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Escándalo mayúsculo en el Tribunal de Cuentas: el 10% de su plantilla son familiares de altos cargos

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Esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia. La lista de supuestos enchufados en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y organismos públicos, es larga, y afecta a altos cargos y antiguos directivos de esta institución. Un portavoz oficial asegura que todos han accedido después de pasar una “oposición libre y abierta”. Los miembros de los jurados examinadores son miembros de la institución.

Casi un centenar de familiares
De una plantilla de algo más 700 trabajadores, el 10%, casi 100 son familiares de altos cargos, desde el presidente hasta representantes del comité de empresa y también de consejeros y políticos, según desvela El País, que hace unos días adelantaba datos de la situación en este organismo público, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros al año.

La mujer de Trillo, el hermano de Aznar y las hijas de un franquista
También están muy bien colocados en el Tribunal familiares de exministros y expresidentes, por ejemplo, María José Molinuevo (ahora en excedencia), esposa del embajador en Reino Unido y extiular de Defensa Federico Trillo; el hermano de José María Aznar, Manuel Aznar, consejero a propuesta del PP; y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, también consejera a propuesta de ese partido.

En la institución además trabaja gracias al PP María José de la Fuente, que cuenta allí con dos primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro franquista Licinio de la Fuente.

La media de los sueldos, 3.000 euros netos
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones en los que se cobra los más altos sueldos, unos 3.000 euros, la media. Son un 30% más elevados que el de otros organismos públicos.

Sala de Plenos del Tribunal Constitucional. Foto de la institución

Los familiares del presidente y de su número dos
El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernández Álvarez de Miranda, tiene en la institución a dos familiares cercanos, su concuñada Cristina Querarto Iborra y a su sobrino José Manuel García Soriano.

El número dos de la institución, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP) tiene a un hermano, Enrique Medina, una hermana, María Consuelo Medina, a su esposa, María del Carmen Higueras, y a una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus. Este alto cargo replica que sus parientes accedieron al Tribunal antes que el llegase a consejero.

Sueldo de 4.700 euros netos, dos secretarias y coche oficial
Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y un sueldo de 4.700 euros netos al mes durante los nueve años, que son renovables. El número de consejeros asciende a 12 y han sido nombrados por las Cortes: siete de ellos a propuesta del PP y cinco, del PSOE. Uno ha sido consensuado con Izquierda Unida.

El sindicalista Julio Ronda
Otro caso escandaloso es el del sindicalista de UGT Julio Ronda, que tiene sólo graduado escolar y ha conseguido ascender a jefe de equipo con un sueldo de 2.800 euros, a lo que hay que añadir pagas extras por productividad. Ronda tiene en el tribunal a su exesposa, María Isabel Fernández; a su actual pareja, Pilar Ramírez; su nuera, Yolanda de la Torre; su cuñada, Consuelo Dávila; dos sobrinos, Manuel Ramírez y Jesús Sanz; su amigo de la infancia Félix Real Perea; un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda, que jefe de equipo. La actual esposa del sindicalista, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa es actualmente jefe de equipo en el tribunal y su sueldo es superior a los 3.000 euros.

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163 altos directivos del BBVA podrán cobrar un bonus del 200% del sueldo

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Los accionistas del BBVA votarán el mes próximo si el bonus de sus principales directivos puede alcanzar el 200% de su sueldo fijo, el máximo legal. La entidad que preside Francisco González será la primera de España que apruebe elevar el tope del 100% fijado con carácter general por las normas comunitarias y españolas desde el año pasado. Para eso, necesita que lo apruebe la junta de accionistas del próximo 14 de marzo, a la que se somete un listado de 163 cargos que tendrán la posibilidad de cobrar ese superbonus. Los demás bancos harán lo propio cuando llegue el momento de convocar sus respectivas juntas, según fuentes financieras.

Entre los cargos escogidos del BBVA se incluyen los consejeros ejecutivos y miembros del comité de dirección, esto es, la cúpula del banco; empleados del área de banca de inversión y corporativa, miembros de la dirección financiera, los directivos de la filial en EE UU y los máximos responsables de banca minorista.

El banco explica que el importe máximo estimado que podría alcanzar el nivel superior de retribución variable de las 163 personas indicadas sobre la retribución total fija del ejercicio sería de 70,8 millones para 2014, por lo que concluye que elevar el límite del bonus al 200% no afecta al mantenimiento de una base sólida de capital del banco. La posibilidad de pagar superbonus no implica que estén garantizados.

El presidente del banco, Francisco González; el consejero delegado, Ángel Cano; el consejero de Regulación, José Manuel González-Páramo, y los otros 13 miembros del comité de dirección, incluidos los responsables de banca minorista en España, México y EE UU están entre los favorecidos por esa elevación del límite. Otros ocho responsables de banca minorista en otros tantos países también están en la lista, así como tres altos cargos de la dirección financiera del grupo.

El banco explica que se han incluido directivos de áreas geográficas donde se da mucho peso a la retribución variable y no hay límites a la misma, como es el caso de EE UU, donde 31 directivos de banca tradicional podrán tener un bonus del 200% de su sueldo. Pero la palma se la lleva el departamento de banca corporativa y de inversión, la élite de los banqueros, los ejecutivos más cercanos a los mercados (Bolsa, deuda, divisas…) y a la financiación de las grandes empresas e instituciones (estructurados, emisiones de deuda pública, renta fija corporativa, préstamos sindicados…). Se propone a la junta que más de un centenar de ellos pueda recibir superbonus, que son habituales en esas áreas de negocio.

El banco publicó este viernes el informe de remuneraciones de 2013, que muestra que el presidente del banco, Francisco González, ganó en total 5,167 millones, un 1% más que el año anterior, con una retribución fija en metálico de 1,97 millones y un bonus del 162%, cerca de 3,2 millones, a pagar mitad en metálico y mitad en acciones y de forma en parte diferida. El consejero delegado, Ángel Cano, ganó 3,751 millones, incluyendo un bonus del 113% del sueldo fijo. El total sube a 4,8 millones al sumar los 1,07 millones que el banco aportó a su fondo de pensiones, una cifra muy inferior a los seis millones que aportó en 2012 por ese concepto. Cano acumula ya un fondo de 23,6 millones. El tercer consejero ejecutivo, González-Páramo, ganó

660.000 euros en siete meses. Por su parte, los 13 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos ganaron 17,9 millones de euros, una media de 1,4 millones.

El Consejo también propondrá a la junta un plan de retribución variable en acciones para 2.200 directivos dotado con un máximo de 18,5 millones de títulos, valorados en 167 millones a precio de mercado actual. De ellos, 584.000 acciones pueden destinarse a los consejeros ejecutivos y 1,22 millones, a la alta dirección.

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès eluden la cárcel tras devolver sus pensiones millonarias

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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a tres exdirectivos al considerar que, aunque su conducta fue “maliciosa e insidiosa”, han reparado el daño devolviendo los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.

El magistrado considera que los cuatro -Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas– han incumplido los deberes de cualquier administrador cometiendo el delito de administración desleal y “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja” antepusieron sus intereses personales a los societarios.

El juez José María Vázquez Honrubia ha tenido en cuenta, como atenuante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su  culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro exdirectivos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.

Ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado, ni las acusaciones particulares van a recurrir la sentencia. Tampoco lo harán las defensas de los condenados.

Admiten el delito y devuelven el dinero

Al inicio de la vista celebrada Pagés, Troyano, Abella y Caellas se han dirigido a la Sala para asegurar que han devuelto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar.

Los cuatro acusados han reconocido ante el tribunal los hechos. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, el fiscal ha recordado que la Fiscalía “tenía razón en este asunto”. “Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio”, ha indicado.

Por su parte, las otras tres acusaciones personadas -BMN, el FROB y Fundación Pinae- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados  y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. Desde 2001, los exdirectivos “se autoconcedieron” derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Pensiones de más de 31 millones de euros

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999  euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Caixa Penedès se fusionó en 2010 a Caja Granada, Caja Murcia y ‘Sa Nostra’ Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder sus millonarias pensiones, los cuatro exdirectivos buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas, como negar información a BMN. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, “controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas”, y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas Leer más: El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas – Noticias de Economía http://bit.ly/RJd6SW

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El gas natural es uno de los recibos familiares, junto con el de la luz, que se dispara en invierno. Pese a que este año el Gobierno anunció que congelaba la tarifa, lo cierto es que subió los peajes un 2,3%. El déficit de tarifa ha crecido de forma importante en los últimos dos años y los consumidores se preguntan si, al final, repercutirá en sus bolsillos. Lo mismo sucede con las bombonas de butano, los precios no cubren los costes, según denuncia el sector.

El Gobierno dice que trabaja en la reforma del gas natural para evitarlo, pero, de momento, de las posibles medidas no se sabe nada. “Se está trabajando en ello, pero todavía no hay plazos”, reconocen fuentes del Ministerio de Industria. “El Ejecutivo está hablando con los agentes del mercado en estos momentos”, explican fuentes empresariales del sector. “Estamos a expensas de que Industria nos diga algo”, añaden. Nadie se atreve a reconocer si el consumidor pagará, a corto plazo, el déficit. “Son las comercializadoras las que deberán decidir si trasladan o no el coste a sus clientes”, señalan en el Ministerio. Sin embargo, todo apunta a que el déficit se salvará elevando los peajes.

Los expertos del IESE señalan en un informe sobre el impacto del sector del gas en la economía que, “en el campo regulatorio, no está claro si el actual déficit coyuntural del sector se va a convertir en estructural y, en este caso, qué dimensión va a alcanzar”. Por eso, añaden, “es necesario encontrar los mecanismos para evitarlo”, porque, de lo contrario, “se creará a largo plazo un problema similar al del sector eléctrico”. La Comisión Nacional de la Energía ya advirtió a finales de 2012 que el déficit de tarifa en el sector del gas se ha ido consolidando y se podría “calificar de estructural”. El organismo consideraba hace un año que era “necesario revisar los ingresos y costes y establecer los ajustes necesarios en los peajes”.

El desfase se amplía

Fuentes del sector aseguran que no será así: “No se va a llegar a la situación en la que nos encontramos con la luz”. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció a comienzos de este año que el déficit de tarifa del gas natural para 2014 alcanzaría los 813 millones (acumulado), frente a los aproximadamente 300 millones de déficit de hace dos años. Un desfase que asumen las compañías a la espera de que llegue la anunciada reforma, que tiene, entre sus objetivos principales evitar que el agujero entre ingresos y costes continúe agrandándose. La CNMC es partidaria de subir los peajes y reclamó el mes pasado al Gobierno que adopte medidas en este sentido.

El cálculo de la CNMC se hizo antes de que el Gobierno subiera los peajes un 2,3%, por lo que, “al aumentarse los ingresos se reducirá el déficit, que se situará en torno a los 750 millones”, explican estas fuentes, que prefieren hablar de “desajuste” y aseguran que es algo estructural y que “se solucionará con la orden de los peajes”. Estos peajes cubren el coste de la distribución, transporte y operadores, reguladores y gestores del sistema y suponen, aproximadamente, el 50% de la factura. Alrededor del 20% corresponde a impuestos y del 30%, al precio del gas.

Según anunció el regulador, 2013 se cerró con un déficit de 638 millones, lo que supone un incremento anual del 6,7%. Los ingresos netos obtenidos por el sector fueron de 2.566 millones euros a falta de dos liquidaciones, lo que representa un descenso del 4,5% interanual. Los costes totales reconocidos se elevaron a 3.205 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,5% interanual.

La bombona de butano, también deficitaria

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) alerta de que el déficit que tienen las operadoras que suministran la bombona de butano puede acabar, también, repercutiendo a los consumidores de forma similar al del sector eléctrico. Actualmente, su coste está establecido en 17,50 euros cada bombona, el tope legal para todo 2014. El sector dice, sin embargo, que está perdiendo unos dos euros por unidad y que, en realidad, debería tener un coste de  20 euros. Según José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), el déficit acumulado desde 2013 asciende ya a 65 millones de euros.

La normativa que tiene el Ejecutivo para este sector establece que el precio de la bombona de butano nunca puede registrar oscilaciones al alza o a la baja superiores al 5%, independientemente de las fluctuaciones del mercado Este mecanismo prevé que las cantidades que no se cubran vía ingresos generan un déficit de tarifa que el sector podrá recuperar posteriormente.

La idea del departamento de José Manuel Soria es que ese déficit vaya desapareciendo cuando haya bajadas de precios en los meses posteriores y el precio quede establecido por encima del mercado. Sin embargo, desde AOGLP critican este sistema. “El problema es que cuando baja el precio de las materias primas, también baja el consumo y no podemos compensar las pérdidas”, explica Blanco.

Para el sector, la solución pasaría por liberalizar el mercado y establecer una bombona social para los sectores más desfavorecidos. Desde Adicae piden también una respuesta de Soria pero, lejos de apostar por una subida de precio, recuerdan que la bombona de butano ya cuesta un 63% más que en 2009.

“Llega un momento en que este problema va a tener que pagarlo el Gobierno o los consumidores, asumiendo  el coste de la bombona y el déficit del sector”, apunta Fernando Hererro, director de Comunicación de Adicae. “Establecer un precio máximo es una patada hacia delante. Debe abordarse un problema que afecta a ocho millones de usuarios”, apuntan desde Adicae. La asociación recuerda que el problema del déficit se está agravando en los últimos años por la caída de consumo de la bombona: ha descendido un 13% desde 2010.

Soria crea la ‘ronda del gas’ para evitar otra ‘reforma a cuchillo’ en el sector energético

 

 

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, está dispuesto a recuperar su liderazgo político en el mercado energético aprovechando la inminente reforma gasista. El objetivo es llegar a un pacto urgente con las compañías distribuidoras de gas que haga olvidar los sinsabores provocados por la reforma eléctrica entre las grandes empresas generadoras de energía eléctrica. La llamada ‘ronda del gas’ ha sido constituida por el secretario de Estado, Alberto Nadal, quien ya se ha reunido con las cinco grandes empresas del sector.

La reforma gasista afecta principalmente a Enagás como operador del sistema y a las cuatro distribuidoras que cubren el territorio nacional, repartido entre Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis. Los primeros ejecutivos de estas cinco entidades, Antonio Llardén, Rafael Villaseca, Manuel Menéndez, Pedro Mielgo y Fernando Bergasa, han desfilado por el Ministerio de Industria en las últimas semanas con el fin de perfilar un marco de negociaciones que permita sellar un acuerdo antes del próximo verano.

El principal cometido de la reforma se resume en la eliminación de la deuda tarifaria que también se empieza a acumular peligrosamente en el mercado del gas. Aunque las comparaciones con el sector eléctrico son especialmente odiosas porque las magnitudes no se parecen ni de lejos, lo cierto es que el Gobierno empieza a temer que la fisura del sector gasista abra otro boquete en la política energética llevada a cabo en España.

El ministro sitúa el saldo del agujero actual en torno a los 400 millones de euros pero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha encendido las alarmas apuntando la necesidad de abordar medidas urgentes para que esta cifra no se dispare de forma desproporcionada a lo largo de los próximos meses. Según el organismo regulador, la relación entre los ingresos y los costes determina un desequilibrio estructural en el sector, que en 2014 superará los 800 millones de euros.

Con estas premisas la CNMC no ve otra solución que el incremento de los peajes, correspondiente a la parte regulada del sistema, lo que repercutirá tarde o temprano en una subida de la factura para los clientes empresariales y los hogares. El problema que se plantea es de la misma naturaleza que el padecido en el sector eléctrico donde el derroche de infraestructuras durante la pasada era de la abundancia se traslada ahora sobre las espaldas del sufrido consumidor. Todo ello a expensas de que la cotización de la materia prima no suba en los mercados internacionales disparando aún más el recibo final a pagar.

Plan de ajustes a seis años

La única forma de evitar la que se avecina pasa por un acuerdo sectorial en el que las empresas gasistas acepten un recorte de los ingresos por peajes en un horizonte a medio plazo. El Gobierno propone un plan a seis años, hasta 2020, para reducir los costes del sistema de manera estructural con la garantía de enjugar la deuda de tarifa acumulada sin incurrir en nuevos déficits futuros. La cuadratura del círculo dependerá de la capacidad de los operadores para aquilatar sus cuentas de resultados de manera voluntaria antes de que el Ministerio de Industria decida afilar el alfanje con todas las consecuencias.

Las tensiones vividas con el sector eléctrico, que han terminado por socavar las relaciones de confianza entre el regulador y las empresas reguladas, acechan como un fantasma en este epílogo de reformas energéticas. No hay que olvidar que uno de los principales afectados es también ahora Gas Natural, que ya ha recibido lo suyo por su paternidad en la antigua Unión FenosaEl papel de Enagás como transportista del sistema, participado por la SEPI, puede ser decisivo esta vez para apaciguar los ánimos y restaurar las relaciones con el equipo técnico de Alberto Nadal.

El secretario de Estado ha dado muestras sobradas de no casarse con nadie cuando los intereses son encontrados y las opciones más bien escasas. Tras el desgaste sufrido con los ‘reyes del kilovatio’ los responsables energéticos han perdido el temor a los oligopolios. No parece que los menos beligerantes ‘príncipes de la termia’ se encuentren en disposición de echar otro pulso a unos gobernantes curtidos en batallas mucho más sangrantes
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El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

Algo huele a podrido en la Agencia Tributaria

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Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Pérez Galdós en su novela “Miau” describe y dramatiza una de las lacras de la sociedad española del siglo XIX, la politización de la Administración pública, con las cesantías ligadas al turno de partidos y al favoritismo. El protagonista de la obra es Ramón Villaamil, un competente ex empleado del Ministerio de Hacienda, que se encuentra cesante por no haberse arrimado a las influencias adecuadas. Tras una vida destinada al empleo público, llegando incluso a servir en Filipinas -y a pesar de sus propuestas novedosas como la de establecer un impuesto progresivo sobre la renta, que son burlonamente desechadas- no logra conseguir un empleo para cubrir al menos los dos meses que le quedan para el retiro. Su yerno, Víctor Cadalso, es la antítesis de Ramón, ya que, no obstante su incompetencia, tiene atractivo físico y dotes de orador, y gracias a que ha sabido conquistar a importantes damas va ascendiendo en los diversos cargos públicos. La novela termina trágicamente, Vilaamil, desengañado y harto de todo, termina suicidándose.

La Administración de la Restauración, encadenada a la alternancia en el poder de dos partidos políticos, en la que cada gobierno introducía a nuevos empleados dejando cesantes a los anteriores, al igual que otros muchos vicios de aquella España, se fue superando con el tiempo. El establecimiento de los cuerpos de funcionarios y las oposiciones fueron configurando una Administración profesional, al margen de los avatares políticos y que, aun con sus defectos, poco se parecía a la que Galdós y otros escritores de aquella época describen. Incluso durante la dictadura, la función pública fue una de las instituciones que menos se contaminó de los pecados del régimen. No en vano algún administrativista ha sostenido, y creo que con razón, que la institución de las oposiciones fue uno de los pocos elementos democráticos del franquismo. Únicamente desde los altos cuerpos del Estado había un margen de libertad, aunque fuese mínimo, para que surgiesen algunas voces críticas.

En la Transición, el hecho de que España contase con una Administración medianamente profesionalizada fue sin duda un factor muy positivo a la hora de poder afrontar las modificaciones que el sector público necesitaba. Aquellos primeros gobiernos de UCD encontraron en los funcionarios valiosos aliados y de la Administración surgieron la mayoría de los cargos públicos que el nuevo poder necesitaba. Tan fue así que la amenaza que en aquellos momentos se vislumbraba era la patrimonialización de la función pública por los altos cuerpos funcionariales, que la podían ejercer en detrimento de su finalidad social y de la democracia.

Con la perspectiva que ofrecen los muchos años transcurridos hoy se percibe que el peligro radica precisamente en lo contrario, en la vuelta a la discrecionalidad y al turnismo. La creación de las Administraciones autonómicas, la abolición de los cuerpos nacionales en los Ayuntamientos y la instalación del bipartidismo en la Administración central han propiciado la reaparición del fantasma de una función pública politizada y desprofesionalizada. Progresivamente se incrementan los llamados cargos de confianza, personal no funcionario que, sin mérito alguno como no sea el del servilismo y el de la adhesión incondicional al jefe y al partido, ocupa puestos significativos y mejor retribuidos que el de muchos empleados públicos con mayor preparación y experiencia. Cada vez son más los puestos de libre designación y por lo tanto de libre remoción en la función pública, y si hoy no se puede hablar de cesantías en el sentido estricto (todo se andará), sí de que en muchos puestos públicos de carácter estrictamente técnico el nombramiento y el cese están sometidos a la más absoluta arbitrariedad y favoritismo.

El bipartidismo está consolidando también la alternancia en la Administración. El mérito y la capacidad son sustituidos por la afinidad ideológica o el amiguismo, de manera que lo que el responsable político busca en los nombramientos es la fidelidad personal, cuando no la forma de retribuir con cargos públicos los servicios prestados al partido o al propio político en el pasado.

En determinados cuerpos -el de inspectores fiscales parece ser un paradigma- se han llegado a crear dos grupúsculos ligados a cada uno los dos partidos mayoritarios que esperan la llegada de los suyos para copar de nuevo la cúspide administrativa, al margen de cualquier criterio de mérito y capacidad. El sectarismo y el ajuste de cuentas suelen estar bastante presentes en sus decisiones, y se crea una bola de nieve que de alternancia en alternancia va agrandándose. Aunque todo esto viene de antiguo y era bastante conocido, la novedad de lo que estos días está pasando en la Agencia Tributaria radica en el descaro y en la desvergüenza con las que se confiesan estas prácticas antidemocráticas. Hasta ahora se hacían pero, al menos, por un pudor elemental se pretendía encubrirlas o disfrazarlas de necesidades del servicio.

El director de la Agencia, aseverando públicamente y sin ningún recato que pensaba cesar a un funcionario porque en la anterior etapa no le concedió un teléfono o a otro porque no le reservó un asiento en una determinada celebración, es un espectáculo insólito y chusco, pero también de extrema gravedad porque anticipaba lo que había de venir después: una caza de brujas que pretende convertir la Agencia en un instrumento partidista. La desfachatez con la que el señor Menéndez (creo que en la Agencia desde hace tiempo, incluso desde antes de su nombramiento, le llaman Treméndez) manifiesta que tiene derecho a cesar y a nombrar a su voluntad, y la simpleza con la que Montoro pretende justificar la postura de su subordinado argumentando que determinada unidad estaba llena de socialistas pronostican lo peor para el sistema democrático.

La democracia es algo más que elegir entre dos formaciones políticas cada cuatro años. La norma y los procedimientos constituyen elementos sustanciales del Estado de derecho, aun en su versión más liberal. Quizá lo que de forma más radical diferencia a este de la autocracia y del despotismo sea que los gobiernos dictan las leyes, pero se encuentran sometidos a ellas al igual que cualquier otro ciudadano. Los políticos pueden cambiar el ordenamiento jurídico pero no pueden utilizarlo arbitrariamente y, en tanto que subsista la norma, esta debe aplicarse de forma objetiva e imparcial.

En el Estado de derecho, la Administración asume un papel trascendental, es la garante de que las normas se aplican objetivamente sin veleidades partidistas y de que los procedimientos se cumplen sin arbitrariedades ni favoritismos. La inamovilidad y estabilidad en los puestos de la Administración no constituye un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía para el administrado de que los funcionarios no van a ser presionados por sus respectivos jefes para que se inclinen a favorecer determinados intereses.

Da pavor, solo de pensarlo, que la Agencia Tributaria se pudiera utilizar de forma sectaria para inspeccionar a unos y exonerar a otros en función de las afinidades ideológicas o políticas. El actual ministro de Hacienda es muy poco respetuoso cuando, frente a la crítica de determinadas organizaciones e instituciones, blande como amenaza a la Agencia Tributaria o emplea la información privilegiada que posee en materia fiscal para intimidar al contrincante político. Tras los últimos acontecimientos no pueden por menos que dispararse todas las alarmas y extenderse la sospecha de que se pretende emplear la Administración tributaria de manera torticera, lejos de la ecuanimidad e imparcialidad que una institución como esta precisa.

Artículo publicado en República.com