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La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo por el caso Gürtel

La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo. Los agentes, por orden del juez, han analizado desde las 9 hasta las 13.30 horas los archivos informáticos en una pieza separada de Fitur en el ‘caso Gürtel’ -el juez investiga los supuestos delitos de financiación irregular, delito electoral y relacionados con la supuesta contratación irregular de Orange Market para los stands de Fitur-. Por el momento los policías no han detenido a nadie ni se han llevado material de la sede. Han abandonado la sede acompañados de un secretario judicial.
Estos días pasados han circulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, así como el exjefe de Gabinete Rafael Betoret, todos ellos en condición de imputados. Se trata de una pieza separada del ‘caso Gürtel’ que afecta a la adjudicación del stand de Fitur a Orange Market, empresa de trama que lideraban Francisco Correo y Álvaro Pérez ‘el Bigotes’. El instructor de la causa, José Ceres, es quien está tomando declaración tanto a altos cargos como a técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.
El magistrado ha citado a declarar hasta la fecha por la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP a un total de 26 personas. El primero en declarar fue el jefe del servicio de Promoción en la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, llamado como imputado en relación con las adjudicaciones, entre 2005 y 2009 del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur a Orange Market. Otros comparecientes han sido el exvicepresidente Vicente Rambla, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such (ahora secretaria primera de la Mesa de Les Corts), y los dirigentes del PPCV David Serra y Yolanda García.
En el fondo del proceso, varios informes de la UDEF relatan la existencia de una trama, de la que formarían parte los cabecillas de Gürtel (citados a declarar a mediados del mes de mayo), dirigentes del PP y un total de cinco empresas constructoras que, supuestamente, habrían financiado de forma irregular a los populares durante los años investigados. De hecho, se explicitan una serie de pagos realizados en A (denominados Alicante) con IVA, que la formación atendía religiosamente. Y otros en B (Barcelona) que el PP no pagaba y la trama corrupta ofertaba a empresarios, que de este modo hacían llegar el dinero al partido.
El Gobierno de la Generalitat ha mostrado su “máxima colaboración” durante este registro, según han explicado fuentes del ejecutivo autonómico.

El 15-M presenta una denuncia con 250 fotos de antidisturbios sin identificación

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MADRID // La Comisión legal de Sol ha presentado este martes una denuncia contra el Director Generla de la Policía y la Guardia Civil, en la que aportan hasta 248 fotos para probar que las unidades de antidisturbios “incumplen la obligación de llevar su placa con el número profesional” de forma “sistemática”.

No es la primera vez que los abogados del 15-M denuncian estos hechos. En mayo de 2012, ya presentaron al juez unas 100 fotografías de agentes sin su identificación correspondiente. “Ocho meses después, y a pesar de muchas declaraciones en medios, observamos que ni los responsables políticos ni policiales nada han hecho por cambiar esta situación”, señalan en la denuncia.

Los letrados también hacen hincapié en que no se han iniciado procedimientos disciplinarios contra ningún agente de policía. “De todo ello parece desprenderse que la ley, según para quién, no es de obligado cumplimiento, aún cuando la obligación que imponga constituya un derecho ciudadano”, plantean.

[Foto superior] Ausencia de número identificativo en un desahucio el 4 de diciembre de 2012, en la Vía Carpetana.

[Foto superior] Número identificativo tapado bajo chaleco anti-trauma, en el dispositivo policial en Neptuno el 25-S, en 2012.

Los letrados también han aportado fotografías que prueban cómo entre inspectores y subinspectores de policía el hecho de no llevar identificación es una “práctica habitual”, como se puede ver en la fotografía que viene a continuación:

La Comisión Legal de Acampada Sol señala en la denuncia que la ausencia de identificación en los agentes ha imposibilitado la actuación legal sobre agentes que pudieran haber cometido excesos, como sí se hace en cambio, recuerdan, con el resto de la ciudadanía. Por este motivo, los agentes quedan “impunes” y sus víctimas en “absoluta indefensión”.

La denuncia ha sido estructurada de manera cronológica, y viene a actualizar la anterior, de mayo de 2012. De este modo, las primeras fotos adjuntas pertenecen al primer aniversario del 15-M y las últimas, al 22 de marzo de 2013, correspondiente a una protesta ante el SAREB.

Cifuentes niega los hechos

Los letrados del 15-M también recogen las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, durante una charla digital en la web del diario El Mundo. En la misma, Cifuentes niega que la policía vaya sin identificar. “Todos los policías llevan siempre su placa y tienen la obligación de identificarse a requerimiento de cualquier ciudadano“, aseguró. Más adelante, añadía que la placa “debe estar visible”.

La denuncia concluye que, en base a las imágenes aportadas, se puede concluir que la falta de número identificativo es una práctica “habitual, reiterada, consentida y conocida por la opinión pública”. Por este motivo, los abogados de la comisión han presentado un escrito a Cifuentes poniendo la denuncia en su conocimiento. Además, han preguntado a la delegada sobre el resultado de la denuncia presentada hace un año, aún sin respuesta.

10 cosas que estarán prohibidas

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Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

Roban en TVV un vídeo con una entrevista a un exdirectivo que implica a Cotino en Gürtel

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sergi pitarch valencia Las imágenes en bruto del reportaje que Societat Anònima hizo sobre RTVV y que no se emitió por contener declaraciones comprometidas sobre la pieza del caso Gürtel donde se investiga la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, ahora bajo secreto de sumario, han sido robadas de la televisión pública. El vídeo, según varias fuentes conocedoras del documento audiovisual, contiene declaraciones del ex jefe del departamento técnico del ente durante la retransmisión, Lluís Sabater, en las que acusa al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, de ser quien tuvo la idea de instalar pantallas gigantes en la ciudad, negocio gracias al cual la trama dirigida por Francisco Correa facturó 7,5 millones de euros a RTVV.
Parte de las cintas sustraídas fueron compradas por laSexta por 300 euros y han sido ofrecidas a otros medios de comunicación nacionales. Todavía no han sido emitidas. Desde el equipo de Societat Anònima mostraron su preocupación e impotencia por la circulación de estas declaraciones, tanto por el valor periodístico de las mismas que no podrán disfrutar, como por la importancia que pueden tener en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Cabe recordar que Lluís Sabater, la persona entrevistada y que salpica a Juan Cotino con sus afirmaciones, está imputado en el caso Gürtel y ya tuvo que declarar el pasado año en la Audiencia Nacional.
En concreto, Sabater explica en el vídeo que mantuvo una reunión con otros jefes de RTVV y Juan Cotino, en aquella época conseller de Agricultura, aunque muy involucrado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En ese encuentro, explica en la entrevista, es donde el actual presidente de las Corts insiste en montar pantallas gigantes por toda la ciudad de Valencia. La otra idea de Cotino, apuntan personas conocedoras del caso, fue la instalación de los 7.000 urinarios móviles, cuyo coste la Fundación para la visita del Papa todavía no ha sufragado a la empresa Acciona, como contó este periódico en exclusiva.
Un juzgado de Paterna investiga tras una denuncia de un particular el pasado lunes 2 de diciembre la sustracción de material en la sede de RTTV en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. El escrito de esta persona fue presentado el mismo día en que el vídeo empezó a circular y se ofreció a varios medios de comunicación.
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) prolongó un mes más el secreto de sumario que levantó sobre la parte que investiga la adjudicación a la empresa Teconsa, de la trama Gürtel, del montaje de las pantallas para la visita del Papa y otras tres piezas más. De los 7,5 millones que RTVV abonó a Teconsa, la mitad no se han justificado y los investigadores sospechan que se los repartieron miembros de la trama en comisiones y el ex director general del ente Pedro García.
El TSJCV está realizando nuevas pesquisas y ha interrogado en los últimos meses a nuevos testigos que pueden aclarar o ampliar la investigación, ahora secreta, para evitar la destrucción de pruebas. El secreto de sumario se levantó después de que un testigo, o dos, afirman algunas fuentes, aportara abundante documentación sobre RTVV, explicaron fuentes conocedoras de las investigaciones.

El Consejo de Europa considera que la ‘Ley Fernández’ es “desproporcionada”

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La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “desproporcionada” y va en contra del derecho de reunión y manifestación. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, ha declarado Muiznieks, que asegura no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar el importe de las sanciones. El comisario está al corriente de las quejas de abogados y jueces sobre la medida y se suma a las críticas que ya hicieron la oposición y diversos actores sociales. Estas réplicas consiguieron la semana pasada que la sanción por manifestarse sin autorización ante los edificios institucionales pasara de “muy grave” a “grave”, lo que se traduce en una bajada del importe de la multa de 600.000 a 30.000 euros.

El comisario espera que Interior “no vaya más allá” en la limitación del derecho de manifestación y “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks ha avisado de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque la libertad de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.

No es la primera vez que el Consejo de Europa censura las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. El pasado octubre, la organización publicaba un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. En la publicación, Muiznieks llamaba la atención sobre la impunidad con la que la policía cometía “malos tratos” sobre los detenidos y pedía el fin de esta “larga práctica”.

 

La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana

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“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

 

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.