a un 4% –los resultados varían ligeramente de unos analistas a otros dependiendo de los diferentes criterios de ponderación de las partidas individuales utilizados en la computación del arancel medio– que, en términos prácticos –sostiene Rodrik–, viene a ser indistinguible de la libertad de comercio. Esto quiere decir que la integración comercial internacional ha entrado ya en una fase de rendimientos decrecientes y que cualquier esfuerzo liberalizador adicional va a generar ganancias mínimas de eficiencia porque todos los resultados favorables derivados de la especialización ya se han conseguido. De hecho, Rodrik refuerza su argumentación citando un estudio del International Food Policy Research Institute de Washington11 en el que se estiman las ganancias para Estados Unidos de una liberalización completa del comercio mundial en un 0,3% del PIB de Estados Unidos, y esto a lo largo de varios años. Es forzoso concluir que para ese viaje no se necesitan alforjas.

Y esos magros resultados no se obtienen sin sacrificios, singularmente –entiende Rodrik– en el disminuido margen de maniobra que le resta a la política estatal –especialmente en los países subdesarrollados– para orientarla hacia objetivos de interés nacional. La dependencia del comercio internacional puede alterar la distribución de la renta del país en un sentido no deseado por las autoridades, y éstas deben tener los medios para oponerse a ese cambio en la distribución. Las barreras comerciales pueden proporcionarles esa conveniente protección para influir en la distribución de la renta nacional y es legítimo que los Estados quieran conservar esa capacidad. Además, sostiene Rodrik, los Estados, y en especial los de los países pobres, deben estar en condiciones de formular una política industrial propia, para lo cual han de rodearse de un cordón protector frente a las intromisiones de la OMC, mucho más prolija que su predecesor el GATT –según Rodrik, las resoluciones del GATT «eran un chiste»– en la regulación minuciosa de las barreras al comercio de sus miembros.

Rodrik va todavía mucho más lejos y llega a sostener que es necesaria una reforma de la OMC –y, en su campo, también del FMI– para «ampliar el espacio de elección de medidas de política económica» de los miembros, muy especialmente el de los países menos desarrollados. Lo contrario es negar la realización de las decisiones democráticas de los países miembros. Es moralmente intolerable que el comercio internacional destruya un sector, altere la distribución de la renta o introduzca un tipo de productos en un país en contra de la voluntad democrática de sus ciudadanos. Y, en este sentido, enuncia el siguiente trilema: es imposible la coexistencia simultánea de Estados nacionales soberanos, globalización total e instituciones democráticas. Si llega a darse un sistema de gobierno mundial, podrán coincidir democracia y globalización, pero sin Estados nacionales; globalización comercial completa sin un sistema de gobernanza mundial implica renunciar a la democracia; y, por último, el cumplimiento de la voluntad democrática expresada en las instituciones de los Estados sólo es posible manteniendo la globalización en jaque. Ergo, concluye Rodrik, hay que frenar la globalización.

Hasta aquí las críticas a la situación actual. Las propuestas de reforma de Rodrik se ciñen al ámbito de las relaciones comerciales internacionales, esto es, a la OMC, aunque críticas aisladas al FMI se vierten a lo largo de la obra. Pero al tema del orden monetario internacional, que es la provincia del FMI, le dedica un capítulo, titulado «Los despropósitos de la globalización financiera», en el que describe la crisis financiera de Asia de 1997, que él atribuye a la eliminación, en los países afectados, de los controles a los movimientos de capital, y su contagio, afortunadamente sin consecuencias últimas, a economías financieramente sólidas, como Brasil, simplemente por una oleada de pánico que afectó a la mayoría de los inversores internacionales en países emergentes. Rodrik es firme partidario de la reintroducción de controles a los movimientos transfronterizos de capital y de la imposición multilateral de un impuesto Tobin de un tipo 0,1% sobre las transacciones financieras internacionales, en el que valora más la capacidad recaudatoria que su cuestionable utilidad para reprimir la especulación.

En consonancia con los principios expuestos, Rodrik propone un plan de reforma del orden económico internacional. Debe arrinconarse el régimen comercial vigente basado en la negociación de reducciones recíprocas de barreras al comercio, «porque los gobiernos gastan mucho capital político». En su lugar, el esfuerzo común debe concentrarse en «hacer que la apertura comercial existente sea coherente con unos objetivos sociales más amplios». El objeto de las negociaciones debe ser la magnitud del ámbito de políticas reservado al arbitrio de los países y no, como hasta ahora, el acceso al mercado. En todo caso, lo mismo que en el sistema actual se han codificado salvaguardias, es decir, situaciones en las que un socio de la OMC está legitimado –por razones de fuerza mayor, como perturbaciones graves del mercado interior u otras específicamente tasadas– para suspender el cumplimiento de las obligaciones contraídas de aceptar las importaciones procedentes de otros miembros, Rodrik propone la creación de salvaguardias que liberen a los socios de sus obligaciones comerciales cuando éstas pongan en cuestión los objetivos internos de distribución de la renta, o de concesión de ventajas sociales o normas medioambientales, u otras que incorporen valores semejantes. Las reglas generales del comercio multilateral deberían de algún modo penalizar a los países autoritarios y favorecer a los países democráticos.

El segundo elemento esencial de su propuesta de reforma es el apoyo ordenado a la emigración temporal de países pobres a países ricos. Rodrik es escéptico respecto a las ganancias de eficiencia que puedan generarse eliminando las barreras existentes al comercio, pero se muestra muy optimista sobre el potencial de reducir las barreras a la emigración. Reconociendo al mismo tiempo los perjuicios de la fuga de cerebros para los países en desarrollo y las dificultades de una inserción permanente en el país anfitrión, propone la organización multilateral de un sistema de incentivos –como, por ejemplo, retener una parte de la retribución del emigrante en una cuenta especial que sólo puede movilizar al regresar al país de origen– para que las estancias de trabajo de los emigrantes tengan duración determinada, idealmente cinco años. Cada oleada de emigrantes que retorna es reemplazada por un número igual de compatriotas para cumplir su período laboral de cinco años.

El tercer elemento se centra en desmantelar la globalización de las finanzas. Su solución es devolver a los gobiernos el poder de regular los movimientos internacionales de capitales, de modo que las decisiones en esta materia sean tomadas por políticos responsables ante sus electores, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, en que son las burocracias internacionales las que determinan el marco normativo de las operaciones financieras. La devolución del poder a los Estados se complementa con el establecimiento multilateral de un impuesto Tobin sobre las transacciones financieras.

El último componente de la reforma consiste en asegurar la inserción apropiada de China en la economía mundial. El desempeño de la economía china en los últimos treinta años –gracias, subraya Rodrik, a no seguir las recetas liberales de los economistas ortodoxos– ha sido espectacular y extraordinariamente beneficioso para China y para el resto del mundo. Su papel como dinamizador de los flujos comerciales –de exportación e importación– con Occidente y como ahorrador mundial de última instancia ha sido crucial. Razón de más para evitar que se malogre ese venturoso mecanismo. Desgraciadamente, Rodrik teme que las exigencias de la OMC sean una fuente de irritantes tensiones entre China y Occidente que pueden degenerar en conflictos. Para empezar, desde que China ingresó en la OMC en 2001, sus socios insisten en que cumpla los protocolos de propiedad industrial, marcas y patentes, lo cual pone obstáculos a su proceso de desarrollo. Más grave todavía es la prohibición general de subvenciones a las exportaciones, norma fundamental de la OMC, cuyo cumplimiento forzó a China a recurrir a otro mecanismo de fomento de sus industrias exportadoras, a saber, la depreciación de su moneda. Esta política cambiaria de China, esencial, según Rodrik, para su estrategia de crecimiento, es una fuente continua de contenciosos entre China y Estados Unidos, lo que puede dar lugar a tensiones internacionales graves.

En consecuencia, Rodrik propone que China retenga el espacio de autonomía interna que le permita diseñar las políticas más convenientes para su desarrollo. Sólo así podrá seguirse contando con China como uno de los motores de la economía mundial y asegurar al mismo tiempo un clima de cordialidad en las relaciones políticas de Occidente con la gran potencia emergente.

Antes de comentar las críticas de Rodrik a la globalización y las reformas que preconiza, vale la pena detenerse en las denuncias que formula en los primeros capítulos contra sus colegas economistas –en concreto, contra los defensores de la libertad de comercio, que son el 95% de todos los economistas profesionales–, acusándolos de ligereza o, incluso, de esquizofrenia, por no desvelar en público las reservas que en la lección magistral o en el proyecto de investigación manifiestan contra la bondad universal de la libertad de comercio. Esta descalificación general de los partidarios de la apertura comercial es tan absurda que sólo puede entenderse como una maniobra del autor para ganar la simpatía del público en favor de su tesis, antes de defenderla. Los internacionalistas –viene a decir–, rigurosos cuando presentan sus resultados en la academia, se tornan doctrinarios dogmáticos al intervenir en los debates públicos.

Es cierto que, como no podía ser de otro modo, el rigor en la demostración de sus proposiciones que el economista –o cualquier otro académico– se exige en el seminario, no lo despliega en la televisión. Como decía Joan Robinson, el investigador que detallara ante el gran público todos los supuestos de su descubrimiento sería un pelma. Con todo rigor, sólo puede decirse que la situación A es estrictamente mejor que la situación B, o que A es preferible a B, si nadie en A está peor que en B y alguien está mejor en A que en B. Este es el llamado criterio de Pareto, un criterio riguroso pero que, por ello, no permite expresar una preferencia en la mayoría de los casos, porque en la vida real hay ganadores y perdedores en A y en B. En la apertura al comercio internacional, como con el progreso técnico o con los avances científicos, la mayoría gana, pero hay algunos que pierden. Sería deseable mantenerse en la pureza de las comparaciones de Pareto, pero, en la mayoría de los casos, no es posible.

En las discusiones de políticas no hay lugar para esas lindezas. Y no sólo en lo que concierne al comercio internacional. Todos –me imagino que Rodrik también– coincidimos en preferir la situación A a la B, si en A el PIB es un 3% mayor que en B; y preferimos B a C, si en esta última el PIB es un 2% menor. Y, sin embargo, en las dos, en A y en C, hay simultáneamente ganadores y perdedores respecto a su situación inicial en B.

Entrando en la crítica a la apertura comercial estrictamente, en vez de la crítica a sus defensores, la afirmación de que la liberalización obtenida es más que suficiente es muy cuestionable. En primer lugar, la estimación aportada de las ganancias derivadas de una liberalización total del comercio (0,3% del PIB de USA) es demasiado baja. Según estudios del Institute for International Economics, la estimación correcta estaría en un 5% del PIB, y según el modelo de la Universidad de Michigan, un 4,4%, y se trata de magnitudes considerables12. En segundo lugar, y eso explica la diferencia en las estimaciones de los costes de la protección, ésta no se instrumenta tanto ahora a través del arancel como mediante barreras no arancelarias: normas de calidad, especificaciones, contratación pública, medidas antidumping, etc. Precisamente, cuanto más bajos son los aranceles, más decisivas resultan las barreras no arancelarias, y los aranceles pueden simularse con otras medidas de política interna. Un arancel de x% a la importación de televisores es equivalente a la combinación de un impuesto de x% al consumo interno de televisores y un subsidio de x% a la producción doméstica de televisores.

Rodrik cree que cuando el comercio internacional altera la distribución de la renta que se ha dado el país, éste debe renunciar al comercio para asegurar sus objetivos democráticos. Con el progreso técnico, unos ganan y otros pierden. La medicina moderna arruinó a las parteras y a los sangradores, pero sería absurdo sacrificar al mantenimiento de la distribución las mejoras generalizadas en la salud. El comercio internacional, lo mismo que un descubrimiento tecnológico, aumenta la productividad de la economía, aunque algunos pierden con el cambio. ¿Debe proscribirse el progreso técnico en aras del statu quo?

Además, cuando el comercio o una obligación asumida en el seno de la OMC alteran la distribución de un país, Rodrik interpreta el hecho como un atentado a la democracia, pero en el supuesto de que se trate de una democracia –la OMC tiene 157 miembros, entre ellos Zimbabue, Cuba y Argel–, ¿por qué tiene más valor democrático la medida de protección votada en el parlamento que la ratificación en el mismo parlamento del acuerdo concluido en la OMC?

En ese cuadro, los organismos multilaterales parecen como siniestra burocracias que imponen por la fuerza sus resoluciones a países que habían acordado que otro curso de acción era preferible. En primer lugar, la regulación es bastante laxa: Argentina es miembro del FMI y Rusia lo es de la OMC. Segundo, lo que se impone a los Estados son las obligaciones que los mismos Estados han acordado libremente.

En cuanto a las propuestas de reforma, Rodrik coincide en su posición sobre las transacciones financieras con muchos otros economistas. Así como la inmensa mayoría está de acuerdo en la superioridad del comercio libre de bienes y servicios sobre la protección, la opinión se halla más dividida sobre la liberalización de los movimientos de capital. Bhagwati, por ejemplo, el teórico más eminente del comercio internacional, es partidario de la liberalización completa de la cuenta corriente, pero tiene muchas reservas respecto a la liberalización de la cuenta de capital en los países en desarrollo. La conveniencia para la economía mundial de relajar muchas de las restricciones a los movimientos de población es evidente. Rodrik coincide en este punto con Bhagwati, que ha llegado a proponer la creación de un organismo multilateral para organizar los movimientos migratorios, en paralelo a la OMC, el FMI y el Banco Mundial. El proyecto concreto de Rodrik de crear contratos de trabajo solapados de cinco años de duración para emigrantes me parece demasiado rígido para que sea aceptado, pero habrá que ver cómo evoluciona este tema.

La propuesta de reforma de las instituciones multilaterales en el sentido de ampliar «el espacio discrecional de formulación de políticas» reservado a los Estados me parece la más peregrina de todas. En primer lugar, «los espacios» existentes son ya amplísimos. Segundo, ¿cómo se miden y se negocian concesiones mutuas entre Estados en un tema tan intangible como los espacios de autonomía política? Piénsese que incluso las negociaciones sobre los temas más prosaicos, pero de enorme impacto sobre los costes de transporte, como las que se producen entre expertos sobre la facilitación del despacho de mercancías en aduanas, presentan problemas de comparabilidad y homogeneización que retrasan su terminación. La negociación sobre temas tan vaporosos como la soberanía en subespacios de la política económica, al sustraer los asuntos del ámbito de los técnicos, abriría además el riesgo de transformar la OMC en una segunda marca de la ONU, convirtiendo las diferencias de interpretación entre profesionales en enfrentamientos políticos entre países.

No deja de sorprenderme la superioridad que Rodrik atribuye a la negociación discrecional respecto a la sumisión a reglas multilaterales como modo de garantizar la satisfacción de los intereses de los países más pobres, porque en una negociación bilateral el más débil lleva las de perder. La diferencia entre las democracias y los sistemas autoritarios es que en aquéllas todos están sometidos a las mismas normas. Canadá, un país rico pero cuya economía es aproximadamente la décima parte de la de su poderoso vecino del sur, tiene la experiencia de lo que es una negociación entre desiguales. Y por eso es el abogado más firme de un sistema de reglas multilaterales en el orden internacional. Cuesta trabajo admitir que lo que es bueno para Canadá no sea más recomendable todavía para países en situación aún más desvalida como Vietnam, Argelia o Bolivia, por ejemplo.

Pero el defecto más grave de las tesis de Rodrik no reside en la relativa bondad o maldad de sus propuestas concretas de reforma de la arquitectura internacional, sino en el mensaje general de escepticismo acerca de los logros del multilateralismo y de autocomplacencia en las posibilidades de la ingeniería social. Desprestigiar la OMC y la consolidación de un régimen comercial abierto abre la puerta a la involución porque las fuerzas a favor de la liberalización son débiles, mientras que la tendencia a la extensión e intensificación del proteccionismo es un peligro constante. Una vez más, el símil de la fragilidad de la democracia es relevante: es muy difícil de conquistar, pero muy fácil de perder.

Y la democracia, paradójicamente, es uno de los mecanismos de fomento de los intereses proteccionistas. La razón está, como ya explicó hace más de medio siglo Anthony Downs13, en la asimetría de información entre los receptores de los sustanciales beneficios de la protección y el resto de los contribuyentes que la pagan. En un sector sujeto a la competencia exterior, una barrera comercial que permite aumentar el precio interno un 20% representa un incremento sustancial de las rentas y del nivel de vida, por el que están dispuestos a presionar al gobierno y a hacer campañas de prensa los trabajadores y los empresarios del sector. Si el sector aporta el 1% al PIB, esa bonanza de un 20% para sus beneficiarios aumenta el coste de la vida para el resto de la comunidad en aproximadamente un 0,2%, apenas apreciable y, por tanto, ignorado. Entre un grupo concentrado de votantes que perciben intensamente los beneficios para ellos de la protección y la masa inmensa que no tiene conciencia siquiera de los costes que debe soportar para sostener aquellos beneficios, ¿hacia qué lado van a inclinarse los políticos que quieren llegar al poder o mantenerse en él? El interés particular se siente con intensidad y el interés público, en el mejor de los casos, se barrunta. El votante típico está óptimamente desinformado sobre los asuntos de interés general y excelentemente informado sobre los asuntos que le conciernen directamente. Esta asimetría opera en cualquier medida de apoyo sectorial, de modo que hoy le toca al carbón, mañana a las energías renovables, pasado al libro, y al final toda la sociedad está participando como beneficiaria y como pagana en el gigantesco sistema de transferencias implícitas. De hecho, paga más de lo que recibe porque, lo mismo que el hielo se derrite por el camino, el coste del proceso político implica que la carga social de la protección es mayor que el valor agregado de los beneficios que reciben sus promotores.

En el modelo de Downs no hay políticos corruptos ni grupos de presión malévolos. Los políticos son iguales al resto de los ciudadanos: maximizadores de su interés particular en la medida que lo permiten las condiciones de su entorno con la información de que disponen. Así, los políticos maximizan las posibilidades de ser elegidos o reelegidos, los ciudadanos en cuanto participantes en la producción tratan de obtener concesiones del gobierno y los mismos ciudadanos, en cuanto votantes, están racionalmente desinformados de los temas generales, excepto de aquellos que afectan a su interés particular. La razón es sencilla. Para el ciudadano medio, la información sobre las mejores rebajas de enero, las ofertas especiales en el mercado de autos o los mejores procedimientos de ascenso en su empresa, es relativamente accesible con un tolerable esfuerzo; y, frente a ese coste, los beneficios derivados de tomar una decisión acertada son sustanciales. El mismo ciudadano, si quisiera emitir un voto basado en un conocimiento completo de las alternativas en juego, tendría que dedicar más tiempo del que dispone a aprender los problemas de las nucleares, los mecanismos de incidencia de los impuestos, el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea, a comprobar con rigor el historial de los políticos contendientes, etc.: un coste inasumible si quiere llegar a fin de mes. Frente a este coste, ¿cuál es la ventaja de tomar la decisión correcta? Nula, porque, uno entre treinta millones, su voto nunca será decisivo en la elección. Este cálculo individual explica el alto nivel de abstención del electorado que se registra en las democracias maduras, superior al 40%. Por otra parte, el hecho de que la participación sea superior al 50% va en contra de las predicciones de este modelo, y de ahí que se hable de la paradoja de la participación.

Es cierto que este modelo del votante racionalmente ignorante ha sido puesto en cuestión recientemente por Bryan Caplan en un libro brillante y provocador que desmenuza, precisamente, lo que él denomina el mito del votante racional14. A través de un análisis detallado de encuestas sobre temas económicos, y del análisis comparado de las votaciones en diferentes jurisdicciones, Caplan muestra que algunos programas votados y algunas medidas sectoriales finalmente adoptadas en los parlamentos no son muchas veces el resultado de la doble asimetría –de costes-beneficios y de información– entre los pocos favorecidos y los muchos contribuyentes, sino del consentimiento, cuando no de la adhesión entusiasta, de la mayoría de los votantes. Dicho de otra manera, a la mayoría de los ciudadanos les gusta el proteccionismo, el rescate público de las empresas privadas en dificultades y los controles de precios, aun entendiendo que esas políticas tienen efectos colaterales adversos, siempre que esos efectos no lleguen a perjudicarles demasiado. Caplan propone que un modo de racionalizar ciertos sesgos permanentes en la opinión, así como la paradoja de la participación, consiste en postular que los ciudadanos tienen preferencias sobre sus creencias políticas, del mismo modo que tienen preferencias sobre las cosas que les gusta consumir. Estas creencias, entre las que está en Estados Unidos una aversión a lo extranjero, son inmunes, hasta un cierto punto, a la refutación lógica o a la disconformidad con la evidencia. Ese punto aparece cuando el coste privado de mantenerlas empieza a ser relativamente alto, cuando la realidad se impone y la vieja creencia se sustituye entonces por otra más conveniente. Es imposible dar cuenta aquí de toda la riqueza de sugerencias de esta obra, pero resaltan dos conclusiones del análisis. Primero, una condición necesaria para mejorar la racionalidad del proceso político es reducir el ámbito de actuación del Estado y aumentar el ámbito de influencia del mercado. Segundo, la lucha contra el proteccionismo es más azarosa de lo que se deduce del modelo de elección pública tradicional.

Si se tiene en cuenta la ubicuidad de los intereses en contra de la integración económica internacional y la duración e intensidad de la Gran Recesión, parece casi un milagro que la deriva proteccionista, especialmente intensa cuando el paro es alto15, no se haya reflejado recientemente en un mayor número de contenciosos en la OMC. Una de las causas de esta aparente tranquilidad es seguramente la arquitectura multilateral del comercio que sus atacantes tienen tanta inclinación a vilipendiar. Esta es una de las diferencias con respecto al período de entreguerras. A diferencia de entonces, ahora existe una maquinaria de defensa del mercado global que, si no impide enteramente, al menos sí dificulta las maniobras de discriminación comercial. La otra diferencia importante es que ahora sabemos lo que pasó entonces, y nadie quiere arriesgarse a una repetición de los aranceles prohibitivos, los contingentes de importación, las políticas de arruinar al vecino y la tragedia de la guerra.

Probablemente esta es la razón por la que el G-20 previene una y otra vez contra los peligros de la tentación proteccionista. Desgraciadamente, el G-20 no practica lo que predica. Según Global Trade Alert, un observatorio de las prácticas proteccionistas de todos los países, el G-20 es culpable de haber introducido 877 medidas discriminatorias del comercio desde noviembre de 200816  y su cuota en el total de medidas discriminatorias ha aumentado desde el 69% en 2009 hasta el 79% en 2012. Según Global Trade Alert, en la actualidad los agresores más frecuentes son los países desarrollados, encabezados por la Unión Europea, aunque Rusia y Argentina se encuentran también entre los primeros en todas las listas. Una buena noticia es que México ha reducido el número de medidas discriminatorias vigentes.

No debe sorprender que hayan sido también los países del G-20 los que hayan encontrado nuevas formas de discriminación, aprovechándose de las lagunas existentes en la normativa de la OMC, que era preciso corregir, pero que no se ha hecho, debido, en parte, a la pasividad de Estados Unidos. Para no contrariar a los sindicatos, el presidente Obama ha demorado la tramitación en el Congreso de los acuerdos comerciales con Corea, Colombia y Panamá, y ha dejado languidecer la ronda de negociaciones de Doha en la OMC. El Congreso, por su parte, ha renovado las medidas de protección a los agricultores de caña de azúcar y remolacha y está contemplando la puesta en marcha de la política Buy American para reservar la contratación pública a los suministradores nacionales, con gran irritación de Canadá y México, los socios de NAFTA. La imitación es fácil, y la Unión Europea, a instancia del presidente Hollande, está elaborando un programa de Comprar lo europeo.

Estas maniobras oportunistas, aunque todavía no han dado lugar a confrontaciones graves, son probablemente ineficaces para conseguir los resultados que se pretenden y, por otra parte, aumentan el peligro de un deslizamiento hacia un proteccionismo que puede resultar irreparable. Las restricciones comerciales son muy difíciles de eliminar por la asimetría entre los pocos privilegiados y los muchos perjudicados sólo un poquito, y, si generan represalias, la eliminación será más difícil todavía, aunque no hayan servido para nada.

Alfonso Carbajo es técnico comercial del Estado.

1. John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, Nueva York, Harcourt, Brace & Howe, 1920.
2. Harold James, The End of Globalization: Lessons from the Great Depression, Cambridge, Harvard University Press, 2002.
3. Véase, en especial, «Sinking Globalization» Foreign Affairs (marzo-abril de 2005), pp. 64-77
4. «Will Globalization Survive?», tercera Whitman Lecture impartida en el Institute for International Economics de Washington el 5 de abril de 2005.
5. Véase Kevin O’Rourke, «Europe and the Causes of Globalization, 1790 to 2000», en Henryk Kierzkowski (ed.), Europe and Globalization, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.
6. En el libro de Douglas Irwin, Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade, Princeton, Princeton University Press, 1996, se encuentra una penetrante exposición de la historia de los argumentos proteccionistas y de sus refutaciones desde la ortodoxia.
7. En su informe Invisible Slaves: An Endeavour to Combat Domestic Child Labour, Nueva Delhi, SACCS, 1999.
8. Véase Kathleen Beegle, Rajeev H Dehejia y Roberta Gatti, «Child Labor, Income Shocks, and Access to Credit», World Bank Policy Research Working Paper 3075 (junio de 2003).
9. Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2007 (En defensa de la globalización: el rostro humano de un mundo global, trad. de Verónica Canales, Barcelona, Debate, 2005).
10. En multitud de trabajos recogidos, en parte, en su libro recientemente publicado en nuestro país y traducido con desigual fortuna.
12. Véase Gary Clyde Hufbauer,  «Rodrik: The Globalization Paradox», Institute for International Economics (4 de mayo de 2011), y Drusilla K. Brown, Alan V. Deardorff y Robert M. Stern: «Computational Analysis of Multilateral Trade Liberalization in the Uruguay Round and Doha Development Round», Working Papers 489, Research Seminar in International Economics, Universidad de Michigan (2002).
13. En su obra clásica An Economic Theory of Democracy, Nueva York, Harper, 1957.
14. Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies, Princeton, Princeton University Press, 2007.
15. Sobre los determinantes de la política comercial, véase Stephen Magee, William Brock y Leslie Young, Black Hole Tariffs and Endogenous Policy Theory: Political Economy in General Equilibrium, Nueva York, Cambridge University Press, 1989.
16. Véase Global Trade Alert, especialmente Débâcle: The 11th GTA Report on Protectionism, para un inventario detallado de las medidas discriminatorias adoptadas por cada país y una relación de los países perjudicados por las mismas.

Condicionantes de Bruselas al Rescate de la Banca.

#EnAgostoYPorLaEspalda

No es una sorpresa que nuestro gobierno esconda los recortes que está llevando a cabo a las personas que vivimos en España, mientras los comunica, con todo lujo de detalles, a la Unión Europea, el Banco Central Europeo o a inversores internacionales. Hemos podido acceder a los documentos que el Gobierno presentó a mitad de julio al Consejo Europeo, con el objetivo de convencer al resto de países de la UE de que las medidas de austeridad van muy en serio, que no se detendrán en verano y que tendrán un impacto económico gigantesco en los próximos años.

Todo esto pretende contentar a la UE, al BCE y al FMI bajo el pretexto de rebajar la presión de los mercados y recuperar su confianza al coste que sea.

Lo que no parece importarle al Gobierno es el efecto que estas medidas tendrán en la población. Ni le importa que ese impacto económico (tan bien detallado) tenga un impacto social mucho más trágico, ni le interesa que la sociedad española sepa exactamente, en tiempo real, lo que se nos viene encima. Dado que los sacrificios recaen sobre la mayoría de la sociedad protegiendo los intereses de unos pocos, no podemos apelar a la torpeza o ceguera de nuestros gobernantes. Estamos ante un ejecutivo que gobierna para minorías, plenamente antidemocrático.

Como se puede comprobar, en la relación de documentos que adjuntamos se preveían las últimas medidas adoptadas, como la subida del IVA, pero también otras que están tramitándose, como recortes en las prestaciones de desempleo o una nueva reforma del sistema público de pensiones. Se pone cifra a los recortes que habrá en políticas de empleo como el subsidio para parados, que alcanzarán los 1.900 millones en 2012, 5.810 en 2013 y 6.050 en 2014, para un recorte total de 13.760 millones de €.

Se propone sin ambages una reforma del sistema público de pensiones, lo que supone una nueva mentira de nuestros dirigentes, que prometieron antes de las elecciones no tocarlas, pero que ya tienen tomada la decisión de acometer un recorte que se estima en unos 10.000 millones de €. Aducen como excusa el típico argumento de hacerlo sostenible en el tiempo, obviando que el sistema público de pensiones ha sido mucho más rentable en los últimos años que las alternativas privadas.

Se recortarán un punto las cotizaciones patronales este año y otro punto el año siguiente para abaratar la contratación, debilitando aún más las arcas de la Seguridad Social. Y un largo etcétera que os invitamos a descubrir.

Nuestra intención haciendo públicos estos documentos es hacer que se difundan, que se conozcan, que se traduzcan y se interpreten colectivamente. Si no nos esforzamos en informarnos de los planes que se traen entre manos, estaremos aún más indefensas, seremos aún más manipulables.

Por ello pedimos colaboración para que las malas prácticas, el oscurantismo y la cobardía de nuestros dirigentes políticos se sepan y se conozcan.

Lee, comprende, completa, comparte…

Documentos presentados en la Unión Europea a 13 de julio

El primero de estos documentos ya fue publicado en eldiario.es porque el Ministerio de Economía sí lo facilitó a la prensa extranjera. El resto han sido facilitados por simpatizantes del 15M en Bruselas. Por otro lado, el memorandum mediante el que España firmó las condiciones del rescate a los bancos con la Unión Europea tampoco nos fue explicado, pero está traducido gracias a la colaboración en internet -> Puedes leerlo en la web del grupo de Auditoría Ciudadana.

Lee, comprende, completa, comparte….
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@AuditCiudadana
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Originales:

Mismas políticas, distintas regiones

 

La situación de crisis global que comenzó en el año 2008 está golpeando de manera directa a la zona euro, labor que se ve facilitada por sus características monetarias. De esta coyuntura, se están aprovechando las instituciones con una clara influencia neoliberal para llevar a cabo la mayor destrucción del estado del bienestar conocida hasta la fecha. El FMI con el apoyo velado de la UE, mejor dicho del gobierno alemán, está aplicando la única receta que conoce, dar dinero a cambio de conseguir soberanía, exigiendo a los países deudores a desmontar su estado, vender sus pertenencias y bienes en pos de una ayuda que lo único que hace es ahogar más. Lo que ha conseguido el FMI durante décadas de estas aplicaciones es que todos los países del tercer mundo hayan tenido que regalar sus materias primas, empresas y bienes a aquellos que si tienen capital, que no son otros que los países ricos. Realmente no existe primer o tercer mundo, hay ricos y pobres.

Las medidas exigidas a los países del sur de Europa: reducción del gasto público con los consecuentes recortes de personal y salario, que golpean directamente a los sistemas educativos y sanitarios, considerados banderas del estado del bienestar; reforma laboral que dejan los derechos de los trabajadores a merced de la patronal y la labor sindical casi inutilizada, reducción de las pensiones, venta de las empresas públicas, aumento de impuestos al conjunto de la población, etc. (véase Tabla 1). Estas medidas aplicadas en Latinoamérica hizo que las empresas españolas en el pasado tomaran posiciones en la gran mayoría de empresas estatales americanas. Ahí están los casos de Telefónica, Santander, Repsol, BBVA, Iberia, etc. Al igual que se favorecieron las empresas españolas y se siguen favoreciendo, lo mismo sucedió con las alemanas, francesas, estadounidenses, etc. en diversas partes del mundo. Este camino lleva a aquellos países que pasan por dificultades a hundirse más, porque llegará un momento en que no tengan con que responder ante la deuda y esta se enquistará.

La crisis actual es grave, pero existen alternativas, otra política es posible. En lugar de cargar todo al ciudadano medio, se debería cargar a aquellos que realmente provocaron esta crisis, que no son otros que el mundo financiero, los mercados y las grandes fortunas. Estas aportan menos que el ciudadano medio, basándose en el falso precepto de que son ellos los que invierten y mueven la economía (www.vnavarro.org/?g=7634 ). Un número elevado de economistas tales como Paul Krugmann (premio Nobel de economía, EEUU), Ernesto Erkaizer (Argentina) o Vincenç Navarro (España) llevan avisando desde hace tiempo que estas políticas no llevan más que a una situación peor, directa al abismo. Las políticas que se promueven de austeridad y recortes son totalmente contrarias a las propuestas por Keynes, considerado uno de los economistas más brillantes del siglo pasado. Su posición era sencilla, políticas económicas activas por parte del gobierno para estimular la demanda en tiempos de desempleo. La única manera de generar empleo es incrementar el gasto y la inversión para insuflar capital al sistema, necesario para su reactivación. Incluso, si es necesario se genera dinero, el as en la manga de todos los economistas para momentos de crisis, devaluar la moneda. Estas medidas llevaron a EEUU y occidente a salir del Crack del 29. A que esperamos …

Tabla 1 (El país, 15/07/2012): recortes planteados en los países rescatados. Fuente: Eurostat, institutos estadísticos nacionales y elaboración propia

 

 

“La enfermedad se está convirtiendo en una mercancía”

“La enfermedad se está convirtiendo en una mercancía”

Asociaciones europeas de profesionales de sanidad firman un manifiesto contra las privatizaciones y por la igualdad de acceso sin distinción de raza, sexo, credo o condición social

PÚBLICO / EFE Madrid 01/10/2012 14:11 Actualizado: 01/10/2012 14:55

Diversas asociaciones que reúnen a profesionales de sanidad de una gran parte de países europeos han decidido organizarse conjuntamente para llevar una voz unitaria a todo el continente sobre su oposición a las políticas de privatización de la salud. Y para ello han firmado un manifiesto en el que apuestan por los sistemas públicos y exigen la igualdad de acceso a “una atención sanitaria de calidad sin distinción de raza, sexo, credo o condición social”.

Las políticas de austeridad que están siendo impuestas en los países europeos guiadas por la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea) están afectando profundamente a los sistemas nacionales de salud, que están viendo recortados sus presupuestos drásticamente y, en muchos casos, siguiendo la senda de las privatizaciones.

En España, con el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, presentada este sábado en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se recorta 123,35 millones de euros a la Sanidad, lo que supone una reducción del 3,1% menos. Además, con la última reforma del PP se instaura el copago farmacéutico, deja fuera de la cobertura a los inmigrantes indocumentados y hace peligrar 4.000 puestos de trabajo. A estas medidas se suma el recorte de 7.000 millones que Rajoy llevó a cabo el pasado mes de abril.

El ‘Manifiesto europeo contra la mercantilización del Sistema de Salud’ está firmado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asociación Internacional de Políticas de Salud en Europa, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, junto a otras organizaciones de Suiza, Alemania, Polonia, Gran Bretaña y Suecia, entre otras. En el texto destacan que “la organización de un sistema de salud es una responsabilidad pública” y advierten de que sus competencias se desvirtuarían “si el cuidado de los pacientes se definiera por criterios fundamentalmente económicos”.

“No deseamos que se recorten las prestaciones necesarias, ni queremos que se desarrollen servicios que son médicamente innecesarios, pero rentables para los proveedores de la atención de salud”, indican, y recuerdan que en todos los países europeos existen recursos disponibles para proporcionar prestaciones sanitarias de calidad al ser la Unión Europea “una de las regiones más ricas del mundo”.

Por el contrario, señalan que cada vez están más “preocupados”, pues “las políticas actuales en la UE pueden poner en riesgo una prestación sanitaria adecuada”. Y es que en los últimos tiempos se ha dado una tendencia creciente hacia las privatizaciones de los sistemas y de los proveedores.

Ante esta corriente impulsada por los gobiernos y las grandes corporaciones, los sanitarios afirman que “los hospitales no son fábricas de pacientes”. Así lo entienden puesto que, a su juicio, “el sistema de salud cada vez se comercializará más y la enfermedad se está convirtiendo en una mercancía”.

De esta forma, exponen que los servicios médicos prestados normalmente por las instituciones públicas de salud están cada vez más limitados y restringidos, mientras aumentan las ganancias del sector privado, ofreciendo éstos servicios con costes adicionales para el paciente. Y añaden que “la presión cada vez mayor de las empresas para generar beneficios conduce a la subordinación de las prioridades médicas a las preocupaciones económicas y socava la relación paciente-médico”.

“La presión de las empresas para generar beneficios lleva a la subordinación de las prioridades médicas a las económicas” En los países con altos niveles de privatización y mercantilización del sector sanitario se implementan prestaciones innecesarias desde el punto de vista de la salud en función de su interés comercial, buscando el beneficio directo, e incluso se “construyen enfermedades con el fin de crear una necesidad de servicios rentables”.

Finalmente, alertan de que “la mercantilización de la sanidad tiene consecuencias inaceptables para los pacientes y profesionales” porque supone inequidad y disminución de las prestaciones y una inadecuada planificación de las mismas. En los países con altos niveles de privatización y mercantilización del sector sanitario se implementan prestaciones innecesarias desde el punto de vista de la salud en función de su interés comercial, buscando el beneficio directo, e incluso se “construyen enfermedades con el fin de crear una necesidad de servicios rentables”.

El Gobierno se reserva 43 medidas para los próximos dos semestres

CARTERA DE REFORMAS ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO

El Gobierno guarda una batería de reformas estructurales para los próximos dos semestres

El Gobierno ha empaquetado en 43 medidas las exigencias de reforma de la Unión Europea. Para ello ha anunciado un paquete de reformas estructurales con las que elimina reguladores, liberaliza profesiones y penaliza la jubilación anticipada, entre otras medidas.

Javier Ruiz (28-09-2012)

El Gobierno se reserva 43 medidas para los próximos dos semestres en los que pretende acometer lo que describe como “reformas estructurales”. Son las medidas que ha dictado la Unión Europea y entre las que destaca la creación de una entidad para vigilar a las autonomías y ayuntamientos, algo que exigían UE y FMI. Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, reveló que esas reformas “van incluso más allá” de lo exigido.

Por ello se recorta el número de reguladores del mercado que pasan de siete a uno. La nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) contendrá a los antiguos reguladores de la energía (CNE), telecomunicaciones (CMT) y medios audiovisuales, entre otros. El Gobierno argumenta en la mayor eficiencia de una única autoridad centralizada y en el recorte regulatorio en el ahorro que supondrá que ronda los 28 millones de euros.

La liberalización y desregulación que el Gobierno no responde al dictado de Bruselas, aseguró Luis de Guindos. “Todo lo que se hace es por convicción de que esto es lo que hay que hacer para sacar a España de la crisis”, según el ministro de Economía. La cartera de reformas se ha estructurado en torno a cuatro grandes áreas: empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas, mejora del entorno ambiental y refuerzo de la competencia.

 

SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: El Ejecutivo prepara para el primer trimestre de 2013 la creación de una autoridad fiscal independiente que se encargará de vigilar a autonomías y ayuntamientos. El Gobierno pretende que ese organismo “vele por el cumplimiento del ciclo presupuestario al completo desde su elaboración a su ejecución”, aseguró De Guindos. El Gobierno aseguró que, además, “modificará la retribución de los alcaldes y empleados locales”.

Para esa garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, el Gobierno anunció también a los ciudadanos que propondrá al Pacto de Toledo retrasar la edad efectiva de jubilación modificando las normas de jubilación anticipada y parcial y prolongar hasta los 67 años la jubilación. Para ello, tal y como adelantó Vozpópuli, el gobierno aumentará los llamados “coeficientes reductores”, es decir, incrementará la penalización a quienes accedan a la jubilación anticipada. El objetivo es llevar hasta los 65 años la edad efectiva de retiro.

 

REFUERZO DE LA COMPETENCIA: El Gobierno concentra siete reguladores actuales en una única institución. La nueva CNMC se encargará de regular la energía, las telecomunicaciones, la competencia, la regulación ferroviaria, el sector postal, la regulación económica aeroportuaria y los medios audiovisuales.

Además de esa desregulación, el Ejecutivo anuncia antes de fin de año una nueva ley del sistema eléctrico y de protección del consumidor así como una nueva Ley General de las Telecomunicaciones.

 

MEJORA DEL ENTORNO EMPRESARIAL: Economía prepara una ley de mercado único que tendrá preponderancia sobre las normas autonómicas. Para ello, el Ejecutivo aprobará antes de fin de año una norma que pretende homogeneizar todas las normativas para permitir que una empresa española pueda vender en toda España con cumplir la normativa de una autonomía.  

De igual modo, siguiendo una de las exigencias planteadas tanto por la UE como por el BCE en sus últimos boletines, Rajoy prepara un proyecto para liberalizar algunos servicios profesionales. Para ello, aprobará una ley en el primer semestre de 2013 que evitará la obligación de colegiarse a profesiones que hoy lo requieren.

Por último, el Ejecutivo pretende ofrecer a las pymes una vía de financiación alternativa a la banca cuyo crédito no llega a las pequeñas y medianas empresas. Para ello, el Ejecutivo supervisará la emisión de pagarés de empresas de forma que esas compañías puedan colocar su deuda directamente entre particulares.

 

EMPLEO: El Ejecutivo ha esbozado vagamente su intención de fomentar las alianzas público-privadas para facilitar la creación de empleo. Aunque no ha concretado en qué consistirán esas alianzas, la Unión Europea ha planteado al Gobierno que la iniciativa privada tenga una mayor implicación en la intermediación de empleo.

De igual modo, el Gobierno estudia medidas para subvencionar a los jóvenes emprendedores y se propone desarrollar un nuevo contrato de educación y aprendizaje.

Rodrigo Rato no es inocente

jueves, 5 de febrero de 2009

¿Rodrigo Rato nos sacaría de la crisis? Ja-ja-ja ja-ja-ja ja-ja-ja

Está claro que los días de Rajoy al frente del PP están contados. También está claro que Esperanza Aguirre empieza a estar amortizada después del lío de los espías. Las quinielas que apuntaban a Gallardón y Aguirre como posibles sucesores de Rajoy se han visto modificadas. Nuevos contendientes entran en liza. Algunos señalan que Rodrigo Rato es una buena opción porque él nos sacará de la crisis.

Rato: doble responsable de la actual crisis
Todo el mundo debe saber que Rodrigo Rato es responsable de la crisis por partida doble. Rato, el exministro de Economía y exdirector del FMI, es uno de los culpables de la crisis. Rato fue el artífice de la burbuja inmobiliaria en España tras su Ley del Suelo que lo liberalizaba. En él está el origen de la crisis inmobiliaria española. Su Ley del Suelo hizo posible la libre urbanización, facilitó la especulación y provocó que los precios de la vivienda se doblasen. Esa burbuja no podía durar para siempre y ahora ha explotado causando la crisis en la construcción.

Además, el ultraliberal recalcitrante Rodrigo Rato es responsable de la crisis también en el plano internacional. Rato anunció su abandono del FMI (esa cueva de ladrones) tres meses antes de que estallaran las hipotecas ‘subprime’. Durante su mandato en el FMI potenció el dejar el camino libre a los poderosos y se permitieron, entre otras cosas, las hipotecas basura que han derivado en la actual crisis financiera mundial por no cumplir una de sus supuestas labores, supervisar los productos financieros.

Rodrigo Rato no es inocente. Debemos gritarlo bien alto. Contádselo a la gente, por favor.