Archivo de la etiqueta: Gobierno

El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas Leer más: El déficit de tarifa amenaza con abrir el melón de las subidas en la factura del gas – Noticias de Economía http://bit.ly/RJd6SW

FUENTE

El gas natural es uno de los recibos familiares, junto con el de la luz, que se dispara en invierno. Pese a que este año el Gobierno anunció que congelaba la tarifa, lo cierto es que subió los peajes un 2,3%. El déficit de tarifa ha crecido de forma importante en los últimos dos años y los consumidores se preguntan si, al final, repercutirá en sus bolsillos. Lo mismo sucede con las bombonas de butano, los precios no cubren los costes, según denuncia el sector.

El Gobierno dice que trabaja en la reforma del gas natural para evitarlo, pero, de momento, de las posibles medidas no se sabe nada. “Se está trabajando en ello, pero todavía no hay plazos”, reconocen fuentes del Ministerio de Industria. “El Ejecutivo está hablando con los agentes del mercado en estos momentos”, explican fuentes empresariales del sector. “Estamos a expensas de que Industria nos diga algo”, añaden. Nadie se atreve a reconocer si el consumidor pagará, a corto plazo, el déficit. “Son las comercializadoras las que deberán decidir si trasladan o no el coste a sus clientes”, señalan en el Ministerio. Sin embargo, todo apunta a que el déficit se salvará elevando los peajes.

Los expertos del IESE señalan en un informe sobre el impacto del sector del gas en la economía que, “en el campo regulatorio, no está claro si el actual déficit coyuntural del sector se va a convertir en estructural y, en este caso, qué dimensión va a alcanzar”. Por eso, añaden, “es necesario encontrar los mecanismos para evitarlo”, porque, de lo contrario, “se creará a largo plazo un problema similar al del sector eléctrico”. La Comisión Nacional de la Energía ya advirtió a finales de 2012 que el déficit de tarifa en el sector del gas se ha ido consolidando y se podría “calificar de estructural”. El organismo consideraba hace un año que era “necesario revisar los ingresos y costes y establecer los ajustes necesarios en los peajes”.

El desfase se amplía

Fuentes del sector aseguran que no será así: “No se va a llegar a la situación en la que nos encontramos con la luz”. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció a comienzos de este año que el déficit de tarifa del gas natural para 2014 alcanzaría los 813 millones (acumulado), frente a los aproximadamente 300 millones de déficit de hace dos años. Un desfase que asumen las compañías a la espera de que llegue la anunciada reforma, que tiene, entre sus objetivos principales evitar que el agujero entre ingresos y costes continúe agrandándose. La CNMC es partidaria de subir los peajes y reclamó el mes pasado al Gobierno que adopte medidas en este sentido.

El cálculo de la CNMC se hizo antes de que el Gobierno subiera los peajes un 2,3%, por lo que, “al aumentarse los ingresos se reducirá el déficit, que se situará en torno a los 750 millones”, explican estas fuentes, que prefieren hablar de “desajuste” y aseguran que es algo estructural y que “se solucionará con la orden de los peajes”. Estos peajes cubren el coste de la distribución, transporte y operadores, reguladores y gestores del sistema y suponen, aproximadamente, el 50% de la factura. Alrededor del 20% corresponde a impuestos y del 30%, al precio del gas.

Según anunció el regulador, 2013 se cerró con un déficit de 638 millones, lo que supone un incremento anual del 6,7%. Los ingresos netos obtenidos por el sector fueron de 2.566 millones euros a falta de dos liquidaciones, lo que representa un descenso del 4,5% interanual. Los costes totales reconocidos se elevaron a 3.205 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,5% interanual.

La bombona de butano, también deficitaria

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) alerta de que el déficit que tienen las operadoras que suministran la bombona de butano puede acabar, también, repercutiendo a los consumidores de forma similar al del sector eléctrico. Actualmente, su coste está establecido en 17,50 euros cada bombona, el tope legal para todo 2014. El sector dice, sin embargo, que está perdiendo unos dos euros por unidad y que, en realidad, debería tener un coste de  20 euros. Según José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), el déficit acumulado desde 2013 asciende ya a 65 millones de euros.

La normativa que tiene el Ejecutivo para este sector establece que el precio de la bombona de butano nunca puede registrar oscilaciones al alza o a la baja superiores al 5%, independientemente de las fluctuaciones del mercado Este mecanismo prevé que las cantidades que no se cubran vía ingresos generan un déficit de tarifa que el sector podrá recuperar posteriormente.

La idea del departamento de José Manuel Soria es que ese déficit vaya desapareciendo cuando haya bajadas de precios en los meses posteriores y el precio quede establecido por encima del mercado. Sin embargo, desde AOGLP critican este sistema. “El problema es que cuando baja el precio de las materias primas, también baja el consumo y no podemos compensar las pérdidas”, explica Blanco.

Para el sector, la solución pasaría por liberalizar el mercado y establecer una bombona social para los sectores más desfavorecidos. Desde Adicae piden también una respuesta de Soria pero, lejos de apostar por una subida de precio, recuerdan que la bombona de butano ya cuesta un 63% más que en 2009.

“Llega un momento en que este problema va a tener que pagarlo el Gobierno o los consumidores, asumiendo  el coste de la bombona y el déficit del sector”, apunta Fernando Hererro, director de Comunicación de Adicae. “Establecer un precio máximo es una patada hacia delante. Debe abordarse un problema que afecta a ocho millones de usuarios”, apuntan desde Adicae. La asociación recuerda que el problema del déficit se está agravando en los últimos años por la caída de consumo de la bombona: ha descendido un 13% desde 2010.

Las eléctricas se han embolsado 21.600 millones por las subidas de la luz durante la crisis

FUENTE

Las sucesivas subidas de la luz registradas en España han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que se inició la crisis económica. El encarecimiento del recibo entre 2008 y 2013 ha sido superior al 60%, al pasar de 50,20 euros a 80,47 de media mensual, según datos proporcionados por la organización estatal de consumidores Facua.

El precio de la electricidad está siendo objeto de una fuerte controversia en nuestro país tras el resultado de la subasta celebrada la semana pasada. El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido invalidarla, alegando una supuesta manipulación, para evitar que los usuarios tuviesen que pagar un 11% más desde enero. Esa decisión ha dado pie a un duro pronunciamiento de las grandes comercializadoras (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico) contra el ministro de Industria. La patronal que las agrupa, Unesa, ha negado la existencia de irregularidades en la subasta y ha acusado a José Manuel Soria de endosarle las consecuencias de sus errores regulatorios.

El trasfondo de este enfrentamiento es la incapacidad del Gobierno para encontrar una solución al llamado déficit de tarifa, que resulta de la diferencia entre lo que se ingresa por el recibo de la luz y los costes reconocidos del sistema. Puesto en marcha cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico para facilitar la lucha contra la inflación, ese mecanimo ha generado ya una deuda de 26.000 millones de euros. Para 2013, el déficit de tarifa se estima en 3.600 millones, que Soria se comprometió a enjugar con cargo a los Presupuesto Generales del Estado en su recientemente aprobada ley de Sector Eléctrico. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin embargo, se negó en el último momento por temor a que complicara el objetivo de reducir el déficit público al 6,5% impuesto por Bruselas.

La reacción del mercado a este incumplimiento tuvo lugar en la subasta trimestral de la semana pasada, que se saldó con una subida inusual, vetada de inmediato por Gobierno. Ahora, Industria está buscando contrarreloj una fórmula distinta de fijación de los precios de la electricidad, con el consiguiente enfado de las empresas, que no están de a acuerdo con esta injerencia del Gobierno. De todas formas, la subasta trimestral sólo afecta al 45% de lo que paga finalmente el consumidor en su recibo. El 55% restante son costes regulados, conocidos también como “peajes” (transporte, distribución, primas a las renovables, servicio extrapeninsular, devolución del déficit tarifario), y los determina el Gobierno.

Pues bien, la conjunción de ambos elementos ha llevado a que el precio de la electricidad sea actualmente en España el tercero más alto de la Unión Europea, sólo superado por Chipre e Irlanda. Su espectacular subida en los últimos seis años tiene, además, el agravante de haber coincidido con una brutal caída de la renta de las familias, ocasionada por el crecimiento del paro y el retroceso de los salarios.

Para las eléctricas, en cambio, el encarecimiento del recibo de la luz ha supuesto una importante fuente de ingresos, que les ha servido para compensar en parte el descenso de la facturación en el mercado libre. Un mercado donde se han dejado sentir con fuerza los efectos de la mayor competencia entre ellas y el descenso de la actividad económica en las grandes empresas.

Veinte millones de clientes

Los clientes normales, los veinte millones entre hogares(la mayoría) y pymes incluidos en la Tarifa de Último Recurso (TUR), que no admite negociación con los suministradores, han pagado este año, por término medio, 360 euros más que antes de la crisis. Lo que se traduce en una facturación adicional superior a los 7.000 millones de euros para las eléctricas, comparada con lo que ingresaron en 2007 por el mismo concepto. Teniendo en cuenta que en los seis años transcurridos desde entonces el precio se ha encarecido una media de 180 euros anuales, las empresa suministradoras se han embolsado 21.600 millones más en el conjunto del periodo.

Eso ha contribuido a que las eléctricas españolas se mantenga, pese a las gravísimas circunstancias económicas que atraviesa el país, entre las más poderosas de Europa. Por volumen de negocio, Iberdrola es la quinta del ránking de la zona, con 34.200 millones de euros en 2012; Endesa, la sexta, y Gas Natural Fenosa, la décima.

Pero más significativa es su posición por resultados: Iberdrola, que obtuvo 3.557 millones de beneficios el año pasado, ocupa la segunda posición en Europa y Endesa (2.771 millones), la tercera

Disparate para corregir el atropello

 

El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según la cual procede “no validar” la subasta eléctrica del jueves es un ejemplo perfecto de cómo un Gobierno puede sustituir la incapacidad de muchos años para cambiar un sistema de precios absurdo por un disparate atropellado, cometido además con alevosía y nocturnidad. La Comisión ha puesto en bandeja al Ministerio de Industria el pretexto para anular la subasta, pero ahora tendrá que explicar, con todo detalle y con argumentos jurídicos fundados, cuáles son esas “circunstancias atípicas” que soportan la anulación. Y tendrá que hacerlo porque en este caso no se enfrenta solo a consumidores españoles indignados y con los bolsillos exhaustos, sino al mercado de Londres, donde se cruzan operaciones con la electricidad española.

En los mercados serios no se suspende una subasta sin razones poderosas; y cuando se suspende es porque los participantes han cometido algún delito. Como este no es el caso, al menos de momento, cabe deducir que la Marca España está a punto de caer, una vez más, en el ridículo.

Quizá el ministro no esté enterado, pero el Gobierno solo puede anular una subasta cuando en ella se advierten claros indicios de conducta contraria a la competencia. Así lo establece la Orden Ministerial de 2009 que regula el procedimiento. En un plazo inferior a 24 horas, un supervisor puede examinar e investigar muy pocos parámetros de la subasta; como mucho, el índice de concentración de las ofertas y el equilibrio entre oferta y demanda en las sucesivas rondas operativas que conducen al precio final. Con ambos indicadores es imposible descubrir colusión o delito. Lo dice además el sentido común: si durante 25 subastas no se ha podido demostrar esa conducta contraria a la competencia era poco probable que en una tarde y una madrugada pudiera hacerlo una Comisión de nuevo cuño, agobiada además por la presión ambiental.

Porque sabemos que no se hacen esas cosas, que si no podría sospecharse que el ministro ha llamado al presidente de la CNMC y le ha pedido que dictamine esa simpleza de las “circunstancias atípicas” con la confianza de que ya se apañarán después las razones a gusto del anulador. Eso sí, de las demandas y querellas por abuso legal no se va a librar el ministerio, y sus consecuencias acabará por pagarlas la tarifa eléctrica, es decir, el consumidor.

Como el llamado equipo energético no parece enterarse, habrá que repetir que el problema no es la subasta en sí —y por tanto no cabe eliminarla sin disponer de un método o procedimiento para fijar el precio en enero, precio que ahora queda sometido a la más negra incertidumbre—, sino el mecanismo total de fijación de precios, perpetrado por el PP en tiempos de Aznar. Una de tantas herencias envenenadas (como las autopistas radiales) que no suele mencionar Rajoy en su catálogo de denuestos contra los socialistas ni figuran en el catecismo del PP.

Para fijar el precio de la electricidad se suman dos factores: el resultado de una subasta, llamada Cesur, y los llamados peajes (costes de transporte, distribución, etcétera), que evolucionan en la práctica a discreción (limitada) del Gobierno. El enredo está y siempre ha estado en la subasta. A ella concurren las empresas comercializadoras, que son filiales de las eléctricas, y, como vendedores, intermediarios financieros (bancos comerciales, de inversión o mesas de trading de las compañías). Esta composición explica que el intercambio de ofertas y demandas que se produce en la subasta no es industrial, sino financiero. Es decir, el precio resultante de la electricidad incorpora, añade, una ganancia financiera.Con independencia de que el mercado esté condicionado o manipulado, el absurdo principal es que un cruce de operaciones financieras no puede ni debe determinar el precio de la tarifa doméstica. Es un dislate —como el de anular la subasta por las bravas— que solo se le podía ocurrir a los genios de perra chica de los Gobiernos aznaríes. Parece más propio, natural o adecuado fijar referencias como el precio medio al que se cruza la oferta y demanda eléctrica real en el pool (antes de la distribución).

O, como se hace en otros países, establecer un precio ex ante durante un periodo de tiempo y corregirlo en función de la evolución del mercado. Los procedimientos son múltiples y agotarían varios tomos de apretada lectura que ni este Gobierno ni sus supervisores de cámara están en disposición de leer. Basta un esquema general como resumen de lo que pueden y deben hacer: sustituir la reforma eléctrica actual, fiambre desde que Montoro retiró la aportación presupuestaria (¡gran hallazgo ese de trasladar el pago del déficit de tarifa de los consumidores a los contribuyentes!) y sustituirla por una ley que reordene el mercado eléctrico. En los siguientes términos: la producción eléctrica por tecnologías similares (gas, combustibles) que opere en el mercado; las tecnologías renovables, que operen en subasta; y las tecnologías amortizadas (nuclear, hidráulica) que operen en contratos bilaterales con la gran industria (así conseguirían, quizá, bajar los precios).

Pero afinar y concretar un plan de esta envergadura requiere cierto talento administrativo e independencia política, cualidades ausentes en este Gobierno. Los esfuerzos de Rajoy, Montoro y Soria por salir del lío en el que se han metido en la última semana pueden describirse con aquella frase de H. G. Wells sobre el estilo de Henry James: “Es como ver a un hipopótamo intentando coger un guisante”.

El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca

FUENTE

Con la que está cayendo, el Gobierno ha elevado en más de 40.000 millones el dinero disponible para avales del Estado en 2012, que se utilizan mayoritariamente para garantizar las emisiones de las entidades financieras y del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria). De esta forma, el total de avales estatales para este año puede alcanzar 258.278 millones, frente a los 217.043 que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Así se recoge en el borrador de Real Decreto de reforma financiera que el Gobierno aprobará el próximo viernes (y que puede cambiar hasta entonces). En una disposición final, modifica la Ley de Presupuestos para elevar el tope de avales que puede conceder el Estado. Éstos no computan como déficit público salvo que sean ejecutados -esto es, que se produzca un impago de la deuda por parte del emisor-, en cuyo caso sí se consideran un gasto del Estado.
Dentro de esta cantidad se incluyen las garantías a favor de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), es decir, las aportaciones de España al fondo de rescate europeo, que ascienden a 92.500 millones. En segundo lugar, aparecen los avales para la banca, que inicialmente eran 55.000 millones. El citado borrador establece que este importe “se reserva para los avales que se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
Las garantías para la banca se han disparado ante las necesidades de liquidez de la banca y el cierre de los mercados, a pesar de la apelación masiva de nuestras entidades a la ventanilla del BCE. Así, en marzo alcanzaron un máximo histórico de 133.000 millones, con un incremento del 35% respecto a diciembre. En teoría, se trataba de facilitar el acceso a la liquidez ante el cierre puntual de los mercados, pero la prolongación de esta situación durante años ha convertido los avales en una fórmula habitual.
Igualmente, inicialmente se contemplaban como una ayuda puntual a un sistema financiero sólido, con lo que no había dudas sobre su devolución. Ahora, después de la intervención o nacionalización de ocho entidades y las fuertes debilidades de otras muchas, el fantasma de la ejecución del aval es algo real. Ahora bien, se supone que el dinero del rescate europeo de hasta 100.000 millones solucionará también este problema y servirá para devolver esta deuda avalada a sus compradores.
Avales para que el FROB rescate más entidades
Esta cantidad también incluye 66.000 millones -que pueden elevarse ahora- destinados al FROB, para que el fondo de rescate bancario pueda salir a los mercados a financiarse con la garantía del Estado. De esta forma, podrá captar más dinero para inyectarlo a las entidades en apuros como ha hecho hasta ahora. Algo que puede elevar los recursos propios actuales del FROB, ya que el apalancamiento del mismo no puede superar en más de seis veces sus fondos propios. Estos en la actualidad alcanzan los 9.000 millones, aunque tiene otros 6.750 dispuestos en los Presupuestos del Estado.
No obstante, con el rescate europeo de hasta 100.000 millones se reduce la necesidad de utilizar estos avales, puesto que el FROB dispondrá de estos recursos del FEEF para inyectarlos en las entidades en apuros. En teoría, el tipo de interés del rescate será muy inferior al que pueda obtener el FROB financiándose en el mercado aunque sea con la garantía del Estado.
Como es sabido, Oliver Wyman determinará en septiembre la cantidad exacta de capital que precisa cada entidad para hacer frente a sus pérdidas en un escenario adverso, con lo que se estimará el importe definitivo total que recibirá el FROB de la facilidad europea. El primer análisis global realizado por esta consultora y por Roland Berger arrojó unas necesidades globales de entre 51.000 y 62.000 millones. El Gobierno espera que la cifra final sea inferior a esta última, si bien tendrá que incluir adicionalmente las pérdidas en participadas y deuda pública, no estimadas en la evaluación de las consultoras.

Las ofensas a España, sus símbolos, instituciones e himnos, serán multadas con hasta 30.000 euros

El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito, según recoge en anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

“Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave”, ha puesto como ejemplo el ministro.

Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia.

“Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra”, ha reconocido antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, “no cabe duda” de que “incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave”.

Pitadas al himno, en la ley del deporte de 2007

Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

El ministro ha defendido la oportunidad de la ley y ha recordado que en la reforma del Código Penal ahora en tramitación desaparecen las faltas, pasando algunas a ser consideradas delitos leves y otras quedan destipificadas. Es de éstas de las que se ocupará la ley de Seguridad Ciudadana. Según ha recordado, el derecho de manifestación se ha ejercido “ampliamente” en los dos primeros años de esta legislatura.

Pero además, ha defendido que, con el régimen sancionador, el Gobierno no pretende otra cosa que garantizar “más y mejor” la convivencia de los ciudadanos y castigar y aislar a los grupos violentos. “El único objetivo es castigar la violencia, proteger a los ciudadanos de comportamientos incívicos y del vandalismo”, ha sostenido ante las críticas que acusan al Gobierno de promover este texto legal para frenar las protestas ciudadanas que se suceden durante los últimos años.

Fernández Díaz también ha calificado como “absolutamente necesaria” la protección que se otorga a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, castigando tanto los insultos y amenazas a los agentes como la toma de fotografías atentando su derecho al honor o la intimidad.

Acciones contra los policías, protección suficiente

Sin embargo, estas conductas han pasado de ser consideradas faltas graves o muy graves en los borradores iniciales manejados por el Gobierno a tener la tipificación de infracción leve en el texto aprobado este viernes. El ministro ha asegurado que esta rectificación ha sido objeto del largo trabajo realizado junto al resto de ministerios.

“Quiero destacar que hasta ahora los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenían esa especial protección –ha subrayado–. Y es una protección que nos parece justa, legítima y necesaria. Y van a ser tipificadas como infracciones leves, que en los tiempos actuales nos parece una protección suficiente siempre que no sea constitutivo de delito”.

Fernández Díaz ha hecho especial hincapié en asegurar el carácter “garantista” de la legislación, siguiendo los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Según ha recordado, la sociedad ha sufrido notables cambios desde el año 1992, fecha de la que data la legislación actual, y es necesario responder ante la aparición de nuevas conductas violentas “y antisociales”.

Antes de ser remitido a las Cortes Generales, el texto deberá someterse a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Justicia

El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio

FUENTE

El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que los trámites pendientes antes de su aprobación no lo impidan.

El borrador que presenta este viernes Jorge Fernández Díaz en el Consejo de Ministros considera falta grave los “actos de obstrucción” a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cifra en 825 los desahucios paralizados hasta ahora. A partir del próximo verano, fecha a partir de la cual podría estar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

Las mismas fuentes insisten que la nueva ley castigará aquellas conductas que no revisten la gravedad de delito, para las que está reservado el Código Penal. Se da la circunstancia de que el artículo 544 del Código Penal ya castiga a aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Sin embargo, fuentes de la PAH aseguran que los jueces se han resistido hasta ahora a aplicar este artículo y que a lo que deben enfrentarse los activistas es a las denuncias de los policías por supuestos atentados a la autoridad o resistencia.

Interior ha evitado incluir los “escraches” como infracción tipificada. Las citadas fuentes del Ministerio aseguran que las infracciones que pueden cometer los participantes en una de estas acciones están dispersadas en distintos artículos del hasta ahora borrador de la ley. Entre ellas, participar en protestas que no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, lo que constituye una falta leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si durante la misma, la Policía considera que alguien ha alterado la seguridad ciudadana, la multa podría ir de 1.001 a 30.000 euros.

Además, la nueva Ley facultará a la Policía para que ubique un cordón de seguridad donde y cuando considere necesario. Esta prerrogativa hará en la práctica que los participantes en el “escrache” no puedan acercarse al objetivo de su protesta.

Protestas ecologistas

Según las explicaciones ofrecidas el viernes por el departamento de Fernández Díaz, algunas protestas ecologistas escaparán, en principio, a las sanciones muy graves. En este apartado, castigado con hasta 600.000 euros de multa, entran las protestas que afecten a “infraestructuras críticas” que describe la Ley 8/2011, pero “siempre que lleven aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”.

Será, por contra, una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. Las infracciones graves se castigarán con multas de hasta 30.000. Por tanto, sobrevolar una central nuclear con una avioneta que muestre una pancarta no debería ser una falta muy grave porque no parece que ponga en peligro a las personas que allí trabajan o a la propia instalación. De otro lado, el despliegue de la última pancarta de Greenpeace en el Congreso de los Diputados sí supone una falta grave. La Audiencia Nacional archivó el caso por la citada acción.

Un portavoz del Ministerio aseguró este viernes que la “casuística” resolverá las posibles ambigüedades del texto, es decir, se dejará a la consideración de la Policía, responsable último de la infracción al tratarse de una infracción administrativa. El recurso a los tribunales de lo contencioso-administrativo es objeto de las tasas impuestas en la última reforma del Ministerio de Justicia
Leer más:  El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio  http://www.eldiario.es/politica/Multas-euros-paralicen-desahucio_0_201930109.html#BGW8ZOwnvZ7ShUnm

100 motivos para no votar al PP

 

 

 

FUENTE

Pese a que toda encuesta relativa a la estimación de voto de cara a próximas elecciones generales es susceptible de valoración subjetiva, todas coinciden en un mismo dato: en otorgar una pequeña subida –apenas unas decimas– tras meses de caída en picado, al Partido Popular. Es extraño que tras semejante genocidio presupuestario, la ciudadanía vuelva a confiar en este partido y mantengan la confianza en él.
Esta sociedad parece sufrir tanto el “mal del olvido repentino” como el síndrome de Estocolmo: mientras el Gobierno secuestra y ataca toda muestra de derecho y libertad, la ciudadanía se aqueja las primeras 48 horas, y tras unas semanas olvidan las reformas y vuelven a confiar en el Gobierno.
Pues no señores. Me niego a concebir que en pleno siglo XXI esté más vigente que nunca aquel dicho vulgar de “además de puta, pone la cama“. Dos años de Gobierno ilegítimo le han bastado al partido que incumplió la totalidad de sus promesas electorales, para demostrar que el ciudadano tiene voto pero no voz, menospreciando y haciendo caso omiso a las quejas y denuncias sociales en lo referente al derribo de pilares esenciales de toda sociedad como son la educación y la sanidad; y poniendo la guinda de todo el pastel con leyes que nos devuelvan al más absurdo franquismo, como la LOMCE o la Ley Antiprotesta.
Es por ello por lo que en esta publicación he querido recoger –previa consulta de hemeroteca digital– las atrocidades que el Partido Popular ha cometido en solo dos años de mandato, para recordar a aquellos olvidadizos, que quien crían ricos, se comerán su crisis:
Ayudas sociales:
  1. Fomento retirará la Renta Básica de Emancipación a los jóvenes que aún la cobran. Ver
  2. Supresión del Fondo de Acogida, Integración y Atención a las personas inmigrantes. Ver
  3. Reforma de la Ley de Arrendamientos por la que se puede desahuciar al arrendatario tras 10 días sin pagar. Ver.
  4. Reforma de las pensiones que implica menores prestaciones. Ver
  5. Aplazamiento a 2013 de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios. Ver
  6. Reducción del 85% en la prestación a los cuidadores de la Dependencia. Ver
  7. Racionalización del gasto en el sistema de Dependencia, con opción a las comunidades para que profundicen los recortes en Dependencia. Ver
  8. Eliminación de la deducción por compra de vivienda. Ver
  9. Eliminación de la ayuda económica de 400€ a los jóvenes en paro que vivan con sus padres. Ver
  10. Las subvenciones a entidades de atención a mayores caen un 38% en 2012 respecto a 2011, de más de 3 millones se reducen a 2. Ver
  11. Recorte del 40% respecto a 2012 de la partida para Servicios Sociales de los ayuntamientos. Ver
  12. La Dependencia pierde otros 200 millones en 2013 Ver
  13. Recorte del 24,1% para la partida de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ver
  14. Recorte del 28% en 2014 en comparación con 2011 para la partida de Prevención de la Violencia de Género. Ver
  15. El Gobierno no compensa a los pensionistas por el aumento del IPC. Ver
  16. El Gobierno abandona la financiación de los servicios sociales de los ayuntamientos. Ver
  17. España congela su aportación al Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis se reduce a cero, igual que en 2012 y 2011. Ver
  18. España reduce el 90% la ayuda humanitaria en tres años. Ver
  19. El teléfono de la Seguridad Social pasa a ser de pagoVer
  20. Los ajustes conllevarán que las mujeres abandonen el mercado laboral y vuelvan a las tareas domésticas. Ver
Derechos y Libertades:
  1. Modificación de la Ley del Aborto: las mujeres tendrán que justificar su decisión a abortar y la malformación del feto ya no será razón para interrumpir el embarazo. Ver
  2. Ley antiprotesta. intención de tipificar como delito la convocatoria de manifestaciones. Ver
  3. Recurso ante el Tribunal Constitucional –rechazado por el mismocontra el matrimonio homosexual. Ver
  4. Sanciones para las críticas de militares contra Defensa en redes sociales o por correo electrónico. Ver
  5. Los PGE 2013 eliminaron la partida para la búsqueda de desaparecidos del franquismo. Ver
Educación y cultura:
  1. Aumento del ratio de alumnos por clase hasta a 33. Ver
  2. Cierre de bibliotecas. Ver
  3. Eliminación de becas y ayudas:
    1. Estudiar idiomas en el extranjero. Ver
    2. Libros y establece un sistema de préstamo. Ver 
    3. Residencia para buenos estudiantes y estudiantes sin recursos. Ver
  4. Cambio de condiciones y requisitos en las becas. Ver
  5. Repago en Formación Profesional. Ver
  6. Recortes en contratación de profesores interinos. Ver
  7. Wert plantea el aumento de las horas lectivas y de los alumnos. Ver
  8. Subida inhumana de las tasas universitarias. Ver
  9. Subida del precio de las guarderías hasta un 175%. Ver
  10. No cubrir las bajas de los profesores de menos de dos semanas. Ver
  11. Educación reduce su presupuesto un 24% en comparación a los últimos 3 años. Ver
  12. La LOMCE, un retroceso educativo. Ver
Empleo y pensiones:
  1. Supresión de bonificaciones a la contratación: mayores de 45 años, 59 años y destinadas a la reincorporación al trabajo para mujeres después de la maternidad. Ver
  2. Supresión de la paga extra de Navidad de 2012 para funcionarios y reducción de días libres a la mitad. Ver
  3. Supresión de hasta 700.000 eventuales en el funcionariado. Ver
  4. Aceleración del proceso de retraso en la edad de jubilación. Ver
  5. Reducción de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes del 60% al 50%. Ver
  6. Racionalización de la prestación por desempleo para mayores de 52 años y eliminación del subsidio especial para mayores de 45. Ver
  7. Abaratamiento del despido: reducción a 20 días por año trabajado. Ver
  8. Despido procedente para quienes acumulen 9 días de baja en un mes, aun justificado. Ver
  9. Endurecimiento de condiciones para las prejubilaciones. Ver
  10. Suprimen las incorporaciones para las administraciones, excepto Policía y Guardia Civil.
  11. Los parados que no hagan un curso de formación podrán verse obligados a realizar labores para la comunidad. Ver
  12. Supresión de gran cantidad de empresas públicas locales. Ver
  13. Congelación por tercer año consecutivo en 2013 del sueldo del funcionariado. Ver
  14. El RDL 20/2012, artículo 8, destroza todos convenio colectivo y acuerdo firmado y vigente hasta el momento para empleados públicos, igualándolos a la baja. Ver
  15. Reducción de un 6,3% en el presupuesto de las prestaciones por desempleo en los Presupuestos de 2013. Ver
  16. El Gobierno rechaza aumentar la partida destinada al fomento de empleo. Ver
  17. La Reforma de la Administración Local: amenaza a la autonomía local y amenaza a servicios públicos. Ver
  18. La reforma del PP supone un recorte de 33.000 millones en pensiones. Ver
  19. Empleo estudiará si deja de pagar las pensiones de viudedad con cotizaciones. Ver
I+D+i:
  1. El recorte en I+D alcanza ya el 45%, según los científicos. Ver
  2. Reducción en los presupuestos para programas de investigación en 2012: 34%. Ver
  3. Disminución de los contratos postdoctorales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva: 340 de los 600 ofertados en 2011. Ver
  4. Tasa de reposición de científicos: 10% Ver
  5. Recorte de 2.192 millones de € (25,52% menos respecto a 2011) en el presupuesto global de I+D+i para todos los ministerios. Supone un 88,16% menos en investigación civil y un 11,83% en investigación militar. Ver
  6. Reducción del presupuesto del CSIC en 2012 de 600 millones de €. Ver
  7. El presupuesto de I+D+i para 2013 se mantiene pero el reparto del dinero varía bastante, de ahí que haya organismos que sí sufren recortes, como el CSIC (9,9% menos). Todos los detalles se pueden consultar. Ver
  8. El Gobierno reduce la financiación de la ciencia al retrasar pagos. Ver
  9. Hacienda paraliza fondos de I+D para casi 300 equipos de investigación en agricultura. Ver
  10. Hacienda suprime las ayudas que Cultura concedió en 2012 a las universidades para la investigación arqueológica. Ver
Impuestos y tasas:

 

  1. Subida de IVA del 18% al 21% desde el 1 de septiembre de 2012. Ver
  2. Subida del IVA reducido del 8% al 10%. Ver
  3. Subida del IVA de artículos con tipo reducido (8%) al tipo general (21%): peluquería, estética, teatros, espectáculos o servicios funerarios entre otros muchos. Ver
  4. La compra de vivienda pasó a gravarse del 4% al 10%. Ver
  5. Subida del IRPF por tramos, desde el 0,75% hasta el 7% más. Ver
  6. Gravamen suplementario para las rentas del ahorro, del 2% al 6%. Ver
  7. Aumento de hasta un 10% del IBI para unos 25 millones de viviendas. Ver
  8. Cuarta subida de luz en lo que va de Gobierno. Ver
  9. Subida del gas de un 5% en 2012. Ver
  10. Subida de los peajes un 2,4% en 2013. Ver
  11. Numerosas subidas de los impuestos al tabaco y el alcohol. Ver
  12. Subida de tasas en enero 2013: luz 8,3% de media; peajes entre el 2,4% y el 3,5%; Cercanías y media distancia 3% de media; tasas aeroportuarias 6,3% de media; Correos 2,95% de media; transporte público en Cataluña 2,7% de media; agua en Madrid 4,2%; IBI en Madrid 6,9%; zona azul en Madrid 2,47%; agua en Barcelona 18%; subidas generalizadas en los recibos de todos los municipios del país.
  13. Rajoy lanza una amnistía fiscal para defraudadores. Ver

 

Justicia:
  1. Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel. Ver
  2. Justicia proyecta eliminar todos los partidos judiciales y concentrar los juzgados en la capital. Ver
  3. Aumento de las tasas judiciales entre el 50% y el 100%, según el concepto: Las nuevas tasas se pueden consultar en el BOE del 21 de noviembre de 2012. Ver
  4. El presupuesto de Justicia para 2013 se reduce un 4,21% respecto a 2012. Se espera una caída de 2,13% para 2014. La partida de personal mengua un 2,82% debido a la reducción de personal sustituto. Ver
  5. Los recortes en justicia saturan los procesos judiciales. Ver
Sanidad:

 

  1. Implantación del copago de fármacos para todos los ciudadanos de hasta 18 € mensuales. Ver
  2. Implantación del copago en ambulancias, prótesis y dietoterápicos, sin tope mensual. Ver
  3. Implantación del copago en las recetas. Ver
  4. Supresión de servicios sanitarios en cientos de hospitales y centros de salud de todo el país. Ver
  5. Fin de la financiación de los fármacos para síntomas poco graves. Ver
  6. 417 medicamentos retirados de la financiación pública. Ver
  7. Eliminación de la cobertura sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Ver
  8. Certificado provisional sustitutorio de la tarjeta sanitaria europea para desempleados que quieran viajar a Europa, con duración máxima de tres meses (no válido para Erasmus) Ver
  9. Repago por el traslado no urgente en ambulancia. Ver
  10. Recorte de un 74% las ayudas a programas de prevención del VIH, reduce la cifra de entidades subvencionadas de 77 a 29 y aprueba las ayudas a pocos días de acabar 2012. Ver
  11. El presupuesto global para Sanidad de 2013 bajó un 22,6% respecto a 2012. Ver
  12. Cierre de urgencias nocturnas en zonas rurales de toda España. Ver

 

Motivo Nº 100: Porque es un Gobierno ILEGÍTIMO, que ha incumplido la totalidad de su programa.

Atrás se quedan motivos como sus faltas de respeto hacia la memoria histórica y a la propia ciudadanía, la corrupción y la financiación irregular del partido, o su insistencia por dar más prioridad al rescate bancario y a las ordenes de Europa, que a las necesidades humanas; pero si tuviésemos que enumerar todas y cada una de las razones que este partido al frente del Gobierno nos ha dado, nos da y nos dará para no votarlos, no terminaríamos nunca.
Como conclusión y reflexión final únicamente les emplazo a que piensen que fueron más de diez millones de españoles y españolas los que votaron a este partido para que nos sacaran de la crisis, y sin embargo nos han sacado del hospital público, de la escuela pública y de la universidad.
Ahora, vuelvan a votarlos.
Dani Ruiz
Miércoles 27 de Noviembre de 2013

El Gobierno aprueba el viernes un ‘regalo’ de 30.000 millones para la banca

FUENTE

El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros una nueva legislación para la banca, para aplicar los nuevos criterios de solvencia establecidos en la normativa internacional conocida como Basilea III, que incluirá medidas que permitirán a los bancos españoles reforzar su capital con hasta 30.000 millones de euros.

Concretamente, según ha anunciado el  ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo aprobará en su reunión semanal el proyecto de ley para la trasposición de una directiva europea sobre solvencia, y, a la vez, un decreto ley para aprobar las cuestiones más urgentes de dicha directiva. Entre ello, el tratamiento de los llamados activos fiscales diferidos, conocidos como DTA’s. Estos activos son unos créditos fiscales, unas cantidades que la banca no pudo restarse en su factura fiscal, pero que funcionan como un derecho futuro contra la Hacienda pública. Se generaron fundamentalmente con las provisiones a las que les obliga la regulación bancaria (cantidades que se reservan para hacer frente a la pérdida de valor de sus activos o a la morosidad), que tienen impacto en las cuentas de los bancos, como si fuera otro gasto más, pero no se pueden deducir en la base imponible del  Impuesto de Sociedades.

Ahora, con la norma que aprobará el Gobierno, que se ha venido negociando con el sector en los últimos meses, el Gobierno reconocerá que parte de esos DTA’s podrán reconocerse como capital de primera calidad (en la línea de medidas similares de países como Italia.), y, por tanto, reforzará los balances de las entidades, especialmente de cara al examen que realizará el BCE en 2014 (y que se hará con las cifras de los bancos a cierre de 2013).  Guindos, que ha participado en un almuerzo organizado por Deloitte, Mutua Madrileña y ABC,  ha estimado que esta normativa reforzará el capital de las entidades financieras españolas entre 25.000 y 30.000 millones de euros.

La cantidad que se les va a reconocer, no obstante, no llega a la mitad de lo que reclaman las entidades españolas. La banca tienen unos 51.000 millones de euros en activos fiscales diferidos y llevan meses peleando con Hacienda y el Banco de Epaña para preservar una parte como capital antes de las revisiones de calidad de activos y pruebas de estrés al sector en Europa previstas para el primer trimestre.

Según algunos medios, Bankia y el Banco Sabadell destacan entre las las entidades más beneficiadas por la nueva normativa que aprobará el Gobierno. Estas entidades generaron DTAs en 2012 por las medidas aprobadas en aquel año que obligaron a las entidades a incrementar notablemente la cobertura de los activos inmobiliarios mediante las correspondientes provisiones. Bankia cuenta con unos 8.000 millones en estos activos, y Sabadell, con unos 4.600 millones. Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander es el que más DTA’s tiene, unos 17.621 millones, aunque con menor peso sobre sus actuales ratios de capital. En el caso de BBVA, estos activos ascienden a 6.741 millones, y en CaixaBank, 6.735 millones. Entre la banca mediana, el Popular tiene 2.861 millones y Bankinter apenas 15 millones.

Bankia va a tener “mucho valor”

Además, en el almuerzo informativo Guindos ha asegurado que Bankia va a ser un activo que va a tener “mucho valor” tras su proceso de saneamiento y ha reafirmado que hay alguna muestra de interés en el banco nacionalizado. El ministro ha alabado la gestión del equipo encabezado por José Ignacio Goirigolzarri y ha relacionado la mejora de la percepción de la economía española con la evolución de la entidad nacionalizada.ha puesto en valor el traspaso de activos a la Sareb, además de la inyección de capital de alrededor 22.000 millones de euros.

El titular de Economía no ha entrado en si el Gobierno iniciará la privatización de Bankia el próximo año y se ha limitado a señalar que se tienen que elegir los tiempos “más adecuados” desde el punto de vista de venta parcial o total para recuperar el máximo de las ayudas públicas. Guindos ha confiado en que Bankia ofrecerá “noticias buenas” en lo que se refiere al regreso de la rentabilidad y ha afirmado que esta entidad es la “pieza importante” para culminar el proceso de reestructuración financiera.

Igualmente, el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas una reducción media del 30% sobre las comisiones máximas que aplican las gestoras de planes de pensiones. Esta decisión, según ha explicado el titular de la cartera de Economía, afectará a 4,6 millones de partícipes de fondos de pensiones.

Los cambios de la reforma laboral no afectarán a las prestaciones del paro

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los cambios que incorporará el Gobierno a la reforma laboral no afectarán a las prestaciones por desempleo, pero sí a la contratación. Guindos ha recordado que la OCDE sigue analizando el impacto de la reforma y publicará sus resultados en los próximos días. “Esperamos que sean positivos”, ha dicho el ministro, tras reconocer, sin embargo, que habrá que seguir tomando medidas para mejorar el mercado laboral, que afectará sobre todo a la simplificación de contratos, al contrato a tiempo parcial y a la negociación colectiva.

En cambio, Guindos ha descartado la posibilidad de que estos cambios afecten a las prestaciones por desempleo, aunque sí habrá nuevas medidas para mejorar las políticas activas de empleo y mejorar el acceso al mercado de trabajo.

Preguntado por la ley de servicios mínimos en la que trabaja el Ministerio de Empleo, Guindos ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este encargo “con buen criterio”. “Yo creo que es absolutamente correcto”, ha señalado el ministro, tras recordar lo sucedido con experiencias recientes, en una clara referencia a la huelga de recogida de basuras en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, el ministro ha resaltado la importancia de seguir con las reformas y con la consolidación fiscal para fortalecer la recuperación, ya que existen las bases para que 2014 sea el primer año de la recuperación.
Sobre las reformas pendientes, Guindos ha recordado que en un par de semanas se aprobarán de forma definitiva algunas normas como la unidad de mercado, la ley de cajas de ahorros o la nueva ley financiera para mejorar la financiación. De la misma forma, el Gobierno llevará al Congreso en las próximas semanas la ley de colegios profesionales y todo que tenga que ver con el perfeccionamiento de la reforma laboral.

ESCAL quiere vincular los terremotos a la actividad natural

El Ministerio de Industria ya cuenta con el primer informe preliminar que ha de determinar el futuro del almacén subterráneo submarino de Castor, que provocó la oleada de terremotos en el norte de Castellón el pasado mes de octubre. Ahora, el titular de esta cartera, José Manuel Soria, está pendiente del dictamen que pueda llevar a cabo el Instituto de Geología y Minería Española.

Pese al cerrojazo informativo aplicado por el Ministerio de Industria, ha trascendido que el Gobierno se ha puesto en manos de la prestigiosa Det Norske Veritas (DNV), una firma noruega de certificación de todo tipo de instalaciones industriales y grupo líder en gestión de riesgos. DNV está especializada en casos como el de Castor, ya que uno de sus objetivos es “salvaguardar la vida, propiedades y el medio marino”. Se trata de una fundación independiente considerada como una de las tres firmas mundiales más prestigiosas en su especialidad.

Soria tiene el informe preliminar del que depende el futuro del almacén gasista en la costa de Castellón desde el pasado 21 de octubre, según ha notificado la explotadora de la instalación, la empresa Escal UGS, controlada en un 66% por la constructora ACS, que preside Florentino Pérez. El contenido de este informe preliminar se desconoce y en el sector energético se cree que la intención del Ministerio de Industria es hacer público el dictamen definitivo a finales de año.

La postura de Escal

Por otro lado, el documento de Escal UGS revela cuál es la línea de defensa de los impulsores de la infraestructura gasista. Básicamente, desvincular los terremotos de la puesta en marcha del almacén. En esencia, mantiene que la falla de Amposta “estaba a punto de iniciar su actividad natural justo antes de que se iniciara la inyección de gas”. Y descarta que se puedan producir más seísmos, incluso si se retoma la actividad.

Esta línea argumental se opone a las tesis de los geólogos, que vinculan de manera directa la inyección de gas en los pozos submarinos de Castor a la oleada de terremotos, tal y como muestra el gráfico.

Ante el Ministerio de Industria, Escal UGS ha defendido su postura presentando lo que denomina una “nota técnica”, según ha informado la empresa a los inversores. En esta nota se argumenta que la falla de Amposta como tal no existe, sino que se trata más bien de una sucesión de fallas. Y pide a los inversores que se ha de esperar al estudio del Instituto de Geología y Minas Español. La Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaroz ya han pedido formalmente que se cierre el almacén. Pero la clausura de la instalación, según el decreto de la concesión, implica que el Gobierno debe indemnizar a Florentino Pérez y sus socios. Soria ha cifrado la cantidad en 1.700 millones.

En el documento para los inversores se apunta la voluntad de ACS y sus socios, los canadienses de Dundee Energy, de mantener el almacén abierto y operativo. La razón se encuentra en la colocación de 1.400 millones en bonos en Luxemburgo para financiar el proyecto. La colocación se ha llevado a cabo con determinadas garantías para los prestamistas. Entre ellas, existe una carta de crédito por la que Escal UGS debería devolver a los tenedores de los bonos el dinero de la emisión si el Gobierno no remunerase a los promotores en los términos previstos o si el almacén no estuviese operativo antes del 30 de noviembre del 2014. Por tanto, en el almacén de gas de Castor se han quedado atrapados muchos intereses, además del gas colchón que ya se ha inyectado en el subsuelo. La constructora ACS y sus socios pretenden mantener abierto el almacén subterráneo de gas Castor.

¡Por una oposición que se oponga!

FUENTE  

Algunas insuficiencias generales: Las concepciones de la “izquierda” y la idea clásica de “progreso” – y III

x J.M. Naredo

Hemos visto que los catorce años de gobierno del PSOE no sólo han contribuido a dejar «atado y bien atado» un nuevo sistema de poder (ahora regentado por una formación política heredera de la antigua derecha) en el que una élite sigue gobernando y explotando, democráticamente, al país, sino que para colmo han desmantelado la oposición.

El texto «Por una oposición que se oponga» (reproducido en el primer capítulo de este volumen) afirma que la oposición política anrifranquista no se oponía al sistema de poder que trataba de pervivir, con la transición, revestido de formas democráticas. Creo que los hechos han confirmado esta consideración. Por desgracia ocurrió lo que en ese texto se preveía: que cuando el sistema se dotó de una cobertura democrática y los partidos anrifranquistas fueron por fin legalizados como contrapartida a su «buen comportamiento», perdieron su función opositora básica, y con ello su identidad, entrando en una crisis de fundamentos. Paulatinamente habían pasado, por acción u omisión, en mayor o menor medida, a asumir el pensar polírica(y económica)menre correcto del pensamiento («único») dominante. El triunfo electoral y el prolongado gobierno del principal partido de esa oposición, el PSOE, vino a ser la «prueba del nueve» de esa afirmación al constatar que este partido no sólo no trató de cambiar el sistema de poder establecido, sino que contribuyó eficazmente a consolidarlo. Y cuando, tras haber realizado desde el poder funciones que parecían más propias de la <derecha», fue desplazado del gobierno, se vio incapacitado para hacer una oposición eficaz al nuevo gobierno del PP, habida cuenta que trabajaba con criterios similares. Es más, en ocasiones, este gobierno le pasó «por la izquierda» al tomar medidas más «avanzadas» de las adoptadas en los gobiernos anteriores.

El baile de disfraces político así originado confirmó también la necesidad de revisar críticamente el sentido de los términos «derecha» e «izquierda», «conservadores» y «progresistas» y otros propios del lenguaje político ordinario, como sugeríamos en el texto inicial antes mencionado. La exigencia de esta revisión es ahora mucho más urgente si queremos salir del confusionismo reinante. El principal problema de esta confusión estriba en que la mayoría de esos términos fueron acuñados en la pelea política iniciada en el «siglo de las luces» contra el Antiguo Régimen, renovada, en nuestro caso, durante el franquismo. Se enfrentaban así los «conservadores» de un régimen inmóvil de privilegios atendiendo a la cuna o a la corporación de procedencia, con los partidarios del «progreso» que combatían ese régimen y que se agruparon mas tarde a «la izquierda» de los bancos parlamentarios, frente a los «conservadores» de «la derecha». Pero ha llovido mucho desde cuando el mismo desarrollo capitalista parecía «progresivo» frente al monopolio y la regalía propios del Antiguo Régimen y se magnificaba «la razón», «la ciencia» y «el trabajo» frente al aristocrático desprecio por las actividades ordinarias laicamente relacionadas con la intendencia, o cuando se anteponía en bloque «el individualismo» frente al «corporativismo», o «las libertades», «el contrato social» y «la democracia» frente a la discrecionalidad opresiva de un poder absoluto. Hoy el capitalismo se ha hecho hegemónico en el mundo en nombre del «progreso» y la «ciencia» y el «trabajo» están a su servicio, «el individualismo» más exacerbado y la justificación «contractual» y «democrática» del poder ocupan un lugar clave para la conservación del nuevo statu quo en el que el despotismo, la desigualdad y la insolidaridad se han extendido de nuevo hasta límites hace poco insospechados. En este nuevo contexto, cuando la vieja terminología de referencia ha perdido sus significados originarios y se han trastocado sus funciones, sólo cabe construir un nuevo mapa de referencia para enjuiciar la ideología de las personas o el comportamiento y la función social de las organizaciones políticas. En el nuevo mapa cabe clasificarlas en función de que se adapten o comulguen más o menos con los dictados de la ideología actualmente dominante que el «pensamiento único» se encarga de recoger y divulgar.

El texto «Por una posición que se oponga» denota que el «pensamiento único» no es fruto de una noche de verano, sino que se venía incubando desde hace bastante tiempo. Sus raíces arrancan de la propia inconsistencia de una «izquierda» que era tributaria de la ideología que ha servido para consolidar el sistema de poder hoy hegemónico en el mundo. De una «izquierda» que se engañaba a sí misma creyendo oponerse al sistema con tácticas dilatorias o con razonamientos e instrumentos ideológicos del propio sistema que contribuían en el fondo a reforzarlo. El arsenal ideológico de la oposición antifranquista estaba ya vacío al iniciar-se la transición política hacia la democracia, tal y como advertimos en el texto inicial. El «hombre unidimensional» de Marcuse 1 presagiaba ya entonces el triunfo del «pensamiento único», aunque la Unión Soviética no se hubiera disuelto todavía. Desde esta perspectiva no ha sido para mí ninguna sorpresa que tanto el PSOE, durante su largo mandato, como el PP, hoy en el gobierno, se hayan comportado o se comporten como gestores de un mismo sistema que trabajan con los mismos instrumentos para perseguir los mismos objetivos. Y al comulgar de hecho ambas formaciones con la misma forma de concebir la sociedad en el aquí y ahora, dificilmente pueden ya oponerse en cuestiones de fondo y sus conflictos giran sobre todo en torno a intereses económicos o de poder, o a temas meramente accidentales. La discusión se desarrolla así como una discusión entre gestores de un mismo sistema sobre la idoneidad o no de ciertas medidas, sobre todo de política económica. Y si, al decir de Blair, «las políticas económicas no son de izquierdas ni de derechas, sino que se clasifican entre las que funcionan y las que no funcionan» y, para colmo, estas políticas tienden a venir dictadas desde Bruselas, el objeto de debate entre gobierno y oposición aparece también cada vez más vacío de contenido. El tema de la responsabilidad en escándalos o en sucesos diversos, unido a meras cuestiones de imagen, va quedando como principal arma arrojadiza entre los políticos, a la vez que se soslayan sistemáticamente los aspectos de fondo relacionados con el sistema.

Se observa así la incapacidad de los cauces de mediación política «democrática» para modificar el statu quo. Se evidencia que la aceptación de la idea atomista de la sociedad, sin organizaciones cooperativas y solidarias intermedias, imposibilira el control ciudadano de la toma de decisiones. Ningún mecanismo electoral, por muy bien engrasado que esté, puede cubrir el desierto institucional que se extiende en el modelo político «democrático» entre el individuo y el Estado. Y el problema se agrava cuando este modelo encomienda la gestión de la política y la economía a dos tipos de organizaciones que son, por definición, jerárquicas, centralizadas, coercitivas: los partidos políticos y las empresas. Una vez reducida la sociedad a una colección de individuos aislados y una vez presentados estos dos tipos de organización como los únicos o principales a los que se debe confiar la gestión del poder y la riqueza, la batalla en pro de la libertad, la igualdad y la solidaridad está perdida de antemano. Esas entidades, que se mueven en busca de poder y de dinero, tienden precisamente a coartar la libertad y a destruir la igualdad y la solidaridad, al someter a los individuos a relaciones de dominación y dependencia.2 Hemos visto que la ilusión democrática, y la Constitución, contribuyeron a desatender otras formas de organización social distintas de los partidos políticos y las empresas, ayudando a extender el vacio institucional antes mencionado. En estas condiciones, es lógico que la gente se desanime al constatar su escasa influencia en la élite que toma las decisiones. Pero esto no quiere decir que no haya alternativas o que las personas no tengan ninguna libertad de acción o de decisión.

En primer lugar, en vez de seguir mendigando al poder o a sus «mediadores», sigue estando abierto el camino que nos mostró Etienne de la Boétie hace ya cuatro siglos cuando dijo, en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, que para ser libre no hace falra más que decir no al opresor. Evidentemente, la anestesia social provocada por la doble presión de la «sociedad de consumo» y la «sociedad del trabajo» hace que la servidumbre no sea hoy tan «voluntaria» como reza el titulo de De la Boétie, sino que se vea «forzada» por engranajes de dependencia cada vez más complejos. En efecto, el deseo de avanzar en la carrera del consumo y la ostentación, adquiriendo más y más caras viviendas, automóviles, etc., acostumbra a reforzar la necesidad de atarse al trampolim de una actividad laboral dependiente, que rige para la mayoría de la población. La aceptación implícita de las servidumbres del consumo y del trabajo constituye así el principal soporte de la dominación social, al que se añade la impotencia de los mecanismos actuales de mediación política para cambiarla. No basta, pues, con replantear los mecanismos de mediación política: desmontar la gran trampa ideológica que supone identificar el consumo (medido en términos pecuniarios) con la felicidad y considerar el trabajo (penoso y dependiente) como el medio obligado de vida, resulta hoy un paso obligado para «decir no al opresor».3

Hay que romper la «carrera del consumo» proclamando ética y estéticamente de «mal gusto» la práctica actual de la ostentación y cambiando los patrones que identifican el éxito «social» con la acumulación personal de poder y de dinero. Y junto a la mitología del consumo y del trabajo hay que desmantelar también la mitología de la producción y el crecimiento, con todo el irracionalismo que conlleva. Se trata, en suma, de subrayar el horizonte ecológicamente inviable y socialmenre indeseable hacia el que nos arrastra el sistema, para hacer de las cada vez más nutridas legiones de náufragos del «mercado» y de la «competitividad» el nuevo sujeto histórico capaz de apoyar el cambio social. Pero escapa al propósito de estas líneas detenernos en estos aspectos tratados en otras publicaciones.4 Si los hemos mencionado es para subrayar las posibilidades que existen de desmontar la ideología que justifica, con visos de racionalidad, al sistema de poder vigente y para construir sobre bases sólidas una oposición al mismo (que por la propia naturaleza de los acontecimientos tendría que alcanzar dimensiones internacionales).

En segundo lugar, sigue estando también abierta la posibilidad de reconstruir el desierto institucional que en la política actual separa al individuo del Estado y de las organizaciones políticas y empresariales a él vinculadas, que justifican y mantienen el actual sistema de poder. Y aunque la oposición esté hoy bajo mínimos, tal vez por eso sea más propicio el momento para reconstruirla sobre nuevas bases, libre ya de melancolías, esquemas y prácticas que se han revelado inoperantes. Al menos la situación está más clara para ello que hace veinticinco años, cuando escribí «Por una oposición que se oponga». El objetivo del presente texto sigue siendo el mismo. La oposición política no se oponía entonces al sistema de poder establecido, sólo a cierta epidermis político-institucional que los vientos democráticos de nuestro tiempo estaban llamados a cambiar en cualquier caso. La oposición sigue hoy sin oponerse al sistema de poder ya actualizado con el marchamo de la «democracia». ¡La Monarquía misma, residuo obsoleto del Antiguo Régimen, sigue gozando de buena salud en nuestro país! Queda pues ante nosotros la sugerente tarea de construir una oposición que se oponga. Y si esta tarea no llega a puerto, valga el presente texto como testimonio de que no todos comulgamos con las ruedas de molino que nos ofrece el sistema a través de sus avezados gestores y partícipes.

NOTAS:

1. H. Marcuse: One-Dimensional man, Boston, Beacon Press, 1964 (hay edición en castellano: El hombre unidimensional, Joaquín Motriz, México, 1968).

2. La expansión de este tipo de organizaciones tiende a destruir el comportamiento más orgánico de las sociedades tradicionales, con sus medios de subsistencia, y, al hacer que los individuos no sepan valerse por sí mismos, se acentúa día a día la precariedad en las condiciones de trabajo originando incluso nuevas situaciones de esclavitud que se sitúan en las antípodas de la sociedad de individuos libres e iguales preconizada por la utopia liberal. Sobre las nuevas formas de esclavitud por contraposición a las antiguas, véase K. Bales: Disposablepeople. New slavery in the global economy, Universiry of California Press, Berkeley, 1999 (hay edición en castellano: La nueva esclavitud en la economía global, Madrid, Siglo XXI, 2000).

3. Sobre la revisión de la noción de trabajo, véase J. M. Naredo, Configuración y crisis del mito del trabajo, en K. Offe, J. M. Naredo, 1. Ramonet ec al ¿Qué crisis? Retos y transformaciones de la sociedad del trabajo, Gakoa, San Sebastián, 1997, PP. 51-73. Sobre alternativas véase J. M. Naredo, Sobre la cooperación libre e igualitaria como remedio frente al paro y cl trabajo dependiente, en J. Serna: Empleo verde Tres cooperativas ecológicas, Barcelona, Icaria, 1999, PP. 27-33. Sobre la sociedad de consumo y las necesidades, véase J. M. Naredo, Sobre pobres y necesitados, y los otros textos que componen el volumen, en J. Riechmann, (ed.): Necesitar, desear, vivir, Libros de la Catarata, Madrid, 1998.

4. Sobre aspectos ideológicos véase mi libro La economía en evolución antes citado y la amplia bibliografia de referencia. Sobre las irracionalidades y desigualdades que conlíeva el funcionamiento real de la presente sociedad industrial a escala planetaria véase J. M. Naredo y A. Valero (dirs.): Desarrollo económico y deterioro ecológico, Fundación Argenraria y Visor Distribuciones, Madrid, 1999. Sobre la naturaleza y las perspectivas dc crisis de la civilización industrial, véase J. M. Naredo (2000) Ciudades y crisis dc civilización, Documentación social, 0.0 119, PP. 13-38