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La mezcolanza de lo público y lo privado en la UE

José A. Estévez Araújo
En la actualidad hay, como de costumbre, muchos casos de mezcolanza entre poderes de decisión públicos e intereses privados en la UE. Varios han sido objeto de denuncias, en algunas ocasiones incluso oficiales: es decir, que provienen de los propios órganos de la Unión (Defensor del Pueblo Europeo, Parlamento, Comisión). Los casos cubren todo el espectro de connivencias posible. Se dan conflictos de intereses; hay multitud de órganos asesores o comités de expertos colonizados por personas vinculadas a intereses empresariales; entidades aparentemente de la “sociedad civil”, son, en realidad, grupos de presión; existen muchas “puertas giratorias”, especialmente entre las Agencias de la UE y la industria; los mecanismos de participación de la “sociedad civil” en realidad transfieren poder de decisión unilateral a las empresas… Una información fiable y rigurosa sobre todos estos tejemanejes puede encontrarse en la página web del Corporate Europe Observatory (CEO): http://corporateeurope.org.El caso de la European Privacy Association (EPA) es especialmente interesante. La EPA, según su página web, es una organización dedicada a promover el respeto a la intimidad y la protección de datos en Internet. Se presenta en su página web como un think tank (un laboratorio de ideas). Se inscribió también dentro de esa categoría en el registro de la Unión Europea. El CEO puso en marcha una campaña para hacer revelar a la AEP sus miembros y fuentes de financiación. Se descubrió de ese modo que los miembros de la AEP eran Microsoft, Google y Yahoo. Después del escándalo de la NSA, Microsoft o Google no parecen ser precisamente adalides de la protección de la intimidad. En realidad, la AEP actúa como lobby promoviendo todo lo contrario: normativas menos rigurosas de salvaguarda de la privacidad en Internet. El desvelamiento de su verdadera naturaleza conllevó que se viera obligada a cambiar su caracterización en el Registro de la UE: ahora aparece como un lobby. Pero en su página web se sigue presentando como un think tank. Y, desde luego, su denominación, hábilmente escogida, está pensada para llevar a engaño, especialmente a los ciudadanos.

Otro caso se refiere a la Plataforma para la buena Gobernanza Fiscal, creada por la Comisión Europea. La plataforma ha sido fruto de una iniciativa del Algirdas Smeta. Smeta, de nacionalidad lituana, tiene el pomposo cargo de “Comisario Europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude”. El objetivo de la Plataforma es extraordinariamente loable: luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal en la UE. Se trata de un propósito de enorme transcendencia. Erradicar el fraude fiscal permitiría pagar todo el monto de la deuda europea. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de una pregunta escrita firmada por parlamentarios europeos de todos los grandes partidos políticos (incluido el Partido Popular Europeo). La razón de la pregunta es bastante sólida: Smeta ha nombrado miembros de la plataforma a los mayores evasores de impuestos de Europa y a sus empresas asesoras. Sería como formar una comisión integrada por los capos de los cárteles mexicanos con el objetivo de establecer medidas para impedir el tráfico de drogas. Calificar este caso de “conflicto de intereses” resultaría, como mínimo, un eufemismo.

Por otro lado, la Comisión Europea está llevando adelante una iniciativa para implantar una “tasa Tobin”, es decir un tributo sobre transacciones financieras, en la UE. Obviamente los bancos y demás entidades financieras europeas están radicalmente en contra. Han elaborado multitud de “informes” dirigidos a los legisladores nacionales y comunitarios, alertando acerca de las nefastas consecuencias para la economía que tendría la adopción de esa medida. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se ha ofrecido a ayudar a la Comisión y al Consejo a desarrollar esa iniciativa. Eso puede sonar esperanzador. Sin embargo, el Corporate Europe Observatory considera dicho ofrecimiento como una amenaza. La intervención del BCE en las tareas legislativas de la UE es de dudosa legalidad. No hay base jurídica para permitir su participación en unas funciones atribuidas exclusivamente a la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Así, por ejemplo, el presidente del Banco de España no podría autoproponerse para participar en un proceso legislativo relativo a la regulación bancaria. El Congreso podría consultarle, por supuesto, pero sería libre de seguir o no sus consejos.

La preocupación del CEO viene de que considera al BCE como un “caballo de Troya” de los intereses financieros. Así, el BCE tiene una serie de comités consultivos, llamados oficialmente “Grupos de Contacto”. En estos comités están representadas todas las grandes entidades financieras. La lista de sus integrantes es un “¿Quién es quién?” del mundo de la finanzas. Por ejemplo, en el “Grupo de Contacto del BCE sobre Mercados de Divisas” podemos encontrar, entre otros, al Deutsche Bank, a Morgan Stanley, o a J. P. Morgan. En estos foros se ha discutido muy intensamente los últimos meses acerca de la tasa sobre las transacciones financieras. Los miembros de estos consejos asesores se han mostrado radicalmente contrarios a su implantación. Por eso y por algunas cosas dichas por el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo, parece clara la intención de Draghi de sabotear en lo posible el proyecto de la Comisión.

De este caso, se pueden extraer dos enseñanzas. La primera es que el lobby financiero tiene, en los “Grupos de Contacto” del BCE uno de sus principales mecanismos de infiltración en los procesos decisorios de la UE. La segunda, que el BCE representa los intereses del poder financiero dentro del entramado institucional europeo. Esto quedará más claramente puesto de manifiesto en el siguiente caso:

El presidente del BCE, Draghi, forma parte de una organización llamada el Grupo de los Treinta (G-30). Esta entidad se presenta como un foro de discusión. Pero, en realidad es un lobby de alto perfil. De él forman parte las entidades financieras más importantes del mundo. Entre sus miembros o patrocinadores volvemos a encontrar, por ejemplo a J. P. Morgan y al Deutsche Bank. También están en la lista, por parte española, el Banco de Santander o Bankia. Y Draghi es uno de los miembros de esta organización. Está acompañado por otros colegas, como los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Japón o China y por los anteriores presidentes de la Reserva Federal, el Banco de España o el propio BCE. Economistas de prestigio, como Paul Krugman, le dan una pátina de respetabilidad académica a la organización.

El CEO presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo por considerar “incompatible con la independencia, reputación, e integridad” del presidente del BCE su pertenencia al G-30. Aportó documentación y estudios académicos sobre las tareas de lobby llevadas a cabo por el G-30: todas las presiones de esta organización se dirigen a luchar contra la regulación financiera. Se trata de un tipo de entidad muy característico de la actual gobernanza global: las redes transnacionales informales. Estas entidades no tienen mandato oficial alguno. Pero en ellas se reúnen funcionarios y autoridades públicas de todo el mundo con miembros de las entidades privadas. Su función es crear una forma transnacional común de ver y enfocar los problemas. Es decir, en estas entidades se fragua el marco general a partir del cual se elaborarán políticas y se adoptarán decisiones concretas en todo el mundo. Son instituciones completamente opacas. Como señala el CEO, no hay actas ni documentos de las reuniones del G-30. Estas entidades ejercen un enorme poder de hecho, sin ningún tipo de control o mecanismo de rendición de cuentas.

El Defensor del Pueblo europeo no encontró, sin embargo, nada irregular en la pertenencia de Draghi al G-30. Los fundamentos de su decisión son básicamente dos. En primer lugar, no reconoce el carácter de lobby del G-30 a pesar de la documentación aportada por el CEO. Lo considera un foro de debate. El segundo fundamento, recogido en el punto 82 de su resolución tiene especial interés aquí. El Defensor del Pueblo se basa en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este artículo dice textualmente lo siguiente:

Artículo 11 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.

En este artículo aparecen recogidos los mecanismos de participación defendidos por la Teoría de la Gobernanza. Estos mecanismos son presentados como complementarios y, a veces, incluso como sustitutivos de los procedimientos de la democracia representativa. Por un lado, las instituciones abren canales para escuchar a los ciudadanos y a las asociaciones (11.1); por otro lado, las instituciones realizan consultas a las asociaciones y a la “sociedad civil” (11.2); por último se realizan consultas a las “partes interesadas”, es decir, a los famosos stakeholders de la jerga de la gobernanza (11.3).

Curiosamente, el Defensor del Pueblo no considera la actividad de Draghi como una consulta a una “parte interesada” (una organización integrada y costeada fundamentalmente por entidades financieras). La inscribe en el punto 2 del artículo: se trata de una forma de diálogo con la “sociedad civil”. Además de no considerarla reprochable en absoluto, anima a Draghi a seguir por ese camino y profundizar su implicación en el G-30. Es una forma de intensificar el diálogo con la “sociedad civil”. Por supuesto, en el discurso de la gobernanza las empresas y sus asociaciones son uno de los pilares de la misma. En cierto modo, la gobernanza resucita la concepción hegeliana de la sociedad civil, frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado: un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos). Algo parecido, aunque no exactamente igual a lo que ahora se denomina el “tercer sector”, un sector que se diferencia tanto del mercado como del estado.

Los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil”, las “partes interesadas”, las “asociaciones” o los “ciudadanos” han sido en realidad un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas. Eso es algo suficientemente demostrado. Draghi no se ha reunido, por ejemplo, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al menos que se sepa. Pero lo más novedoso aquí es la utilización del discurso de la gobernanza por una autoridad europea, precisamente para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. Esto es un síntoma de lo hondo que ha calado una de las ideas centrales de la ideología de la gobernanza: la difuminación de la distinción entre lo público y lo privado.

*  *  *

La dicotomía que diferencia lo público de lo privado es una de los elementos estructuradores del lo que Juan-Ramón Capella denomina el “relato político moderno”. Esta dicotomía está articulada con la distinción entre sociedad civil y estado. Y se manifiesta en muchas diferenciaciones como las de derecho público/privado, sector público/privado, interés público/privado… Encontramos la dicotomía público/privado tanto en el discurso jurídico político, anglosajón como en el europeo occidental. Debido a su carácter estructural es un presupuesto del discurso legitimador. Lo es tanto del discurso sobre el “Estado de derecho” como del discurso sobre la “Rule of Law”. En ambos se delimita un espacio público “separado” del privado (los gobernantes, la Administración…). Las personas que actúan en ese espacio deben hacerlo estrictamente sometidas a la ley. No deben decidir arbitrariamente. Sólo tienen los poderes explícitamente autorizados por las normas jurídicas. Las funciones públicas deben ser ejercidas por cargos electos o por funcionarios dependientes de éstos y sometidos al reglamento, etc. Los discursos legitimadores del poder jurídico político moderno presuponen, pues, la existencia de un sector público, separado del sector y de los intereses privados y sometido a una lógica de funcionamiento muy diferente de la de las relaciones mercantiles o familiares.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra la realidad. En las sociedades modernas lo público y lo privado no han estado tan netamente separados. Se han dado muchas formas de “mezcla” no sólo en el estado intervencionista, sino también en el estado gendarme. El estado ha construido infraestructuras necesarias para la actividad de las empresas. También ha financiado a éstas de manera directa o indirecta. El estado ha regulado asimismo el funcionamiento del mercado. Con mayor o menor intensidad, siempre lo ha hecho. También se han producido siempre casos de “pantouflage” o de “revolving doors”, es decir, el paso de gestores del sector público al privado y viceversa. Los lobbies no son sólo cosa de ahora: reconocidos o no, regulados o en la sombra, desde el origen del estado moderno los grupos de interés han condicionado las decisiones de los órganos públicos. Y los casos de nepotismo son todo menos infrecuentes. Pero esta mezcla era ocultada por el discurso ideológico. Este presentaba al sector público libre de las influencias de los intereses particulares y funcionando con una lógica muy diferente a la del sector privado. El sector público perseguía el interés general o el bien común. Las empresas y los comerciantes perseguían sus propios intereses egoístas.

La situación hoy es diferente. El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios público-privados, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

Han tenido que producirse cambios muy importantes para poder eliminar la distinción tajante entre lo público y lo privado de una ideología jurídico-político con función legitimante. Estos cambios han sido tanto discursivos como materiales. Se refieren fundamentalmente a las transformaciones introducidas por el neoliberalismo y a su fundamentación. La contrarrevolución neoliberal ha supuesto la ampliación de lo privado a costa de lo público. Los servicios y empresas públicas han sido privatizados. La regulación estatal de la economía se ha visto reducida. La privatización y la desregulación han sido fundamentadas por un discurso ensalzador de la eficiencia del mercado y la empresa privada y denigrador del estado por su ineficacia y su corrupción. Como dijo Reagan, el estado no es la solución, sino que es el problema. Por eso había que reducir su tamaño. Lo que quedase de él debía funcionar de manera similar a las empresas para poder incrementar su eficiencia.

La privatización y la desregulación, unidas a la denigración de lo público-estatal por parte del neoliberalismo y a la introducción de métodos empresariales en la Administración por la vía de la llamada “Nueva Gestión Pública” han facilitado la difuminación de la distinción público-privado en el discurso de la gobernanza. Pero para el surgimiento de ese discurso ha sido necesario también el fracaso de esas políticas neoliberales de los años ochenta. La desregulación y la privatización condujeron a resultados funestos en la Rusia de Yeltsin. También causaron desastres en África, puestos claramente de manifiesto por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina tuvieron enormes costes sociales sin beneficios aparentes. Esos fracasos llevaron al Banco Mundial a replantearse la orientación de sus políticas. Los nuevos planteamientos del BM supusieron un giro neoinstitucionalista de la mano de economistas como Douglass C. North. Y el neoinstitucionalismo es una de las fuentes de inspiración de la gobernanza. De hecho, a principios de los noventa, el Banco Mundial empezó a utilizar en sus documentos la expresión “buena gobernanza”.

La “managerialización” de la Administración también fue un fracaso relativo. No se pudo sustituir sin más la burocracia por el management. La Nueva Gestión Pública consideraba a los servidores públicos como ratoncillos que sólo obedecían a los impulsos estímulo/sanción. La aplicación de ese tipo de política de personal desanimó a los empleados públicos, perjudicando la calidad de los servicios. Aumentó también enormemente los costes de gestión y control. Por otra parte, los profesionales cualificados y organizados —como los médicos—, se resistieron a actuar siguiendo exclusivamente una lógica de la eficiencia regida por el análisis coste beneficio. Muchos profesores han manifestado también su rechazo a formas de evaluación de sus logros puramente cuantitativas.

Todo eso hizo necesario un Plan B para el neoliberalismo. La gobernanza lo proporcionó. Tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal, le tocó el turno al descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada. La llamada “Tercera Vía” teorizada por Giddens y puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas.

Para dar credibilidad a las virtudes de la cooperación público-privada se cambió también la imagen de la empresa. Las teorías derivadas de la economía neoclásica concebían la empresa como un sujeto maximizador de utilidad. También eran vistos así los individuos. En cambio, el enfoque de la gobernanza corporativa, presenta a la empresa como un sujeto “responsable”. La empresa no debe tener únicamente como objetivo maximizar sus beneficios. Debe también responsabilizarse de los efectos sociales y ambientales de su actividad. No sólo debe responder ante sus accionistas, sino ante todos los “stakeholders”, ante todas las personas afectadas por su actividad (suministradores, trabajadores, consumidores, vecinos…). De esa visión de la empresa surgió la llamada “Responsabilidad Social Corporativa”. La consideración de las empresas como sujetos “responsables” ha servido, entre otras cosas, para justificar la autorregulación corporativa. Pero también ha permitido presentar a las empresas como sujetos con miras más amplias que sus propios intereses. Las empresas son capaces de actuar de acuerdo con la perspectiva del interés general. Pueden orientarse hacia la “solución de problemas” y no sólo hacia su propio beneficio. La colaboración público-privada contribuiría a provocar esta transfiguración de la empresa. Los resultados desastrosos de las experiencias de consorcios público-privados ponen de manifiesto el carácter ideológico del discurso sobre la empresa responsable. Pero éste sigue siendo cultivado aplicadamente en la abundante literatura académica sobre los “Public-Private Partnerships”.

El discurso de la gobernanza no va dirigido a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado sigue teniendo sentido para ellos.

El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida. La decisión del Defensor del Pueblo Europeo es una muestra de la influencia del discurso entre las élites político-administrativas. A pesar de las evidencias en contrario, el discurso sigue siendo eficaz en esos puestos de mando. El documento sobre la gobernanza universitaria de la Universidad de Barcelona es también una buena y cercana prueba de ello. Pero eso será tema, en todo caso, para un artículo futuro.

30/8/2013

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¿El euro nos puso bajo la dictadura de los mercados?

FUENTE

Asamblea Extraordinaria ATTAC-España 15 y 16 de junio de 2013.

 

 

¿El euro nos puso bajo la dictadura de los mercados?

I. Un poco de historia 

¿De dónde y con qué motivaciones viene la idea del euro?

A finales de los ochenta, los responsables políticos franceses, entre ellos François Mitterrand, defendían el proyecto de crear una moneda europea común para limitar la creciente hegemonía del marco alemán, y ante las reticencias de los responsables políticos alemanes, el gobierno francés liberalizó los movimientos de capitales, y propuso al banco central alemán la unión monetaria dejando que las condiciones las pusiera Alemania. La que impuso fue la creación de un Banco Central Europeo (BCE), independiente del poder político y cuyo único fin era mantener un bajo nivel de inflación. Además, no podría otorgar préstamos a los estados miembros, los cuales deberían acudir a los mercados financieros y a la banca privada para obtenerlos; en cambio, la banca privada si podría obtener créditos del BCE a bajo interés.
Así nacía el euro, condicionado por:
1- Una política monetaria única para países con realidades diferentes y, sobre todo, divergentes en estructuras productivas y económicas, en niveles de productividad, y en demografía, entre otros.
2- La creación de un BCE independiente de cualquier gobierno u órgano elegido por sufragio universal.
La entrada en el euro de España se consideró por una mayoría de la población , de los partidos y la mayoría de los economistas como un paso adelante hacia la “modernización” del país, entendiendo esta como un conjunto de cambios en lo social, lo económico y lo cultural que superaran la losa histórica que durante 40 años tuvo esta nación . Por ese entusiasmo se cedieron porciones de soberanía, tanto de manera explícita como implícita, que quitaron herramientas al estado español para poder realizar aquellas políticas necesarias para mejorar la vida de la mayoría de la población. El sustrato teórico sobre las supuestas ventajas económicas que tiene dicha renuncia a parcelas de soberanía viene dada por la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (Optimal Currency Area), un ejercicio de economía normativa que parte de la premisa de que el dinero es fruto de la evolución de los mercados privados y cuya función es reducir los costes de transacción en los intercambios comerciales. Frente a esa concepción metalista del dinero de la que parte dicha teoría, hay otra concepción sobre el origen del dinero, la cartalista, que tiene que ver con el concepto de soberanía política y la autoridad fiscal de la nación, y que explica la regularidad bien robusta de que a una nación le corresponde una moneda, la cual le permite afrontar, en momentos de extrema necesidad, merced al poder de la creación de dinero, la movilización todos los recursos reales bajo su jurisdicción. Con el euro se ha implementado una moneda independiente de los estados y dependiente de los bancos y mercados financieros, centrada en conseguir mediante su escasez forzada (viso deflacionario del euro, pues lo único que importa al BCE es la inflación) un valor intrínseco que le permite competir por la demanda internacional de atesoramiento de riqueza en forma monetaria, para así desplazar a otras monedas, o dicho de otra manera, el euro nace como una moneda enemiga acérrima de la inflación y como tal pretende atraer a los capitales que buscan refugiarse de la inflación como si de un pseudo-oro se tratase.

http://cas.umkc.edu/econ/economics/faculty/wray/601wray/goodhart.pdf


II. Algunos beneficios y beneficiarios.

Costes, algunos evidentes y otros no tanto.

Entre los beneficios teóricos supuestos estaba la convergencia de los tipos de interés de las deudas publicas de la zona, que en último caso se volverían perfectos sustitutos unas de otras, merced a la desaparición de las primas de riesgo monetarias asociadas a la devaluación o a la inflación, si bien ya desde el 2000 la misma AMUE (Association for the Monetary Union of Europe) reconoció que al primer año de la UME ya se volvía a una senda de divergencia de los tipos. El proceso de divergencia se aceleró de manera dramática a raíz de la crisis financiera del 2008. Baste para ello recordar que las primas de riesgo de Irlanda, España o Italia frente a Alemania superan los 300 puntos básicos y el caso de Grecia es superior a los 1000 puntos básicos.
Entrando en los beneficiarios de dicha integración y sin ser esta relación exhaustiva podemos encontrar que:
Entre agentes económicos privados: todas las empresas y personas (trabajadores consumidores) que se veían sometidos a costes adicionales debidos al riesgo de tipo de cambio se deshacen de ello; las empresas que pueden acceder a mercados de capitales más extensos y hacer uso de los instrumentos de deuda (titulizaciones) que se puedan colocar en un mercado de capitales ampliado (costes de transacción reducidos o eliminados) les permite acometer procesos de expansión más ambiciosos. Los trabajadores de alta movilidad intraunión con pocos costes familiares y poco arraigo en el territorio disfrutarán de un espacio laboral ampliado.
Entre estados: dado que cada estado de la unión pasa a ser mero usuario de moneda, no puede crear moneda independientemente. Aquellos estados que tienen un sector exterior menos dependiente de la política cambiaria y que tengan una posición de exportadores netos van a tener una posición más segura debida a su abundancia de reservas en euros en el BCE, lo cual les puede permitir afrontar políticas anticíclicas sin verse penalizados con primas de riesgo por insolvencia crecientes al tener que recurrir a los mercados de capitales para adquirir reservas. Diciéndolo de otra manera más sencilla, si no tienes euros y quieres incrementar (o se te incrementa) el gasto del estado tienes dos opciones: o conseguirlos de tus vecinos gracias a exportarles más de lo que importas o debes pedir más euros a los mercados financieros, lo que estos ven como una posición de riesgo y por ello piden un tipo superior por prestártelos (primas de riesgo de insolvencia).
Entre los costes evidentes de la integración se encuentra la pérdida de soberanía monetaria que supone la pérdida de control sobre el tipo de interés y el tipo de cambio impidiendo el recurso a la devaluación. Es de notar que el periodo previo a la UME, con el colapso del SME que la precedió, dio buen anticipo de los costes en esta materia, ya que permitió a los especuladores en los mercados monetarios aceptar y ganar la apuesta contra los bancos centrales sobre si los niveles de reservas de divisas de alguno de estos eran capaces de sostener la cotización que dicho tipo fijo o banda de fluctuación determinaba.
Sin embargo, también se asumieron costes no tan evidentes a resultas de la integración en una moneda común:

Privatización de la financiación pública y exigencia.
En un contexto de moneda fiat (no convertible) con tipos de cambios flotantes, un estado soberano monetariamente con deudas denominadas en la moneda que monopoliza, no está sujeto en su gasto por restricción financiera alguna, el estado puede pues gastar libremente, siendo el riesgo del sobregasto la inflación. Al renunciar a la soberanía monetaria, la restricción financiera (por la necesidad de compensar las variaciones de reservas en el BCE) raciona el gasto del estado, y a medida que este incurra en mayores déficits, su fuente de financiación que son los mercados privados de capitales pueden reclamar mayores primas sobre el riesgo de insolvencia. El Banco Central puede garantizar que no se dé la insolvencia siempre en último término, pero ello supone el rescatar a los estados, lo cual está explícitamente prohibido en el artículo 125 del Tratado de Lisboa. Así pues, constatado que los mercados de capitales privados pueden forzar la política fiscal discrecional de los estados, cuando existe una recesión éstos se encuentran en el dilema de que, por un lado, los estabilizadores automáticos (menor recaudación, mayores transferencias sociales, etc.) llevan al presupuesto estatal hacia el déficit para poder compensar la caída de la demanda privada, mientras que, por otro lado, los mercados privados reclaman mayores primas de riesgo de impago y exigen la vuelta a niveles inferiores de déficit obligando a realizar la política procíclica (reducción de transferencias e incrementos impositivos) que reducen la demanda total y por ello el ingreso, constituyendo un circulo vicioso depresivo en el que el pago de intereses a los mercados financieros toma cada vez una mayor parte de los presupuestos gubernamentales menguantes.

Competitividad (Dumping) salarial y fiscal.
La propia teoría AMO (Areas monetarias óptimas), de donde parte el experimento del euro, revela estas dinámicas. Los mercados de capitales se encargarán de sancionar un intento del factor trabajo para mantener o ampliar su parte del ingreso nacional de manera que solo se acepten incrementos salariales iguales o inferiores al incremento de la productividad. Es más, dada la perfecta movilidad del capital, los estados se ven incentivados a no gravar a este factor que puede volar libremente a otra jurisdicción de la UME con menor presión fiscal, mientras que para compensar la caída que supone sobre la recaudación del estado grava al factor o las operaciones que más se fijan al territorio (ingresos sobre el trabajo, impuesto al consumo, etc.).

Especialización productiva conforme a un modelo centro-periferia.
Si bien en una zona monetaria con una autoridad fiscal común que trabaja en unión con el banco central no cobran tanta importancia los flujos comerciales dentro de las fronteras (balanza por cuenta corriente entre estados de USA), en la UME estos flujos sí tienen una importancia crucial. Esto es debido a que en el primer caso la autoridad fiscal compensará los desequilibrios en tasa de crecimiento y desempleo de la regiones mediante un mecanismo fiscal de transferencias (presupuesto federal e impuestos federales), asegurando un mínimo de cohesión al conjunto del área. En el segundo caso, al no tener ese mecanismo de compensación, la dinámica impone una especialización productiva con un centro que acapara las actividades de mayor valor añadido, mientras que la periferia se ocupa de la de menor valor, acentuando las diferencias en el desempeño de las regiones: las más prosperas mejoran a costa de las menos prósperas sin tener que dar transferencias a cambio. Si añadimos que las regiones menos prosperas recurrían con cierta regularidad a la devaluación para evitar su desindustrialización, con una unión monetaria el proceso de divergencia se exacerba al eliminar esa posibilidad, quedando solo como recurso las devaluaciones internas que no solo deprimen la demanda interna de esa región sino que esa deflación de precios y salarios alimenta un proceso de concentración de rentas y riqueza.

III. Pero ¿es esto realmente un AMO?

¡Y que importa que no lo sea!, lo importante es otra cosa.

Atendiendo a las condiciones expuestas en la teoría de Mundell los requisitos mínimos son:
1 Movilidad laboral y flexibilidad de salarios a través de la región: esto incluye capacidad física para viajar (visados, derechos de trabajadores) o eliminar barreras culturales para la libertad de movimientos (como sería el caso de distintos idiomas) o las barreras institucionales.
2. Movilidad de capital y flexibilidad de precios.
3. Un mecanismo automático de transferencia fiscal, que redistribuya el dinero hacia las áreas o sectores que se hayan visto desfavorecidos por las dos características antes señaladas.
4. Los países partícipes tienen que tener ciclos económicos similares.Que no se cumplan ni por asomo las condiciones teóricas en muchos de los países (con especial relevancia en los llamados PIIGS) no es óbice para que el mismo padre teórico defienda el proyecto, pues como Mundell reconoce “Monetary discipline forces fiscal discipline on the politicians as well“. Y en definitiva de eso se trata el euro: de disciplinar a los estados fiscalmente. O si lo vemos desde la perspectiva política, consiste en alejar de las manos de los representantes democráticos la toma de decisiones económicas.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro


IV Nadie podía prever este resultado, ¿o sí?.

El desastre del divorcio entre la moneda y el estado nación, sin existir ningún interés en crear una federación de estados para solucionar este problema, ya había sido denunciado durante más de 20 años por parte de la Teoría Monetaria Moderna en los países anglófonos y en la misma Europa, por la Teoría de Circuito Monetario, ambas muy cercanas: post-keynesianas y que parten de una aproximación al dinero cartalista (el dinero es producto del estado). Estos programas de investigación económica sí adelantaron tanto los mecanismos como las condiciones por las que se podría llegar a la situación actual.
 
 

V. Soluciones al desastre y aplicabilidad de las mismas en la Europa realmente existente.

Los escenarios para enmendar algo el desastre en el que nos encontramos en mi opinión son tres, algunos de ellos suponen una ruptura radical en las dinámicas depresivas expuestas, otros no tanto.
El primero sería el desarrollo de una entidad federal, compuesta por los países de la UME bajo control democrático de un parlamento con plenos poderes legislativos (entre ellos la elaboración de un presupuesto), que unificase de nuevo la soberanía monetaria con la fiscal. Esta entidad sería la encargada de poner en marcha las políticas anticíclicas necesarias, que consistirían en una expansión fiscal de calado suficiente como para volver a tasas de crecimiento que recuperen el empleo y reviertan el proceso de desigualdad económica tanto entre regiones como entre ciudadanos. Esta salida, que podría ser la ideal pues fortalecería y afianzaría el sentido de pertenencia a una idea de Europa social de los ciudadanos europeos bajo principios de solidaridad y cooperación, hay que ponerla en perspectiva respecto a su aplicabilidad. Los incentivos al desarrollo de ese federalismo se podrían concretar en: 1º, la población de los países periféricos está incentivada para conseguir un mecanismo de compensación fiscal (solidaridad entre socios) que amortigüe el shock asimétrico y estabilice la crisis social y la destrucción progresiva de sus economías; y 2º, el progresivo deterioro de la capacidad de compra de los países periféricos terminará dañando a las economías centrales que centran su desarrollo en el mercado exterior, lo que repercutirá en sus resultados económicos.
Por otro lado, hay desincentivos claros al desarrollo de tal federalismo. Desde el primer momento de creación de la UME, el planteamiento de una federación quedaba completamente fuera de los objetivos, lo cual explica tanto la configuración de un banco central independiente sin control de ningún poder democrático, como la nula capacidad legislativa del parlamento europeo frente a un órgano tecnocrático como la Comisión, que ostenta dicha capacidad. Un primer desincentivo es que los países centrales gozan de evidentes ventajas en el actual marco institucional, pues consiguen menores costes de financiación. Por otro lado, la percepción de riesgo de insolvencia en las economías periféricas lleva a una fuga masiva de depósitos hacia los países centrales, al pensar ingenuamente que dichos fondos quedarán a salvo de un posible impago de alguno de esos estados periféricos, así como de la posible depreciación de estos como consecuencia de un impago que termine expulsando al país de la zona euro. También se abren oportunidades de negocio en los países periféricos para los abundantes capitales del centro que permiten la supresión-absorción de competidores. En el caso de bienes de titularidad pública (merced a las privatizaciones), las oportunidades son si acaso mejores debido a la obligación, incluida en los mismos memorandos de entendimiento, de liquidar activos públicos para reducir el déficit presupuestario. Respecto al factor trabajo, la tasas de desempleo de los periféricos tienen una función disciplinadora, como amenaza frente a las veleidades distributivas ante la pérdida de posiciones en el ingreso nacional de los asalariados frente a los propietarios de capital de los últimos 30 años, acelerada desde principios de siglo y en especial desde la depresión creada por las políticas procíclicas. Un desempleo alto en España (o Grecia o Irlanda o Portugal) no es problema social ni político en Alemania (o Francia u Holanda) y sí, en cambio, un recordatorio a los trabajadores alemanes (franceses, etc.) de que o mejoran su competitividad o pueden ser tan prescindibles como los millones de desempleados periféricos que en última instancia pueden sustituirlos.
El segundo escenario consiste en seguir jugando con las reglas actuales, buscando dentro de ese entramado los resquicios por los cuales realizar las políticas económicas necesarias (uso de las bancas públicas, o uso intensivo del BEI). En ese sentido, es muy significativo que los diseñadores y gestores del actual proceso se estén dotando de más y más salvaguardas para evitar dicha flexibilidad por parte de los estados (al menos de los estados periféricos), poniendo fuera de la discusión política no sólo la política monetaria (prerrogativa del BCE) sino también la fiscal, blindándola judicialmente vía el TJE mediante la capacidad de imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no cumplan con las leyes de la Austeridad y obligando a los miembros a constitucionalizar la austeridad.
El tercer escenario, que es anunciado por el “stablishment” como el apocalípsis económico, sería la denuncia de los tratados poniendo fin a las reglas actuales y planteando a los estados la disyuntiva entre crear unas nuevas reglas (que nos lleven al primer escenario) o dar por finalizado el experimento de Eurolandia y que cada cual haga lo mejor para su población. Esta situación tiene todos los visos de ser la más probable dada la percepción cada vez más clara por parte de los ciudadanos europeos de que las instituciones creadas no merecen confianza (el caso de España es el más extremo), a lo que se suma el hecho de la culpabilización de los países periféricos entre la población de los países centrales, que está alimentando un proceso de odio que acentuará las tendencias centrífugas, odio que en los países periféricos se alimenta del sufrimiento que causan las políticas impuestas por el centro.
¿Qué nos queda entonces? O vivir esperando un milagro que nos lleve a la primera situación, o continuar por el calvario sin fin del segundo escenario que día a día se vuelve más arduo, o afrontar el hecho de que el “éxito” de un proyecto que funciona como se diseñó y no como se anunció es en realidad un fracaso para las ilusiones de la mayoría de la población europea, en especial las del pueblo español, lo cual implica reconocer que es preciso forzar un cambio de las reglas de juego o, caso de no ser esto posible, salir del mismo juego para crear otras.
Para acabar unas palabras de Paul Krugman que nos dan una idea de lo que supone realmente la perdida de la soberanía monetaria y que abandona (por fín) el mito del crowding out.
First, if you look around the world you see that the big determining factor for interest rates isn’t the level of government debt but whether a government borrows in its own currency. Japan is much more deeply in debt than Italy, but the interest rate on long-term Japanese bonds is only about 1 percent to Italy’s 7 percent. Britain’s fiscal prospects look worse than Spain’s, but Britain can borrow at just a bit over 2 percent, while Spain is paying almost 6 percent.
What has happened, it turns out, is that by going on the euro, Spain and Italy in effect reduced themselves to the status of third-world countries that have to borrow in someone else’s currency, with all the loss of flexibility that implies. In particular, since euro-area countries can’t print money even in an emergency, they’re subject to funding disruptions in a way that nations that kept their own currencies aren’t — and the result is what you see right now. America, which borrows in dollars, doesn’t have that problem.*
(*)En primer lugar, si nos fijamos en todo el mundo, se ve que el  factor más determinante  para los tipos de interés no es el nivel de la deuda pública, sino si el gobierno se endeuda en su propia moneda. Japón está mucho más profundamente endeudado que Italia, pero el tipo de interés de los bonos japoneses a largo plazo es de sólo 1%,  frente al 7% de Italia. Las previsiones fiscales de Gran Bretaña se ven peor que las de España, pero el Reino Unido puede pedir prestado a un poco más  del 2%, mientras que España está pagando casi un 6%.
Lo que ha ocurrido, parece ser, es que estando en el euro, España e Italia, se han puesto en la situación de los países del tercer mundo que tienen que pedir prestado en una moneda que no es la suya, con toda la pérdida de flexibilidad que ello implica. En particular, dado que los países de la zona euro no pueden imprimir dinero, incluso en caso de emergencia, están sujetos a trastornos financieros de un modo  en que no lo están aquellos países que mantuvieron sus propias monedas, y el resultado es lo que se ve ahora. América, que se endeuda en dólares, no tiene ese problema. “

Más Europa, ¿menos democracia?

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Por: Andrés Ortega | 28 de junio de 2012

Federalist PapersUna cosa es “compartir” y otra “ceder” soberanía, aunque ésta sea algo muy relativo en la era de la globalización. De ambos procesos hay mucho en la construcción europea y más que, es de esperar, vendrá. Pues ahora también se trata, de forma conjunta, de “recuperar” soberanía frente a los mercados y las economías emergentes, aunque ya parece olvidada aquella “refundación del capitalismo” que prometió Sarkozy tras la crisis de septiembre de 2008. Pero a la vez que se avanza, de una u otra forma, hay que tener mucho cuidado con la legitimidad democrática, pues su carencia puede, al final, echar por tierra todo el edificio, dado que hay un creciente divorcio entre la integración europea y la ciudadanía, los pueblos, de Europa, muchos de los cuales, al final,  incluido el alemán, tendrán que pronunciarse en referendos.
La cuestión del déficit democrático en la UE no es algo nuevo. Fritz W. Scharpf diferenció entre la legitimidad en origen (input), es decir cuando es el pueblo el que decide, y la legitimidad de resultados (output). La UE es un caso claro en el que ha predominando más ésta última, aunque no esté produciendo los resultados esperados ante la crisis.
A la vez, van creciendo los poderes independientes. El sociólogo francés Pierre Rosanvallon ha teorizado sobre el hecho de que independizar algunas decisiones no es antidemocrático, sino todo lo contrario. Vale para los comisarios europeos y especialmente para el de la Competencia, (que podría estar fuera de la Comisión) para los bancos centrales o para los reguladores a uno u otro nivel.
Pero la hoja de ruta que bajo el título de “Hacia una genuina Unión Económica y Monetaria” han dibujado las instituciones (presidente del Consejo Europeo en colaboración con los de la Comisión, del BCE y del Eurogrupo), de aprobarse, cambiaría en profundidad el proceso de integración europea. Llevaría a que “Bruselas” acabe decidiendo sobre las grandes líneas de los presupuestos de la UE, normal, y de cada miembro de la eurozona, no tan normal. Es verdad que se ha avanzado ya en esta dirección con el llamado Semestre Europeo que obliga a plantear, antes de la decisión de los parlamentos nacionales, las líneas generales de los Presupuestos de los Estados miembros ante la Comisión Europea para debate en el Consejo (por cierto que, de acuerdo con estos mecanismos el Gobierno español debe presentar sus perspectivas presupuestarias para 2013 y 2014 antes del sábado, lo que no es verosímil cuando aún está luchando por qué hacer en 2012). El filósofo Jürgen Habermas, ha sido muy crítico al respecto. Lo que se plantea ahora es que una especie de ministerio europeo de Finanzas, lo que llevará a que un ministro o comisario predecida y sancione en su caso sobre los presupuestos nacionales, aunque la última palabra la tengan los Estados reunidos en Consejo. Pero como ha declarado el comisario Almunia, ya se sabe que las “recomendaciones” de “Bruselas” acaban siendo “obligaciones”.

El futuro no debe ser una suerte de intervención permanente. Ante los rescates, los ciudadanos en las democracias liberales están aceptando una pérdida parcial de la soberanía nacional, pero solo si es temporal,  y si ven una relación causal clara entre el origen de los problemas y las medidas impuestas para solucionarlos y la luz al final del túnel.
Alemania, incluso si es necesario cambiando su Constitución por primera vez por referéndum, parece dispuesta a avanzar por esta forma de Unión Fiscal y Bancaria  a cambio de sostener el euro (aunque no, a que mutualice la deuda soberana de los países de la eurozona) y, quizás, a llegar a una garantía común de los depósitos bancarios. La propuesta de las instituciones de cara al Consejo Europeo, dice que se trata de “compartir decisiones sobre los presupuestos a cambio de compartir los riesgos”. Y de controlar los presupuestos y el sistema financiero de cada país a cambio de ayuda. En esto es comprensible la postura de Merkel. No habrá dinero alemán sin supervisión y control europeos de los bancos y de las cuentas nacionales.
Se insiste en que se trata de las grandes líneas presupuestarias –lo que acabará incluyendo los impuestos (la independencia americana se hizo bajo el lema de “no taxation without representation”)- y no de las decisiones concretas sobre si gastar en “mantequilla o cañones”, como se decía antes. O aún no. Pero no obstante esto significa seguir vaciando la democracia nacional sin remplazarla por una democracia europea para la que no hay demos sino demoi. Los que lo proponen son conscientes de que el ejercicio debe reformar la democracia y la transparencia. Merkel y Schaüble, desde hace tiempo, hablan de que los ciudadanos europeos lleguen a elegir al Presidente de la Comisión Europea y se refuercen los poderes del Parlamento Europeo. No bastará. Hay que involucrar más a los Gobiernos, es decir, esencialmente al Consejo Europeo,  y a los parlamentos nacionales.
La propuesta de las instituciones se refiere al protocolo 1 del Tratado de Lisboa (TFUE) que refuerza la información que llega a los parlamentos nacionales y potencia la Conferencia de órganos parlamentarios especializados. Son los alemanes los que más han pensado en esto, dadas las limitaciones que ha ido introduciendo su Tribunal Constitucional. Joshcka Fischer ha propuesto no solo dar más poderes al Parlamento Europeo, sino  crear una segunda cámara formada por delegados de los parlamentos nacionales, es decir, recuperar la antigua Asamblea.
Habermas ha sugerido que la Comisión lleve a cabo estas nuevas tareas de supervisión presupuestaria por la vía democrática del procedimiento legislativo ordinario, con la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que requeriría un cambio profundo de los tratados, algo que cada vez parece más inevitable aunque no sea para mañana.
Por otra parte, el calendario democrático de la eurozona, salpicado por las elecciones en 17 países con las consiguientes tensiones, en un contexto como este, se convierte en un problema para gestionar una crisis.
La solución para que se avance a la vez en la integración y en el control democrático se llama federalismo, aunque éste se haya convertido en un término tabú en Europa. ¿Están los gobiernos y los pueblos preparados para este gran salto adelante?

15 ó 16 bancos españoles estarán bajo supervisión del BCE

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Guindos: 15 ó 16 bancos españoles estarán bajo supervisión del BCE

MADRID (Reuters) – Quince o dieciséis bancos españoles pasarán a estar bajo supervisión del Banco Central Europeo cuando entre en funcionamiento el mecanismo supervisor único del bloque, dijo el jueves el ministro de Economía español, Luis de Guindos, que señaló que eso representaba más del 80 por ciento del sistema financiero del país.

Los 27 ministros de Finanzas del bloque acordaron el jueves tras largas negociaciones otorgar al BCE la autoridad para supervisar directamente al menos 150 de los mayores bancos de la zona euro e intervenir en los más pequeños a la primera señal de que puedan tener problemas.

“España es un país que tiene un sistema bancario de grandes instituciones por tamaño y prácticamente la mayoría de las mismas van a estar bajo la supervisión del Banco Central Europeo. Son 15-16 instituciones”, dijo De Guindos a periodistas a la salida de la reunión del Ecofin en Bruselas.

El ministro español subrayó que el acuerdo sobre supervisión bancaria única era un primer paso crucial hacia una unión bancaria más amplia, que debía continuar con la creación de un fondo de garantía de depósitos y un fondo de reestructuración y resolución bancaria.

Europa logró un acuerdo el jueves para dar al Banco Central Europeo nuevos poderes para supervisar a los bancos de la zona euro a partir del 2014, embarcándose en el primer paso en una nueva fase de mayor integración para ayudar a apuntalar al euro.

Después de más de 14 horas de conversaciones y siguiendo meses de tortuosas negociaciones, los ministros de Finanzas de los 27 países de la Unión Europea acordaron entregar al BCE la autoridad de supervisar directamente al menos 150 de los mayores bancos de la zona euro e intervenir en bancos más pequeños a la primera señal de problemas.

Este es un primer gran paso para la unión bancaria”, dijo el comisario europeo Michel Barnier en una conferencia de prensa. “El BCE jugará un papel fundamental, no hay ambigüedad sobre eso”, agregó.

Después de tres años de medidas parciales en la lucha contra la crisis, acordar una unión bancaria establece la piedra angular de una mayor unión económica y marca el primer intento concertado para integrar la respuesta del bloque frente a los bancos en problemas.

El nuevo sistema de supervisión debería estar en funcionamiento el 1 de marzo del 2014, tras conversaciones con el Parlamento Europeo, aunque los ministros coincidieron en que podría retrasarse si el BCE necesita más tiempo para estar listo.

El plan pone en marcha una de las más grandes revisiones de cualquier sistema bancario europeo desde la crisis financiera iniciada a mediados del 2007 con el colapso del banco alemán IKB. Corresponde ahora a los líderes de la UE, que se reunirán en Bruselas el jueves y el viernes, darle su respaldo político completo.

La red wi-fi de la agencia Efe la unica que no sufrio apagón en el Congreso

La llegada de Draghi provoca un apagón en las comunicaciones del Congreso

Los servicios del Congreso han cortado esta mañana la señal wi-fi y han utilizado inhibidores de frecuencia para limitar el funcionamiento de las líneas 3G. Todo con un objetivo: evitar que las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, a sus señorías trasciendan más allá de la reunión que se celebra a puerta cerrada y sin taquígrafos.

La decisión del Congreso de bloquear el acceso a la red durante la comparecencia de Draghi ha cogido por sorpresa a los diputados de la Izquierda Plural que habían anunciado su intención de retransmitir en directo las palabras del presidente del BCE a a través de una web creada para la ocasión.

El bloqueo digital impuesto en la Cámara Baja ha causado un caos entre los periodistas acreditados, que han tenido que seguir haciendo su trabajo sin conexión a internet, con dificultades para utilizar sus teléfonos móviles y sin señal de ningún tipo para poder comunicarse con el exterior. Tan solo la red wi-fi de la agencia Efe ha seguido funcionando mientras Draghi estaba en el Congreso de los Diputados.

Esta crónica ha sido dictada desde un teléfono público, dado que la señal va y viene y no permite realizar el trabajo correctamente.

Así será el rescate de la banca española: las claves del memorando de entendimiento

rtve.es

  • Hay condiciones para los bancos con ayudas, el sector financiero y el país
  • Se fija un calendario de cumplimiento y un control exhaustivo del proceso

DANIEL FLORES / PEDRO L. MANJÓN – MADRID 10.07.2012

El borrador del memorando de entendimiento, el contrato que firmará España el próximo 20 de julio para poder acceder al rescate de hasta 100.000 millones de euros para respaldar a la banca, establece 32 condiciones que el Gobierno deberá cumplir en las fechas marcadas para recibir el dinero que solicite.

El proceso comienza con la identificación de las necesidades precisas de capital de cada una de las entidades financieras, fija condiciones tanto para el sector financiero como para el conjunto del país y está sometido a un control exhaustivo por parte de las autoridades europeas. Estas son las claves de ese contrato:

¿Cuánto dinero pone la UE y cómo deberá devolverlo España?

El documento señala que España dispone de hasta 100.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, en sus siglas en inglés), es decir, el fondo de rescates que ha auxiliado a Grecia, Irlanda y Portugal, no el fondo permanente que está punto de entrar en vigor.

Podrá solicitar la cantidad que necesite -las auditorías independientes indican un máximo de 62.000 millones– a lo largo de 18 meses, el período de vigencia del programa, aunque por el momento recibirá 30.000 millones de euros este mismo mes para las necesidades más inmediatas. Cualquier uso de este dinero tendrá que tener el visto bueno de la Comisión Europea y el BCE.

El borrador del memorando no especifica los plazos de devolución ni los tipos de interés, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que habrá hasta 15 años para devolver los préstamos y que el interés será inferior al 4%.

Según ha filtrado el Gobierno holandés, el rescate se hará en cuatro tramos y tres se destinarán a la recapitalización. El primero de un máximo de 45.000 millones que se entregará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a mediados de noviembre, de un máximo de 15.000 millones a finales de diciembre, y otro pago de hasta 15.000 millones a finales de junio de 2013.

El cuarto tramo, de hasta 25.000 millones, servirá para financiar las sociedades de gestión de activos, es decir los bancos malos que tendrán que crear las entidades que requieran ayuda pública hasta noviembre para aislar los activos problemáticos.

¿Cómo se sabrá cuánto dinero necesitan exactamente los bancos?

El memorando establece, en primer lugar, que se deben conocer las necesidades de capital de todos y cada uno de los bancos españoles. Se hará mediante la revisión de todos los activos bancarios a través de una prueba de estrés individual. Así, cuando en septiembre se conozcan los resultados de las pruebas de resistencia que cuatro auditoras (PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG) realizan a los 14 grupos bancarios más importantes del país y que suponen el 90% del sistema, el sector financiero español se dividirá en cuatro grupos:

  • Grupo 0: entidades que no necesitan capital adicional (probablemente, solo el Grupo Santander, el BBVA y CaixaBank) y que no tendrán exigencias adicionales;
  • Grupo 1: entidades controladas por el FROB (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia);
  • Grupo 2: entidades que necesiten capital adicional, no puedan incrementar ese capital por sus propios medios y necesiten ayudas estatales;
  • Grupo 3: entidades que necesiten capital adicional y no necesiten de ayudas públicas para lograrlo.

Una vez conocidas las necesidades de capital, se tomará una decisión sobre el futuro de cada banco, optando entre recapitalizarlo, reestructurarlo o liquidarlo. En última instancia, será la Comisión Europea quien decidirá, antes de finales de año, qué hacer con cada entidad, ya que debe aprobar los respectivos planes de recapitalización o reestructuración.

¿Qué condiciones se exigirán a los bancos que pidan ayuda?

Aquellos bancos que necesiten fondos públicos tendrán que demostrar su viabilidad sin necesidad de más ayudas estatales en el futuro, mediante un plan de reestructuración. Los planes deben centrarse en la capacidad del banco de generar valor para los accionistas y también deberán recoger los costes derivados de la reestructuración.

Además, deberán basarse en una reducción significativa de las áreas de negocio que no sean rentables, con venta de activos, mejora del gobierno de las entidades, cierre de oficinas y recortes de personal. Además, se prohíbe el reparto de dividendos.

Los accionistas, los titulares de capital híbrido (como las participaciones preferentes) y los de deuda subordinada tendrán que asumir parte de las pérdidas, de manera que todo el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas. El Gobierno deberá tomar las medidas legislativas necesarias para obligar a accionistas y a titulares de híbridos a asumir la mencionada quita si no se pudiera llegar a un acuerdo voluntario sobre el reparto de la carga.

Aquellos bancos que no coticen en bolsa deben presentar un calendario creíble para una eventual salida al parqué. Asimismo, las autoridades españolas se comprometen a limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de todas las entidades que reciban ayudas.

Cuando los bancos no sean viables, España deberá presentar planes de liquidación ordenada de las entidades. La viabilidad o no de una entidad será determinada por el Gobierno y la Comisión Europea.

Estos planes deben ser compatibles con los objetivos de mantener la estabilidad financiera, minimizar la carga de estos procesos de liquidación sobre los contribuyentes, así como dejar que las entidades sanas adquieran sus activos y pasivos de forma competitiva.

Además, las entidades deberán segregar los activos tóxicos en lo que el documento denomina empresa externa de gestión de activos, es decir, un banco malo (o varios), tal y como estableció en su momento el Gobierno y ha subrayado la Comisión Europea.

Estos bancos malos deberán estar funcionando a pleno rendimiento en noviembre de 2012, por lo que el Ejecutivo deberá implantar la legislación antes, y la transferencia de los activos desde las entidades a los bancos malos se hará a precio real, por lo que tendrán que contabilizar pérdidas en sus balances cuando segreguen esos activos.

¿Y a los bancos que no pidan ayudas pero necesiten capital?

Los bancos del Grupo 3 deberán presentar planes de recapitalización creíbles antes de octubre en los que demuestren que son capaces de satisfacer esas carencias sin recurrir a la inyección pública.

Sin embargo, y para evitar dudas, las entidades que necesiten aumentar su capital en más de un 2% serán recapitalizadas con dinero público como precaución. Los bancos deberán emitir bonos convertibles contingentes (‘cocos’, en el argot financiero) suscritos por el FROB antes de diciembre.

Las entidades tendrán hasta junio de 2013 para devolver ese dinero. Si no lo hacen, serán nacionalizadas (en parte) y deberán presentar un plan de reestructuración.

Los bancos del Grupo 3 que necesiten menos de ese 2% de capital no serán recapitalizados de esa manera y tendrán hasta el 30 de junio de 2013 para captar el dinero que necesitan. Si no lo logran, también tendrán que presentar planes de reestructuración.

¿Qué condiciones se exigirán al conjunto del sector bancario?

Todos los bancos deberán tener, al terminar el año, un capital básico de al menos el 9% y hasta 2014 no reducir su nivel de capital básico sin la autorización del Banco de España. Además, el Gobierno deberá revisar la normativa sobre provisiones, el dinero que los bancos deben guardar para afrontar posibles pérdidas.

Desde el punto de vista de la supervisión, el Ministerio de Economía deberá traspasar al Banco de España las competencias sancionadoras y la concesión de licencias bancarias antes de que acabe el año.

Asimismo, el propio organismo supervisor deberá llevar a cabo una revisión completa de sus procedimientos de inspección y de toma de decisiones antes de que termine el mes de octubre. “Específicamente, las autoridades analizarán la necesidad de cualquier mejora necesaria en la comunicación a los responsables de adoptar decisiones de vulnerabilidades y riesgos del sistema financiero, para garantizar la adopción de acciones correctivas”, señala el documento.

Además, exige que el Gobierno elabore antes de novimebre una legislación que reforme las cajas de ahorro para que no puedan controlar bancos como accionistas, lo que desmonta el actual sistema de fusiones de cajas.

Por último, pide que el Ejecutivo prepare una normativa específica de protección de los consumidores, por ejemplo, para “limitar la venta de instrumentos de deuda subordinada” y de cualquier otro tipo de productos financieros que no cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, como las participaciones preferentes.

¿Qué condiciones macroeconómicas se exigirán al Gobierno?

Aunque la condicionalidad está limitada al sector financiero, el documento señala que hay “una estrecha relación entre los equilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero y por eso el progreso con respecto a la implementación de los compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales (…) será vigilado regularmente y de cerca“.

En otras palabras, el Eurogrupo deja claro que el préstamo a la banca está ligado al cumplimiento no solo de las condiciones impuestas al sector financiero, sino también de las condiciones macroeconómicas exigidas al Gobierno que, como subraya Bruselas, son obligaciones. Así, en primer lugar se exige que España cumpla con los objetivos de déficit, que en el borrador están sin especificar, aunque el Ecofin ha acordado este martes que sean del 6,3% este año, 4,5% en 2013 y 2,8% en 2014.

Además, se piden una serie de reformas estructurales, a saber:

  • poner en  marcha un sistema de impuestos acorde con los esfuerzos de consolidación fiscal y que proporcione mayor soporte al crecimiento económico, en referencia a una posible subida del IVA;
  • eliminar las bonificaciones fiscales por compra de vivienda;
  • implementar las reformas del mercado laboral y  adoptar medidas adicionales para aumentar la efectividad de las  políticas activas de empleo;
  • medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, reducir los plazos en la concesión de licencias para desarrollar actividades económicas y eliminar las barreras para hacer negocios;
  • completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos y abordar de una forma exhaustiva el problema del déficit de tarifa eléctrica.

¿Cómo se controlará el cumplimiento del acuerdo?

La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea (EBA; en sus siglas en inglés) “verificará en intervalos regulares las condiciones” vinculadas al plan y su cumplimiento con “misiones” e informes trimestrales por parte de España.

Las autoridades españolas deben proporcionar a la troika y al Fondo Monetario Internacional datos semanales de los depósitos y la liquidez de los bancos, así como datos trimestrales de los balances bancarios, los préstamos y el capital de que disponen las entidades. Las entidades controladas por el FROB deberán presentar sus datos con horizonte a uno, tres y seis meses.

Estos requisitos de información no excluyen la posibilidad de que se soliciten más datos y, en paralelo, técnicos de Bruselas vigilarán el cumplimiento de reformas para paliar el déficit excesivo y los desequilibrios macroeconómicos

Fuente: Cinco dias

19 noviembre , 2012 | 23 : 33

Un año de Gobierno: un balance

Varios periodistas han llamado a este economista observador para hacer un balance de un año desde las elecciones generales. En términos económicos con un record histórico de la tasa de paro y acabaremos el año 2012 con 800.000 desempleados sin duda es un pésimo año. Cómo siempre he contado nuestra querida España sufre un problema de sobreendeudamiento, mayoritariamente privado. La mayor parte bancario y con el exterior. Por lo tanto, la digestión del sobreendeudamiento es lenta. No es justo mezclarlo con el ciclo político y culpar de todo a este gobierno, igual que era injusto hacerlo con el anterior.

Por lo tanto, la evaluación de un año de gobierno se debe hacer por sus medidas y el resultado de las mismas. Empecemos por las medidas acertadas. Sin duda la mejor medida que ha tomado este gobierno fue el pago a proveedores. Aprovechando las subastas extraordinarias del BCE a tres años inyectó 30.000 mill de euros a las empresas y es la principal causa de que la destrucción de empleo y la caída de la actividad haya frenado su deterioro el pasado verano.

La subida del IRPF a las rentas altas también fue acertada. Es evidente que los manuales no recomiendan subir los impuestos en una economía en recesión, pero el gasto público debe financiarse de manera estable y por desgracia en nuestra querida España tenemos serios problemas de financiación del déficit y el ajuste fiscal es una necesidad. Dentro de la subida de impuestos esta es la que menos impacto tiene sobre el consumo y sobre el empleo. Prorrogar los 400€ a parados que han agotado su prestación y no tienen otras rentas familiares es otro acierto, aunque al Gobierno le costó tomar la decisión y sólo lo hizo cuando fue un clamor popular por la presión de la oposición socialista.

Aquí acaba la lista de aciertos y empieza lo de los errores. El principal es un error grave de diagnóstico y conceptual del tipo de crisis al que nos enfrentábamos. Cuando Rajoy decía en la campaña que iba a crear empleo y a reactivar el crédito como hicieron en 1996, el problema es que la realidad ha demostrado que se lo creía. De lo contrario no habría aflorado déficit en diciembre y habría tardado 4 meses en presentar un presupuesto, mientras en nuestra querida España se producía la mayor fuga de capitales de la historia.

De lo contrario, no habría aflorado pérdidas de 50.000 millones en nuestro sistema bancario en febrero y no habría inyectado el capital público hasta diciembre y forzado por el rescate y el Memorandum de la Troika. Tampoco habría montado el sainete de la intervención de Bankia en el que se enfrentaba a sus compañeros de partido. Cómo le dijo a este economista observador un alto responsable europeo “después de Bankia España pasó a monopolizar las agendas de los comités europeos”

Entre enero y agosto de 2012 los inversores internacionales sacaron de España más de 200.000 mill. el 20% del PIB. 120.000 mill de inversiones interbancarias a corto plazo. Esta es la causa de que estemos ante la mayor intensidad de restricción de crédito de nuestra historia, que las empresas se vean obligadas a cerrar y que el desempleo haya batido records.

Como siempre recomiendo el pasado no se puede cambiar y conviene vivir en el presente, mirando al futuro. El problema es que me temo que el próximo año estaremos aún mucho peor. Lamentablemente ya hemos entendido la enfermedad pero vamos a cometer los mismos errores de medicación que en Irlanda y en Portugal. Nuestro banco malo ha copiado los vicios del irlandés. Oliver Wyman estresó el balance y se producían pérdidas de unos 250.000 mill de euros. Nosotros con alquimia financiera lo vamos a resolver con una inyección de capital de unos 35.000 mill. Además el dinero no entrará en liquidez sino con bonos del ESFS para descontar en el BCE. Y parece que volveremos a dar los malditos cocos a entidades que están descapitalizadas, con serios problemas de liquidez y apenas tienen márgenes.

Tenemos un problema en la deuda de las familias y resolvemos con decretos de buenas prácticas. Si no funcionan hacemos un modificado a las buenas prácticas. Si hay un problema con las preferentes que las compren los bancos sanos. Si que hacer vivienda social que la hagan los propios bancos. Cómo sigamos así cerraremos la AEB y traeremos a las hermanas de caridad de Calcuta. Es una desgracia que nos hayan rescatado pero ya que ha sucedido usa los 100.000 mill. Cuanto antes sanees, antes pararás la fuga de capitales y antes se reactivará el crédito.

En la política fiscal vamos por la vía portuguesa. Nos estamos aventurando a un rescate que no durará menos de dos años con unas previsiones que el propio Comisario Rehn considera poco realistas. Cómo en Portugal en 2011 nos dicen que el próximo año el PIB caerá un 0,5%. Pero la caída superará el 2%. Nos dicen que cumpliremos el déficit. No cumpliremos el déficit y habrá nuevas medidas de ajuste en primavera. Nos dicen que con el EFSF y con el BCE seguiremos emitiendo deuda en los mercados. Estamos a un escalón del bono basura con perspectiva negativa y eso estigmatiza y te limitaba enormemente el acceso a los mercados, en el mejor de los escenarios.

Deberíamos dejar de centrifugar déficit para 2013, hacer un cuadro macro realista y sumarnos al carro del FMI que recomienda retrasar el objetivo del 3% hasta 2016. Deberíamos reconocer nuestros errores, abandonar la bandera de la austeridad extrema y exigir junto a Hollande que los países que no están asediados por los mercados aprueben urgentemente estímulos fiscales. Deberíamos negociar cuanto antes el rescate para que el BCE inicie sus compras de bonos. Deberíamos exigir una reestructuración completa y un Plan Marshall para Grecia. Si Grecia acaba saliendo el Euro, nosotros seremos los más perjudicados.

Pero claro todo esto es un lío. Es mucho más sencillo pensar que estamos saliendo de la crisis y que el próximo año bajará la tasa de paro.

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