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Tele 7 acaba de poner un marcha un ERE que afectará al 80% de su plantilla.Gürtel, José Luis Ulibarri, intentó impulsar en Valencia.

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VÍCTOR ROMERO VALENCIA La Real Academia de la Lengua recoge tres acepciones para la palabra crepúsculo. La tercera de ellas define el vocablo como la fase declinante que precede a final de algo. El sol brillaba mucho más cuando el empresario imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, presentaba en sociedad Tele 7, la cadena de televisiones locales de la que es accionista de referencia. Bajo los focos, en Feria Valencia, con Luis del Olmo como presentador y el jefe del Consell, Francisco Camps, de estrella política invitada, Ulibarri irrumpía en el año 2007 en el mercado valenciano del audivisual al tiempo que su constructora Begar comenzaba a hacer pinitos en el universo de las adjudicaciones públicas.

Eran otros tiempos. Ulibarri, junto a Camps, en la presentación pública de Tele 7..
Menos de tres años después, lo que se prometía como un negocio de futuro devenido por el próximo apagón analógico y la digitalización de la mundo de la televisión ha terminado en fiasco. Tele 7 nació con el pecado original de ser un proyecto de diseño marcado políticamente.
La propia Generalitat conminó a propietarios de pequeñas televisiones locales alegales a asociarse con Ulibarri y otros accionistas cercanos al poder para garantizarles la continuidad de las emisiones. En la sombra, el despacho de abogados Eius, en el que trabaja José María Michavila (hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps) preparaba los pliegos y giraba una factura de 150.000 euros. De esa joint venture cogida con fórceps nació Mediamed, la mercantil que resultó adjudicataria de 13 licencia de Televisión Digital Terrestre. De hecho Tele 7 se constituía en una televisión autonómica capaz de penetrar también el el mercado local.
Sin embargo la crisis económica, las batallas internas por el control de la empresa y, por último, la implicación de Ulibarri en el escándalo Gürtel han hecho derrumbarse a Tele 7 como un castillo de naipes. Fuentes del sector sostienen que el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por Mediamed para el 80% de su plantilla (90 de 108 personas) puede ser el primer paso para presentar concurso de acreedores, aunque otras fuentes ligadas a la Generalitat no creen que esto sea probable. Con los empleados acumulando nóminas sin cobrar y emitiendo programas enlatados o redifundiendo falsos directos ya emitidos varios meses, Tele 7 es hoy un proyecto en la cuerda floja.

Venta en Gandia
Algunas de sus televisiones locales han echado directamente la persiana. Es el caso de la emisora de Tele 7 en Gandia, sin licencia administrativa. Mediamed la ha vendido a un “grupo inversor” sin identificar, pero su nuevo director, José Codina, es un hombre del portavoz del PP en la capital de la Safor, Arturo Torró. El cambio de accionariado ha significado el final de las emisiones. Las fuentes consultadas sostienen que este podría ser a medio plazo el futuro de otras de las emisoras agrupadas bajo el paraguas de Tele 7.
De los negocios mediáticos de Ulibarri en la Comunitat Valenciana sólo parece salvarse el contrato de gestión que la sociedad Administración y Gerencia de Ondas 13 -participada por Ulibarri- tiene con el Ayuntamiento de Valencia para la televisión municipal. No habrá expediente de regulación de empleo para TMV. El ayuntamiento de Rita Barberá se cuida de mantener a flote económicamente su propia televisión.
La crisis del ladrillo deja tocada a la matriz de Begar
La crisis del ladrillo ha dejado tocada a la empresa principal de José Luis Ulibarri, Begar. La constructora del imputado en el caso Gürtel presentó el mes pasado suspensión de pagos con una deuda de 297 millones de euros y la previsión de despedir a 203 empleados. Las escasas perspectivas de rentabilidad y problemas de financiación han llevado a Begar a paralizar proyectos de viviendas e incluso obras públicas como el hospital de Llíria, proyectos del IVVSA o colegios de Ciega en Albaida y Tavernes de la Valldigna. Begar también ha abandonado el aparcamiento de la plaza.

Martín Beaumont asegura que Rajoy quiere “sentenciar” a Fabra El periodista logró 13 TDT con la mediación del Consell y colaboró en Canal 9

 

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s. pitarch valencia El periodista Antonio Martín Beaumont aseguraba ayer en su periódico digital que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió a mediados de julio(2013) en la Moncloa a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para proponerle que sea la candidata a la Generalitat en 2015 porque ya no confía en Alberto Fabra. Martín Beaumont no es un informador cualquiera: fue diputado autonómico del PP en Castilla-León y es padre de María Martín Revuelta(Asesora parlamentaria en Congreso de los Diputados)  , que concurrió a las elecciones generales de 2011 con el PP por la circunscripción de Valencia. Martín, hija, ocupó el duodécimo lugar de la lista, pese a no tener vinculación valenciana, y se quedó a dos puestos de ser diputada. Ahora trabaja de asesora en el Grupo Parlamentario Popular.
Martín Beaumont, que fue tertuliano de Canal 9 y accionista del grupo Mediamed (Tele 7) del imputado por la trama Gürtel José Luis Ulibarri, revela una supuesta reunión secreta entre Rajoy y Barberá que “sentenciaría” a Alberto Fabra. Según el periodista, el presidente de la Generalitat “tiene el partido manga por hombro fundamentalmente por su carencia de autoridad”.
Pero ahí no acaba el repaso de este informador al también presidente del PPCV, al que critica por “seguir metiendo el dedo en el ojo de los suyos”. “Y lo peor para el barón valenciano ya no es morir políticamente, sino que como siga haciendo enemigos en Madrid y Valencia nadie le llevará flores”, concluye.
Martín Beaumont es uno de los periodistas de la capital de España que mayor relación tiene con el diputado y vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. De hecho, fuentes populares vinculan esta amistad a que su hija fuera en la lista que el propio González Pons encabezó en 2011, pasando por delante de personas con “pedigrí” popular como Sergio Montaner, ganador de las elecciones municipales en l’Eliana, feudo del senador socialista Josep Maria Ángel, que mantuvo la alcaldía por un pacto con EUPV.
Según explican las mismas fuentes, su presencia en la candidatura causó estupefacción en el partido porque no es de Valencia y la lista ya incluía un diputado “cunero” como Ignacio Uriarte, también impuesto por la dirección nacional. Tal era su desconocimiento sobre María Martín Revuelta que el PPCV ni pasó su currículum a la prensa.
Aunque el puesto duodécimo no era de salida, sí que es un lugar suficientemente codiciado. Habitualmente la lista suele correr cuando los diputados de los primeros puestos son llamados a menesteres en el Gobierno. El problema que tuvo Martín es que Rajoy no ha confiado en muchos valencianos para estas responsabilidades. Eso sí, pudo ser recolocada como asesora del Grupo Popular en el Congreso.

Socio y accionista en Tele 7
Antonio Martín Beaumont fue tertuliano de Canal 9 durante la etapa de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. Además, fue accionista minoritario y consejero de la quebrada Mediamed, la empresa liderada por José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, que consiguió 13 licencias de Televisión Digital Terrestre en la Comunitat Valenciana.
Como contó este periódico, Mediamed (operaba con la marca Tele 7) consiguió las 13 TDT gracias a la presión ejercida por el Consell sobre otras empresas de comunicación que participaban en el concurso. El Gobierno conminó a estas sociedades a asociase con Mediamed y cederle el control de la mayoría del capital social. La empresa de Ulibarri, Martín Beaumont y otros socios fue constituida meses antes de que Esteban González Pons resolviera el concurso para el reparte de la televisión digital terrestre en la Comunitat Valenciana un 31 de diciembre de 2005.
Tele 7 iba a ser un televisión cercana al PP valenciano y que tenía permiso para emitir en 13 de las 14 circunscripciones locales.
Tras el estallido del caso Gürtel, Ulibarri fue imputado y cayó en desgracia. La situación de la televisión se complicó y la fuerte crisis económica acabó por espantar a todos los accionistas y acabar con su entrada en concurso de acreedores en 2011 y su liquidación en junio de este año.

Podria TV3 substituir Canal 9?

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El buit deixat per RTVV comença a provocar corredisses per ocupar-lo. Si el primer en oferir-se per fer una “televisió autonòmica privada sostenible” va ser Pedro J. Ramírez des d’Unidad Editorial, ara sembla que les opcions estan cada vegada més obertes i altres actors van movent fitxa.

Ramírez va mostrar es seves cartes immediatament, encara amb Canal 9 funcionant, i poc després una filtració publicada per Levante confirmava que darrere els aplaudiments editorials pel “valent tancament” hi havia interessos econòmics del grup mediàtic, que haurien pressionat Fabra via la direcció espanyola del PP.

Però Unidad Editorial encara no ha explicat com pensa fer viable econòmicament una televisió privada al País Valencià, amb els seus propis comptes en roig i després d’haver tancat ja un canal estatal, Veo 7, per deficitari.

També ha mogut fitxa el Grupo COPE –propietària de la ràdio del mateix nom i de 13TV- a través de la ja existent Mediterráneo TV, un canal fins ara amb una audiència mínima, en castellà i que dedica la major part del seu horari a retransmetre la programació de 13TV. Ahir mateix es feia públic que la televisió havia canviat de forma abrupta el seu director general per col·locar Vicente Andreu, ex-cap d’informatius de RTVV i molt proper al PP, sobretot a Lola Johnson, flamant secretaria de comunicació de la Generalitat. La intenció seria que el Consell o la Diputació de València subvencionessin part de la programació i quedar-se –pagats amb diners públics- alguns dels programes estrella de Canal 9, inclosa l’Alqueria Blanca.

Però sembla que els productors valencians tenen unes altres prioritats. I una de les primeres és TV3. La setmana passada, una delegació de l’associació de Productors Audiovisuals Valencians (PAV) –que agrupa la pràctica totalitat del sector- va viatjar a Barcelona per entrevistar-se amb la direcció de la CCMA i negociar la venda de produccions valencianes.

Entre les opcions més ambicioses contemplades per Ximo Pérez, president de la PAV, hi hauria, no només el retorn de les emissions de TV3 i els canals afins al País Valencià, sinó fins i tot algunes desconnexions territorials exclusives, el que permetria convertir el canal català en la televisió referent també al sud del Sènia.

Per tallar d’arrel aquesta possibilitat va haver de sortir el mateix vicepresident del govern valencià, José Ciscar, responsable polític directe del tancament de RTVV, qui va donar per mort l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i TV3 i va assegurar que aquesta no tornarà a les pantalles valencianes, entre altres coses “perquè no respecta les senyes d’identitat”.

Però fins a quin punt pot el Consell impedir que TV3 torni a emetre emprant la xarxa de repetidors d’Acció Cultural? Amb una sentència que invalida el veto del Consell i el suport majoritari dels socis d’ACPV, per ara l’únic escull reconegut és la negativa de la CCMA a passar el senyal per tal que es pugui retransmetre.

Levante –en una informació que ha passat desapercebuda a la premsa barcelonina- assegura que ACPV i ERC estarien pressionant Mas per forçar el retorn de TV3 al País Valencià. Segons aquestes informacions ACPV hauria entrat en contacte amb el Govern i ERC, i el propi dirigent republicà, Oriol Junqueras, hauria parlat amb el conseller de Presidència, Francesc Homs per tal de moure fitxa en aquest sentit.

RTVV tornarà

Mentrestant les mobilitzacions pel retorn de RTVV no s’han aturat, a pesar de les prediccions que asseguraven que el “souflé” baixaria aviat. Dimecres va celebrar-se una vetlla davant els estudis de Ràdio 9 i avui mateix una altra concentració davant el Palau de la Generalitat. Per molts municipis s’està produint una constant pluja de mocions i actes pel retorn de la ràdio i televisió autonòmiques i demà es produirà una altra mobilització massiva, aquest cop a Castelló, en motiu del 81è aniversari de les Normes de Castelló i que tindrà la qüestió televisiva com una de les seves reivindicacions destacades.

Con el PP, la deuda de RTVV pasó de 32 a 1.100 millones

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RTVV nació en 1989 cuando presidía la comunidad el socialista Joan Lerma. En 1995, el nuevo gobierno del PP de Eduardo Zaplana tomaba las riendas de un ente público audiovisual cuya deuda era de 32 millones de euros, (poco más de 5.300 millones de pesetas), con 653 trabajadores y un 18,5% de cuota de pantalla. Datos todos estos según los informes de la Sindicatura de Cuentas, el órgano encargado del control externo económico y presupuestario de las actividades de la Generalitat.

Zaplana llegaba a la presidencia con la intención de cargarse RTVV, al menos como radiotelevisión pública ya que, según declaró en una entrevista a ABC: “Quiero privatizarla en cuanto se apruebe la ley correspondiente”. En 2002, el todavía president consideraba que se estaban dando las condiciones para comenzar una cesión de la gestión de RTVV a manos privadas.

Con la llegada del PP al gobierno valenciano comenzaría un aumento considerable del número de trabajadores de la corporación. Hasta tal punto que cinco años después, en 2000, el gasto de personal se había doblado: 50 millones de euros cuando en 1995 era de unos 24. En 2009, el coste de las nóminas de los trabajadores ascendía a 81,3 millones de euros. En la actualidad, los 1695 trabajadores del RTVV suponen un gasto de unos 72 millones de euros.

Cabe reseñar que las dos cadenas más vistas de España, Telecinco y Antena 3 juntan entre ambas pocos trabajadores más que RTVV ya que Telecinco supera por poco los 1.000 trabajadores y Antena 3 tiene cerca de 800 contratados.

Desde algunas organizaciones sindicales y desde la oposición socialista se apuntaba a que, con la llegada del nuevo gobierno del PP en 1995 se comenzó a contratar gente más afín al ideario popular mientras que a los trabajadores que hasta entonces formaban parte de RTVV se les redistribuía en otros medios del ente y en tareas de menor importancia. José Ignacio Pastor fue vicepresidente de RTVV, a propuesta socialista, de 2003 a 2011. En unas declaraciones al diario El País, Pastor afirmaba que al llegar Zaplana “A los periodistas que consideraron rojillos los pasaron a Punt 2 y empezaron a contratar personas afines al PP, trabajadores a los que luego se regularizó con oposiciones a medida“. Zaplana declaró en 1995 en ABC que “la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas”.

Tras la marcha de Zaplana en 2002 y la llegada de Camps, se continuó con el aumento de plantilla y del consiguiente gasto en personal. En este caso, los hay que aseguran que Camps no quería que RTVV estuviera controlada por afines a Zaplana por lo que se continuó contratando gente.

Una plantilla amplia y mal utilizada

Así, al mismo tiempo que la plantilla crecía y crecía, el gasto en producción externa se incrementaba. Es decir, en RTVV trabajaba más gente y cada vez se compraban más productos realizados por productoras y empresas externas en lugar de apostar por la producción propia.

El gasto en producción externa fue, en 2006, de 57 millones de euros. En 2007, de 52 millones; en 2008, 54 millones. A este gasto habría que sumarle el incremento progresivo de gasto en personal, ya comentado.

La mala gestión, que ya dejan entrever estos números, se evidencia mejor si tenemos en cuenta el descenso en ingresos de RTVV. El ente público ingresaba en 2009 unos 45 millones de euros en concepto de publicidad y venta de derechos de emisión. En 2010 esos ingresos cayeron casi un 50%, hasta los 23 millones de euros. En 2011, los ingresos por publicidad y derechos de emisión de RTVV eran de 17, 5 millones de euros.

Con esa brecha tan grande entre gastos e ingresos es consecuencia lógica la deriva de la deuda del ente público valenciano que en 1995 era de 32 millones de euros con un saldo negativo en ese ejercicio de 16 millones de euros. En los años siguientes, 1996 y 1997, el déficit fue de unos 28 millones de euros en cada ejercicio. 1998 dejó en RTVV pérdidas por un montante de 47 millones de euros y 1999 elevó las pérdidas anuales hasta los 69 millones de euros.

RTVV, con el beneplácito del gobierno regional, aumentaba cada año su deuda y el déficit anual. Cada año la brecha entre lo ingresado y lo gastado crecía y nadie cambiaba nada.

En 2007, RTVV tuvo unas pérdidas de 206 millones de euros. 211 millones de euros fueron las pérdidas que generó RTVV en 2008. Esto no hacía cambiar de modelo ni de rumbo a la corporación que en 2009 cosechó unas pérdidas de 278 millones.

Los derechos deportivos, un agujero negro

Otra de las cosas que cambiaron en la gestión de RTVV con la llegada del PP al gobierno valenciano fue el gasto del ente público en derechos de emisión deportivos. Hasta 1995 el gasto en este apartado era de unos 11 millones de euros anuales.

En 1995, la nueva administración de RTVV decidió no sólo hacerse con los derechos de retransmisión de la Liga, sino también firmar contratos privados con equipos valencianos. El Sindic de Comptes entendía que Canal 9 se extralimitaba al llevar a cabo estos contratos pues entendía que su función debía ser la de retransmitir sus partidos y no la de gestionar sus derechos de imagen. RTVV firmó contratos con el Valencia por valor de 30 millones de euros, con el Villarreal por 25 millones y con el Levante por 12.

De 2003 a 2010,RTVV gastó 459 millones de euros en derechos de Valencia, Villarreal y Levante. En estos años de gobierno de Camps, RTVV obtuvo por la gestión de estos derechos 224 millones, con lo que el saldo negativo fue de 234 millones de euros.

En 1997 el gasto en derechos deportivos ya era de 31 millones de euros -triplicaba la cifra de dos años antes-. En 2001 ascendió hasta 46 millones. En 2007, RTVV destinó a derechos deportivos 81 millones de euros.

La crisis y el deterioro de las cuentas de la corporación obligaron entonces a reducir el gasto en este apartado. En 2010, se destinaron 24 millones de euros.

Sólo la compra de derechos de emisión de la Fórmula 1 para las temporadas 2010-2013 supuso un desembolso de 22 millones de euros.

Es evidente que por este camino, como sostiene el presidente Fabra, ni RTVV ni ningún medio en el mundo sería viable. Pero también resulta chocante que el presidente no eche la vista atrás y reflexione sobre la gestión de este medio exigiendo responsabilidades pertinentes. Por el contrario, ha descartado dimisiones políticas puesto que, según ha comentado, el gobierno regional “lo ha hecho lo mejor posible”. ¿En serio?

SOLIDARITAT INSTITUCIONALITZADA, LA SOLIDARITAT NO ES COSA DE LES PERSONES FÍSIQUES A VINARÒS

Segons publicacons aparegudes en el Grup de Facebook Vinaròs Contra els Abusos la solidaritat i recollida de aliments es cosa de les associacions i no de les persones físiques.

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Solidaridad, Caridad dos palabras que nuestros políticos suelen aprovechar por estas fechas para hacerse la foto. Por que una vez al año no hace daño.

Semblà ser que al Ajuntament del Vinaròs no li agraden les iniciatives ciutadanes fetes per ciutadans que s’autorganitzen per cedir part del seu temps per recollir aliments i productes bàsics per als més necesitats.

Per aquesta raó ha denegat el permís per realitzar la recollida d’aliments que ha realitzat EL GRUPO.

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EL GRUPO se dedica a reunir alimentos, ropas, mantas, medicinas, útiles escolares, etcétera, para distribuirlos a los vecinos de Vinaròs y alrededores que se encuentren en situación de necesidad.

EL GRUPO s’autodefineix com a laic, no partidista e independent.

Amb anterioritat ja van realitzar recollida de aliments que van donar a CARITAS I CREU ROJA.

 

Un grup de gent que es va organitzar per recollir aliments per als més necesitats el GRUPO, no podra ficar la parada al Carrer davant del Mercadona de Passeig Juan Ribera ja que la POLICIA MUNICIPAL els ha negat la autorització que van sol·licitar per ficar una tauleta, per no ser una ASSOCIACIÓ LEGALMENT CONSTITUIDA, Caritas, Creu Roja, partit polític (PP, PSOE), avui per demanar solidaritat als ciutadans no ho pots fer si no tens reglaments d’associació o partit polític.

Segons un post publicat en el grup VINARÒS CONTRA ELS ABUSOS, per un dels components de EL GRUPO, grup de gent que davant la greu situació que estem vivint van decir autoorganitza-se per tal de fer recollida de aliments i productes basics, sense tenir que dependre sempre de les vies convencionals ( partits polítics, esglesia (Caritas), o creu roja. La Ajuntament de Vinaròs nega el permis per fer recollida de aliments a les persones físiques que no es troben dins de una persona juridica legament constituida bé sigue partit polític o associació.

Post del Capitan Nemo en el Vinaròs Contra els Abusos.

VINAROS CONTRA ELS ABUSOS

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Me han llamado del Ayto. para NEGARNOS el permiso para instalar la mesa de EL GRUPO para recoger las donaciones. Por ser particulares y no una asociación constituída – es la excusa – no podemos pedir alimentos.

No me parece de recibo, y mañana estaré allí, a defender nuestro derecho y el de las personas que son el objeto último de nuestra modesta tarea.

Tendrán que echarme, y no dudo de que lo harán. Aviso por si alguien quiere bajarse del tren. O subirse, si estaba indeciso/a.

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El Mercat de Vinaròs compta amb una parada de recollida solidària per al Banc d’Aliments

09/12/13

L’edil de Benestar Social de l’Ajuntament de Vinaròs, Marcela Barbé, acompanyada de la regidora de Governació i Sanitat ,Mar Medina, ha inaugurat avui el punt de recollida d’aliments que com és habitual en els darrers anys s’ha instal·lat al Mercat municipal.

Barbé ha assenyalat que “des d’avui i fins al proper 21 de desembre els vinarossencs poden dipositar els aliments no peribles en el lloc número 15 del Mercat i que posteriorment seran donats al Banc d’ Aliments”.

Aquesta iniciativa és fruit del conveni entre l’Ajuntament de Vinaròs, la Diputació de Castelló i el Banc d’Aliments i l’edil destacava que “els aliments recollits a Vinaròs es repartiran entre les famílies necessitades de la ciutat”.

Per finalitzar l’edil recordava que ” fem com sempre una crida a la solidaritat dels vinarossencs perquè entre tots puguem fer possible que durant aquestes properes dates de Nadal tots puguem tenir aliments a la taula”

Roban en TVV un vídeo con una entrevista a un exdirectivo que implica a Cotino en Gürtel

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sergi pitarch valencia Las imágenes en bruto del reportaje que Societat Anònima hizo sobre RTVV y que no se emitió por contener declaraciones comprometidas sobre la pieza del caso Gürtel donde se investiga la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, ahora bajo secreto de sumario, han sido robadas de la televisión pública. El vídeo, según varias fuentes conocedoras del documento audiovisual, contiene declaraciones del ex jefe del departamento técnico del ente durante la retransmisión, Lluís Sabater, en las que acusa al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, de ser quien tuvo la idea de instalar pantallas gigantes en la ciudad, negocio gracias al cual la trama dirigida por Francisco Correa facturó 7,5 millones de euros a RTVV.
Parte de las cintas sustraídas fueron compradas por laSexta por 300 euros y han sido ofrecidas a otros medios de comunicación nacionales. Todavía no han sido emitidas. Desde el equipo de Societat Anònima mostraron su preocupación e impotencia por la circulación de estas declaraciones, tanto por el valor periodístico de las mismas que no podrán disfrutar, como por la importancia que pueden tener en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Cabe recordar que Lluís Sabater, la persona entrevistada y que salpica a Juan Cotino con sus afirmaciones, está imputado en el caso Gürtel y ya tuvo que declarar el pasado año en la Audiencia Nacional.
En concreto, Sabater explica en el vídeo que mantuvo una reunión con otros jefes de RTVV y Juan Cotino, en aquella época conseller de Agricultura, aunque muy involucrado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En ese encuentro, explica en la entrevista, es donde el actual presidente de las Corts insiste en montar pantallas gigantes por toda la ciudad de Valencia. La otra idea de Cotino, apuntan personas conocedoras del caso, fue la instalación de los 7.000 urinarios móviles, cuyo coste la Fundación para la visita del Papa todavía no ha sufragado a la empresa Acciona, como contó este periódico en exclusiva.
Un juzgado de Paterna investiga tras una denuncia de un particular el pasado lunes 2 de diciembre la sustracción de material en la sede de RTTV en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. El escrito de esta persona fue presentado el mismo día en que el vídeo empezó a circular y se ofreció a varios medios de comunicación.
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) prolongó un mes más el secreto de sumario que levantó sobre la parte que investiga la adjudicación a la empresa Teconsa, de la trama Gürtel, del montaje de las pantallas para la visita del Papa y otras tres piezas más. De los 7,5 millones que RTVV abonó a Teconsa, la mitad no se han justificado y los investigadores sospechan que se los repartieron miembros de la trama en comisiones y el ex director general del ente Pedro García.
El TSJCV está realizando nuevas pesquisas y ha interrogado en los últimos meses a nuevos testigos que pueden aclarar o ampliar la investigación, ahora secreta, para evitar la destrucción de pruebas. El secreto de sumario se levantó después de que un testigo, o dos, afirman algunas fuentes, aportara abundante documentación sobre RTVV, explicaron fuentes conocedoras de las investigaciones.

RTVV: historia de un fracaso

Amadeu Fabregat, Eduardo Zaplana, José Vicente Villaescusa, Jesús Sánchez Carrascosa, Genoveva Reig, Francisco Camps, Pedro García, José López Jaraba, Miquel Domínguez, Alberto Fabra, Alejandro Reig, Rosa Vidal y Ernesto Moreno

VALENCIA. La historia de Rádio Televisió Valenciana (RTVV) ha sumado a lo largo de 24 años una sucesión de protagonistas cuyas decisiones han ido marcando su evolución. Desde el equipo fundacional hasta el que va a ser el último, se ha ido tejiendo una urdimbre ante la que el Consell y los directivos de la empresa han tomado decisiones acertadas, otras controvertidas y muchas negativas sobre las que recibieron avisos desde hace más de una década.

Sólo la Sindicatura de Comptes, encargada de auditar las cuentas públicas valencianas pero sin competencia para sancionar, ya lleva denunciando desde 2003 los continuos desequilibrios patrimoniales de RTVV y reclamando un plan de viabilidad “a medio y largo plazo, al objeto de paralizar el proceso de deterioro”.

Del mismo modo, muchos medios de comunicación, no todos, han ido informando año tras año de la evolución de las cuentas y la gestión del ente sin que sus directivos ni los sucesivos gobiernos de la Generalitat se dieran por aludidos ni tomaran medida alguna para cambiar un rumbo que solo podía terminar como lo ha hecho.

Estos mensajes tenían un destinatario principal, el presidente de la Generalitat de cada momento y su Consell, además de los directamente responsables de la gestión, los presidentes y directores generales que la empresa ha tenido y que han ido ahondando el agujero por el que han escapado más de 1.200 millones de euros, dejado una deuda similar para el erario público y que ha terminado por condenar a la propia cadena a su liquidación por decisión del presidente del Consell, Alberto Fabra.

UNA GÉNESIS CON MÁS TENSIÓN POLÍTICA QUE ECONÓMICA

RTVV inició sus emisiones en septiembre de 1989 bajo el gobierno de l socialista Joan Lerma con dos responsables máximos al frente, el presidente del consejo de administración Enrique Linde y el director general Amadeu Fabregat. El enfrentamiento entre ambos no tardó en producirse por ver quién llevaba la voz cantante en la empresa.

La vida política de Linde estaba muy vinculada a la de Felipe Guardiola, socio de su despacho de abogados, vicepresidente del Consell (1982-1987) y portavoz del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes (1987-1991). El pulso en la radiotelevisión terminó por inclinarse en favor de Fabregat, llevando a la salida de Linde en 1991, al tiempo que Guardiola no renovaba en su escaño autonómico y se mantenía como senador hasta dejar la política activa en 1993.

La presidencia del consejo pasó en ese momento a manos de Manuel Prieto, que adoptó una actitud más institucional, dejando el día a día a Fabregat. Éste mantendría un estricto control de la cadena. Durante este periodo se produjeron distintas acusaciones de manipulación informativa, que llegan a concretarse en una condena. Sin embargo el fuerte de la cadena ewra el ocio y el entretenimiento.

AUDIENCIA AL ALZA Y EL COSTE CONTROLADO

En este periodo, Canal 9 consigue los mayores índices de audiencia de su historia, alcanzando el 22,5% entre 1990 y 1992. Su fuerte eran las retransmisiones deportivas, programas propios como el Show de Joan Monleón o contenidos infantiles, especialmente dibujos animados de éxito como Les boles del drac. Todo ello en valenciano.

La comptencia de las televisiones privadas y la vertebración de su red en la Comunitat Valenciana aceleró un ajuste de audiencia que en 1993 se sitúa en el 20% cayendo al 17,7% en 1994. Ésta empieza a ser la principal preocupación de Fabregat, que recibe duras críticas por su labor tanto desde dentro como desde fuera de la empresa.

La situación financiera de RTVV no era óptima, ya que la Generalitat tenía que cubrir el déficit creciente de la empresa, desde los 32,4 millones de euros en 1990 (el primer ejercicio completo) hasta los 45,7 millones de 1994. En todo caso, no dejó de mantenerse el equilibrio entre pérdidas y ganancias.

EL EFECTO ZAPLANA

La derrota electoral del PSPV-PSOE representó la salida de Fabregat, manteniéndose el presidente Prieto como consejero. Eduardo Zaplana asume el poder y decide ‘actuar’ sobre la radiotelevisión valenciana Jesús Sánchez Carrascosapara reorientar su línea editorial y favorecer la contratación de empresas externas para la elaboración de contenidos antes propios, como el espacio infantil A la babalà.

La nueva estructura de poder sitúa a Leonardo Ramón como presidente y a Juan José Bayona como director general. A pesar de que inicialmente no se producen cambios significativos en la programación (que en el caso de la televisión es responsabilidad de su nuevo director Vicente Tamarit), la audiencia agudiza su caída y lleva a Tamarit al cese y, después, a la dimisión de Bayona en 1996.

La entrada en la dirección general de José Vicente Villaescusa y, sobre todo, la designación del director de la campaña autonómica del PPCV, Jesús Sánchez Carrascosa, como director de la televisión significa un profundo cambio de planteamientos de la empresa, tanto en lo económico como en lo político y mediático. Se intenta competir con las grandes cadenas nacionales con la creación de nuevos programas con altos costes de producción que son sustituidos con gran celeridad si no son acompañados de una respuesta de audiencia.

Entre los que sí funcionan destacan los debates como Carta Blanca o su posterior versión Parle vosté, calle vosté, de los que surge la idea de una tertulia especializada en información ‘rosa’: Tómbola, el programa pionero de toda una forma de hacer televisión en España. Su objetivo era conseguir audiencia, sin reparar en medios ni contenidos e incrementando la programación en castellano.

TODO POR LA AUDIENCIA

Y se consigue, pero a un alto precio. En 1997, Canal 9 vuelve a captar una media del 20% de espectadores. Sin embargo, el Consell deja de cubrir íntegramente el déficit de explotación desde la llegada al poder del Partido Popular (PP) y RTVV comienza a acumular pérdidas, sin poder contraer deuda a largo plazo, ya que la ley lo prohibía.

La Generalitat mantiene una aportación que se mueve entre los 43,4 millones de euros en 1995 y los 42,1 millones de 1999, mientras que en ese periodo las pérdidas de explotación pasan de 59,4 millones a 111,7 millones. Al mismo tiempo, comienza el sobredimensionamiento de plantilla. De los 800 trabajadores que tiene en 1995, sólo dos años más tarde ya se sitúa por encima de los 1.000.

Parte de la plantilla que entró en época socialista empieza a denunciar presiones y se constituye un Comité de Redacción como contrapoder a la dirección. La respuesta de Villaescusa fue trasladar a algunos de los responsables a la puesta en marcha de un segundo canal, que empezará llamándose Notícies 9 en 1997 y, después, Punt 2.

Buena parte de la plantilla inicial pasa a este otro canal para realizar espacios de tipo divulgativo, documental y cultural. Se convierte en un excelente contenedor de retransmisiones de actos festivos y de series infantiles, pero exento de tensiones políticas. En este caso, la audiencia no es prioritaria ni se considera un aspecto crucial en su gestión.

LA EXPLOSIÓN DE DEUDA, PLANTILLA…Y GÜRTEL

Carrascosa deja la empresa en 1997 y le sucede José Forner, que en menos de un año es relevado por Genoveva ‘Vea’ Reig, colaboradora de la máxima confianza del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En poco tiempo, Reig marca la diferGenoveva Reigencia su propia línea de trabajo con la seguida por la cadena hasta ese momento.

La programación sigue concentrada en la búsqueda de la audiencia por todos los medios, el Comité de Redacción denuncia más presiones y aparece un marcado sesgo ‘pro zaplanista’ de la línea editorial de los informativos, al tiempo que se eleva el personal de la casa hasta los 1.800 empleados.

Entre 1997 y 2004, fecha de la dimisión de Reig, el déficit pasa de 73,9 millones de euros a 169,6 millones. La deuda, que ya puede ser ‘a largo plazo’ desde 2000, da un salto desde los 50,8 millones de 1997 hasta los 590,1 millones en 2004. Pero la audiencia no responde: cae al 17%, lo más bajos desde 1989. Además, comienzan las primeras vinculaciones con las empresas que más tarde serían acusadas de haber constituido una trama corrupta en el llamado caso Gürtel.

Por otra parte, Lola Johnson pasaría en 2004 a ser directora de Punt 2, en 2007 a la dirección de informativos de RTVV y, ya en 2009, directora de la cadena de televisión y del resto de sus canales para a continuación integrarse en el Consell de Francisco Camps como portavoz y consellera responsable de Cultura y Turismo.

La Sindicatura de Comptes, atenta al desarrollo de las cuentas del ente, empieza a reclamar en 2003 un plan de viabilidad que restablezca su reequilibrio patrimonial. La entidad, responsable de la auditoría de la Administración valenciana, lo seguiría haciendo año tras años sin que su demanda haya sido atendida hasta 2012. La situación de quiebra técnica de la empresa, denunciada ininterrupidamente año tras año por profesionales y medios privados de comunicación, no hizo mella alguna en la actitud de los directivos de la cadena ni de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, de quien dependían.

LA TELEVISIÓN DE LOS GRANDES EVENTOS

La llegada de Francisco Camps a la Presidencia de la Generalitat en 2003, tras el breve paso de José Luis Olivas por el cargo, trajo consigo la salida de Villaescusa en 2004, la continuidad de Emilio Fernández como presidente (designado en 2000) y el nombramiento como director general del periodista del partido Pedro García, ante el que Reig presenta su dimisión tras un profundo recorte de sus funciones.

La intención del antiguo jefe de prensa de Zaplana y ahora hombre fuerte de Camps es imprimir un sello propio a la dirección general, a diferencia de lo que habian hechos sus antecesores, con la excepción de Fabregat. Aunque el Comité de Redacción se había disuelto en 2000 por falta de representatividad, las acusaciones de manipulación y presiones políticas son constantes.

La gestión de García coincide con los tiempos de “poner a Valencia en el mapa” y RTVV se implica en el arranque de los llamados grandes eventos, como las prerregastas y rPedro Garcíaegatas de la Copa del América (2005-2009), la visita del Papa Benedicto XVI (2006) o el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia (2008-2012), por citar los más significativos.

Durante la gestión de García, la audiencia cae del 17% al 12%; la deuda pasa de los 590,1 millones de 2004 a los 1.159,6 millones de 2008; el déficit parte de los 169,6 millones de 2004 hasta situarse en los 245,1 millones de euros de 2008 y la plantilla llega a rondar los 2.100 empleados. El sumario del caso Gürtel también recoge con detalle las contrataciones durante todo este periodo de tiempo, por el que Pedro García ha tenido que testificar como imputado.

CAMINO DEL COLAPSO

Con una audiencia bajo mínimos, la crisis campando por toda la Comunitat Valenciana y la Generalitat arrojada a una encrucijada económica por la falta de fondos y a otra política por las acusaciones de corrupción contra el presidente Camps, el periodista José López Jaraba José López Jaraba y Lola Johnsonaccede al cargo de director general, procedente de la dirección del canal informativo 24 Nou, a donde había llegado un año antes desde el periódico ABC.

Durante sus cuatro años al frente de la cadena, López Jaraba ve abrirse casi todos los frentes. La empresa no levanta cabeza económicamente; el presidente del consejo de administración tiene que dejar el cargo tras apostar públicamente por la privatización y él recibe el encargo de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre casi dos tercios de la plantilla.

Además, el director de personal, Vicente Sanz, es acusado por varias trabajadoras de abusos sexuales, y el presidente de la Generalitat Francisco Camps es acusado de corrupción y tiene que dimitir forzado por su partido  tras las elecciones para sentarse en el banquillo por el llamado ‘caso de los trajes’, siendo posteriormente declarado inocente por un tribunal.

UNA GESTIÓN EN CRISIS PERMANENTE

Como resultado, la restricción generalizada del crédito no impide que el endeudamiento de RTVV supere los 1.200 millones de euros. La sustitución del presidente tampoco resulta sencilla, con el relevo de hasta tres personas en el cargo a lo largo de 2011 (Juan de Dios Navarro, accidentalmente la socialista Consuelo Catalá y, finalmente, Miquel Domínguez).

El expediente de regulación de empleo se salda sin acuerdo tras unas tensas negociaciones que vulneraron la legalidad en perjuicio de los trabajadores, según la posterior sentencia del TSJCV, y llevaron a la sublevación de parte del personal.

A su vez, en el presunto delito sexual, la dimisión de Sanz tampoco evita que se le reproche a Jaraba falta de decisión al afrontar la situación; y las presiones que se producen en la cadena desde la Generalitat ante las elecciones de 2011 y el proceso abierto contra el presidente terminan por completar el cuadro. López Jaraba dimite el 7 de diciembre de 2012.

La aplicación del ERE genera unas profundas tensiones con el personal de la empresa, cuyo comité de empresa denuncia la medida ante la Justicia alegando distintas causas de nulidad que se irán ampliando con las decisiones tomadas tanto por Jaraba como por sus sucesores en la dirección general, Alejandro Reig (2012) y Rosa Vidal (2012).

EL FIN DE LA HISTORIA

A pesar de que se habían fijado unos criterios para la selección de los trabajadores afectados, la dirección de la empresa empieza a repescar a afectados de forma arbitraria, según la sentencia. Alberto FabraSerá sin embargo Rosa Vidal quien afronte la presentación de un plan de viabilidad que incluye cerrar Punt 2 y redefinir diversos aspectos de la gestión de la empresa para racionalizar la gestión.

A través de una reestructuración mercantil, una sociedad asume los 1.200 millones de deuda, mientras que la nueva RTVV consigue hacer una previsión para el cierre del ejercicio 2013 sin registrar pérdidas por primera vez en su historia. Igualmente, se elabora un contrato programa con la Generalitat para fijar la financiación pública en 68 millones y externalizar buena parte de la parrilla.

Esta es la situación cuando el TSJCV declara nulo el ERE y, en unas horas, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decreta el cierre de la cadena alegando sus -innegables- problemas económicos. A pesar de la movilización ciudadana y la propuesta de viabilidad planteada por los trabajadores, el Consell se reafirma y Les Corts Valencianes votarán este miércoles con la mayoría absoluta del Partido Popular la ley de supresiónde  RTVV tras 24 años de emisión, certificando su propio fracaso político y empresarial labrado durante más de diez años por directivos y gobernantes más atentos a sus intereses políticos y personales que a los de toda la sociedad.

Operación Telefunken

FUENTE

VALENCIA. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) dejó de emitir este viernes a las 12 horas y 19 minutos. Habían pasado cerca de 18 horas desde que el Consell, reunido en una sesión extraordinaria, había ordenado el corte de la señal de Canal 9. Lo que en principio se urdió para que fuese una acción rápida acabó convirtiéndose en un asedio a un Centro de Producción de Programas en el que los trabajadores se atrincheraron hasta que la policía autonómica, con una orden judicial, les desalojó. De ahí, a negro.

La que podríamos bautizar como Operación Telefunken llevaba diseñándose desde hace días en el Palau de la Generalitat. Había que aclarar tres aspectos clave: el jurídico, el técnico y el político, y después fijar el día y la hora. Técnicamente ya se sabía cómo se iba a cortar, incluso se había contactado con un técnico externo a la casa para que ejecutase la orden.

Jurídicamente el departamento que dirige Cristina Macías, secretaria autonómica de Presidencia y responsable de la Abogacía, había dado el visto bueno a un elemento clave: cerrar antes de despedir a los empleados. Fuentes oficiales consultadas por este periódico aseguraron que los letrados de la Generalitat consideran que la opción de enviar a todos los empleados a casa con un permiso retribuido no conculca del Estatuto de los Trabajadores en relación a la obligación de la empresa de facilitar un puesto de trabajo efectivo.

Ya solo quedaba la decisión política. El jefe del Consell Alberto Fabra había sido taxativo en este terreno: Canal 9 se cerraba y se cerraba cuanto antes. Les Corts ya habían aprobado la derogación de la ley de RTVV y el siguiente paso era destituir al consejo de administración y nombrar a la tripleta de liquidadores que asumirían el mando e iniciarían todos los procesos de desmontaje de la radiotelevisión autonómica.

18.30 HORAS: LA REUNIÓN SECRETA DEL CONSELL 

Con todo listo, el presidente citó al Consell a las 18:30 del jueves al Palau de la Generalitat. La convocatoria se hizo de la forma más discreta posible y con un mensaje: nada de filtraciones. Que no se sepa. Los consellers llegaron a la calle Cavallers sin sus coches oficiales.

Desde el exterior, caída la noche ya sobre Ciutat Vella, nada hacía presagiar que en el interior del Palau había una reunión trascendental. En ese cónclave se iba a tomar la decisión de cerrar RTVV esa misma noche. La hoja de ruta, esa que formalmente no existía, se puso sobre la mesa: Poco antes de las doce de la noche se publicaría una edición especial de Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) con el nombramiento de los liquidadores y la orden de cese inmediato de las emisiones.

Todo estaba diseñado para que los tres responsables del futuro de RTVV se presentasen ya investidos de su autoridad y con la orden bajo el brazo en Burjassot a partir de medianoche. Si todo salía como estaba previsto, en el centro habría pocos empleados y la programación que se estaría emitiendo en ese momento eran enlatados. El cierre debía ser sencillo y sin oposición. Tenían que entrar en el control central y desconectar la emisión.

Pero algo se torció.

Sobre las 18:40 llegaron las primeras informaciones de que el Consell estaba reunido. Nadie confirmaba ni oficial ni extraoficialmente. ValenciaPlaza.com logró tras varias llamadas certificar la reunión. La noticia del encuentro extraordinario del Consell pasó a abrir este periódico poco antes de las siete. La estretegia del secreto había saltado por los aires.

Pese a que la Generalitat acabó reconociendo que se había celebrado el encuentro -la agencia Europa Press publicó una fotografía del vicepresidente José Císcar y del conseller Máximo Buch saliendo del Palau-, no hubo ninguna nota ni comunicado oficial. Lo que no pudieron negar fue que se había abordado el cierre de Canal 9 y que se había nombrado a los liquidadores.

La incertidumbre se adueñaba de los empleados de la televisión y la radio pública, que se preguntaban cuándo iba a llegar el cierre definitivo. Pero pasaron casi cinco horas hasta que se desveló la intención del Consell.

00.00 HORAS: RÀDIO 9 SE QUEDA MUDA

La chispa prendió a medianoche. Los técnicos de Abertis cortaron la señal del popular programa La Taula Esportiva tal y como se les había encargado. Esta emisora era la única cuya señal no dependía del ente, sino que estaba contratada a la multinacional. Era la más fácil de suprimir.

La noticia del cierre de Ràdio 9 se difundía a través de las redes sociales rápidamente. El programa más oído de la emisora desaparecía abruptamente para sus decenas de miles de seguidores y lo hacía justo en un día en el que Valencia CF había jugado un partido internacional y había ganado, con el interés mediático que eso suscita. Ese fue el primer error del Consell: Se habían quedado sin el efecto sorpresa.

Un WhatsApp, un mensaje de Twitter, un post en Facebook… las redes pusieron en alerta a la comunidad virtual valenciana. Pasados pocos minutos de la medianoche profesionales como el cineasta Maxi Valero colgaban en su muro de Facebook el acuerdo del Consell por el cual se decidía el cese inmediato de las emisiones de RTVV a través de todos sus canales.

Ese fue el segundo error del Consell. La precipitación en el cierre movilizó a los trabajadores de la cadena. En cuanto conocieron la noticia se dirigieron inmediatamente a los estudios de Burjassot. El mejor ejemplo, Rafa Molés y Genar Martí, que acababan de recibir un premio del diario Levante por su programa Societat Anònima y que estaban de celebración con todo el equipo del espacio.

Ambos se convirtieron en dos de los rostros de la noche, con sus conexiones en directo. Para la historia quedará la entrevista de Martí a Paco Telefunken Signes, pero eso ocurriría ocho horas más tarde. Martí también sería el último rostro conocido que pudieron ver los espectadores antes del apagón.

00.30 HORAS: REBELIÓN ANTE EL ABUSO 

Indignados por el subrepticio intento de cierre, los profesionales de RTVV se rebelaron ante lo que consideraban un abuso del Consell de Alberto Fabra. A las inmediaciones de Canal 9 llegaban actores, presentadores, veteranos periodistas… No les dejaron entrar. La policía autonómica tomó el edificio. Su constante presencia toda la noche puso de relieve el importante papel del conseller de Governació i Justícia Serafín Castellano en toda la operación.

Las vallas del recinto estaban cerradas. Los trabajadores que estaban dentro no podían salir. Los que estaban fuera no podían entrar. Se comunicaban a través de móviles. “No tengo batería” era el saludo más habitual a cada llamada. El tono de silbido por defecto del WhatsApp sonaba con frecuencia. Finalmente se abrieron las vallas y algunos trabajadores y fotógrafos consiguieron introducirse en el edificio de Burjassot. El resto se quedaron fuera, al frío de la noche. Cuatro grados y mucha humedad. Comenzaron a repartirse metros y metros de cable para poder hacer conexiones con el exterior.

FERRI TOMA LAS RIENDAS

Dos técnicos, el citado Paco Telefunken Signes y su sobrino Pepe, accedieron al centro en un coche de la policía autonómica. Tras un intento abortado de corte de las emisiones, a Telefunken se le escondía custodiado en la sala 032, en la planta baja, la famosa sala de espera del Tómbola y del Parle vosté, calle vosté. La policía autonómica bloqueó el plató 1. Mientras, en el estudio 3, Frederic Ferri ya había tomado las riendas de un informativo especial, el último programa de la cadena pública valenciana.

La alusión en directo de Ximo Puig al 23-F fue refrendada enseguida por muchos profesionales veteranos. “Es lo mismo, yo lo viví y es lo mismo”, aseguraba en la entrada de Burjassot un fotógrafo de un diario regional. La mayor similitud será una ventana.

Si los soldados golpistas desertores abandonaron el Congreso por una ventana, en esta ocasión fueron los periodistas, trabajadores y miembros de la oposición los que tuvieron que entrar por una, la única que la policía autonómica dejó desguarnecida, bautizada como “la ventana de la antena” por hallarse junto a un aparato de emisión.

04.15 HORAS: PRIMERA NEGOCIACIÓN

El Consell había anunciado a través de un medio afín que las emisiones concluirían a las cuatro de la madrugada. No fue así. Se esperaba la llegada de furgonas de la Policía Nacional, pero tampoco ocurrió eso. En torno a las cuatro y cuarto de la madrugada se producía la primera negociación entre el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, y el Comisario Jefe de la Policía Autonómica Valenciana, Miguel Álvaro Rodríguez Fernández.

Sería la negociación más tensa de las que mantendrían esa noche. Mifsud le pedía una orden judicial para dejarle acceder al control central. El comisario le indicaba que como policía autonómica él podía actuar en función de órdenes administrativas y judiciales. Mifsud no cede. Está cansado, lleva dos días prácticamente encerrado en RTVV, pero no cede.

–Esta situación no tiene precedente en ninguna democracia occidental; entiéndame. Pensad en todo lo que supone esto.

–Ése es un problema que a nosotros se nos escapa.

Pese a su comentario, Rodríguez consultó por teléfono.

Los trabajadores se iban incorporando al centro de Burjassot. Despedidos por el ERE, históricos de la cadena… Mientras el Consell se encontraba atascado, no había salido nada de la Operación Telefunken como esperaban, los trabajadores se planteaban una estrategia clara: aguantar hasta las seis y media de la mañana y poder entrar en directo en los informativos nacionales.

La llegada de Ferrán Garrido, reportero de RTVE, fue recibida con aplausos. Empar Marco, de TV3, que vive cerca de RTVV, realizó las primeras conexiones vía telefónica en chándal para después informar en directo noche, madrugada y día desde Burjassot para la autonómica catalana, la primera que pinchó la señal de Nou en su cadena. Canal 9 llegaba a Catalunya, aunque no por las razones que todos querían. Los medios convencionales se sumaron a las redes sociales. El hashtag #RTVVnoestanca logró superar los 2,3 millones de impactos.

05.50 HORAS: EL LIQUIDADOR CONTRAATACA

Poco antes de las seis Mifsud reunió a los trabajadores en grupos por los pasillos y les fue poniendo al tanto de las negociaciones. El liquidador de la empresa, Antonio Hervás, les había denunciado por ocupación ilegal en el juzgado de Paterna.

A las seis estaba previsto que llegase la orden judicial de desalojo. Mifsud tranquilizó a sus compañeros. “Os identificaréis, eso no conllevará más que una sanción administrativa, sin más, y os podréis ir; no os resistáis y no plantéis cara con violencia”.

La guerra estaba perdida pero la primera batalla se ganaba antes de la siete de la mañana. A esa hora les llegaba a los trabajadores de RTVV la confirmación oficial de que el juzgado había rechazado la orden sin un dictamen de la Fiscalía. Los trabajadores de Informativos y los técnicos aplaudieron.

Habían conseguido lo que querían: tiempo. Podrían emitir hasta las ocho, entrarían en directo en toda España. “Hablarán de nosotros en las tertulias”. La editora del informativo de mediodía, Pepa Beltrán, con la ayuda de toda la redacción preparaba las conexiones en directo para el Bon Matí. “Tenemos que trabajar como si fuera un día normal”.

A las ocho menos cuarto se produjo la segunda negociación de Mifsud con Rodríguez. El presidente del comité de empresa insistió en la orden judicial y el comisario le replicó que iría al juzgado y en un par de horas le llamaría.

“COMO LOS TERCIOS DE ALATRISTE”

Cerca de allí la veterana periodista Reis Juan charlaba con técnicos y periodistas que se encontraban en Burjassot como ella toda la noche. Todo el mundo hablaba del cansancio. “En mi caso no es físico, es mental”, comentaba Juan; “no sé si después de esta tortura volveré a ser una persona normal. Han sido dos años infernales, el ERE y ahora esto”, añadía. Uno de los técnicos evocó a los tercios españoles en la batalla de Rocroi, inmortalizados por Arturo Pérez-Reverte y la película Alatriste. “Somos como ellos; nos vencerán, pero nosotros resistiremos hasta el final”, sonreía.

Mifsud seguía informando a los trabajadores de cómo iban las negociaciones. Conforme llegaban las primeras horas del día sus hombros estaban más caídos, pero él intentaba mantener la cabeza alta, la serenidad, hablaba con voz tranquila y pausada. Los trabajadores formaban círculos en torno a él en los pasillos. “Cuando llegue la policía tenéis que apartaros; dejadles pasar. Ellos quieren acceder al control central; vosotros gritaréis pero ninguna agresión. Después nos desalojarán tras pedirnos la identificación”, explicaba.

Las cadenas nacionales ya estaban todas apostadas a las puertas del edificio. También centenares de curiosos y políticos de la oposición. La reja estaba cerrada y los periodistas que querían entrar y no estaban en turno debían saltar la valla que rodea al edificio. Así lo hicieron Amalia Sebastián, Clara Castelló o Julià Alvaro, entre otros.

Poco antes de la nueve de la mañana los trabajadores celebraron la segunda victoria. Paco Telefunken Signes se fue. El técnico contratado para apagar la televisión desistió. Genar Martí le entrevistaba antes de marcharse y se lo narraba a sus compañeros. Mientras editaba el vídeo, el resto de compañeros aplaudía.

La emisión del vídeo fue recibida con más aplausos por parte de los trabajadores y los invitados que se encontraban en el plató. El término berlanguiano se ajusta como un guante al de Gata de Gorgos.

El guionista Paco López Barrio resumía la situación en un post en su muro de Facebook: “Cuando escribía guiones para L’Alqueria Blanca no se me ocurrió imaginar un personaje como Paco Telefunken, reparador de teles de Gata de Gorgos. Decididamente no estoy a la altura de la propia realidad”. “El verdugo ha dimitido, como quería hacer el de la película de Berlanga”, bromeaba un técnico. En unas horas se creará una página de fans en Facebook que en menos de un día superará los tres mil seguidores.

SALDANDO CUENTAS CON EL PASADO

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo poco antes de la marcha de Paco Telefunken, con la llegada de Beatriz Garrote a Burjassot. Por primera vez en siete años RTVV entrevistaría a la portavoz de las víctimas del accidente del metro de la Línea 1. Los trabajadores de la cadena querían saldar las cuentas del pasado, hacer justicia en sus últimos minutos. La policía le impedía entrar pero Garrote y los periodistas de RTVV aprovecharon un fallo en la seguridad y la introdujeron a la carrera en el estudio 3, tras forzar una puerta de emergencia atrancada. Cuando Garrote accedió al plató el aplauso fue estremecedor.

A las diez Mifsud se reunió con los técnicos y les explicó que se especulaba con la posibilidad de que les cortasen la luz. En las redes sociales se estaba informando de que se habían iniciado contactos con Iberdrola para ello. Los técnicos aseguraban que podían aguantar una hora y después lo que durasen los grupos electrógenos. Las mismas fuentes que anunciaban el intento de corte de luz aseguraban media hora después que Iberdrola se había negado a interrumpir el suministro.

No fue el único rumor que circuló por los pasillos. Se habló de que desde el Consell se había sugerido apagar repetidores pero que Castellano lo había impedido porque eso habría supuesto dejar sin servicio al 112. Nadie intentó encontrar confirmación oficial. Ya no quedaban fuerzas para ello. Se limitaban a esperar acontecimientos mientras trabajaban.

11.00 HORAS: LA POLICÍA YA TIENE LA ORDEN

Mientras, los miembros del Consell y sus equipos, camino del pleno de Ibi, recibían inquietos las noticias que llegaban de Burjassot. En la Generalitat empezaba a cundir el pánico. La Operación Telefunken había fracasado estrepitosamente. La televisión se había rebelado. Les estaban avergonzando en directo una vez más. Tras una noche de infamia, les llegaba su primera buena nueva: La juez de instrucción del juzgado número 1 de Paterna, Nuria Martínez Barona, ordenaba sobre las 11 de la mañana el desalojo de los trabajadores de las instalaciones de Canal 9, tras recibir el informe favorable de la Fiscalía a las medidas cautelares solicitadas por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat.

El desalojo era ya inminente y, finalmente, las tensiones y las horas en vela hicieron mella y se produjeron llantos, escenas de dolor, abrazos. Mifsud miraba su móvil. Esperaba la llamada del comisario Jefe de la Policía Autonómica. Sólo quedaba negociar la salida. Los redactores de Informativos intentaban, pese a todo, cerrar la marcha de una unidad móvil al pleno de Ibi, para realizar una última retransmisión.

El pleno del Consell fue un poema. Fuentes consultadas hablaban este viernes del malestar de varios consellers por la gestión del cierre. Los consellers fueron recibidos con abucheos en Ibi y fueron despedidos con insultos. El envío de una nota de prensa por parte de Presidencia despertó la hilaridad de los trabajadores. El Consell aseguraba que la ocupación era un delito penal. Las risas y burlas se sucedían. Un abogado amigo de un periodista lo resumía con una frase: “Es una gilipollez tamaño folio”.

Los trabajadores comenzaron a hablar de futuro. Los que habían entrado a última hora de la madrugada, primera de la mañana, habían tenido noticia de que el departamento de Seguridad tenía en su poder ya de dos listados de trabajadores: uno de un centenar de personas que podían incorporarse y otro de más de 1.500 empleados que no podían acceder porque habían recibido el permiso retribuido para que no pudiesen denunciar ‘mobbing’.

Los próximos meses, durante la liquidación, sólo podrán acceder a las instalaciones este centenar de profesionales, básicamente administrativos pero también del departamento de Comunicación y de Multimedia, encargado de la web corporativa. Una productora de Informativos aseguraba que la televisión cerrada y sin emitir costará 150.000 euros diarios.

11.50 HORAS: LA ÚLTIMA NEGOCIACIÓN

A las 11.50 Mifsud volvía a dialogar con el comisario jefe, de nuevo en el pasillo de la planta baja, muy cerca del lugar dónde había estado escondido Paco Telefunken.

–Os entiendo–, le dijo el comisario–. Tengo familia en el paro y sé lo que es esto.

Mifsud y el comisario pactaron unos minutos para que él pudiese informar a los trabajadores.

–¿Qué necesitáis? ¿Diez minutos?

Mifsud asintió. Le costaba hablar. Los hombros estaban más caídos pero seguía intentando mantener la cabeza alta. Seguía mirando a los ojos. El comisario miró la hora en su móvil.

–Bien, son ahora las 11.50; a las doce subiré. Gracias por tu colaboración; me habían dicho que eras una persona razonable y la verdad es que lamento haberte conocido en estas circunstancias. Espero que podamos volver a vernos en el futuro.

–Sí, espero –murmuró Mifsud que a duras penas podía hablar.

El comisario quiso transmitirle calma:

–Dile a la gente que no se asusten, que aunque son policías de uniforme con porra y arma, nuestra intención es no intervenir.

Mifsud asintió, le dio la mano y volvió con sus compañeros. Mientras subía la escalera suspiró, respiró hondo e irguió la cabeza y los hombros, de manera casi imperceptible. “Bueno”, musitó. Ante sus compañeros, con sus últimas fuerzas, sereno, les resumió la situación. En la redacción de Informativos, en los estudios, en control central, en todo el edificio, comienza a aparecer el silencio.

ESTO ES EL FIN

Fueron pasando los minutos; los diez minutos se convirtieron en quince. La policía autonómica accedió al control central. Subieron por las escaleras traseras metálicas del centro de estudios de Burjassot hasta la primera planta. Allí les aguardaba un centenar largo de trabajadores de RTVV apostados en el pasillo.

Tal y como habían pactado Mifsud y el comisario jefe sólo se gritó. “No teniu vergonya, no teniu vergonya”. Los policías echaron a los técnicos. El comisario se quedó solo, en medio del control central, mirando a la gente con la orden judicial en la mano y cara de circunstancias.

Era un paripé. En otro lado del edificio, en la sala de máquinas, un operario de una contrata accionó las palancas de las dos UPS, las dos unidades eléctricas y dejó sin luz a la televisión. Se cortó la emisión, se cortó todo.

“Lo más gracioso es que podían haber interrumpido las emisiones desde un ordenador“, murmuraba un técnico de RTVV. “Son tan burros que ni sabían lo que tenían que hacer”, agregaba en alusión al Consell. No. En su lugar optaron por la medida más drástica, quitar la luz.

Cinco personas, cuatro técnicos de la casa y uno de la Generalitat, decía un operador, conocen el sistema para simplemente con apretar un clic de ratón cortar la señal de emisión de Nou y Nou 24. “Pero van y le han pegado un tiro”, se lamentaba. La Operación Telefunken había sido todo un dechado de ignorancia, desconocimiento e improvisación; la peor manera de resolver el cierre de RTVV.

Las consecuencias de la actuación policial fueron muchas. El cuadro de mandos dio un petardazo. Todo pasó a negro. Monitores. Ordenadores. Equipos. Y silencio. La derrota era eso: El silencio. Lo más sobrecogedor. De pronto alguien gritó. Un hombre maldijo. “Merda de país!”. Había sucedido lo imposible, lo que casi nadie creía que iba a pasar.

12.20 HORAS: DESPUÉS DEL APAGÓN

Llegaron los abrazos, los llantos, los intercambios de números de móviles. “Esto no ha acabado”, decía un cámara. Mifsud les invocaba a sus compañeros a salir “con la cabeza alta”. Afuera, en el exterior de los estudios de RTVV en Burjassot centenares de ciudadanos anónimos esperaban a los trabajadores. Tal y como iban saliendo les aplaudían, les animaban.

“Veinte años aquí”, murmuraba un técnico mirando el panel de control, “veinte años aquí…”. Como una mácabra broma, en un monitor se podía leer un mensaje: “No hay señal o es de poca calidad. Revise la conexión y posición de la antena”.

Un cámara y un redactor miraban las televisiones y ordenadores en negro del departamento de Informativos. “Se han cargado el sistema informático, el sistema técnico que incluye el Avid, las emisiones, los estudios…”, comentaban entre ellos.

En 24 años RTVV nunca se había apagado. Cuando sufrieron un sabotaje hace unas semanas, tardaron cinco horas en volver a ponerlo en marcha. Este viernes, a las ocho de la noche, ocho horas después del apagón, no habían conseguido reponerlo y seguía funcionando con la luz de emergencia.

Una redactora hizo una última fotografía al departamento de Informativos vacío. Después, bajó en silencio a la calle. La policía no hizo apremio para desalojar. No se pidieron identificaciones. Los trabajadores, una vez fuera del centro de producción de Burjassot, permanecieron en la zona de acceso a RTVV en único grupo, unidos. Les costaba salir. “Es como un sueño”, decía una productora.

Ya en la calle, la vicepresidenta del comité de empresa Salut Alcóver se abrazaba a un compañero, se escondía en su regazo, pero mostraba el rostro, que se viera que no lloraba. Los cámaras se hicieron fotos; durante horas habían filmado para las otras cadenas.

A Paco Garrigues, operador de equipos, montador, responsable de cabinas en los últimos años, le esperaba su hijo. Fue de los últimos en salir e hizo posible muchas cosas para la transmisión del informativo, como el acceso al material técnico. Su hijo le dijo lo orgulloso que estaba de él. Garrigues lloró.

Los coches que pasaban junto a los estudios de Burjassot pitaban como muestra de apoyo. Mifsud fue saludado por personas anónimas que habían acudido a animarles. Una compañera envuelta en lágrimas se abrazaba a él llorando. Salud Pedrós, exdirectora de Medios en la estructura creada por la exdirectora general, Rosa Vidal, fue al encuentro de Mifsud. Charlaron unos minutos en la puerta, amigablemente.

Lentamente se fueron yendo todos. Al final, en torno a las tres de la tarde sólo quedaban unos pocos curiosos mientras las televisiones nacionales realizaban las conexiones con sus informativos a la puerta del centro de Burjassot. El edificio quedó vacío, mudo.

La Generalidad valenciana pagará la deuda de Canal 9 hasta 2030

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La crisis de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) no ha hecho más que empezar. A pesar de que Canal 9 cerrará emisión en los próximos días, las arcas públicas de la Comunidad valenciana la tendrán presente en sus presupuestos durante al menos 17 años, hasta 2030.

Tal y como recoge El Economista, desde el pasado 2009 la Generalidad de Valencia se hace cargo de la amortización de la deuda de RTVV, que en 2012 ascendía ya a 991 millones de euros. Ante esta situación, el pasado diciembre el Gobierno de Alberto Fabra intentó reaccionar y amplió el fondo de capital social del viejo ente RTVV a cambio de asumir y avalar su deuda, que ascendía ya en mayo a los 1.062 millones de euros, con el objetivo de capitalizarla entre los acreedores y liquidar las deudas contraídas.

La problemática viene cuando los acreedores se negaron a que la Generalidad asumiera la deuda, con lo que los liquidadores del viejo ente se encontraron con el plan de Fabra bloqueado. A su vez, la deuda no se puede llevar a concurso y cerrarla porque todos los préstamos tienen el aval de la propia Generalidad, así que las entidades financieras podrían cobrarle al Gobierno de Fabra su deuda por anticipado, por temor a las pérdidas. Así pues, el campo de maniobra de la Generalidad se reduce a seguir abonando los vencimientos e intereses de la deuda, a la vez que se sigue negociando para que los prestamistas acepten el traspaso de la deuda a la Generalidad y poder así disolver el RTVV.

Por lo tanto, tras pagar el Ejecutivo de Fabra más de 120 millones de euros durante el pasado año, por medio del mecanismo estatal de pago a proveedores, faltarían 991 millones de deuda bancaria -como mínimo-. En 2013, la Generalidad amortizó según presupuestos más de 167 millones y para el próximo año la cifra asciende a más de 135 millones de euros más 20 millones en intereses.

Cabe destacar el dinero presupuestado para RTVV por la Generalidad, que desciende a 107 millones, con lo que los expertos consideran que puede haber habido ya acuerdo con alguna de las entidades financieras, que habría aceptado el traspaso de su parte de deuda a la Generalidad. Mientras tanto, el cierre de la emisión sigue su curso y está previsto que este miércoles se vote en el Parlamento autonómico

Telemadrid y Canal 9, marcadas por manipular

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“El desamparo te invade. Te hace sentir frío. Es terrible asistir a un atentado contra la libertad de información tan monstruoso, cuando ves a compañeros que vieron nacer esta cadena [en 1989] marginados, degradados…”. A Teresa se le escapa la frustración en la voz. La impotencia de tantos años de lucha yerma.

Teresa es Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa de Telemadrid. La cadena que se ha visto estigmatizada desde 2003 con un rótulo negro: manipulación. Mentira, desinformación. Entonces Esperanza Aguirre alcanzó la presidencia de la Comunidad, y entonces aupó a su ex jefe de prensa, Manuel Soriano, a director de la TV autonómica.
Telemadrid está manchada. Como Canal 9, la emisora valenciana. Las dos han sido las únicas corporaciones regionales denunciadas por sus trabajadores por vulnerar la neutralidad informativa. Y hay 13 televisiones en funcionamiento.

La protesta en la cadena madrileña estalló en 2005, cuando se emitió un reportaje sobre el 11-M que concluía con un anagrama de ETA sobreimpresionado en la pantalla, encargado por la dirección.
El reportaje soliviantó a la plantilla. Y desde entonces no paró. Llevó la “manipulación de la información y la intoxicación sistemática” a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que admitió a trámite la denuncia en enero de 2007 y citó a Soriano, que finalmente se negó a acudir. La Eurocámara cerró el expediente en julio, pero aconsejó a los trabajadores que trasladaran el caso a Estrasburgo y a los tribunales españoles. “No nos detendremos”, avisa García Cao. “Estamos estudiando muy seriamente acudir en breve a los juzgados nacionales”.

Los trabajadores se sienten reforzados por la inédita resolución de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que el pasado 14 de marzo condenó a Telemadrid por “faltar repetidamente a la verdad” en un reportaje emitido dos meses antes sobre el “coladero de Barajas”, un montaje descubierto falso.

Los cazadores reconocen su caza. Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó, conductor hasta el 13 de marzo de Diario de la noche. “He prevaricado. He pecado contra la libertad de expresión”, explicaba en su blog. “He aplicado durante 15 meses férreas normas de censura dragoniana [sic] en mi informativo”. “Sí, es cierto, manipulamos, pero es por una buena especausa”, reconocían tres redactoras, según los sindicatos, en su bitácora Pavoentelemadrid.blogspot.com, retirada el 22 de abril.

“Se respira la libertad”

Esas tres periodistas forman parte, añade el comité, de la “redacción paralela” que la dirección de Telemadrid ha forjado en los últimos años para aplacar las críticas de los profesionales rebeldes.

Los trabajadores han denunciado. Y también los ex directores generales de la cadena. Del PSOE, Jorge Martínez Reverte, y del PP (de la época de Alberto Ruiz-Gallardón), Francisco Giménez-Alemán, que ha acusado a la actual dirección por su “inmoralidad” y su “manipulación sectaria”.

En Canal 9, la situación se repite. En febrero, tres de los cuatro sindicatos llevaron a la Síndica de Greuges (la Defensora del Pueblo valenciano) una denuncia por “trato de favor al PP” que fue admitida a trámite el 13 de marzo.

Las direcciones de las dos TV han rechazado siempre las acusaciones y subrayan su “pluralismo”. “En Telemadrid se respira la libertad. Los que denuncian son cuatro trabajadores, todos militantes del PSOE y favorecidos por él. Ahí están los excelentes datos de audiencia del informativo de las 14 horas”. Es la voz del PP, la de su portavoz en la Asamblea, Benjamín Martín Vasco.

 

LA SOMBRA TAMBIÉN SE EXTIENDE A CANAL SUR

En el diccionario de la telemanipulación caben Telemadrid y Canal 9. Pero la sombra también alcanza a Canal Sur. La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), desde su lanzamiento en 1989, ha atraído sonadas polémicas, sobre todo alimentadas por el PP, crítico con la “política de trincheras de los comisarios políticos” de la autonómica.

Los populares encontraron la pasada semana un inmejorable argumento para atizar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al director de RTVA, Rafael Camacho, ex portavoz del Gobierno andaluz. El Consejo Audiovisual de Andalucía –el de más reciente creación en España, tras Catalunya y Navarra– reconoció en una resolución notificada el pasado 21 de abril que Canal Sur había incumplido los principios de “neutralidad y pluralidad informativa” en la campaña del 9-M. La decisión contó con el apoyo de los consejeros de PP, IU, PA y del presidente, y el no de los vocales del PSOE.

La RTVA salió en tromba contra el Consejo por entender que asumía “como propios” los acuerdos, aún no firmes, de la Junta Electoral andaluza, que atendió en campaña ocho reclamaciones de los partidos de la oposición”.