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El fraude de las pensiones privadas

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Vicenç Navarro . Consejo Cinentífico ATTAC

Este artículo señala la situación real en la que se encuentran las pensiones privadas, que es mucho peor que la de las pensiones públicas, lo cual raramente aparece en los medios.

Una avalancha constante por parte de la banca y de las compañías de seguros privadas es hacer creer a la población que las pensiones públicas son insostenibles, es decir, que como resultado de la transición demográfica (cada vez hay más ancianos y menos jóvenes) no podrán pagarse. Se repite constantemente que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos. Y debido a la enorme influencia que estas instituciones tienen sobre el mundo político, mediático y académico del país, esta tesis de la insostenibilidad de las pensiones ha alcanzado una categoría de dogma. Todos los gobernadores del Banco de España –incluido el actual, el Sr. Luis María Linde– y los presidentes del Banco Central Europeo (como el actual, el Sr. Draghi) han enfatizado la necesidad de que la población española se haga un aseguramiento privado un plan privado de pensiones que les garantice el nivel de vida al cual están acostumbrados, subrayando que las pensiones públicas no se lo garantizarán.

Esta postura es también promovida por la mayor parte de economistas de pensamiento liberal (que son la mayoría hoy en los centros académicos), alcanzando su máxima expresión en las declaraciones de economistas ultraliberales como el “economista de la casa” de TV3, que propone la privatización de la seguridad social, tal como hizo el gobierno presidido por el General Pinochet en Chile. En aquel país, la tasa  neta de reemplazo de las pensiones públicas es bajísimo, menos del 6% del salario medio de las personas, siendo complementadas por provisiones del aseguramiento privado, insuficientes para alcanzar el nivel necesario de mantenimiento del estándar de vida del jubilado (se alcanza solo el 52%; en España, en las pensiones públicas es del 80%).

En esta promoción de las pensiones privadas, el Estado juega un papel clave. En España, el Estado desgrava (lo cual quiere decir que subvenciona) el aseguramiento privado. Es decir, provee unos 2.000 millones de euros, con datos de 2012, para que las personas que se compran pólizas de aseguramiento privado paguen 2.000 millones de euros menos. Un enorme regalo. Para que el lector se dé cuenta de lo que ello significa, baste recordar que el Presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir precisamente 1.500 millones de euros a fin de reducir el déficit público, subrayando que no había otra alternativa para conseguir dinero (con el fin de reducir el déficit) que congelar las pensiones. Dicha afirmación de que no había alternativa no era cierta. Podría haber eliminado la desgravación (es decir, el subsidio público) a las pensiones privadas, consiguiendo algo más que esa cantidad.

Ni que decir tiene que, como resultado de la enorme influencia del capital financiero (banca y compañías de seguros) sobre los medios (todos ellos endeudados con la banca), ninguno de los principales medios de comunicación editorializó proponiendo esta medida como alternativa a la congelación de las pensiones. Y, naturalmente, FEDEA, el portavoz de este capital, y su revista “Nada es Gratis”, frecuentemente citada en los medios, no dijeron ni pío, aplaudiendo en cambio la congelación, mostrando esa política pública como un indicador de madurez y realismo. A su vez, los economistas de los gobiernos Zapatero y Rajoy (que cínicamente se opuso a la congelación para apoyarla cuando estuvo en el gobierno) aplaudieron dicha medida. Y, como no, la Troika (El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el BCE) y todo el mundo que manda en la Unión Europea también aplaudieron. Es importante señalar que, en general, las mismas voces que piden que se reduzcan las pensiones públicas porque no habrá jóvenes que las paguen, apoyan las políticas de bajadas de salarios y de destrucción de empleo (eliminando empleo privado y público), que fuerzan a los jóvenes (cuya tasa de desempleo es de más del 50%) a irse del país.

La privatización de las pensiones

La privatización de las pensiones es la medida más promovida por los establishments financieros, económicos, mediáticos y políticos (en este orden) de España (incluida Catalunya) y de la UE. En todos ellos se asume que las pensiones privadas son mejores que las públicas. Lo que es sorprendente es que todos (repito, todos) los datos (creíbles y rigurosos) muestran precisamente lo contrario (ver el libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, Lo que debes saber para que no te roben la pensión). Incluso instituciones de tendencias liberales, como la OCDE, en el informe Pensions at a Glance 2013, reconocen que el sistema de pensiones privadas en España es un desastre. La narrativa que utilizan no utiliza dicha expresión, pero sus conclusiones justifican este diagnóstico.

Menos concluyente, pero también muy poco halagador, es el informe presentado por un grupo de investigadores del IESE que ha estado siguiendo la evolución de las pensiones privadas (trabajo bien resumido por Pere Rusiñol en su artículo “Pensiones privadas, un mal negocio en España”, publicado en Alternativas Económicas). Según este informe, de los 257 fondos de pensiones privados con al menos 15 años de historia, solo el 1,16% (sí, solo 1,16%) lograron una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años. Otro 10% tuvieron pérdidas, con lo cual, el asegurado perdió dinero. La rentabilidad de la mayoría era baja. El que tenía mejor rentabilidad alcanzaba solo el 1,58% (los bonos del Estado tuvieron unos intereses medios superiores, del 4,4%, para el mismo periodo de tiempo). En realidad, la OCDE ha indicado que la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España (en el periodo 2008-2012) fue negativa en términos reales (una vez descontada la inflación). Después de Estonia y Polonia, España fue el que tuvo peor rentabilidad.

Pero lo que es incluso más interesante es que el hecho de que tengan una rentabilidad muy baja, no quiere decir que les vaya mal a los gestores de los fondos privados de pensiones. Este es un dato de enorme interés. De la misma manera que los banqueros españoles son los que están mejor pagados en la Unión Europea, a pesar de que la banca española apenas ofrece crédito, no realizando su función social, los gestores de las compañías de seguros tienen elevados ingresos, precisamente a costa de la baja tasa real de sustitución salarial de los futuros jubilados y las elevadas comisiones que reciben. Estos gerentes de las compañías de seguros reciben las comisiones (lo que los gerentes y magnates de las compañías de seguros se quedan como paga personal por cada póliza de seguros) más altas de la UE. Solo otro país las tiene más altas. Esta situación es escandalosa (ver mi artículo “El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas”, publicado en Sistema, 04.04.14).

Los pensionistas privados están claramente desprotegidos frente al capital financiero y sus gestores. Y para complicar más las cosas, este capital financiero tiene una enorme influencia en el Estado. En realidad, la mayoría de autoridades públicas responsables de supervisar las pensiones privadas son individuos procedentes o que terminan trabajando para tales compañías. Pere Rusiñol muestra la puerta giratoria que hay entre los directores generales de Seguros y Fondos de Pensiones del gobierno, por un lado, y las compañías de seguros y fondos privados de pensiones, por el otro, con una puerta giratoria que alcanza su máxima expresión en los gobiernos Aznar y Rajoy, máximos favorecedores de la privatización de las pensiones. Pero de todo esto, prácticamente nada se ha dicho al ciudadano, incluido al que tiene una pensión privada.

Público

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Algo huele a podrido en la Agencia Tributaria

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Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Pérez Galdós en su novela “Miau” describe y dramatiza una de las lacras de la sociedad española del siglo XIX, la politización de la Administración pública, con las cesantías ligadas al turno de partidos y al favoritismo. El protagonista de la obra es Ramón Villaamil, un competente ex empleado del Ministerio de Hacienda, que se encuentra cesante por no haberse arrimado a las influencias adecuadas. Tras una vida destinada al empleo público, llegando incluso a servir en Filipinas -y a pesar de sus propuestas novedosas como la de establecer un impuesto progresivo sobre la renta, que son burlonamente desechadas- no logra conseguir un empleo para cubrir al menos los dos meses que le quedan para el retiro. Su yerno, Víctor Cadalso, es la antítesis de Ramón, ya que, no obstante su incompetencia, tiene atractivo físico y dotes de orador, y gracias a que ha sabido conquistar a importantes damas va ascendiendo en los diversos cargos públicos. La novela termina trágicamente, Vilaamil, desengañado y harto de todo, termina suicidándose.

La Administración de la Restauración, encadenada a la alternancia en el poder de dos partidos políticos, en la que cada gobierno introducía a nuevos empleados dejando cesantes a los anteriores, al igual que otros muchos vicios de aquella España, se fue superando con el tiempo. El establecimiento de los cuerpos de funcionarios y las oposiciones fueron configurando una Administración profesional, al margen de los avatares políticos y que, aun con sus defectos, poco se parecía a la que Galdós y otros escritores de aquella época describen. Incluso durante la dictadura, la función pública fue una de las instituciones que menos se contaminó de los pecados del régimen. No en vano algún administrativista ha sostenido, y creo que con razón, que la institución de las oposiciones fue uno de los pocos elementos democráticos del franquismo. Únicamente desde los altos cuerpos del Estado había un margen de libertad, aunque fuese mínimo, para que surgiesen algunas voces críticas.

En la Transición, el hecho de que España contase con una Administración medianamente profesionalizada fue sin duda un factor muy positivo a la hora de poder afrontar las modificaciones que el sector público necesitaba. Aquellos primeros gobiernos de UCD encontraron en los funcionarios valiosos aliados y de la Administración surgieron la mayoría de los cargos públicos que el nuevo poder necesitaba. Tan fue así que la amenaza que en aquellos momentos se vislumbraba era la patrimonialización de la función pública por los altos cuerpos funcionariales, que la podían ejercer en detrimento de su finalidad social y de la democracia.

Con la perspectiva que ofrecen los muchos años transcurridos hoy se percibe que el peligro radica precisamente en lo contrario, en la vuelta a la discrecionalidad y al turnismo. La creación de las Administraciones autonómicas, la abolición de los cuerpos nacionales en los Ayuntamientos y la instalación del bipartidismo en la Administración central han propiciado la reaparición del fantasma de una función pública politizada y desprofesionalizada. Progresivamente se incrementan los llamados cargos de confianza, personal no funcionario que, sin mérito alguno como no sea el del servilismo y el de la adhesión incondicional al jefe y al partido, ocupa puestos significativos y mejor retribuidos que el de muchos empleados públicos con mayor preparación y experiencia. Cada vez son más los puestos de libre designación y por lo tanto de libre remoción en la función pública, y si hoy no se puede hablar de cesantías en el sentido estricto (todo se andará), sí de que en muchos puestos públicos de carácter estrictamente técnico el nombramiento y el cese están sometidos a la más absoluta arbitrariedad y favoritismo.

El bipartidismo está consolidando también la alternancia en la Administración. El mérito y la capacidad son sustituidos por la afinidad ideológica o el amiguismo, de manera que lo que el responsable político busca en los nombramientos es la fidelidad personal, cuando no la forma de retribuir con cargos públicos los servicios prestados al partido o al propio político en el pasado.

En determinados cuerpos -el de inspectores fiscales parece ser un paradigma- se han llegado a crear dos grupúsculos ligados a cada uno los dos partidos mayoritarios que esperan la llegada de los suyos para copar de nuevo la cúspide administrativa, al margen de cualquier criterio de mérito y capacidad. El sectarismo y el ajuste de cuentas suelen estar bastante presentes en sus decisiones, y se crea una bola de nieve que de alternancia en alternancia va agrandándose. Aunque todo esto viene de antiguo y era bastante conocido, la novedad de lo que estos días está pasando en la Agencia Tributaria radica en el descaro y en la desvergüenza con las que se confiesan estas prácticas antidemocráticas. Hasta ahora se hacían pero, al menos, por un pudor elemental se pretendía encubrirlas o disfrazarlas de necesidades del servicio.

El director de la Agencia, aseverando públicamente y sin ningún recato que pensaba cesar a un funcionario porque en la anterior etapa no le concedió un teléfono o a otro porque no le reservó un asiento en una determinada celebración, es un espectáculo insólito y chusco, pero también de extrema gravedad porque anticipaba lo que había de venir después: una caza de brujas que pretende convertir la Agencia en un instrumento partidista. La desfachatez con la que el señor Menéndez (creo que en la Agencia desde hace tiempo, incluso desde antes de su nombramiento, le llaman Treméndez) manifiesta que tiene derecho a cesar y a nombrar a su voluntad, y la simpleza con la que Montoro pretende justificar la postura de su subordinado argumentando que determinada unidad estaba llena de socialistas pronostican lo peor para el sistema democrático.

La democracia es algo más que elegir entre dos formaciones políticas cada cuatro años. La norma y los procedimientos constituyen elementos sustanciales del Estado de derecho, aun en su versión más liberal. Quizá lo que de forma más radical diferencia a este de la autocracia y del despotismo sea que los gobiernos dictan las leyes, pero se encuentran sometidos a ellas al igual que cualquier otro ciudadano. Los políticos pueden cambiar el ordenamiento jurídico pero no pueden utilizarlo arbitrariamente y, en tanto que subsista la norma, esta debe aplicarse de forma objetiva e imparcial.

En el Estado de derecho, la Administración asume un papel trascendental, es la garante de que las normas se aplican objetivamente sin veleidades partidistas y de que los procedimientos se cumplen sin arbitrariedades ni favoritismos. La inamovilidad y estabilidad en los puestos de la Administración no constituye un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía para el administrado de que los funcionarios no van a ser presionados por sus respectivos jefes para que se inclinen a favorecer determinados intereses.

Da pavor, solo de pensarlo, que la Agencia Tributaria se pudiera utilizar de forma sectaria para inspeccionar a unos y exonerar a otros en función de las afinidades ideológicas o políticas. El actual ministro de Hacienda es muy poco respetuoso cuando, frente a la crítica de determinadas organizaciones e instituciones, blande como amenaza a la Agencia Tributaria o emplea la información privilegiada que posee en materia fiscal para intimidar al contrincante político. Tras los últimos acontecimientos no pueden por menos que dispararse todas las alarmas y extenderse la sospecha de que se pretende emplear la Administración tributaria de manera torticera, lejos de la ecuanimidad e imparcialidad que una institución como esta precisa.

Artículo publicado en República.com

10 cosas que estarán prohibidas

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Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

Las trampas que disfrazan el gasto militar en España

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MADRID// El Estado ha recortado hasta su mínima expresión los presupuestos de ministerios vitales, como Sanidad y Educación, pero sigue destinando miles de millones de euros para adquirir armamento. Unas armas de precio desmesurado que raramente se utilizan y cuyo primer objetivo es garantizar la disuasión frente a un posible ataque enemigo. Cazas que se compran a razón de más de 100 millones de euros la unidad se limitan casi siempre a participar en maniobras y a pintar banderas en el cielo de las ciudades españolas durante desfiles militares como el que tendrá lugar hoy con motivo de la celebración del 12 de octubre.

La industria armamentística tiene como finalidad última proporcionar los medios que permiten hacer la guerra y de ahí que el gasto militar sea impopular. Conscientes de ello, “los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE llevan 15 años engañando a la opinión pública” acerca del alcance real de este gasto en España, denuncia Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, de la ONG Justícia i Pau.

El “engaño”, sostiene este experto, se dirige sobre todo a ocultar el “enorme endeudamiento” que el Ministerio de Defensa tiene en concepto de compromisos de pago por contratos de compra de armas con las industrias que forman parte del complejo militar-industrial: entre 32.000 y más de 37.000 millones de euros, una cifra equivalente al 3% del PIB. Si no se anulan o renogocian los contratos, esta cantidad ingente se deberá abonar a plazos, en principio hasta el año 2025.

Estos contratos -de los que el 80% se cerró entre 1997 y 2004- corresponden a los Programas Especiales de Armamento, eje central de un ambicioso plan de rearme impulsado a partir de 1996, que incluye 19 programas para adquirir carros de combate Leopard, blindados Pizarro, cazas Eurofighter, el avión de transporte A-400M y fragatas F-100, entre otros.

Créditos extraordinarios
Pere Ortega explica que esta deuda ha llevado al ministerio a la “suspensión de pagos”. Una bancarrota que sólo se logra posponer gracias a inyecciones de fondos públicos, a través de “créditos suplementarios”, que se aprueban durante el año y que no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A no ser que el ciudadano revise el BOE cada día, esos créditos pasan casi siempre inadvertidos para una sociedad a la que se venden desde 2008 unos recortes en Defensa que acaban siendo, como sucedió el año pasado, inexistentes.

En 2012, la dotación del Ministerio de Defensa en los PGE fue de 6.316,4 millones de euros, un 8,8% menos que el año anterior, mientras que Sanidad y Educación sufrieron, respectivamente, recortes del 13,7% y del 21,2%. Pero este recorte en gasto militar ni siquiera se aplicó. La razón, explica el investigador del centro Delàs, es que, como ha venido sucediendo desde la llegada de la crisis en 2008, el presupuesto inicial de este ministerio se vio de nuevo complementado con los créditos aprobados en Consejo de Ministros.

Créditos como el aprobado por el Gobierno, el 7 de septiembre de 2012, de 1.782 millones de euros, una inyección adicional que se destinó a pagar parte de los Programas Especiales de Armamento (PEAS): cazas Eurofighter, helicópteros Tigre, blindados Leopard y otras armas. Por poner un ejemplo, cada Eurofighter se adquiere a unos 120 millones de euros. Construir un hospital comarcal como el de Ronda (Málaga), que cubre un área en la que viven casi 100.000 personas, cuesta alrededor de 50 millones de euros.

A este megacrédito se sumó, entre otras partidas, una transferencia del Fondo de Contingencia (una especie de reserva para gastos imprevistos que tiene el Estado) de 754,7 millones de euros para sufragar las misiones españolas en el extranjero.

El 30 de noviembre del año pasado, el gasto real de Defensa publicado por el BOE era de 9.057, 5 millones de euros. Es decir, que la dotación inicial -que además no incluye todo el gasto pues deja fuera muchas partidas que se disimulan en los presupuestos de otros ministerios-, se incrementó durante 2012, sin contar con los datos mes de diciembre, 2.741 millones de euros, más de un 43%.

En 2013, el guion se está repitiendo. El pasado 31 de julio, según reveló el blog El Boe nuestro de cada día,  el ministerio ya había aumentado su presupuesto en 1.806 millones de euros. Los 5.900 millones presupuestados se habían convertido en 7.743 millones. Al igual que en 2012 y en años anteriores, la principal razón de la diferencia entre lo presupuestado ha sido un crédito extraordinario de 877 millones destinados a pagar estos programas de compra de armas.

¿Gastos imprevistos?

Ni los compromisos para pagar los PEAS ni los fondos para las misiones internacionales podían ser gastos imprevistos. Las misiones se habían dotado en los presupuestos de 2012 sólo con 14,3 millones de euros, cuando en los últimos años han venido costando una media de 800 millones, según el centro Delàs. Esta institución deduce de todo ello que los presupuestos se infradotan de forma premeditada, aun a sabiendas de que luego habrá que inyectar fondos y, recalca Ortega, “generar deuda” pública para pagarlos. La Marea ha preguntado a Defensa sobre las cuestiones que se mencionan en este artículo. El ministerio no ha respondido.

El analista Bernardo Navazo, autor de un informe sobre el impacto de la crisis económica en Defensa para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del ministerio, matiza la denuncia del centro Delàs: “Es cierto que Defensa aplica trucos contables, lo que no quiere decir que el presupuesto para gasto militar no sea necesario, que lo es, ni tampoco que sea excesivo”.

A sus ojos, el más “censurable” de estos “trucos” es que el presupuesto del Ministerio, en contra de lo que recomienda la propia OTAN, no incluye a todos los organismos que dependen de él ni todas las partidas que integran el gasto militar. “Sólo con añadir el gasto de los organismos autónomos de Defensa, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, entre otros, el presupuesto aumentaría 1.500 millones anuales”, explica .

El “escándalo” de la I+D
Con un gasto militar superior a lo que se declara y un ministerio en “parálisis económica-financiera” (el eufemismo con el que Defensa describe su ruina), a causa de sus deudas con las empresas que fabrican armas, parece inevitable preguntarse si el Estado no está dispensando un trato de favor a la industria de la guerra. Pere Ortega define como “un auténtico escándalo” la forma en la que se ha subvencionado a estas empresas a través de créditos en I+D concedidos por el ministerio de Industria para desarrollar los Programas Especiales de Armamento.

Cuando en 1996 -siendo secretario de Estado del departamento Pedro Morenés, su actual titular-, se plantea cómo financiar la compra de estas armas, el ahora ministro y sus subordinados idean lo que Ortega describe como una “ingeniería financiera” para que los presupuestos de Defensa no se dispararan. “Como las industrias precisaban de fondos para desarrollar las armas, al gobierno del PP se le ocurrió que el ministerio de Industria les concediera créditos de I+D, a cero interés y con un plazo de devolución de 20 años”. Los dos ministerios, Industria y Defensa, firmaron un convenio según el cual el primero adelantaría el dinero a las empresas de armamento, unos fondos que las compañías debían devolver después no a quien se lo había prestado (Industria), sino a Defensa, cuando este último ministerio pagara las armas. Posteriormente, el departamento que ahora dirige Pedro Morenés reintegraría los fondos a Industria. Con esta complicada fórmula a tres bandas se ocultaba la enorme inversión en armamento y el consiguiente aumento en el gasto militar.

La supuesta I+D en muchas ocasiones ni siquiera era tal. Un experto en el sector, que exige anonimato para ofrecer su testimonio, pone el ejemplo del carro de combate Leopard: “La investigación se redujo a comprar a los alemanes el libro de instrucciones para fabricar el tanque”.

Como descubrió el centro Delàs -gracias a una pregunta en el Congreso que por iniciativa suya planteó el grupo ERC-IU-ICV en 2008-, estas empresas, que han recibido “más de 17.000 millones en créditos”, apenas si habían devuelto el 0,6 % de lo adeudado trece años después del inicio de los programas. Aunque es cierto que el plazo de devolución no ha concluido aún, el centro Delàs cree que ese dinero no se recuperará y que el Estado acabará por condonar los créditos.

En septiembre de 2011, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, del último gobierno del PSOE, reconoció: “No deberíamos haber comprado armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos ni entonces ni ahora”.

Méndez encargó una evaluación de los PEAS cuyos resultados elevaron a más de 37.000 millones de euros las cantidades comprometidas con las industrias armamentísticas. Según Bernardo Navazo, los actuales responsables del ministerio recibieron esa evaluación y están renegociando con las empresas “cómo compensar y recuperar, que no condonar, los créditos concedidos”.

Baja exigencia ética
En un informe de 2009 del centro Delàs titulado El complejo militar-industrial, un parásito en la economía española, se precisa: “La industria militar española se sostiene sobre una base económica anómala: la de un oligopolio de cuatro grandes industrias, que suministran entre un 75% y un 80% de la producción militar en España”.

Estas compañías son EADS-Casa, Navantia, Santa Bárbara-General Dynamics y, por último, Indra, principales beneficiarias de los créditos, ayudas y subvenciones del Estado, comunidades autónomas y otros organismos. Eso no siempre garantiza su viabilidad, pues, por citar el caso de Navantia, 100% pública, que construye los buques del Ejército, el informe precisa que, hasta 2009, la empresa siempre había tenido pérdidas. De ahí que se defina a este “oligopolio” como “parásito” del Estado, que es su principal, y a veces único, cliente.

Además de surtir de armas al Ejército español, estas industrias venden en el extranjero y han convertido a España en el octavo exportador mundial de armamento en 2011. Una actividad que plantea serias dudas éticas, sobre todo cuando se observa que, pese a las supuestas restricciones que impone la ley 53/2007 sobre la exportación de material bélico y la Posición Común Europea en la materia, España vende material bélico a países como Arabia Saudí, Pakistán, Israel y Marruecos. En 2007 incluso exportó las abyectas bombas de racimo a la Libia del coronel Muamar Gadafi.

Luis Mangrané es abogado y miembro del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental. Su asociación es uno de los colectivos que, desde 2010, ha presentado tres denuncias ante la Administración por entender que la exportación de armas a Marruecos, “que mantiene ocupado militarmente el Sáhara Occidental”, viola, no sólo la legalidad internacional, sino también las propias leyes españolas. Sobre el papel, la ley 53/2007 prohíbe vender este tipo de material a países en conflicto y también a aquellos que violen los derechos humanos.

Estas denuncias se han topado con la baja exigencia ética de la que parece hacer gala este comercio en España. La respuesta del Estado ha sido rechazar investigar y tramitar las denuncias, pese a que las asociaciones han presentado pruebas de que vehículos Vamtac (un todoterreno militar) vendidos por España, “han sido usados en la represión en el Sáhara”, deplora Mangrané.

El caso de Marruecos no es el único. España incluso ha modificado su legislación para plegarse a las exigencias de un buen cliente: Arabia Saudí, a quien el Gobierno pretende vender 250 carros de combate Leopard por valor de al menos 3.000 millones de euros. Esta teocracia que en 2011 ejecutó al menos a 82 personas, según Amnistía Internacional, y en marzo de ese año mandó sus tanques a Bahréin para sofocar las revueltas populares, impuso el cambio que se reflejó el 25 de mayo de 2012  en un Real Decreto Ley. La nueva norma abrió la puerta para que el Ejecutivo rubrique contratos de exportación con un gobierno extranjero, cuando hasta ahora eran las empresas las que firmaban dichos acuerdos. El preceptivo informe vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), integrada por miembros del Gobierno, queda así reducido a papel mojado pues parece inverosímil que el Ejecutivo se deniegue a sí mismo la autorización para exportar armas a otro país, después de haber firmado un contrato para ello.

El hecho de que las actas de la JIMDDU sean secretas subraya otra crítica recurrente a Defensa: la opacidad. No sólo en la venta de armas, sino en aspectos como la conclusión de todo tipo de contratos. La Marea ha revisado los BOE del último trimestre de 2012: de 182 contratos, 97 se negociaron “sin publicidad”.

Las industrias armamentísticas españolas tienen un embajador que suele hacerse acompañar de los ejecutivos de Casa, Navantia y el resto de empresas de este ámbito en sus viajes oficiales: el rey. Juan Carlos I se ha implicado activamente en la negociación para vender los Leopard al régimen saudí, con cuya casa real mantiene estrechas relaciones. Un aspecto no exento de polémica, sobre todo después de que El Mundo revelara que quien pagó la cacería de elefantes del rey en Bostsuana fue la mano derecha en España del ministro de Defensa saudí, el empresario Mohamed Eyad Kayali. La mujer con la que se ha relacionado al monarca, Corinna Sayn-Wittgenstein, resulta que,entre otros negocios, se dedica a cobrar comisiones por intermediar en contratos de defensa, indicó el experto en el sector citado bajo anonimato.

El presidente norteamericano Dwight Eisenhower definió como “complejo militar-industrial” al entramado que conforman las industrias y los miembros de las fuerzas armadas, pero también las instituciones, políticos, empresarios y comisionistas que se lucran con este negocio, personas que, muchas veces, tienen un pie en la política y otro en las empresas armamentísticas.

En España, tenemos un ejemplo de libro: el ministro de Defensa. Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, hijo del vizconde de Alesón. Miembro de la nobleza, goza de la confianza del rey, quien, según varios medios digitales, propuso a Rajoy que lo nombrara titular de Defensa. Morenés había sido secretario de Estado del ministerio, precisamente en la época en la que se idearon los PEAS. Fue, pues, uno de los responsables de lo que el centro Delàs define como “una burbuja armamentística” que benefició a un sector para el que luego ha estado trabajando como directivo. Su regreso al ministerio como titular encierra la paradoja de que el hombre que aprobó los Programas Especiales de Armamento ha sido el elegido para solucionar el problema que él y su equipo crearon, o al menos contribuyeron a crear.

La lista de cargos de Morenés en la industria militar es larga. Fue presidente de MBDA España, participada por EADS, que proporciona al Ejército el misil Meteor. También fue consejero de SAPA Placencia y de Instalaza, la empresa que vendió bombas de racimo a Libia y director de Segur Ibérica, contratada por Defensa para proteger a los barcos de pesca españoles que faenan en el Índico. El ministro ha elegido además como secretario de Estado a una persona de perfil similar al suyo: Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía Boeing-España.

¿Se puede esperar que personas que han vivido de estas empresas y que después pueden regresar a ellas no les otorguen un trato de favor? Joan Tardà, diputado de ERC, no dio muestra de duda alguna al comparar el nombramiento de Morenés con “poner a la zorra a cuidar del gallinero”.

[Artículo publicado originalmente en el número 2 de La Marea y actualizado con información de Daniel Ayllón y Eva Belmonte, autora de El Boe nuestro de cada día]

Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social

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“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el pasado viernes las líneas fundamentales de la futura reforma del Código Penal. Tal presentación no fue más que una maniobra publicitaria, dado que no vino acompañada por la publicación del Anteproyecto en la web del Ministerio, donde solo puede encontrarse un simple resumen del futuro texto legal.

Ante la falta de transparencia del Ministerio, he tenido que bucear en la red hasta poder tener acceso a un ejemplar del anteproyecto, de fecha 16 de julio, disponible en la web del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Dicho texto experimentará cambios antes de ser remitido a las Cortes en forma de proyecto de ley, pero en cualquier caso permite tener una idea objetiva de la reforma, no condicionada por la propaganda ministerial.

El Código Penal proyectado representa un nuevo retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en el año 1995. Los tratadistas de derecho penal acostumbran a referirse al Código Penal como “Constitución en negativo”: allí donde la Carta Magna establece derechos fundamentales, el Código Penal establece los límites de las libertades, las líneas rojas que no se deben traspasar.  Y en este sentido, el Código Gallardón deja en números rojos, en negativo, muchas de las libertades que tanto ha costado conseguir.

El establecimiento de la cadena perpetua revisable es, sin duda, el mayor retroceso penal desde la transición, y es de todo punto incompatible con el actual texto constitucional, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.  Pero no quiero analizar aquí exhaustivamente algo que, con toda seguridad, será debatido en profundidad durante toda la tramitación de la reforma. Prefiero centrarme en un aspecto muy preocupante del proyecto: la criminalización de las nuevas formas de resistencia social.

El proyectado artículo 559, citado al inicio de este artículo, constituye toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales. Se criminaliza la difusión de mensajes o consignas que inciten a la comisión de los delitos del artículo 558, “ o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Por si no causase inquietud la indefinición de dichos términos, obsérvese a qué delitos hace referencia el vigente artículo 558:

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

De entrar en vigor la reforma proyectada, puede ser objeto de proceso penal todos aquellos que envíen por Twitter, o cualquier otra red social, consignas “que sirvan para reforzar la decisión” de perturbar el orden en cualquier acto público de cualquier autoridad.

La reforma no se queda ahí. La nueva redacción de los artículos 550 y 554 hace desaparecer las palabras “resistencia activa” del Código Penal. Con ello se abre la vía a que la resistencia pasiva como la desarrollada por los colectivos de “ Yayoflautas” o “ Rodea el Congreso” pueda ser criminalizada, una intención que queda meridianamente clara al leer el texto del resumen facilitado por el Ministerio:

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Pero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Por si todo esto fuera poco, la reforma deroga el Libro III del Código Penal, y con ello desaparecen las faltas, para convertirse o bien en delitos leves, o bien en infracciones administrativas. Algo que en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad tiene consecuencias regresivas: los hurtos y los delitos contra la propiedad intelectual inferiores a 400 euros, que hasta ahora eran faltas, se convierten en delitos leves que generan antecedentes penales.

Acciones de protesta como las protagonizadas en supermercados por la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, o el menudeo conocido como “Top Manta” no quedarán en un simple juicio de faltas, sino que conducirán al banquillo de un juicio penal por delito.

El malestar social causado por los recortes de derechos fundamentales ha ido en aumento en los últimos años, y ha encontrado en los nuevos movimientos surgidos a la luz del 15-M formas de expresión novedosas, que jugaban al límite con las líneas rojas del Código Penal. La reforma Gallardón pretende adelantar tales líneas rojas, para situar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.

El documento de la reforma de las pensiones que oculta el Gobierno

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Existe cierta desazón entre los agentes sociales porque el Gobierno les está ocultando datos sobre la reforma de las pensiones. Hasta el momento, les ha remitido un dossier con siete folios en los que se recogen las líneas generales del anteproyecto, pero no el impacto que va a tener sobre la cuantía de las prestaciones. Éste figura en otro documento que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha decidido no revelar por ahora a los miembros del Pacto de Toledo.

El informe, de unos 25 folios, incluye una serie de tablas y gráficos que ponen en contraste la fórmula elegida por el Gobierno y la que proponía el comité de expertos al que el propio presidente del Ejecutivo encargó el diseño de la reforma. Gira sobre dos ejes: el primero, muy de Rajoy, crea un factor que ajusta la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, lo cual conducirá irremisiblemente a una devaluación de éstas, pero aleja su implantación de cualquier cita electoral. El segundo, también muy de Rajoy, crea un factor para revisar las pensiones año a año en función de los ingresos y los gastos del sistema, como le pedían los expertos y la Comisión Europea, pero sin ligarlo del todo del IPC, ya que impone un suelo en la revalorización (0,25%), así como un techo (IPC más 0,25%). Es decir, que cumple con todos sin cumplir con nadie más que con su calendario electoral.

La clave está en la página 15 del documento todavía oculto. En él figura una tabla con una simulación de cómo se revalorizarán anualmente las pensiones según el modelo ideado por el Gobierno, y cómo lo harían si se hiciera caso a los expertos. Hemos elaborado el gráfico adjunto con dicha tabla.

 

 

Si el lector no se fija mucho parece que el modelo elegido por Rajoy nos libra de tres años de caída abrupta de las pensiones, y después lo compensa con un incremento más paulatino en los años en los que supuestamente la economía se recuperará.

Sin embargo, de una lectura más detenida de la evolución, se desprende que el Gobierno no contempla subir las pensiones más de un 0,25% durante 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En un alarde de generosidad con la tercera edad plantea que las prestaciones suban en 2020 ¡un 0,4%! Y en 2021 ¡un 1,1%! Ya en 2022 se podría estirar a un 1,65%. Mientras tanto, los precios, según las previsiones del Gobierno, subirán entre un 1,6% y un 1,8% cada año de aquí a 2016. Posteriormente a esa fecha, si la economía sigue al alza, la  presión de la inflación será mayor. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas es evidente y notable.

Esta simulación permite al presidente cuadrar el círculo de sus compromisos: es verdad que, como prometió a sus electores, no va a congelar las pensiones y van a tener cierta relación con el coste de la vida, pero para compensar a sus socios europeos, las prestaciones van a ser revalorizadas al mínimo pese a que la economía ya se haya recuperado y los recursos del sistema permitan una subida mayor.

El gráfico esconde otra trampa. El comité de expertos planteaba un ajuste de las pensiones a los recursos del sistema de la seguridad social. Eso implicaba congelarlas los primeros años, pero nunca rebajarlas. Son especialistas en pensiones y, por tanto, se han leído el artículo 50 de la Constitución, que prohíbe cualquier revisión por debajo de cero de las prestaciones. Por tanto, la comparación entre el sistema actual, fijado al IPC, el que proponen los expertos y el que plantea el Gobierno quedaría fijado en el siguiente gráfico, y no en el elaborado por el Ejecutivo.

 

 

Despejadas todas las incógnitas sobre la reforma de las pensiones, cabría responder a las siguientes preguntas:

1.            El Gobierno dice que no bajarán las pensiones, ¿pero lo harán? Sí, cuando a partir de 2019 se aplique el factor de solidaridad intergeneracional, la pensión a la que tenga derecho cada jubilado se repartirá entre un mayor número de años, por lo que la prestación anual será menor.

2.            ¿Se congelarán las pensiones en algún momento? No, el factor de revisión anual que ha diseñado el Ejecutivo impedirá que suban menos de un 0,25% cada año.

3.            ¿Perderán poder adquisitivo los pensionistas? Sí, y además lo harán de forma continua. Durante estos primeros años, las pensiones subirán mucho menos que la inflación. Pero incluso cuando la economía se recupere, el techo fijado por el Gobierno hará muy difícil que las prestaciones recuperen el terreno perdido.

4.            ¿Cuál será el primer gobierno que sufra los efectos impopulares de un recorte nominal de las pensiones? El que gane las elecciones dentro de dos legislaturas. Rajoy posiblemente no.

El impuesto más injusto

Juan Francisco Martín Seco – República.com
Entre los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo se encontraba el compromiso asumido por todos los firmantes de actualizar las pensiones anualmente por el índice de precios al consumo. Aun cuando todas las formaciones políticas presentaron ante la opinión pública esta medida como muy positiva para los pensionistas y se vanagloriaron de ella, lo cierto es que resultaba un poco cicatera, porque lo único que garantizaba es que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo, pero se les negaba cualquier mejora derivada de la participación en la productividad y en el crecimiento económico, a la que sin duda tienen derecho en la misma medida que los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, la renta se incrementa por los trabajadores y por los empresarios, sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que se han financiado los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad vaya creciendo año tras año.

Pero esta actitud adoptada por los firmantes del Pacto Toledo que hemos calificado de cicatera se torna carroñera y expoliadora cuando se pretende, como en la reforma prevista, que las pensiones ni siquiera mantengan su poder adquisitivo. La medida de no actualizar la prestación por el índice de precios es una confiscación y un atropello equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal sino porque va a aumentar el tipo anualmente). En la hipótesis de que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años y del 20% a los diez años.

Hace años en los libros de texto se solía afirmar que la inflación era en definitiva un impuesto, y de los más injustos porque se suponía que su coste recaía sobre los más humildes. Esta aseveración se suele repetir aún hoy en día y con bastante ligereza en los medios de comunicación social. La proposición tiene algo de verdad y mucho de mentira. Se asienta sobre distintas suposiciones todas ellas muy discutibles y, desde luego, en el momento actual falsas. Presupone que la inflación está causada por la actuación del Estado al financiar su déficit con la emisión de moneda. Pero hoy la creación del dinero pertenece en primer lugar al Banco Central y, en segundo lugar pero en mayor cuantía a las entidades financieras, y la financiación del déficit público no tiene por qué ser -y la mayoría de las veces no lo es- inflacionaria.

De hecho, ante el fenómeno de la inflación no tendría por qué haber perdedores o ganadores si todos los precios y rentas (incluyendo salarios y tipos de interés) se incrementasen en la misma cuantía. No obstante, esta teórica neutralidad casi nunca se da en la realidad, con lo que los distintos agentes económicos ganarán o perderán en el reparto de la renta nacional según hayan evolucionado sus ingresos y sus activos y sus pasivos respecto a los incrementos de precios.

La inflación perjudicará a los acreedores y beneficiará a los deudores, a no ser que en la determinación del tipo de interés se haya tenido en cuenta la tasa de inflación prevista; y la remuneración de los trabajadores reducirá su participación en la renta nacional en beneficio del excedente empresarial siempre que los costes salariales unitarios crezcan menos que los precios. En todos estos casos no podemos hablar de la inflación como un impuesto, sino más bien como un factor que traslada rentas de unos colectivos a otros.

Cosa muy distinta es el efecto sobre la retribución de los empleados públicos y las pensiones. Aquí siempre que no se actualizan por la tasa de inflación podemos hablar claramente de un impuesto, ya que en términos reales hay una transferencia de renta de estos colectivos a la hacienda pública.

Existe una especie de ilusión monetaria referente a la inflación y al presupuesto. Durante los años en los que en noviembre era obligatorio actualizar las pensiones por la desviación de la tasa de inflación se podían leer en la prensa titulares de este tenor: “La desviación del IPC costará más de x millones de euros en pensiones a las arcas públicas”. Subliminalmente se vertía la tesis de que la actualización de las pensiones crea problemas en el presupuesto. Se ocultaba que si una inflación mayor que la prevista incrementa el gasto público en pensiones, incrementa también y, seguramente en mayor medida, los impuestos, entre ellos las cotizaciones sociales, al ser el PIB nominal también mayor. Luego la desviación en la tasas de inflación no incide negativamente en el déficit publico sino todo los contrario.

Por la misma razón, si en el futuro no se produce tal actualización, el Estado obtendrá un beneficio a costa de los pensionistas. La recaudación fiscal se actualiza automáticamente de acuerdo con la subida de los precios. ¿Por qué no incrementar las prestaciones de los jubilados en la misma cuantía? La pretensión actual del Gobierno, y aplaudida por los expertos gubernamentales, de no actualizar las pensiones de acuerdo con el índice del coste de la vida constituye un verdadero expolio. ¿No es este el gravamen más injusto que puede aprobarse? ¿A quiénes se quiere destinar el trozo de tarta (renta) que se pretende quitar a los pensionistas?

En la actualidad, la sociedad se ha vuelto hipersensible en materia impositiva. Existe una repulsa generalizada y muchas veces injustificada a cualquier tipo de imposición. El Gobierno no se cansa de prometer que, en cuanto pueda, bajará los impuestos, en la creencia de que la medida será bien recibida por los electores, pero al mismo tiempo se plantea crear el tributo más inicuo que se pueda imaginar puesto que incide sobre el colectivo más débil, los pensionistas, y es de tal magnitud que promete condenar a medio plazo a la pobreza extrema a la mayor parte de este colectivo.

Artículo publicado en República.com

¿Por qué no se lucha?

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Por Ramiro Pinto

Mucha gente no se puede explicar cómo no hay una gran movilización social con seis millones de parados, la economía a pique, una reforma laboral que dinamita derechos laborales fruto de antiguas luchas, una ley de educación que acaba con la igualdad de oportunidades, la privatización de la sanidad, la supresión de políticas sociales, etc, etc., con la previsión de que va a peor. Todo tiene una explicación que apunta a la crisis de la izquierda.

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Oigo decir “¡nadie hace nada!”, “hay que movilizarse”, “con la que está cayendo y aquí todos tan tranquilos”… Por otra parte grupos organizados se quejan de que convocan manifestaciones, actos de protesta y los afectados no van. ¿Por qué?. Es lo que nadie quiere analizar.

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Desde mi punto de vista son tres las causas de esta situación.

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1.- Las luchas reales siempre son por los demás, no por lo que le afecte a uno. Una situación personal puede abrir la conciencia a los problemas sociales, pero no puede ser el motor de la lucha. De esta manera se defienden privilegios, por muy loables que estos sean. Por tal motivo no podemos buscar la excusa de que los parados no luchan; ¡no pueden!, como no puede un herido en el campo de batalla. Es un planteamiento absurdo pedir que actúen los que sufren dramáticamente las decisiones políticas, las mismas que acomodan a quienes se indignan sin má, sobre todo para no sentirse culpables.

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Todas las luchas a lo largo de la historia han sucedido gracias a personas privilegiadas conscientes de las injusticias, conciencia que muchas veces no tuvieron las víctimas. Quienes se han rebelado han luchado para conseguir algo, en favor de un nuevo modelo de sociedad. No para meramente protestar. Pero un modelo educativo, mensajes permanentes en los medios de comunicación en favor de la competitividad a lo largo de muchos años ha hecho mella, se ha creado un individuo egoísta como característica fundamental. Pero no el egoísmo de toda la vida propio de la especie humana, sino que se ha tecnificado de tal manera que se ha convertid en la ideología dominante, en una mentalidad que abarca todo. Hay gente con su pancarta contra el gobierno que va a la manifestación después de cumplir con su horario de trabajo. Y lo llama responsabilidad. No arriesga. No se la juega. Su puesto de trabajo por encima de todo. Entonces no hay lucha, sino egoísmo disfrazado.A lo que se responde “y porque tengo yo que…”.

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Y lo más grave es que los partidos políticos, cuanto más a la izquierda más actúan en favor de sus intereses de partido, sobre estrategias electorales, para salir en los medios de comunicación, radicalizan mensajes, consignas, pero sin luchar, se limitan a ver cómo aumentan perspectivas electorales o rebañan votos de los colectivos sociales con los que “participan”. Sus acciones se basan en manifestaciones, coger firmas y salir en los medios de comunicación. Ésta es la gran crisis, la falta de respuesta.

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Lo expuesto ha hecho que no haya espíritu de lucha. Es necesario recuperarlo, sin poner trabas y frenos pensando que hacer cualquier cosa es imposible, porque depende de la voluntad y del conocimiento de las cambios sociales a lo largo de la Historia.

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2.- Toda lucha que se haga ha de tener en cuenta y como primer punto a los más desfavorecidos. De otra manera toda reivindicación pierde su fuerza moral, base ésta para vencer en la lucha. Se sale porque han rebajado las inversiones en investigación, porque han suprimido una paga extraordinaria a los funcionarios, porque suprimen las juntas vecinales, etc… Todo lo cual en caso de lograr que se mantenga ¿qué soluciona a quien nada tiene quellevarse a la boca?. Es el cinismo y la perversión de todas las movilizaciones actuales, es lo que apagó el aldabonazo del 15M, la manifestación del egoísmo social y una izquierda a la deriva. Toda movilización, ¡toda!, desde stop desahucios, a las protestas por el cierre de fábricas o de las minas deben exigir en primer término  que no haya nadie sin recursos para vivir, lo cual no es posible mediante el empleo. De lo contrario son protestas parciales que pueden beneficiar a unos pocos discriminando a la inmensa mayoría de los que no sufren el problema por el que luchan y menos a quienes viven en la miseria. Exigir laRenta Básica, en principio para los más desfavorecidos, sin recursos, individualmente e incondicional, para evitar su explotación y humillación como se hace en la actualidad es una condición sine que non. Sin embargo convertimos a las víctimas en chivos expiatorios, son los vagos, no quieren trabajar, o que se busquen la vida… Otros asuntos también son importantes, pero se han de integrar a una lucha global por más democracia y la abolición de la pobreza y el malestar. Es decir: si no hay un horizonte de un nuevo modelo social en cada paso que se dé, son fuegos artificiales. Lo cual hace que le derecha se mantenga y una izquierda progre se derechice a pasos agigantados.

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Una cosa es luchar y otra protestar. La lucha va al corazón del sistema, el cual ha de ser analizado, no vale inventar fantasías ni las obsesiones sin sentido de un partido (como defender el pleno empleo). Hay que ir a las causas actuales, no a las de antaño, y menos quedarnos en arremeter contra los síntomas, pues si permanecen las causas aunque se elimine un síntoma aparecen otros.

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y 3.- No haber luchado a tiempo. Los problemas se van fraguando y si no se reacciona crecen y cuanto más grande más se normaliza y más difícil es reaccionar. A la vez carecer de unas propuestas por las que luchar, hace que las movilizaciones sean siempre a la contra. La ley Wert de educación es terrible, pero es la consecuencia de las anteriores, del plan Bolonia, de basar la enseñanza en los exámenes, de no diversificar modelos pedagógicos adaptados a las diversas inteligencias de la juventud, etc. Con la reforma laboral otro tanto.Sin una propuesta que defender no hay impulso para la lucha, porque ¿para qué?, ¿para volver a la ley anterior?…

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Son necesarias propuestas por las que luchar, pero la izquierda, en todo su espectro, ha caído en el inmovilismo de ideas y como consecuencia lleva al inmovilismo social. Cuando se dice que nadie se mueve es un error, porque la cuestión es quién comienza una lucha seria hasta sus últimas consecuencias, con objetivos claros.

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Por ejemplo es necesario plantear que la deuda se pague con el dinero que la ha creado. Establecer por lo tanto el embargo de las fortunas de políticos y empresarios que se han enriquecido con el dinero público, de los políticos convertidos luego en asesores de empresas e instituciones que se han llevado en conjunto, año tras año, ese el dinero que hoy da lugar a la deuda, la cual los gobernantes quieren resolver mermando los servicios públicos y bajar el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde ex presidentes de gobierno, diputados, ministros, alcaldes y concejales, consejeros y diputados de comunidades autónomas y diputaciones se han enriquecido con inversiones erráticas que han producido los grandes beneficios. Es aquí donde está la deuda pública.

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Una vez queda embargado el dinero que ha ocasionado la deuda pública poner en la mano de la ciudadanía el 20% del mismo del PIB, en forma de la Renta Básica Universal. De lo contrario políticos sin escrúpulos se lo seguirán llevando con la connivencia de empresarios de proyectos chorras como Urdangarín, constructores, directivos de empresas farmacéuticas, empresarios mineros, empresas de abastecimiento. El dinero público sólo puede ser para empresas públicas, nunca para el beneficio de empresas privadas.

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Mientras que esto no se plantee y se haga una estrategia para vencer con el apoyo social, no es posible emprender la lucha necesaria para decir ¡al ataque!, y empezar. 

http://ramiropinto.es/2013/08/26/lucha/

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Pensiones, envejecimiento y distribución de la renta

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16 de juny de 2013

Albert Recio Andreu – Consejo Científico de ATTAC España

Doctor en Economía i profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Era cosa cantada que el nuevo ajuste se iba a centrar en las pensiones públicas. Se trata de un tema, como el laboral, recurrente desde hace muchos años y que ya se ha tocado sucesivas veces. La última con Zapatero. Rajoy está condenado a repetir la misma política pero sin tantos remilgos, a pesar de haber nombrado un comité de expertos para dar un barniz tecnocrático a la reforma. Unos tecnócratas que año tras año repiten un mismo esquema simplista que en gran medida contiene las respuestas en el enunciado.
La justificación de las propuestas de recorte de las pensiones (otra cosa no es, aunque se vista de alargar la vida laboral, o de “aplicar un coeficiente corrector”) se fundamenta en un esquema simple: el alargamiento de la vida de la gente prolonga el periodo de jubilación, aumentando considerablemente el gasto en pensiones. Como además se ha reducido la fertilidad, el volumen de personas en edad de trabajar se reduce y no se reemplaza en volumen suficiente a las personas que abandonan el mercado laboral. De lo que se colige una desproporción de la ratio jubilados/activos. Ello abriría dos escenarios: o mantener las pensiones actuales, con la consiguiente sobrecarga para la población activa (que habría de aumentar considerablemente su contribución a la seguridad social), o reducir la pensión individual para reducir la carga a pagar. La prolongación de la vida laboral sería una modalidad intermedia entre las dos, pues por una parte si trabajamos más tiempo cobraremos menos años la pensión y por otra estaremos contribuyendo más a sufragarla. Con cuatro miradas a las pirámides de edad y unas pocas proyecciones económicas, el argumento parece convincente.
La defensa del actual sistema de pensiones se ha basado en cuestionar alguna de estas hipótesis: los mismos economistas que ahora defienden los recortes vieron desmentidas sus anteriores previsiones sobre proyecciones demográficas, en torno a las cuales argumentan sobre el problema del empleo. Por ejemplo, si ahora la Seguridad Social está en déficit no es debido a un problema demográfico, sino a otro de raíz económica: hay más de 6 millones de personas dispuestas a trabajar (y a aportar contribuciones) a las que hoy la lógica del sistema económico les niega esta posibilidad. Se trata de críticas ciertas: si fracasaron las viejas previsiones que aseguraban que el sistema de seguridad social ya tendría que haber colapsado es porque no se han cumplido sus hipótesis: en cuanto la actividad económica se disparó, no dejó de llegar gente al mercado laboral español, tanto del interior (aumento la participación laboral de las mujeres, especialmente) como del exterior. Si se trata de ir reemplazando la gente que sale del mercado laboral, bastaría una buena política inmigratoria para llenar los huecos de los que se van jubilando. El problema no es la demografía, sino el funcionamiento de la economía y  las políticas migratorias. A ello añanden los heterodoxos que al pensar en las contribuciones necesarias para financiar las pensiones hay que tener en cuenta no solo el volumen de personas que trabajan sino también su productividad: si ésta crece, el mismo número de gente está en condiciones de financiar con su producción un volumen mayor de dinero. Por tanto, la defensa tradicional del sistema actual se basa en considerar que la viabilidad de las pensiones se puede sustentar promoviendo una política económica de pleno empleo, permitiendo un flujo migratorio adecuado y aumentando la productividad.
Comparto bastantes de estos argumentos. Pero me temo que no abordan el meollo de la cuestión y que van a ser desoídos con relativa facilidad. No estoy seguro de cuál va a ser el comportamiento de la productividad en una economía que ha esquilmado reservas naturales como la de petróleo. Ni tengo mucha confianza en que sin cambios radicales podamos esperar que en el corto o medio plazo podamos pensar en el relanzamiento de políticas económicas de pleno empleo. Y por esto me parece necesario que, sin despreciar los contraargumentos posibilistas, desarrollemos un debate más general en el que repensar la cuestión de las pensiones en particular y del envejecimiento en general.
La cuestión fundamental es que una sociedad debe mantener al conjunto de su población en un grado aceptable de bienestar. Y debe ser capaz de conseguir tanto los recursos adecuados para garantizarlo como un sistema distributivo que permita a todo el mundo acceder a él. Qué constituye un nivel de bienestar aceptable es sin duda una cuestión discutible, que sin embargo exige una acción social permanente. Una parte de la victoria del neoliberalismo se ha basado en la capacidad del capital de modelar el concepto de bienestar, confundiendo necesidades básicas, caprichos y males sociales en un mismo paquete (y a la vez metiendo en la categoría de “trabajo” actividades que aportan bienestar social, otras que son simple reflejo de un modelo de dominación e incluso algunas que deberían entrar en la categoría de ocio). Hay que plantear el debate de las pensiones dentro de otro más general sobre la distribución de la renta. Si la sociedad va a ser más rica en el futuro, como prometen los economistas ortodoxos, no tiene sentido que sea una parte de la población, la de edad más avanzada, la que tenga que empobrecerse de forma absoluta o relativa. Si la sociedad va a ser más pobre, como sospechan sobre todo los economistas ecológicos, tampoco tiene sentido que sea la gente mayor la que deba pagar el pato. En este caso habría que plantear un modelo distributivo y de organización social viable para todo el mundo.
Hay otra cuestión asociada tan vital como la del reparto. La del trabajo. En el debate del envejecimiento tiene dos dimensiones. En primer lugar está el hecho que en un mundo con empleos diferentes el impacto laboral sobre la vitalidad, la salud y la posibilidad de trabajar es muy desigual. No todo el mundo llega en iguales condiciones a la misma edad y por tanto no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollar, con los parámetros actuales, una actividad laboral “normal” a la misma edad. Alargar la edad de jubilación castiga especialmente a las personas con empleos “manuales” (aunque casi todos lo sean, no son reconocidos homólogamente). Lo de trabajar hasta los setenta años lo puede sustentar un profesor universitario o un directivo, pero no un trabajador de la construcción o una enfermera. La propia continuidad de la vida laboral está sujeta al espacio laboral de cada cual. El sistema castiga duramente a las personas con trayectorias laborales intermintentes, a los empleos más precarios, a los que suelen ser pobres toda su vida laboral. Y, por otra parte, el envejecimiento obliga a plantear otra cuestión fundamental, al exigir una mayor carga laboral de cuidados. La forma como se resuelva esto — con trabajo familiar, con servicios públicos, con trabajo informal…— afectará directamente a las desigualdes sociales —de renta y de trabajo— y de nuevo a la cuestión de la distribución de la renta.
Romper la presión sobre las pensiones públicas exige, a mi entender, abrir el espacio de debate más allá del que nos proponen. Obliga a plantear socialmente la cuestión de qué es una distribución social justa, cómo hay que contribuir a la misma, qué carga laboral debemos soportar. El neoliberalismo —y los grupos de capital que representa— ha tenido éxito porque ha sabido acotar los marcos de debate que le son favorables. Sólo cambiando de marco referencial forzaremos una perspectiva diferente.
La defensa de la negociación colectiva
La última reforma laboral contenía importantes bombas de relojería de efectos retardados. La más importante afectaba a la negociación colectiva. El objetivo explícito de la reforma era limitar la negociación colectiva al marco de la empresa. Y para ello introducía mecanismos, como la limitación de la ultractividad a un año, que iban a facilitar la transición. Al concluir el término de vigencia de los convenios colectivos, los empresarios que quisieran podían dejar pasar un año para dejar que se extinguiera completamente y, una vez eliminada toda protección del viejo convenio, imponer una negociación a la medida. En algunos casos, simplemente para imponer clausulas más favorables que las del anterior convenio, sobre la base del chantaje de que o firmas esto o no hay acuerdo. En otros, dinamitando los convenios sectoriales simplemente forzando a negociar nuevos convenios de planta o de empresa.
Los principales estudios internacionales sobre los espacios de la negociación colectiva son concluyentes. Allí donde predominan los convenios de empresa —especialmente en el mundo anglosajón— las desigualdades laborales de todo tipo, especialmente las salariales, son mucho mayores y afectan incluso a personas de una misma profesión. Allí donde la norma es negociar a nivel de empresa hay enormes sectores de asalariados a los que no llega la negociación colectiva. Sus condiciones laborales vienen marcadas por las normas legales —salario mínimo, jornada legal de trabajo— y lo que individualmente quiera dar el empresario. Es un modelo favorable al empleo para pobres, al autoritarismo y al paternalismo empresarial (la cara amable del otro paternalismo). La fragmentación de la negociación colectiva abre además las puertas a una competencia empresarial basada en lo peor —el que paga menos y explota más tiene la esperanza de desbancar a sus rivales—. En lugar de promover la eficiencia se consigue rentabilidad a base de elevados costes sociales. La negociación colectiva a nivel de empresa promueve la injusticia social y la ineficiencia productiva.
El modelo de negociación colectiva español es al respecto bastante confuso. Combina negociación de empresa y convenios sectoriales. Un modelo complejo del que muchas empresas han sabido sacar tajada recurriendo a la subcontratación —que les permite utilizar de forma indirecta mano de obra en diferentes condiciones laborales según el convenio que se le aplica— o incluso diferenciando las condiciones de su propia empresa (en el curso de una investigación sobre el sector de componentes de coche, encontramos por ejemplo una misma empresa que en la provincia de Barcelona aplicaba cuatro convenios colectivos, uno distinto en cada planta). El sindicalismo español no ha sido capaz de generar un marco general en la negociación colectiva que, por ejemplo, limitara por arriba y por abajo las diferencias salariales. Y ello explica el elevado grado de desigualdad salarial de nuestro país. Aunque hay que reconocer que al menos los convenios de sector han conseguido generar un suelo de condiciones laborales en los sectores que ocupan la base de la pirámide ocupacional. Esta falta de perspectiva igualitaria ha afectado tanto a las corrientes más acomodaticias de nuestro sindicalismo —que han tendido a negociar sin cuestionar los marcos— como a los sectores radicales más propensos a primar las luchas en las grandes empresas que a promover un marco de negociación más integral. Al fin y al cabo, todo el mundo hace lo que puede.
Ahora la cosa es mucho peor. Pues de lo que se trata es no sólo de rebajar derechos sino de romper los suelos de negociación. La demanda de movilización sindical es totalmente justa, aunque quizás llega tarde y habría exigido una amplia campaña de información pública de lo que representa el cambio de modelo. De momento han conseguido un acuerdo con la patronal que da un margen de tiempo para seguir negociando. Es posible que incluso para una parte de empresarios la desregulación de condiciones de trabajo a que puede llevar la quiebra del sistema actual les puede parecer una aventura peligrosa. Pero el peligro sigue ahí y conjurarlo solo se puede conseguir si se consigue que una enorme masa social entienda y luche por imponer un marco de negociación que garantice condiciones laborales dignas para todo el mundo.
Jóvenes: la nueva moda en política de empleo
Que la situación de los jóvenes es crítica está fuera de duda. Hace dos meses ya me referí a ello en este mismo cuaderno y las cosas siguen igual. Lo discutible es focalizar el tema como lo han hecho las autoridades europeas, con una maniobra que en parte trata de dar respuesta a una situación insostenible, pero que puede resultar una mera estrategia de distracción.
En primer lugar, porque el paro masivo de los jóvenes es un reflejo extremo del problema más general de empleo que atenaza a las sociedades europeas. Un problema que solo tiene salida en el marco de una política general de pleno empleo. Cuando las politicas de empleo son generales tiene sentido organizar políticas adaptadas a colectivos con características especiales. Es lo que ya sabían los redactores del Informe Beveridge en 1943. Pero cuando se carece de una política general, focalizar el tema en un solo sector no resuelve el problema y se convierte en una vía que puede enfrentar a sectores de parados entre sí. La aplicación de medidas específicas en este contexto tienden a incluir otros componentes negativos: generar empleos en condiciones degradadas para el colectivo en cuestión (como ocurre con el nuevo marco contractual que condena a los jóvenes españoles a la precariedad laboral asegurada hasta los treinta años), o justificar la transferencia de costosas subvenciones a los presuntos creadores de empleo.
Todo ello está presente en la pomposa política de empleo juvenil que anuncia la Unión Europea. Los jóvenes dan miedo y hay que entretenerlos con algo. Pero para que den miedo de verdad y obliguen a cambios sustanciales en la lógica de las políticas es necesario que entiendan que en su situación tienen escasas posibilidades de mejorar si no se desarrolla una verdadera política de empleo y bienestar, un cambio institucional orientado a garantizar a todo el mundo —jóvenes, mujeres, personas mayores,…— una vida laboral y personal digna. De ahí que uno, que es malpensado, sospecha que lo que ahora se nos trata de vender es una nueva maniobra de diversión y división para mantener el statu quo.
Tejidos ensangrentados: el coste de la globalización
La muerte de más de un millar de personas al hundirse una fábrica-taller en Bangla Desh ha hecho evidente lo que muchas personas ignoran. El bajo coste de los textiles asiáticos (y de otros países pobres) tiene un coste social no contabilizado: el de “la sangre, sudor y lágrimas” de cientos de miles de personas condenados a largas, duras y costosas jornadas laborales para producir unas prendas que nunca podrán vestir. El discurso liberal dice que gracias a estas actividades está aflorando una nueva clase media bienestante en esos países, aunque más bien parece que lo que se está desarrollando son unas capas parasitarias que cooperan con las multinacionales en la explotación de sus propios compatriotas. El discurso liberal también dice que lo que tenemos es una competencia entre la producción más cara de los países ricos y la más barata de los pobres (y por ello si queremos mantener el empleo no tenemos otra posibilidad que renunciar a derechos sociales). Pero lo que también ha puesto en evidencia este nuevo desastre social es que aquí, de competencia poca. Que se trata de un sistema de organización piramidal en la que la cúpula está ocupada por las grandes marcas internacionales que tienen una limitada competencia en sus mercados. La historia se repite, hace poco tiempo supimos de la explotación en las fábricas chinas de los subcontratistas a cuenta de Apple. Hoy son las glamourosas marcas textiles, las Zara, Corte Inglés, Mango, Tchibo, H&M, C&A, Tommy Hilfiger…. las que aparecen relacionadas con el desastre. Unas empresas reluctantes a negociar con los sindicatos y pagar pequeñas mejoras salariales.
No hay que ser muy experto para entender la situación. Al menos en España donde la familia Ortega, propietaria de Inditex, y la familia Andic, propietaria de Mango, se han situado entre las personas más ricas de España y del planeta en pocos años. Su historia es la del éxito de sus marcas. Pero la acumulación de un excedente tan rápido está sin duda deteminada por su capacidad de obtener un elevado margen gracias al ahorro de coste en la producción internacional. Aunque tampoco podemos perder de vista que sus condiciones laborales en la cadena de distribución dejan mucho que desear: forma parte del segmento de empleo juvenil, mayoritariamente femenino, donde predominan los bajos salarios y el empleo a tiempo parcial agravado por la continua variabilidad de horarios a que están sometidos los empleados. Por cierto, dentro de esta cadena de desastres siempre hay unos peores que otros: mientras que Inditex ha aceptado entrar en algún tipo de negociación, por el momento el Corte Inglés figura entre las empresas reluctantes a cualquier pacto, algo que no parece extraño conociendo la política antisindical que la empresa desarrolla en España.
¿Podemos hacer algo ante todo esto? Lo más simple es dejarles de comprar. Aunque el problema con el poder de los consumidores es que casi nunca tenemos suficiente información para saber quién actua de forma distinta. Por ello es bueno combinar acción colectiva e individual. Y parece claro que la primera debe ir orientada en una triple dirección: imponer cambios en las políticas comerciales mundiales —permitiendo un cierto grado de proteccionismo a los países en desarrollo para que su industria no dependa exclusivamente  de las exportaciones—; apoyar los avances democráticos y de los movimientos sociales en estos países —hay que acorralar a los gobernantes que dan cuerda a los represores locales—; y exigir algún tipo de carga a las empresas locales que importan en condiciones infames.
Cuaderno de Depresión 21

Los 12 sabios que calculan las pensiones

FUENTE

El grupo lo componen académicos de distinta procedencia: desde sindicalistas a asesores de seguros

Madrid 8 JUN 2013 – 00:01 CET


De izquierda a derecha, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, José María Marín Vigeras, Miguel Ángel García, Ignacio Conde-Ruiz, Francisco Castellano, José Enrique Devesa, la ministra Fátima Báñez, Mercedes Ayuso, Víctor Pérez Díaz, Manuel Lagares, Miguel Ángel Vázquez y Rafael Doménech. Faltan Santos Ruesga y José Luis Tortuero. / ULY MARTIN (EL PAÍS)

El Gobierno designó el pasado 10 de abril un grupo de sabios para que definieran cuál era el mejor modelo para aplicar el llamado factor de sostenibilidad, la fórmula con la que se calcularán las pensiones futuras. El grupo de expertos está integrado por reconocidos académicos y expertos en el ámbito de la Seguridad Social y la Economía. Entre ellos hay afines a la patronal del seguro, Unespa, liberales, miembros de think thanks conservadores, el jefe del gabinete económico de CCOO y otros dos elegidos a propuesta de los socialistas, entre ellos un colaborador habitual de UGT.

  • Victor Pérez Díaz. Es el presidente del comité de expertos. Este doctor por la Universidad de Harvard de 74 años es catedrático de Sociología en la Complutense. Pérez-Díaz ha sido señalado por formar parte del grupo de colaboradores habituales de Unespa, la patronal del seguro privado, un sector con grandes intereses en las pensiones. En uno de sus últimos artículos, patrocinado por esta organización, aboga por cambio drástico en el sistema de pensiones para considerar la esperanza de vida. Es presidente de Analistas Socio-Políticos, un instituto de investigación sobre ciencias sociales, fundada por él en 1993. Ha escrito para FAES, la fábrica de ideas del PP.
  • Rafael Doménech. Formado en la Universidad de Valencia, de la que es catedrático, y en la London School of Economics, Rafael Doménech fue el encargado de explicar el doble factor de sostenibilidad y también llevó la voz cantante en las respuestas. No es de extrañar: el ahora número dos del servicio de estudios del BBVA lleva años estudiando los problemas que puede acarrear al sistema público de pensiones el aumento de la esperanza de vida y la falta de cotizantes tras el escalón demográfico del baby boom. Eso también le ha llevado a colaborar con Unespa y Aviva. Doménech fue subdirector de la Oficina Económica del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el bienio 2007-2008, cuando se pasó de la bonanza a la crisis.
  • Mercedes Ayuso. Catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona, ha participado en varias investigaciones sobre el impacto económico del aumento de la esperanza de vida en los sistemas de pensiones o de seguros. Tiene 42 años y es integrante del grupo de investigación de riesgo en finanzas y seguros del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la universidad catalana.
  • Manuel Lagares. Este catedrático de Hacienda Pública e inspector de Hacienda de 72 años formó parte del gabinete de Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía con Adolfo Suárez a finales de los setenta. Ha sido en varias ocasiones nombrado por Gobiernos pasados del PP miembro de comités asesores sobre impuestos. Ha sido consejero de Mapfre.
  • Ignacio Conde-Ruiz. Este profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, de 43 años, sucedió a Rafael Doménech en la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero entre 2008 y 2010. Ya en La Moncloa, realizó estudios sobre el sistema de pensiones y propuestas que no vieron la luz. Ha pasado a ser subdirector de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía, patrocinada por las grandes empresas, y forma parte de un grupo de asesores de Aviva. Ha analizado la reforma de 2011, en cuyas publicaciones preliminares —la definitiva verá la luz dentro de muy poco— y concluye que solo resuelve un tercio del problema futuro del sistema de pensiones.
  • Miguel Ángel Vázquez. El jefe del servicio de estudios de Unespa, patronal de las aseguradoras, formó ya parte del grupo —junto con Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech— que elaboró para esta organización un informe en el que se proponía un cambio a un sistema basado en las aportaciones individuales. Es miembro del foro de expertos de la aseguradora Aviva.
  • Miguel Ángel García. El director del gabinete económico de CC OO y profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos concitó este viernes (a su pesar) parte de la atención en el comité de sabios por su voto favorable al informe definitivo, que contrastó con el único voto en contra de uno de los expertos elegidos por el PSOE, Santos Ruesga, colaborador habitual de UGT. García defendió que estaba en el comité por su condición de estudioso del tema, lo que ya le hizo participar, en 1996, como negociador en representación de CC OO, en el desarrollo del Pacto de Toledo. Aquella negociación acabó en un acuerdo con la patronal y el Gobierno en 1997, del que se desvinculó UGT, representado entonces también por Santos Ruesga. En su voto particular, García apuesta por retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2019, mientras CC OO insistía poco después en no a hacerlo hasta 2027. En su blog Pensar sobre economía, que se publica en la versión digital de EL PAÍS, ya anticipaba la dificultad de “pagar en 2050 cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas, debido a la evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida”.
  • Santos Ruesga. Este catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid propuesto por el PSOE es un colaborador habitual de UGT, quien le designó como integrante del Consejo de Radiotelevisión Española entre 2007 y 2012. Tiene 60 años. Su postura durante casi todo el tiempo que han durado los trabajos de la comisión fue de un rechazo frontal. Considera que es precipitada y que deberían evaluarse antes los efectos de la reforma de 2011, que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Su postura se quedó aislada el pasado viernes, cuando se quedó solo en la negativa.
  • José Luis Tortuero. Este catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense acumula numerosas publicaciones relacionadas con la Seguridad Social. De hecho, es director académico del curso de experto en Seguridad Social. Incluido en el grupo de sabios a propuesta del PSOE, publicó por encargo del anterior ejecutivo socialista un voluminoso informe titulado La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo.
  • José María Marín Vigueras. Es el experto con un perfil más financiero. Catedrático de Economía Financiera por la Universidad Carlos III y doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. Es experto en valoración de activos financieros y gestión de carteras y riesgos. Ha sido presidente de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN), director del centro de investigación en Economía Financiera (CREF). Es también miembro del Grupo de Asesores Económicos (GEA) y de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA).
  • José Enrique Devesa Carpio. Integra uno de los grupos de investigación más activos sobre pensiones y protección social, que forman profesores de las universidades de Valencia y Extremadura. Devesa, de 53 años, publicó en otoño de 2012 un completo informe sobre cómo se había abordado la sostenibilidad del sistema de pensiones en otros países europeos. En 2011 fue la fundación Edad y Vida, que incluye a varias aseguradoras, la que galardonó otro trabajo en el que se concluía que tras la reforma de las pensiones de ese año, “los futuros jubilados sí necesitan complementar sus pensiones” con productos de ahorro privado.
  • Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública por la UNED y jefe de asesoría fiscal de la CECA. Actualmente es secretario Colegio de Economistas de Madrid y asesor fiscal. Es autor de varios manuales sobre el sistema tributario español