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Multimillonarios del mundo ocultan más de un tercio del PIB mundial en los paraísos fiscales

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¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios del mundo en los paraísos fiscales? Un estudio dado a conocer por la organización británica Tax Justice Network, sugiere que la cifra que los multimillonarios ocultan en los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, es decir una suma equivalente a un tercio del PIB mundial o al PIB combinado de Estados Unidos y China. Si esta enorme suma de dinero pagara algún tipo de impuesto no solo se reduciría el hambre en el mundo sino que se podría resolver, en solo un año, la crisis del euro.

Los datos son aportados a través de una serie de informes que publica este sitio británico sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y son recogidos por The Guardian en una nota publicada el fin de semana. Con estos datos, RT ha elaborado el clip que encabeza este post y que da un detalle de la enorme cantidad de dinero que los multimillonarios del mundo esconden y que no paga ningún tipo de impuestos al ocultarlo en Suiza o en las Islas Caimán, reconocidos paraísos fiscales. La cifra no deja de ser escandalosa dado que hablamos de un tercio del PIB mundial.

De acuerdo a Tax Justice Network, los multimillonarios utilizan todos los recursos disponibles para explotar las lagunas fiscales de las normas transfronterizas y eludir todo pago de impuestos. Esto demuestra que la laxitud del sistema financiero y su falta de regulación y de transparencia ha ocasionado un daño enorme a la economía global. El saqueo realizado por estas élites privilegiadas ha hinchado más y mas su riqueza empobreciendo a las arcas públicas que se ven incapaces de pagar su deuda o cubrir los gastos de salud y educaciòn.

El tamaño de la pila de dinero en efectivo que se pone fuera del alcance de las autoridades fiscales es tan grande que sugiere que las medidas estándar de desigualdad subestiman radicalmente la verdadera brecha de desigualdad entre ricos y pobres… Los activos existentes en los paraísos fiscales son propiedad de sólo 92.000 personas, es decir el 0,001% de la población mundial, una clase muy pequeña de mega-ricos que tienen más en común entre sí que los que están en la parte inferior de la escala de ingresos en sus propias sociedades. Estas estimaciones revelan que la desigualdad es mucho, mucho peor de lo que muestran las estadísticas oficiales, pero los políticos siguen dependiendo de la ley del chorreo para transferir riqueza a los más pobres. Gran parte del mundo no tiene idea de lo injusta que se ha vuelto la situación, y muchos, absurda y tontamente, defienden los intereses de ese 0,001% pensando que forman parte de esa elite.

Por esta razón no deja de ser meritorio el trabajo de Tax Justice Network, dado que va en la dirección correcta de hacer justicia. Al revés, mientras cada día la abominable troika intenta resolver los problemas financieros que sufre Europa con recortes y draconianos planes de austeridad, vemos que es una acción completamente errática y que profundiza más los problemas. Los ministros Montoro y De Guindos deberían presentar este informe a los líderes europeos para que vean donde hay que aplicar los verdaderos recortes. La vía de salida posible a la crisis está a la vista, persiguiendo a quienes han evadido impuestos durante décadas en los paraísos fiscales. Hacer hoy el cobro retroactivo por todos los años en que saquearon y engañaron a las finanzas públicas, aprovechándose de la confianza que inspiraban los mercados, será un acto de justicia que ayudará a detener este gran abuso masivo.

Los retos de la sostenibilidad del estado social

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Este artículo se basa en una presentación realizada por el Pr. Navarro en las Jornadas del Ararteko, Defensoría del Pueblo del País Vasco, el 21 de Mayo de 2010, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El artículo hace un resumen de la situación del Estado del Bienestar en España, con breves observaciones sobre la situación en el País Vasco, concluyendo que tanto España como el País Vasco gastan en su estado del bienestar mucho menos de lo que les corresponde por el nivel de desarrollo económico que tienen. España, después de 32 años de democracia, todavía está entre los países de la UE-15 con un gasto público social por habitante más bajo, situación que está empeorando como consecuencia de la crisis.

Qué es el estado del bienestar y cómo se mide

Permítanme que comience el artículo con la definición de que es el estado del bienestar. Incluyo como tal aquellas intervenciones del Estado (sean del nivel central, autonómico o local) que tienen mayor impacto en configurar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.
Tales intervenciones pueden dividirse en cinco tipos. Una son las transferencias sociales como, por ejemplo, las pensiones y las ayudas a las familias. Otra son los servicios públicos como son, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las familias, los servicios sociales y la vivienda social, entre otros. Otra son las intervenciones normativas y sancionadoras para proteger al trabajador, al consumidor y al residente (a través de protección del ambiente). Otra incluye la creación de buen empleo, proveyendo las bases para que el sector privado lo cree y en muchos países se considera también una responsabilidad del estado la de crear buen empleo en momentos de recesión como ahora. Y otra es la reducción de las desigualdades sociales.
La pregunta que nos tenemos que hacer es como se mide el grado de desarrollo de un estado del Bienestar. Tres son los indiciadores más importantes. Uno es el gasto público social como porcentaje del Producto Interior Bruto. Otro es el gasto público social por habitante (en unidades de poder de compra, es decir, euros estandarizados, para homologar su capacidad adquisitiva en países de distinto nivel de vida). Y un tercero es el porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar.

La situación de España

Veamos como está entonces España. Comenzando por el último indicador. El porcentaje de población adulta (15-64 años) que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar para el año 2007 (último año que Eurostat ha publicado tales datos) en España fue de un 10,26%, en la UE-15 de un 15,01% y en Suecia de un 23,75%. España es el país de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado del Bienestar.
Si analizamos el gasto público en protección social (gastos en transferencias públicas y en servicios públicos del estado del bienestar) como porcentaje del PIB vemos que en el año 2007, España fue un 21%, UE-15 un 27% y Suecia un 30%. España es el país de la UE-15 que tiene un gasto público en protección social como porcentaje del PIB más bajo (después de Irlanda, 16.5%).
Si analizamos el gasto público por habitante en protección social (medido en unidades de poder de compra o euros estandarizados) vemos que en el año 2007, España fueron 5.526, UE-15 7.464 y Suecia 9.028. España tiene el gasto público por habitante en protección social más bajo de la UE-15 (después de Portugal).
La conclusión de todos estos datos es que España se gasta muy poco en su estado del Bienestar, pero lo que incluso es más grave es que se gasta en su Estado del Bienestar menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%,  en lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es su déficit social.
Veamos por cierto que incluso Euskadi –país en el que estoy dando esta conferencia- se gasta menos en su Estado del Bienestar que lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Así, mientras el PIB per cápita de Euskadi es el 124% del promedio del PIB per cápita de la Unión Europea de los Quince el gasto público social por cápita es sólo el 86%, lo cual quiere decir que deberían gastarse 2838 euros estandarizados por persona más de lo que se gasta en su estado del bienestar.
Veamos ahora los distintos componentes del Estado del Bienestar.

Sanidad

El gasto público sanitario en España como porcentaje del PIB era en el año 2007 de un 5,7% mientras que la UE-15 era un 7,8%. Era el gasto público sanitario más bajo de la UE-15. Pero la situación es incluso peor puesto que el 22,45% del gasto público sanitario en España es en el capítulo Farmacia. Sustrayendo este capítulo, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico en España es solo 4,5% del PIB que es, con mucho, el más bajo de la UE-15.
Si analizamos el gasto público sanitario por habitante para el 2007 vemos que en España es 1.572 euros estandarizados, más bajo que el promedio de la UE-15 que es de 2.031 euros estandarizados. Es en realidad el más bajo de la UE-15 después de Grecia y Portugal.
Esta situación, por cierto, se repite en el País Vasco donde a pesar de que el PIB per cápita es un 124% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario de Euskadi es el 96% del promedio de la UE-15. El País Vasco debería gastarse 572 euros estandarizados más por habitante de lo que se gasta en su sanidad pública.


Educación

El gasto publico en educación España fue en 2007 un 4.4% del PIB, el de la UE-15 es el 5,1% del PIB y el de Suecia es 6,8%. Si en lugar de este indicador escogemos el gasto público educativo por alumno, vemos que España se gasta 4.806 euros estandarizados en la escuela primaria y 6.316 euros estandarizados por alumno en la secundaria, cifras que son más bajas que las del promedio de la UE-15 que son 6.254 y 7.272 respectivamente.
De nuevo, podemos ver que el País Vasco también se gasta menos en educación de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Mientras que el PIB per capita es el 124% del PIB de la UE-15 el gasto en educación pública per capita es solo el 85% de la UE-15.
Las consecuencias de este bajo gasto público en España son considerables. Una de ellas es que España tiene 559 horas lectivas al año en la escuela secundaria que es una cifra menor que en la UE-15 que son 678 horas lectivas. Sumando el déficit horario durante todo el periodo de estudio de la secundaria, resulta que el estudiante que termina la secundaria en España va a la escuela un año menos que el promedio de la UE-15 (dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda). De ahí que, según el informe PISA, los conocimientos en matemáticas, lengua y comprensión de lectura de un joven de 14 años en España es el de un joven europeo de 13 años.
Una segunda consecuencia de este bajo gasto es la polarización educativa en España. El 30% de la población, de renta superior, utiliza la escuela privada (la mayoría concertada con la Iglesia Católica) y el 70% restante de la población utiliza la escuela pública. Se crea así una polarización educativa que crea dos tipos de ciudadanos. Ciudadanos de primera (escuela privada) y ciudadanos de segunda (escuela pública). Por cierto, el fracaso escolar en España, 34%, es de los más elevados de la UE-15 (en comparación con Suecia que es solo el 7%).

Servicios de ayuda a las familias

Pero donde el Estado del Bienestar está menos desarrollado es en aquellos componentes que afectan a las familias, concretamente a las escuelas de infancia públicas y a los servicios domiciliarios a personas con dependencia (y ello responde al escaso poder que tiene la mujer en España). En España solo el 10% de niños de 0 a 2 años va a escuelas de infancia públicas, comparado con el 28% de la UE-15 y 58% en Suecia. Una situación igualmente deficitaria se da en los servicios domiciliarios donde solo el 2% de las personas en dependencia recibían en el año 2004 los servicios domiciliarios comparado con el 18% de la UE-15 y el 23% en Suecia. Esta situación ha ido mejorando notablemente en España como consecuencia de la aprobación de la ley de dependencia y de su desarrollo.

Por qué el subdesarrollo de la España Social

Una causa muy importante es nuestra propia historia. La dictadura franquista (1939-1978) se caracterizó por ser una dictadura muy represiva con escasa sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto en protección social representaba sólo el 14% del PIB. El promedio de los países que constituyeron luego la UE-15 era ya de un 22% del PIB. Este déficit fue corrigiéndose durante la democracia pasando de ser un 14% en 1975 a un 23,7% en 1993. El promedio de la UE-15 pasó del 22 al 27,5% durante el mismo periodo de tiempo.
Pero el déficit de gasto público en protección social de España con el promedio de la UE-15 ha vuelto a aumentar desde 1993. El gasto público social de España, pasó de ser el 23,7% en 1993 año 20,9% en 2006 (el más bajo de la UE-15 después de Irlanda y Luxemburgo) mientras que en el promedio de la UE-15 se mantuvo el mismo porcentaje, 27,5%.
Cuando analizamos el gasto público social por habitante vemos que el crecimiento en España ha sido mucho más lento que en el promedio de la UE-15. Así, mientras que en España pasó de ser 3.039 euros estandarizados en 1993 a 5.162 en 2006, en el promedio de la UE-15 pasó de 4.677 a 7.277. En realidad el déficit del gasto público social de España en relación con la UE-15 pasó de ser 1.638 euros per cápita en 1993 a 2.115 en el año 2006, un crecimiento del déficit de 59%, sin precedentes en la UE-15. Ello se debió a que los sucesivos gobiernos españoles a partir de 1993 intentaron reducir el déficit del estado a fin de alcanzar los criterios de Maastrich, a base de reducir el gasto público social per cápita, reduciendo su tasa de crecimiento con una intensidad mucho mayor que no en la UE-15. Este gasto aumentó a partir del 2004 como consecuencia de la elección de un gobierno, más sensible al gasto social, que los anteriores. Esta situación cambió sin embargo a partir del 2007 cuando la crisis se inició, que ha afectado el gasto público social de una forma muy marcada, como consecuencia de la disminución de los ingresos al estado resultado de la recesión, así como los intentos de reducción del déficit público. Como consecuencia, treinta y dos años con democracia y la España social continúa a la cola de la UE-15.

Concentración de poder

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Seguimos desgranando el informe “La situación económica y social en España y las medidas adoptadas por el ejecutivo”, bajo la perspectiva de Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Esté segundo capítulo, versa sobre la alarmante concentración de poder en unas pocas multinacionales.

35.000 grandes empresas multinacionales, participan en el 70% del comercio mundial. Más del 40% de las transacciones internacionales de mercancía y servicios se realiza entre multinacionales y controlan el 75% de las inversiones mundiales. En 2008 de acuerdo con los datos facilitados por la revista Fortune los ingresos de las 10 empresas más grandes del mundo equivalen al PIB generado por los 123 países más pobres del mundo.

En las últimas décadas se ha producido un proceso de concentración horizontal, entre empresas de un mismo sector; y vertical, empresas que se dedican a actividades complementarias. Los procesos de concentración son especialmente peligrosos en sectores que proveen al mercado de bienes y servicios básicos. Uno de los sectores más afectados por los procesos de concentración es el de Medios de Comunicación, que además de haber estado sometido a fuertes procesos de concentración, se encuentra supeditado a los mercados e ingresos publicitarios de grandes grupos económicos, restando independencia a los mismos y rompiendo con el papel asignado por la sociedad de servir como autentico mecanismo de control. Recientemente hemos podido asistir a la sustitución de un canal de información y debate como CNN+ por la emisión 24 horas de Gran Hermano.

Otro aspecto que ha generado una distorsión en la disciplina económica y que ha aportado al proceso de suplir los intereses individuales sobre los colectivos y, en algunos casos, sobre los propios intereses de los accionistas, es la diferencia entre propiedad de empresas cotizadas y gestión de las mismas. En muchos casos, los  órganos de gobierno de las empresas cotizadas están controlados por personas que no tienen participación en la sociedad. Las políticas retributivas, en la mayor parte de las sociedades, son aprobadas por el propio consejo de administración. Un componente de estas políticas retributivas es el variable, en muchos casos ligados a objetivos a corto plazo provocando la adopción de decisiones que distorsionan los mercados. El desequilibrio o brecha salarial existente entre trabajadores de una misma empresa es cada vez mayor. Existe una clase privilegiada de trabajadores que llegan a percibir retribuciones por diferentes conceptos en algunos casos más de 1000 veces superiores que a una masa crítica de trabajadores que residen en la misma ciudad y de 50.000 veces más si lo comparamos con trabajadores del grupo que residen en terceros países. Este sistema retributivo inequitativo:

  • Ahonda las desigualdades,
  • Va en contra de la cohesión social,
  • Contribuye a la crisis del estado de bienestar y
  • Fomenta la ruptura social.

En 2007 las 15 empresas que registraron mayores pérdidas por sus estropicios financieros abonaron a sus ejecutivos 317 millones de dólares, es decir, el 30% más que el año anterior (Vidal Beneyto, J), mientras descapitalizaban a sus empresas y miles de trabajadores eran despedidos (Más Info). La brecha salarial entre trabajadores se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas; “Un director ejecutivo medio gana hoy 364 veces más que un empleado medio, cuando hace 40 años apenas llegaba a 20 veces más” (Robert Reich en Wall Street Journal, citado por Vidal-Beneyto, 2009, Más Info). De acuerdo con una encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de estadística (2006), en España la brecha entre lo que cobran los ejecutivos y lo que recibe un asalariado medio aumentó un 45% entre 1995 y 2006. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, 6 de cada 10 trabajadores no llegan a 1.100 euros brutos al mes.

De la misma manera nos encontramos con que el peso de los salarios en el PIB (tanto de la UE.15 como de España) se ha ido reduciendo y pasando a convertirse en beneficios de las empresas y de los movimientos de capital. Por ejemplo, en la media de la UE el peso del salario en el PIB ha pasado del 67,2% en su máximo histórico en 1975, al 56´8 % de 2007 según Eurostat. En ese mismo periodo España ha ido siempre por debajo de la media europea según declara la propia comisión que cifraba el peso de los salarios en el PIB español del 67,9% en 1976, pasando a ser el 54,5% en 2007.

Sin embargo, los beneficios empresariales han ido variando a la inversa, creciendo a la par que disminuía el peso del salario. Entre 1999 y 2006, los beneficios empresariales crecieron un 36,6% en la zona euro. Para el caso español los datos son escalofriantes: entre 1999 y 2006 las empresas españolas han visto aumentar sus beneficios netos un 73%. Es decir, que cada vez el trozo de tarta para salarios es menor, aumenta el beneficio empresarial sin que lo hagan ni salarios ni costes laborales, y para colmo la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos también crece.

La situación económica y social en España y las medidas adoptadas por el ejecutivo

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En capítulos previos del informe “La situación económica y social en España y las medidas adoptadas por el ejecutivo”, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, exponía los orígenes y repercusiones de la actual crisis financiera. En esta cuarta entrega, analizamos en detalle cómo ha afectado a España tanto a nivel social como económico y qué medidas se han tomado para paliarla.

España y los sucesivos Gobiernos desde el año 1996 han alentado un modelo de crecimiento insostenible que ha hecho que la crisis económica haya sido especialmente incisiva en nuestro país. El peso en nuestra economía del sector inmobiliario, construcción y negocios afines ha provocado un impacto económico, social y paisajístico de dimensiones, al día de hoy impredecibles. La insostenibilidad  de este modelo es social, medioambiental y económica.

Insostenibilidad Económica

Desde el año 2001 hasta el 2008 el parque de viviendas en España creció en 5.284.025 viviendas (Banco de España, 2009), lo que supuso una construcción media de más de 750.000 unidades anuales.  En Italia, la construcción media ha estado en torno a las 170.000 y en Francia y Alemania raramente superaron las 300.000 viviendas. En el año 2005 el total de viviendas construidas en nuestro país superaron las construidas en Alemania, Reino Unido y Francia.

La dependencia directa e indirecta de la construcción y la promoción inmobiliaria, ha hecho que nuestra economía se convierta en  una de las menos competitivas y con más baja productividad de Europa. También ha restado importancia a otros sectores de actividad. De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística el peso de la construcción en el PIB aumentó desde el 11,7 por ciento en 1996 hasta el 17,9 en el 2007, generando un 13% del empleo total de manera directa y de acuerdo con Jorge Bielsa (2006) en el año 2005 más de la mitad del empleo del sector privado tiene que ver, directa o indirectamente, con el agregado construcción-banca-inmobiliarias. En Francia y Alemania no llega al 25%. Estos datos muestran cual ha sido el patrón de crecimiento de la economía española.  La bonanza económica experimentada por España desde 1996 hasta 2007 se caracterizó por el papel predominante de sectores productivos cuyo desarrollo creaba una intensa demanda de mano de obra: construcción (especialmente residencial) y servicios de escaso valor añadido. Ambos sectores fueron los que lideraron el crecimiento económico durante este período. En sentido contrario, el sector industrial disminuyó su protagonismo, reduciendo su aportación promedio para el avance económico del 23% al 6% (Real instituto el Cano, 2010).

La opacidad que envuelve a parte del sector de la construcción e inmobiliario, el sentimiento de impunidad y la sensación de dinero fácil ha generado un aumento de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Amnistía Internacional (2010), España ha pasado del puesto 20 en el año 2000 al 32 en el 2009. La política urbanística en España ha primado en muchas ocasiones intereses individuales sobre  el interés general de una ordenación territorial racional.

La economía sumergida ha crecido al amparo del modelo económico español. De los 84.578 millones de euros puestos en circulación el 66% del total corresponden a billetes de 500 euros.  Una parte del dinero negro canalizado en España proviene de negocios ilegales como tráfico de armas, prostitución o narcotráfico. La facilidad para lavar el dinero en España, en gran parte a través de transacciones inmobiliarias, ha atraído toda clase de delincuentes provenientes de diversos países.

El desarrollo urbanístico desaforado no llevo aparejado consecuencias positivas sobre la accesibilidad a la vivienda. En el periodo 2001-2003 la población aumentó un 19%, mientras que el parque de viviendas lo hizo en un 65% incrementándose el precio de la vivienda en un 327%. Lo anterior unido a un descenso progresivo en la vivienda protegida desde 1997 hasta 2007 provocó una dificultad en el acceso de la vivienda.

Insostenibilidad Social

Durante la época de expansión económica, España ha tenido crecimientos del PIB por encima de la media europea, pero de acuerdo con el informe sobre el Estado de la Pobreza (2010) elaborado por Foessa, la reducción de la desigualdades se ha paralizado durante la década de los años 90 y 2000, cosa que no sucedió en los años 70 y 80. La ausencia de mejoras distributivas en contextos de fuerte expansión económica evita la consecución de objetivos claros en la reducción de la pobreza. Esto ha provocado que pese a las etapas generadoras de empleo la incidencia de la pobreza entre los trabajadores asalariados sea, de hecho, la mayor de las últimas décadas. El 11% de la población ocupada en 2008 se encuentra en riesgo de pobreza. España representa uno de los niveles más altos de la UE en pobreza de los trabajadores, sólo superados por Grecia y Polonia. Esta situación de pobreza debido a la insuficiencia de los ingresos para hacer frente a las cargas familiares, pone en cuestión la arraigada imagen del empleo como garantía automática de mejora del bienestar (Foessa, 2010). En el periodo de mayor crecimiento del empleo la desigualdad redistributiva apenas cambió, al pasar el Índice de Gini de 0,318 a 0,314 y el Índice de Theil de 0,177 a 0,176.

Unas tasas de interés que se mantuvieron bajas durante una parte importante de este periodo provoco que se inundarán los mercados de liquidez, lo cual se ha traducido en un endeudamiento del sector privado que alcanza en agosto de 2009 el 366% del PIB en comparación con el 193% en el año 2000 (Haver Analytics; McKinsey Global Institute, 2009). La deuda de los hogares ha pasado del 45 al 87% del PIB, las empresas del 74 al 141% del PIB y la deuda de los Bancos pasa del 11 al 82% del PIB.  Durante el periodo de expansión económica este sobreendeudamiento ha sido financiado en gran parte por el sector exterior que actualmente ve con desconfianza la solvencia de España. Los Bancos han concedido más créditos que lo que han conseguido captar a través de los depósitos bancarios, lo que ha provocado la emisión masiva de deuda a través de bonos, cédulas, titulación de activos…., para captar la financiación necesaria. Actualmente es el Banco Central Europeo el que está financiando a la Banca Española y es el cierre de los mercados mayoristas y el sobreendeudamiento del sector privado lo que ha provocado el estrangulamiento del crédito al sector privado. Además del incremento del crédito en tasas porcentuales superiores al 20% anual durante varios ejercicios, una parte importante del mismo se ha dirigido al sector de la construcción y promoción inmobiliaria en detrimento de otros sectores productivos. A junio de 2010 la tasa de morosidad en el conjunto de entidades financiaras alcanza el 5%.

Si bien en la época de expansión económica, desde el año 2000 hasta el 2007, se generaron 4,8 millones de empleos, muchos de ellos han sido absorbidos por sectores de bajo valor añadido que requieren mano de obra no cualificada y que no  han invertido en formación de la fuerza del trabajo. Con la misma facilidad con la que se creó empleo en la etapa expansiva, se destruyó con la caída de la economía. Actualmente hay un porcentaje de personas en búsqueda de empleo con muy baja cualificación y con escasas esperanzas de poder ser recolocados en otros sectores de actividad de mayor valor añadido. El auge en el sector de la construcción ha provocado que un número elevado de oficios tradicionales, sustento de muchas poblaciones, se abandonasen, sobre todo por parte de las generaciones más jóvenes, por trabajar en el sector de la construcción y servicios periféricos.

El fracaso y abandono escolar  en España se sitúa por encima de la media europea y de los países de la OCDE. El elemento característico de la “tercera revolución industrial” es el conocimiento y la utilización de la información. Esto ha generado una brecha entre trabajo cualificado y el no cualificado. España con su modelo de desarrollo económico basado en dinero fácil y en el consumo ha perdido competitividad en una economía globalizada. De acuerdo con un estudio publicado en febrero de 2010 por el CSIC sobre las mejores universidades del mundo, ninguna de las 100 primeras que aparecen es española, y solamente hay 2 entre las 200 primeras.  El porcentaje de alumnos que a los 12 años han completado la educación primaria, ha descendido progresivamente en el periodo de expansión económica y durante el curso 2006-2007 casi 1 de cada tres alumnos matriculados no consiguieron graduarse. El porcentaje de población que termina la ESO ha caído desde el 73,4% en el 2000 hasta el 69,2% en el 2006. Este descenso es especialmente incisivo en aquellas comunidades autónomas donde el sector inmobiliario y de la construcción ha sido más activo. En la Comunidad Valenciana el descenso total ha sido de 14,4 puntos o en Andalucía donde la caída ha sido de 7,3 puntos. De acuerdo con ETEFIL un tercio del abandono escolar está relacionado con la incorporación al mercado laboral. La sensación de poder obtener un trabajo de manera fácil, sin necesidad de acreditar estudios. De acuerdo con esta misma encuesta la asociación del trabajo con el dinero es una de las máximas en los alumnos que deciden abandonar sus estudios: Quería ponerme a trabajar, ganar mi dinero para poder salir de fiesta y comprarme mis caprichos (E3.5). La pérdida en el valor de los estudios y el sentimiento de satisfacción inmediata son dos de las principales motivaciones del abandono escolar (Fernández Enguita, M; Mena Martínez, L; Riviere Gómez, J-2010).  Por otro lado, el 31% de los jóvenes ni tienen un título postobligatorio ni siguen una formación destinada a obtenerlo, el doble que la media de la Unión Europea.

España ha bajado su competitividad pasando del puesto 22 en 2006 al 33 en 2009,  desaprovechando durante los años de bonanza económica la oportunidad de  posicionarse en la economía del conocimiento. De acuerdo con la OCDE, el número de investigaciones en España por cada 1.000 empleados en 2007 es de 5,9 y el de patentes de acuerdo con los registros de la región Traid (América del Norte, Europa y Asia)  es de 18, muy por debajo si lo comparamos con Alemania (6.283) o Francia (2.462). De acuerdo con los datos facilitados por la OCDE, se trata de uno de los países de la Unión Monetaria con una menor tasa de acceso a internet (63,6% de los hogares). Un estudio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones afirma que el precio de la banda ancha en España es superior en un 10,8% a la media de la Unión Europea. Además, y de acuerdo con un informe de Akamai (Julio-2010), España se sitúa en la última posición de los países europeos en cuanto a velocidad de acceso a internet.

Insostenibilidad Medioambiental

En la dimensión medioambiental, la urbanización en primera línea de playa ha destruido más del 25% de los principales elementos de la costa tan sólo en el litoral mediterráneo. Estos elementos costeros se agrupan en valiosísimos ecosistemas (dunas, deltas, humedales) en muchos casos amenazados a pesar de estar protegidos. El aumento de la población residente o veraneante ha conducido a una mala gestión y en muchos casos al agotamiento de los recursos hídricos. El turismo de sol y playa exige nuevas instalaciones que agravan aún más la situación del litoral: nuevos puertos deportivos, nuevos campos de golf que requieren ingentes cantidades de agua.

El “Pacto Presupuestario” entra en vigor el 1 de enero de 2013

FUENTE

01/01/2013

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (comúnmente conocido como el “Pacto Presupuestario”) entró en vigor el 1 de enero de 2013 una vez ratificado por Finlandia. El objetivo de este Tratado es reforzar la disciplina presupuestaria en la zona del euro mediante la “norma de equilibrio presupuestario” y el mecanismo de corrección automática.

Para poder entrar en vigor, el Tratado debía ser ratificado por doce Estados miembros de la zona del euro. Esta condición se cumplió una vez que Finlandia, el doceavo Estado miembro que debía ratificar el Tratado, depositó su instrumento de ratificación el 21 de diciembre de 2012.

El Tratado es jurídicamente vinculante como acuerdo internacional y esta abierto a la adhesión de los Estados Miembros de la Unión Europea que no lo hayan firmado desde el inicio.

El Tratado fue concebido a raíz de la decisión adoptada en diciembre de 2011 por los dirigentes de la zona del  euro en el sentido de que era necesario tomar medidas más enérgicas para reforzar la estabilidad en la zona del euro y fue firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 países de la UE.

La idea es incorporar este Tratado lo antes posible en los Tratados de la UE existentes. Las medidas necesarias a tal fin deberán adoptarse en los cinco próximos años.

Limitar el déficit – la norma de equilibrio presupuestario

El nuevo Tratado requiere que los presupuestos nacionales de los Estados miembros participantes estén equilibrados o con superávit. Se considerará que este objetivo se habrá alcanzado cuando el déficit anual estructural anual de las administraciones públicas no supere el 0,5 % del PIB nominal.

Además, el déficit deberá estar en consonancia con el importe de referencia mínimo específico de cada país para la sostenibilidad a largo plazo. Este importe lo fija el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El grado de adaptación a este objetivo será evaluado cada año en el contexto del Semestre Europeo.

Una desviación temporal respecto de la “norma de equilibrio presupuestario” sólo estará permitida en circunstancias económicas excepcionales, por ejemplo en el transcurso de una acusada depresión económica. Si la deuda pública es sensiblemente inferior al valor de referencia de 60 % del PIB, el límite del déficit podrá fijarse en el 1 % del PIB.

Mecanismo de corrección automática

Si un Estado miembro se desvía de la norma de equilibrio presupuestario, se activará un mecanismo de corrección automática. El Estado miembro de que se trate deberá corregir las desviaciones en un periodo de tiempo determinado.

El mecanismo deberá respetar plenamente las prerrogativas de los parlamentos nacionales.

Incorporación de las normas en la legislaciones nacional

Los Estados miembros deberán incorporar los requisitos de disciplina presupuestaria y el mecanismo de corrección automática en sus sistemas jurídicos nacionales, preferiblemente dentro de su respectiva Constitución.

El plazo para llevar esto a cabo es de un año (es decir, hasta el 1 de enero de 2014) a más tardar tras la entrada en vigor del Tratado.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En caso de que un Estado miembro no incorpore a su debido tiempo en su legislación nacional la “norma de equilibrio presupuestario” o el mecanismo de corrección automática, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para tomar una decisión al respecto.

La sentencia del Tribunal será vinculante y, en caso de incumplimiento de la misma, podría ir seguida de una multa por un importe de hasta el 0,1 % del PIB.

Este importe deberá pagarse al Mecanismo Europeo de Estabilidad cuando la moneda del país de que se trate sea el euro. En caso contrario, el pago se integrará en el presupuesto general de la UE.

Modificación del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo

La toma de decisiones en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo será más automática que en la actualidad: los Estados miembros de la zona del euro convienen en apoyar las recomendaciones de la Comisión y las propuestas de actos del Consejo, a no ser que una mayoría cualificada de los mismos se oponga a ello.

Además, los Estados miembros que estén sometidos al procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo deberán establecer un “programa de asociación presupuestaria y económica”.

En dicho programa se describirán en detalle las reformas estructurales que los Estados miembros afectados deberán poner en práctica para garantizar una corrección efectiva y duradera de su déficit.

Los programas en cuestión se someterán a la aprobación del Consejo y de la Comisión y su puesta en práctica será objeto de supervisión con arreglo a las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Mayor coordinación

Los Estados miembros que sean Partes del Tratado informará a la Comisión Europeo y al Consejo de sus planes de emisión de duda pública. Además, debatirán y, si procede, coordinarán previamente entre sí y con las instituciones de la UE las principales reformas económicas que prevean emprender.

Gobernanza en la zona del euro

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona del euro se reúnen al menos dos veces al año, junto con la Comisión Europea, en una “Cumbre del euro”.

Eligen al Presidente de la Cumbre del euro por mayoría simple. El Presidente del Banco Central Europeo participa en las reuniones de la Cumbre del euro. Asimismo puede invitarse al Presidente del Parlamento Europeo para escuchar sus puntos de vista.

Si procede y al menos una vez al año, los dirigentes de los Estados miembros que no pertenezcan a la zona del euro y que hayan ratificado el Tratado participarán también en dichas Cumbres.

Cooperación entre los parlamentos

El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros participantes cooperarán en cuestiones relativas a las políticas presupuestarias y a otras cuestiones cubiertas por el Tratado.

Para ello, establecerán un organismo compuesto por representantes de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Este organismo decidirá por sí mismo su propia organización.

 

Para más información:

Crisis, neoliberalismo populista y los límites de la democracia

CEPRID

La revista norteamericana Forbes la revista recientemente ha incluido a dos mexicanos, Carlos Slim y Joaquín Guzmán, en su lista de las personas más poderosas en el mundo. Carlos Slim es el tercer hombre más rico del mundo gracias a su empresa de telecomunicaciones Telmex y Joaquín Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa. Si bien el objetivo y la metodología de esta lista es cuestionable, la inclusión de estos dos nombres en la Forbes nos dice mucho acerca de la larga noche del gobierno neoliberal en México, así como la actual administración de Felipe Calderón, quien pertenece al partido de centro-derecha Partido Acción Nacional (PAN).

Las políticas neoliberales, conteniendo salarios y rebajando las condiciones laborales mientras se promociona la inversión privada, ayudan a explicar la combinación de una increíble riqueza y un fuerte aumento de la pobreza en México. Los bancos globales, como el Citigroup, considera a sus filiales mexicanas como la principal fuente de ganancias. Mientras que la acumulación de riqueza y el empobrecimiento masivo van de la mano, el aumento de la violencia, la inseguridad y la impunidad provocada por el creciente poder de los cárteles de la droga y la indiferencia, cuando no la colaboración de las autoridades locales, particularmente en algunos estados del norte, han puesto una doble carga sobre la población mexicana que no sólo ve su seguridad económica sino también su seguridad física continuamente amenazada.

Este es el contexto en el que tanto el PAN como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) – el partido que monopolizó las tres ramas del gobierno durante casi 70 años – compiten con una estrategia populista del neoliberalismo, cada uno afirmando que puede hacer un mejor trabajo en la lucha contra la delincuencia organizada que el otro. Esto tiene un gran apoyo popular puesto que como la constante escalada de la delincuencia y la inseguridad afectan a todos los sectores de la población. Al mismo tiempo, ambas partes están comprometidas con el modelo neoliberal que ha permitido a Slim y otras empresas obtener y mantener su riqueza. Las coincidencias y diferencias entre el PRI y el neoliberalismo populista del PAN se pueden ver en las políticas emprendidas para combatir el crimen organizado y las negociaciones del presupuesto 2010 en el Congreso mexicano en el contexto de la crisis mundial.

México en la crisis global y los fracasos del desarrollo

Cuando la crisis de crédito se desarrolló en los Estados Unidos en 2008, el presidente de México afirmó que las políticas económicas aplicadas por sus predecesores, Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), habían permitido al Gobierno acumular reservas internacionales con el fin de proteger la economía de los choques externos. Además, sostuvo que esas reservas se iban a emplear en la protección del peso mexicano para mantener la confianza de los inversores, la inversión en infraestructuras para crear empleos y ofrecer incentivos a la inversión extranjera directa para que así permaneciese en el país.

A pesar de estas medidas, México es uno de los países de América Latina que más se ha visto afectado por la crisis mundial. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el PIB de México cayó un 9,7 por ciento en 2009. Las Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) –dependiente de la ONU– indicó que México fue uno de los pocos países en América Latina donde la pobreza aumentó entre los años 2006 y 2008. Según el informe de la CEPAL, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza en México aumentó del 31,7 a 34,8 por ciento.

El gobierno mexicano ha explicado este resultado en términos de la gravedad de los impactos externos como los precios del petróleo, la recesión en los EE.UU. –incluyendo una menor afluencia de remesas y exportaciones-, el brote de la gripe A y el retroceso de los ingresos por turismo por este motivo. Sin embargo, si México promueve la austeridad y la práctica de unas las políticas económicas “sólidas” para proteger a la economía, ¿por qué estas políticas siguen siendo ineficaces para hacer frente a la crisis actual?

El problema es que este modelo económico sigue basándose en la exportación directa e indirecta de mano de obra barata a través de zonas francas de exportación y la inmigración. Esto sólo ha aumentado la dependencia de México respecto a la economía de EE.UU. y promueve una desigualdad de ingresos aún mayor. Del mismo modo, las políticas monetarias que han prevalecido durante los últimos 37 años han puesto más presión sobre los salarios de los trabajadores, porque el banco central utiliza las reservas internacionales para proteger el valor del peso, mientras mantiene un mecanismo de ajuste de salarios para detener la inflación. Como resultado, existe una débil demanda interna en el país lo que hace que la economía mexicana sea una de las más vulnerables a las conmociones externas.

La carga de este modelo económico en la mayoría de la población se ha intensificado por la crisis mundial. Disminución de la demanda de EE.UU. para las exportaciones mexicanas y las pérdidas financieras en los mercados de derivados de capitales nacionales y extranjeros con inversiones en México han incrementado las reducciones de plantillas en las empresas, los despidos masivos y cierres de plantas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de dos millones de personas estaban sin trabajo en septiembre de 2009, la tasa más alta de desempleo en los últimos tres años.

En lugar de tratar los problemas estructurales de la economía mexicana, el gobierno ha apoyado paradas técnicas en las plantas de fabricación, una disminución de los salarios y beneficios en el convenio colectivo de los trabajadores y ha lanzado un programa de austeridad. Al mismo tiempo, el gobierno de Calderón está ampliando su medida populista de militarización de todo el país. Esto indica la consolidación del neoliberalismo populista como estrategia política, que no sólo es patrocinado por Calderón, sino también por el PRI.

La Delincuencia Organizada, la militarización y populismo neoliberal

Recientemente, la delincuencia organizada vinculada a los cárteles de drogas se ha extendido en todo el país, incluso a la frontera sur de México con Guatemala. Inmediatamente después de la dudosa y controvertida elección presidencial de 2006, Calderón trató de obtener legitimidad mediante la imposición de una política de puño de hierro sobre la delincuencia organizada a través de la movilización de los militares. Desde 2006, cincuenta mil soldados federales han sido desplegados en todo el país. Esto era en parte considerado por muchos sectores de la población como un paso positivo para disminuir los niveles de violencia, particularmente en los estados donde se cree que el crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas policiales e instituciones locales. Esta estrategia de Calderón ha vuelto a ganar el apoyo popular a fin de aumentar su poder de negociación vis-à-vis con la oposición, como una forma de controlar la delincuencia organizada para mantener la estabilidad política necesaria para el funcionamiento de los mercados.

El PRI afirma que la estabilidad política está garantizada en sus administraciones presidenciales y culpa al PAN por los crecientes niveles de violencia en el país. Al mismo tiempo, el PRI evoca las imágenes políticas del pasado, de color de roda, que recuerdan sus prácticas clientelistas a través de las cuales utilizaba una pequeña proporción de los fondos apropiados ilegalmente a las clases subordinadas para ciertas subvenciones a fin de mantener la legitimidad, a nivel externo, de los mecanismos democráticos . Estas prácticas se han mantenido en el nivel estatal y local, resultando en un creciente apoyo para el PRI a nivel local de sectores de la población cada vez más marginados en los últimos años por las políticas neoliberales.

Tanto el PAN y el PRI han estado llevando a cabo campañas de inculcar el miedo como medio para permanecer en el poder. Por una parte, Calderón está tratando de aumentar la fuerza de su partido haciendo hincapié en que su política de militarización es la única manera de combatir el crimen organizado y desbaratar las alianzas entre los cárteles de la droga, la policía y algunas autoridades estatales y locales. Y que esta política sólo puede mantenerse si el PAN gana la elección presidencial de 2012. Por otra parte, el PRI está haciendo hincapié en que el voto por el PAN sólo ha aumentado la marginación y la violencia. Así, el PRI se presenta a sí mismo como la única opción política para las elecciones presidenciales del 2012. La desilusión con el PAN sobre las dificultades económicas y la creciente violencia se puede ver en las elecciones del 2009 –la mitad de los escaños de la cámara baja, seis gobiernos estatales y unos 500 alcaldes en 11 estados – en las que el PRI obtuvo el 36.7 por ciento de los escaños así como la mayoría de los puestos estatales y locales. Así, ambas partes están empleando estrategias populistas para ganar el apoyo popular en torno a los temas de violencia e inseguridad. Al mismo tiempo, ambos han demostrado su compromiso con la austeridad interna, por un lado, y el gasto público discrecional, por el otro, para potenciar a aquellos grupos que pueden mantener la agenda neoliberal.

Dentro de la austeridad presupuestaria

La iniciativa de presupuesto 2010 propuesto por Calderón contradice su retórica anterior en relación con la respuesta anticíclica a la crisis mediante el gasto público y menos impuestos para la mayoría de la población. La iniciativa que envió al Congreso incluye un 0,5 por ciento del PIB y un aumento del dos por ciento en el impuesto sobre bienes y servicios, del 15 al 17 por ciento. Si bien Calderón sostuvo que este dos por ciento se canaliza a los programas sociales para combatir la pobreza, el objetivo de ampliar la fiscalidad regresiva de hecho sirve para aumentar los fondos estatales y así evitar un descenso en la calificación del crédito de la deuda del país. Curiosamente, las medidas contenidas en esta iniciativa difiere de algunas de las políticas establecidas por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que sugieren evitar la tributación regresiva y un déficit temporal de un 2,5 por ciento del PIB para alentar el gasto estatal.

Cuando la iniciativa fue enviada al Congreso, el PRI y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opusieron a la propuesta del Ejecutivo. Dado que las negociaciones entre el partido del presidente y el PRI avanzaba, un nuevo consenso sobre el presupuesto era evidente. El presupuesto aprobado por el Congreso mantiene un incremento del uno por ciento de los impuestos regresivos e incluyó una petición al Ejecutivo que elabore un programa de austeridad para el 15 de marzo de 2010.

La alianza entre el PRI y el PAN y el fracaso del PRD para oponerse al presupuesto muestra los límites de la liberalización electoral, una liberalización que ha permitido que el PRI y el PAN monopolicen el poder en el Legislativo y el Poder Ejecutivo para favorecer a determinadas fuerzas dentro de sus partidos. En esta alianza, el PRI, que ostenta la mayoría de escaños en la Cámara Baja, apoyó una ampliación de la fiscalidad regresiva mientras el PAN acordó destinar más fondos a los gobiernos estatales, que son en su mayoría controlados por el PRI, así como a eliminar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el gasto estatal y municipal y reducir los programas sociales federales. De hecho, los estados que recibieron grandes beneficios de este presupuesto son el Estado de México, cuyo gobernador es considerado el principal contendiente a la candidatura presidencial del PRI en 2012, y Oaxaca, cuyo gobernador fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos en la Corte Suprema. Este presupuesto permite a los gobernadores del PRI utilizar los fondos públicos de manera discrecional para obtener apoyo en sus propios estados, aumentar sus redes clientelares y mejorar la posición del partido en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Tanto el PRI y el PAN, junto con otros partidos como Convergencia y el Partido Verde y de algunas facciones del PRD, también acordaron la creación de un programa de austeridad, siempre que los grandes presupuestos de los partidos políticos y el Legislativo, que incluye los gastos personales y el seguro médico privado para los legisladores, no se redujese.

Las negociaciones presupuestarias revelan los límites en la democratización de la toma de decisiones económicas en el país. En primer lugar, la solicitud del Congreso para un programa de austeridad muestra que la austeridad no ha sido necesariamente impuesta desde el exterior, sino que es consecuencia del equilibrio interno de las fuerzas de México, en particular sus “instituciones representativas”, que han internalizado la disciplina capitalista en el país. En segundo lugar, las negociaciones presupuestarias de 2010 ilustran cómo las demandas de la sociedad han sido aisladas de la toma de decisiones económicas y la política partidista. La marginación de las demandas populares sólo beneficia a un pequeño grupo, en particular el capital financiero, cuya inversión en deuda pública y en pesos mexicanos está garantizada por los fondos disponibles en el presupuesto público del próximo año.

Podría parecer extraño que Calderón y los legisladores del PAN decidiesen negociar un presupuesto con el PRI, que aumenta el poder autoritario de éste a nivel estatal, a un alto costo político para el PAN en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Una de las razones por su generosa donación para el PRI fue que el presupuesto de austeridad no podía pasar sin los votos de los legisladores del PRI. Además, Calderón necesita el apoyo del PRI en el Senado para la confirmación de Agustín Carstens como nuevo presidente del Banco Central, que es uno de los colaboradores más cercano de Calderón y orquestador del nuevo impuesto regresivo, a fin de aumentar los planes del presidente sobre la política económica. La otra razón es que ambas partes están de acuerdo sobre la continuación de la agenda neoliberal y la exclusión de las fuerzas progresistas en el ámbito político. Y ambos están siendo presionados para avanzar en esta dirección por las asociaciones de grandes empresas. Las dos partes, con algunas excepciones, han apoyado el cierre repentino de la empresa pública de electricidad, Luz y Fuerza del Centro, y el ataque a la Unión Trabajadores de la Electricidad de México, mientras que protegen a otros sindicatos que apoyan la agenda neoliberal actual, como el Docentes de la Unión Nacional de la Educación. El PAN podría incluso estar dispuesto a permitir que el PRI aumente su poder mientras deje intacta la agenda neoliberal y no permita que las fuerzas sociales progresistas participen en la formulación de políticas. Si bien parece existir un consenso entre el PRI y el PAN en la trayectoria neoliberal ese consenso sigue siendo frágil debido a los conflictos internos dentro de cada una de las partes del neoliberalismo mexicano.

La fragmentación de la política neoliberal de México y los espacios para la resistencia

La coyuntura actual de México ha producido crecientes tensiones entre los partidarios del proyecto neoliberal en sí. Mientras que las administraciones anteriores han construido un consenso en torno a la agenda neoliberal, el desacuerdo sobre estas políticas se ha hecho evidente durante la presidencia de Calderón. El presupuesto 2010 rompió la unidad del PAN cuando los senadores, en particular, se resintieron ante la presión de Calderón para avanzar en el aumento de los impuestos y otorgar mayor margen de maniobra para el gasto discrecional a gobernadores de los estados. Además, las estrechas relaciones entre Calderón y el sector empresarial se han vuelto tensas después de las negociaciones presupuestarias para 2010. En la reciente Cumbre de Negocios en Monterrey algunas de las corporaciones más grandes de México no sólo expresaron su disconformidad con el presupuesto de Calderón, sino también con el “modelo promovido por el gobierno en los últimos 25 años, que sólo ha generado bajas tasas de crecimiento y los bajos niveles de empleo “.

Las tensiones entre las grandes empresas y el PAN, así como en el PAN y el PRD se han combinado con el descontento popular para abrir espacios de resistencia a las fuerzas de oposición en el nivel local, estatal y nacional. Sin embargo, es necesario superan las divisiones dentro de la izquierda mexicana a fin de tomar ventaja en esta situación. El enfoque electoralista y los conflictos internos en el PRD no han permitido a este partido forjar alianzas con los trabajadores y las organizaciones de base a nivel nacional. Además, existen diferencias regionales en relación con las cuestiones que se consideran relevantes para una agenda alternativa al neoliberalismo. Por ejemplo, las personas en el norte de México, incluyendo las organizaciones sociales progresistas, que trabajan sobre todo cuestiones relacionadas con las drogas y la violencia de las maquiladoras, no necesariamente se identifican con las luchas en el centro y sur de México, tales como la movilización de los trabajadores mexicanos del sindicato de electricistas y el movimiento zapatista. En general, es necesario encontrar puntos comunes entre los movimientos políticos y las organizaciones sociales progresistas a nivel nacional a fin de crear consenso en torno a una agenda democrática que pueda cobrar impulso en la coyuntura actual.

– Hepzibah Muñoz-Martínez es investigador y escritor.

Bruselas celebra la no compensación de las pensiones con el IPC

FUENTE:diariodesevilla.es

Olli Rehn destaca que la decisión del Gobierno español de no revalorizar las pensiones contributivas es una muestra de su compromiso con el déficit y tendrá un impacto en torno al 0,5 % del PIB.

efe, nueva york | Actualizado 01.12.2012 – 16:28

La decisión del Gobierno español de no revalorizar las pensiones contributivas tendrá un impacto en 2013 de en torno al 0,5 % del PIB, según afirma el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. “La decisión muestra que el Gobierno español está totalmente comprometido a cumplir sus objetivos presupuestarios”, señaló Rehn en unas declaraciones a un grupo de periodistas.

El anuncio de Madrid supone que no se revalorizarán las pensiones contributivas con el dato de la inflación de noviembre, si bien en 2013 se subirán en un 2 % las pensiones de menos de 1.000 euros. Rehn consideró que esta decisión “contribuye a cumplir los objetivos presupuestarios este año y aún más el año próximo”, y calculó su impacto en “en torno al 0,5% del PIB” en 2013.

Olli Rehn, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, añadió que espera que España cierre el actual ejercicio con un déficit público de alrededor del 7 %. Añadió que el Ejecutivo comunitario analizará la situación presupuestaria de España el próximo mes de febrero, y que tomará en cuenta las previsiones de crecimiento del país.

El comisario recordó que, tras la decisiones que la CE tomó en meses pasados para flexibilizar los calendarios de ajuste de España y Portugal, ambos países “tienen una necesidad menos aguda” recortar sus déficit a fin de cumplir sus objetivos fiscales. El objetivo es que el déficit público de los dos países se sitúe por debajo del 3 % del PIB que establecen la Unión Económica y Monetaria para 2014, recordó. Olli Rehn explicó que Francia también está tomando “medidas decisivas” para cerrar 2013 por debajo del 3%.

Sobre Grecia, afirmó que la recompra de deuda del país supone “una parte importante del paquete general” acordado por el Eurogrupo el pasado martes en Bruselas para reducir el endeudamiento heleno. Sin embargo, Rehn evitó cuanto podría ser la quita que tendrían que aceptar los tenedores privados de deuda griega o cuál sería la cifra para considerar que esa recompra es un éxito.