Archivo de la categoría: Legislación

Por una democracia del común. Entrevista a Michael Hardt

FUENTE

Declaración, el último libro de Michael Hardt y Toni Negri, ha sido escrito al calor de la serie de «revoluciones conectadas» que irrumpieron en el 2011: Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street. La obra está constituida por algunas ideas extraídas de las prácticas que se generaron en estas revueltas y que pueden ser útiles para impulsar el paso de un llamamiento a rebelarse contra la crisis y la falsa democracia, a la constitución de una nueva sociedad. Es decir, a la creación de instituciones y nuevos derechos a partir de los prototipos organizativos que se han dado en las redes y las plazas.

Revueltas en Turquía, junio 2013

Las obras anteriores de los autores –Imperio, Multitud y Commonwealth– han constituido una referencia fundamental del pensamiento político actual. Lo que las distingue de la pura especulación filosófica o académica es la articulación de sus autores con los movimientos sociales y las luchas reales del ciclo global de conflictos todavía en curso.

Para contribuir a esta tarea, la Fundación de los Comunes –en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo Reina Sofía de Madrid– ha organizado una ronda de charlas con Michael Hardt, bajo el título de Común y poder constituyente, con el objeto de abrir discusiones públicas en torno a las cuestiones planteadas en el ensayo Declaración.

En esta entrevista, desde la Fundación de los Comunes preguntamos al autor sobre los movimientos contra la deuda como importante derivación de estas revueltas y respecto a su relación con la construcción de una democracia real basada en el común.

 

En Declaración planteáis que estudiar la deuda desde la posición de los endeudados resulta útil para entender el proceso de mercantilización de los derechos. ¿De qué manera transforma la deuda el vínculo entre ciudadanía y derechos?

Nuestras sociedades han pasado de un sistema basado en el bienestar (Welfare) a otro basado en la deuda (Debtfare). Las necesidades básicas para la vida que debían ser cubiertas por la estructuras del Estado del Bienestar ahora son solo accesibles mediante el endeudamiento personal. Necesitas un préstamo para estudiar en la universidad, adquirir una casa o ser atendido en un hospital. Es una grave injusticia que estas necesidades vitales queden además fuera del alcance de muchas personas. Pero lo importante es reconocer la naturaleza social y colectiva de este fenómeno, que forma parte de un proceso neoliberal más general en curso desde la década de 1980, intensificado en años recientes. Las luchas contra la deuda se basan hoy en reconocer que endeudarse no es una elección personal, mucho menos el resultado de un frívolo gasto excesivo. Se trata más bien de un fenómeno socialmente determinado. Cuando reconocemos que no estamos solos en nuestro endeudamiento podemos empezar a luchar juntos.
Judith Butler ha propuesto la «fragilidad» como el punto de partida para una alianza política que ya no se basa en la homogeneidad, sino en las diferencias. Esta idea parece sugerente dada la compleja composición del «99%», el «nosotros» que hablaba en Occupy. La proliferación de la confianza y el apoyo mutuo, rechazando la disciplina de la homogeneidad, ¿son ahora condiciones para organizar la revolución? ¿Cómo articulamos la relación entre el uno y el muchos, partiendo de nuestra condición finita, dependiente y vulnerable, contrarrestando el aislamiento que produce la individualización?

Es importante combatir los dispositivos de individualización masiva que aíslan a las personas haciéndolas sentirse responsables e incluso culpables de su propia subordinación, abandonadas en su impotencia. La deuda es un dispositivo que produce este tipo de individualización mediante la retórica de la autosuficiencia individual. Pero sería erróneo obsesionarnos con nuestra victimización. Mediante redes de cooperación social podemos desplazar la perspectiva de la dependencia individual a la interdependencia colectiva. No se trata de imaginarnos inmunes, sino de crear un contexto social en el que podamos sentir una seguridad real. En la relación de unas personas con otras nuestras vidas pueden dejar de ser precarias. Los movimientos recientes contra la deuda en Estados Unidos, España y otros lugares han generado poderosos efectos de desindividualización: no solo bloquean la amenaza acreedora, sino que también –y esto es aún más importante– construyen redes autónomas de interdependencia y apoyo. Me gusta pensar en términos de «poder de la interdependencia». Sin embargo, huir del individualismo forzado de la sociedad del débito no significa fundirse indiferenciadamente en la masa. El asunto plantea un reto teórico y político importante. Tenemos que demostrar que el individuo aislado no es el único espacio de la diferencia, pero también que nuestras redes de cooperación social autónoma funcionan porque somos diversos y solo perduran en la medida en que nos permiten seguir siéndolo.
¿Cómo opera el «comunero», el sujeto que a vuestro juicio produce «el común»?

Resulta útil pensar al comunero como alguien que no solo hace uso o participa del común, sino que también lo produce. El común debe ser producido y reproducido continuamente. Todo lo que es común o susceptible de devenir común —incluso el agua, la tierra y los bosques— forma parte, siempre, de una relación de cuidado e interacción. También las formas inmateriales de lo común —las ideas, las imágenes y los códigos— deben ser producidas y de tal manera que puedan ser compartidas de forma sostenible. En una escala mayor, debemos pensar en la metrópolis misma y en todas las relaciones sociales insertas en ella como una gigantesca producción y un vasto reservorio del común. El punto clave es entender que el común no es espontáneo ni automático, que necesita del comunero que es quien lo produce y sustenta.
¿Cómo se organiza ese común que no es privado pero que tampoco responde al imaginario de lo público-estatal presente en las demandas de parte de los movimientos y del pensamiento de izquierda?

El común no se define sencillamente por la falta de control privado o estatal, sino también por el establecimiento de un modo de gestión alternativo: la autogestión democrática colectiva. Tales prácticas de autogestión son lo que Toni Negri y yo llamamos «instituciones del común». Mientras algunos sostienen que el común puede ser gestionado únicamente por comunidades claramente delimitadas y reducidas, nosotros concebimos un común definido por el libre acceso y la participación expansiva. El común se debe caracterizar no exclusivamente por la homogeneidad en pequeña escala, sino también por la mezcla y la pluralidad en una escala mayor. Esta discusión es paralela a una conocida divergencia en las teorías sobre la democracia. Hay quienes sostienen que una democracia real solo puede funcionar en el marco de unas comunidades reducidas y limitadas, mientras otros —entre quienes nos incluimos— imaginamos y luchamos por la democracia de una población a gran escala, heterogénea y activa. Tal democracia real no existe aún de un modo significativo y su realización futura no está en modo alguno garantizada, pero constituye el horizonte —una estrella que guía en la imaginación política— para un número cada vez mayor de personas alrededor del mundo. Una democracia real y unas relaciones abiertas y expansivas del común son promesas por las que debemos luchar.
¿En qué estado se encuentra la organización del movimiento contra la deuda en Estados Unidos después de Occupy? ¿Te parece que las iniciativas contra la deuda se pueden considerar un «comunero colectivo» en oposición al «capitalista colectivo»?

Existen numerosas campañas contra los desahucios organizadas a nivel local en Estados Unidos, pero el proyecto contra la deuda de coordinación más extendida es Strike Debt. Uno de sus aspectos más útiles es la manera en que reúne las luchas contra diferentes formas de deuda: estudiantil, sanitaria e hipotecaria.

Sin duda, iniciativas como también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España y otras similares crean un común en la medida en que combaten la segregación de la ciudad fragmentada y privatizada, y dotan a las personas de herramientas con las que crear espacios comunes para vivir. ¿Qué significaría hacer realmente una metrópolis común? Es una cuestión de peso difícil de responder. No me cabe duda de que Strike Debt o la PAH ofrecen parte de la solución.
¿Dónde radica la posibilidad de romper con la individualización del tiempo, para afirmar una temporalidad de los «comuneros»? ¿Cómo podemos romper con la temporalidad de la deuda y afirmar un tiempo de la compartición, organizando la vida en común?

Para constituir una nueva temporalidad, tenemos que empezar por investigar la naturaleza del tiempo en que vivimos hoy. El historiador E. P. Thompson teorizó cómo la industrialización conllevó un cambio en nuestro «tiempo interno». Mientras anteriormente se medía el tiempo en términos de ciclos naturales y tareas materiales, el dominio de la industria introdujo una medida homogénea y regular del tiempo que se propagó desde la fábrica hacia toda la sociedad. Thompson señala también que el movimiento obrero industrial dedicaba una parte importante de su esfuerzo a las luchas sobre el tiempo. La lucha por reducir la jornada laboral operaba en el terreno de la temporalidad industrial. Thompson propone reconstruir nuestro sentido del «tiempo interno» en términos de qué hacemos, cuáles son nuestras prácticas cotidianas y cómo cooperamos productivamente unas personas con otras. Es una tarea difícil, pero este me parece por lo menos un punto de partida. El estallido de la fábrica como modo de producción ha dado como resultado una fragmentación de tiempos de la producción. La temporalidad del sujeto endeudado forma parte de esta nueva pluralidad. Tenemos que dar cuenta en detalle de los diversos modos de producción y de cooperación de los sujetos endeudados, para poder identificar cómo constituyen en concreto su sentido del «tiempo interno» e investigar qué potencialidades de revuelta se abren en este terreno.

Escándalo mayúsculo en el Tribunal de Cuentas: el 10% de su plantilla son familiares de altos cargos

FUENTE

Esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia. La lista de supuestos enchufados en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y organismos públicos, es larga, y afecta a altos cargos y antiguos directivos de esta institución. Un portavoz oficial asegura que todos han accedido después de pasar una “oposición libre y abierta”. Los miembros de los jurados examinadores son miembros de la institución.

Casi un centenar de familiares
De una plantilla de algo más 700 trabajadores, el 10%, casi 100 son familiares de altos cargos, desde el presidente hasta representantes del comité de empresa y también de consejeros y políticos, según desvela El País, que hace unos días adelantaba datos de la situación en este organismo público, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros al año.

La mujer de Trillo, el hermano de Aznar y las hijas de un franquista
También están muy bien colocados en el Tribunal familiares de exministros y expresidentes, por ejemplo, María José Molinuevo (ahora en excedencia), esposa del embajador en Reino Unido y extiular de Defensa Federico Trillo; el hermano de José María Aznar, Manuel Aznar, consejero a propuesta del PP; y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, también consejera a propuesta de ese partido.

En la institución además trabaja gracias al PP María José de la Fuente, que cuenta allí con dos primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro franquista Licinio de la Fuente.

La media de los sueldos, 3.000 euros netos
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones en los que se cobra los más altos sueldos, unos 3.000 euros, la media. Son un 30% más elevados que el de otros organismos públicos.

Sala de Plenos del Tribunal Constitucional. Foto de la institución

Los familiares del presidente y de su número dos
El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernández Álvarez de Miranda, tiene en la institución a dos familiares cercanos, su concuñada Cristina Querarto Iborra y a su sobrino José Manuel García Soriano.

El número dos de la institución, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP) tiene a un hermano, Enrique Medina, una hermana, María Consuelo Medina, a su esposa, María del Carmen Higueras, y a una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus. Este alto cargo replica que sus parientes accedieron al Tribunal antes que el llegase a consejero.

Sueldo de 4.700 euros netos, dos secretarias y coche oficial
Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y un sueldo de 4.700 euros netos al mes durante los nueve años, que son renovables. El número de consejeros asciende a 12 y han sido nombrados por las Cortes: siete de ellos a propuesta del PP y cinco, del PSOE. Uno ha sido consensuado con Izquierda Unida.

El sindicalista Julio Ronda
Otro caso escandaloso es el del sindicalista de UGT Julio Ronda, que tiene sólo graduado escolar y ha conseguido ascender a jefe de equipo con un sueldo de 2.800 euros, a lo que hay que añadir pagas extras por productividad. Ronda tiene en el tribunal a su exesposa, María Isabel Fernández; a su actual pareja, Pilar Ramírez; su nuera, Yolanda de la Torre; su cuñada, Consuelo Dávila; dos sobrinos, Manuel Ramírez y Jesús Sanz; su amigo de la infancia Félix Real Perea; un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda, que jefe de equipo. La actual esposa del sindicalista, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa es actualmente jefe de equipo en el tribunal y su sueldo es superior a los 3.000 euros.

163 altos directivos del BBVA podrán cobrar un bonus del 200% del sueldo

FUENTE

Los accionistas del BBVA votarán el mes próximo si el bonus de sus principales directivos puede alcanzar el 200% de su sueldo fijo, el máximo legal. La entidad que preside Francisco González será la primera de España que apruebe elevar el tope del 100% fijado con carácter general por las normas comunitarias y españolas desde el año pasado. Para eso, necesita que lo apruebe la junta de accionistas del próximo 14 de marzo, a la que se somete un listado de 163 cargos que tendrán la posibilidad de cobrar ese superbonus. Los demás bancos harán lo propio cuando llegue el momento de convocar sus respectivas juntas, según fuentes financieras.

Entre los cargos escogidos del BBVA se incluyen los consejeros ejecutivos y miembros del comité de dirección, esto es, la cúpula del banco; empleados del área de banca de inversión y corporativa, miembros de la dirección financiera, los directivos de la filial en EE UU y los máximos responsables de banca minorista.

El banco explica que el importe máximo estimado que podría alcanzar el nivel superior de retribución variable de las 163 personas indicadas sobre la retribución total fija del ejercicio sería de 70,8 millones para 2014, por lo que concluye que elevar el límite del bonus al 200% no afecta al mantenimiento de una base sólida de capital del banco. La posibilidad de pagar superbonus no implica que estén garantizados.

El presidente del banco, Francisco González; el consejero delegado, Ángel Cano; el consejero de Regulación, José Manuel González-Páramo, y los otros 13 miembros del comité de dirección, incluidos los responsables de banca minorista en España, México y EE UU están entre los favorecidos por esa elevación del límite. Otros ocho responsables de banca minorista en otros tantos países también están en la lista, así como tres altos cargos de la dirección financiera del grupo.

El banco explica que se han incluido directivos de áreas geográficas donde se da mucho peso a la retribución variable y no hay límites a la misma, como es el caso de EE UU, donde 31 directivos de banca tradicional podrán tener un bonus del 200% de su sueldo. Pero la palma se la lleva el departamento de banca corporativa y de inversión, la élite de los banqueros, los ejecutivos más cercanos a los mercados (Bolsa, deuda, divisas…) y a la financiación de las grandes empresas e instituciones (estructurados, emisiones de deuda pública, renta fija corporativa, préstamos sindicados…). Se propone a la junta que más de un centenar de ellos pueda recibir superbonus, que son habituales en esas áreas de negocio.

El banco publicó este viernes el informe de remuneraciones de 2013, que muestra que el presidente del banco, Francisco González, ganó en total 5,167 millones, un 1% más que el año anterior, con una retribución fija en metálico de 1,97 millones y un bonus del 162%, cerca de 3,2 millones, a pagar mitad en metálico y mitad en acciones y de forma en parte diferida. El consejero delegado, Ángel Cano, ganó 3,751 millones, incluyendo un bonus del 113% del sueldo fijo. El total sube a 4,8 millones al sumar los 1,07 millones que el banco aportó a su fondo de pensiones, una cifra muy inferior a los seis millones que aportó en 2012 por ese concepto. Cano acumula ya un fondo de 23,6 millones. El tercer consejero ejecutivo, González-Páramo, ganó

660.000 euros en siete meses. Por su parte, los 13 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos ganaron 17,9 millones de euros, una media de 1,4 millones.

El Consejo también propondrá a la junta un plan de retribución variable en acciones para 2.200 directivos dotado con un máximo de 18,5 millones de títulos, valorados en 167 millones a precio de mercado actual. De ellos, 584.000 acciones pueden destinarse a los consejeros ejecutivos y 1,22 millones, a la alta dirección.

Industria incluirá el coste del almacén Castor en la nueva reforma del gas

FUENTE

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo diseñará la reforma del sistema gasista a partir de un escenario de costes en el que se incluya el relacionado con el almacenamiento subterráneo de gas de Castor, indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en un encuentro con la prensa.

La actividad de llenado de gas en este almacenamiento quedó suspendida el año pasado debido a los seísmo detectados en la zona. Pese a ello, la repercusión de su coste sobre la tarifa es previsible, ya sea por su hipotética entrada en operación o por la posibilidad de que los promotores reviertan la instalación al Estado.

Nadal indicó que Industria quiere tener “la máxima información” acerca de “qué hacer con los mil y pico millones” de coste de la infraestructura. “Tenemos que ser muy prudentes” y encontrar una solución que reconozca la inversión al “mínimo coste” para los consumidores, dijo.

Conforme a la cláusula del acuerdo de concesión de Castor en 2008, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene la opción de renunciar por escrito a la infraestructura. “Es ahí cuando el Gobierno tendrá que decidir cómo se paga”, indicó Nadal.

El secretario de Estado de Energía no precisó si Castor podrá entrar en operación. “La pregunta del millón no es saber qué ha pasado, sino saber qué va a pasar en caso de que funcione”, y por el momento “nadie” ha sido capaz de ofrecer una respuesta, dijo. “Tenemos que estar muy seguros” y recabar la información “llevará mucho tiempo”, añadió.

Junto a esto, reconoció que “hoy en día” el sistema gasista “no tiene necesidad” de este almacenamiento, que se construyó con unas previsiones de demanda muy superiores a las actuales. “Si empezáramos desde cero, diríamos que no a su construcción”, si bien “eso no quiere decir que dentro de diez años no se necesite”.

Por otro lado, Nadal ofreció algunos detalles acerca de la reforma del sistema gasista en la que trabaja el Gobierno, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Industria se propone tener “las ideas claras” antes del 30 de junio e iniciar la tramitación en julio, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Para acabar con el déficit de tarifa de “700 u 800 millones de euros” el Gobierno fijará un “escenario razonable de evolución de demanda hasta 2020” y condicionará la revisión de la retribución a las variaciones de demanda. Este mecanismo ya se usaba en distribución y regasificación, y ahora se ampliará a otras actividades.

Vagos.es cierra de forma definitiva y traslada sus contenidos a zasca.com

FUENTE

El pasado día 25 de junio, el conocido portal de descargas Vagos.es, cerró de manera cautelar después de recibir una notificación de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. por violar derechos de autor. Hoy, tan solo tres días después, la página ha anunciado el cierre definitivo, pero lejos de rendirse, ha decidido transformarse en otra página, con el dominio zasca.com.

Wamba Project, S.L., grupo al que pertenece Vagos.es, reconoce estar analizando la situación creada por el inicio de actividades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. “Sin perjuicio de las diferentes soluciones jurídicas a adoptar cuando se traslade el expediente administrativo a nuestros abogados, desde Wamba Project, S.L. hemos tomado una serie de soluciones técnicas para salvaguardar las tertulias y bibliotecas de nuestros usuarios”, ha anunciado la compañía.

La nueva web funciona como un agregador de contenidos donde los usuarios pueden ir añadiendo enlaces y texto de hasta 140 caracteres. El contenido se puede organizar por categorías que se van ordenando según el número de votos que obtengan de los usuarios. Su código de programación, desarrollado íntegramente por Wamba Project, S.L., indexa datos de Twitter y de otras redes sociales como por ejemplo Facebook. El servicio es flojo aún, por lo que ha recibido críticas de algunos usuarios, Pero el equipo técnico de Wamba Project, S.L. ha asegurado que “intentará integrar en Zasca.com el legado de los foros de Vagos.es”, con el objetivo de “facilitar la búsqueda de toda la información aportada por los usuarios durante los últimos años”.
Según aclara Wamba Project, S.L. en su página web, “Zasca.com ha sido concebido como una mezcla entre un agregador de enlaces y un “content curator” de otros sitios sociales. Su código de programación, desarrollado íntegramente por Wamba Project, S.L., indexa datos de Twitter y de otras redes sociales organizados en categorías y ordenados por relevancia.  Pero, en última instancia, son los usuarios los que ordenan con sus votos el contenido de la web”.
Ley Sinde, a pleno rendimiento
La Ley Sinde-Wert está actuando a pleno rendimiento. Tras obligar a bajui.com a retirar todos los enlaces de la página Uploaded.to, con sede en Suiza, la Comisión de Propiedad Intelectual actuó contra CineTube, un popular ‘site’ de visionado gratis en ‘streaming’ de películas en España, que tras recibir una notificación de Cultura para dejar de enlazar a contenidos protegidos por derechos de autor, decidió eliminar por cuenta propia todos los contenidos de su plataforma.
Su última ‘víctima’ en España ha sido la página de descargas vagos.es. No sorprendió a nadie. Como ya anunciamos en El Confidencial, a principios de año se conoció la primera lista de ‘webs’ susceptibles de violar derechos de autor, y la página de intercambios de contenidos estaba entre las candidatas a ser ‘intervenida’. La lista fue creada por la francesa CopeerRight Agency para la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, e incluía a portales con enlaces de eMule, torrent; con descargas directas a servidores externos como MegauploadRapidshare o similares; o que ofreciesen contenidos protegidos de audio o vídeo en ‘streaming’. Lo que afectaba directamente a ‘sites’ como Series Yonkis, vagos.es, Cinetube, PorDescargaDirecta, Bajandopelis, Gratismusica, Gamestorrents, Cinegratis, Elitetorrent, Taringa o Veocine, entre otros.

Medio Ambiente autoriza las prospecciones en busca de petróleo en Canarias

FUENTE

El Ministerio ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al ‘Proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9′, que se desarrollarán con un buque de posicionamiento dinámico a unos 60 kilómetros de la costa canaria. El permiso “no implica en ningún caso la extracción de petróleo” y está condicionado a la aplicación de medidas de prevención y corrección “ante hipotéticos sucesos accidentales”.

La DIA aprobada reconoce que el proyecto tiene “una serie de impactos” previstos en la realización del sondeo e incluye medidas “preventivas y correctoras”. En concreto, se han analizado medidas de control de fuentes lumínicas, ruido y ripios y lodos procedentes de los sondeos. Además, REPSOL tendrá la obligación de sellar los pozos tras los sondeos y realizar un análisis semanal de las aguas marinas afectadas.

Autorización con condiciones

Por otra parte, la autorización incluye también una serie de medidas correctoras para “garantizar la no afección” a la Red Natura 2000 ni a los espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos. El Ministerio ha concluido en su declaración que “no se producirán impactos adversos significativos” siempre que el promotor, en este caso Repsol, adopte las medidas correctoras previstas.

Asimismo, asegura que en la evaluación ambiental del proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar que ha aplicado “rigurosos conocimientos científicos” para determinar las medidas más adecuadas para que el proyecto pueda llevarse a cabo con las máximas garantías ambientales. En este procedimiento, se han aplicado criterios científicos y técnicos tanto en la identificación de los posibles impactos cómo en la determinación de las medidas de control.

Sin embargo, los cinco grandes grupos ecologistas de nuestro país, como Greenpeace o WWF, ya han mostrado su rechazo a esta decisión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que han calificado ya como “atentado” contra los ricos espacios marinos de las Islas Canarias

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès eluden la cárcel tras devolver sus pensiones millonarias

FUENTE

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a tres exdirectivos al considerar que, aunque su conducta fue “maliciosa e insidiosa”, han reparado el daño devolviendo los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.

El magistrado considera que los cuatro -Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas– han incumplido los deberes de cualquier administrador cometiendo el delito de administración desleal y “mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja” antepusieron sus intereses personales a los societarios.

El juez José María Vázquez Honrubia ha tenido en cuenta, como atenuante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su  culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro exdirectivos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.

Ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado, ni las acusaciones particulares van a recurrir la sentencia. Tampoco lo harán las defensas de los condenados.

Admiten el delito y devuelven el dinero

Al inicio de la vista celebrada Pagés, Troyano, Abella y Caellas se han dirigido a la Sala para asegurar que han devuelto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar.

Los cuatro acusados han reconocido ante el tribunal los hechos. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, el fiscal ha recordado que la Fiscalía “tenía razón en este asunto”. “Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio”, ha indicado.

Por su parte, las otras tres acusaciones personadas -BMN, el FROB y Fundación Pinae- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados  y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. Desde 2001, los exdirectivos “se autoconcedieron” derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Pensiones de más de 31 millones de euros

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999  euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Caixa Penedès se fusionó en 2010 a Caja Granada, Caja Murcia y ‘Sa Nostra’ Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder sus millonarias pensiones, los cuatro exdirectivos buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas, como negar información a BMN. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, “controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas”, y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.