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Bankia acude a Rothschild para vender las participadas

FUENTE

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos
Iberia reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica
Técnicas Reunidas logra un contrato para una refinería en Rusia por 1.100 millones
– Afectados de Fórum y Afinsa: “¡Concursales, criminales”
– En España hay hoteles de 4 y 5 estrellas a 25 y 57 euros
– El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa
Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
– Rosell: “La corrupción se ha cargado en dos semanas la imagen de España
Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo
Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación
– La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros
– Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades
Acebes ganó 216.000 euros en ocho meses por estar en el consejo de Iberdrola
– El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios
– Un sobrino de Felipe González cobró de los ERE
– Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE
– El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes
– El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol
– Interior investiga decenas de informes sobre el espionaje político catalán
– El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3
– La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios
– Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel
– El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”
– Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza»
La recesión en la eurozona se agravó en el último trimestre del 2012, según los datos de Eurostat. El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de los 17 países del euro cayó el 0,6% en el cuarto trimestre respecto al precedente, el triple de lo esperado por la Comisión Europea. La eurozona acumula así tres trimestres consecutivos de caída del PIB. Los diarios coinciden en atribuir este descenso, en buena parte, a los resultados de Alemania y, en menor medida, a los de Francia. España mantuvo su tendencia a la baja con una caída del 0,7% entre octubre y diciembre respecto a la registrada en los otros trimestres. El portavoz económico de la Comisión Europea, Simón O’Connor, dijo que los datos “son peores de lo esperado en varios países”, aunque, añadió, “mejores de lo esperado en otros, como España”.

La Comisión Europea aprueba el paquete legislativo para la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, en once países de la UE. Cuando entre en vigor, el Ejecutivo comunitario calcula que España podría recaudar hasta unos 5.000 millones de euros anuales.

Ya en España, el Gobierno destinará 3.485 millones hasta 2016, casi mil al año, al programa contra el paro juvenil, que estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según anunció ayer en un comunicado conjunto el Ministerio de Empleo, UGT, CCOO y la CEOE. Con el plan se pondrán en marcha una serie de medidas, de las que quince serán de choque, con un plazo de aplicación de más de cuatro años. Un segundo bloque de actuaciones, a más largo plazo, abordará aspectos relacionados con la formación y orientación de los jóvenes, entre otros.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer en eximir al Banco de España de cualquier responsabilidad en el hundimiento de Bankia, como ya hiciera el pasado verano en el Congreso. Ordóñez reconoció que el Banco de España “perdió el control” de la crisis de Bankia cuando el Ministerio de Economía entró en escena para no aceptar el plan de recapitalización presentado por Rodrigo Rato. Según dijo, la intervención del Ministerio no le gustó, pero terminó aceptándola “por responsabilidad”. En otro momento, el exgobernador señaló que “el Banco de España no confíaba en Rato”, debido a su inexperiencia en el sector bancario.

Hablando de Bankia, esta mueve ficha para acelerar la venta de sus participadas. Con el fin de facilitar una desinversión ordenada de su cartera de cotizadas, ha contratado a Rothschild para que haga de intermediario entre la entidad y los bancos de inversión que quieran participar en la venta de cada uno de los bloques industriales. “Es un proceso muy complejo y necesitan a alguien que asesore al consejo de administración para la venta ordenada de cada una”, señalan fuentes del proceso. “Rothschild es una entidad sin balance y, por tanto, no está expuesta a posibles conflictos de interés”, añaden las mismas fuentes. Bankia tiene que deshacerse de toda su cartera de participadas, también de las que no cotizan en bolsa, para cumplir con el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas a finales de noviembre del año pasado. Entre los paquetes accionariales, que tienen un valor bursátil de unos 3.000 millones de euros, se encuentran Mapfre, Indra, NH Hoteles, IAG, Deoleo o Iberdrola, entre otros, según Expansión.

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos. Abertis está dispuesto a desprenderse total o parcialmente de su actividad aeroportuaria, un negocio que ha dejado de ser estratégico para el grupo español de infraestructuras, dice Expansión.

Iberia cancela 415 vuelos por la huelga de la semana próxima. Reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica. Iberia disminuirá su negocio para asegurar su rentabilidad si considera excesivo el laudo, según El Economista.

Las empresas españolas de construcción siguen mostrando su músculo en el exterior. El último ejemplo es el de Técnicas Reunidas, que se ha adjudicado un megacontrato de más de 1.100 millones de euros para la refinería que Lukoil construye en Volgogrado, en Rusia. Con este proyecto, la compañía considera que refuerza su presencia en Rusia y su «compromiso» con Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, además de dar un paso más en su internacionalización, señala ABC.

Unos doscientos afectados de Fórum y Afinsa han cercado las oficinas de la administración concursal de una de las empresas de sellos. Denuncian que los administradores nombrados por el juez llevan cobrados 12 millones mientras ellos no han recuperado nada siete años después de la intervención, recoge Cinco Días.

Los datos de cierre de 2012 demuestran que el precio medio de los hoteles volvió a caer, con lo que ya acumula cuatro años de bajada continuada. Y esto ha provocado que los clientes de establecimientos de alto nivel hayan podido acceder a tarifas impensables hace poco tiempo. La estadística revela que hay establecimientos de cinco estrellas que vendieron el año pasado estancias de una noche a 57 euros, y de cuatro estrellas a 25 euros. Esa rebaja, sin embargo, no se ha visto acompañada de una mejora de la ocupación general, aunque sí de turistas extranjeros. Los no residentes realizaron cuatro millones más de pernoctaciones en 2012, mientras que las de los nacionales cayeron en 9,6 millones, asegura Cinco Días.

El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa, afirma El Economista.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, preguntado por si los últimos casos de corrupción política están perjudicando la recuperación y la credibilidad exterior de España y sus empresas, señala que “había costado muchos esfuerzos” el que España “recuperase imagen internacional” y “en un par de semanas nos lo hemos cargado”. Sobre Arturo Fernández, Rosell dice que “ha pedido tiempo para reflexionar, y nosotros lo respetamos”, en El Economista.

Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo, según ABC.

El sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI-F, ha alertado hoy sobre la viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) a medio plazo, debido al fuerte recorte de su presupuesto (-17% en 2013) y al uso de más de 1.000 millones de su remanente desde 2007. A esto se une el estancamiento de ingresos de nuevos mutualistas por la congelación del empleo público, afirma Cinco Días.

Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación, según Expansión.

La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros. Sus promotores recibirán ese dinero de los Presupuestos sólo por haber sido tramitadas. Si Ada Colau se hubiese sumado al Gobierno y el PP promovido la taurina no habría coste, cuenta La Razón.

Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades, destaca El Mundo.

El ex ministro de Interior, Ángel Acebes, obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola, según se desprende del Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado justo cuando iba a dejar de presidir la Comisión de Auditoría de Bankia. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de la primera eléctrica nacional, asegura El Mundo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunció que ha solicitado a Hacienda los certificados de las declaraciones de la renta de los últimos años para hacerlas públicas. Rubalcaba comunicó que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado. En ese contexto, un sobrino de Felipe González cobró de los ERE, cuenta ABC.

Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE, según El Mundo.

El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios, publica Expansión.

El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes. Pedirá el suplicatorio antes de Semana Santa. Pretende acelerar el proceso a Pepiño por tráfico de influencias, afirma La Gaceta.

El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por las empresas al Palau acabaron en sociedades de la familia del ex presidente. Victoria Álvarez facilitó a Alicia Sánchez-Camacho tres teléfonos personales de Jordi Pujol Ferrusola en el transcurso de la conversación grabada en el restaurante. El micro fue colocado por los detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, quienes instalaron un receptor en la oficina del restaurante La Camarga y otro en el exterior. Al mismo tiempo que hacía este encargo, Método 3 trabajaba para CiU a través del ex director de los Mossos y hoy director de prisiones Xavier Martorell, destaca El Mundo.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispondrá de multitud de expedientes de la agencia de detectives Método 3, que presuntamente grabó con un micrófono oculto una conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Fue en esa cita en la que Álvarez detalló a la dirigente popular el presunto blanqueo de capitales del primogénito de la familia Pujol. Un policía prejubilado, extrabajador de Método 3 —empleado ahora en otra empresa privada y dedicado a la docencia universitaria— ofreció ayer a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los archivos de audio de esa reunión, así como decenas de informes “sensibles” que manejaba la agencia de detectives privados y que incluyen investigaciones a responsables políticos, empresarios, jueces y fiscales, afirma El País.

El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3. La Camarga pidió «equipo y cámaras» a la agencia de detectives durante un mes. Interior abre una investigación para aclarar quién está detrás de las grabaciones al PP, añade La Razón.

La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios. La investigación apunta a que la mayoría de los partidos encargaron dossiers. La Policía Nacional crea un equipo especial para llegar al fondo del asunto. La policía cree que las escuchas a Sánchez-Camacho las encargó Zaragoza, afirma La Vanguardia.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, negó ayer que el PP haya incurrido en fraude de ley por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de Luis Bárcenas hasta diciembre de 2012 cuando su despido fue acordado en 2010. En ese contexto, Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel, según El Economista.

El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”, recoge El Mundo.

Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza». Una de las víctimas del asalto en Acapulco relata a LA RAZÓN el infierno que sufrieron. Los detenidos, que ya han confesado, conocieron a los turistas españoles en los restaurantes de la zona.

Otto Pérez: “España liderará la mayor inversión hecha en Centroamérica”. La Razón entrevista presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante su visita oficial a España. También ABC.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

El crédito a las familias sufre una caída récord en octubre pese al rescate

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El crédito en España sigue dando muestras de debilidad y, año y medio después de pedir el rescate financiero, el desplome no toca suelo. Es más, según los últimos datos del Banco de España, el recorte en la financiación se aceleró en los últimos meses hasta sufrir en octubre una caída de récord para las familias. Con ello, la supuesta mejora que tanto el Gobierno como el propio supervisor habían anunciado para el último trimestre todavía no se deja notar en las cifras oficiales.

La estadística que actualizó este lunes el Banco de España revela que el crédito a los hogares cayó un 5,2% en aquel mes, hasta los 793.940 millones de euros. Si se atiende a la evolución del flujo efectivo del dinero prestado, que compara los niveles del crédito en función de la variación neta de los activos y que es la que utiliza el Banco de España, el descenso tampoco tiene parangón en la estadística con un 4,7%.

El crédito a las familias y empresas

El tijeretazo en la financiación a las familias, que arrastra tasas negativas desde mediados de 2010, se explica por la restricción que ha sufrido la concesión de hipotecas. El auge imparable de la morosidad, que está en niveles desconocidos hasta la fecha con un 12,6%, y el aumento de los requisitos de capital, está disuadiendo a las entidades para reabrir el grifo tras la euforia del boom inmobiliario.

En octubre, el crédito prestado para comprar vivienda cayó un 4,7%, con lo que mantiene su ritmo de desplome, hasta los 614.860 millones de euros. En cuanto al resto de las vías de financiación, solo mejora la que viene del exterior, con un 7,3%. No obstante, con apenas 30.560 millones, representa una parte muy pequeña frente al total.

Por su parte, el préstamo a las empresas cayó un 10% en octubre, hasta los 1,081 billones de euros. Tanto en este caso como en el crédito a las familias, el volumen de dinero prestado está en su nivel más bajo desde 2007. Esto es, de antes del estallido de los problemas en el sector financiero. No obstante, la caída es aún más acusada si el análisis se restringe a las entidades españolas, que con 667.360 millones concedidos han vuelvo a las cotas que tenían a mediados de 2006.

El recorte en la financiación a las sociedades no financieras obedece principalmente a la caída de los préstamos titulizados y fuera de balance, que representan el 61% del total y que se redujeron un 15% frente al año anterior.

La estafa financiera más grande de la historia de Europa Leer más: La estafa financiera más grande de la historia de Europa http://bit.ly/1colbT0

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Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba “en blanco”, lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.

¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí (circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:

a) Que no dependa exclusivamente de la propia entidad de crédito que redacta el contrato, ni sea susceptible de influencia por ella, en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.

b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Para la objetividad del dato y la conformación neutral de la referencia, la norma exige, además, que sean al menos 12 las entidades que realicen operaciones y comuniquen los datos, y que estas pertenezcan, como mínimo, a tres países diferentes.

Luego, si no hubiese operaciones entre los bancos, ¿cómo estarían calculando el dato? ¿Con base en estimaciones de oferta? ¿El euríbor es simplemente una encuesta? Y si es así, ¿en qué se basa la Comisión para determinar la manipulación?

Para resolver estas incógnitas iniciamos una ronda de preguntas sobre las dichosas operaciones, empezando por la entidad comercial, Cajasol, que nos remitió al Banco de España, que nos dirigió a la Federación Bancaria Europea, que nos mandó a Thomson Reuters (corporación que publica a diario el euríbor) que, en última instancia, nos requirió una orden judicial para poder liberar esa información. Cuando haciendo preguntas alguien te pide una orden judicial para contestar, es que algo esconde. Volvimos a hacer la ronda de preguntas, pero esta vez por escrito, para que quedase constancia de que allí nadie sabía o quería contestar a nada, ni los bancos, ni los reguladores, ni la Comisión Europea, a la que dirigimos numerosos escritos alertándola de lo que ocurría.

Toda la documentación derivada de la investigación, junto con modelos descargables para que cada persona pudiese hacer lo propio en su banco, la subimos a una web y lanzamos públicamente nuestra campaña #OpEuribor, de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.

Quizás por las dimensiones de la potencial estafa o por la naturalidad con la que recibimos noticias sobre las prácticas de dudosa moral de los bancos, percibimos bastante escepticismo, sobre todo en expertos bancarios y economistas, confiados ellos en los mecanismos de autorregulación, en los supervisores o en el mercado. Pero las dudas se transformaron en certeza al destaparse que “el primo anglosajón” del euríbor, el líbor, también había sido objeto de falsedad y manipulación.

Con estos mimbres, el equipo de #OpEuribor preparó el siguiente asalto: la vía judicial. Y en atención a la urgencia que merecen los desahucios en nuestro país, decidimos empezar por poner al servicio de potenciales desahuciados un modelo de oposición a la ejecución hipotecaria en lo que llamamos la #OpOposición. Poco después, ampliamos las posibilidades incluyendo un nuevo modelo, esta vez para demandar directamente la nulidad del tipo de interés referenciado al euríbor por no cumplirse los requisitos legales para su cálculo y publicación.

Al mismo tiempo que lanzábamos campañas y modelos, manteníamos la correspondencia con varios organismos e instituciones. Thomson Reuters nos aseguró que en mayo de 2012 nos remitiría las operaciones demandadas, pero no lo hizo. La Comisión de Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, parecía más preocupada por comprender lo que requeríamos que en proporcionarnos información o en actuar. Por último, pedimos al Banco de España el expediente previo a la elaboración de las circulares antes citadas, expediente que un funcionario estaba dispuesto a trasladarnos hasta que, en palabras textuales suyas, “se le frenó desde arriba”.

Hoy, tras más de dos años de investigación y 20 meses desde que la hicimos pública, las multas anunciadas por Bruselas nos vienen a confirmar todo lo recorrido. Suponen el primer amago de reacción de las autoridades comunitarias ante lo que puede ser la estafa financiera más importante de la historia europea (tan sólo en España afectaría a 18 millones de contratos). Pero nos tememos que, como están haciendo sus homólogas anglosajonas, pretendan sólo quedarse ahí. Es por ello que seguiremos proporcionando herramientas jurídicas a todas las personas que decidan hacer frente a sus bancos, ya que el tipo de interés es el elemento esencial de los contratos de préstamos y, como tal, supondría causa de nulidad el hecho de estar falseado, de quedar sometido a la voluntad de uno solo de los contratantes.

Esta vía de demanda judicial ya nos ha dado algunas alegrías y también está empezando a usarse en el caso del líbor, pero no por personas afectadas –que suponemos no tendrán la capacidad ni la asistencia que en España ofrecen grupos como la PAH y #OpEuribor–, sino por grandes corporaciones que se han visto también estafadas por los bancos.

Nuestra tesis es simple y va más allá de lo que, por el momento, alcanza a plantear la UE. No es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existido

La estafa financiera más grande de la historia de Europa

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08/11/2013 – 20:15h

El euríbor cae a mínimos de junio (0,506 por ciento) tras la rebaja de los tipos del BCE

Gráfico que muestra la evolución del euríbor en los últimos 12 meses. / Efe

Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba “en blanco”, lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.

¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí ( circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:

a) Que no dependa exclusivamente de la propia entidad de crédito que redacta el contrato, ni sea susceptible de influencia por ella, en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.

b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Para la objetividad del dato y la conformación neutral de la referencia, la norma exige, además, que sean al menos 12 las entidades que realicen operaciones y comuniquen los datos, y que estas pertenezcan, como mínimo, a tres países diferentes.

Luego, si no hubiese operaciones entre los bancos, ¿cómo estarían calculando el dato? ¿Con base en estimaciones de oferta? ¿El euríbor es simplemente una encuesta? Y si es así, ¿en qué se basa la Comisión para determinar la manipulación?

Para resolver estas incógnitas iniciamos una ronda de preguntas sobre las dichosas operaciones, empezando por la entidad comercial, Cajasol, que nos remitió al Banco de España, que nos dirigió a la Federación Bancaria Europea, que nos mandó a Thomson Reuters (corporación que publica a diario el euríbor) que, en última instancia, nos requirió una orden judicial para poder liberar esa información. Cuando haciendo preguntas alguien te pide una orden judicial para contestar, es que algo esconde. Volvimos a hacer la ronda de preguntas, pero esta vez por escrito, para que quedase constancia de que allí nadie sabía o quería contestar a nada, ni los bancos, ni los reguladores, ni la Comisión Europea, a la que dirigimos numerosos escritos alertándola de lo que ocurría.

Toda la documentación derivada de la investigación, junto con modelos descargables para que cada persona pudiese hacer lo propio en su banco, la subimos a una web y lanzamos públicamente nuestra campaña #OpEuribor, de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.

Quizás por las dimensiones de la potencial estafa o por la naturalidad con la que recibimos noticias sobre las prácticas de dudosa moral de los bancos, percibimos bastante escepticismo, sobre todo en expertos bancarios y economistas, confiados ellos en los mecanismos de autorregulación, en los supervisores o en el mercado. Pero las dudas se transformaron en certeza al destaparse que “el primo anglosajón” del euríbor, el líbor, también había sido objeto de falsedad y manipulación.

Con estos mimbres, el equipo de #OpEuribor preparó el siguiente asalto: la vía judicial. Y en atención a la urgencia que merecen los desahucios en nuestro país, decidimos empezar por poner al servicio de potenciales desahuciados un modelo de oposición a la ejecución hipotecaria en lo que llamamos la #OpOposición. Poco después, ampliamos las posibilidades incluyendo un nuevo modelo, esta vez para demandar directamente la nulidad del tipo de interés referenciado al euríbor por no cumplirse los requisitos legales para su cálculo y publicación.

Al mismo tiempo que lanzábamos campañas y modelos, manteníamos la correspondencia con varios organismos e instituciones. Thomson Reuters nos aseguró que en mayo de 2012 nos remitiría las operaciones demandadas, pero no lo hizo. La Comisión de Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, parecía más preocupada por comprender lo que requeríamos que en proporcionarnos información o en actuar. Por último, pedimos al Banco de España el expediente previo a la elaboración de las circulares antes citadas, expediente que un funcionario estaba dispuesto a trasladarnos hasta que, en palabras textuales suyas, “se le frenó desde arriba”.

Hoy, tras más de dos años de investigación y 20 meses desde que la hicimos pública, las multas anunciadas por Bruselas nos vienen a confirmar todo lo recorrido. Suponen el primer amago de reacción de las autoridades comunitarias ante lo que puede ser la estafa financiera más importante de la historia europea (tan sólo en España afectaría a 18 millones de contratos). Pero nos tememos que, como están haciendo sus homólogas anglosajonas, pretendan sólo quedarse ahí. Es por ello que seguiremos proporcionando herramientas jurídicas a todas las personas que decidan hacer frente a sus bancos, ya que el tipo de interés es el elemento esencial de los contratos de préstamos y, como tal, supondría causa de nulidad el hecho de estar falseado, de quedar sometido a la voluntad de uno solo de los contratantes.

Esta vía de demanda judicial ya nos ha dado algunas alegrías y también está empezando a usarse en el caso del líbor, pero no por personas afectadas –que suponemos no tendrán la capacidad ni la asistencia que en España ofrecen grupos como la PAH y #OpEuribor–, sino por grandes corporaciones que se han visto también estafadas por los bancos.

Nuestra tesis es simple y va más allá de lo que, por el momento, alcanza a plantear la UE. No es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existid

«Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago»

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Entrevista con Bibiana Medialdea

¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?

La economía española basó su supuesta “época dorada” en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.

¿El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?

Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.

Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).

-¿A quién debemos?

Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.

-¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?

Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.

Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.

-¿Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?

Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.

-¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?

Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.

LA EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES

-¿Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?

La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.

La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.

La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.

La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.

-¿Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?

Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer “pistas” en algunos aspectos concretos.

Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.

Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el “rescate” de las familias.

Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.

DEUDA ILEGÍTIMA Y AUDITORÍA

-¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

-¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

-¿Cómo reaccionarían los ’mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

-¿Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

-¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

-¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.

-¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?

Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.

Más información y propuestas, en el libro Qué hacemos con la deudade Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar UgartecheTambién en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y en la web de la colección Qué hacemos.

http://www.eldiario.es/quehacemos/d…

La mezcolanza de lo público y lo privado en la UE

José A. Estévez Araújo
En la actualidad hay, como de costumbre, muchos casos de mezcolanza entre poderes de decisión públicos e intereses privados en la UE. Varios han sido objeto de denuncias, en algunas ocasiones incluso oficiales: es decir, que provienen de los propios órganos de la Unión (Defensor del Pueblo Europeo, Parlamento, Comisión). Los casos cubren todo el espectro de connivencias posible. Se dan conflictos de intereses; hay multitud de órganos asesores o comités de expertos colonizados por personas vinculadas a intereses empresariales; entidades aparentemente de la “sociedad civil”, son, en realidad, grupos de presión; existen muchas “puertas giratorias”, especialmente entre las Agencias de la UE y la industria; los mecanismos de participación de la “sociedad civil” en realidad transfieren poder de decisión unilateral a las empresas… Una información fiable y rigurosa sobre todos estos tejemanejes puede encontrarse en la página web del Corporate Europe Observatory (CEO): http://corporateeurope.org.El caso de la European Privacy Association (EPA) es especialmente interesante. La EPA, según su página web, es una organización dedicada a promover el respeto a la intimidad y la protección de datos en Internet. Se presenta en su página web como un think tank (un laboratorio de ideas). Se inscribió también dentro de esa categoría en el registro de la Unión Europea. El CEO puso en marcha una campaña para hacer revelar a la AEP sus miembros y fuentes de financiación. Se descubrió de ese modo que los miembros de la AEP eran Microsoft, Google y Yahoo. Después del escándalo de la NSA, Microsoft o Google no parecen ser precisamente adalides de la protección de la intimidad. En realidad, la AEP actúa como lobby promoviendo todo lo contrario: normativas menos rigurosas de salvaguarda de la privacidad en Internet. El desvelamiento de su verdadera naturaleza conllevó que se viera obligada a cambiar su caracterización en el Registro de la UE: ahora aparece como un lobby. Pero en su página web se sigue presentando como un think tank. Y, desde luego, su denominación, hábilmente escogida, está pensada para llevar a engaño, especialmente a los ciudadanos.

Otro caso se refiere a la Plataforma para la buena Gobernanza Fiscal, creada por la Comisión Europea. La plataforma ha sido fruto de una iniciativa del Algirdas Smeta. Smeta, de nacionalidad lituana, tiene el pomposo cargo de “Comisario Europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude”. El objetivo de la Plataforma es extraordinariamente loable: luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal en la UE. Se trata de un propósito de enorme transcendencia. Erradicar el fraude fiscal permitiría pagar todo el monto de la deuda europea. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de una pregunta escrita firmada por parlamentarios europeos de todos los grandes partidos políticos (incluido el Partido Popular Europeo). La razón de la pregunta es bastante sólida: Smeta ha nombrado miembros de la plataforma a los mayores evasores de impuestos de Europa y a sus empresas asesoras. Sería como formar una comisión integrada por los capos de los cárteles mexicanos con el objetivo de establecer medidas para impedir el tráfico de drogas. Calificar este caso de “conflicto de intereses” resultaría, como mínimo, un eufemismo.

Por otro lado, la Comisión Europea está llevando adelante una iniciativa para implantar una “tasa Tobin”, es decir un tributo sobre transacciones financieras, en la UE. Obviamente los bancos y demás entidades financieras europeas están radicalmente en contra. Han elaborado multitud de “informes” dirigidos a los legisladores nacionales y comunitarios, alertando acerca de las nefastas consecuencias para la economía que tendría la adopción de esa medida. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se ha ofrecido a ayudar a la Comisión y al Consejo a desarrollar esa iniciativa. Eso puede sonar esperanzador. Sin embargo, el Corporate Europe Observatory considera dicho ofrecimiento como una amenaza. La intervención del BCE en las tareas legislativas de la UE es de dudosa legalidad. No hay base jurídica para permitir su participación en unas funciones atribuidas exclusivamente a la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Así, por ejemplo, el presidente del Banco de España no podría autoproponerse para participar en un proceso legislativo relativo a la regulación bancaria. El Congreso podría consultarle, por supuesto, pero sería libre de seguir o no sus consejos.

La preocupación del CEO viene de que considera al BCE como un “caballo de Troya” de los intereses financieros. Así, el BCE tiene una serie de comités consultivos, llamados oficialmente “Grupos de Contacto”. En estos comités están representadas todas las grandes entidades financieras. La lista de sus integrantes es un “¿Quién es quién?” del mundo de la finanzas. Por ejemplo, en el “Grupo de Contacto del BCE sobre Mercados de Divisas” podemos encontrar, entre otros, al Deutsche Bank, a Morgan Stanley, o a J. P. Morgan. En estos foros se ha discutido muy intensamente los últimos meses acerca de la tasa sobre las transacciones financieras. Los miembros de estos consejos asesores se han mostrado radicalmente contrarios a su implantación. Por eso y por algunas cosas dichas por el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo, parece clara la intención de Draghi de sabotear en lo posible el proyecto de la Comisión.

De este caso, se pueden extraer dos enseñanzas. La primera es que el lobby financiero tiene, en los “Grupos de Contacto” del BCE uno de sus principales mecanismos de infiltración en los procesos decisorios de la UE. La segunda, que el BCE representa los intereses del poder financiero dentro del entramado institucional europeo. Esto quedará más claramente puesto de manifiesto en el siguiente caso:

El presidente del BCE, Draghi, forma parte de una organización llamada el Grupo de los Treinta (G-30). Esta entidad se presenta como un foro de discusión. Pero, en realidad es un lobby de alto perfil. De él forman parte las entidades financieras más importantes del mundo. Entre sus miembros o patrocinadores volvemos a encontrar, por ejemplo a J. P. Morgan y al Deutsche Bank. También están en la lista, por parte española, el Banco de Santander o Bankia. Y Draghi es uno de los miembros de esta organización. Está acompañado por otros colegas, como los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Japón o China y por los anteriores presidentes de la Reserva Federal, el Banco de España o el propio BCE. Economistas de prestigio, como Paul Krugman, le dan una pátina de respetabilidad académica a la organización.

El CEO presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo por considerar “incompatible con la independencia, reputación, e integridad” del presidente del BCE su pertenencia al G-30. Aportó documentación y estudios académicos sobre las tareas de lobby llevadas a cabo por el G-30: todas las presiones de esta organización se dirigen a luchar contra la regulación financiera. Se trata de un tipo de entidad muy característico de la actual gobernanza global: las redes transnacionales informales. Estas entidades no tienen mandato oficial alguno. Pero en ellas se reúnen funcionarios y autoridades públicas de todo el mundo con miembros de las entidades privadas. Su función es crear una forma transnacional común de ver y enfocar los problemas. Es decir, en estas entidades se fragua el marco general a partir del cual se elaborarán políticas y se adoptarán decisiones concretas en todo el mundo. Son instituciones completamente opacas. Como señala el CEO, no hay actas ni documentos de las reuniones del G-30. Estas entidades ejercen un enorme poder de hecho, sin ningún tipo de control o mecanismo de rendición de cuentas.

El Defensor del Pueblo europeo no encontró, sin embargo, nada irregular en la pertenencia de Draghi al G-30. Los fundamentos de su decisión son básicamente dos. En primer lugar, no reconoce el carácter de lobby del G-30 a pesar de la documentación aportada por el CEO. Lo considera un foro de debate. El segundo fundamento, recogido en el punto 82 de su resolución tiene especial interés aquí. El Defensor del Pueblo se basa en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este artículo dice textualmente lo siguiente:

Artículo 11 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.

En este artículo aparecen recogidos los mecanismos de participación defendidos por la Teoría de la Gobernanza. Estos mecanismos son presentados como complementarios y, a veces, incluso como sustitutivos de los procedimientos de la democracia representativa. Por un lado, las instituciones abren canales para escuchar a los ciudadanos y a las asociaciones (11.1); por otro lado, las instituciones realizan consultas a las asociaciones y a la “sociedad civil” (11.2); por último se realizan consultas a las “partes interesadas”, es decir, a los famosos stakeholders de la jerga de la gobernanza (11.3).

Curiosamente, el Defensor del Pueblo no considera la actividad de Draghi como una consulta a una “parte interesada” (una organización integrada y costeada fundamentalmente por entidades financieras). La inscribe en el punto 2 del artículo: se trata de una forma de diálogo con la “sociedad civil”. Además de no considerarla reprochable en absoluto, anima a Draghi a seguir por ese camino y profundizar su implicación en el G-30. Es una forma de intensificar el diálogo con la “sociedad civil”. Por supuesto, en el discurso de la gobernanza las empresas y sus asociaciones son uno de los pilares de la misma. En cierto modo, la gobernanza resucita la concepción hegeliana de la sociedad civil, frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado: un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos). Algo parecido, aunque no exactamente igual a lo que ahora se denomina el “tercer sector”, un sector que se diferencia tanto del mercado como del estado.

Los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil”, las “partes interesadas”, las “asociaciones” o los “ciudadanos” han sido en realidad un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas. Eso es algo suficientemente demostrado. Draghi no se ha reunido, por ejemplo, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al menos que se sepa. Pero lo más novedoso aquí es la utilización del discurso de la gobernanza por una autoridad europea, precisamente para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. Esto es un síntoma de lo hondo que ha calado una de las ideas centrales de la ideología de la gobernanza: la difuminación de la distinción entre lo público y lo privado.

*  *  *

La dicotomía que diferencia lo público de lo privado es una de los elementos estructuradores del lo que Juan-Ramón Capella denomina el “relato político moderno”. Esta dicotomía está articulada con la distinción entre sociedad civil y estado. Y se manifiesta en muchas diferenciaciones como las de derecho público/privado, sector público/privado, interés público/privado… Encontramos la dicotomía público/privado tanto en el discurso jurídico político, anglosajón como en el europeo occidental. Debido a su carácter estructural es un presupuesto del discurso legitimador. Lo es tanto del discurso sobre el “Estado de derecho” como del discurso sobre la “Rule of Law”. En ambos se delimita un espacio público “separado” del privado (los gobernantes, la Administración…). Las personas que actúan en ese espacio deben hacerlo estrictamente sometidas a la ley. No deben decidir arbitrariamente. Sólo tienen los poderes explícitamente autorizados por las normas jurídicas. Las funciones públicas deben ser ejercidas por cargos electos o por funcionarios dependientes de éstos y sometidos al reglamento, etc. Los discursos legitimadores del poder jurídico político moderno presuponen, pues, la existencia de un sector público, separado del sector y de los intereses privados y sometido a una lógica de funcionamiento muy diferente de la de las relaciones mercantiles o familiares.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra la realidad. En las sociedades modernas lo público y lo privado no han estado tan netamente separados. Se han dado muchas formas de “mezcla” no sólo en el estado intervencionista, sino también en el estado gendarme. El estado ha construido infraestructuras necesarias para la actividad de las empresas. También ha financiado a éstas de manera directa o indirecta. El estado ha regulado asimismo el funcionamiento del mercado. Con mayor o menor intensidad, siempre lo ha hecho. También se han producido siempre casos de “pantouflage” o de “revolving doors”, es decir, el paso de gestores del sector público al privado y viceversa. Los lobbies no son sólo cosa de ahora: reconocidos o no, regulados o en la sombra, desde el origen del estado moderno los grupos de interés han condicionado las decisiones de los órganos públicos. Y los casos de nepotismo son todo menos infrecuentes. Pero esta mezcla era ocultada por el discurso ideológico. Este presentaba al sector público libre de las influencias de los intereses particulares y funcionando con una lógica muy diferente a la del sector privado. El sector público perseguía el interés general o el bien común. Las empresas y los comerciantes perseguían sus propios intereses egoístas.

La situación hoy es diferente. El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios público-privados, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

Han tenido que producirse cambios muy importantes para poder eliminar la distinción tajante entre lo público y lo privado de una ideología jurídico-político con función legitimante. Estos cambios han sido tanto discursivos como materiales. Se refieren fundamentalmente a las transformaciones introducidas por el neoliberalismo y a su fundamentación. La contrarrevolución neoliberal ha supuesto la ampliación de lo privado a costa de lo público. Los servicios y empresas públicas han sido privatizados. La regulación estatal de la economía se ha visto reducida. La privatización y la desregulación han sido fundamentadas por un discurso ensalzador de la eficiencia del mercado y la empresa privada y denigrador del estado por su ineficacia y su corrupción. Como dijo Reagan, el estado no es la solución, sino que es el problema. Por eso había que reducir su tamaño. Lo que quedase de él debía funcionar de manera similar a las empresas para poder incrementar su eficiencia.

La privatización y la desregulación, unidas a la denigración de lo público-estatal por parte del neoliberalismo y a la introducción de métodos empresariales en la Administración por la vía de la llamada “Nueva Gestión Pública” han facilitado la difuminación de la distinción público-privado en el discurso de la gobernanza. Pero para el surgimiento de ese discurso ha sido necesario también el fracaso de esas políticas neoliberales de los años ochenta. La desregulación y la privatización condujeron a resultados funestos en la Rusia de Yeltsin. También causaron desastres en África, puestos claramente de manifiesto por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina tuvieron enormes costes sociales sin beneficios aparentes. Esos fracasos llevaron al Banco Mundial a replantearse la orientación de sus políticas. Los nuevos planteamientos del BM supusieron un giro neoinstitucionalista de la mano de economistas como Douglass C. North. Y el neoinstitucionalismo es una de las fuentes de inspiración de la gobernanza. De hecho, a principios de los noventa, el Banco Mundial empezó a utilizar en sus documentos la expresión “buena gobernanza”.

La “managerialización” de la Administración también fue un fracaso relativo. No se pudo sustituir sin más la burocracia por el management. La Nueva Gestión Pública consideraba a los servidores públicos como ratoncillos que sólo obedecían a los impulsos estímulo/sanción. La aplicación de ese tipo de política de personal desanimó a los empleados públicos, perjudicando la calidad de los servicios. Aumentó también enormemente los costes de gestión y control. Por otra parte, los profesionales cualificados y organizados —como los médicos—, se resistieron a actuar siguiendo exclusivamente una lógica de la eficiencia regida por el análisis coste beneficio. Muchos profesores han manifestado también su rechazo a formas de evaluación de sus logros puramente cuantitativas.

Todo eso hizo necesario un Plan B para el neoliberalismo. La gobernanza lo proporcionó. Tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal, le tocó el turno al descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada. La llamada “Tercera Vía” teorizada por Giddens y puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas.

Para dar credibilidad a las virtudes de la cooperación público-privada se cambió también la imagen de la empresa. Las teorías derivadas de la economía neoclásica concebían la empresa como un sujeto maximizador de utilidad. También eran vistos así los individuos. En cambio, el enfoque de la gobernanza corporativa, presenta a la empresa como un sujeto “responsable”. La empresa no debe tener únicamente como objetivo maximizar sus beneficios. Debe también responsabilizarse de los efectos sociales y ambientales de su actividad. No sólo debe responder ante sus accionistas, sino ante todos los “stakeholders”, ante todas las personas afectadas por su actividad (suministradores, trabajadores, consumidores, vecinos…). De esa visión de la empresa surgió la llamada “Responsabilidad Social Corporativa”. La consideración de las empresas como sujetos “responsables” ha servido, entre otras cosas, para justificar la autorregulación corporativa. Pero también ha permitido presentar a las empresas como sujetos con miras más amplias que sus propios intereses. Las empresas son capaces de actuar de acuerdo con la perspectiva del interés general. Pueden orientarse hacia la “solución de problemas” y no sólo hacia su propio beneficio. La colaboración público-privada contribuiría a provocar esta transfiguración de la empresa. Los resultados desastrosos de las experiencias de consorcios público-privados ponen de manifiesto el carácter ideológico del discurso sobre la empresa responsable. Pero éste sigue siendo cultivado aplicadamente en la abundante literatura académica sobre los “Public-Private Partnerships”.

El discurso de la gobernanza no va dirigido a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado sigue teniendo sentido para ellos.

El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida. La decisión del Defensor del Pueblo Europeo es una muestra de la influencia del discurso entre las élites político-administrativas. A pesar de las evidencias en contrario, el discurso sigue siendo eficaz en esos puestos de mando. El documento sobre la gobernanza universitaria de la Universidad de Barcelona es también una buena y cercana prueba de ello. Pero eso será tema, en todo caso, para un artículo futuro.

30/8/2013

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EL RESCATE EUROPEO Y LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA

Por el 20 junio, 2012 en Política

El rescate de Europa para evitar la quiebra de buena parte de nuestro sistema bancario marca el final de una etapa. Una larga etapa en la que los bancos, las instituciones implicadas y los grandes partidos han tratado de ocultar las malas prácticas financieras que han contribuido a que nuestra economía llegue al estado comatoso en que se encuentra. Es lógico, por tanto, que al hilo de todo esto se haya disparado el clamor popular para que se investigue a fondo qué ha pasado, cómo hemos llegado a esta situación y se exijan las responsabilidades que correspondan.

Seguro que si esta investigación se llevara a cabo nos enteraríamos de un montón de actuaciones u omisiones calificables como mínimo de negligentes, y de ahí para arriba. En las Cajas de Ahorro desde luego, pero también en las Comunidades Autónomas y en los partidos que las han estado gobernando. Tampoco se libraría el Banco de España ni el Gobierno central. Porque, ¿cuántos de los préstamos incobrables que ahora asfixian a las Cajas se otorgaron para financiar no se sabe qué gastos o proyectos de sus Gobiernos autonómicos o de los propios partidos que los regentaban? ¿Y los sindicatos? ¿Qué hacían sus representantes en los Consejos de Administración de esas Cajas? ¿Y el Banco de España? ¿Ha sido su Gobernador el único responsable? ¿En su funcionamiento interno todo es tan profesional como nos cuentan? ¿Y por qué los sucesivos Gobiernos de la nación no actuaron antes, impidiendo que se extendiera la gangrena? ¿Acaso era tan difícil de prever lo que ha sucedido? Y así podríamos seguir y seguir con las preguntas que nos hierven a todos en la cabeza.

Salta a la vista, sin embargo, que ni al Gobierno ni al PSOE les entusiasma la idea de abrir una investigación a fondo sobre todo esto. Y si se deciden a hacer algo en este sentido será por la presión social. Ambos se justifican en que ponerse ahora a airear todas nuestras vergüenzas extremaría, aún más, la desconfianza internacional hacia la solvencia de nuestro sistema financiero y endurecería las condiciones que nos impondrán nuestros queridos socios europeos. Y la verdad es que no les falta razón. Además, habría que ver la gracia que les haría a los líderes políticos del resto del mundo si, fruto de esa investigación, la inestabilidad financiera española colocase a la zona euro contra las cuerdas, amenazando la economía de Estados Unidos, Rusia, China y el resto.

Es evidente que cuando está en riesgo la estabilidad del sistema financiero y la salud de la economía otras cuestiones, como el derecho de los ciudadanos a saber qué es lo que ha pasado y en definitiva la calidad democrática, quedan relegadas. Aquí y en todas partes (salvo la honrosa excepción de Islandia). Así que podemos imaginarnos cómo evolucionará ese derecho de los ciudadanos cuando sea una realidad el proyecto de crear una única Autoridad bancaria a nivel europeo que asuma la responsabilidad de vigilar a todos los bancos de la zona euro. No me imagino a nadie de la Comisión Europea explicando a la opinión pública las miserias que hipotéticamente hubieran podido conducir a la quiebra de uno de los grandes bancos alemanes o franceses. Ya se encargaría la Sra. Merkel o el Sr. Hollande de presionar para que eso no sucediese. ¿O acaso esos países han sido un ejemplo de transparencia con sus sistemas financieros? Más bien al contrario. Baste recordar los pocos bancos alemanes y franceses que aceptaron someterse a las pruebas de estrés o de solvencia del 2010.

En vista de ello habrá muchos que se sientan ofendidos en sus ideales democráticos. Pero, para ser del todo honestos, habría que preguntarse qué es lo que realmente quieren los ciudadanos cuando reclaman una y otra vez esa investigación a fondo sobre las causas de nuestra crisis bancaria. Supongo que la respuesta sería que los jueces llevaran al banquillo a los responsables de todos estos desmanes para que pagaran sus culpas. Porque, dirían, lo que más escuece de todo esto es que encima los culpables se vayan de rositas.

Seamos conscientes, sin embargo, que lo que de verdad necesita el país es que se tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir una crisis como esta. Porque, una cosa es buscar culpables y otra, completamente distinta, es detectar todo lo que ha funcionado mal y cambiarlo para que no vuelva a suceder. Lo primero es necesario, pero en modo alguno suficiente. Para lo primero basta un juez decidido y una fiscalía independiente. Pero, ¿quiénes y cómo abordan lo segundo?

No nos engañemos, las causas de esta crisis tienen múltiples ramificaciones que afectan de lleno al funcionamiento de las Administraciones, el Parlamento, la Justicia, los partidos, los sindicatos y, en definitiva, buena parte de nuestro entramado institucional. No digo que todos hayan tenido el mismo grado de responsabilidad, pero puestos a arreglar a fondo los males de nuestro funcionamiento habría que revisar en detalle cómo ha contribuido cada cuál. Y, sobre todo, para estar seguros de que los virus causantes de la enfermedad de nuestro sistema financiero no volviesen a aparecer, habría que rediseñar gran parte de la arquitectura de funcionamiento de las instituciones públicas implicadas, así como las relaciones entre estas y los partidos que las gobiernan.

¿Y eso, repito, quiénes lo harían? ¿Los partidos? En este ambiente de crisis generalizada de confianza, mucha gente diría que son juez y parte. Y no les faltaría razón. ¿El Gobierno? Dirían que tres cuartas de lo mismo. ¿La Administración? Estaríamos en las mismas. ¿Entonces, quién? ¿Los ciudadanos de a pie? Tener razón para estar indignados no equivale a saber cómo arreglarlo. Y solucionar de verdad una cosa como esta es una tarea ardua y compleja, que está fuera del alcance de la gran mayoría de los ciudadanos.

Para arreglar bien, y a fondo, todo este entramado, sin cargarse al enfermo, no hay más remedio que recurrir a los técnicos que trabajan en cada institución, que son quienes mejor pueden distinguir lo que funciona bien de lo que funciona mal. Pero como también es probable que éstos estén “contaminados” en su visión de los problemas y de las soluciones que se precisan, habría también que recurrir a la opinión de otros técnicos externos. Por ejemplo, si se tratase de cambiar a fondo los procedimientos de supervisión del Banco de España, además de contar con sus mejores técnicos habría que contar también con los de otros bancos centrales europeos.

Sin embargo, puede que a muchos ciudadanos no les gustase nada la idea de dejar la solución del problema en manos de quienes están dentro de todo este tinglado, y preferirían ver que alguien ajeno a todo ello y en quien ellos pudieran confiar fuese el artífice de esa solución. Y aquí topamos con los propios límites de nuestra democracia. Sin poder airear públicamente todo lo que ha sucedido, solo nos queda confiar en que quienes tengan el conocimiento necesario para construir la solución adecuada sean personas honestas y fiables. Y si no queremos dejar todo ello exclusivamente en manos de los técnicos, y tampoco nos fiamos de los políticos… tenemos un serio problema.

Quizás no sea tan fantasioso soñar con que llegue el día en que la sociedad se haya ido organizando hasta el punto de disponer de grupos capaces de intervenir en un asunto como este, con la credibilidad necesaria. Pero, hoy por hoy, eso no forma parte de nuestra realidad. Quizás, si nos ponemos manos a la obra, algún día lo sea.