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Escándalo mayúsculo en el Tribunal de Cuentas: el 10% de su plantilla son familiares de altos cargos

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Esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia. La lista de supuestos enchufados en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y organismos públicos, es larga, y afecta a altos cargos y antiguos directivos de esta institución. Un portavoz oficial asegura que todos han accedido después de pasar una “oposición libre y abierta”. Los miembros de los jurados examinadores son miembros de la institución.

Casi un centenar de familiares
De una plantilla de algo más 700 trabajadores, el 10%, casi 100 son familiares de altos cargos, desde el presidente hasta representantes del comité de empresa y también de consejeros y políticos, según desvela El País, que hace unos días adelantaba datos de la situación en este organismo público, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros al año.

La mujer de Trillo, el hermano de Aznar y las hijas de un franquista
También están muy bien colocados en el Tribunal familiares de exministros y expresidentes, por ejemplo, María José Molinuevo (ahora en excedencia), esposa del embajador en Reino Unido y extiular de Defensa Federico Trillo; el hermano de José María Aznar, Manuel Aznar, consejero a propuesta del PP; y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, también consejera a propuesta de ese partido.

En la institución además trabaja gracias al PP María José de la Fuente, que cuenta allí con dos primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro franquista Licinio de la Fuente.

La media de los sueldos, 3.000 euros netos
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones en los que se cobra los más altos sueldos, unos 3.000 euros, la media. Son un 30% más elevados que el de otros organismos públicos.

Sala de Plenos del Tribunal Constitucional. Foto de la institución

Los familiares del presidente y de su número dos
El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernández Álvarez de Miranda, tiene en la institución a dos familiares cercanos, su concuñada Cristina Querarto Iborra y a su sobrino José Manuel García Soriano.

El número dos de la institución, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP) tiene a un hermano, Enrique Medina, una hermana, María Consuelo Medina, a su esposa, María del Carmen Higueras, y a una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus. Este alto cargo replica que sus parientes accedieron al Tribunal antes que el llegase a consejero.

Sueldo de 4.700 euros netos, dos secretarias y coche oficial
Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y un sueldo de 4.700 euros netos al mes durante los nueve años, que son renovables. El número de consejeros asciende a 12 y han sido nombrados por las Cortes: siete de ellos a propuesta del PP y cinco, del PSOE. Uno ha sido consensuado con Izquierda Unida.

El sindicalista Julio Ronda
Otro caso escandaloso es el del sindicalista de UGT Julio Ronda, que tiene sólo graduado escolar y ha conseguido ascender a jefe de equipo con un sueldo de 2.800 euros, a lo que hay que añadir pagas extras por productividad. Ronda tiene en el tribunal a su exesposa, María Isabel Fernández; a su actual pareja, Pilar Ramírez; su nuera, Yolanda de la Torre; su cuñada, Consuelo Dávila; dos sobrinos, Manuel Ramírez y Jesús Sanz; su amigo de la infancia Félix Real Perea; un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda, que jefe de equipo. La actual esposa del sindicalista, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa es actualmente jefe de equipo en el tribunal y su sueldo es superior a los 3.000 euros.

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163 altos directivos del BBVA podrán cobrar un bonus del 200% del sueldo

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Los accionistas del BBVA votarán el mes próximo si el bonus de sus principales directivos puede alcanzar el 200% de su sueldo fijo, el máximo legal. La entidad que preside Francisco González será la primera de España que apruebe elevar el tope del 100% fijado con carácter general por las normas comunitarias y españolas desde el año pasado. Para eso, necesita que lo apruebe la junta de accionistas del próximo 14 de marzo, a la que se somete un listado de 163 cargos que tendrán la posibilidad de cobrar ese superbonus. Los demás bancos harán lo propio cuando llegue el momento de convocar sus respectivas juntas, según fuentes financieras.

Entre los cargos escogidos del BBVA se incluyen los consejeros ejecutivos y miembros del comité de dirección, esto es, la cúpula del banco; empleados del área de banca de inversión y corporativa, miembros de la dirección financiera, los directivos de la filial en EE UU y los máximos responsables de banca minorista.

El banco explica que el importe máximo estimado que podría alcanzar el nivel superior de retribución variable de las 163 personas indicadas sobre la retribución total fija del ejercicio sería de 70,8 millones para 2014, por lo que concluye que elevar el límite del bonus al 200% no afecta al mantenimiento de una base sólida de capital del banco. La posibilidad de pagar superbonus no implica que estén garantizados.

El presidente del banco, Francisco González; el consejero delegado, Ángel Cano; el consejero de Regulación, José Manuel González-Páramo, y los otros 13 miembros del comité de dirección, incluidos los responsables de banca minorista en España, México y EE UU están entre los favorecidos por esa elevación del límite. Otros ocho responsables de banca minorista en otros tantos países también están en la lista, así como tres altos cargos de la dirección financiera del grupo.

El banco explica que se han incluido directivos de áreas geográficas donde se da mucho peso a la retribución variable y no hay límites a la misma, como es el caso de EE UU, donde 31 directivos de banca tradicional podrán tener un bonus del 200% de su sueldo. Pero la palma se la lleva el departamento de banca corporativa y de inversión, la élite de los banqueros, los ejecutivos más cercanos a los mercados (Bolsa, deuda, divisas…) y a la financiación de las grandes empresas e instituciones (estructurados, emisiones de deuda pública, renta fija corporativa, préstamos sindicados…). Se propone a la junta que más de un centenar de ellos pueda recibir superbonus, que son habituales en esas áreas de negocio.

El banco publicó este viernes el informe de remuneraciones de 2013, que muestra que el presidente del banco, Francisco González, ganó en total 5,167 millones, un 1% más que el año anterior, con una retribución fija en metálico de 1,97 millones y un bonus del 162%, cerca de 3,2 millones, a pagar mitad en metálico y mitad en acciones y de forma en parte diferida. El consejero delegado, Ángel Cano, ganó 3,751 millones, incluyendo un bonus del 113% del sueldo fijo. El total sube a 4,8 millones al sumar los 1,07 millones que el banco aportó a su fondo de pensiones, una cifra muy inferior a los seis millones que aportó en 2012 por ese concepto. Cano acumula ya un fondo de 23,6 millones. El tercer consejero ejecutivo, González-Páramo, ganó

660.000 euros en siete meses. Por su parte, los 13 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos ganaron 17,9 millones de euros, una media de 1,4 millones.

El Consejo también propondrá a la junta un plan de retribución variable en acciones para 2.200 directivos dotado con un máximo de 18,5 millones de títulos, valorados en 167 millones a precio de mercado actual. De ellos, 584.000 acciones pueden destinarse a los consejeros ejecutivos y 1,22 millones, a la alta dirección.

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès eluden la cárcel tras devolver sus pensiones millonarias

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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a tres exdirectivos al considerar que, aunque su conducta fue “maliciosa e insidiosa”, han reparado el daño devolviendo los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.

El magistrado considera que los cuatro -Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas– han incumplido los deberes de cualquier administrador cometiendo el delito de administración desleal y “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja” antepusieron sus intereses personales a los societarios.

El juez José María Vázquez Honrubia ha tenido en cuenta, como atenuante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su  culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro exdirectivos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.

Ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado, ni las acusaciones particulares van a recurrir la sentencia. Tampoco lo harán las defensas de los condenados.

Admiten el delito y devuelven el dinero

Al inicio de la vista celebrada Pagés, Troyano, Abella y Caellas se han dirigido a la Sala para asegurar que han devuelto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar.

Los cuatro acusados han reconocido ante el tribunal los hechos. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, el fiscal ha recordado que la Fiscalía “tenía razón en este asunto”. “Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio”, ha indicado.

Por su parte, las otras tres acusaciones personadas -BMN, el FROB y Fundación Pinae- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados  y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. Desde 2001, los exdirectivos “se autoconcedieron” derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Pensiones de más de 31 millones de euros

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999  euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Caixa Penedès se fusionó en 2010 a Caja Granada, Caja Murcia y ‘Sa Nostra’ Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder sus millonarias pensiones, los cuatro exdirectivos buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas, como negar información a BMN. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, “controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas”, y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

Bankia acude a Rothschild para vender las participadas

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Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos
Iberia reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica
Técnicas Reunidas logra un contrato para una refinería en Rusia por 1.100 millones
– Afectados de Fórum y Afinsa: “¡Concursales, criminales”
– En España hay hoteles de 4 y 5 estrellas a 25 y 57 euros
– El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa
Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
– Rosell: “La corrupción se ha cargado en dos semanas la imagen de España
Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo
Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación
– La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros
– Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades
Acebes ganó 216.000 euros en ocho meses por estar en el consejo de Iberdrola
– El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios
– Un sobrino de Felipe González cobró de los ERE
– Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE
– El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes
– El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol
– Interior investiga decenas de informes sobre el espionaje político catalán
– El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3
– La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios
– Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel
– El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”
– Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza»
La recesión en la eurozona se agravó en el último trimestre del 2012, según los datos de Eurostat. El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de los 17 países del euro cayó el 0,6% en el cuarto trimestre respecto al precedente, el triple de lo esperado por la Comisión Europea. La eurozona acumula así tres trimestres consecutivos de caída del PIB. Los diarios coinciden en atribuir este descenso, en buena parte, a los resultados de Alemania y, en menor medida, a los de Francia. España mantuvo su tendencia a la baja con una caída del 0,7% entre octubre y diciembre respecto a la registrada en los otros trimestres. El portavoz económico de la Comisión Europea, Simón O’Connor, dijo que los datos “son peores de lo esperado en varios países”, aunque, añadió, “mejores de lo esperado en otros, como España”.

La Comisión Europea aprueba el paquete legislativo para la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, en once países de la UE. Cuando entre en vigor, el Ejecutivo comunitario calcula que España podría recaudar hasta unos 5.000 millones de euros anuales.

Ya en España, el Gobierno destinará 3.485 millones hasta 2016, casi mil al año, al programa contra el paro juvenil, que estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según anunció ayer en un comunicado conjunto el Ministerio de Empleo, UGT, CCOO y la CEOE. Con el plan se pondrán en marcha una serie de medidas, de las que quince serán de choque, con un plazo de aplicación de más de cuatro años. Un segundo bloque de actuaciones, a más largo plazo, abordará aspectos relacionados con la formación y orientación de los jóvenes, entre otros.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer en eximir al Banco de España de cualquier responsabilidad en el hundimiento de Bankia, como ya hiciera el pasado verano en el Congreso. Ordóñez reconoció que el Banco de España “perdió el control” de la crisis de Bankia cuando el Ministerio de Economía entró en escena para no aceptar el plan de recapitalización presentado por Rodrigo Rato. Según dijo, la intervención del Ministerio no le gustó, pero terminó aceptándola “por responsabilidad”. En otro momento, el exgobernador señaló que “el Banco de España no confíaba en Rato”, debido a su inexperiencia en el sector bancario.

Hablando de Bankia, esta mueve ficha para acelerar la venta de sus participadas. Con el fin de facilitar una desinversión ordenada de su cartera de cotizadas, ha contratado a Rothschild para que haga de intermediario entre la entidad y los bancos de inversión que quieran participar en la venta de cada uno de los bloques industriales. “Es un proceso muy complejo y necesitan a alguien que asesore al consejo de administración para la venta ordenada de cada una”, señalan fuentes del proceso. “Rothschild es una entidad sin balance y, por tanto, no está expuesta a posibles conflictos de interés”, añaden las mismas fuentes. Bankia tiene que deshacerse de toda su cartera de participadas, también de las que no cotizan en bolsa, para cumplir con el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas a finales de noviembre del año pasado. Entre los paquetes accionariales, que tienen un valor bursátil de unos 3.000 millones de euros, se encuentran Mapfre, Indra, NH Hoteles, IAG, Deoleo o Iberdrola, entre otros, según Expansión.

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos. Abertis está dispuesto a desprenderse total o parcialmente de su actividad aeroportuaria, un negocio que ha dejado de ser estratégico para el grupo español de infraestructuras, dice Expansión.

Iberia cancela 415 vuelos por la huelga de la semana próxima. Reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica. Iberia disminuirá su negocio para asegurar su rentabilidad si considera excesivo el laudo, según El Economista.

Las empresas españolas de construcción siguen mostrando su músculo en el exterior. El último ejemplo es el de Técnicas Reunidas, que se ha adjudicado un megacontrato de más de 1.100 millones de euros para la refinería que Lukoil construye en Volgogrado, en Rusia. Con este proyecto, la compañía considera que refuerza su presencia en Rusia y su «compromiso» con Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, además de dar un paso más en su internacionalización, señala ABC.

Unos doscientos afectados de Fórum y Afinsa han cercado las oficinas de la administración concursal de una de las empresas de sellos. Denuncian que los administradores nombrados por el juez llevan cobrados 12 millones mientras ellos no han recuperado nada siete años después de la intervención, recoge Cinco Días.

Los datos de cierre de 2012 demuestran que el precio medio de los hoteles volvió a caer, con lo que ya acumula cuatro años de bajada continuada. Y esto ha provocado que los clientes de establecimientos de alto nivel hayan podido acceder a tarifas impensables hace poco tiempo. La estadística revela que hay establecimientos de cinco estrellas que vendieron el año pasado estancias de una noche a 57 euros, y de cuatro estrellas a 25 euros. Esa rebaja, sin embargo, no se ha visto acompañada de una mejora de la ocupación general, aunque sí de turistas extranjeros. Los no residentes realizaron cuatro millones más de pernoctaciones en 2012, mientras que las de los nacionales cayeron en 9,6 millones, asegura Cinco Días.

El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa, afirma El Economista.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, preguntado por si los últimos casos de corrupción política están perjudicando la recuperación y la credibilidad exterior de España y sus empresas, señala que “había costado muchos esfuerzos” el que España “recuperase imagen internacional” y “en un par de semanas nos lo hemos cargado”. Sobre Arturo Fernández, Rosell dice que “ha pedido tiempo para reflexionar, y nosotros lo respetamos”, en El Economista.

Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo, según ABC.

El sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI-F, ha alertado hoy sobre la viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) a medio plazo, debido al fuerte recorte de su presupuesto (-17% en 2013) y al uso de más de 1.000 millones de su remanente desde 2007. A esto se une el estancamiento de ingresos de nuevos mutualistas por la congelación del empleo público, afirma Cinco Días.

Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación, según Expansión.

La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros. Sus promotores recibirán ese dinero de los Presupuestos sólo por haber sido tramitadas. Si Ada Colau se hubiese sumado al Gobierno y el PP promovido la taurina no habría coste, cuenta La Razón.

Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades, destaca El Mundo.

El ex ministro de Interior, Ángel Acebes, obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola, según se desprende del Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado justo cuando iba a dejar de presidir la Comisión de Auditoría de Bankia. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de la primera eléctrica nacional, asegura El Mundo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunció que ha solicitado a Hacienda los certificados de las declaraciones de la renta de los últimos años para hacerlas públicas. Rubalcaba comunicó que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado. En ese contexto, un sobrino de Felipe González cobró de los ERE, cuenta ABC.

Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE, según El Mundo.

El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios, publica Expansión.

El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes. Pedirá el suplicatorio antes de Semana Santa. Pretende acelerar el proceso a Pepiño por tráfico de influencias, afirma La Gaceta.

El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por las empresas al Palau acabaron en sociedades de la familia del ex presidente. Victoria Álvarez facilitó a Alicia Sánchez-Camacho tres teléfonos personales de Jordi Pujol Ferrusola en el transcurso de la conversación grabada en el restaurante. El micro fue colocado por los detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, quienes instalaron un receptor en la oficina del restaurante La Camarga y otro en el exterior. Al mismo tiempo que hacía este encargo, Método 3 trabajaba para CiU a través del ex director de los Mossos y hoy director de prisiones Xavier Martorell, destaca El Mundo.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispondrá de multitud de expedientes de la agencia de detectives Método 3, que presuntamente grabó con un micrófono oculto una conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Fue en esa cita en la que Álvarez detalló a la dirigente popular el presunto blanqueo de capitales del primogénito de la familia Pujol. Un policía prejubilado, extrabajador de Método 3 —empleado ahora en otra empresa privada y dedicado a la docencia universitaria— ofreció ayer a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los archivos de audio de esa reunión, así como decenas de informes “sensibles” que manejaba la agencia de detectives privados y que incluyen investigaciones a responsables políticos, empresarios, jueces y fiscales, afirma El País.

El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3. La Camarga pidió «equipo y cámaras» a la agencia de detectives durante un mes. Interior abre una investigación para aclarar quién está detrás de las grabaciones al PP, añade La Razón.

La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios. La investigación apunta a que la mayoría de los partidos encargaron dossiers. La Policía Nacional crea un equipo especial para llegar al fondo del asunto. La policía cree que las escuchas a Sánchez-Camacho las encargó Zaragoza, afirma La Vanguardia.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, negó ayer que el PP haya incurrido en fraude de ley por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de Luis Bárcenas hasta diciembre de 2012 cuando su despido fue acordado en 2010. En ese contexto, Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel, según El Economista.

El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”, recoge El Mundo.

Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza». Una de las víctimas del asalto en Acapulco relata a LA RAZÓN el infierno que sufrieron. Los detenidos, que ya han confesado, conocieron a los turistas españoles en los restaurantes de la zona.

Otto Pérez: “España liderará la mayor inversión hecha en Centroamérica”. La Razón entrevista presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante su visita oficial a España. También ABC.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

La sombra de Gürtel sobre Teconsa y Begar

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Las compañías Teconsa (del grupo Martínez Núñez) y Begar (controlada por el empresario José Luis Ulibarri) tienen en común su negocio (mantienen intereses en los sectores de construcción, inmobiliario, concesiones y medios de comunicación), su situación actual de concurso (en el caso del grupo Begar ha sido su filial Begar Construcciones la que ha solicitado concurso de acreedores) y su área de influencia (realizan la mayor parte de su actividad en Castilla y León). Y también que ambas compañías se han visto envueltas en la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular conocida como Gürtel, lo que dificulta la gestión de sus respectivos procesos concursales.

José Luis Ulibarri, el presidente de Begar, figura como uno de los 71 imputados en la parte madrileña del caso Gürtel, según el auto del magistrado Antonio Pedreira, que la pasada semana levantó ya parte del secreto del sumario y del que ayer se hicieron públicos nuevos datos. Y según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo publicado ayer por El País, la constructora Teconsa habría pagado miles de euros en comisiones a Francisco Correa (líder de la supuesta trama). Directivos de ambas compañías consultados por este diario rechazan cualquier vinculación de las empresas con la supuesta trama.

Se trata de dos compañías con obras comprometidas en la realización de hospitales, colegios, tramos de vía férrea y carreteras; con viviendas por vender o construir, suelos que desarrollar, periódicos y televisiones locales y de cuya actividad dependen miles de puestos de trabajo.

Begar Construcciones, la empresa del grupo Begar que ha entrado en concurso, facturó en 2007, último año sobre el que la empresa ha presentado sus cuentas, 441,4 millones de euros. Teconsa facturó en el mismo ejercicio 426,9 millones. La incursión de los dos grupos en negocios inmobiliarios justo antes de que explotara la burbuja inmobiliaria en España y la financiera mundial ha ido mes a mes, desde 2008, ahogando las finanzas tanto de Begar Construcciones como de Teconsa.

En 2009 Ulibarri y Martínez Núñez se encuentran ya negociando la refinanciación de sus respectivas deudas. Entonces salta a los medios de comunicación la implicación de ambos en la presunta trama. El pasado mes de junio Begar Construcciones solicitaba su entrada en concurso y en septiembre Teconsa hacía lo mismo.

De los dos grupos ha sido Begar quien más claramente ha achacado a su implicación en el caso Gürtel el empeoramiento de su situación financiera. En la documentación entregada por la compañía al juez que ha declarado el concurso voluntario, Begar señala la “extraña forma de proceder de Adif” al no conceder al grupo la obra de un tramo del AVE entre Palencia y León a mediados de este año.

Begar destaca que la decisión de Adif de retirar un concurso, por valor de 36 millones, que la compañía preveía ganar, “curiosamente coincide en el tiempo con la aparición en diversos medios de comunicación de una serie de noticias que vinculaban a D. José Luis Ulibarri Cormenzana, con el denominado caso Gürtel”.

La compañía señala que a raíz de esas publicaciones “los bancos y cajas de ahorro acreedores de la sociedad habrían visto una manifestación de desconfianza por parte de las administraciones públicas, principales clientes de la empresa”. Lo que, concluye Begar, habría provocado que las entidades financieras decidieran a finales de mayo “no continuar adelante con las negociaciones para la reestructuración financiera de la sociedad”.

Begar termina la memoria aportada al juzgado de Valladolid en el que presenta su solicitud de concurso que es su intención “continuar con su actividad constructora, con unas dimensiones más conservadoras, necesariamente adaptada a las circunstancias actuales del sector”.

Una elevada deuda con empresas participadas

La viabilidad futura de Begar Construcciones dependerá “de la capacidad de devolución de las deudas que las empresas del Grupo Begar mantienen con la empresa constructora, que representan más de un 60% de los créditos pendientes de cobro que tiene la empresa”, considera José Martínez Carrera, director general de Gesico, despacho que representa los intereses de más de un centenar de acreedores de Begar y Teconsa por una cuantía superior a los 15 millones. Begar solicitó concurso con una deuda cercana a los 300 millones por lo que, según las estimaciones de Gesico, unos 170 millones corresponderían a deudas contraídas con empresas del grupo Begar o participadas por José Luis Ulibarri.

Sobre el proceso concursal en el que se encuentra inmerso Teconsa, fuentes jurídicas llaman la atención sobre el cambio de administrador realizado en la empresa al tiempo que ésta entraba en concurso. En lugar de José Martínez Núñez ahora figura como administrador de la compañía Ángel de Cabo Sanz. Las mismas fuentes vinculan a éste con la empresa valenciana Nuevas Formas y Diseños, especialista en entrar en la administración de empresas en serias dificultades financieras. Sin embargo desde la empresa valenciana administrada por Ángel Olmos Maldonado se niega cualquier vinculación con Teconsa. Fuentes cercanas a la compañía del grupo Martínez Núñez aseguran que el cambio de administrador es normal en empresas en concurso.

Tele 7 acaba de poner un marcha un ERE que afectará al 80% de su plantilla.Gürtel, José Luis Ulibarri, intentó impulsar en Valencia.

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VÍCTOR ROMERO VALENCIA La Real Academia de la Lengua recoge tres acepciones para la palabra crepúsculo. La tercera de ellas define el vocablo como la fase declinante que precede a final de algo. El sol brillaba mucho más cuando el empresario imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, presentaba en sociedad Tele 7, la cadena de televisiones locales de la que es accionista de referencia. Bajo los focos, en Feria Valencia, con Luis del Olmo como presentador y el jefe del Consell, Francisco Camps, de estrella política invitada, Ulibarri irrumpía en el año 2007 en el mercado valenciano del audivisual al tiempo que su constructora Begar comenzaba a hacer pinitos en el universo de las adjudicaciones públicas.

Eran otros tiempos. Ulibarri, junto a Camps, en la presentación pública de Tele 7..
Menos de tres años después, lo que se prometía como un negocio de futuro devenido por el próximo apagón analógico y la digitalización de la mundo de la televisión ha terminado en fiasco. Tele 7 nació con el pecado original de ser un proyecto de diseño marcado políticamente.
La propia Generalitat conminó a propietarios de pequeñas televisiones locales alegales a asociarse con Ulibarri y otros accionistas cercanos al poder para garantizarles la continuidad de las emisiones. En la sombra, el despacho de abogados Eius, en el que trabaja José María Michavila (hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps) preparaba los pliegos y giraba una factura de 150.000 euros. De esa joint venture cogida con fórceps nació Mediamed, la mercantil que resultó adjudicataria de 13 licencia de Televisión Digital Terrestre. De hecho Tele 7 se constituía en una televisión autonómica capaz de penetrar también el el mercado local.
Sin embargo la crisis económica, las batallas internas por el control de la empresa y, por último, la implicación de Ulibarri en el escándalo Gürtel han hecho derrumbarse a Tele 7 como un castillo de naipes. Fuentes del sector sostienen que el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por Mediamed para el 80% de su plantilla (90 de 108 personas) puede ser el primer paso para presentar concurso de acreedores, aunque otras fuentes ligadas a la Generalitat no creen que esto sea probable. Con los empleados acumulando nóminas sin cobrar y emitiendo programas enlatados o redifundiendo falsos directos ya emitidos varios meses, Tele 7 es hoy un proyecto en la cuerda floja.

Venta en Gandia
Algunas de sus televisiones locales han echado directamente la persiana. Es el caso de la emisora de Tele 7 en Gandia, sin licencia administrativa. Mediamed la ha vendido a un “grupo inversor” sin identificar, pero su nuevo director, José Codina, es un hombre del portavoz del PP en la capital de la Safor, Arturo Torró. El cambio de accionariado ha significado el final de las emisiones. Las fuentes consultadas sostienen que este podría ser a medio plazo el futuro de otras de las emisoras agrupadas bajo el paraguas de Tele 7.
De los negocios mediáticos de Ulibarri en la Comunitat Valenciana sólo parece salvarse el contrato de gestión que la sociedad Administración y Gerencia de Ondas 13 -participada por Ulibarri- tiene con el Ayuntamiento de Valencia para la televisión municipal. No habrá expediente de regulación de empleo para TMV. El ayuntamiento de Rita Barberá se cuida de mantener a flote económicamente su propia televisión.
La crisis del ladrillo deja tocada a la matriz de Begar
La crisis del ladrillo ha dejado tocada a la empresa principal de José Luis Ulibarri, Begar. La constructora del imputado en el caso Gürtel presentó el mes pasado suspensión de pagos con una deuda de 297 millones de euros y la previsión de despedir a 203 empleados. Las escasas perspectivas de rentabilidad y problemas de financiación han llevado a Begar a paralizar proyectos de viviendas e incluso obras públicas como el hospital de Llíria, proyectos del IVVSA o colegios de Ciega en Albaida y Tavernes de la Valldigna. Begar también ha abandonado el aparcamiento de la plaza.

Martín Beaumont asegura que Rajoy quiere “sentenciar” a Fabra El periodista logró 13 TDT con la mediación del Consell y colaboró en Canal 9

 

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s. pitarch valencia El periodista Antonio Martín Beaumont aseguraba ayer en su periódico digital que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió a mediados de julio(2013) en la Moncloa a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para proponerle que sea la candidata a la Generalitat en 2015 porque ya no confía en Alberto Fabra. Martín Beaumont no es un informador cualquiera: fue diputado autonómico del PP en Castilla-León y es padre de María Martín Revuelta(Asesora parlamentaria en Congreso de los Diputados)  , que concurrió a las elecciones generales de 2011 con el PP por la circunscripción de Valencia. Martín, hija, ocupó el duodécimo lugar de la lista, pese a no tener vinculación valenciana, y se quedó a dos puestos de ser diputada. Ahora trabaja de asesora en el Grupo Parlamentario Popular.
Martín Beaumont, que fue tertuliano de Canal 9 y accionista del grupo Mediamed (Tele 7) del imputado por la trama Gürtel José Luis Ulibarri, revela una supuesta reunión secreta entre Rajoy y Barberá que “sentenciaría” a Alberto Fabra. Según el periodista, el presidente de la Generalitat “tiene el partido manga por hombro fundamentalmente por su carencia de autoridad”.
Pero ahí no acaba el repaso de este informador al también presidente del PPCV, al que critica por “seguir metiendo el dedo en el ojo de los suyos”. “Y lo peor para el barón valenciano ya no es morir políticamente, sino que como siga haciendo enemigos en Madrid y Valencia nadie le llevará flores”, concluye.
Martín Beaumont es uno de los periodistas de la capital de España que mayor relación tiene con el diputado y vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. De hecho, fuentes populares vinculan esta amistad a que su hija fuera en la lista que el propio González Pons encabezó en 2011, pasando por delante de personas con “pedigrí” popular como Sergio Montaner, ganador de las elecciones municipales en l’Eliana, feudo del senador socialista Josep Maria Ángel, que mantuvo la alcaldía por un pacto con EUPV.
Según explican las mismas fuentes, su presencia en la candidatura causó estupefacción en el partido porque no es de Valencia y la lista ya incluía un diputado “cunero” como Ignacio Uriarte, también impuesto por la dirección nacional. Tal era su desconocimiento sobre María Martín Revuelta que el PPCV ni pasó su currículum a la prensa.
Aunque el puesto duodécimo no era de salida, sí que es un lugar suficientemente codiciado. Habitualmente la lista suele correr cuando los diputados de los primeros puestos son llamados a menesteres en el Gobierno. El problema que tuvo Martín es que Rajoy no ha confiado en muchos valencianos para estas responsabilidades. Eso sí, pudo ser recolocada como asesora del Grupo Popular en el Congreso.

Socio y accionista en Tele 7
Antonio Martín Beaumont fue tertuliano de Canal 9 durante la etapa de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. Además, fue accionista minoritario y consejero de la quebrada Mediamed, la empresa liderada por José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, que consiguió 13 licencias de Televisión Digital Terrestre en la Comunitat Valenciana.
Como contó este periódico, Mediamed (operaba con la marca Tele 7) consiguió las 13 TDT gracias a la presión ejercida por el Consell sobre otras empresas de comunicación que participaban en el concurso. El Gobierno conminó a estas sociedades a asociase con Mediamed y cederle el control de la mayoría del capital social. La empresa de Ulibarri, Martín Beaumont y otros socios fue constituida meses antes de que Esteban González Pons resolviera el concurso para el reparte de la televisión digital terrestre en la Comunitat Valenciana un 31 de diciembre de 2005.
Tele 7 iba a ser un televisión cercana al PP valenciano y que tenía permiso para emitir en 13 de las 14 circunscripciones locales.
Tras el estallido del caso Gürtel, Ulibarri fue imputado y cayó en desgracia. La situación de la televisión se complicó y la fuerte crisis económica acabó por espantar a todos los accionistas y acabar con su entrada en concurso de acreedores en 2011 y su liquidación en junio de este año.