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La ley fascista de partidos

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(Un artículo de Juan Manuel Olarieta Alberdi, abogado, escritor y represaliado político).-
Aún estaban los campos de batalla encharcados de sangre cuando en 1939 los fascistas promulgaron la primera ley de partidos, llamada Ley de Responsabilidades Políticas. Hasta que reescriban la historia por enésima vez, lo que hasta ahora sabemos es que en 1939 no había ningún parlamento, pero es que los fascistas no necesitaban parlamentos para redactar leyes como aquella de Responsabilidades Políticas.
A muchos las historias le aburren y me dicen que pierdo mi tiempo mirando siempre hacia atrás, pero el problema es que la transición no derogó la legislación fascista, así que los que nos tentamos la ropa a cada paso tenemos que tener en cuenta estas cosas. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 sigue, pues, vigente, es decir, es de plena actualidad, es una ley “democrática”.
Quienes no pierden su tiempo mirando al pasado posiblemente no sepan que nada es lo que parece: los republicanos se alzaron en armas contra los fascistas, pero fueron derrotados y luego acusados, juzgados y condenados por el crimen de “rebelión militar”, según leyes como la que acabo de mencionar, que en su artículo 2 prohibió casi todo, especialmente los partidos políticos, los sindicatos y demás organizaciones que formaron parte del Frente Popular. Desde entonces, con diversos disfraces, los mismos siguen en rebeldía militar contra los mismos, una situación que, como todas las enfermedades mal curadas, se ha hecho crónica.
Pasaron 40 años, tras los cuales, por efecto del denominado síndrome de Estocolmo a la inversa, ocurrió algo extraño: los vencedores dijeron que deseaban pasarse a las filas de los vencidos. Quisieron ser demócratas, pero de una manera también extraña porque, si su deseo hubiera sido sincero, hubieran debido dar pruebas de ello, demostrarlo con hechos. Por ejemplo, podían haber legalizado a los partidos democráticos y no sólo a los suyos (que no eran democráticos). Pero no ocurrió nada de eso, sino todo lo contrario: no borraron las viejas leyes fascistas, como la de 1939, y aprobaron otras iguales que aquella (igual de fascistas).
Aunque no les gusten las viejas historias, los más viejos del lugar se acordarán de la primera ley de asociaciones políticas de 1976, otra ley fascista. Dijeron que aquella ley se aprobó para legalizar a las asociaciones políticas pero, como verán, ni siquiera hablaban de partidos políticos, un mal augurio que se confirmó: la ley prohibía aquellas “asociaciones” políticas sometidas a una disciplina internacional, es decir, los que no eran auténticamente españoles, los vendidos al oro de Moscú.
Cuando en 1976 la policía detenía a un comunista, el interrogatorio seguía el siguiente diálogo de besugos:
– ¿Tú eres comunista?
El detenido tiraba de orgullo y asentía: “Sí”. Entonces el policía inevitablemente le aconsejaba:
– Pues si allí se vive tan bien y te gusta tanto, ¿por qué no te largas a Moscú y nos dejas en paz a los demás?
En aquellos tiempos nació la teoría del “entorno”, que les sonará: en 1976 el PCE era la marca electoral del KGB lo mismo que en 2011 Bildu es la marca electoral de ETA, el PCE(r) la de los GRAPO, etc. Desde la transición vivimos atufados por una sociedad en cuyo supermercado -sea comercial o electoral- imperan unas marcas y unas franquicias que -a pesar de sus esfuerzos publicitarios- no engañan a nadie. Hasta el más tonto sabe que la leche de la marca Clesa es la misma que la de Puleva; al fin y al cabo todo es (mala) leche.
¿Qué pasó con el PCE-KGB en 1976? ¿Fue legalizado? Que las marcas no les confundan; las cosas no son lo que parecen. El gobierno de Adolfo Suárez hizo lo mismo que hoy ha hecho Zapatero con los partidos políticos que, como Bildu, aún pretenden recuperar su legalidad después de 70 años de permanente “rebelión militar”: no legalizó nada sino que envió los papeles a los tribunales. Las decisiones nunca han sido, pues, políticas sino técnicas, es decir, que al no existir democracia el problema se sigue planteando hoy en los mismos términos que en 1939: esos partidos políticos que pretenden ser legalizados, ¿son unos criminales o tienen algún derecho en lo que piden? ¿cuál es la diferencia entre un crimen y un derecho? ¿hay alguna diferencia?
Desde 1939 todo está vuelto del revés. Si la transición hubiera sido un proceso democrático, los gobiernos hubieran debido demostrar algún interés por legalizar a aquellos partidos que durante décadas habían luchado por la democracia. Pero ocurrió lo contrario: fueron los partidos democráticos los que mostraron interés por legalizarse. En aquella época a eso se le llamó “ventanilla”: no eran los fascistas los que tenían que pasar por la ventanilla para adquirir patente democrática sino, al revés, los demócratas debieron demostrar que lo eran. No bastaban las batallas libradas durante 40 años a sangre y fuego.
Algunos pasaron por la ventanilla, es decir, pasaron por el aro que los fascistas les pusieron delante: cambiaron los estatutos, cambiaron los nombres, cambiaron las banderas… hicieron todo lo que el gobierno de turno les exigió. Pero nadie exigió nada a ningún gobierno fascista, nadie exigió responsabilidades ni a la monarquía, ni a la banca, ni a la Iglesia, ni a la policía, ni a los jueces. Ésa es la esencia de la transición: no fueron los fascistas los que incorporaron a la democracia sino los demócratas los que se incorporaron al fascismo.
Los fascistas siempre han creído que los problemas se solucionan a palos, convirtiendo lo político en judicial, es decir, con sumarios, detenciones, cárceles y demás. A veces así logran retardar el estallido, nunca impedirlo. Por eso se les han acumulado los asuntos sin resolver; a los viejos se le han sumado los nuevos. Ahora que los indignados hablamos de participación política, conviene recordar que entre los múltiples asuntos que tiene pendientes en este país, uno de ellos es la legalización de los partidos políticos, sin lo cual nunca podrán hablar seriamente ni de democracia ni de participación. Es tan sencillo como la prueba del algodón. Basta que aprueben una ley democrática de verdad con sólo tres artículos: el primero dirá que queda derogada la ley fascista contra los partidos políticos, el segundo los legalizará y el tercero librará de la cárcel a los que han defendido los dos artículos anteriores.
http://www.insurgente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8035%3Ala-ley-fascista-de-partidos&catid=139%3Aestado-espanol&Itemid=557

“LA IZQUIERDA SÓLO BUSCA IMPLANTAR SU RÉGIMEN, NO LA DEMOCRACIA”



El Popular. José Manuel Barroso desde la calle Silva, sede de AP.


José Manuel Barroso, Presidente Nacional y fundador de Alianza Popular, ha comparecido en la calle Silva donde se encuentra la sede nacional del Partido. Con motivo de las últimas acciones del Gobierno, Barroso ha querido mostrar su apoyo a las acciones de la Administración Suárez con las que varias concentraciones convocadas por organizaciones izquierdistas no han recibido la autorización necesaria para su celebración. Desde Alianza Popular se ha querido recalcar la necesidad de no ceder ante la conducta de agrupaciones que han esperado este momento para implantar su propio régimen, mientras el resto de partidos están dispuestos a caminar con contundencia hacia la definitiva democracia, con igualdad y acorde al contexto social.

JOSÉ MANUEL BARROSO CLOS.

A día de hoy no podemos pasar por alto el hecho de que hayan partidos que estén esperando cualquier momento para salir a la calle, con reivindicaciones que poco más hacen por crispar y por incomodar en el proceso que estamos iniciando todos los partidos políticos. Se ha dado un gran paso con la legalización de formaciones como PSOE y PCE, mientras ellos han aprovechado esta ocasión para seguir con sus formas atentadores y combatibas en un momento en el que ya vemos la llegada de la ocasión en la que los ciudadanos hablarán abiertamente en unas urnas.

No puedo más que darle mi total apoyo al Gobierno de Suárez para que en este aspecto no se agache, para que firmemente se mantenga y no permita que el movimiento de unos pocos perjudique la verdadera esencia del momento que estamos viviendo. Ahora debemos, todos los partidos, mostrarnos unánimes para firmar nuestro deseo de que la democracia llegue, y quien no esté conforme tendrá que abandonar la política española. Personas como el Sr. Alarcón ya han mostrado claramente como tienen un objetivo, que es hacer que Alianza Popular no esté en el panorama político. Otros partidos, como el comunista, quieren vendernos una sociedad igualitaria cuando ellos mismos han implantado en la Unión Soviética una auténtica dictadura donde los trabajadores son sus esclavos.

Quienes quieren involucrarnos con la época de Francisco Franco no hacen más que dañar la etapa que estamos viviendo, la etapa democrática y la etapa de progreso que ha llegado a España. No vamos a permitir que la izquierda imponga su dictadura, pues ahora toca democracia aunque a ellos no les guste. La izquierda sólo busca implantar su régimen, no la democracia. Ellos no son mártires, son sublevados a la Ley. Si Carrillo está detenido, algo habrá hecho.

La desafección ciudadana ¿una realidad incómoda?

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9 noviembre 2012

Os dejo aquí la entrada  publicada en Sesión de Control.com  y en la que resumo algunas de las impresiones compartidas con alguna gente  en  los últimos tiempos  sobre la emergencia de auditar el estado de la democracia

Si hiciéramos un resumen de los últimos movimientos ciudadanos en las calles y si leyéramos los mensajes y carteles que se han ido haciendo visibles, podríamos componer un mosaico del que se podría extraer un discurso ciudadano sobre su visión de la democracia, reivindicaciones y propuestas. Si las imagináramos como una nube de etiquetas serían sin duda palabras sobre las que articular una profunda y crítica reflexión: ”No”, “No nos representan”, “democracia directa”, “listas abierta”, “estafa”, “banqueros”, “políticos”, “corrupción”, “paro”, “rescate”, “personas”, “ciudadanía”, “ley electoral justa”, “no debemos”, “culpables”, “especulación”, “crisis” , “troika”, “no pagamos”, “Bankia”, “mercados”…
Las reivindicaciones y exigencias son políticas y muestran el malestar con una democracia representativa que ha abdicado en demasiadas ocasiones de sus obligaciones. Que no ha sido capaz de garantizar el interés colectivo y la dignidad en la vida de sus ciudadanos y que ha cedido a las directrices de los mercados y de los poderosos.
Sin embargo, en términos generales, los partidos políticos y las instituciones han permanecido inamovibles en el papel que se atribuyen dentro del sistema democrático. Partidos e instituciones se han resistido a entender, además, que los cambios en las tecnologías permiten la información, el control y la participación en tiempo real. Y que la dinámica parlamentaria hoy está muy lejos del dinamismo y la velocidad en la que hoy se producen los acontecimientos y la información.
Ante las movilizaciones frente al Parlamento -con algunas excepciones de grupos más minoritarios- se han limitado a repetir y argumentar sobre legalidad o “supuestas” coacciones al libre ejercicio de su tarea. En la última movilización el #23Octubre se reiteraban estas argumentaciones mientras en la calle mucha gente se había puesto a debatir sobre el estado de la democracia, las instituciones y sobre un presupuesto al dictado del ilegítimo poder financiero.
Con las conclusiones empapelaron las vallas del “perímetro de seguridad” para “proteger” al Congreso de la ciudadanía. En definitiva, pareció que había que defender a los diputados y diputadas del peligroso ejercicio de pensar en común. Había que defender al Parlamento de las ideas y de las propuestas escritas a mano en diversos carteles sobre unas vallas. Lo único que tenían que hacer era escuchar y leer, pero como se habían conjurado con las mismas respuestas de siempre no se dieron cuenta que les estaban cambiando las preguntas.
Se necesita de forma urgente abandonar la trinchera del inmovilismo y salir a escuchar a los ciudadanos. Se necesitan mecanismos capaces de mostrar con claridad el estado de la democracia, instituciones y partidos. Un ejemplo  al respecto, la auditoría de 2012 sobre la democracia en Reino Unido o la página sobre las auditorias de la democracia en Australia
No se puede seguir manteniendo el blindaje: hay que auditar en serio la situación crítica de de los derechos de la ciudadanía, la representatividad de gobiernos y las elecciones, el funcionamiento de los partidos y del Parlamento, la participación, la transparencia y la capacidad de control ciudadano o funcionamiento de los medios de comunicación públicos.
El resultado del inmovilismo durante todos estos años ha sido letal y ha supuesto la profunda desafección que hoy vivimos. La abstención una consecuencia más que previsible.

Corrupción ¡Esto es un saqueo!

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LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2013
VÍCTOR ARROGANTE

A estas alturas que voy a decir yo que no hayan pensado ustedes. Tan solo un apunte. No parece que la corrupción vaya a desaparecer, porque los que tienen el poder para evitarlo no quieren.

Los instrumentos para luchar contra la corrupción existen, pero no se utilizan. La corrupción no va a desaparecer, mientras no exista voluntad política decidida que la evite. Hay que castigar con más dureza al político corrupto que engaña y roba las arcas públicas, perjudicando al conjunto de la sociedad.

Es corrupción el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito, no hubieran podido alcanzarse. Otras prácticas corruptas son el soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el contrabando, el blanqueo y la evasión de capitales o el delito fiscal (2.887 delitos ha denunciado Hacienda el año pasado, por contrabando y blanqueo de capitales). Se han acumulado grandes fortunas con el negocio inmobiliario y sus prácticas corruptas asimiladas. La financiación ilegal de los partidos políticos es otro delito y el caso Bárcenas su último ejemplo.

En la historia de España, la realeza también se ha visto implicada en casos de corrupción para su enriquecimiento personal. Fue célebre la reina regente María Cristina de Borbón (la que “me quiere gobernar”) y sus negocios especulativos con sal, ferrocarriles y trata de esclavos, llegando a amasar una gran fortuna por procedimientos poco claros. No había industria en España, en la que no llegó la mano real. Hoy, el caso Urdangarín, yerno del rey, vuelve a tocar a la realeza en su propia casa.

Hubo un tiempo que en España, a la corrupción se la llamó “estraperlo“. Durante la República, una denuncia de M. Daniel Strauss ante el presidente Alcalá Zamora, exigía una “indemnización”, por los gastos que le había ocasionado la instalación de juegos en determinados casinos. El caso fue conocido popularmente como “straperlo” (por el nombre de sus promotores Strauss, Perle y Lowmann). Los gastos no eran sino sobornos (hoy diríamos comisiones ilegales), pagados a políticos, amigos y familiares del Partido Republicano Radical y de su líder Lerroux. Desde entonces, en España, el “estraperlo” figuró, como una de las más extendidas y lucrativas actividades económicas ilegales.

Allá por los años 60, Adolfo Marsillach, compuso una telecomedia, cuyo argumento reflexionaba sobre la censura, a la que no le valía, por insuficiente, el título de la obra “La honradez”. En España la honradez tenia que ser recompensada, decían, pero no de forma puntual, sino siempre. De ahí que la obra pasó a titularse la “Honradez recompensada siempre en España”. En la realidad del momento, no solo no se recompensaba la honradez, sino que se premiaba lo contrario. La corrupción campaba a sus anchas desde los propios despachos ministeriales. Se compraban y vendían licencias de importación y exportación, para beneficio de jerarcas y allegados del régimen.

Según datos de la organización Transparencia Internacional, Italia es el cuarto país más corrupto de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria, Grecia y Rumania. España ocupa el puesto 30 en el ranking sobre percepción de corrupción. Empresarios, alcaldes, concejales, presidentes y consejeros de CCAA, ministros y ministras aparecen implicados en casos como: Bankia, Brugal, Campeón, Camps, ERE, Fabra, Ferrán, Filesa, Guerra, Gürtel, Hornaechea, ITV, Kio, Liceo, Lino, Malaya, Matas, Mercasevilla, Naseiro, Palau, Pallerols, Pretoria, Pujol, Roldán, Urdangarín, infinidad de tramas urbanísticas, y acciones preferentes,…; y ahora el caso Bárcenas.

En relación con este último caso, vinculado, la Comisión de la UE, en un informe interno (información de Claudi Pérez para El País) dice: “Ese es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”, y subraya “la creciente frustración podría llevar a muchos españoles a una completa desconexión de la política”. Europa nos conoce, porque no es oro todo lo que reluce.

El caso Gürtel, o Bárcenas, o financiación ilegal del PP es muy grave. Está implicado el nombre del presidente del gobierno como beneficiario de la trama. Rajoy dice que todo es falso “salvo alguna cosa”; veremos que cositas sones. El escándalo continúa: de momento, en los datos fiscales presentados, los ingresos no coinciden con los declarados en el Congreso; y en 2008, el sueldo bruto de Rajoy creció en 28.076 euros, una cifra similar a la cantidad que supuestamente le entregó Bárcenas en años anteriores. El caso Bárcenas se está convirtiendo, según aparecen nuevos datos, en el caso Rajoy.

Para los españoles, la corrupción es el cuarto problema que tiene España, pero no se puede generalizar; la mayoría de los políticos son gente honrada. El error de los dirigentes de los partidos, ha sido permitir, que militantes destacados se enriquecieran para si, y en ocasiones para el propio partido. ¿Sería menos escandaloso si cambiaran la ley de financiación de partidos? Para empezar se tienen que terminar las donaciones de empresas a los partidos.

Mientras unos se lucran a nuestra costa, otros pagamos en su beneficio. Los corruptos abanderan las políticas de austeridad, desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones; son quienes propugnan que el Estado no preste servicios asistenciales, ni pague pensiones, ni subsidios, mientras que ellos llenan sus arcas de una forma ilegal y sin mayor castigo. La corrupción ha quebrado el funcionamiento de las instituciones, y ha conseguido alejar a la ciudadanía de la cosa pública. ¿Cómo va a haber dinero, si se lo están llevando a manos llenas? Y en nuestra cara.

Tan corrupto es el que utiliza los bienes públicos en su propio beneficio, como quien no lo impide pudiendo. Es necesaria una reforma del Código Penal, que penalice con más dureza las prácticas corruptas. Las leyes han castigado siempre más el robo de una gallina para comer, que los fraudes y desfalcos de los poderosos. Los partidos políticos tienen que eliminar de su cultura la financiación ilegal y expulsar a los indeseables de sus filas; ponerlos a disposición de la justicia y ésta actuar con contundencia. Estamos asqueados de tanta basura y por ahora, todo parece perdido.

El portavoz de Jueces para la Democracia considera, que al Gobierno le interesa que la justicia, no tenga medios suficientes para luchar contra la corrupción, y considera que “no es admisible que un inmigrante, que coloca el “top manta” para poder sobrevivir, tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones, solo tenga pena de multa”. Como siempre ha ocurrido, se “criminaliza la pobreza”, pero no los delitos cometidos por quienes tienen el poder. Se tiene que dar la vuelta a la tortilla.

El poder corrompe; sobre todo, si los que asumen el poder, lo quieren para poder corromper. Entre unos y otros, por acción u omisión, han corrompido la democracia y permitido que la corrupción y el nepotismo se istalen en el Sistema. ¡Esto es un saqueo!. Algunos pretenden desvirtuar la democracia, presentando la corrupción en la política, como algo consustancial; pero no es así. Contra corrupción, más democracia, más participación y transparencia. Es necesario un cambio político e institucional, que permita combatir la corrupción y depurar responsabilidades políticas y penales.

Ante tanta podredumbre y calamidad, Los Recortaos, chirigota gaditana dice: “¡Cómo está la cosa!, ¡Cómo está la cosa!; ¡La cosa va a explotar!” Y explotará.

¿Somos una sociedad democrática avanzada?

¿Podemos pedir a las Cortes y al Gobierno que realicen las reformas constitucionales para que se supriman los límites que impiden la iniciativa legislativa popular en las materias social y políticamente más importantes? Sí, podemos y debemos
20.07.11 – 02:14 –

MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA | PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Entre las demandas surgidas de las asambleas del 15M hay algunas tan obvias como la de conseguir que España sea una sociedad democrática avanzada, objetivo ya proclamado en el Preámbulo de nuestra Constitución y que se reitera, por mencionar dos ejemplos, en los artículos 9.2 ( ‘Corresponde a los poderes públicos. facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social) y 23.1 (‘Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,.’).
Puede parecer que tan obvia como la exigencia es la constatación de que España ya es una sociedad democrática avanzada: llevamos 34 años celebrando elecciones periódicas, libres y por sufragio universal en las diferentes esferas de poder político territorial; ha habido distintas formaciones políticas que se han venido alternando en el gobierno local, autonómico y estatal; partidos políticos y candidaturas independentistas y/o republicanas pueden intervenir en el proceso político si lo hacen por medios pacíficos. La cuestión es si eso es la «sociedad democrática avanzada» que se deseaba en 1978 y la respuesta que nos da el propio texto constitucional es negativa. Por supuesto que lo alcanzado es necesario pero no es ni mucho menos lo avanzado que debiera.
En el propio proceso constituyente se concibió la democracia como un sistema en el que para que el pueblo gobernado sea pueblo gobernante debe combinar los instrumentos de toma de decisiones a través de representantes con la adopción directa de esas decisiones por parte de los ciudadanos. Por ese motivo, en el Anteproyecto de Constitución se incluyó, inspirándose en la Constitución italiana vigente, un referéndum que permitía someter a consulta popular la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor. Sin embargo, esta figura desapareció en la versión definitiva con el pretexto de que «puede implicar la manipulación de la pregunta que se hace al pueblo y puede constituir, como en Italia, un practica antidemocrática». Ya en ese momento se podía constatar lo falaz de ese argumento, que no fue más que la pantalla con la que nuestros constituyentes ocultaron el temor que les produjo el referéndum italiano de 11 de junio de 1978 sobre la ley de financiación de los partidos políticos, a favor de cuya derogación se pronunció el 43% de los votantes. Lo que algunos consideraron un peligro de manipulación «del pueblo» y una potencial «práctica antidemocrática» sirvió para que los días 12 y 13 de junio de 2011 el 95% de los votantes rechazara, con efecto derogatorio, la ley con la que Berlusconi pretendía eximirse de comparecer en los juicios abiertos en su contra y que nada tenían que ver con el ejercicio de sus funciones gubernamentales. Esta batalla por el respeto al Estado de derecho y de rechazo a las inmunidades del poder había sido perdida en sede parlamentaria como consecuencia de la mayoría que apoya al primer ministro, pero fue luego ganada merced a la implicación directa de los ciudadanos.
De lo que se trata, y a pesar de la revolución que han supuesto las tecnologías de la comunicación, no es de sustituir el monopolío del gobierno parlamentario por el de la decisión popular inmediata de todos los asuntos, algo que, además de su díficil ejercicio en sociedades complejas y dinámicas, excluiría de la toma de decisiones a la amplia mayoría de personas que no disponen ni de tiempo ni de información ni de medios técnicos para ello. Pero sí se trata de que los ciudadanos no queden excluidos de la posibilidad de debatir y decidir lo que son cuestiones de especial relevancia en una sociedad democrática avanzada.
Y para ello es necesario, además de modificar la Constitución para recuperar el referéndum previsto en el Anteproyecto, remover los obstáculos que han convertido a la iniciativa legislativa popular en una caricatura al prohibirla en materias propias de Ley Orgánica (desde el derecho a la vida o la libertad ideológica al derecho de petición, pasando por los derechos asociación, reunión, educación, huelga.), Estatutos de Autonomía y régimen electoral general.
¿O es que asumimos que una persona española debe ser menos ciudadana que una italiana, suiza, norteamericana o uruguaya, que tienen instrumentos de participación directa que se nos niegan a nosotros?
¿Podemos pedir a las Cortes y al Gobierno que realicen las reformas constitucionales para: a) que se supriman los límites que impiden la iniciativa legislativa popular en las materias social y políticamente más importantes; b) que el referéndum pueda versar sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor, que podamos promoverlo los ciudadanos y que sea vinculante si ha participado la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si se aprueba por mayoría de los votos válidamente emitidos; c) que los ciudadanos podamos promover la reforma de la Constitución?
Sí, podemos y, en opinión de quien firma estas líneas, debemos hacerlo si lo que queremos en alcanzar esa sociedad democrática avanzada a la que aspiramos al menos desde 1978.

La timocracia española

FUENTE.

No vivimos en democracia, o lo llaman democracia y no lo es, como la mayoría del pueblo ya sabe y se corea con fundamento en las numerosas movilizaciones contra el régimen político que se nos ha impuesto y la mayoría de las personas dócil y obedientemente ha asumido. La legitimidad de un sistema político democrático se basa en la disponibilidad de libertades políticas al alcance de las personas que lo pueblan, que permitan su participación y por tanto su soberanía. Sin libertades políticas, los derechos públicos carecen de utilidad, al no poder participar en su articulación o defensa sólo son meras concesiones, completamente manipulables por las élites de los partidos políticos y sus amos los grandes capitales. El estado de las libertades políticas en España es desolador, la mayoría de las libertades políticas se encuentran prohibidas y la única al alcance de la voluntad popular, la libertad de elección de representantes, sumamente tergiversada por una ley electoral injusta.

El Poder Constituyente

Como máximo exponente del poder popular, por encima del rigor de los textos constitucionales, el pueblo debe disponer, en democracia, de herramientas que le permitan elegir la forma de gobierno que más se ajuste a sus necesidades, así como modificarla cuando así lo considere, accediendo a esta libertad mediante el ejercicio de la iniciativa popular. Su prohibición nos muestra un régimen blindado, en el que no existe oportunidad alguna de participar y decidir.

Iniciativa popular a la reforma constitucional: Prohibida a la iniciativa popular por el Art.166 . Sólo el Gobierno y las asambleas legislativas (nacionales y autonómicas) poseen este derecho político. Ninguna otra institución puede ejercerlo. (Mencionamos el ejemplo de la Constitución de Venezuela: Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución).

Iniciativa popular a Proceso o Asamblea Constituyente: Prohibido. Libertad política desconocida para la constitución. Es aplicable el mismo ejemplo anterior.

Derecho de Autodeterminación: Prohibido. Libertad política desconocida para la constitución. En simliares circunstancias, los gobernantes canadienses tuvieron la inteligencia de pedir a su Tribunal Constitucional que tuviera la última palabra, recurriendo al derecho universal y recomendando la iniciativa al referéndum y una ley de claridad, que ha arrojado unos resultados muy positivos. Que se diese un proceso semejante en el régimen español es impensable. Si embargo, esta libertad precisa ser articulada, solucionando también el problema de las ”muñecas matriuska”, otorgando a su vez la misma libertad a las personas que se acogerán al nuevo ordenamiento.

La Iniciativa Popular

Ademas de la aplicaciones citadas en el anterior punto, la libertad de iniciativa popular es accesible a muchas más libertades:

Iniciativa popular al Referéndum: Prohibido, en virtud del Art.92, sólo el Presidente del Gobierno disfruta de este derecho. Ninguna otra persona, grupo o institución puede iniciar un proceso legal que conduzca a un referéndum nacional. Por otro lado, toda institución (poderes regionales, poderes locales, etcétera) que quiera convocar un referéndum local o regional de cualquier tipo, necesita la autorización preceptiva del Estado (Art. 149.1.32 ). Disponible sin embargo en la práctica totalidad de países del mundo que se denominan democráticos.

Iniciativa popular a la revocación de cargo electo: Prohibido. Libertad política desconocida para la constitución. En el ejemplo venezolano, incluso llegó a hacerse campaña desde España para revocar al Presidente de ese país cuando se realizó, con una indignante falta absoluta de vergüenza.

Iniciativa popular a la derogación legislativa: Prohibido. Libertad política desconocida para la constitución. No es posible, como en numerosos países, acceder a la derogación de cualquier ley.

Iniciativa popular legislativa: Prohibido. La constitución contempla una petición colectiva legislativa en el Art.87 , regulada por la Ley Orgánica para la Iniciativa Legislativa Popular , que aparece normalmente en los medios de propaganda como ILP (Iniciativa Legislativa Popular), y en la propia constitución como “iniciativa popular”. Frente al significado plenamente soberano del término “iniciativa popular”, esta canija libertad política debemos reducirla a la categoría de petición al presentar los siguientes defectos formales:

No conduce a un referéndum, se limita a introducir una proposición de ley en el Congreso, una quiebra de la soberanía popular que suele poner fin a la mayoría de las iniciativas, las cuales en presencia de un referéndum podrían culminar en una ley.

Está prohibida expresamente por el artículo 87.3 de la constitución para modificaciones de la ley electoral y demás leyes orgánicas, así como para asuntos de carácter internacional, prácticamente la totalidad del ordenamiento jurídico de importancia.

La introducción parlamentaria de la proposición de ley no provoca una contrapropuesta, ni debate alguno. Legalmente, la Comisión Promotora de la petición ni siquiera posee derecho de voz en el Congreso para defender su propuesta.

Puede ser enmendada y aprobada por el Parlamento en un sentido opuesto a su espíritu inicial, sin que la Comisión Promotora pueda ni siquiera solicitar su retirada.

Iniciativa popular a la ratificación de tratados internacionales: Prohibida expresamente por el Art.87

Petición colectiva al recurso de inconstitucionalidad: Prohibida expresamente por el Art.162.1a

 El Referéndum

Referéndum Vinculante: Prohibido, en virtud del Art.92 sólo se admite el plebiscito consultivo, que sólo el Presidente, autorizado por el Parlamento, puede convocar.

Referéndum de ratificación a la Reforma Constitucional: Aplicable sólo a reformas importantes de acuerdo al Art.168 , en el resto de supuestos se convoca si lo solicita una décima parte del Congreso o Senado, Art.167 , en un extravagante procedimiento de reforma constitucional, en el que sólo los partidos políticos tendrían derecho a informar mediante los medios masivos de comunicación a la población.

La libertad de elección de representantes

Permitida, con numerosas tergiversaciones que vulneran flagrantemente los artículos 6 y 67.2 de la Constitución, y la convierten en una verdadera máquina de fabricación de mayorías al servicio de los grandes partidos. Estas son:

Las elecciones generales eligen el llamado Poder Legislativo: Congreso y Senado, es decir, el que dicta las leyes. Pero además son estos diputados y senadores los que deciden quien dirige durante al menos 4 años los otros poderes del Estado: El Poder ejecutivo (El Gobierno) que pone en práctica las leyes, y el Poder judicial, que interpreta su cumplimiento. Además por parte del Gobierno o del Congreso y Senado se eligen los miembros y máximos dirigentes de otros organismos importantes, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía general de Estado, etc. La separación de poderes es por tanto completamente inexistente.

Se permite únicamente a partidos políticos o coaliciones, nunca a personas con nombre y apellido. Estos partidos políticos no funcionan de forma democrática, por no estar las elecciones primarias protegidas constitucionalmente y otros factores, y su financiación no es transparente (cabe señalar la forma en la que ignoran los informes GRECO, que ni siquiera traducen al castellano), asumiendo estratosféricas deudas con la banca en condiciones muy ventajosas, favores que luego han de pagar, y pagan, no nos quepa la menor duda, somos testigos de ello.

Ilegalización de partidos políticos, a partir de 2002, en general relacionada con el persistente conflicto entre los nacionalistas hegemónicos (españolistas) y los postulantes. Más allá de la regresión democrática que supone la existencia de partidos políticos ilegales, esta tremenda irregularidad implica que las instituciones electas carecen completamente de legitimidad.

Nominación de candidatos mediante listas cerradas, confeccionadas por las élites de los partidos, donde la desobediencia de los candidatos elegidos a la “disciplina de voto” significa su exclusión.

Tremendamente escasa, proporcionalidad voto/escaño, la más baja entre los sistemas proporcionales, comparable incluso a sistemas presidencialistas, debido al pequeño tamaño de las circunscripciones y electorales y a la Ley Electoral vigente. Se recomienda el Voto Personal Transferible, un lujo verdaderamente asiático, desde luego, a la vista de lo visto.

Ausencia de mandato imperativo, que si bien puede resultar un hecho razonable, en el devenir del día a día de la política parlamentaria, los constantes cambios económicos, las relaciones internacionales, etcétera, en combinación con lo anteriormente expuesto redunda en el terrible resultado que conocemos y sufrimos.

Flagrante vulneración de la libertad y del secreto del voto, al no destruirse las listas de votantes tras la jornada electoral, y al no estar correctamente situadas y equipadas las cabinas electorales, ello unido a la actitud que puede mermar la privacidad de la elección de algunos apoderados (supervisores de los partidos políticos en los colegios electorales) junto a las mesas de recogida de papeletas, en clara vulneración del Art.86.2

La libertad  de las personas de participar en la gestión de las cosas

El estado de los instrumentos que permiten la participación del pueblo en las decisiones que les importan y afectan es igual de desolador:

Presupuesto Participativo: Prohibido, libertad política desconocida para la constitución, incluso en ámbito local, donde está sujeta a la arbitrariedad de los gobernantes electos, al no estar protegida constitucionalmente, una situación que desmotiva premeditadamente su ejercicio.

Concejos Abiertos: Prohibidos, apenas sobreviviven algunas comunidades donde esta libertad se ejerce, siempre sin resultados vinculantes o supeditada a un poder superior emanado del la libertad de elección de representantes, que el régimen representativo ha asumido como enemigos y combate abiertamente.

Otras libertades políticas

Control popular de la guerra: Prohibido, libertad política desconocida para la constitución. Ciertamente, prohibido en la totalidad de los países de la tierra, esto viene a ser algo así como pedir la Luna para esta gente, y sin embargo… ¿habrá cosa más razonable? ¿no es el pueblo quien luchará, y dará a veces su vida, en ellas?

Referéndum revocatorio de cargos sindicales: En virtud del Art. 67.3 del Estatuto de los Trabajadores es posible, a iniciativa de un tercio de los trabajadores, convocar un referéndum revocatorio de cualquier representante electo sindical. Toda una excepción en el sistema político español. Cabe destacar no obstante que el porcentaje para iniciar el proceso es desproporcionadamente alto (33%), además de los problemas aleatorios para el ejercicio de esta libertad, como la subcontratación o la permisividad o no de los propietarios capitalistas de la empresa.

Separación de poderes y control de cargos públicos 

La imprescindible separación de poderes en democracia, en España es inexistente, pero además existen otras características del régimen español igual o más insoportables:

El poder Ejecutivo no es electo directamente, sino que emana del Legislativo, siendo ambos la misma cosa en la práctica, haciendo imposible otra alternativa como podría ser la llamada cohabitación.

Tampoco es electo el Jefe del Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siendo esta función de carácter hereditario, ejercida por un regente, que concretamente en el caso actual fue elegido por el dictador fascista Francisco Franco, responsable del Golpe de Estado que generó la guerra civil y el consiguiente genocidio y liberticidio, que aún en nuestros días no puede ser juzgado ni simplemente reconocido y mencionado, recordemos el caso del Juez Garzón.

Tampoco lo son los órganos del poder Judicial, la totalidad el Consejo General del Poder judicial, los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que son elegidos desde el Legislativo mediante pactos de interés entre los partidos mayoritarios.

Constitución española: instrumento fosilizado, inoperante y francamente perjudicial, producto de la transición/traición franquista, que limita como hemos visto la democracia a las elecciones al legislativo en unas condiciones nada democráticas.

Medios de comunicación: requieren de autorización política para su ejercicio. La libertad de difusión no existe. Sólo la propaganda y el engaño a la población, al servicio de los partidos políticos y sus amos del poder económico.

Juntas Electorales: nombradas por el CGCP y el Congreso, al servicio de los partidos mayoritarios, como el ejemplo de las elecciones de 1989, donde incluso tras las sentencias en firme del caso Filesa que demostraban la ventaja del partido ganador de más de 1k de millones de pesetas procedentes del chantaje probado no se atrevió a anular los resultados.

Disolución del ejecutivo: responsabilidad única del Presidente, no sujeta a Iniciativa Popular.

Comisiones parlamentarias: en ellas es posible mentir impunemente, al no requerir juramento, sus decisiones no son vinculantes en ningún sentido. Entes absolutamente inoperantes, pantomimas.

Consejo de Ministros: responsabilidad del presidente, sin ratificación del parlamento ni ninguna otra.

Fiscal General: igualmente, nombrado por el presidente, sin ratificación alguna, dependiente de el por tanto completamente, nombra los fiscales y los cesa sin que exista otro control que el suyo y el de quien le puso ahí.

Administración Civil: Miles de secretarios, directores y subdirectores y demás, asesores, gestores de las Cajas de Ahorro, etc, nombrados por el Presidente sin otra ratificación, confirmación o posibilidad de cese posible.

Cúpula militar: Nombrada por el Presidente, sin otro tipo de ratificación, al igual que la justicia militar, y dependiente únicamente de él.

Declaraciones de guerra: por iniciativa del Rey, con autorización del Legislativo. A no ser que se camufle en “misiones de paz”, en cuyo caso carece de control constitucional. No puede ser vetada o ratificada de ninguna manera por el pueblo. Recordemos con nostalgia la constitución de 1931, art. 6 “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”

Servicios secretos: Nombrados por el Presidente, no regulados por ninguna norma, no sujetos a control parlamentario ni judicial. Recordemos, con rabia e impotencia, el grupo terrorista del Estado llamado GAL, y a su evidentemente presunto precursor, Felipe González, que aún se atreve a dar lecciones de democracia a quienes tienen la desgracia de escucharle.

Defensor del Pueblo: cargo de bonito nombre absolutamente inoperante.

Libertades públicas: derecho de reunión, prensa, huelga, etcétera, sin libertades políticas no suponen ninguna garantía, pueden ser tergiversadas o suspendidas cuando al Presidente le parezca oportuno, plastelina en manos de las élites.

Democracia laboral: los presupuestos de los sindicatos mayoritarios dependen del sistema político en más del 80%, puedo extenderme más, pero creo que resulta suficiente con ese detalle para hacernos una idea de su dependencia del régimen político que sufrimos y sus amos del poder económico.

Frente a esta realidad, resulta aburrido escuchar día tras día a los líderes mediáticos y políticos y sus voceros calificar el actual Régimen político español como democrático. Como resultado de este sistema totalitario, y la corrupción, la evasión de capitales, los innumerables etcéteras que provoca directamente, la población demócrata ya no salimos a la calle, vivimos en la calle, denunciando las 24 horas de el día que en ningún lugar del mundo reina la mezquindad en la política tan impunemente como aquí.

Contenidos de consulta
El documento es básicamente un compendio de varios de los docuemntos contenidos en Demopunk
Contenidos del Grupo de Trabajo de Política Corto Plazo – 15M – Sol  comprometidxs por la participación permanente de las personas en la política
Contenidos del Grupo de Trabajo de Elecciones Generales – 15M – Sol
Contenidos de OtraDemocraciaEsPosible

LA EDUCACIÓN Y LOS VALORES CÍVICOS

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escrito por Luis María Cifuentes Pérez
Luis María Cifuentes Pérez
Catedrático de Filosofía
RESUMEN

El presente artículo consta de dos partes; en la primera, trataré de explicar qué razones de diferente índole hay para la implantación de la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” en nuestro sistema educativo; y en el segundo apartado, haré un breve análisis de los valores cívicos y de la ciudadanía.

ABSTRACT

EDUCATION AND CIVIC VALUES

This article consists of two parts. In the first one, I will try and explain what reasons of different kind there are for the introduction of the so called subject Education for Citizenship and Human Rights in our educational system. In the second part, I will analyse civic values and those of citizenship.

La educación como trasmisión de valores cívicos

Uno de los temas que más polémicas ha suscitado en la reciente promulgada Ley Orgánica de Educación (LOE) ha sido, sin duda, el del nuevo Área de Conocimientos denominado “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. El debate ha traspasado la cuestión puramente académica hasta situarse en los últimos años en el centro del debate entre los principales partidos políticos. En este artículo voy a exponer brevemente cuáles son las razones que, en mi opinión, han llevado al Ministerio a reorientar la educación en los valores cívicos mediante la creación de este nuevo Área o materia. No pretendo descalificar a quienes defienden con buen criterio la transversalidad de estos valores y su necesidad de que impregnen la convivencia y la vida del centro educativo; sin embargo, sobre todo en los Centros de Enseñanza Secundaria, la transversalidad ha sido un fracaso y se ha hecho evidente que la reflexión y la práctica de los valores cívicos es una necesidad acuciante. Es cierto que todos los problemas de convivencia en una comunidad educativa no se van a resolver con una asignatura, pero también es preciso reconocer que puede ayudar a crear un mejor clima de convivencia en los Centros.

Las razones que avalan la necesidad de una educación ética y cívica basada en los Derechos Humanos y en los valores constitucionales son de diverso tipo: razones de orden educativo; razones de orden sociológico; razones filosóficas y razones jurídico-políticas.

La razones educativas a favor de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se basan en que en todas las épocas la educación siempre comporta una filosofía moral y política en sentido amplio; es decir, que toda acción educativa abarca lo cognitivo y lo axiológico y trata por tanto de formar según unas pautas morales y cívicas determinadas.

Por otro lado, es evidente que en la mayoría de los centros educativos ha fracasado la transversalidad como modo de trasmitir los valores a toda la comunidad educativa; ello no significa que la transversalidad no sea una idea buena; el problema es que ha resultado inviable en la mayoría de los Centros, sobre todo de Secundaria.

Por último, parece necesario que la democracia comience a ser explicada, analizada, reflexionada y practicada en los centros escolares porque es en ellos donde se forman los futuros ciudadanos y no existe ningún “gen” democrático que de modo espontáneo genere en las nuevas generaciones las conductas democráticas, la participación y el respeto a las ideas de los demás. El estudio y el aprendizaje de la democracia debería comenzar ya en las escuelas e institutos de nuestro país.

El segundo elenco de razones a favor de una educación ética y cívica es de orden sociológico. Es evidente que toda Europa y por tanto también España se están enfrentando a nuevos problemas, a nuevos retos sociales y culturales en el siglo XXI y para tratar de paliar los efectos de cierta problemática social y para prevenir conductas indeseables es preciso que los sistemas educativos eduquen a los niños y adolescentes en el respeto, la tolerancia activa y la solidaridad efectiva con los demás. Son hechos innegables reconocidos por todas las encuestas el creciente pluralismo moral y religioso en nuestro país, la progresiva secularización e indiferencia religiosa de los españoles, la exigencia de un diálogo intercultural que otorgue cohesión social a los diferentes grupos y la creciente desafección hacia la política y los políticos en muchos ámbitos de la sociedad española. No se pretende que el sistema educativo solucione todos estos nuevos conflictos sociales, sino que la reflexión sobre ellos ayude a comprender mejor los mismos y a crear una conciencia cívica y política que permita dialogar y pactar las soluciones adecuadas.

Una nueva serie de razones que abonan la idea de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos se basa en consideraciones de orden filosófico, de filosofía moral y política. Toda ética personal va acompañada de una ética civil, de unos valores que surgen en el individuo y se trasmiten a la comunidad. Por eso no tienen razón quienes quieren imponer a todos su propia visión del ser humano y de la moral. La moral católica que ha imperado durante siglos en España no tiene ya legitimidad social ni política para pretender imponerse a toda la sociedad española. La ética civil, propia de un Estado democrático, ha de ser laica; es decir, neutral en cuanto a las religiones, aunque en absoluto incompatible con ellas y menos aún hostil a las mismas. En la época actual disponemos de un código ético de referencia que pretende ser universal y que se conoce como los derechos humanos. Los valores morales y cívicos contenidos en esa Declaración (1948) son comunes a toda la Humanidad pues se basan en la dignidad inviolable de toda persona humana. A mi parecer ésa es la base de cualquier educación ética y cívica en una sociedad democrática en el ámbito del sistema educativo.

Por último, existe una serie de razones de carácter jurídico-político que apoyan la conveniencia de esta nueva asignatura. La convivencia democrática tiene una base fundamental en nuestro país: la Constitución. Es el gran pacto político y jurídico sobre el que se asienta toda la arquitectura legal de España y todas las garantías contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Es preciso que los niños y jóvenes conozcan los principios y valores constitucionales recogidos en la Carta Magna porque son el marco en el que todos podemos convivir en libertad y en paz. No se trata de explicar en la escuela los artículos constitucionales como si fuese una especie de catecismo jurídico, sino de analizar la importancia del Estado de Derecho, el valor de las leyes y de las instituciones democráticas como el pacto de convivencia que los españoles nos hemos dado hace muchos años para garantizar los derechos de todos.

Todos los países europeos tienen en sus respectivos sistemas educativos una educación cívica que se realiza de modo transversal o de modo específico. En muchos casos son los profesores de Ciencias Sociales los encargados de impartirla. Eso indica que todos los estados democráticos europeos consideran un objetivo irrenunciable de sus sistemas educativos la formación de ciudadanos reflexivos, críticos, participativos y solidarios que colaboren en la construcción de una sociedad más libre y más justa. No se entiende por qué en España algunos se oponen a ello por razones ideológicas y partidistas, tergiversando además sus contenidos.

A lo largo del siglo XIX, los Estados nacionales europeos asumieron un protagonismo muy importante en el ámbito educativo como impulsores de una educación pública y gratuita para toda la población, teniendo como ideal la plena escolarización de todos los niños y adolescentes. En España esa escolarización total y gratuita no se logró hasta bien entrado el siglo XX. La educación política y religiosa fue durante todo el siglo XIX una constante de todos los sistemas educativos europeos; la moral cristiana en sus diferentes versiones y la formación política eran el eje ideológico sobre el que se asentaban todos los sistemas educativos europeos.

En España, la Institución Libre de Enseñanza (1876) y sus posteriores realizaciones fueron consideradas por la jerarquía católica como enemigas declaradas desde su misma fundación y durante muchos años. Como señala acertadamente Manuel de Puelles: Del mismo modo que Giner había hecho de la educación un proceso lento que abocaba a una transformación de la España de su época, la Iglesia consideró que la educación era el ‘sagrado campo’ en el que habían de formarse las futuras generaciones cristianas que defenderían los derechos de la Iglesia y su concepción del mundo. El contenido ideológico de la educación se colocaba, una vez más, en el primer plano de atención de fuerzas contrapuestas.1

Hoy día las cosas no han cambiado demasiado porque los sectores católicos más conservadores siguen viendo la escuela laica como algo condenable y digno de ser anatematizado. Los defensores a ultranza de la moral católica todavía no han aceptado que el pluralismo moral y religioso de la sociedad española es un hecho social innegable y que forma parte consustancial de la misma vida democrática. La tradición moral del catolicismo no es ya la única fuente de moralidad ni de espiritualidad de la mayoría de los ciudadanos de España y ello significa que el catolicismo ya no puede pretender inspirar las leyes civiles que regulan la convivencia en nuestro país.

Los valores cívicos y la ciudadanía

Ya hemos señalado antes que los valores morales y cívicos deben basarse en los derechos humanos. En la Declaración de Derechos Humanos se alude expresamente al significado profundamente cívico que tiene la educación en la sociedad: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Artículo 26.2)

A pesar de esta contundente defensa de esos principios y valores, en el Artículo siguiente (27), se defiende también que los padres tienen derecho a elegir para sus hijos el tipo de educación que quieren darles. Es decir, que se garantiza la libertad de las familias a la hora de elegir los valores morales que se quieran trasmitir en el seno de la comunidad familiar, con independencia de que los Estados tienen la obligación de educar a los niños y adolescentes en los valores cívicos y democráticos. Ahí radica el fundamento jurídico que fue también utilizado en la Constitución española para defender que el titular del derecho a la educación de los menores es el padre, la madre o el tutor. Y por eso las familias católicas españolas (vgr. la CONCAPA) argumentan siempre a favor de la libertad y se olvidan casi siempre de los otros valores constitucionales como el pluralismo y la justicia.

En la Constitución española de 1978 se retoman los mismos principios relativos al derecho a la educación, sobre todo en el Artículo 27 que está dedicado expresamente a ello. Pero la base ética y jurídica que sustenta todo el edificio axiológico de la educación española está ya contemplada en el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, en la que se citan expresamente los valores superiores de todo el ordenamiento jurídico: Dicho Artículo reza así: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores son, en realidad, el fundamento ético de todo sistema democrático y por ello cualquier ley educativa que se elabore en un sistema político de libertades y derechos tiene que respetarlos. Durante la transición política española se fueron perfilando los rasgos democráticos del nuevo sistema educativo, pero han sido la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOE (2006) las leyes que mejor han desarrollado la plasmación de los valores constitucionales en el sistema educativo: el pluralismo, la igualdad y la libertad. Aún falta por desarrollar mejor, a mi juicio, la justicia y el pluralismo moral y religioso dentro del ámbito de la escuela pública.

Hay algunos sectores políticos en España que insisten solamente en la libertad de enseñanza se olvidan deliberadamente de que la desigualdad social, económica y cultural debe ser compensada mediante la educación pública y gratuita para todos. Son muchas las familias españolas que en la última década están desertando de la escuela pública en nombre de su libertad y gracias a su nivel económico; las escuelas y los institutos públicos se están convirtiendo progresivamente en muchas ciudades de nuestro país en ghettos donde se está marginando consciente o inconscientemente a la mayoría de la inmigración llegada a España en los últimos años. La libertad educativa no se está viendo acompañada de políticas que compensen los efectos indeseables del neoliberalismo; de ese modo, la selección social, económica y cultural del alumnado va a reproducir cada vez más la desigualdad y las injusticias de nuestra sociedad capitalista.

En nuestras actuales sociedades la influencia de la escuela es mucho menor que en siglos anteriores y la necesidad de educar al ciudadano en valores cívicos desde las instituciones educativas debe enfrentarse a nuevos retos y enfocarse de modo distinto. Si el Estado-nación ha sido hasta ahora el encargado de trasmitir una educación cívica y política acorde con su historia propia y sus instituciones democráticas, en la época actual la condición de ciudadanía ha adquirido nuevos perfiles ya que vivimos en un mundo globalizado e intercultural en el que las sociedades no son un reflejo mimético de los Estados-nación del pasado y además la coexistencia de múltiples códigos morales y religiosos exige una nueva ética universalizable.

En España, como en todos los países de la Unión Europea, se sigue hablando a los alumnos en la escuela de varios niveles de ciudadanía, pero no está claro que Europa sea ya la Europa de los ciudadanos y de los pueblos, sino que más bien nuestro continente político se presenta todavía hoy como la Europa de los Estados miembros que la constituyen. Peor es la situación todavía si se considera la realidad de una educación para una ciudadanía cosmopolita, cuando muchos ciudadanos del mundo no pueden disfrutar de los más elementales derechos y libertades individuales, cuando todavía son seres sometidos al hambre, a la enfermedad y a la incultura.

¿Cómo se puede definir la ciudadanía desde un punto de vista ético, jurídico y político? Como señalan acertadamente S. Giner y V. Camps la ciudadanía tiene en castellano una doble acepción que alude a dos conceptos: por un lado, el conjunto de hombres y mujeres que constituyen un comunidad política de personas iguales ante la ley, miembros de un Estado de Derecho y en segundo lugar, la condición que cada uno de nosotros posee de ser miembro de esa comunidad: es un atributo que nos confiere el derecho al voto, el de presentarnos a las elecciones, el de recibir subsidios y pensiones o atención médica (si está previsto por la ley), el de que nuestros vástagos acudan a la escuela pública, y así sucesivamente. Como el dios Jano de los antiguos, la ciudadanía y el civismo poseen una doble cara2.

La noción de ciudadano y ciudadanía es evidente que alude directamente a la libertad y los derechos de las personas, a algo conseguido tras siglos de sometimiento a sistemas de gobierno antidemocráticos que no querían ciudadanos sino súbditos. Por eso en las sociedades democráticas es preciso dotar a la educación cívica de los instrumentos adecuados para llevar a cabo su tarea. Y esa tarea de educar en valores morales y cívicos tiene que estar fundamentada en los Derechos Humanos y en la Constitución democrática española.

La fundamentación filosófica de los valores morales y cívicos debe ser ética y política, y nunca partidista ni ideológica. Tiene que apoyarse en una reflexión sobre la libertad, la responsabilidad y la moralidad humana con el fin de trasmitir al alumnado una visión de aquellos valores morales y cívicos que permiten una convivencia en paz y en libertad. Pero no parece lógico ni posible que la educación ético-cívica se apoye en cosmovisiones cerradas y sustantivas del hombre y de la moralidad que se crean poseedoras de la verdad definitiva sobre el bien y sobre el mal. Se trata de fundamentar la vida social, el civismo, sobre valores universales que promuevan la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, sea cual sea la religión, la ideología y la moral de cada uno. Por eso no es posible que las morales religiosas sean el eje vertebrador de la ética cívica ni la inspiración de las leyes civiles, porque no ofrecen valores universalizables, sino doctrinas dogmáticas sobre el ser humano y morales heterónomas basadas en creencias subjetivas.

En mi opinión, la educación en valores cívicos tiene en nuestro país un referente común compartido por todos los ciudadanos, la Constitución de 1978. En ella están de modo explícito los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político (Articulo 1). En ella reside la garantía jurídica y la exigencia ética del respeto a todas las personas y la igualdad de todos ante la ley. ¿Qué significa eso a la hora de articular un curriculum de educación ético-cívica? ¿Cuáles han de ser los ejes curriculares sobre los que se debe apoyar una propuesta de contenidos cognitivos y procedimentales? ¿Qué se debe evaluar en una materia de este tipo?

Muchas de estas preguntas han sido contestadas en los Reales Decretos que legislan el Área de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” en la etapa de Primaria y en la ESO. (BOE de 8 de diciembre de 2006 y de 5 de enero de 2007, respectivamente). En ellos se insiste en que aprender a convivir en el seno del sistema educativo es muy importante; la educación ético-cívica es un mandato de la Unión Europea como medio eficaz de prevenir futuros conflictos derivados de actitudes de xenofobia y de racismo. Es el sentido de la competencia social y ciudadana que debe concretarse en los Proyectos educativos, Planes de convivencia y en las materias de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. La democracia como el mejor sistema de organización política tiene que ser conocido y apreciado y debe ser practicado en los Centros escolares; no basta con una asignatura para ejercitar la democracia, pero si nadie en la escuela da a conocer los valores, los principios, los derechos y los deberes que configuran la ciudadanía, entonces nuestro alumnado adolescente no sabrá apreciar la conquista de las libertades y derechos cívicos ni aprenderá a comportarse con respeto y tolerancia hacia los diferentes.

La educación en valores debe contribuir a formar ciudadanos (hombres y mujeres) que participen en la sociedad: el empeño democrático debe orientarse actualmente a propiciar un tipo de ciudadano y ciudadana, capacitados para convivir en sociedades abiertas y pluralistas, basadas en la tolerancia y en percibir la diversidad como una riqueza que contribuye a la mejora de la sociedad. En una sociedad plural, la educación tiene la posibilidad de mitigar los conflictos, promoviendo los valores que ayuden a las personas a convivir con persona de valores diferentes. Para ello es imprescindible buscar valores comunes compartidos por todos, como los derechos humanos.

Educación en valores es tratar de formar personas que sepan afrontar los cambios en su vida, llevando por sí mismos, de modo autónomo, las riendas de la misma. En estas sociedades complejas y en continuo cambio en las que vivimos, la educación en valores tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una fuerte consistencia moral para afrontar situaciones nuevas en las que las reglas conocidas no dan ya una respuesta completamente clara. ¿Qué pasa cuando para una misma persona varios de sus valores entran en conflicto y tiene que elegir? ¿Qué pasa cuando sus valores entran en conflicto con los valores de los demás? ¿Qué ocurre cuando las reglas sociales no se comparten o entienden? ¿Qué valores universales tenemos de referencia?

La educación ético-cívica supone de la existencia de una formación específica para que todo el alumnado tenga:

  • Un conocimiento racional sobre la fundamentación de esos valores y de las normas de comportamiento derivadas. En ningún caso se puede ejercer el adoctrinamiento, ya que eso es contrario a los objetivos de la LOE y del sentido de la misma educación, que ha de ser crítica y fomentar la autonomía de los educandos.

  • Una reflexión crítica sobre los valores morales y cívicos, sobre la democracia y sus instituciones y sobre la fragilidad de los sistemas de convivencia humanos. Es muy importante que todos los sistemas educativos formen a los niños y adolescente en la cultura cívica y política, porque la democracia es un sistema de convivencia deseable y es preferible a cualquier forma de dictadura o de totalitarismo.

  • Una puesta en práctica en los centros escolares de proyectos educativos y planes de convivencia basadas en el diálogo, en la argumentación como método de resolución de los conflictos y en el respeto y la tolerancia positiva ante las actitudes diferentes, poniendo como límite infranqueable los derechos humanos. Los que insisten en que esta materia de “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos” no resuelve todos los problemas de convivencia de los centros escolares tienen razón, pero no es menos cierto que la transversalidad ha sido inviable en la mayoría de los Centros de Secundaria. Un Proyecto educativo que integre el desarrollo de la competencia social y ciudadana en las Áreas del curriculum y las relacione con las demás competencias básicas es el ideal ético y cívico de cualquier sistema educativo, pero eso es todavía un horizonte difícil de conseguir; se tiene que luchar entre todos por lograr que los Centros educativos sean un lugar de convivencia intercultural en el que se armonicen los conocimientos y las actitudes diferentes y todo se resuelva mediante la argumentación racional y el diálogo respetuoso.

1 Manuel de Puelles. Educación e ideología en la España contemporánea. Tecnos. Madrid. 4ª ed. 1999. p.248

2 V.Capms y S.Giner . Manual de civismo. Ariel. Barcelona. 5ª edición. 2004. p.17

DEMOCRACIA DIRECTA EN ESPAÑA.

FUENTE.

En España es difícil poner ejemplos de democracia directa sin introducirse en debates políticos e ideológicos. Han surgido varios partidos políticos q se basan en esta política o se apropian de esta idea para diferenciarse de otros partidos ya instaurados. En España se entiende el voto ha la democracia directa mas como un voto basura o de castigo a los partidos politicos.

Podemos hacer referencia a OTRA DEMOCRACIA ES POSIBLE,  que se identifican como “un colectivo de personas inconformes con el actual sistema democrático. Con el objetivo de intentar conseguir una verdadera democracia, cambiando desde dentro el actual sistema”. Este movimiento tomo como bandera la democracia directa pero entrando en el juego de la política haciendo frente a lo partidos políticos con mayor representación con las herramientas ya clasistas de estar en contra de todo lo que hay actualmente, todo esta mal.

Varios ejemplos dan una luz que se ha dado en España a la democracia directa ha sido en la elección de presupuestos, como se dio en la ciudad de Albacete. Presupuesto a la carta para el ciudadano.

También más de una decena de municipios pequeños, desperdigados por el territorio nacional, sobre todo en Andalucía y Cataluña, y algunas ciudades de mediano tamaño, como Córdoba y Albacete, ensayan fórmulas de participación ciudadana directa en la elaboración de los presupuestos. Ciudadanos de a pie que ocupan los puestos de concejales y proponen inversiones al pleno municipal en un ejercicio de democracia participativa. Las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo sirven para que muchos candidatos a alcaldes hayan introducido esta fórmula en sus programas. La idea está calando en grandes ciudades como Madrid.

Los presupuesto representativos. En España, se ha empezado a ensayar en municipios pequeños y ya en algunas grandes ciudades. Ejemplos son Cabezas de San Juan (15.000 habitantes, Sevilla), Puente Genil (28.000 habitantes, Córdoba) y Rubí (60.000 habitantes, Barcelona). Y ciudades medianas, como Córdoba (318.000 habitantes) y Albacete (145.000 habitantes).

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida y PSOE, lleva dos años desarrollando su programa de presupuestos participativos, informa José Miguel Muñoz. Los cordobeses intervienen a través de asambleas que se celebran en los 14 distritos de la ciudad, a las que tienen acceso todos los ciudadanos, pertenezcan o no a asociaciones vecinales.

En 2001, participaron en el proceso 3.500 vecinos, que discutieron sobre infraestructuras. ‘En 2002 se amplió a educación, solidaridad y relaciones ciudadanas’, explica Ernesto Ganuza, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, que ha asesorado el proyecto.

Los cordobeses han influido en el destino de un tercio de las inversiones municipales, lo que supone un 4% del presupuesto local, alrededor de 8,2 millones de euros. ‘Más que la importancia cuantitativa, se busca la transparencia de la gestión municipal’, afirma Ganuza.

Cabezas de San Juan, en Sevilla, ha logrado una implicación aún mayor de sus vecinos. El ayuntamiento abrió sus cuentas a la participación ciudadana en el año 2000, con los gastos en infraestructuras. En 2001 sumó el área social (educación, festejos, juventud, entre otros). El año pasado se sumó la vivienda y empleo.

‘Los vecinos ya deciden casi el 50% del presupuesto, que este año asciende a 7,8 millones de euros’, indica el coordinador de los presupuestos participativos, Javier Encina. Un 10% de la población participa en el proceso. Para la próxima legislatura, el equipo de Gobierno piensa abrir a la participación ciudadana los gastos corrientes.

Rubí, a 25 kilómetros de Barcelona, es el protagonista de la mayor experiencia de democracia participativa en Cataluña. El ayuntamiento, gobernado por Iniciativa per Catalunya-Verds, aprobó en 2002 el primer presupuesto elaborado con esta fórmula. Los ciudadanos decidieron en qué invertir 4 millones de euros sobre los 12 millones del capítulo de inversiones.

Los vecinos llevaban años reivindicando que la avenida del Estatuto se convirtiera en una rambla (con un paseo central), y esa fue una de las propuestas presentadas. El paseo será inaugurado en mayo. Según explica Enrique García, director de servicios centrales del ayuntamiento, a finales de abril empezarán las asambleas para decidir las inversiones del año que viene, informa Rosario Correro.

Los municipios barceloneses de Sant Feliu de Llobregat, Esparreguera y Sabadell también han preguntado a sus ciudadanos cómo emplearían el dinero público, pero en estos casos las decisiones no son vinculantes.

            Albacete es la ciudad española donde se ha ensayado con mayor ímpetu esta fórmula. Tiene ya cuatro años de experiencia (los de 2004 serán los cuartos presupuestos municipales) con el compromiso de ceder el 10% de los ingresos a estas tareas (algo más de 12 millones de euros). Un total de 119 asociaciones forman parte del Consejo de Presupuestos Participativos que negocia con los grupos políticos el gasto municipal. La iniciativa ha despertado el interés de otros municipios. A las asambleas de Albacete han asistido representantes de Rocafort, Sagunto, Sax y Vigastro (Valencia), Ciudad Real, Coslada (Madrid) y Murcia. Para los presupuestos de 2003, el pleno municipal presidido por el alcalde socialista Manuel Pérez Castell ha incluido propuestas de los ciudadanos, como la apertura de 120 plazas de comedores escolares y la creación de una empresa mixta (Rubial) que gestione la construcción de más de 2.000 viviendas.José María Mendiluce, candidato de Los Verdes a la alcaldía de Madrid, sigue estos pasos. Mendiluce propone implantar un modelo en la capital, en el que el 70% de las inversiones se decida por los ciudadanos de cada distrito.

De los “tratos de favor” a la corrupción que no cesa…

FUENTE.

1 desembre 2012 | Categories: Catalunya, Portada, corrupció |

La lamentable

Carlos Jimenez Villarejo, ex Fiscal Anticorrupción

Comité de apoyo de ATTAC España

El estallido público de nuevos casos de corrupción que, esta vez, alcanzan al Partido de  los Socialistas de Catalunya y, sin perjuicio del resultado final de la investigación judicial, es muy preocupante. El momento siempre es inoportuno, sobre todo para los implicados, pero esta vez más. El pasado 23 de Octubre se publicó la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 (L.O. 5/2012). En ella se fija el presupuesto de este año para los “gastos de funcionamiento” y de “seguridad” de los partidos con representación parlamentaria. Exactamente, 69.165.000 €. Una suma elevadísima, en relación con las partidas que se reducen drásticamente para los servicios públicos esenciales. ¡Qué contradicción!.

Pero, vayamos por partes. Prestigiosos sociólogos norteamericanos hacen una distinción entre tres formas de corrupción, la blanca, la gris y la negra. Depende de los factores que concurran en cada una de ellas, la naturaleza de las infracciones legales, el perjuicio económico causado al erario público o, entre otros, el deterioro sufrido por las instituciones implicadas en ella. La denominada como negra es, en todo caso, delictiva. Y, precisamente, estos días, al tiempo de conocerse aquellos casos de corrupción, los medios han dado cuenta de ciertas decisiones políticas que han generado entre la ciudadanía dudas o, directamente, repulsa. Decisiones que, si bien no encajarían directamente en la corrupción negra, suscitan dudas sobre su legitimidad.

Es sabido que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad ha cedido la gestión de Aigües Ter-LLobregat a la sociedad Acciona Agua, en un proceso más que discutido por la privatización de un bien tan esencial como el agua para la comunidad. La sociedad Agbar, disconforme con tal decisión, la ha impugnado. Pero concurre, en este proceso un dato significativo y no irrelevante. Un alto cargo de la Generalitat, el Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, órgano asesor de la Presidencia, es desde el 20 de Marzo de este año Ferran Rodés Vilá, (1) quien a la vez es Consejero desde el 4 de Junio de 2009 de la sociedad Acciona, matriz de la sociedad adjudicataria? Ha habido un trato de favor? ¿En qué zona de la corrupción estaríamos?

Simultáneamente, se ha sabido que la Consejería de Salud -el conseller, Boi Ruiz, está pendiente de una querella por delitos, entre otros, de corrupción- ha decidido, por vez primera en la historia de la sanidad pública catalana, adjudicar la gestión del Centro de Asistencia Sanitaria y siete Consultorios de L’Escala (Girona), a la empresa Eulen, SA, durante diez años por un importe de 24 millones de euros. Es una sociedad, propiedad de la familia Álvarez Mesquiriz, que, salvo su filial Euxa, dedicada a la atención de personas de la tercera edad, está calificada en el Registro Mercantil como “líder en España en prestación de servicios intensivos en personal” , “como gigante español en servicios” o especialista en “seguridad privada, limpieza y logística”. Y, que se conozca, sus actividades principales son la explotación vinícola -Bodegas Vega Sicilia- y ganadera -sociedades Valles del Esla y Neal-. Pese a ese particular perfil, encabeza el rechazable proceso de privatización de la sanidad catalana. ¿Por qué? Dicen que superó a la Fundació Salut Empordà, actual gestora de dichos centros, en la calificación de  los requisitos exigidos. Pese a que carece de toda experiencia en la gestión sanitaria. Ya veremos lo que hay detrás de esta discutible y brumosa decisión.

En este contexto, salta a la publicidad la corrupción ya citada. De la que, según los datos disponibles, no puede dudarse de su carácter delictivo. Siempre según esos datos, el Ayuntamiento de Sabadell, en los últimos dos años, durante los procedimientos de contratación de obra publica de su competencia, resolvía sobre las adjudicaciones, se entiende que a empresarios del sector, exigiendo cantidades previas de aproximadamente 120.000 €, mas una comisión ilegal sobre el coste total de la obra. Estaríamos ante delitos de prevaricación, cohecho y otros. De comprobarse los hechos -ya ha habido 12 detenciones y están previstas unas 25 inculpaciones- es evidente su suma gravedad. Aún no se sabe si los beneficiarios de las comisiones ocultas -solo naturalmente entre los partícipes- son los políticos y funcionarios que intervenían en el procedimiento o el partido al que pertenecen los implicados -el PSC- como forma de su financiación ilícita.

Lo que resulta claro es que estamos ante un supuesto de corrupción negra. Muy grave, porque difumina la ecuación entre las instituciones y la legalidad y las deslegitima ante los ciudadanos, ya demasiado cansados y decepcionados de unas Administraciones que solo merecen un duro reproche. Y es de especial gravedad proviniendo de un partido que impulsó y aprobó la LLei 3/2007 de 4 de julio, de Obra Pública, que, complementando otras disposiciones estatales y autonómicas, pretende “asegurar que el modelo de contratación de obra pública garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos”, así como, entre otros objetivos, “transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos”. De comprobarse los actuales indicios sería además una traición. LLei que fue una consecuencia de la denuncia, entonces histórica, del llamado 3%  para afrontar  el problema de la corrupción que subyace siempre en la contratación pública. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilícito por los particulares a la Administración  de una comisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos, comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración, y que, además, encarece injustificadamente la obra o servicio contratado.

El profesor Caciagli, analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada “la propagación del intercambio corrupto en todas las áreas de la intervención publica” en la economía y, particularmente, en las obras públicas, porque los procedimientos administrativos contenían factores inductores de la corrupción. En efecto, de nuevo han fallado los contrapesos y controles establecidos para evitar este intercambio de favores que crea un mercado ilegal entre los políticos, los burócratas y los empresarios. Fallo evidentemente calculado para garantizar la clandestinidad de los intercambios y que necesita de la complicidad -favorecida por la superioridad jerárquica- de los responsables de dicho control. La consecuencia ha sido una suma de decisiones y actuaciones ilegales -por violación de las normas-, ilegítimas -por antidemocráticas- e ilícitas -por su carencia absoluta de criterios propios de la ética pública. Como han expresado muchos especialistas, esta corrupción, posiblemente, mas que otras, es un ejercicio continuado de deslealtad con los valores democráticos. Por todo ello, lo razonable sería que, los ya imputados, cesaran en sus cargos públicos.

En cuanto a la conducta que se atribuye al Diputado Daniel Fernández, de ser cierta, es indiciariamente un delito de tráfico de influencias. Pero es también preocupante que en el seno de la socialdemocracia catalana pervivan elementos propios de clientelismo, que es una forma modernizada de caciquismo, por el cual los que ocupan posiciones de poder político en un estrato superior se aprovechen de esa superioridad para cuestionar o anular decisiones ajustadas a la legalidad de los responsables públicos que están situados en un nivel político inferior. No es aceptable en modo alguno.

Qué razón tenía el jurista alemán J. Roth cuando afirmaba: “La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas” (2).

Lo que no se ha dicho en los medios sobre las elecciones en EEUU

Artículo de Vicenç Navarro que se publicará el próximo lunes en el diario digital EL PLURAL, 12 de noviembre de 2012

Este artículo critica la cobertura de los medios de mayor difusión españoles sobre las elecciones en EEUU, proveyendo datos que cuestionan algunas de las interpretaciones que se han dado de las últimas elecciones en aquel país.

La cultura y comportamiento políticos de EEUU no es siempre fácil de entender desde el punto de vista europeo, pues sus símbolos, lenguaje y formaciones políticas –tales como los partidos políticos– son diferentes a los existentes en este continente, aún cuando la creciente americanización de la política en Europa está desarrollando similitudes que considero, por cierto, preocupantes.

Pero veamos las diferencias primero. Comencemos por los símbolos. El color rojo –el color de las izquierdas en Europa-, es el color de las derechas en EEUU. Y viceversa, el color azul, que es el color de las derechas en Europa, es el color de las izquierdas en EEUU. Cuando en el día de las elecciones el mapa electoral de EEUU se teñía de rojo, sobre todo en el centro y sur de EEUU, parecía que “los rojos” habían tomado todas estas partes del país. Los rojos, sin embargo, eran los azules en España, es decir, las derechas.

También existen diferencias en el lenguaje. Una persona definida como “liberal” en Europa es un político o un economista que desfavorece políticas redistributivas, minimiza las intervenciones gubernamentales y no quiere ni oír hablar de aumentar los impuestos de los ricos y de las rentas del capital. En EEUU, sin embargo, ser “liberal” es todo lo contrario. Es un político o un economista que está a favor de políticas redistributivas, favorece el intervencionismo gubernamental y ve con buenos ojos el incremento impositivo de las rentas del capital y de los súper ricos. En otras palabras, lo más próximo a un liberal estadounidense es un socialdemócrata europeo. Los medios de información españoles, sin embargo, al traducir literalmente el término “liberal” estadounidense cuando se refieren a personalidades progresistas de aquel país, crean unas confusiones tremendas. Referirse, como hacen muchos medios en España, al político Jesse Jackson sénior, uno de los dirigentes de la izquierda estadounidense, o al fallecido senador Kennedy, uno de los senadores más progresistas de EEUU, como “liberales”, desorienta en gran manera al público español que se informa a través de tales medios, que traducen palabra por palabra lo que leen en la prensa estadounidense. Tal confusión la he podido oír frecuentemente en voces de tertulianos y periodistas poco conscientes de este error.

Otra diferencia, esta vez en los instrumentos políticos en ambos lados del Atlántico Norte, es lo que se entiende por partido político. En Europa, un partido político es un colectivo que (en teoría) decide colectivamente con un ideario común compartido por la militancia que participa (en teoría) en el desarrollo de su programa y en la elección de sus dirigentes. Aunque esta militancia y el gobierno colectivo están desapareciendo en muchos partidos (de ahí que utilice el término “en teoría”), las diferencias de los partidos políticos europeos con los partidos estadounidenses son todavía sustanciales. El sentido de militancia en estos últimos no existe. El ciudadano se registra para votar como Republicano, como Demócrata, o como Independiente. Y no hace nada más hasta el día que vota en las primarias del Partido Republicano o Demócrata. Las primarias son un buen sistema, pero es la única participación que el miembro del partido tiene en la candidatura final. Por lo demás, los miembros activos que participan y deciden son los cargos elegidos y los aparatos de tales partidos. Se me dirá, con razón, que hoy la gran mayoría de partidos de Europa están también evolucionando hacia este tipo de prácticas. Pero sus raíces son distintas y sus prácticas todavía recuerdan sus orígenes. En Europa, la mayoría de partidos de izquierda eran la rama política de movimientos obreros que organizaban la vida social así como la política de tales grupos. No así con el Partido Demócrata, que es un aparato de representantes políticos y personas que aspiran a ser representantes políticos. Que ello esté también ocurriendo en muchos partidos de Europa (y España) no niega las diferencias todavía existentes entre los partidos estadounidenses y los europeos.

En EEUU, los partidos son paraguas que acogen una enorme variedad de sensibilidades. En el Partido Demócrata hay desde sensibilidades próximas a los partidos socialista y comunista hasta la derecha conservadora de los Estados del Sur, la parte más conservadora de EEUU. El Partido Republicano, sin embargo, es hoy menos diverso. El aparato del partido está controlado por el Tea Party, que con su nacionalismo extremo, inspiración y fundamentalismo religioso, sentido de superioridad, resultado de pertenecer a una nación escogida por Dios para realizar su labor “civilizadora”, liberando al mundo de comunistas y socialistas (que son todos los que no están de acuerdo con ellos), con un estilo jerárquico, machista e intolerante de la diversidad, tiene semejanzas con la ultraderecha presente dentro del partido conservador que gobierna España.

La privatización del sistema electoral. El punto vulnerable de la democracia en EEUU

Pero la mayor diferencia de las prácticas políticas entre EEUU y España es la financiación de las campañas electorales, que es predominantemente privada en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos a cargos representativos son financiadas con fondos privados procedentes de donantes que en su gran mayoría son grandes empresas financieras y grandes corporaciones que quieren influenciar las decisiones legislativas que afectarán a sus intereses, y son los componentes de lo que se llama en EEUU la Corporate Class, es decir, la clase de los dirigentes de las grandes compañías que manejan la vida económica y financiera del país (la imagen idealizada del proceso electoral, que asume que los candidatos son financiados por las personas normales y corrientes, que envían sus donaciones de 25 o 50 dólares a su candidato, es profundamente falsa). Ello implica que las campañas electorales de los congresistas que se sientan en Comités del Congreso de EEUU, que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, sobre el sistema sanitario, están financiadas por las compañías de seguro sanitario privado, las compañías farmacéuticas, el sector industrial sanitario, las grandes asociaciones médicas, y un largo etcétera, que incluye los grupos de presión que gestionan y actúan en el sector sanitario.

Esta situación no existe en dimensiones comparables en Europa, cuya regulación del sistema electoral no permite todas estas prácticas que se considerarían corruptas. Ni que decir tiene que algo de ello ocurre, más en los partidos conservadores y liberales, próximos al mundo empresarial, que en los partidos de izquierdas. Pero incluso entre los primeros, tal comportamiento es mucho menor que en EEUU, donde ni siquiera se considera corrupción esta práctica de comprar favores del legislador.

Esta situación crea un gran distanciamiento de la población hacia las instituciones representativas. El 72% de la población no se considera representada por el Congreso de EEUU, el cual se percibe como un instrumento de la citada Corporate Class. Sólo el 52% del electorado vota en las elecciones presidenciales, siendo este porcentaje incluso menor (30%) en las elecciones de los Estados (equivalentes a las CCAA en España) y en las elecciones municipales. Puesto que en EEUU hay una relación directa entre nivel de renta y participación electoral (a más renta, mayor participación), este dato implica que casi la mitad de la población, la que está por debajo de la mediana, no vota. Este sector no votante es la mayoría de la clase trabajadora estadounidense, que no vota por ser la que se siente menos representada. El 72% de esta población (cuya renta está por debajo de la mediana) se autodefine como clase trabajadora, y un 28% como clase media (General Social Survey. 2008).

¿Qué pasó en las últimas elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU?

La falta de conocimiento de estas realidades ha dado pie a muchos malentendidos en los reportajes de lo ocurrido en las últimas elecciones. Por ejemplo, continuamente se presentan las propuestas de los candidatos ganadores como representativas de las propuestas deseadas por el pueblo estadounidense, sin clarificar que, en general, la mayoría de los candidatos tienen posturas mucho menos progresistas que la población, tanto votantes como no votantes. Se olvida, por ejemplo, que el candidato vencedor, el presidente Obama, sostiene propuestas definidas dentro de un marco condicionado por sus financiadores. La reforma sanitaria de Obama, por ejemplo, aunque importante, no resuelve el gran problema de la falta o insuficiencia de cobertura de los servicios sanitarios para millones de estadounidenses. Aunque su reforma disminuye el número de personas sin cobertura sanitaria o con cobertura limitada, no resuelve el problema de falta de universalidad que asegure a cada ciudadano el acceso a la atención sanitaria, y ello como consecuencia de que la reforma Obama no se atreve a enfrentarse con las compañías de seguro que controlan el sistema sanitario. Si, tal como hizo el partido socialdemócrata canadiense, hubiera eliminado las compañías de seguro, siendo el gobierno federal -junto con el gobierno de los Estados-, el que contratara los servicios sanitarios para atender a la población, en lugar de hacerlo a través de las compañías de seguros, como la mayoría de la ciudadanía estadounidense desearía que se hiciera (extendiendo a toda la población el programa Medicare, de financiación pública, que ahora cubre sólo a los ancianos). EEUU podría proveer cobertura universal –como ocurre en Canadá- a un costo mucho menor y con mayor satisfacción ciudadana, como ya ocurre en Canadá. Ahora bien, las compañías de seguro y la banca han financiado la campaña del Sr. Obama (y también la del Sr. Romney), lo cual limita lo que Obama considera factible en sus propuestas. Ni que decir tiene que el hecho de que los dos candidatos estuvieran financiados por las mismas fuentes no significa que adopten posturas semejantes. Obama es mejor que Romney en la gran mayoría de propuestas, incluidas las sanitarias. Pero Obama no se atreve a hacer los cambios que la mayoría de la ciudadanía desea por no enfrentarse a tales compañías, que controlan los Comités del Congreso, responsables de temas sanitarios. Y la población es consciente de ello, lo cual explica la escasa popularidad del Congreso. Tal institución es de las menos valoradas por la población estadounidense.

Otra información defectuosa que se ha publicado en los medios de comunicación es su presentación de que los dos candidatos estaban bastante equilibrados en su apoyo entre la población. Se ha llegado a esta conclusión cuando se hacían encuestas basadas en la población votante (las que, por cierto, fueron frecuentemente erróneas). Pero si se hubieran hecho entre la mayoría de la población, incluyendo la casi mitad de estadounidenses que no votó, podrían haber visto que la mayoría de éstos (según la encuesta de Pew Research Center), pertenecientes en su mayoría a la clase trabajadora, eran más progresistas que los votantes, apoyando más a Obama (como mal menor) que a Romney. También estaban más a favor de que el gobierno aumentara los impuestos de las rentas superiores que los votantes (que también favorecían tal aumento) y de que se interviniera más activamente en la esfera económica y financiera del país. También favorecían más la expansión de la cobertura sanitaria así como la retirada de las tropas del Ejército, que los votantes (que también era favorecida por la mayoría de votantes). Estas opiniones corresponden a la clase trabajadora estadounidense cuya movilización puso a Obama en el poder, lo cual tampoco apareció en los medios.

Tales medios dieron gran énfasis a los componentes étnicos y raciales, señalando el gran apoyo que recibió Obama entre afroamericanos e hispanos, sin subrayar que el elemento común de estos grupos es que la mayoría son de clase trabajadora, predominantemente no cualificada. Estos grupos votan menos que la población en general, aunque la gran mayoría vota Demócrata y votó al candidato Obama. Pero los sectores blancos de tal clase trabajadora que vota, vota también Demócrata (en menores porcentajes que los afroamericanos e hispanos). La gran abstención de esta clase es el mayor problema que tienen los Demócratas. De ahí que, como señala Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de la política y de la economía estadounidense, en su artículo en The Guardian, (“Barack Obama’s carefully crafted economic populism carries the day”, 07.11.12), Obama centró sus esfuerzos en movilizar al votante potencial entre los no votantes, la mayoría pertenecientes a la clase trabajadora y clase media de renta media y baja. Obama pudo movilizar a los no votantes, con un discurso (que los republicanos odian y llaman despectivamente “lucha de clases”) en el que presentó a los Republicanos como el partido de los ricos y a Romney como el representante del capitalismo de la banca que se había hecho rico especulando y destruyendo puestos de trabajo, una descripción como banquero especulador que definía bastante bien al candidato republicano, cuyos comentarios despectivos hacia las clases populares, en su famoso encuentro con sus financiadores, causó una tormenta que animó a votar a sectores de la clase trabajadora que probablemente se hubieran abstenido. Y fue esta movilización en Estados claves, sobre todo industriales, lo que le dio la victoria.

La división de la población en grupos raciales y étnicos, sin tener en cuenta su clase social, llega a conclusiones erróneas, como vimos en los reportajes de las elecciones. El que la mayoría de los votantes blancos no votaran a Obama se debe en parte a que en la composición de la población votante (la mayoría de clase media), los votantes blancos pertenecen a la clase media de renta mediana alta, y su comportamiento electoral tiene muy poco que ver con la raza. En realidad, aunque la mayoría de estadounidenses blancos votaron a Romney, los que votaron a Obama en este grupo aumentó. La clase social es una categoría raramente analizada en EEUU. Y sin embargo, juega un papel determinante en explicar el comportamiento electoral, tanto de los votantes como de los no votantes. Y de esto, usted, lector, no tendrá información a través de los medios. Espero que considere esta información útil y valiosa, y en este caso la distribuya extensamente.