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10 cosas que estarán prohibidas

FUENTE

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

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Más allá de la crisis

De lo que quisiera hablarles [1] no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revolucionesen 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.

Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase mediaque implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0’1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (…) o ganan el dinero en las finanzas”.

Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.

El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la aactuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18’5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz “Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de la leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (…), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una consideable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.

Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

“Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (…) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (…) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (…). Una crisis de la deuda permite a la la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

Este comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aqui a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (…). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos pra los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

“En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres… En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente com para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdmeocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (…) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.

Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.

¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentmente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resginamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.

Nota: [1] Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor Josep Fontana (salvo pequeñas variaciones, es la misma que pronunció en la sede de Comisiones Obreras de Catalunya en el consell de Comfia).

Fuente: http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/mas-alla-de-la-crisis-habla-josep.html

El banco malo ya ha perdido 6 millones de euros y aún no ha empezado a trabajar

FUENTE

EN SUELDAZOS Y GASTOS DE ARRANQUE

La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) registrará unas pérdidas de 5,49 millones en 2012 debido “al esfuerzo que ha tenido que hacer para impulsar su puesta en funcionamiento”, según han informado fuentes del llamado ´banco malo´.

El banco malo ya ha perdido 6 millones de euros y aún no ha empezado a trabajar

Para entendernos, el “esfuerzo” al que aluden las fuentes citadas son los altos salarios, del orden de 500.000 euros para los principales cargos nombrados a dedo por el Gobierno y la puesta en marcha de concursos y adjudicaciones para que consultoras y sociedades externas realicen en la práctica el trabajo para el que la Sareb ha contratado a un amplio plantel de ‘especialistas’.

La sociedad someterá a votación sus cuentas anuales en la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 29 de mayo en primera convocatoria. Estas cuentas responden a un ejercicio “más corto de lo habitual”, ya que la Sareb comenzó a funcionar como tal el pasado 28 de noviembre.

En 32 días de operación, fiestas navideñas incluidas, Belén Romana, la flamante presidenta de la Sareb ya ha percibido, según la memoria que se aprobará en la junta, la friolera de 32.916 euros, más de 1.000 euros diarios, fientas incluidas. Un salario sólo ligeramente superior al que ha cobrado su ‘mano derecha’ Walter de Luna, director general del banco malo, que ha cobrado 32.083 euros.

Está previsto que la junta apruebe la retribución que reciben los 15 miembros del consejo de administración, que a cierre de diciembre han percibido 142.917 euros. Por su parte, los consejeros no ejecutivos han recibido 7.000 euros de media. Sareb ha precisado que hay dos consejeros (Rodolfo Martín Villa y Remigio Iglesias) que han renunciado a percibir su remuneración.

Las citadas fuentes han indicado que los consejeros recibirán una cantidad fija anual de 75.000 euros, que ascenderán a 85.000 si están en algún otro órgano y a 95.000 euros sin son presidentes de algún comité.

A pesar de las más que generosas retribuciones por sentarse de vez en cuando en el sillón del consejo del banco malo, la Junta aprobará, con toda probabilidad un cambio en los estatutos, para permitir que los remunerados consejeros puedan además cobrar otros ingresos por ejercer otras actividades profesionales “complementarias” con las de la Sareb, no vaya a ser que pierdan dinero por su ‘sacrificio’ al aceptar integrarse en el Consejo del banco malo.

El último plan de negocio de la Sareb actualizado en marzo, reelaborado por la consultora KPMG ante las nuevas perspectivas económicas, prevé unas pérdidas netas de 47 millones este año, para no volver a incurrir en ´números rojos´ hasta cinco años después, cuando se alcanzarán los 60 millones.

Las pérdidas netas en 2018 se explican en la caída del ritmo de las ventas (al pasar de 3.448 millones de euros en 2017 a 2.989 millones) y los gastos por la comercialización de activos. El ´banco malo´ se anotará un récord de beneficio en 2016, hasta 762 millones de euros. Todo ello, por supuesto, como en el cuento de la lechera, en el caso de que por el camino no se derrame el cántaro

Crisis, neoliberalismo populista y los límites de la democracia

CEPRID

La revista norteamericana Forbes la revista recientemente ha incluido a dos mexicanos, Carlos Slim y Joaquín Guzmán, en su lista de las personas más poderosas en el mundo. Carlos Slim es el tercer hombre más rico del mundo gracias a su empresa de telecomunicaciones Telmex y Joaquín Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa. Si bien el objetivo y la metodología de esta lista es cuestionable, la inclusión de estos dos nombres en la Forbes nos dice mucho acerca de la larga noche del gobierno neoliberal en México, así como la actual administración de Felipe Calderón, quien pertenece al partido de centro-derecha Partido Acción Nacional (PAN).

Las políticas neoliberales, conteniendo salarios y rebajando las condiciones laborales mientras se promociona la inversión privada, ayudan a explicar la combinación de una increíble riqueza y un fuerte aumento de la pobreza en México. Los bancos globales, como el Citigroup, considera a sus filiales mexicanas como la principal fuente de ganancias. Mientras que la acumulación de riqueza y el empobrecimiento masivo van de la mano, el aumento de la violencia, la inseguridad y la impunidad provocada por el creciente poder de los cárteles de la droga y la indiferencia, cuando no la colaboración de las autoridades locales, particularmente en algunos estados del norte, han puesto una doble carga sobre la población mexicana que no sólo ve su seguridad económica sino también su seguridad física continuamente amenazada.

Este es el contexto en el que tanto el PAN como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) – el partido que monopolizó las tres ramas del gobierno durante casi 70 años – compiten con una estrategia populista del neoliberalismo, cada uno afirmando que puede hacer un mejor trabajo en la lucha contra la delincuencia organizada que el otro. Esto tiene un gran apoyo popular puesto que como la constante escalada de la delincuencia y la inseguridad afectan a todos los sectores de la población. Al mismo tiempo, ambas partes están comprometidas con el modelo neoliberal que ha permitido a Slim y otras empresas obtener y mantener su riqueza. Las coincidencias y diferencias entre el PRI y el neoliberalismo populista del PAN se pueden ver en las políticas emprendidas para combatir el crimen organizado y las negociaciones del presupuesto 2010 en el Congreso mexicano en el contexto de la crisis mundial.

México en la crisis global y los fracasos del desarrollo

Cuando la crisis de crédito se desarrolló en los Estados Unidos en 2008, el presidente de México afirmó que las políticas económicas aplicadas por sus predecesores, Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), habían permitido al Gobierno acumular reservas internacionales con el fin de proteger la economía de los choques externos. Además, sostuvo que esas reservas se iban a emplear en la protección del peso mexicano para mantener la confianza de los inversores, la inversión en infraestructuras para crear empleos y ofrecer incentivos a la inversión extranjera directa para que así permaneciese en el país.

A pesar de estas medidas, México es uno de los países de América Latina que más se ha visto afectado por la crisis mundial. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el PIB de México cayó un 9,7 por ciento en 2009. Las Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) –dependiente de la ONU– indicó que México fue uno de los pocos países en América Latina donde la pobreza aumentó entre los años 2006 y 2008. Según el informe de la CEPAL, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza en México aumentó del 31,7 a 34,8 por ciento.

El gobierno mexicano ha explicado este resultado en términos de la gravedad de los impactos externos como los precios del petróleo, la recesión en los EE.UU. –incluyendo una menor afluencia de remesas y exportaciones-, el brote de la gripe A y el retroceso de los ingresos por turismo por este motivo. Sin embargo, si México promueve la austeridad y la práctica de unas las políticas económicas “sólidas” para proteger a la economía, ¿por qué estas políticas siguen siendo ineficaces para hacer frente a la crisis actual?

El problema es que este modelo económico sigue basándose en la exportación directa e indirecta de mano de obra barata a través de zonas francas de exportación y la inmigración. Esto sólo ha aumentado la dependencia de México respecto a la economía de EE.UU. y promueve una desigualdad de ingresos aún mayor. Del mismo modo, las políticas monetarias que han prevalecido durante los últimos 37 años han puesto más presión sobre los salarios de los trabajadores, porque el banco central utiliza las reservas internacionales para proteger el valor del peso, mientras mantiene un mecanismo de ajuste de salarios para detener la inflación. Como resultado, existe una débil demanda interna en el país lo que hace que la economía mexicana sea una de las más vulnerables a las conmociones externas.

La carga de este modelo económico en la mayoría de la población se ha intensificado por la crisis mundial. Disminución de la demanda de EE.UU. para las exportaciones mexicanas y las pérdidas financieras en los mercados de derivados de capitales nacionales y extranjeros con inversiones en México han incrementado las reducciones de plantillas en las empresas, los despidos masivos y cierres de plantas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de dos millones de personas estaban sin trabajo en septiembre de 2009, la tasa más alta de desempleo en los últimos tres años.

En lugar de tratar los problemas estructurales de la economía mexicana, el gobierno ha apoyado paradas técnicas en las plantas de fabricación, una disminución de los salarios y beneficios en el convenio colectivo de los trabajadores y ha lanzado un programa de austeridad. Al mismo tiempo, el gobierno de Calderón está ampliando su medida populista de militarización de todo el país. Esto indica la consolidación del neoliberalismo populista como estrategia política, que no sólo es patrocinado por Calderón, sino también por el PRI.

La Delincuencia Organizada, la militarización y populismo neoliberal

Recientemente, la delincuencia organizada vinculada a los cárteles de drogas se ha extendido en todo el país, incluso a la frontera sur de México con Guatemala. Inmediatamente después de la dudosa y controvertida elección presidencial de 2006, Calderón trató de obtener legitimidad mediante la imposición de una política de puño de hierro sobre la delincuencia organizada a través de la movilización de los militares. Desde 2006, cincuenta mil soldados federales han sido desplegados en todo el país. Esto era en parte considerado por muchos sectores de la población como un paso positivo para disminuir los niveles de violencia, particularmente en los estados donde se cree que el crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas policiales e instituciones locales. Esta estrategia de Calderón ha vuelto a ganar el apoyo popular a fin de aumentar su poder de negociación vis-à-vis con la oposición, como una forma de controlar la delincuencia organizada para mantener la estabilidad política necesaria para el funcionamiento de los mercados.

El PRI afirma que la estabilidad política está garantizada en sus administraciones presidenciales y culpa al PAN por los crecientes niveles de violencia en el país. Al mismo tiempo, el PRI evoca las imágenes políticas del pasado, de color de roda, que recuerdan sus prácticas clientelistas a través de las cuales utilizaba una pequeña proporción de los fondos apropiados ilegalmente a las clases subordinadas para ciertas subvenciones a fin de mantener la legitimidad, a nivel externo, de los mecanismos democráticos . Estas prácticas se han mantenido en el nivel estatal y local, resultando en un creciente apoyo para el PRI a nivel local de sectores de la población cada vez más marginados en los últimos años por las políticas neoliberales.

Tanto el PAN y el PRI han estado llevando a cabo campañas de inculcar el miedo como medio para permanecer en el poder. Por una parte, Calderón está tratando de aumentar la fuerza de su partido haciendo hincapié en que su política de militarización es la única manera de combatir el crimen organizado y desbaratar las alianzas entre los cárteles de la droga, la policía y algunas autoridades estatales y locales. Y que esta política sólo puede mantenerse si el PAN gana la elección presidencial de 2012. Por otra parte, el PRI está haciendo hincapié en que el voto por el PAN sólo ha aumentado la marginación y la violencia. Así, el PRI se presenta a sí mismo como la única opción política para las elecciones presidenciales del 2012. La desilusión con el PAN sobre las dificultades económicas y la creciente violencia se puede ver en las elecciones del 2009 –la mitad de los escaños de la cámara baja, seis gobiernos estatales y unos 500 alcaldes en 11 estados – en las que el PRI obtuvo el 36.7 por ciento de los escaños así como la mayoría de los puestos estatales y locales. Así, ambas partes están empleando estrategias populistas para ganar el apoyo popular en torno a los temas de violencia e inseguridad. Al mismo tiempo, ambos han demostrado su compromiso con la austeridad interna, por un lado, y el gasto público discrecional, por el otro, para potenciar a aquellos grupos que pueden mantener la agenda neoliberal.

Dentro de la austeridad presupuestaria

La iniciativa de presupuesto 2010 propuesto por Calderón contradice su retórica anterior en relación con la respuesta anticíclica a la crisis mediante el gasto público y menos impuestos para la mayoría de la población. La iniciativa que envió al Congreso incluye un 0,5 por ciento del PIB y un aumento del dos por ciento en el impuesto sobre bienes y servicios, del 15 al 17 por ciento. Si bien Calderón sostuvo que este dos por ciento se canaliza a los programas sociales para combatir la pobreza, el objetivo de ampliar la fiscalidad regresiva de hecho sirve para aumentar los fondos estatales y así evitar un descenso en la calificación del crédito de la deuda del país. Curiosamente, las medidas contenidas en esta iniciativa difiere de algunas de las políticas establecidas por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que sugieren evitar la tributación regresiva y un déficit temporal de un 2,5 por ciento del PIB para alentar el gasto estatal.

Cuando la iniciativa fue enviada al Congreso, el PRI y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opusieron a la propuesta del Ejecutivo. Dado que las negociaciones entre el partido del presidente y el PRI avanzaba, un nuevo consenso sobre el presupuesto era evidente. El presupuesto aprobado por el Congreso mantiene un incremento del uno por ciento de los impuestos regresivos e incluyó una petición al Ejecutivo que elabore un programa de austeridad para el 15 de marzo de 2010.

La alianza entre el PRI y el PAN y el fracaso del PRD para oponerse al presupuesto muestra los límites de la liberalización electoral, una liberalización que ha permitido que el PRI y el PAN monopolicen el poder en el Legislativo y el Poder Ejecutivo para favorecer a determinadas fuerzas dentro de sus partidos. En esta alianza, el PRI, que ostenta la mayoría de escaños en la Cámara Baja, apoyó una ampliación de la fiscalidad regresiva mientras el PAN acordó destinar más fondos a los gobiernos estatales, que son en su mayoría controlados por el PRI, así como a eliminar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el gasto estatal y municipal y reducir los programas sociales federales. De hecho, los estados que recibieron grandes beneficios de este presupuesto son el Estado de México, cuyo gobernador es considerado el principal contendiente a la candidatura presidencial del PRI en 2012, y Oaxaca, cuyo gobernador fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos en la Corte Suprema. Este presupuesto permite a los gobernadores del PRI utilizar los fondos públicos de manera discrecional para obtener apoyo en sus propios estados, aumentar sus redes clientelares y mejorar la posición del partido en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Tanto el PRI y el PAN, junto con otros partidos como Convergencia y el Partido Verde y de algunas facciones del PRD, también acordaron la creación de un programa de austeridad, siempre que los grandes presupuestos de los partidos políticos y el Legislativo, que incluye los gastos personales y el seguro médico privado para los legisladores, no se redujese.

Las negociaciones presupuestarias revelan los límites en la democratización de la toma de decisiones económicas en el país. En primer lugar, la solicitud del Congreso para un programa de austeridad muestra que la austeridad no ha sido necesariamente impuesta desde el exterior, sino que es consecuencia del equilibrio interno de las fuerzas de México, en particular sus “instituciones representativas”, que han internalizado la disciplina capitalista en el país. En segundo lugar, las negociaciones presupuestarias de 2010 ilustran cómo las demandas de la sociedad han sido aisladas de la toma de decisiones económicas y la política partidista. La marginación de las demandas populares sólo beneficia a un pequeño grupo, en particular el capital financiero, cuya inversión en deuda pública y en pesos mexicanos está garantizada por los fondos disponibles en el presupuesto público del próximo año.

Podría parecer extraño que Calderón y los legisladores del PAN decidiesen negociar un presupuesto con el PRI, que aumenta el poder autoritario de éste a nivel estatal, a un alto costo político para el PAN en las próximas elecciones presidenciales de 2012. Una de las razones por su generosa donación para el PRI fue que el presupuesto de austeridad no podía pasar sin los votos de los legisladores del PRI. Además, Calderón necesita el apoyo del PRI en el Senado para la confirmación de Agustín Carstens como nuevo presidente del Banco Central, que es uno de los colaboradores más cercano de Calderón y orquestador del nuevo impuesto regresivo, a fin de aumentar los planes del presidente sobre la política económica. La otra razón es que ambas partes están de acuerdo sobre la continuación de la agenda neoliberal y la exclusión de las fuerzas progresistas en el ámbito político. Y ambos están siendo presionados para avanzar en esta dirección por las asociaciones de grandes empresas. Las dos partes, con algunas excepciones, han apoyado el cierre repentino de la empresa pública de electricidad, Luz y Fuerza del Centro, y el ataque a la Unión Trabajadores de la Electricidad de México, mientras que protegen a otros sindicatos que apoyan la agenda neoliberal actual, como el Docentes de la Unión Nacional de la Educación. El PAN podría incluso estar dispuesto a permitir que el PRI aumente su poder mientras deje intacta la agenda neoliberal y no permita que las fuerzas sociales progresistas participen en la formulación de políticas. Si bien parece existir un consenso entre el PRI y el PAN en la trayectoria neoliberal ese consenso sigue siendo frágil debido a los conflictos internos dentro de cada una de las partes del neoliberalismo mexicano.

La fragmentación de la política neoliberal de México y los espacios para la resistencia

La coyuntura actual de México ha producido crecientes tensiones entre los partidarios del proyecto neoliberal en sí. Mientras que las administraciones anteriores han construido un consenso en torno a la agenda neoliberal, el desacuerdo sobre estas políticas se ha hecho evidente durante la presidencia de Calderón. El presupuesto 2010 rompió la unidad del PAN cuando los senadores, en particular, se resintieron ante la presión de Calderón para avanzar en el aumento de los impuestos y otorgar mayor margen de maniobra para el gasto discrecional a gobernadores de los estados. Además, las estrechas relaciones entre Calderón y el sector empresarial se han vuelto tensas después de las negociaciones presupuestarias para 2010. En la reciente Cumbre de Negocios en Monterrey algunas de las corporaciones más grandes de México no sólo expresaron su disconformidad con el presupuesto de Calderón, sino también con el “modelo promovido por el gobierno en los últimos 25 años, que sólo ha generado bajas tasas de crecimiento y los bajos niveles de empleo “.

Las tensiones entre las grandes empresas y el PAN, así como en el PAN y el PRD se han combinado con el descontento popular para abrir espacios de resistencia a las fuerzas de oposición en el nivel local, estatal y nacional. Sin embargo, es necesario superan las divisiones dentro de la izquierda mexicana a fin de tomar ventaja en esta situación. El enfoque electoralista y los conflictos internos en el PRD no han permitido a este partido forjar alianzas con los trabajadores y las organizaciones de base a nivel nacional. Además, existen diferencias regionales en relación con las cuestiones que se consideran relevantes para una agenda alternativa al neoliberalismo. Por ejemplo, las personas en el norte de México, incluyendo las organizaciones sociales progresistas, que trabajan sobre todo cuestiones relacionadas con las drogas y la violencia de las maquiladoras, no necesariamente se identifican con las luchas en el centro y sur de México, tales como la movilización de los trabajadores mexicanos del sindicato de electricistas y el movimiento zapatista. En general, es necesario encontrar puntos comunes entre los movimientos políticos y las organizaciones sociales progresistas a nivel nacional a fin de crear consenso en torno a una agenda democrática que pueda cobrar impulso en la coyuntura actual.

– Hepzibah Muñoz-Martínez es investigador y escritor.

España: ¿se prepara un golpe de Estado tecnocrático?

FUENTE.

El escándalo de corrupción que involucra a altos dirigentes del Partido Popular (PP), incluyendo a jefe del gobierno, Mariano Rajoy, puede ser el preludio de un golpe de Estado preparado por los burócratas de la Unión Europea, para instalar en el poder a un gobierno tecnocrático no electo e imponer brutales medidas de austeridad, de la misma forma que ocurrió en Grecia e Italia.

Todo comenzó cuando el periódico El País publicó planillas del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que indican que desde la administración de José María Aznar, el actual presidente español, Mariano Rajoy, cobró durante 11 años unos de 25.200 euros anuales no declarados, procedentes de donaciones de empresas, lo que sucede también con otros dirigentes del PP.

Curiosamente, son diarios vinculados a la derecha (y por extensión, al gobierno), como El País y el Mundo, quienes más amplia cobertura han dado al caso, levantando sospechas de los intereses detrás de la revelación.

Como explica Joan Arnau en De Verdad Digital, cuando “dos altavoces como El Mundo o El País –portavoces autorizados de la oligarquía y el hegemonismo- difunden en primera página una noticia como esta, capaz de provocar un terremoto político, es porque alguien –y alguien importante- busca sacar rédito del escándalo”.

Para Arnau, el destape de las sobresueldos bien podría formar parte del ataque de los banqueros internacionales que “capitaneado por el FMI y Bruselas (es decir, por Washington y Berlín) busca no sólo saquear los salarios e ingresos del 90% de la población mediante todo tipo de recortes y ajustes, sino también asaltar y apoderarse de las principales fuentes de riqueza del país”.

Así “los escándalos que han envuelto a la casa real, con la deriva soberanista de Artur Mas (en Cataluña) y ahora con la salida a la luz pública de la corrupción en las más altas instancias del PP”, estarían todos orientados a desestabilizar al Estado español frente al poder de eurócratas y banqueros.

Como explica Arnau, “Rajoy llegó a enfrentarse públicamente a Merkel en Chile, durante la cumbre UE-CELAC, al exigir a Bruselas “políticas expansivas” que permitan a España un respiro en la aplicación de los ajustes”, lo que fue rotundamente descartado por los eurócratas.

Una eventual caída del gobierno de Rajoy permitiría eliminar “a la llamada “vieja guardia” del PP, precisamente los sectores que en el seno del gobierno han mostrado el pasado año una mayor resistencia a aplicar integralmente los mandatos del FMI y Berlín” y llevar a la instalación de un gobierno tecnocrático no elegido democráticamente, pero con amplias facultades para imponer las medidas de austeridad.

La opción de dar un golpe tecnocrático no es una posibilidad muy alejada de la realidad: ya se hizo en Italia y Grecia durante 2011, como forma de acelerar los programas de ajuste sin escuchar a la voluntad popular.

En junio de 2011, cuando el primer ministro griego, George Papandreu – quien ya llevaba años imponiendo durísimos ajustes – se atrevió a sugerirle al pueblo someter a plebiscito las medidas de austeridad, a los pocos días fue destituido y remplazado por Lucas Papademos, ex vice-presidente del Banco Central Europeo, profesor visitante de Harvard y ex- economista de la Reserva Federal de Boston.

En Italia, a principios de octubre de 2011, “estaba claro que los “mercados” no estaban satisfechos con los esfuerzos de Berlusconi en la implementación de un programa de genocidio social (austeridad fiscal) que fuese de su agrado”, explica Andrew Gavin Marshall.

Así, las élites europeas iniciaron una campaña para desestabilizar al gobierno de Silvio Berlusconi, lo que fue facilitado por sus numerosos escándalos de corrupción y a la creciente oposición popular a los ajustes. Según las encuestas, la renuncia de Il Cavaliere fue aplaudida por un 71% de la población.

Sin embargo, fue la presión de la burocracia europea – no la voluntad popular – la que llevó a la caída de Berlusconi. Una llamada de la canciller alemana Ángela Merkel al presidente italiano Giorgio Napolitano sentenció la renuncia del primer ministro italiano.

En su remplazo fue instalado sin consultar a la ciudadanía el técnico Mario Monti, asesor internacional de Goldman Sachs, presidente europeo de la Comisión Trilateral de David Rockefeller y también miembro directivo del Grupo Bilderberg. Mario Monti es quien ha impuesto recortes aún más duros que los de Berlusconi, con apoyo total desde las altas esferas de la Unión Europea.

Es ese el escenario que podría cernirse sobre España. Para La Mancha Obrera, es bastante sospechoso que un caso de corrupción que se extiende durante décadas, “estalle justo ahora en medio de una crisis estructural, con seis millones de parados y (cuando) la gente que empieza a estar hasta los güevos de tanto político ladrón”, viendo en una dictadura tecnocrática la solución.

También desliza que el ex Comisario Europeo, Joaquín Almunia, podría erigirse como jefe de un eventual gobierno tecnocrático.

Fuente :  Verdad Ahora

El salario mínimo español, entre los más bajos de la UE

La última gran subida la hizo Zapatero y el PP lo ha congelado
AMELIA RUIZ | 27/12/2012

Cuando Zapatero ganó las elecciones en 2004 el salario mínimo en España estaba en 500 euros a pesar de que Aznar y el PP habían presumido de una gestión económica existosa. Durante los ocho años de Gobierno de Aznar apenas sí se subió el salario mínimo, al igual que las pensiones mínimas a las que se aplica solamente la subida del IPC. Zapatero dejó el salario mínimo en algo más de 700 euros al aplicarles una ganancia neta de poder adquisitivo de un 17% (un 15% de subida). Las pensiones mínimas las subió un 30% en siete años. Rajoy no subirá el salario mínimo el año que viene, a pesar de que sigue siendo uno de los más bajos de Europa.

Más de mil euros en Irlanda
El salario mínimo interprofesional es de 1.202 euros en Inglaterra, de 1.398 euros en Francia, superior a los mil euros en Alemania y de 1.468 euros en Irlanda, país rescatado y que también ha sufrido la explosión de la burbuja inmobiliaria. En España es de 748 euros, uno de los más bajos de toda la Unión Europea junto con Portugal, que lo ha bajado a 566 euros y la República Checa que los tiene en 310 euros mensuales. El objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue dejar el salario mínimo al menos en un 60% de la media europea. Con la ‘congelación’ que aplica el Gobierno del PP volverá a retroceder al perder poder adquisitivo por la subida de la inflación.

Más productividad porque hay más paro y salarios más bajos
El Gobierno ha comenzado a presumir de que ha mejorado la competitividad en España, y el dato objetivo es cierto. Lo que no cuentan son las verdaderas causas: hay menos trabajadores para hacer el mismo trabajo y además cobran menos porque en casi todos los sectores se han bajado los sueldos. En definitiva, en España se ha mejorado la productividad a costa de aumentar dramáticamente las listas del paro de a costa de que los trabajadores vivan peor. Según datos oficiales, en 2012 la productividad media nacional ha mejorado un 3% como consecuencia de la caída del empleo en un -4,6%.

El PSOE pide que suba de acuerdo a la inflación
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno que suba el salario mínimo interprofesional entre un 3 y un 4,5%, dado que la inflación de este año está en un 2,9% y la que se prevé para el año que viene oscila en una horquilla entre el 1 y el 2,5%. Con la subida que propone el PSOE se neutralizaría la pérdida de poder adquisitivo de este año y la del año que viene.

El PSOE pide también al Gobierno que abra un proceso de negociación con los sindicatos y organizaciones empresariales para que el salario mínimo sea equivalente al salario medio equivalente en cada momento.

Zapatero congela pensiones, suprime el cheque-bebé y recorta el sueldo a los funcionarios

  • Medidas para bajar el déficit
    Zapatero congela pensiones, suprime el cheque-bebé y recorta el sueldo a los funcionarios

    El presidente del Gobierno saca la tijera y dice que estas medidas son “imprescindibles” y procuran ser “lo más equitativas posibles”. No descarta nuevas subidas de impuestos.

  •  El Gobierno español rebajará una media del 5 por ciento las retribuciones de los empleados públicos para este año y las congelará en 2011, además de suspender ese mismo año la revalorización de las pensiones.
  • Estas medidas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que expuso hoy en el Congreso de los Diputados el plan para acelerar la reducción del déficit público.

    Esfuerzo “especial, singular y extraordinario”

    El presidente español justificó las nuevas medidas para la reducción del déficit: un esfuerzo “especial, singular y extraordinario” que es necesario “precisamente ahora”, cuando se están viendo “signos” que ponen de manifiesto el inicio de la recuperación económica.

    “La situación es difícil, sería absurdo ocultarlo, pero este Gobierno no desfallecerá”, aseguró Zapatero.

    15.000 millones éste y el próximo año

    Estas medidas supondrán un recorte de 5.000 millones de euros (aproximadamente 6.300 millones de dólares) de gasto en 2010 y de 10.000 (12.600 millones de dólares) en el siguiente ejercicio.

    España se comprometió el pasado domingo, en la reunión de los países del Eurogrupo, a impulsar nuevas medidas para agilizar la reducción del déficit, de forma que este año baje en medio punto sobre lo ya previsto, hasta el 9,3 por ciento del PIB, y en un punto más de lo pronosticado en 2011, para ser del 6,5%.

    Recorte de sueldos públicos y del Gobierno

    La rebaja de los salarios de los empleados públicos será proporcional a los ingresos, es decir, que afectará más a los salarios más altos, y también se recortará en un 15 por ciento el sueldo de los miembros del Gobierno.

    Respecto a las pensiones, el Gobierno socialista de Zapatero suspenderá en 2011 su revalorización, excepto las no contributivas y las mínimas, como parte del plan de austeridad con el que el Ejecutivo pretende conseguir reducir el déficit público.

    Adiós al cheque-bebé

    Además, el Gobierno español suprimirá a partir del 1 de enero de 2011 el denominado cheque-bebé, la prestación de 2.500 euros (unos 3.100 dólares) por nacimiento, para reducir el déficit público y situarlo en el 3 por ciento del PIB en 2013.

    El presidente del Gobierno español también anunció que la ayuda oficial al desarrollo por parte de España se reducirá en 600 millones de euros (unos 760 millones de dólares) entre 2010 y 2011.

    Y avanzó que el Ejecutivo prevé que las comunidades autónomas y ayuntamientos realicen un ahorro adicional de su gasto de 1.200 millones de euros (aproximadamente 1.500 millones de dólares).

    Más impuestos para las rentas más altas pero sin concreciones

    Rodríguez Zapatero ha admitido que no descarta tomar medidas fiscales que exijan un mayor esfuerzo a las rentas más altas, cuestión que tratará con el resto de grupos parlamentarios, si bien dijo que será más complicado “con algunos”.

    Durante su turno de réplica en el Congreso de los Diputados, Zapatero ha respondido de esta forma al portavoz de ICV, Joan Herrera, que durante su intervención reclamó al Gobierno una fiscalidad más justa y progresiva para que la crisis no sigan pagándola los más débiles.

    El jefe del Ejecutivo dijo estar de acuerdo con Herrera en que las medidas para reducir el déficit exigen más equidad y un “esfuerzo mayor de aquellos que más tienen“, aunque no concretó qué nuevas actuaciones podrían afectar a las rentas elevadas.

    Al respecto dijo que la revisión de la fiscalidad se hablará “con un poco más de tiempo, de calma”, porque ahora tocaba reducir el gasto, en lugar de buscar un aumento de los ingresos.

    España, fuera de la recesión

    El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó hoy que España ha salido de la recesión al registrar entre enero y marzo un crecimiento del 0,1% con respecto al trimestre anterior.

    Aunque la comparecencia hoy en el Congreso ya estaba prevista, ésta se produce después de la conversación telefónica que mantuvieron ayer Zapatero y el presidente estadounidense, Barack Obama, en la que abordaron las reformas económicas que se adoptarán en España