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Por una democracia del común. Entrevista a Michael Hardt

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Declaración, el último libro de Michael Hardt y Toni Negri, ha sido escrito al calor de la serie de «revoluciones conectadas» que irrumpieron en el 2011: Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street. La obra está constituida por algunas ideas extraídas de las prácticas que se generaron en estas revueltas y que pueden ser útiles para impulsar el paso de un llamamiento a rebelarse contra la crisis y la falsa democracia, a la constitución de una nueva sociedad. Es decir, a la creación de instituciones y nuevos derechos a partir de los prototipos organizativos que se han dado en las redes y las plazas.

Revueltas en Turquía, junio 2013

Las obras anteriores de los autores –Imperio, Multitud y Commonwealth– han constituido una referencia fundamental del pensamiento político actual. Lo que las distingue de la pura especulación filosófica o académica es la articulación de sus autores con los movimientos sociales y las luchas reales del ciclo global de conflictos todavía en curso.

Para contribuir a esta tarea, la Fundación de los Comunes –en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo Reina Sofía de Madrid– ha organizado una ronda de charlas con Michael Hardt, bajo el título de Común y poder constituyente, con el objeto de abrir discusiones públicas en torno a las cuestiones planteadas en el ensayo Declaración.

En esta entrevista, desde la Fundación de los Comunes preguntamos al autor sobre los movimientos contra la deuda como importante derivación de estas revueltas y respecto a su relación con la construcción de una democracia real basada en el común.

 

En Declaración planteáis que estudiar la deuda desde la posición de los endeudados resulta útil para entender el proceso de mercantilización de los derechos. ¿De qué manera transforma la deuda el vínculo entre ciudadanía y derechos?

Nuestras sociedades han pasado de un sistema basado en el bienestar (Welfare) a otro basado en la deuda (Debtfare). Las necesidades básicas para la vida que debían ser cubiertas por la estructuras del Estado del Bienestar ahora son solo accesibles mediante el endeudamiento personal. Necesitas un préstamo para estudiar en la universidad, adquirir una casa o ser atendido en un hospital. Es una grave injusticia que estas necesidades vitales queden además fuera del alcance de muchas personas. Pero lo importante es reconocer la naturaleza social y colectiva de este fenómeno, que forma parte de un proceso neoliberal más general en curso desde la década de 1980, intensificado en años recientes. Las luchas contra la deuda se basan hoy en reconocer que endeudarse no es una elección personal, mucho menos el resultado de un frívolo gasto excesivo. Se trata más bien de un fenómeno socialmente determinado. Cuando reconocemos que no estamos solos en nuestro endeudamiento podemos empezar a luchar juntos.
Judith Butler ha propuesto la «fragilidad» como el punto de partida para una alianza política que ya no se basa en la homogeneidad, sino en las diferencias. Esta idea parece sugerente dada la compleja composición del «99%», el «nosotros» que hablaba en Occupy. La proliferación de la confianza y el apoyo mutuo, rechazando la disciplina de la homogeneidad, ¿son ahora condiciones para organizar la revolución? ¿Cómo articulamos la relación entre el uno y el muchos, partiendo de nuestra condición finita, dependiente y vulnerable, contrarrestando el aislamiento que produce la individualización?

Es importante combatir los dispositivos de individualización masiva que aíslan a las personas haciéndolas sentirse responsables e incluso culpables de su propia subordinación, abandonadas en su impotencia. La deuda es un dispositivo que produce este tipo de individualización mediante la retórica de la autosuficiencia individual. Pero sería erróneo obsesionarnos con nuestra victimización. Mediante redes de cooperación social podemos desplazar la perspectiva de la dependencia individual a la interdependencia colectiva. No se trata de imaginarnos inmunes, sino de crear un contexto social en el que podamos sentir una seguridad real. En la relación de unas personas con otras nuestras vidas pueden dejar de ser precarias. Los movimientos recientes contra la deuda en Estados Unidos, España y otros lugares han generado poderosos efectos de desindividualización: no solo bloquean la amenaza acreedora, sino que también –y esto es aún más importante– construyen redes autónomas de interdependencia y apoyo. Me gusta pensar en términos de «poder de la interdependencia». Sin embargo, huir del individualismo forzado de la sociedad del débito no significa fundirse indiferenciadamente en la masa. El asunto plantea un reto teórico y político importante. Tenemos que demostrar que el individuo aislado no es el único espacio de la diferencia, pero también que nuestras redes de cooperación social autónoma funcionan porque somos diversos y solo perduran en la medida en que nos permiten seguir siéndolo.
¿Cómo opera el «comunero», el sujeto que a vuestro juicio produce «el común»?

Resulta útil pensar al comunero como alguien que no solo hace uso o participa del común, sino que también lo produce. El común debe ser producido y reproducido continuamente. Todo lo que es común o susceptible de devenir común —incluso el agua, la tierra y los bosques— forma parte, siempre, de una relación de cuidado e interacción. También las formas inmateriales de lo común —las ideas, las imágenes y los códigos— deben ser producidas y de tal manera que puedan ser compartidas de forma sostenible. En una escala mayor, debemos pensar en la metrópolis misma y en todas las relaciones sociales insertas en ella como una gigantesca producción y un vasto reservorio del común. El punto clave es entender que el común no es espontáneo ni automático, que necesita del comunero que es quien lo produce y sustenta.
¿Cómo se organiza ese común que no es privado pero que tampoco responde al imaginario de lo público-estatal presente en las demandas de parte de los movimientos y del pensamiento de izquierda?

El común no se define sencillamente por la falta de control privado o estatal, sino también por el establecimiento de un modo de gestión alternativo: la autogestión democrática colectiva. Tales prácticas de autogestión son lo que Toni Negri y yo llamamos «instituciones del común». Mientras algunos sostienen que el común puede ser gestionado únicamente por comunidades claramente delimitadas y reducidas, nosotros concebimos un común definido por el libre acceso y la participación expansiva. El común se debe caracterizar no exclusivamente por la homogeneidad en pequeña escala, sino también por la mezcla y la pluralidad en una escala mayor. Esta discusión es paralela a una conocida divergencia en las teorías sobre la democracia. Hay quienes sostienen que una democracia real solo puede funcionar en el marco de unas comunidades reducidas y limitadas, mientras otros —entre quienes nos incluimos— imaginamos y luchamos por la democracia de una población a gran escala, heterogénea y activa. Tal democracia real no existe aún de un modo significativo y su realización futura no está en modo alguno garantizada, pero constituye el horizonte —una estrella que guía en la imaginación política— para un número cada vez mayor de personas alrededor del mundo. Una democracia real y unas relaciones abiertas y expansivas del común son promesas por las que debemos luchar.
¿En qué estado se encuentra la organización del movimiento contra la deuda en Estados Unidos después de Occupy? ¿Te parece que las iniciativas contra la deuda se pueden considerar un «comunero colectivo» en oposición al «capitalista colectivo»?

Existen numerosas campañas contra los desahucios organizadas a nivel local en Estados Unidos, pero el proyecto contra la deuda de coordinación más extendida es Strike Debt. Uno de sus aspectos más útiles es la manera en que reúne las luchas contra diferentes formas de deuda: estudiantil, sanitaria e hipotecaria.

Sin duda, iniciativas como también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España y otras similares crean un común en la medida en que combaten la segregación de la ciudad fragmentada y privatizada, y dotan a las personas de herramientas con las que crear espacios comunes para vivir. ¿Qué significaría hacer realmente una metrópolis común? Es una cuestión de peso difícil de responder. No me cabe duda de que Strike Debt o la PAH ofrecen parte de la solución.
¿Dónde radica la posibilidad de romper con la individualización del tiempo, para afirmar una temporalidad de los «comuneros»? ¿Cómo podemos romper con la temporalidad de la deuda y afirmar un tiempo de la compartición, organizando la vida en común?

Para constituir una nueva temporalidad, tenemos que empezar por investigar la naturaleza del tiempo en que vivimos hoy. El historiador E. P. Thompson teorizó cómo la industrialización conllevó un cambio en nuestro «tiempo interno». Mientras anteriormente se medía el tiempo en términos de ciclos naturales y tareas materiales, el dominio de la industria introdujo una medida homogénea y regular del tiempo que se propagó desde la fábrica hacia toda la sociedad. Thompson señala también que el movimiento obrero industrial dedicaba una parte importante de su esfuerzo a las luchas sobre el tiempo. La lucha por reducir la jornada laboral operaba en el terreno de la temporalidad industrial. Thompson propone reconstruir nuestro sentido del «tiempo interno» en términos de qué hacemos, cuáles son nuestras prácticas cotidianas y cómo cooperamos productivamente unas personas con otras. Es una tarea difícil, pero este me parece por lo menos un punto de partida. El estallido de la fábrica como modo de producción ha dado como resultado una fragmentación de tiempos de la producción. La temporalidad del sujeto endeudado forma parte de esta nueva pluralidad. Tenemos que dar cuenta en detalle de los diversos modos de producción y de cooperación de los sujetos endeudados, para poder identificar cómo constituyen en concreto su sentido del «tiempo interno» e investigar qué potencialidades de revuelta se abren en este terreno.

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163 altos directivos del BBVA podrán cobrar un bonus del 200% del sueldo

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Los accionistas del BBVA votarán el mes próximo si el bonus de sus principales directivos puede alcanzar el 200% de su sueldo fijo, el máximo legal. La entidad que preside Francisco González será la primera de España que apruebe elevar el tope del 100% fijado con carácter general por las normas comunitarias y españolas desde el año pasado. Para eso, necesita que lo apruebe la junta de accionistas del próximo 14 de marzo, a la que se somete un listado de 163 cargos que tendrán la posibilidad de cobrar ese superbonus. Los demás bancos harán lo propio cuando llegue el momento de convocar sus respectivas juntas, según fuentes financieras.

Entre los cargos escogidos del BBVA se incluyen los consejeros ejecutivos y miembros del comité de dirección, esto es, la cúpula del banco; empleados del área de banca de inversión y corporativa, miembros de la dirección financiera, los directivos de la filial en EE UU y los máximos responsables de banca minorista.

El banco explica que el importe máximo estimado que podría alcanzar el nivel superior de retribución variable de las 163 personas indicadas sobre la retribución total fija del ejercicio sería de 70,8 millones para 2014, por lo que concluye que elevar el límite del bonus al 200% no afecta al mantenimiento de una base sólida de capital del banco. La posibilidad de pagar superbonus no implica que estén garantizados.

El presidente del banco, Francisco González; el consejero delegado, Ángel Cano; el consejero de Regulación, José Manuel González-Páramo, y los otros 13 miembros del comité de dirección, incluidos los responsables de banca minorista en España, México y EE UU están entre los favorecidos por esa elevación del límite. Otros ocho responsables de banca minorista en otros tantos países también están en la lista, así como tres altos cargos de la dirección financiera del grupo.

El banco explica que se han incluido directivos de áreas geográficas donde se da mucho peso a la retribución variable y no hay límites a la misma, como es el caso de EE UU, donde 31 directivos de banca tradicional podrán tener un bonus del 200% de su sueldo. Pero la palma se la lleva el departamento de banca corporativa y de inversión, la élite de los banqueros, los ejecutivos más cercanos a los mercados (Bolsa, deuda, divisas…) y a la financiación de las grandes empresas e instituciones (estructurados, emisiones de deuda pública, renta fija corporativa, préstamos sindicados…). Se propone a la junta que más de un centenar de ellos pueda recibir superbonus, que son habituales en esas áreas de negocio.

El banco publicó este viernes el informe de remuneraciones de 2013, que muestra que el presidente del banco, Francisco González, ganó en total 5,167 millones, un 1% más que el año anterior, con una retribución fija en metálico de 1,97 millones y un bonus del 162%, cerca de 3,2 millones, a pagar mitad en metálico y mitad en acciones y de forma en parte diferida. El consejero delegado, Ángel Cano, ganó 3,751 millones, incluyendo un bonus del 113% del sueldo fijo. El total sube a 4,8 millones al sumar los 1,07 millones que el banco aportó a su fondo de pensiones, una cifra muy inferior a los seis millones que aportó en 2012 por ese concepto. Cano acumula ya un fondo de 23,6 millones. El tercer consejero ejecutivo, González-Páramo, ganó

660.000 euros en siete meses. Por su parte, los 13 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos ganaron 17,9 millones de euros, una media de 1,4 millones.

El Consejo también propondrá a la junta un plan de retribución variable en acciones para 2.200 directivos dotado con un máximo de 18,5 millones de títulos, valorados en 167 millones a precio de mercado actual. De ellos, 584.000 acciones pueden destinarse a los consejeros ejecutivos y 1,22 millones, a la alta dirección.

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès eluden la cárcel tras devolver sus pensiones millonarias

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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a tres exdirectivos al considerar que, aunque su conducta fue “maliciosa e insidiosa”, han reparado el daño devolviendo los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.

El magistrado considera que los cuatro -Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas– han incumplido los deberes de cualquier administrador cometiendo el delito de administración desleal y “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja” antepusieron sus intereses personales a los societarios.

El juez José María Vázquez Honrubia ha tenido en cuenta, como atenuante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su  culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro exdirectivos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.

Ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado, ni las acusaciones particulares van a recurrir la sentencia. Tampoco lo harán las defensas de los condenados.

Admiten el delito y devuelven el dinero

Al inicio de la vista celebrada Pagés, Troyano, Abella y Caellas se han dirigido a la Sala para asegurar que han devuelto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar.

Los cuatro acusados han reconocido ante el tribunal los hechos. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, el fiscal ha recordado que la Fiscalía “tenía razón en este asunto”. “Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio”, ha indicado.

Por su parte, las otras tres acusaciones personadas -BMN, el FROB y Fundación Pinae- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados  y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. Desde 2001, los exdirectivos “se autoconcedieron” derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Pensiones de más de 31 millones de euros

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999  euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Caixa Penedès se fusionó en 2010 a Caja Granada, Caja Murcia y ‘Sa Nostra’ Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder sus millonarias pensiones, los cuatro exdirectivos buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas, como negar información a BMN. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, “controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas”, y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

Sonora pitada de un centenar de personas contra la planta Castor

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Cerca de un centenar de personas se han concentrado este jueves en la plaza Parroquial de Vinaròs (Castellón), donde se ubica el Ayuntamiento y la iglesia Arciprestal, a las 20.00 horas en un nuevo acto de protesta en contra del proyecto Castor.

A la convocatoria, realizada por Internet por la Asamblea Ciudadana de Vinaròs, con el apoyo de otros colectivos, han llevado a cabo una “pitada popular” una hora antes del pleno ordinario del consistorio vinarocense.

Esta pitada ha sido convocada a raíz del informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que vincula este proyecto con el prolongado episodio de movimientos sísmicos sufridos en el norte de Castellón y sur de Tarragona el pasado otoño.

Durante la concentración, se ha pedido el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto, que no se pague la indemnización a Escal-UGS y la depuración de responsabilidades políticas.

La asamblea ha lamentado la “falta de sensibilidad hacia la problemática de los terremotos mostrada por los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs que han preferido hacer campaña electoral a reunirse con los alcaldes de los pueblos afectados por Castor”.

Bankia acude a Rothschild para vender las participadas

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Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos
Iberia reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica
Técnicas Reunidas logra un contrato para una refinería en Rusia por 1.100 millones
– Afectados de Fórum y Afinsa: “¡Concursales, criminales”
– En España hay hoteles de 4 y 5 estrellas a 25 y 57 euros
– El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa
Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
– Rosell: “La corrupción se ha cargado en dos semanas la imagen de España
Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo
Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación
– La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros
– Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades
Acebes ganó 216.000 euros en ocho meses por estar en el consejo de Iberdrola
– El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios
– Un sobrino de Felipe González cobró de los ERE
– Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE
– El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes
– El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol
– Interior investiga decenas de informes sobre el espionaje político catalán
– El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3
– La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios
– Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel
– El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”
– Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza»
La recesión en la eurozona se agravó en el último trimestre del 2012, según los datos de Eurostat. El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de los 17 países del euro cayó el 0,6% en el cuarto trimestre respecto al precedente, el triple de lo esperado por la Comisión Europea. La eurozona acumula así tres trimestres consecutivos de caída del PIB. Los diarios coinciden en atribuir este descenso, en buena parte, a los resultados de Alemania y, en menor medida, a los de Francia. España mantuvo su tendencia a la baja con una caída del 0,7% entre octubre y diciembre respecto a la registrada en los otros trimestres. El portavoz económico de la Comisión Europea, Simón O’Connor, dijo que los datos “son peores de lo esperado en varios países”, aunque, añadió, “mejores de lo esperado en otros, como España”.

La Comisión Europea aprueba el paquete legislativo para la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, en once países de la UE. Cuando entre en vigor, el Ejecutivo comunitario calcula que España podría recaudar hasta unos 5.000 millones de euros anuales.

Ya en España, el Gobierno destinará 3.485 millones hasta 2016, casi mil al año, al programa contra el paro juvenil, que estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según anunció ayer en un comunicado conjunto el Ministerio de Empleo, UGT, CCOO y la CEOE. Con el plan se pondrán en marcha una serie de medidas, de las que quince serán de choque, con un plazo de aplicación de más de cuatro años. Un segundo bloque de actuaciones, a más largo plazo, abordará aspectos relacionados con la formación y orientación de los jóvenes, entre otros.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer en eximir al Banco de España de cualquier responsabilidad en el hundimiento de Bankia, como ya hiciera el pasado verano en el Congreso. Ordóñez reconoció que el Banco de España “perdió el control” de la crisis de Bankia cuando el Ministerio de Economía entró en escena para no aceptar el plan de recapitalización presentado por Rodrigo Rato. Según dijo, la intervención del Ministerio no le gustó, pero terminó aceptándola “por responsabilidad”. En otro momento, el exgobernador señaló que “el Banco de España no confíaba en Rato”, debido a su inexperiencia en el sector bancario.

Hablando de Bankia, esta mueve ficha para acelerar la venta de sus participadas. Con el fin de facilitar una desinversión ordenada de su cartera de cotizadas, ha contratado a Rothschild para que haga de intermediario entre la entidad y los bancos de inversión que quieran participar en la venta de cada uno de los bloques industriales. “Es un proceso muy complejo y necesitan a alguien que asesore al consejo de administración para la venta ordenada de cada una”, señalan fuentes del proceso. “Rothschild es una entidad sin balance y, por tanto, no está expuesta a posibles conflictos de interés”, añaden las mismas fuentes. Bankia tiene que deshacerse de toda su cartera de participadas, también de las que no cotizan en bolsa, para cumplir con el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas a finales de noviembre del año pasado. Entre los paquetes accionariales, que tienen un valor bursátil de unos 3.000 millones de euros, se encuentran Mapfre, Indra, NH Hoteles, IAG, Deoleo o Iberdrola, entre otros, según Expansión.

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos. Abertis está dispuesto a desprenderse total o parcialmente de su actividad aeroportuaria, un negocio que ha dejado de ser estratégico para el grupo español de infraestructuras, dice Expansión.

Iberia cancela 415 vuelos por la huelga de la semana próxima. Reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica. Iberia disminuirá su negocio para asegurar su rentabilidad si considera excesivo el laudo, según El Economista.

Las empresas españolas de construcción siguen mostrando su músculo en el exterior. El último ejemplo es el de Técnicas Reunidas, que se ha adjudicado un megacontrato de más de 1.100 millones de euros para la refinería que Lukoil construye en Volgogrado, en Rusia. Con este proyecto, la compañía considera que refuerza su presencia en Rusia y su «compromiso» con Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, además de dar un paso más en su internacionalización, señala ABC.

Unos doscientos afectados de Fórum y Afinsa han cercado las oficinas de la administración concursal de una de las empresas de sellos. Denuncian que los administradores nombrados por el juez llevan cobrados 12 millones mientras ellos no han recuperado nada siete años después de la intervención, recoge Cinco Días.

Los datos de cierre de 2012 demuestran que el precio medio de los hoteles volvió a caer, con lo que ya acumula cuatro años de bajada continuada. Y esto ha provocado que los clientes de establecimientos de alto nivel hayan podido acceder a tarifas impensables hace poco tiempo. La estadística revela que hay establecimientos de cinco estrellas que vendieron el año pasado estancias de una noche a 57 euros, y de cuatro estrellas a 25 euros. Esa rebaja, sin embargo, no se ha visto acompañada de una mejora de la ocupación general, aunque sí de turistas extranjeros. Los no residentes realizaron cuatro millones más de pernoctaciones en 2012, mientras que las de los nacionales cayeron en 9,6 millones, asegura Cinco Días.

El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa, afirma El Economista.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, preguntado por si los últimos casos de corrupción política están perjudicando la recuperación y la credibilidad exterior de España y sus empresas, señala que “había costado muchos esfuerzos” el que España “recuperase imagen internacional” y “en un par de semanas nos lo hemos cargado”. Sobre Arturo Fernández, Rosell dice que “ha pedido tiempo para reflexionar, y nosotros lo respetamos”, en El Economista.

Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo, según ABC.

El sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI-F, ha alertado hoy sobre la viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) a medio plazo, debido al fuerte recorte de su presupuesto (-17% en 2013) y al uso de más de 1.000 millones de su remanente desde 2007. A esto se une el estancamiento de ingresos de nuevos mutualistas por la congelación del empleo público, afirma Cinco Días.

Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación, según Expansión.

La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros. Sus promotores recibirán ese dinero de los Presupuestos sólo por haber sido tramitadas. Si Ada Colau se hubiese sumado al Gobierno y el PP promovido la taurina no habría coste, cuenta La Razón.

Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades, destaca El Mundo.

El ex ministro de Interior, Ángel Acebes, obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola, según se desprende del Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado justo cuando iba a dejar de presidir la Comisión de Auditoría de Bankia. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de la primera eléctrica nacional, asegura El Mundo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunció que ha solicitado a Hacienda los certificados de las declaraciones de la renta de los últimos años para hacerlas públicas. Rubalcaba comunicó que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado. En ese contexto, un sobrino de Felipe González cobró de los ERE, cuenta ABC.

Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE, según El Mundo.

El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios, publica Expansión.

El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes. Pedirá el suplicatorio antes de Semana Santa. Pretende acelerar el proceso a Pepiño por tráfico de influencias, afirma La Gaceta.

El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por las empresas al Palau acabaron en sociedades de la familia del ex presidente. Victoria Álvarez facilitó a Alicia Sánchez-Camacho tres teléfonos personales de Jordi Pujol Ferrusola en el transcurso de la conversación grabada en el restaurante. El micro fue colocado por los detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, quienes instalaron un receptor en la oficina del restaurante La Camarga y otro en el exterior. Al mismo tiempo que hacía este encargo, Método 3 trabajaba para CiU a través del ex director de los Mossos y hoy director de prisiones Xavier Martorell, destaca El Mundo.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispondrá de multitud de expedientes de la agencia de detectives Método 3, que presuntamente grabó con un micrófono oculto una conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Fue en esa cita en la que Álvarez detalló a la dirigente popular el presunto blanqueo de capitales del primogénito de la familia Pujol. Un policía prejubilado, extrabajador de Método 3 —empleado ahora en otra empresa privada y dedicado a la docencia universitaria— ofreció ayer a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los archivos de audio de esa reunión, así como decenas de informes “sensibles” que manejaba la agencia de detectives privados y que incluyen investigaciones a responsables políticos, empresarios, jueces y fiscales, afirma El País.

El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3. La Camarga pidió «equipo y cámaras» a la agencia de detectives durante un mes. Interior abre una investigación para aclarar quién está detrás de las grabaciones al PP, añade La Razón.

La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios. La investigación apunta a que la mayoría de los partidos encargaron dossiers. La Policía Nacional crea un equipo especial para llegar al fondo del asunto. La policía cree que las escuchas a Sánchez-Camacho las encargó Zaragoza, afirma La Vanguardia.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, negó ayer que el PP haya incurrido en fraude de ley por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de Luis Bárcenas hasta diciembre de 2012 cuando su despido fue acordado en 2010. En ese contexto, Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel, según El Economista.

El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”, recoge El Mundo.

Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza». Una de las víctimas del asalto en Acapulco relata a LA RAZÓN el infierno que sufrieron. Los detenidos, que ya han confesado, conocieron a los turistas españoles en los restaurantes de la zona.

Otto Pérez: “España liderará la mayor inversión hecha en Centroamérica”. La Razón entrevista presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante su visita oficial a España. También ABC.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas Leer más: El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas – Noticias de Economía http://bit.ly/RJd6SW

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El gas natural es uno de los recibos familiares, junto con el de la luz, que se dispara en invierno. Pese a que este año el Gobierno anunció que congelaba la tarifa, lo cierto es que subió los peajes un 2,3%. El déficit de tarifa ha crecido de forma importante en los últimos dos años y los consumidores se preguntan si, al final, repercutirá en sus bolsillos. Lo mismo sucede con las bombonas de butano, los precios no cubren los costes, según denuncia el sector.

El Gobierno dice que trabaja en la reforma del gas natural para evitarlo, pero, de momento, de las posibles medidas no se sabe nada. “Se está trabajando en ello, pero todavía no hay plazos”, reconocen fuentes del Ministerio de Industria. “El Ejecutivo está hablando con los agentes del mercado en estos momentos”, explican fuentes empresariales del sector. “Estamos a expensas de que Industria nos diga algo”, añaden. Nadie se atreve a reconocer si el consumidor pagará, a corto plazo, el déficit. “Son las comercializadoras las que deberán decidir si trasladan o no el coste a sus clientes”, señalan en el Ministerio. Sin embargo, todo apunta a que el déficit se salvará elevando los peajes.

Los expertos del IESE señalan en un informe sobre el impacto del sector del gas en la economía que, “en el campo regulatorio, no está claro si el actual déficit coyuntural del sector se va a convertir en estructural y, en este caso, qué dimensión va a alcanzar”. Por eso, añaden, “es necesario encontrar los mecanismos para evitarlo”, porque, de lo contrario, “se creará a largo plazo un problema similar al del sector eléctrico”. La Comisión Nacional de la Energía ya advirtió a finales de 2012 que el déficit de tarifa en el sector del gas se ha ido consolidando y se podría “calificar de estructural”. El organismo consideraba hace un año que era “necesario revisar los ingresos y costes y establecer los ajustes necesarios en los peajes”.

El desfase se amplía

Fuentes del sector aseguran que no será así: “No se va a llegar a la situación en la que nos encontramos con la luz”. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció a comienzos de este año que el déficit de tarifa del gas natural para 2014 alcanzaría los 813 millones (acumulado), frente a los aproximadamente 300 millones de déficit de hace dos años. Un desfase que asumen las compañías a la espera de que llegue la anunciada reforma, que tiene, entre sus objetivos principales evitar que el agujero entre ingresos y costes continúe agrandándose. La CNMC es partidaria de subir los peajes y reclamó el mes pasado al Gobierno que adopte medidas en este sentido.

El cálculo de la CNMC se hizo antes de que el Gobierno subiera los peajes un 2,3%, por lo que, “al aumentarse los ingresos se reducirá el déficit, que se situará en torno a los 750 millones”, explican estas fuentes, que prefieren hablar de “desajuste” y aseguran que es algo estructural y que “se solucionará con la orden de los peajes”. Estos peajes cubren el coste de la distribución, transporte y operadores, reguladores y gestores del sistema y suponen, aproximadamente, el 50% de la factura. Alrededor del 20% corresponde a impuestos y del 30%, al precio del gas.

Según anunció el regulador, 2013 se cerró con un déficit de 638 millones, lo que supone un incremento anual del 6,7%. Los ingresos netos obtenidos por el sector fueron de 2.566 millones euros a falta de dos liquidaciones, lo que representa un descenso del 4,5% interanual. Los costes totales reconocidos se elevaron a 3.205 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,5% interanual.

La bombona de butano, también deficitaria

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) alerta de que el déficit que tienen las operadoras que suministran la bombona de butano puede acabar, también, repercutiendo a los consumidores de forma similar al del sector eléctrico. Actualmente, su coste está establecido en 17,50 euros cada bombona, el tope legal para todo 2014. El sector dice, sin embargo, que está perdiendo unos dos euros por unidad y que, en realidad, debería tener un coste de  20 euros. Según José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), el déficit acumulado desde 2013 asciende ya a 65 millones de euros.

La normativa que tiene el Ejecutivo para este sector establece que el precio de la bombona de butano nunca puede registrar oscilaciones al alza o a la baja superiores al 5%, independientemente de las fluctuaciones del mercado Este mecanismo prevé que las cantidades que no se cubran vía ingresos generan un déficit de tarifa que el sector podrá recuperar posteriormente.

La idea del departamento de José Manuel Soria es que ese déficit vaya desapareciendo cuando haya bajadas de precios en los meses posteriores y el precio quede establecido por encima del mercado. Sin embargo, desde AOGLP critican este sistema. “El problema es que cuando baja el precio de las materias primas, también baja el consumo y no podemos compensar las pérdidas”, explica Blanco.

Para el sector, la solución pasaría por liberalizar el mercado y establecer una bombona social para los sectores más desfavorecidos. Desde Adicae piden también una respuesta de Soria pero, lejos de apostar por una subida de precio, recuerdan que la bombona de butano ya cuesta un 63% más que en 2009.

“Llega un momento en que este problema va a tener que pagarlo el Gobierno o los consumidores, asumiendo  el coste de la bombona y el déficit del sector”, apunta Fernando Hererro, director de Comunicación de Adicae. “Establecer un precio máximo es una patada hacia delante. Debe abordarse un problema que afecta a ocho millones de usuarios”, apuntan desde Adicae. La asociación recuerda que el problema del déficit se está agravando en los últimos años por la caída de consumo de la bombona: ha descendido un 13% desde 2010.

Soria crea la ‘ronda del gas’ para evitar otra ‘reforma a cuchillo’ en el sector energético

 

 

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, está dispuesto a recuperar su liderazgo político en el mercado energético aprovechando la inminente reforma gasista. El objetivo es llegar a un pacto urgente con las compañías distribuidoras de gas que haga olvidar los sinsabores provocados por la reforma eléctrica entre las grandes empresas generadoras de energía eléctrica. La llamada ‘ronda del gas’ ha sido constituida por el secretario de Estado, Alberto Nadal, quien ya se ha reunido con las cinco grandes empresas del sector.

La reforma gasista afecta principalmente a Enagás como operador del sistema y a las cuatro distribuidoras que cubren el territorio nacional, repartido entre Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis. Los primeros ejecutivos de estas cinco entidades, Antonio Llardén, Rafael Villaseca, Manuel Menéndez, Pedro Mielgo y Fernando Bergasa, han desfilado por el Ministerio de Industria en las últimas semanas con el fin de perfilar un marco de negociaciones que permita sellar un acuerdo antes del próximo verano.

El principal cometido de la reforma se resume en la eliminación de la deuda tarifaria que también se empieza a acumular peligrosamente en el mercado del gas. Aunque las comparaciones con el sector eléctrico son especialmente odiosas porque las magnitudes no se parecen ni de lejos, lo cierto es que el Gobierno empieza a temer que la fisura del sector gasista abra otro boquete en la política energética llevada a cabo en España.

El ministro sitúa el saldo del agujero actual en torno a los 400 millones de euros pero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha encendido las alarmas apuntando la necesidad de abordar medidas urgentes para que esta cifra no se dispare de forma desproporcionada a lo largo de los próximos meses. Según el organismo regulador, la relación entre los ingresos y los costes determina un desequilibrio estructural en el sector, que en 2014 superará los 800 millones de euros.

Con estas premisas la CNMC no ve otra solución que el incremento de los peajes, correspondiente a la parte regulada del sistema, lo que repercutirá tarde o temprano en una subida de la factura para los clientes empresariales y los hogares. El problema que se plantea es de la misma naturaleza que el padecido en el sector eléctrico donde el derroche de infraestructuras durante la pasada era de la abundancia se traslada ahora sobre las espaldas del sufrido consumidor. Todo ello a expensas de que la cotización de la materia prima no suba en los mercados internacionales disparando aún más el recibo final a pagar.

Plan de ajustes a seis años

La única forma de evitar la que se avecina pasa por un acuerdo sectorial en el que las empresas gasistas acepten un recorte de los ingresos por peajes en un horizonte a medio plazo. El Gobierno propone un plan a seis años, hasta 2020, para reducir los costes del sistema de manera estructural con la garantía de enjugar la deuda de tarifa acumulada sin incurrir en nuevos déficits futuros. La cuadratura del círculo dependerá de la capacidad de los operadores para aquilatar sus cuentas de resultados de manera voluntaria antes de que el Ministerio de Industria decida afilar el alfanje con todas las consecuencias.

Las tensiones vividas con el sector eléctrico, que han terminado por socavar las relaciones de confianza entre el regulador y las empresas reguladas, acechan como un fantasma en este epílogo de reformas energéticas. No hay que olvidar que uno de los principales afectados es también ahora Gas Natural, que ya ha recibido lo suyo por su paternidad en la antigua Unión FenosaEl papel de Enagás como transportista del sistema, participado por la SEPI, puede ser decisivo esta vez para apaciguar los ánimos y restaurar las relaciones con el equipo técnico de Alberto Nadal.

El secretario de Estado ha dado muestras sobradas de no casarse con nadie cuando los intereses son encontrados y las opciones más bien escasas. Tras el desgaste sufrido con los ‘reyes del kilovatio’ los responsables energéticos han perdido el temor a los oligopolios. No parece que los menos beligerantes ‘príncipes de la termia’ se encuentren en disposición de echar otro pulso a unos gobernantes curtidos en batallas mucho más sangrantes
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