Archivo de la etiqueta: deficit

La ilegalidad del poder

 

 

 

 

 

FUENTE

Jaume Asens y Gerardo Pisarello
Juristas y autores del libro “No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis
Ilustración de Enric Jardí

El derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponer un programa de recortes sociales, una actuación policial e incluso una movilización de protesta, hace falta fuerza. Pero también capacidad de apelar al derecho como fuente de justificación. La legalidad o ilegalidad de una actuación no la convierte en justa, sin más. Sin embargo, es un termómetro que contribuye a calibrar la legitimidad del poder. Y de las resistencias que se alzan contra sus manifestaciones arbitrarias.

Este principio básico explica que el derecho y su interpretación sean un ámbito de disputa permanente. No hay poder que no intente cubrir sus actuaciones con el manto de la legalidad. Las legítimas, sin duda. Pero también aquellas que no lo son. En nombre de la ley, se pueden asegurar derechos pero también asentar privilegios. Se puede reprimir y eliminar sin contemplaciones las aspiraciones legítimas de miles de personas. Esta arbitrariedad disfrazada de legalidad, no obstante, casi siempre encuentra una Antígona dispuesta a desenmascararla. También en nombre del derecho y la razón.

Resistir al derecho en nombre del derecho está lejos de ser una contradicción. La legalidad de nuestra época es una legalidad exigente. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y cartas impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo XX. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 están inscritos en su código genético. Integran el ADN de una legalidad que reconoce derechos universales y principios garantistas, que entraña límites y controles a todo tipo de poderes, públicos y privados, de estado y de mercado, y que está situada en la cúspide de los ordenamientos jurídicos.

En tiempos de crisis, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual, porque refleja la sinrazón jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder. El cierre intempestivo de un centro sanitario de urgencia no sólo repugna intuiciones morales básicas; también amenaza derechos elementales como la salud, la integridad física o la vida, cuando no se interna en un ámbito directamente delictivo. Lo mismo pasa cuando un trabajador es expuesto a la violencia injustificada del despido; o cuando un migrante acaba en un Centro de Internamiento, o cuando una familia sin recursos es arrojada a la calle por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. Se produce, sí, una injusticia social. Pero se conculcan (quebrantan), además, libertades elementales y garantías procesales con las que el Estado aspira a legitimarse. Y si la respuesta a las protestas que estas actuaciones generan es la represión, en lugar de la protección de las víctimas, lo que tiene lugar es un acto de impotencia política. Pero también una degradación del alcance jurídico del pluralismo y del Estado de derecho.

Pueden ofrecerse más ejemplos. Todos ellos revelan una tendencia que se consolida con el agravamiento de la crisis: la tendencia a la ilegalidad del poder. El poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que se sitúan en lo alto del ordenamiento jurídico. Las políticas neoliberales desplegadas con la excusa de la crisis sólo han podido avanzar en abierta tensión con esas reglas. Arrasando con la prohibición de regresividad y con el derecho al debido proceso. Desnaturalizando el papel garantista de los convenios colectivos. Y vaciando de contenido las constituciones sociales y las declaraciones de derechos que Occidente pretende ofrecer al mundo como credencial civilizatoria. Ante el embiste imparable de los poderes privados, los propios mecanismos de control institucional se revelan inútiles. La deriva ilegal del poder es sancionada por el propio poder; gobiernos, parlamentos y jueces, con honrosas y escasas excepciones.

A veces, es verdad, la contradicción con constituciones y tratados se ha salvado con la producción de una nueva legalidad. Una legalidad orientada a tutelar privilegios de pocos por encima de los derechos de todos. Por eso, cuando los grandes capitales especulativos o las agencias de rating aseguran que su actuación en la crisis cuenta con cobertura legal, llevan algo de razón. Buena parte de sus abusos serían impensables sin las prebendas legales obtenidas de gobiernos de diferente signo. Sin todas esas leyes, reglamentos y sentencias que han dado luz verde a la codicia de los rentistas por encima de las necesidades de las mayorías. Esta nueva lex mercatoria, diseñada a medida de un reducido grupo de poderes privados, ha devenido una suerte de nueva constitución global. Un rígido corsé que atenaza los elementos garantistas de los ordenamientos estatales hasta volverlos irreconocibles. La regla europea de la eliminación del déficit a cualquier precio debería leerse en esta clave. Al igual que la reciente reforma constitucional española, acometida para garantizar a los acreedores “prioridad absoluta” de pago en detrimento de los derechos sociales y del principio democrático.

Ahora bien: cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de criminalización, sino como el primero de los derechos. Como bandera necesaria, irrenunciable, de los más débiles en la impugnación de las actuaciones ilegítimas del más fuerte, para forzarle a cumplir sus promesas garantistas, y para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia.

Anuncios

FINACIANDO LA BANCA Y VENDIENDO EL PAIS

per Juan Antonio Alejo

Los acontecimientos están transcurriendo uno tras otro, hoy hay otra nueva noticia bastante desgarradora, suficiente como para haberle dedicado otra entrada, el único que se ha opuesto ha sido el primer Ministro británico David Cameron y es la referente al déficit en la que cualquier país miembro de la UE cuyo déficit sobrepase el 0,5% será fuertemente sancionado, la norma va a dejar a la mayoría de los países sin instituciones públicas pues tendrán que venderlas para no sobrepasar el 0,5%% e impedirá que levanten cabeza. El problema está en que una vez vendidas, en cuanto vuelva a subirles el déficit ya no les quedará nada para vender.

Por otra parte, las instituciones de los países podrían ser sostenibles, no debería de haber déficit. Para ello la clase política de los distintos países de la UE deberían dejar de robar y de derrochar el dinero de los contribuyentes, pero como no están dispuestos a sacrificar sus privilegios, osea a dejar de robar al pueblo, pues pasan por encima de nosotros vendiéndonos a los mercados.

Impuestos Grandes Fortunas

Fuente: Publico

Fecha: 04/09/2011

Los ricos discuten si piden una subida de sus impuestos

Varias grandes fortunas y altos ejecutivos mantienen un fuerte debate interno sobre si envían una propuesta al Gobierno, imitando a millonarios franceses. Una parte quiere debatirlo en el lobby’ empresarial el martes.

Dejad de mimar a los súper ricos”. Así tituló el millonario estadounidense Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, un artículo en The New York Times para pedir a Barack Obama que aumentara los impuestos a los adinerados y no a los pobres para salir de la crisis. Un ejemplo de hombre listo que sabe embellecer su imagen pública. Fue hace medio mes y, raudos, salieron imitadores entre los millonarios franceses y alemanes. Mientras, los ricos españoles siguen dudando. Ahora, están discutiendo sobre si piden al Gobierno que les suba los impuestos que pagan, como una forma de aportar un granito de arena en la grave situación actual.

Varias grandes fortunas y algunos altos ejecutivos españoles llevan semanas con el debate interno, que hasta ahora no había salido a la luz. El silencio oficial ha predominado en esta cuestión. Pero este debate se ha tensado al máximo en los últimos días por las distintas posiciones políticas que han ido marcando el PP y el PSOE. Una gran parte de los empresarios con gran patrimonio vería bien pedir al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero un alza de los impuestos que gravan su renta. Pero algunos de los ricos no creen que sea el momento adecuado, poco antes de las elecciones y cuando los dos grandes partidos ya están en abierta precampaña electoral.

Las llamadas telefónicas con intercambio de opiniones sobre el asunto se han cruzado a lo largo del último mes. Pero ninguno de los ricos del país quiere dar un paso al frente y aparecer ni de lejos como impulsor o promotor individual de la iniciativa. Así lo ha constatado Público, que ha requerido su punto de vista a una quincena de millonarios y altos ejecutivos que, oficialmente, ninguno ha querido dar.

El choque entre dos bandos es patente. Una parte quiere que se materialice la propuesta al Gobierno de una forma más institucional para que ningún rico aparezca como protagonista. Y el instrumento elegido es el Consejo Empresarial para la Competitividad, un lobby que crearon en febrero pasado 17 grandes empresas y que se fraguó tras la reunión que Zapatero mantuvo en la Moncloa con los principales empresarios del país. Este Consejo mezcla a grandes ricos y altos ejecutivos. Fuentes empresariales señalan que el lobby pivota sobre el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el presidente de Telefónica, César Alierta, y las fortunas familiares incluidas en el Instituto de Empresa Familiar, en el que figuran el dueño de Mango, Isak Andic (que lo preside); la familia Entrecanales, propietaria de la constructora Acciona; José Manuel Lara, dueño de Planeta, o el propietario de Mercadona, Juan Roig. Pero también está en el Consejo Francisco González, presidente del BBVA, uno de los más firmes defensores de que se anticiparan las elecciones. Este Consejo Empresarial ha intentado presionar todo lo que ha podido al Gobierno en las reformas económicas que este ha ido aprobado, desde la laboral a la de las pensiones. Luego, los empresarios han seguido diciendo que, pese a todo, las reformas, cuyo coste recae en el ciudadano de a pie, son insuficientes.

Este poderoso grupo de presión se reúne el próximo martes, pasado mañana, por primera vez a la vuelta del verano. Y una parte de sus integrantes quiere plantear en la reunión la petición al Gobierno de elevar los impuestos a los altos patrimonios. No hay un orden del día prefijado y la tónica es tratar las cuestiones importantes sobre la crisis. Tampoco suele haber votación: se decide por consenso. “Gran parte del Consejo está a favor de pedir el alza de tributos“, señalan fuentes del Consejo Empresarial para la Competitividad.

Entre los que apoyan el impuesto están varias grandes fortunas familiares y algunos altos ejecutivos. Opinan que “hay que demostrar la responsabilidad con el país” en un momento en el que la situación económica está en cuidados intensivos por las dudas sobre la deuda de las comunidades autónomas y el sistema financiero, dos elementos que usan los especuladores para presionar en el mercado de deuda, lo que provoca que al Estado le cueste cada vez más financiarse.

Daño a rentas medias

Aunque, tampoco hay que engañarse, un alza de impuestos no les supondría arañarse demasiado los bolsillos. Dos grandes empresarios del Consejo reconocen que el alza de impuestos es una “propuesta estética” y hasta “demagógica” porque, “al final, si, por ejemplo, hay una subida en el IRPF, probablemente iría para todos y perjudicaría más a las rentas medias”.

Realmente, el dinero que se recaudaría con una subida de impuestos, si se hiciera a través del IRPF, sería muy poco significativo en el conjunto del presupuesto del Estado y en la ayuda para reducir el déficit. De hecho, el Gobierno ya aprobó en septiembre del año pasado elevar el gravamen para las rentas altas. Introdujo dos nuevos tramos en el IRPF, para ingresos de más de 120.000 euros y más de 175.000 euros, a los que elevó uno y dos puntos el porcentaje de impuestos que pagan, respectivamente. Así, dependiendo de las comunidades autónomas donde estén radicados estos grandes patrimonios, estos pasaban a pagar entre el 44% y el 49% de sus ingresos, cuando hasta entonces el tipo máximo era el 43%. Este cambio, según los cálculos iniciales, iba a suponer una aportación de unos 200 millones. Por comparar, sólo el déficit de la Administración central suma 24.132 millones, al cierre del primer semestre, pese a haberse reducido un 19%.

Pero, entonces, ¿por qué los ricos no se atreven a pedir una medida cosmética que, además, les perjudica muy poco? Porque el dinero siempre es cobarde con el poder político, del que dependen muchas decisiones que afectan directamente a sus negocios. Los empresarios no se atreven a tomar partido porque, aseguran fuentes de los consultados, no ven posiciones claras en el PP y en el PSOE. Es más, critican sotto voce que no haya posturas unitarias dentro de las dos grandes formaciones políticas.

A juicio del mundo empresarial, el Gobierno ha traspasado la cuestión al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al anunciar que irá en su programa. El portavoz del Gobierno, José Blanco, ya ha dicho que “no hay tiempo” para crear un nuevo impuesto para ricos. El viernes insistió en ello y añadió que sería “un brindis al sol”. Otra cosa sería reactivar el Impuesto de Patrimonio, una posibilidad que el Ejecutivo “todavía no ha debatido”, dijo.

Por otro lado, muchos empresarios, siempre más cercanos al PP, temen meter la pata al tomar posiciones cuando la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, ha rechazado un impuesto para ricos porque “crearía más paro” Aunque, en realidad, ella se refería a recuperar Patrimonio, algo de lo que las fortunas familiares no quieren oír hablar.