Las cajas españolas que estén intervenidas o nacionalizadas no podrán negociar ya con los clientes morosos que no pagan sus hipotecas. El FROB ha dado orden de ejecutar cuanto antes las demandas de desahucio a los juzgados para tener cuanto antes toda la información sobre los bienes inmuebles a los que tendrá que dar salida el futuro ‘banco malo’.
A finales del año pasado, El Confidencial Digital adelantó la creación de la figura del ‘mediador de morosos’ en las principales entidades financieras españolas, que ofrecían a los deudores acuerdos para refinanciar sus hipotecas e impedir de esa forma nuevos embargos y que aumentara su ‘stock’ de pisos.
Bajo ese sistema, los bancos y cajas cobraban cantidades muy inferiores a las estipuladas cuando se firmó la hipoteca. En concreto, en cuentas que suponían un desembolso mensual de 1.000 euros, aceptaban el pago de tan sólo 400 durante cinco años como máximo, o hasta que el cliente mejorase su situación financiera.
Pues bien, según ha sabido este diario, las cajas que estén intervenidas o nacionalizadas no podrán realizar ya este tipo de negociación con sus clientes, ya que el FROB, poseedor de la mayor parte de las acciones de esas entidades, ha dado orden de ejecutar cuanto antes las demandas de desahucio para todos aquellos que no puedan pagar su hipoteca.
Las fuentes consultadas por ECD explican que “ahora estas cajas sólo pueden ofrecer una refinanciación en aquellos casos en los que el cobro sea seguro, y en el resto de casos se está procediendo a la solicitud de desahucio”.
El ‘banco malo’ se hará cargo de las viviendas embargadas
Según voces autorizadas de una de las entidades intervenidas, el objetivo de esta medida es “tener cuanto antes todos los informes sobre los bienes inmuebles que poseen todas las cajas controladas por el FROB, para que el nuevo ‘banco malo’ se encargue de esas viviendas embargadas y trate de darles salida a partir de diciembre”.
Además, “desde la última reforma del sector financiero estamos obligados a poner el valor de esos bienes a los que no damos salida como gastos, por lo que no podemos negociar más por viviendas que suponen pérdidas y que dificultan un saneamiento que sí es posible con la retirada de esos activos tóxicos hacia la nueva entidad que cree el Gobierno para ese fin”.
