CEPRID
La revista norteamericana Forbes la revista recientemente ha incluido a dos mexicanos, Carlos Slim y Joaquín Guzmán, en su lista de las personas más poderosas en el mundo. Carlos Slim es el tercer hombre más rico del mundo gracias a su empresa de telecomunicaciones Telmex y Joaquín Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa. Si bien el objetivo y la metodología de esta lista es cuestionable, la inclusión de estos dos nombres en la Forbes nos dice mucho acerca de la larga noche del gobierno neoliberal en México, así como la actual administración de Felipe Calderón, quien pertenece al partido de centro-derecha Partido Acción Nacional (PAN).
Las políticas neoliberales, conteniendo salarios y rebajando las condiciones laborales mientras se promociona la inversión privada, ayudan a explicar la combinación de una increíble riqueza y un fuerte aumento de la pobreza en México. Los bancos globales, como el Citigroup, considera a sus filiales mexicanas como la principal fuente de ganancias. Mientras que la acumulación de riqueza y el empobrecimiento masivo van de la mano, el aumento de la violencia, la inseguridad y la impunidad provocada por el creciente poder de los cárteles de la droga y la indiferencia, cuando no la colaboración de las autoridades locales, particularmente en algunos estados del norte, han puesto una doble carga sobre la población mexicana que no sólo ve su seguridad económica sino también su seguridad física continuamente amenazada.
Este es el contexto en el que tanto el PAN como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) – el partido que monopolizó las tres ramas del gobierno durante casi 70 años – compiten con una estrategia populista del neoliberalismo, cada uno afirmando que puede hacer un mejor trabajo en la lucha contra la delincuencia organizada que el otro. Esto tiene un gran apoyo popular puesto que como la constante escalada de la delincuencia y la inseguridad afectan a todos los sectores de la población. Al mismo tiempo, ambas partes están comprometidas con el modelo neoliberal que ha permitido a Slim y otras empresas obtener y mantener su riqueza. Las coincidencias y diferencias entre el PRI y el neoliberalismo populista del PAN se pueden ver en las políticas emprendidas para combatir el crimen organizado y las negociaciones del presupuesto 2010 en el Congreso mexicano en el contexto de la crisis mundial.
México en la crisis global y los fracasos del desarrollo
Cuando la crisis de crédito se desarrolló en los Estados Unidos en 2008, el presidente de México afirmó que las políticas económicas aplicadas por sus predecesores, Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), habían permitido al Gobierno acumular reservas internacionales con el fin de proteger la economía de los choques externos. Además, sostuvo que esas reservas se iban a emplear en la protección del peso mexicano para mantener la confianza de los inversores, la inversión en infraestructuras para crear empleos y ofrecer incentivos a la inversión extranjera directa para que así permaneciese en el país.
A pesar de estas medidas, México es uno de los países de América Latina que más se ha visto afectado por la crisis mundial. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el PIB de México cayó un 9,7 por ciento en 2009. Las Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) –dependiente de la ONU– indicó que México fue uno de los pocos países en América Latina donde la pobreza aumentó entre los años 2006 y 2008. Según el informe de la CEPAL, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza en México aumentó del 31,7 a 34,8 por ciento.
El gobierno mexicano ha explicado este resultado en términos de la gravedad de los impactos externos como los precios del petróleo, la recesión en los EE.UU. –incluyendo una menor afluencia de remesas y exportaciones-, el brote de la gripe A y el retroceso de los ingresos por turismo por este motivo. Sin embargo, si México promueve la austeridad y la práctica de unas las políticas económicas «sólidas» para proteger a la economía, ¿por qué estas políticas siguen siendo ineficaces para hacer frente a la crisis actual?
El problema es que este modelo económico sigue basándose en la exportación directa e indirecta de mano de obra barata a través de zonas francas de exportación y la inmigración. Esto sólo ha aumentado la dependencia de México respecto a la economía de EE.UU. y promueve una desigualdad de ingresos aún mayor. Del mismo modo, las políticas monetarias que han prevalecido durante los últimos 37 años han puesto más presión sobre los salarios de los trabajadores, porque el banco central utiliza las reservas internacionales para proteger el valor del peso, mientras mantiene un mecanismo de ajuste de salarios para detener la inflación. Como resultado, existe una débil demanda interna en el país lo que hace que la economía mexicana sea una de las más vulnerables a las conmociones externas.
La carga de este modelo económico en la mayoría de la población se ha intensificado por la crisis mundial. Disminución de la demanda de EE.UU. para las exportaciones mexicanas y las pérdidas financieras en los mercados de derivados de capitales nacionales y extranjeros con inversiones en México han incrementado las reducciones de plantillas en las empresas, los despidos masivos y cierres de plantas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de dos millones de personas estaban sin trabajo en septiembre de 2009, la tasa más alta de desempleo en los últimos tres años.
En lugar de tratar los problemas estructurales de la economía mexicana, el gobierno ha apoyado paradas técnicas en las plantas de fabricación, una disminución de los salarios y beneficios en el convenio colectivo de los trabajadores y ha lanzado un programa de austeridad. Al mismo tiempo, el gobierno de Calderón está ampliando su medida populista de militarización de todo el país. Esto indica la consolidación del neoliberalismo populista como estrategia política, que no sólo es patrocinado por Calderón, sino también por el PRI.
La Delincuencia Organizada, la militarización y populismo neoliberal
Recientemente, la delincuencia organizada vinculada a los cárteles de drogas se ha extendido en todo el país, incluso a la frontera sur de México con Guatemala. Inmediatamente después de la dudosa y controvertida elección presidencial de 2006, Calderón trató de obtener legitimidad mediante la imposición de una política de puño de hierro sobre la delincuencia organizada a través de la movilización de los militares. Desde 2006, cincuenta mil soldados federales han sido desplegados en todo el país. Esto era en parte considerado por muchos sectores de la población como un paso positivo para disminuir los niveles de violencia, particularmente en los estados donde se cree que el crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas policiales e instituciones locales. Esta estrategia de Calderón ha vuelto a ganar el apoyo popular a fin de aumentar su poder de negociación vis-à-vis con la oposición, como una forma de controlar la delincuencia organizada para mantener la estabilidad política necesaria para el funcionamiento de los mercados.
El PRI afirma que la estabilidad política está garantizada en sus administraciones presidenciales y culpa al PAN por los crecientes niveles de violencia en el país. Al mismo tiempo, el PRI evoca las imágenes políticas del pasado, de color de roda, que recuerdan sus prácticas clientelistas a través de las cuales utilizaba una pequeña proporción de los fondos apropiados ilegalmente a las clases subordinadas para ciertas subvenciones a fin de mantener la legitimidad, a nivel externo, de los mecanismos democráticos . Estas prácticas se han mantenido en el nivel estatal y local, resultando en un creciente apoyo para el PRI a nivel local de sectores de la población cada vez más marginados en los últimos años por las políticas neoliberales.
Tanto el PAN y el PRI han estado llevando a cabo campañas de inculcar el miedo como medio para permanecer en el poder. Por una parte, Calderón está tratando de aumentar la fuerza de su partido haciendo hincapié en que su política de militarización es la única manera de combatir el crimen organizado y desbaratar las alianzas entre los cárteles de la droga, la policía y algunas autoridades estatales y locales. Y que esta política sólo puede mantenerse si el PAN gana la elección presidencial de 2012. Por otra parte, el PRI está haciendo hincapié en que el voto por el PAN sólo ha aumentado la marginación y la violencia. Así, el PRI se presenta a sí mismo como la única opción política para las elecciones presidenciales del 2012. La desilusión con el PAN sobre las dificultades económicas y la creciente violencia se puede ver en las elecciones del 2009 –la mitad de los escaños de la cámara baja, seis gobiernos estatales y unos 500 alcaldes en 11 estados – en las que el PRI obtuvo el 36.7 por ciento de los escaños así como la mayoría de los puestos estatales y locales. Así, ambas partes están empleando estrategias populistas para ganar el apoyo popular en torno a los temas de violencia e inseguridad. Al mismo tiempo, ambos han demostrado su compromiso con la austeridad interna, por un lado, y el gasto público discrecional, por el otro, para potenciar a aquellos grupos que pueden mantener la agenda neoliberal.
Dentro de la austeridad presupuestaria
La iniciativa de presupuesto 2010 propuesto por Calderón contradice su retórica anterior en relación con la respuesta anticíclica a la crisis mediante el gasto público y menos impuestos para la mayoría de la población. La iniciativa que envió al Congreso incluye un 0,5 por ciento del PIB y un aumento del dos por ciento en el impuesto sobre bienes y servicios, del 15 al 17 por ciento. Si bien Calderón sostuvo que este dos por ciento se canaliza a los programas sociales para combatir la pobreza, el objetivo de ampliar la fiscalidad regresiva de hecho sirve para aumentar los fondos estatales y así evitar un descenso en la calificación del crédito de la deuda del país. Curiosamente, las medidas contenidas en esta iniciativa difiere de algunas de las políticas establecidas por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que sugieren evitar la tributación regresiva y un déficit temporal de un 2,5 por ciento del PIB para alentar el gasto estatal.
Cuando la iniciativa fue enviada al Congreso, el PRI y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opusieron a la propuesta del Ejecutivo. Dado que las negociaciones entre el partido del presidente y el PRI avanzaba, un nuevo consenso sobre el presupuesto era evidente. El presupuesto aprobado por el Congreso mantiene un incremento del uno por ciento de los impuestos regresivos e incluyó una petición al Ejecutivo que elabore un programa de austeridad para el 15 de marzo de 2010.
La alianza entre el PRI y el PAN y el fracaso del PRD para oponerse al presupuesto muestra los límites de la liberalización electoral, una liberalización que ha permitido que el PRI y el PAN monopolicen el poder en el Legislativo y el Poder Ejecutivo para favorecer a determinadas fuerzas dentro de sus partidos. En esta alianza, el PRI, que ostenta la mayoría de escaños en la Cámara Baja, apoyó una ampliación de la fiscalidad regresiva mientras el PAN acordó destinar más fondos a los gobiernos estatales, que son en su mayoría controlados por el PRI, así como a eliminar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el gasto estatal y municipal y reducir los programas sociales federales. De hecho, los estados que recibieron grandes beneficios de este presupuesto son el Estado de México, cuyo gobernador es considerado el principal contendiente a la candidatura presidencial del PRI en 2012, y Oaxaca, cuyo gobernador fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos en la Corte Suprema. Este presupuesto permite a los gobernadores del PRI utilizar los fondos públicos de manera discrecional para obtener apoyo en sus propios estados, aumentar sus redes clientelares y mejorar la posición del partido en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Tanto el PRI y el PAN, junto con otros partidos como Convergencia y el Partido Verde y de algunas facciones del PRD, también acordaron la creación de un programa de austeridad, siempre que los grandes presupuestos de los partidos políticos y el Legislativo, que incluye los gastos personales y el seguro médico privado para los legisladores, no se redujese.
Las negociaciones presupuestarias revelan los límites en la democratización de la toma de decisiones económicas en el país. En primer lugar, la solicitud del Congreso para un programa de austeridad muestra que la austeridad no ha sido necesariamente impuesta desde el exterior, sino que es consecuencia del equilibrio interno de las fuerzas de México, en particular sus «instituciones representativas», que han internalizado la disciplina capitalista en el país. En segundo lugar, las negociaciones presupuestarias de 2010 ilustran cómo las demandas de la sociedad han sido aisladas de la toma de decisiones económicas y la política partidista. La marginación de las demandas populares sólo beneficia a un pequeño grupo, en particular el capital financiero, cuya inversión en deuda pública y en pesos mexicanos está garantizada por los fondos disponibles en el presupuesto público del próximo año.
Podría parecer extraño que Calderón y los legisladores del PAN decidiesen negociar un presupuesto con el PRI, que aumenta el poder autoritario de éste a nivel estatal, a un alto costo político para el PAN en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Una de las razones por su generosa donación para el PRI fue que el presupuesto de austeridad no podía pasar sin los votos de los legisladores del PRI. Además, Calderón necesita el apoyo del PRI en el Senado para la confirmación de Agustín Carstens como nuevo presidente del Banco Central, que es uno de los colaboradores más cercano de Calderón y orquestador del nuevo impuesto regresivo, a fin de aumentar los planes del presidente sobre la política económica. La otra razón es que ambas partes están de acuerdo sobre la continuación de la agenda neoliberal y la exclusión de las fuerzas progresistas en el ámbito político. Y ambos están siendo presionados para avanzar en esta dirección por las asociaciones de grandes empresas. Las dos partes, con algunas excepciones, han apoyado el cierre repentino de la empresa pública de electricidad, Luz y Fuerza del Centro, y el ataque a la Unión Trabajadores de la Electricidad de México, mientras que protegen a otros sindicatos que apoyan la agenda neoliberal actual, como el Docentes de la Unión Nacional de la Educación. El PAN podría incluso estar dispuesto a permitir que el PRI aumente su poder mientras deje intacta la agenda neoliberal y no permita que las fuerzas sociales progresistas participen en la formulación de políticas. Si bien parece existir un consenso entre el PRI y el PAN en la trayectoria neoliberal ese consenso sigue siendo frágil debido a los conflictos internos dentro de cada una de las partes del neoliberalismo mexicano.
La fragmentación de la política neoliberal de México y los espacios para la resistencia
La coyuntura actual de México ha producido crecientes tensiones entre los partidarios del proyecto neoliberal en sí. Mientras que las administraciones anteriores han construido un consenso en torno a la agenda neoliberal, el desacuerdo sobre estas políticas se ha hecho evidente durante la presidencia de Calderón. El presupuesto 2010 rompió la unidad del PAN cuando los senadores, en particular, se resintieron ante la presión de Calderón para avanzar en el aumento de los impuestos y otorgar mayor margen de maniobra para el gasto discrecional a gobernadores de los estados. Además, las estrechas relaciones entre Calderón y el sector empresarial se han vuelto tensas después de las negociaciones presupuestarias para 2010. En la reciente Cumbre de Negocios en Monterrey algunas de las corporaciones más grandes de México no sólo expresaron su disconformidad con el presupuesto de Calderón, sino también con el “modelo promovido por el gobierno en los últimos 25 años, que sólo ha generado bajas tasas de crecimiento y los bajos niveles de empleo «.
Las tensiones entre las grandes empresas y el PAN, así como en el PAN y el PRD se han combinado con el descontento popular para abrir espacios de resistencia a las fuerzas de oposición en el nivel local, estatal y nacional. Sin embargo, es necesario superan las divisiones dentro de la izquierda mexicana a fin de tomar ventaja en esta situación. El enfoque electoralista y los conflictos internos en el PRD no han permitido a este partido forjar alianzas con los trabajadores y las organizaciones de base a nivel nacional. Además, existen diferencias regionales en relación con las cuestiones que se consideran relevantes para una agenda alternativa al neoliberalismo. Por ejemplo, las personas en el norte de México, incluyendo las organizaciones sociales progresistas, que trabajan sobre todo cuestiones relacionadas con las drogas y la violencia de las maquiladoras, no necesariamente se identifican con las luchas en el centro y sur de México, tales como la movilización de los trabajadores mexicanos del sindicato de electricistas y el movimiento zapatista. En general, es necesario encontrar puntos comunes entre los movimientos políticos y las organizaciones sociales progresistas a nivel nacional a fin de crear consenso en torno a una agenda democrática que pueda cobrar impulso en la coyuntura actual.
– Hepzibah Muñoz-Martínez es investigador y escritor.
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