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La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo por el caso Gürtel

La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo. Los agentes, por orden del juez, han analizado desde las 9 hasta las 13.30 horas los archivos informáticos en una pieza separada de Fitur en el ‘caso Gürtel’ -el juez investiga los supuestos delitos de financiación irregular, delito electoral y relacionados con la supuesta contratación irregular de Orange Market para los stands de Fitur-. Por el momento los policías no han detenido a nadie ni se han llevado material de la sede. Han abandonado la sede acompañados de un secretario judicial.
Estos días pasados han circulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, así como el exjefe de Gabinete Rafael Betoret, todos ellos en condición de imputados. Se trata de una pieza separada del ‘caso Gürtel’ que afecta a la adjudicación del stand de Fitur a Orange Market, empresa de trama que lideraban Francisco Correo y Álvaro Pérez ‘el Bigotes’. El instructor de la causa, José Ceres, es quien está tomando declaración tanto a altos cargos como a técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.
El magistrado ha citado a declarar hasta la fecha por la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP a un total de 26 personas. El primero en declarar fue el jefe del servicio de Promoción en la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, llamado como imputado en relación con las adjudicaciones, entre 2005 y 2009 del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur a Orange Market. Otros comparecientes han sido el exvicepresidente Vicente Rambla, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such (ahora secretaria primera de la Mesa de Les Corts), y los dirigentes del PPCV David Serra y Yolanda García.
En el fondo del proceso, varios informes de la UDEF relatan la existencia de una trama, de la que formarían parte los cabecillas de Gürtel (citados a declarar a mediados del mes de mayo), dirigentes del PP y un total de cinco empresas constructoras que, supuestamente, habrían financiado de forma irregular a los populares durante los años investigados. De hecho, se explicitan una serie de pagos realizados en A (denominados Alicante) con IVA, que la formación atendía religiosamente. Y otros en B (Barcelona) que el PP no pagaba y la trama corrupta ofertaba a empresarios, que de este modo hacían llegar el dinero al partido.
El Gobierno de la Generalitat ha mostrado su “máxima colaboración” durante este registro, según han explicado fuentes del ejecutivo autonómico.

El 15-M presenta una denuncia con 250 fotos de antidisturbios sin identificación

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MADRID // La Comisión legal de Sol ha presentado este martes una denuncia contra el Director Generla de la Policía y la Guardia Civil, en la que aportan hasta 248 fotos para probar que las unidades de antidisturbios “incumplen la obligación de llevar su placa con el número profesional” de forma “sistemática”.

No es la primera vez que los abogados del 15-M denuncian estos hechos. En mayo de 2012, ya presentaron al juez unas 100 fotografías de agentes sin su identificación correspondiente. “Ocho meses después, y a pesar de muchas declaraciones en medios, observamos que ni los responsables políticos ni policiales nada han hecho por cambiar esta situación”, señalan en la denuncia.

Los letrados también hacen hincapié en que no se han iniciado procedimientos disciplinarios contra ningún agente de policía. “De todo ello parece desprenderse que la ley, según para quién, no es de obligado cumplimiento, aún cuando la obligación que imponga constituya un derecho ciudadano”, plantean.

[Foto superior] Ausencia de número identificativo en un desahucio el 4 de diciembre de 2012, en la Vía Carpetana.

[Foto superior] Número identificativo tapado bajo chaleco anti-trauma, en el dispositivo policial en Neptuno el 25-S, en 2012.

Los letrados también han aportado fotografías que prueban cómo entre inspectores y subinspectores de policía el hecho de no llevar identificación es una “práctica habitual”, como se puede ver en la fotografía que viene a continuación:

La Comisión Legal de Acampada Sol señala en la denuncia que la ausencia de identificación en los agentes ha imposibilitado la actuación legal sobre agentes que pudieran haber cometido excesos, como sí se hace en cambio, recuerdan, con el resto de la ciudadanía. Por este motivo, los agentes quedan “impunes” y sus víctimas en “absoluta indefensión”.

La denuncia ha sido estructurada de manera cronológica, y viene a actualizar la anterior, de mayo de 2012. De este modo, las primeras fotos adjuntas pertenecen al primer aniversario del 15-M y las últimas, al 22 de marzo de 2013, correspondiente a una protesta ante el SAREB.

Cifuentes niega los hechos

Los letrados del 15-M también recogen las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, durante una charla digital en la web del diario El Mundo. En la misma, Cifuentes niega que la policía vaya sin identificar. “Todos los policías llevan siempre su placa y tienen la obligación de identificarse a requerimiento de cualquier ciudadano“, aseguró. Más adelante, añadía que la placa “debe estar visible”.

La denuncia concluye que, en base a las imágenes aportadas, se puede concluir que la falta de número identificativo es una práctica “habitual, reiterada, consentida y conocida por la opinión pública”. Por este motivo, los abogados de la comisión han presentado un escrito a Cifuentes poniendo la denuncia en su conocimiento. Además, han preguntado a la delegada sobre el resultado de la denuncia presentada hace un año, aún sin respuesta.

10 cosas que estarán prohibidas

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Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

Roban en TVV un vídeo con una entrevista a un exdirectivo que implica a Cotino en Gürtel

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sergi pitarch valencia Las imágenes en bruto del reportaje que Societat Anònima hizo sobre RTVV y que no se emitió por contener declaraciones comprometidas sobre la pieza del caso Gürtel donde se investiga la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, ahora bajo secreto de sumario, han sido robadas de la televisión pública. El vídeo, según varias fuentes conocedoras del documento audiovisual, contiene declaraciones del ex jefe del departamento técnico del ente durante la retransmisión, Lluís Sabater, en las que acusa al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, de ser quien tuvo la idea de instalar pantallas gigantes en la ciudad, negocio gracias al cual la trama dirigida por Francisco Correa facturó 7,5 millones de euros a RTVV.
Parte de las cintas sustraídas fueron compradas por laSexta por 300 euros y han sido ofrecidas a otros medios de comunicación nacionales. Todavía no han sido emitidas. Desde el equipo de Societat Anònima mostraron su preocupación e impotencia por la circulación de estas declaraciones, tanto por el valor periodístico de las mismas que no podrán disfrutar, como por la importancia que pueden tener en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Cabe recordar que Lluís Sabater, la persona entrevistada y que salpica a Juan Cotino con sus afirmaciones, está imputado en el caso Gürtel y ya tuvo que declarar el pasado año en la Audiencia Nacional.
En concreto, Sabater explica en el vídeo que mantuvo una reunión con otros jefes de RTVV y Juan Cotino, en aquella época conseller de Agricultura, aunque muy involucrado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En ese encuentro, explica en la entrevista, es donde el actual presidente de las Corts insiste en montar pantallas gigantes por toda la ciudad de Valencia. La otra idea de Cotino, apuntan personas conocedoras del caso, fue la instalación de los 7.000 urinarios móviles, cuyo coste la Fundación para la visita del Papa todavía no ha sufragado a la empresa Acciona, como contó este periódico en exclusiva.
Un juzgado de Paterna investiga tras una denuncia de un particular el pasado lunes 2 de diciembre la sustracción de material en la sede de RTTV en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. El escrito de esta persona fue presentado el mismo día en que el vídeo empezó a circular y se ofreció a varios medios de comunicación.
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) prolongó un mes más el secreto de sumario que levantó sobre la parte que investiga la adjudicación a la empresa Teconsa, de la trama Gürtel, del montaje de las pantallas para la visita del Papa y otras tres piezas más. De los 7,5 millones que RTVV abonó a Teconsa, la mitad no se han justificado y los investigadores sospechan que se los repartieron miembros de la trama en comisiones y el ex director general del ente Pedro García.
El TSJCV está realizando nuevas pesquisas y ha interrogado en los últimos meses a nuevos testigos que pueden aclarar o ampliar la investigación, ahora secreta, para evitar la destrucción de pruebas. El secreto de sumario se levantó después de que un testigo, o dos, afirman algunas fuentes, aportara abundante documentación sobre RTVV, explicaron fuentes conocedoras de las investigaciones.

El Consejo de Europa considera que la ‘Ley Fernández’ es “desproporcionada”

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La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “desproporcionada” y va en contra del derecho de reunión y manifestación. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, ha declarado Muiznieks, que asegura no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar el importe de las sanciones. El comisario está al corriente de las quejas de abogados y jueces sobre la medida y se suma a las críticas que ya hicieron la oposición y diversos actores sociales. Estas réplicas consiguieron la semana pasada que la sanción por manifestarse sin autorización ante los edificios institucionales pasara de “muy grave” a “grave”, lo que se traduce en una bajada del importe de la multa de 600.000 a 30.000 euros.

El comisario espera que Interior “no vaya más allá” en la limitación del derecho de manifestación y “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks ha avisado de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque la libertad de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.

No es la primera vez que el Consejo de Europa censura las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. El pasado octubre, la organización publicaba un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. En la publicación, Muiznieks llamaba la atención sobre la impunidad con la que la policía cometía “malos tratos” sobre los detenidos y pedía el fin de esta “larga práctica”.

 

La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana

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“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

 

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.

Què llegeixen els Mossos d’Esquadra?

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L’artista Núria Güell (Vidreres, 1981) va ser convidada a fer una obra per al Museu Joan Abelló de Mollet del Vallès. Va acceptar l’encàrrec i va proposar de fer una recerca artística sobre la formació pedagògica que reben els policies, atès que l’escola dels Mossos d’Esquadra està situada a Mollet. Va poder visitar les instal·lacions on es formen els Mossos, per bé que se li va vedar l’entrada a certes àrees de l’escola, com ara la biblioteca, zona reservada. Li va quedar la curiositat de saber què llegeixen els Mossos. Va ser a partir d’aquí que investigant va descobrir al web de www.recercat.cat la tesina final de màster d’un alt càrrec del cos policial, David Piqué, ideòleg dels protocols d’actuació dels antidisturbis, que actualment és comissari general de coordinació territorial dels Mossos a tot Catalunya. En aquest projecte, tutoritzat per Lola Vallès i titulat La síndrome de Sherwood, Piqué posa per escrit una sèrie d’estratègies policials per fer fora els manifestants antisistema del barri de Gràcia.

La investigació de Núria Güell va comptar amb la col·laboració d’Oriol Fontdevila, comissari d’exposicions, però després de vuit mesos de treball va quedar en no-res i no va arribar a exposar-se al Museu Joan Abelló de Mollet. Les pressions dels Mossos d’Esquadra ho van impedir i la tesina de David Piqué ja no és consultable a Recercat, perquè ha estat retirada del fons de tesis i tesines de Recercat. Us la podeu descarregar de la pàgina de La Directa, aquí. Què explica La síndrome de Sherwood?

Un informe contra Robin Hood

A l seu informe, titulat La Síndrome de Sherwood, David Piqué fa un repàs a diferents models d’actuació policial en base als grans teòrics de la guerra. Des del xinès Sun Tzu (segle VI aC), que postulava la necessitat de guanyar sense combatre fins al samurai Miyamoto Musashi, nascut el 1581, que defensava que les tropes eren com espases, que estan fetes per a la guerra i que a l’enemic se l’ha d’exterminar. Piqué també fa un repàs de models més moderns, com ara von Klausewitz, per qui la millor estratègia era evitar l’enfrontament o la capacitat de defensa activa o violenta mitjançant la sorpresa. Piqué també recull l’exemple de Juli Cèsar, que a la guerra de les Gàl·lies va aplicar-se la màxima de ‘Divideix i venceràs’.

Piqué analitza totes aquestes teories amb la intenció de valorar la seva utilitat en l’aplicació d’estratègies policials per combatre el fenomen okupa/antisistema. El seu projecte ha de tenir una aplicació concreta i basa el seu camp d’acció en el barri de Gràcia. En el cas del model Miyamoto Mushasi, el més violent de tots perquè es basa en l’aniquilació del rival, Piqué planteja un pla d’acció teòric en què es seria permissiu d’entrada amb el moviment antisistema perquè “com més forts es vegin, més valents se sentiran i més enfrontaments hi haurà, que és el que es busca. Si no hi ha enfrontaments no hi ha ferits ni detinguts. (…) L’actuació policial es retarda deliberadament fins que els danys produïts són socialment inacceptables”. I paradoxalment acaba reconeixent: “Lamentablement aquesta tàctica no és exclusiva de règims totalitaris, també es dóna amb massa freqüència en motes democràcies occidentals”.

Un cop descrits aquests diferents models, Piqué culmina el projecte amb un pla d’acció per evitar l’ocupació d’habitatges en diferents fases: creació d’un clima contrari als okupes en l’opinió pública; generació de debat polític sobre l’ocupació d’habitatges; consolidar en l’opinió pública la percepció que el fenomen okupa i el vandalisme van de bracet. En una quarta fase, l’acció ha de consistir literalment en ‘l’atac al cor de Sherwood i la detenció dels possibles Robin Hoods’. Segons Piqué, en aquesta acció “s’haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i evitar la condició de màrtir’.

En la seva exposició, Núria Güell no sosté que els Mossos siguin violents, ni afirma que l’informe de recerca de Piqué sigui l’expressió de la doctrina oficial del cos de policia. Ens trobem davant d’una tesina, que ha de ser llegida com el que és, un exercici acadèmic. Güell està més preocupada per la impossibilitat de treure aquest document a la llum i denuncia la censura amb què s’ha vetat el debat que volia suscitar al voltant de la releació entre policia i democràcia. Des de la  central dels Mossos d’Esquadra se li va comunicar literalment que ‘l’art no podia fer judicis paral·lels sobre qüestions que s’estaven debatent al parlament’.

 

 

L’exposició de Güell, titulada ‘La síndrome de Sherwood 2′ consta de dos elements. Per una banda, la presentació nua del document de ‘La síndrome de Sherwood”, disponible en paper per tots aquells que vulguin endur-se’l. I per l’altra aquest vídeo que recull el discurs de Núria Güell durant la roda de premsa. En aquesta gravació, si us hi fixeu, Güell s’adreça als periodistes (la majoria de mitjans de premsa) amb uns termes suficientment prudents i elusius perquè la seva denúncia sigui digerible i al capdavall transmissible pels  mitjans. L’art de Güell és comunicar la seva denúncia per tal que arribi al lector a través dels diaris sense que el periodista i el mitjà quedi exposat o en fals davant dels poders fàctics. Fixeu-vos que en lloc de dir que l’exposició va ser prohibida, diu que es va posposar. En lloc de denunciar la coacció de la direcció dels Mossos, parla de suggeriment… Quin ha estat el resultat d’aquesta estratègia de comunicació? Pas mal. La notícia de l’exposició ha estat publicada fins ara a El PuntAvui i a l’Ara, però ha quedat confinada a les pàgines de cultura. Amb aquest article s’hi sumen també Núvol i Vilaweb. Güell també té constància que se n’ha fet crònica a El País, però de moment no ha estat publicada.

La Síndrome de Sherwood ha estat insòlitament retirada del fons de Recercat, però ens preguntem si l’informe de David Piqué encara és consultable a la biblioteca dels Mossos o si és un document d’ús intern o lectura recomanada en els plans d’estudi de l’escola de policia. Al capdavall, què llegeixen els Mossos d’Esquadra? No ho sabem. Només podem esperar que La Síndrome de Sherwood sigui un document purament acadèmic, que no retardi ni un dia més l’esperada nova Aurora dels Mossos d’Esquadra.

A la Directa 274, el full de ruta ocult d’un comandament dels Mossos per acabar amb les activistes antisistema

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La portada de la Directa 274 està protagonitzada per una fotografia que resumeix la demostració de força que la comunitat educativa va fer el 22 de maig durant la vaga general en el sector que va aplegar des de les escoles bressol fins a les universitats. A l’interior fem un extens repàs de les mobilitzacions a tot el territori català i expliquem que els lobbies empresarials de Florentino Pérez i la família Mayor Oreja gestionaran gran part de les escoles bressol privatitzades. A més, us destapem el peculiar full de ruta del comissari dels Mossos d’Esquadra David Piqué, per tal d’acabar amb els i les manifestants antisistema. Aquest alt comandament de la policia autonòmica es va fer famós pel seu discurs encès en el marc del Dia de les Esquadres d’enguany (jornada de celebració interna dels mossos), i particularment per la frase en que va qualificar de ‘rates’ les manifestants de la passada vaga general, tot garantint que les perseguirien i detindrien encara que s’amaguessin darrera les cadires d’una aula universitària. Piqué, al llarg de 37 pàgines del seu projecte final del màster en Polítiques Públiques de Seguretat organitzat per la UOC –al que hem tingut accés– detalla com aconseguir acabar amb les activistes antisistema i, fins i tot, apunta mètodes clarament il·legals. En aquest sentit afirma que “potser caldria aprofitar per deixar que, durant el recorregut, es produeixin prou actes vandàlics”, en referència als aldarulls de les manifestacions que després els mitjans de comunicació utilitzarien per tal de desprestigiar els moviments alternatius. Aquesta estratègia, segons fonts jurídiques consultades, suposa un clar delicte de prevaricació.

El Plan B que oculta la Ley de Seguridad Ciudadana

Hay victorias holgadas que pueden incubar pírricas derrotas. Todo depende de si los derechos han sido conquistados desde abajo o, por el contrario, otorgados desde arriba. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana planea ese conflicto.

Impedir que vea la luz es un imperativo ético que implica a toda la sociedad. Pero la iniciativa compete directamente al 15-M, cuyo desmantelamiento es el propósito inconfesable de la totalitaria norma. El riesgo, sin embargo, radica en que las mismas organizaciones institucionales que trajeron el austericidio pretendan abanderar en exclusiva su refutación para reinventarse políticamente. De suceder esto, como el Cid después de muerto, la aborrecida ley habría alcanzado sus últimos objetivos militares: acabar con las raíces de la protesta.

Los tahúres de la política, y los dirigentes gubernamentales, los parlamentarios y los líderes de partidos lo son por elevación, no suelen enseñar todas las cartas del juego que se traen entre manos. Y cuando se ven obligados a mostrarlas, siempre se guardan un comodín en la manga. No hay propuesta política de calado que no valla precedida de un globo sonda para pulsar la opinión de la ciudadanía. Ni existe proyecto estructural que no contenga un Plan B para usarlo como alternativa en caso de que el inicial, el visible mondo y lirondo, fracase. Bien porque al ponerlo en marcha se busquen efectos no declarados, o bien porque se incite el éxito por meandros y carambolas a varias bandas. Alfonso Guerra, en su etapa de referente de los “descamisados”, hizo época al calificar al presidente Adolfo Suarez de “tahúr del Misisipi”, tal era la habilidad en la política y en el mus del ex jefe del partido único franquista

No hay oferta contractual o propuesta política que no incluya en sus adentros un Plan B de emergencia. Al menos no en asuntos de gran importancia. Hasta el punto de que si alguno no lo incorpora podemos estar seguros de que el tema no tiene demasiada trascendencia. Como un estudio de viabilidad que no lleve anexa su memoria económica. Estamos hartos de verlo, por ejemplo, en los conflictos laborales. Lo que pasa es que no se revela a las primeras de cambio. Cuando una empresa plantea un ERE a los miembros de un comité de empresa, puede darse por hecho que está escenificando condiciones mucho más leoninas que las que en realidad lleva como oferta final. De esta forma, a la patronal siempre le queda margen para rebajar su oferta al óptimo buscado y venderlo como si se tratara de una hazaña de trabajadores y directivos. Y todos contentos.

En el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), que el Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno para su recorrido parlamentario, una norma que de concretarse en sus actuales perfiles supone el fin del Estado de derecho y el inicio de otro policial, existe también un Plan B oculto. Pero antes de intentar describirlo, convendría detenernos un momento en el contexto en que ha surgido esa disposición, propia de regímenes autoritarios y dictaduras, que pretende sancionar hasta el pensamiento. Está meridianamente claro que la LSC nace para reprimir al 15-M, entendiendo por tal todos los movimientos del activismo social que se rebelan contra el actual statu quo y sus políticas austericidas, incluidas plataformas, mareas, sindicalismo alternativo, colectivos ciudadanos, etc. En ese sentido, contra lo que pudiera parecer a simple vista, la medida revela la extrema debilidad del gobierno y por ende del sistema. La oligarquía dominante es consciente, como señalan continuamente las encuestas más serias, que el movimiento de los indignados le “hace pupa”, y que no se puede permitir la sangría de credibilidad que ello supone cuando además se enfrenta a un largo y azaroso periodo electoral.

Así, esta ley mordaza llega después de una campaña de hostigamiento contra algunos de los iconos del activismo social que han secundado al 15-M desde su irrupción hace ya más de dos años, con la aviesa intención de tumbarlo mediante una especie de “apagón total”. Hablamos de los extraños ataques cibernéticos sufridos hace semanas por muchas web antisistema desde los cuatro puntos cardinales de la globosfera, y de la no menos curiosa aparición de grupos violentos (el Comando Mateo Morral o el asalto a una asociación integrista en la Facultad de Derecho de la Complutense), que tratan enturbiar la percepción de resuelta rebeldía democrática que la opinión pública tiene del 15-M y afluentes. (Stop Desahucios, 25-S, etc.). Es un sucedáneo de la estrategia de la tensión que se aplicó con éxito en la Transición para evitar la ruptura democrática con el franquismo.

Y luego tenemos una sutil incongruencia: ¿cómo es posible que el gobierno del Partido Popular se haya embarcado en aprobar una ley tan bárbara que nadie entre las asociaciones de jueces y fiscales apoya y que incluso cuenta con el rechazo de buena parte de los medios de comunicación? ¿En qué cabeza cabe a estas alturas de la película, cuando hablan de brotes verdes, poner encima de la mesa un obús legislativo que supone una auténtica arma de destrucción electoral? Son fachas, ¿pero tan tontos? Ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ni la Francisco Vitoria (FV), ambas conservadoras, ni la Unión Progresistas de Fiscales UPF), ni Jueces para la Democracia (JD), dan un duro por la totalitaria ley. Y por mucho que el aznarismo y sus halcones hayan vuelto al PP, igual que el PSOE sobre sus pasos, no salen las cuentas. La LSC establece un antes y un después entre las medidas antisociales perpetradas al alimón por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a instancias de la troika. Con ella en marcha, ya no hay equivalencias en el duopolio sino distancias. Con la ley mordaza el PP supera en venalidad al PSOE y encima se convierte en la mejor baza que podía encontrar la oposición para batir a Génova 13 por toda la escuadra, contando con el apoyo de buena parte de la opinión pública. Una jugada fatal de la derecha (por supuesto, acorde con su ADN más rancio) que volvería a dar la oportunidad a la sedicente izquierda para recuperar la confianza perdida y ponerse el frente la manifestación. Como ya barruntaba la “manifestación unitaria” de la izquierda política y sindical del pasado 23 de noviembre en Madrid, jaleada como la mayor habida ese día por los media, a costa de ignorar totalmente la del 15-M. que fue la realmente mayoritaria.

Por eso el Plan B. El sistema cae solo si caen los dos partidos dinásticos hegemónicos, PP y PSOE. Nunca si es uno de ellos el que declina. De ahí la alternancia y no la alternativa. Por eso, salvo el corto periodo de UCD, los restantes 33 años de eficaz y excluyente bipartidismo han sido una carrera de relevos entre el PP y el PSOE o entre el PSOE y el PP. Cambiar algo para que todo siga igual. Ahora mismo, con esa escenificación política a cara de perro entre gobierno y oposición, derecha y sedicente izquierda, PP y PSOE no dejan de cohabitar en temas esenciales para la estabilidad del régimen. Votan igual contra el derecho a decidir; actúan de consuno en el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hicieron con el Tribunal Constitucional; convergen en la bondad de la “doctrina Parot”; apoyan la limitación de la Justicia Universal; etc., etc., etc. Por no hablar de cómo uno y otro han sido agentes indispensables para aplicación de las medidas dictadas por la troika (FMI, CE, BCE) para salvar al capital financiero español a cargo del contribuyente y de los trabajadores. Y si quedara alguna duda, tanto en las resoluciones de la reciente Conferencia Política como en la Congreso de la federación andaluza, la cúpula del PSOE ha ratificado como “necesarias” las políticas antisociales del gobierno de Rodríguez Zapatero, al tiempo que celebraban su liderazgo como estadista socialista.

No carece de significado que en un país cultural e ideológicamente conservador (el dichoso franquismo sociológico), el socialismo haya ocupado el poder el doble de años que la derecha. Periodo en el que, al margen de una indudable ola modernizadora (caracterizada por costosas inversiones en infraestructuras y meritorios avances en los ámbitos civil y social, como la reforma de la Ley del Aborto, el matrimonio igualitario, sanidad y educación), se colocaron los pilares para que España pasara a ser una pieza clave en el marco del neoliberalismo y del atlantismo. Incluso al contraluz de episodios que deben ser analizados como concesiones a las castas dominantes, como los privilegios a la Iglesia de la cruzada, el uso del terrorismo de Estado para frenar el independentismo vasco o la doma del sindicalismo de clase (se comprobó en la defenestración del líder histórico de UGT, Nicolás Redondo, estallándole el caso PSV por su “deslealtad” al felipismo reinante). Por eso, ahora causa risa y bochorno por su cínico oportunismo oír que Rubalcaba “exige a Rajoy que rompa relaciones con la Santa Sede”, cuando el ejecutivo de Zapatero, del que el actual secretario general socialista era vicepresidente, aparcó sine die su prometida Ley de Libertad Religiosa.

Hasta una persona tan moderada como el socialista Ignacio Sotelo acaba de escribir (A qué llamamos franquismo. El País, 30 de noviembre) lo siguiente: “La llegada del PSOE al poder, en vez de ampliar, refuerza el tipo de democracia harto restrictiva de la Transición. Así como en lo económico se aparta de los principios básicos de la socialdemocracia (papel del Estado en las políticas de empleo y de igualdad) y rompe con la unidad de acción de partido y sindicato (movimiento obrero); en lo político, repudia cualquier forma de participación social, empeñado en desmontar los movimientos vecinales y asociaciones de base, con lo que la democracia queda constreñida en su forma más escuálida de votar en los plazos previstos aplicando sin cambio sustantivo, para mayor inri, la impresentable ley electoral heredada. Los resultados están a la vista”.

Con esas credenciales y la garantía de no tocar el statu quo, no choca que la oligarquía económica y los poderes fácticos confíen en la sedicente izquierda para salvar situaciones de emergencia. Conocen bien que la derecha española en el poder siempre remata en opera bufa y acaba suscitando un rechazo tan generalizado que hace prácticamente imposible su tutelaje social. La frase “contra el franquismo luchábamos mejor” no solo refleja una realidad sociológica sino que remite, a la viceversa, al hecho histórico de que los “gobiernos rojos” son los que más desmovilización ciudadana procuran. Por eso, si desde arriba ven peligrar sus intereses fundamentales, no sería extraño que active un Plan B de lucha denodada contra la Ley de Seguridad Ciudadana que sirva para re-legitimar al PSOE y tumbar al incapaz gobierno del PP (Ferraz acaba de crear a tal fin un Consejo Federal de Derechos y Libertades).

No sería la primera vez en que al PSOE se le aparece la Virgen de los Peligros, siendo catapultado milagrosamente al poder por sucesos extraordinarios. Felipe González logró la mayoría absoluta en 1982 al rebañar votos de millones de ciudadanos acojonados por el estruendo del golpe de Estado del 23-F. Y José Luis Rodríguez Zapatero fue aupado a La Moncloa en el 2004 por el síndrome del 11-M. Aunque eso no impidió que la “marca España” siguiera fiel a la hoja de ruta de la Transición que señala Sotelo. Ay, esa provechosa proyección de encuestas de Metroscopia, que aparecía en El País el domingo 1 de diciembre, para alumbrar que el maltrecho PSOE aún puede ser partido de gobierno en las lejanas generales. La misma especie que aireaba el sondeo de la revista Sistema, órgano del guerrismo, en vísperas de la Conferencia Política socialdemócrata.

Sin embargo, hoy nada indica que deba ser igual. Por primera vez existe una fuerza social autónoma, al margen de las direcciones de los partidos y los sindicatos institucionales, comprometida con el cambio en profundidad en la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, que goza de un gran arraigo social y experiencia en la lucha proactiva. Y aunque los partidos de la oposición tienen el deber inexcusable de hacer todo lo posible para impedir que la Ley de Seguridad Ciudadana alcance el BOE en cumplimiento de sus atribuciones, corresponde a los movimientos sociales la misión de derogarla in nasciturus y trascenderla. Es el pueblo que ha sufrido las agresiones del sistema quien debe llevar en todo momento la iniciativa en ese combate desigual por un mundo mejor. Con la suprema legitimidad que le da ser la diana de esa ley parafascista, y la serena inteligencia de evitar verse envuelto por ningún “fuego amigo” sobrevenido. Vamos despacio porque vamos lejos.