El 15-M define como «ley del miedo» la nueva norma sobre seguridad ciudadana Leer más: El 15-M define como «ley del miedo» la nueva norma sobre seguridad ciudadana

FUENTE

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –

   Los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M consideran que con el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas prevé multas de hasta 30.000 euros por «insultar o amenazar» a un policía en una manifestación, el Gobierno pretende «imponer la ley del miedo» y «criminalizar cualquier acto de protesta» como ya ocurría en la «época de la represión franquista».

   «Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca», ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral.

Según Mayoral, se trata de «una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática» ya que «es represiva y tiene por objetivo limitar y restringir los derechos de las personas para acabar con el ejercicio de las libertades». «Es más que cuestionable que esta ley sea legal», ha agregado.

«Es fascismo puro», ha asegurado en esta misma línea a Europa Press el también miembro de la PAH, Chema Ruiz, quien ha añadido que el anteproyecto que el Ministerio del Interior prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes no es más que la forma que ha encontrado el Gobierno «para generar la mayoría silenciosa de la que siempre habla el presidente Mariano Rajoy».

CONTRA LAS PRÁCTICAS DEL 15-M

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma «recuerda a las peores épocas de la represión franquista» así como que supone «un ataque directo» a los «modus operandi» y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso.

Precisamente, el anteproyecto ya ha sido bautizado en estas redes sociales como ‘Ley anti 15-M’. Entro otras cosas, la futura norma contemplará como infracción «muy grave», sancionada con hasta 600.000 euros, el uso y la distribución a través de estas herramientas de imágenes de policías.

«Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Estamos yendo a un Código Penal y a leyes de un sistema totalmente autoritario. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento», ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol –una de las vertientes del 15-M en Madrid–, cree que la futura ley es una «muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía», así como una norma «hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M». «Plantea todas las protestas como ilegítimas», ha sentenciado uno de sus miembros en declaraciones a Europa Press.

«Pensamos que tienen que hacer esta ley porque ven que las cosas que hacemos en la calle les afectan y quieren acabar con ellas. Es una manera de saber que lo estamos haciendo bien», ha señalado Marta, miembro de la Comisión de Difusión en Red del 15-M madrileño, quien ha advertido de que no tienen intención de dejar de protestar para mostrar el descontento con el Gobierno. «Tenemos mucha capacidad de innovar», ha añadido.

La Coordinadora 25-S, convocante de las protestas que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, también considera que la norma es «una reacción ante las respuestas populares y sociales y en concreto ante las nuevas formas de protesta». «Se incluyen apartados que hacen referencia a ‘escraches’ y a movilizaciones en torno al Congreso, que tienen mucho que ver con las de la PAH o las nuestras», ha afirmado René, uno de los miembros de la Coordinadora.

«Cuando el régimen siente que está aplicando una serie de medidas que están provocando mucho sufrimiento y que está habiendo respuesta social lo que hace es blindarse. Cuando le falla la legitimidad social aumenta la represión, pero las respuestas sociales van a seguir», ha sentenciado en declaraciones a Europa Press.
Leer más:  El 15-M define como «ley del miedo» la nueva norma sobre seguridad ciudadana  http://www.europapress.es/nacional/noticia-15-define-ley-miedo-nueva-norma-seguridad-ciudadana-20131119135004.html#AqZ1EXS01tGir6QZ
Consigue Links a tus Contenidos en  http://www.intentshare.com

Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso

FUENTE

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana recogerá como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución del Estado si esta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, o si habiéndolo hecho, se prohíbe. Pero no sólo participar en la protesta será objeto de castigo: aquellos que la hubieran convocado a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía podrán ser también sancionados por haber cometido una infracción muy grave. Las posibles multas para unos y otros oscilarán entre los 30.001 y los 600.000 euros, según el Ministerio del Interior.

Todavía resonaba el eco de la huelga general del 29 de marzo de 2012 cuando Jorge Fernández Díaz anunció que convocar una protesta que acabara en disturbios sería delito. Al mismo tiempo, advirtió que la resistencia pasiva también estaría incluida en el nuevo Código Penal. El ministro de Justicia aseguró seis días después que ninguna de esas dos acciones se planteaban en el borrador que su departamento preparaba. Un año y medio después de aquel desencuentro, el Gobierno tiene listo un Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con 55 infracciones que vienen suplir la ausencia de faltas en el nuevo Código Penal. Así, de las 39 infracciones que recoge actualmente la ‘Ley Corcuera’ pasará a haber 55. De esas 55 infracciones, 21 serán muy graves, como las protestas no autorizadas ante el Congreso.

La Audiencia Nacional frenó hace un año en seco el intento de Interior de atribuir a los manifestantes de ‘Rodea el Congreso’ y a los convocantes de la protesta un delito contra las altas instituciones del Estado. El Código Penal tipifica como delito «alterar» el normal funcionamiento de la Cámara cuando los diputados estén reunidos. Cuando se apruebe la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no será necesario ni que haya un solo diputado dentro para que el convocante o el manifestante sea acusado de cometer una infracción muy grave y ser castigado con hasta 600.000 euros.

Aquella manifestación del 25 de septiembre de 2012 ante el Congreso sólo le valió imputaciones a manifestantes acusados de protagonizar altercados violentos a su término. Pero sus consecuencias han ido mucho más allá. El Ministerio del Interior y el PP, por una parte, y los convocantes y manifestantes por otra, libraron una batalla por atribuir al otro la responsabilidad de los incidentes. El departamento de Jorge Fernández Díaz defendió las cargas como proporcionadas a la amenaza que representó la protesta y aunque no le quedó más remedio que abrir una investigación por la actuación policial en la estación de Atocha, dejó durante meses el expediente en suspenso hasta que lo cerró sin responsables.

Uno de los argumentos de los manifestantes eran las imágenes grabadas por ellos mismos con sus teléfonos móviles. Pues bien, la difusión de imágenes de antidisturbios durante las manifestaciones también pasará a constituir una infracción muy grave, castigada hasta con 600.000 euros. «Insultar, vejar, amenazar o coaccionar» a los miembros de las Fuerzas de Seguridad constituirá una infracción grave, con multas de 1.001 a 30.000 euros, mientras que difundir en Internet datos de los agentes que se entiendan como un atentado contra su intimidad o la de su familia, o que contribuyan a desbaratar una operación, será castigado igualmente con multas de hasta 600.000 euros. Con la nueva Ley, constituirá una infracción grave no entregar el DNI al policía que lo reclame.

Por lo demás, taparse la cara con una capucha, una gorra o un casco supondrá igualmente una fuerte multa –infracción muy grave- si se ha hecho para alterar el orden público en una manifestación, independientemente de que la acción cometida sea por otra parte considerada delito. Finalmente, y en contra de lo que avanzó la semana pasada Fernández Díaz, el escrache no constituirá una infracción en sí, según fuentes de Interior. Sin embargo, la existencia de esta nueva forma de protesta ha motivado que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana capacite a la Policía para establecer cordones de seguridad cuando considere que se está dando una de estas acciones, que el Gobierno denomina «de acoso».

Protestas ecologistas

En el capítulo de desobediencia civil también se ven afectados aquellos que protagonicen protestas de contenido ecologista. Por ejemplo, los activistas que sobrevuelen una central nuclear para llamar la atención sobre los efectos adversos de ese tipo de energía cometerán una falta muy grave, al igual que los que lo hagan sobre un aeropuerto o cualquier infraestructura considerada «crítica». Si otro tipo de manifestantes optan por colapsar con sus vehículos una arteria, como hizo en Catalunya el movimiento que se opone al pago de peajes, las Fuerzas de Seguridad tendrán potestad para disolver la protesta, según la nueva Ley. Escalar a un monumento o edificio emblemático será considerado falta grave.

Interior asegura que para elaborar el Anteproyecto no solo se ha reunido con sindicatos de Policía sino también con organizaciones vecinales y asociaciones de padres de alumnos. De hecho, de las infracciones cometidas por los menores deberán responder sus padres. El Ministerio cree que esa medida funcionó en el combate de la ‘kale borroka’ en Euskadi y Navarra y por eso la incluye ahora en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Por debajo de las infracciones muy graves estarán las catalogadas como “graves”, castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros y las leves, que conllevan el pago de entre 100 y 1.000 euros. Desde el Ministerio del Interior se recuerda que los tres tipos de faltas y las multas que conllevan no suponen modificación alguna respecto al texto ahora vigente. En el apartado de infracciones graves se sitúa por ejemplo ofrecer o reclamar sexo cerca de colegios, parques u otras zonas frecuentadas por menores. De igual forma se castigará el ejercicio de la prostitución en las carreteras o vías de servicio, al poner en riesgo la seguridad vial.

Una planta de marihuana, falta grave

En cuanto a la tenencia y consumo de drogas, se continuará castigando con multas ambas actuaciones en la vía pública y el abandono en la misma de utensilios relacionados con el transporte o consumo. Y una novedad: si plantar marihuana en una determinada cantidad ya era delito si tenía por objeto el tráfico de estupefacientes, ahora se multará el cultivo de cantidades que no tengan tal fin y, por tanto, no estén destinadas al narcotráfico sino al consumo.

Otras infracciones graves serán el consumo de alcohol en la calle si perturba la tranquilidad, maltratar a animales en espectáculos no autorizados, participar o las denominadas “cundas”, que trasladan a los toxicómanos desde el centro de las ciudades a los poblados de la droga situados

La nueva esclavitud

FUENTE

Presentamos a continuación dos recopilaciones, una sobre la situación laboral mundial de mano de nuestro “altereconomista” favorito, Juan Torres López y otro sobre la desigualdad en la distribución de la renta de la mano de Justo Zambrana, subsecretario del Ministerio del Interior, donde comprenderemos en grandes cifras las nuevas clases o niveles sociales formados en la contemporánea sociedad global.

Juan Torres López nos muestra rápidamente unos datos sobre la situación laboral mundial que asustan solo con mirarlos en: La nueva esclavitud. Pasados unos años tras la publicación del tan polémico como revelador libro de No Logo, donde descubríamos que niños del tercer mundo fabricaba nuestras amadas zapatillas Nike, podemos ver cifras del trabajo desde el punto de vista macroeconómico a escala mundial.

Un informe reciente que la OCDE titulado Is Informal Normal? proporciona datos elocuentes y estremecedores sobre las condiciones laborales en el planeta, entre los que saco los siguientes:

– En el mundo hay 1.800 millones (60%) de trabajadores sin contrato laboral ni protección social frente a 1.200 millones que sí lo tienen.

– De esos 1.800 millones, 700 millones ganan menos de 1,25 dólares diarios y 1.200 millones con menos de 2 dólares diarios.

– La proporción de trabajadores sin contrato ni protección social (excluyendo los trabajadores de la agricultura) es del 75% sobre el total de la población trabajadora en el África Subsahariana, del 66% en Asia del Sur y Sudeste, del 50% en América Latina, Oriente Medio y África del Norte, y del 25% en los llamados países europeos en transición. Pero el informe afirma que si se incluyesen los trabajadores de la agricultura la proporción sería mucho mayor. Del 90% en el Sudeste de Asía, por ejemplo.

– En lugar de disminuir, la informalización del trabajo tiende a crecer y lo hará especialmente como consecuencia de la actual crisis.

Se dice pronto: ¡el 60% de los trabajadores del mundo trabajan sin contrato y sin protección social! Y a ellos habría que añadir los que no trabajan ni tienen ingreso, y los que trabajan sin cobrar!
Lo sorprendente es que todavía se siga pensando que el capitalismo es el sistema que trae progreso y bienestar y que es insustituible. Podemos aceptar que aún no hayamos sido capaces de crear una alternativa sólida a este estado de cosas infernal e inhumano. Pero me parece que de ahí a establecer que esto es lo mejor que puede haber sobre la Tierra hay una distancia que solo pueden saltar los que consciente o inconscientemente ignoran la realidad o los que se aprovechan de estas situaciones para disfrutar de privilegios. ¿O es que esos datos no son la prueba innegable de que el capitalismo “exitoso” que vivimos en nuestros días está basado en una nueva forma de esclavitud?
Se dice ahora que ha fallado el sistema financiero pero no es así, lo que falla de verdad es el capitalismo… Y, claro está, fallamos los seres humanos que somos incapaces de superarlo y de crear nuevas y más humanas formas de vivir en el planeta.

Me gustaría añadir aquí que lo que falla realmente es la condición humana; al fin y al cabo a lo largo de la historia humana ha habido muchos sistemas y muchas civilizaciones y finalmente la mayoría se ha corrompido hasta que era insostenible la diferencia entre ricos y pobres. Siempre he creído que cualquier sistema que busque la justicia tenderá a la equidad. ¿Utopía? Que lastima…

Citando a Justo Zambrana, subsecretario del Ministerio del Interior, en un artículo en El País digno de leer, titulado Crisis: ¿no será la distribución de la riqueza?, describe la situación en EEUU como “desde 2002, los beneficios empresariales han crecido ocho veces más que los salarios, y por eso no sorprende que los ricos hayan incrementado su riqueza nueve veces más deprisa que los pobres”. Y añade: “Para muestra, un botón: el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (0: igualdad absoluta, todos iguales. 1: desigualdad absoluta, uno se lo llevaría todo), en Europa se mueve entre el 0,25 y el 0,35; en España, por cierto, es el 0,34. En Estados Unidos es el 0,40, y en la comunista China, el 0,46″. A mi me da que en estos momentos todos los sistemas están podridos y es llamativo el caso de España, 0,34 en comparación con el 0,40 de ese EEUU que acabamos de ver como a evolucionado desde el 2002.

En fin, la situación laboral esta mal a nivel mundial y mal en los “países desarrollados”. Creando las nuevas clases -o niveles- sociales: los nuevos esclavos de la producción (el esclavo de Nike) y los nuevos esclavos del consumo y la banca (el esclavo del €uribor, al menos con prestación social; aunque claramente, cada vez más precaria).

Un saludo a la generación de mileuristas!!

Fuente fotografía: http://www.ucm.es/info/adnrecal/

El ‘caso Interligare’ revela que Interior gastó 1,6 M. en dos sistemas antiterroristas fallidos

FUENTE

Derroche también en la lucha antiterrorista. El ‘caso Interligare‘, que investiga la supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, ha sacado a la luz el despilfarro de más de 1,6 millones de euros en dos sistemas informáticos para la lucha antiterrorista que finalmente tuvieron «escasa utilidad» cuando no nula. Así lo destaca un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía incorporado a la causa a finales del año pasado pero cuyo contenido no se ha conocido hasta ahora por el secreto de sumario que se ha mantenido hasta hace escasas semanas.

El informe, de 32 folios de extensión, analiza en profundidad los tres contratos adjudicados por el Ministerio a Interligare SL, una pequeña empresa con la que tenían vinculaciones tres ex altos cargos del departamento: Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, ex director de Infraestructuras de Interior. El documento desmenuza el proceso de adjudicación de dichos contratos e incluye las declaraciones mandos policiales que tuvieron que utilizar dos de los tres sistemas contratados. La opinión casi unánime de todos ellos es que ninguno de ellos cubrió la expectativas y, de hecho, uno de los agentes llegó a afirmar a los investigadores que de uno de estos programas hubo que suspender la instalación por sus nulas «posibilidades de uso».

Se trataba, en concreto, del «sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil», un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos reproducen en el informe en poder de este diario un resumen de los interrogatorios a tres inspectores jefes destinados en el grupo que debía utilizarlo y que coincidieron en señalar que Interior desoyó los diversos «informes negativos con respecto al proyecto» que emitieron cuando vieron «la incompetencia de la empresa Interligare y la escasa utilidad que presentaba el producto en relación al sistema existente». Uno de los agentes llegó a reconocer que, cuando se enteraron a qué compañía se le había adjudicado el proyecto, «causó extrañeza entre los funcionarios, ya que las propias características de dicha empresa, tanto comerciales como de experiencia, no les infundaba ninguna garantía».

Los tres agentes destacaron que durante el proceso de instalación del sistema se celebraron reuniones entre miembros de la empresa, entre ellos el excomisario Gabriel Fuentes, y los integrantes de la Comisaría General de Información que iban a trabajar con el mismo. En ellas, los policías manifestaron reiteradamente «la disconformidad con el trabajo que se estaba realizando». Tantas quejas hubo por parte de los policías, que se convocó un encuentro al más alto nivel entre los responsables de la unidad y los de Interligare para exigir a la empresa que subsanasen los múltiples problemas que estaban surgiendo. Supuestamente sirvió de poco. En diciembre de 2008, diez meses de la adjudicación, Interior recepcionó el proyecto aunque no satisfizo «las expectativas de la Comisaría General de Información» y se «acordó ampliar el proyecto inicial» con una segunda fase que debía estar lista en diciembre de 2009. Sin embargo, un mes antes de dicha fecha, los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad comunicaron a los mandos policiales que se cancelaba el proyecto sin haberse completado el mismo.

«A espaldas» de los expertos

Del segundo de los proyectos adjudicados por Interior a Interligare, «una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medicos de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)», las opiniones de los agentes que debían utilizarlo tampoco fueron buenas, aunque en este caso no hubo unanimidad en las críticas. Interior gastó en 2008 en este proyecto 696.000 euros y en él intervino también la empresa Informática El Corte Inglés SA (ICESA), que había sido la adjudicataria pero que contó con la colaboración de Interligare por que ésta era supuestamente la única que podía comercializar en nuestro país varios de los programas que exigía el pliego de condiciones emitido por el departamento que entonces dirigía Pérez Rubalcaba.

Según el teniente coronel de la Guardia Civil que entonces era el jefe del área de Base de Datos del CNCA, el sistema que se instaló «era útil para los objetivos para los que se había contratado» y que se entregó «en el plazo estipulado». Sin embargo, el comisario de Policía que le sustituyó en el puesto aseguró a los agentes que investigan el caso que «la herramienta no fue todo lo satisfactoria que se hubiese querido» aunque se siguió utilizando. Incluso, criticó que el desarrrollo del sistema se hizo «un poco de espaldas de la opinión de los analistas del Centro». Un tercer agente, en este caso el inspector jefe que ocupa en la actualidad la jefatura de la Base de Datos insistió en la misma idea y aseguró que «la herramienta que desarrolló Interligare SL […] no ha sido del todo eficaz porque no ha habido uso por parte de los analistas». Este agente aseguró que en la actualidad el sistema sigue en teoría en funcionamiento, pero que ya se han iniciado los trámites «para la adquisición de un nuevo».

La investigación que dirige una juez de Arganda del Rey, localidad del Este de Madrid donde tenía su sede la polémica empresa, se dirige también hacia un tercer programa informático suministrado por Interligare al Ministerio del Interior y, más en concreto, a la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias. Este, «un sistema integral de Inteligencia y vigilancia de internos» fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. El informe de la Unidad de Asuntos Internos ya anuncia a la magistrada que sus agentes «están realizando gestiones al objeto de tomar declaración a personas relacionadas con Instituciones Penitenciarias» que hubieran tenido relación con dicho proyecto para conocer detalles del mismo. La sospecha es que su utilidad, como la de los otros dos programas adquiridos por Interior a Interligare, fue más que dudosa pese a su elevado precio.

Un caso incómodo para el PP

Aunque los supuestos delitos investigados se cometieron cuando estaba el PSOE en el Gobierno, el ‘caso Interligare‘ se ha convertido también en una ‘patata caliente‘ para el actual ejecutivo del PP. De hecho, ya ha costado el puesto a varios mandos policiales del equipo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el pasado mes de enero secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Mientras, desde la Dirección General de la Policía siempre se ha asegurado que la polémica se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando.

El caso también afectó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, también se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al entonces Gobierno socialista para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.

¿Cuanto cuesta la fiesta de la democracia?

FUENTE

La ‘fiesta’ de la democracia en mitad de la crisis costará a las arcas públicas un total de 124 millones de euros, según las cifras facilitadas por el propio Ministerio del Interior, responsable del gigantesco dispositivo electoral preparado para este domingo. Un desembolso que, pese a todo, será un 5,8% más austero que el presupuesto de la última cita electoral del 2008 y para el que se ha recortado, de forma drástica, el número de las papeletas electorales, así como de urnas, cabinas y sobres electorales.

Las elecciones suponen, al fin y al cabo, el mayor esfuerzo humano y material por parte de la Administración central para asegurar el sufragio de los 35.779.2081 españoles con derecho al voto. Un dispositivo cuyas cifras hablan por sí solas. Cerca de 800.000 personas están involucradas de forma directa en la organización de la cita con las urnas, lo que incluye a los más de 94.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que velarán por la seguridad y a los cerca de 60.000 representantes de la Administración General del Estado implicados en el proceso. Todo para que no haya ningún problema en los 23.082 locales electorales y en las 59.876 mesas distribuidas en los 8.116 municipios.

Más allá de PP y PSOE y del consagrado bipartidismo que apuntan todas las encuestas, un total de 72 partidos políticos concurren a estas elecciones con el objetivo de hacerse un hueco en las Cortes Generales. Una verdadera sopa de letras que, pese a lo que pueda parecer, se ha reducido de forma considerable con respecto a las elecciones del 2008, en las que se presentaron cerca de un centenar de siglas. Los nuevos obstáculos introducidos en la ley electoral y que obligan a los partidos minoritarios a recoger avales en las circunscripciones en las que se presentan han dejado fuera, por primera vez, a un buen número de formaciones. Es el caso, por ejemplo, de buena parte de los partidos de la extrema derecha o, también, de la fallida formación del 15-M, promovida por el ex líder de otra formación minoritaria, el partido de los Autónomos, Pensionistas e Independientes (PAE).

Las consecuencias de la reforma son también evidentes en el número final de candidaturas que han visto sus nombres impresos en las papeletas electorales. En total, se han proclamado 593 candidaturas al Congreso de los Diputados, casi la mitad que en 2008, y 597 al Senado (623 menos que hace tres años). Pese a todo, algunos de los partidos más estrambóticos que uno se pueda imaginar han conseguido superar todos los filtros previos. Algunos con nombres tan llamativos como Higiene democrática, Hartos.org, Muerte al sistema, Anticapitalistas, Demos el cambio o Partido de Internet. Como dato curioso, cabe destacar que los partidos con menos votos en el 2008 fueron el Partido Hache, con cero sufragios, el Movimiento Falangista de España, con 68 votos, y Agruci (Agrupación Ciudadana), con 79 votos.

500 millones de papeletas menos

Los cambios en la ley electoral afectan al número de candidaturas pero también al número de papeletas necesarias para asegurar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Un punto, éste, en el que, por primera vez, se ha cortado por lo sano con el derroche de los últimos procesos electorales, en los que, se imprimía miles y miles de papeletas de más para asegurar que ningún partido se quedaba escaso. De hecho, un estudio elaborado por Interior en 70 ciudades de más de 150.000 habitantes concluyó que, en el 2008, sobraron más del 90 de las papeletas impresas. Cantidad que fue, directamente, a la basura.

Por ello, en esta ocasión, Interior ha impreso la  nada desdeñable cifra de 500 millones de papeletas menos que en las últimas elecciones, lo que supone un ahorro de 850.000 euros o, en términos ecológicos, salvar un bosque de 11.000 árboles

Fascistas a sueldo de la Guardia Civil y la Policía

FUENTE

¿Se imaginan qué dirían los portavoces de la AVT y del PP si la Ertzaintza contratara a un ex militante de ETA para que impartiera cursos de formación a sus agentes? Seguro que Francisco Alcaraz, el demócrata amigo de Ynestrillas, volvería a amenazar con que los suyos se tomarían la justicia por su mano ante semejante humillación a las víctimas. Sin embargo, ya sabemos que la extrema derecha española nunca se ha caracterizado por sus agallas a la hora de tomarse la justicia por su mano; siempre que pegaban un tiro a alguien se aseguraban antes la cobertura de los aparatos del Estado.

Hoy se ha publicado un estremecedor reportaje de José María Irujo que nos cuenta que Emilio Hellín, el ultraderechista miembro de Fuerza Nueva (el partido de Blas Piñar) que asesinó de dos disparos en la cabeza a la militante de izquierdas Yolanda González en 1980, imparte cursos en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y dirige una empresa que asesora habitualmente a las fuerzas de seguridad del Estado. El instituto depende de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior. Según se nos dice en el citado reportaje, algunos de los cursos se realizaron en 2008, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior, pero dudo que veamos al jefe del PSOE dar explicaciones sobre esto. Ya se sabe que si alguien protegió y amparó en nuestro país a los terroristas a sueldo del Estado, esos fueron los socialistas.

Emilio Hellín, hermano de un guardia civil, fue detenido en casa de un inspector de policía, tras la confesión de uno de los participantes en el asesinato de Yolanda, el policía nacional Juan Carlos Rodas. Hellín fue condenado a 43 años de cárcel. Participó en una fuga de la cárcel de Alcalá de Henares pero fue detenido y recluido en la prisión más segura del país, Herrera de la Mancha. Finalmente consiguió que le concedieran un escandaloso permiso penitenciario y escapar con toda su familia (¿es esto posible sin amigos poderosos?) a Paraguay, donde fue recibido como un héroe por el régimen de Stroessner. Allí empezó a trabajar formando a los servicios secretos policiales y militares de la dictadura paraguaya. Finalmente, tras una investigación periodística, fue extraditado a España en 1990. Tres años después ya disfrutaba de permisos y en 1996 se cambió el nombre en el registro civil.

En el momento del asesinato de Yolanda, dirigentes socialistas de la talla de Alfonso Guerra o Juan Barranco, denunciaron las vinculaciones de los asesinos con las fuerzas de seguridad. Se sospechaba que tras el asesinato estaba la el jefe de la Brigada Especial Operativa, el comisario Manuel Ballesteros, un torturador de la dictadura franquista que fue repescado por el siniestro ministro de interior del PSOE José Barrionuevo. La necrológica que le dedicó El País en 2008 presenta a Ballesteros como un experto en la lucha antiterrorista que participó en las conversaciones con ETA en Argel.

Ya tienen ustedes elementos suficientes para comprender cómo es posible que un ex terrorista trabaje a sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pagamos todos. Sencillamente, porque fue un terrorista al servicio del Estado. ¿Transición modélica y ejemplar la nuestra? Quienes afirman tal cosa sólo merecen el desprecio de los que somos demócratas.

Por encima de la ley.

Los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra tienen impunidad casi total ante la ley, ya que es muy difícil identificarlos

Jordi Mumbrú

71 Comentarios

15/11/2012 – 18:46h

Despliegue de los antidisturbios ayer en el cruce entre Passeig de Gracia y la ronda Sant Pere, justo donde una mujer resultó herida en su ojo izquierdo. / Edu Bayer

Todos los policías tienen que ir identificados de manera que cualquier ciudadano pueda ver su número de placa desde lo que se llama una “distancia de respeto”, es decir, a un metro y medio del agente. Desde el 2007, cuando el Ministerio del Interior aprobó está normativa, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) llevan la identificación, también los antidisturbios. En algunos casos se ha denunciado que los agentes tapan el número de placa con un velcro, pero mayoritariamente cumplen la ley. En Cataluña, la normativa llegó en forma de decreto y se publicó en noviembre del 2008, con el tripartito al mando. Se cumplía así una histórica demanda de las entidades en defensa de los derechos humanos. Al menos sobre el papel.

El cambio de normativa duró muy poco. Ni el entonces consejero de Interior, Joan Saura, de ICV, se atrevió a plantarse y hacer cumplir la ley a los agentes. Poco después del decreto, los antidisturbios dejaron de llevar el número de identificación de manera visible. El truco que encontraron los defensores de la ley y el orden fue taparse el número de placa con el chaleco de protección. De esta manera, sí que llevan la identificación tal y como fija la ley, pero nadie les puede identificar. Desde entonces ha habido protestas, denuncias y muchas cargas, siempre impunes. A diferencia de los agentes del CNP, que tienen que taparse el número de placa expresamente, a los Mossos les basta con ponerse el uniforme oficial para burlar la ley. Y quedar impunes.

El abogado Jaume Asens, que ha representado a varios manifestantes a lo largo de su carrera profesional, lo describe así: “Si no se puede identificar al autor de los hechos, no se le puede imputar el delito a nadie. El círculo de la impunidad policial se cierra de manera perfecta”.

Uno de sus clientes denunció a los Mossos d’Esquadra tras la carga policial en plaça de Catalunya durante la protesta de los indignados. El juez reclamó a la dirección de la policía que identificara  los agentes pero la policía se negó. Asens denuncia también que, por si fuera poco, los agentes llevan pasamontañas para que no se les vea la rostro, de manera que su identificación es imposible. Es extremadamente difícil que un agente antidisturbios tenga que responder por sus actos.

Algunos abogados, cuando falla la acusación por delito penal, buscan la falta administrativa. Si se demuestra que un agente ha agredido injustificadamente a una persona, se puede condenar al Cuerpo y obligar a la Administración a indemnizar a la víctima. Pero esto es muy difícil y el agente que ha cometido la falta, siempre seguirá quedando impune. El desalojo de la plaça de Catalunya en mayo del año pasado se saldó con 121 heridos y no se ha condenado a ningún agente por ello.  La causa se archivó pero los 53 indignados que denunciaron han recurrido y siguen a la espera.

La falta de identificación de los agentes es claramente un impedimento para que se pueda cumplir la justicia en caso de agresión. Pero además, lanza el peligroso mensaje a los agentes de que todo vale y de que no van a tener que pagar por sus excesos. El hecho de que ningún responsable policial obligue a los antidisturbios a ir identificados (e incluso incumplir la ley por ello) es toda una declaración de intenciones. “Un agente no hace una carga de la misma manera si sabe que le pueden identificar”, asegura Asens.

En una entrevista, el conseller Felip Puig, que ocupa el número cuatro de la lista de CiU por Barcelona, ya dejó claro que su intención era “tensar la ley hasta donde esté permitido y un poco más”.

Las donaciones a partidos siguen siendo un secreto de estado

• Los partidos ya estaban obligados a informar al Tribunal de Cuentas de todas las donaciones recibidas en su balance anual
• La reforma les obliga a hacer público su balance y los préstamos y condonaciones recibidas, pero no el listado de donantes privados
• Las fundaciones de partidos siguen pudiendo recibir donaciones de empresas con contrato vigente con las administraciones públicas

El BOE ha publicado esta mañana, en pleno arranque del debate presupuestario, la reforma de la Ley de  Financiación de Partidos. La norma está “inspirada”, según el propio Ejecutivo, en el “principio de transparencia” y fue aprobada por amplía mayoría (308 votos a favor, dos en contra -de Amaiur- y 12 abstenciones) en el Congreso. Casi todos de acuerdo. La oposición, eso sí, criticó durante el trámite parlamentario uno de los puntos de la ley: las subvenciones que van a recibir este año se reducen un 20% y, además, su cuantía dependerá cada año del libre criterio del Gobierno de turno. Hasta ahora, las cuantías eran fijas: más de 82 millones de euros a repartir entre los presentes en el hemiciclo, distribuídos por número de escaños y de votos (unos 30 millones para PP y unos 20 para PSOE, según el último resultados electoral). Todo ello a cargo del presupuesto del Ministerio del Interior.

Mientras la atención se centra en un recorte en las ayudas atribuíble al tijeretazo general de los Presupuestos Generales del Estado, se anuncia que la reforma permitirá controlar más a fondo cómo se financian los partidos políticos, tras escándalos como la investigación por financiación irregular de Convergència en el caso Millet. Pero, ¿qué valor real tiene esta reforma para controlar de dónde y cómo reciben dinero los partidos políticos y sus fundaciones?

La nueva norma obliga a los partidos a declarar antes de tres meses ante el Tribunal de Cuentas las donaciones privadas de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles. La única novedad es temporal. Desde 2007, tal y como marca la ley reformada hoy, todas las formaciones parlamentarias deben presentar ante el Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del siguiente año un balance anual con dos anexos: un listado de todas las donaciones privadas recibidas en el que se pueda identificar al donante y una memoria que detalle el estado de los préstamos concedidos por entidades bancarias. Lo único que añade la reforma es la obligación de informar antes al Tribunal de Cuentas en el caso de que su cuantía rebase estos 50.000 euros.

LAS DONACIONES SEGUIRÁN SIN HACERSE PÚBLICAS

Otro de los logros en pos de la transparencia que relata la publicidad anexa a la reforma apunta que, a partir de ahora, los partidos están obligados a hacer públicas sus cuentas, preferiblemente en sus páginas web, lo que incluye el balance anual y la memoria sobre los créditos que les han otorgado los bancos, pero no el listado de las donaciones privadas recibidas, que seguirá siendo un asunto privado entre la formación política y el Tribunal de Cuentas.

La norma fija, además, que las entidades bancarias no podrán condonar deudas de más de 100.000 euros al año a los partidos, una cifra que permite imaginar el peso de estos ‘regalos’, recibidos de manos de entidades que están llevando a cabo desahucios sistemáticos por no querer condonar deudas hipotecarias infladas o aceptar, simplemente, la dación en pago de la vivienda.

Se mantiene, puesto que ya constaba en la anterior legislación, el límite de 100.00 euros al año para donaciones privadas de particulares o empresas, un tope que es de 150.000 euros en el caso de las fundaciones vinculadas a partidos. Pero, eso sí, se amplían las empresas que no pueden realizar ofrendas a los partidos. Si antes estaban prohibidas para compañías “con un contrato vigente” con las administraciones públicas, ahora se añade el veto para las empresas participadas mayoritariamente por esas compañías o que formen parte del mismo grupo. Antes y ahora, eso sí, se establece que haya un contrato vigente para poder penalizar la donación y no se vigilan los contratos con administraciones públicas otorgados, por ejemplo, después de que una empresa otorgue a un partido político uno de estos presentes.

LAS FUNDACIONES, UN OASIS

Eso sí, las fundaciones de partidos sí pueden recibir dádivas de empresas que tengan un contrato vigente con las administraciones públicas. La reforma establece, además, que no se considerarán donaciones a estas entidades el dinero otorgado a éstas para realizar un proyecto en el que hayan “intereses comunes”.

La reforma mantiene la cuantía de las sanciones a quienes no incumplan las limitaciones de financiación que impone la ley, pero añade algunas pequeñas modificaciones léxicas. Antes, si un partido no presentaba sus cuentas o no estaban completas, el Tribunal de Cuentas podía “suspender” la subvención. Ahora, puede “retenerla”. Además, se crea un “periodo de audiencia” al partido investigado antes de iniciar el procedimiento sancionador. En la ley de 2008, este procedimiento se iniciaba si se encontraban indicios de delito y, a posteriori, el partido tenía 15 días para defenderse o explicarse ante el tribunal.

La reforma publicada hoy no modifica, por ejemplo, que las cuotas de afiliación a partidos políticos sean deducibles hasta los 600 euros por año o que las donaciones a los mismos tengan las mismas deducciones fiscales que las que se realizan a las ONG como Cruz Roja o Médicos del Mundo, por poner dos ejemplos.

Interior busca prohibir la grabación y difusión de imágenes de agentes

ESD/Servimedia

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destacó que se está buscando un «equilibrio» entre la protección de los derechos ciudadanos y las funciones de los cuerpos policiales.

El Ministerio del Interior está estudiando prohibir la grabación y difusión de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, siempre que esta actuación pueda poner en peligro a los agentes o alguna operación en curso.

El estudio de esta prohibición fue anunciado este jueves por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que participó en Madrid en un seminario del sindicato CSI-F sobre las consecuencias que para las Fuerzas de Seguridad está teniendo la crisis económica.

Durante su intervención, Cosidó se refirió a que el Gobierno está dando «pasos firmes» en el respaldo al trabajo de las Fuerzas de Seguridad, y puso como ejemplo la reforma del Código Penal y la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Sobre esta nueva normativa relativa a la seguridad pública, el director general explicó que se está elaborando en el Ministerio del Interior, aunque destacó que lo que se está buscando es un «equilibrio» entre la protección de los derechos ciudadanos y las funciones que tienen asignadas los cuerpos policiales.

En este contexto, anunció que se está estudiando incluir en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana «la prohibición, captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos y datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentren en el ejercicio de sus funciones».

Esta prohibición se aplicaría para «cuando estas imágenes puedan poner en peligro» a los agentes o entrañen «riesgo» para una operación. Cosidó añadió que «se busca, con ello, la especial protección de la intimidad personal, familiar y de la propia imagen» de los agentes.

Destacó que esta cobertura a los efectivos policiales se haría al amparo de lo establecido en la ley orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Asimismo, el responsable de la Policía también se refirió a que la futura Ley de Seguridad Ciudadana pretende «establecer las medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física de las personas se pueda ver amenazada».

También se quiere que esta futura norma sirva para ayudar a «la conservación de bienes públicos o privados durante situaciones de acción violenta o de especial alteración del orden pública».

La crisis en el trabajo de las fuerzas se seguridad

Interior estudia prohibir la difusión de imágenes de policías en internet

• Si ponen en riesgo su persona o la operación para la que están trabajando
• Interior matiza que no impediría tomar fotos o grabaciones en manifestaciones
• Lo ha anunciado el director general de Policía a los sindicatos

RTVE.es/AGENCIAS – MADRID 18.10.2012

El director general de las Policía, Ignacio Cosidó, ha avanzado este jueves que Interior estudia incluir en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana la prohibición de la captación, tratamiento o difusión en internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando, si bien, el ministerio del Interior ha matizado que no se impedirá la grabación o la toma de fotos de agentes en manifestaciones.

Así lo ha manifestado Cosidó en un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas se seguridad.

Inicialmente RTVE.es ha informado de que Interior prohibiría la difusión de estas imágenes, según contaba la Agencia Efe, pero fuentes del Ministerio de Interior han confirmado que el proyecto está en fase de estudio.

Cosidó ha asegurado que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pretende «buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad«.

Así, ha avanzado que se prohibiría «la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando».

Tras poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que «este fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse comprometida y dañada». A su juicio, esto pone de manifiesto «un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y  solidaria».

No impediría grabar y tomar fotos en manifestaciones

El Ministerio del Interior ha explicado que la propuesta de Cosidó se trata de un documento de trabajo relacionado con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra aún en fase de estudio y cuyo objetivo no sería impedir que se graben imágenes o se tomen fotografías en manifestaciones realizadas en la vía pública.

Fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han referido como supuestos en los que sí se podría aplicar esta cuestión a aquellos casos en los que la presencia de cámaras de televisión pudiesen poner en peligro el desarrollo de una operación policial o una detención.

También la toma de imágenes que supusieran un riesgo para la integridad física de los agentes o para su honor, han añadido las fuentes consultadas por Europa Press.

En ese sentido, desde el Ministerio insisten en que la medida, aún en fase iniciaría, no pretende limitar el derecho de la libertad de expresión o información y que tampoco impediría la toma de imágenes en concentraciones.

Proteger su intimidad y garantizar su derecho al honor

Una medida que pretende proteger la intimidad personal y familiar de los agentes y garantizar el derecho a su honor e imagen y con la que el Gobierno, ha dicho, «da un paso al frente» para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía «desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho».

«Solo desde el reconocimiento de la inmensa labor de las fuerzas de seguridad es como podremos progresar en el logro de una sociedad mas justa, más segura y pacífica», ha subrayado el director de la Policía, que ya anunció la pasada semana que la Ley se Seguridad Ciudadana también podría contemplar como sanción manifestarse con la cara cubierta.

Cosidó ha aprovechado también para manifestar su apoyo al anteproyecto de reforma del Código Penal, que, a su juicio, sienta «las bases para la prevención y persecución de las conductas que atentan gravemente contra el orden público».

Entre algunas de las novedades que incluirá el Código Penal, el director de la Policía ha recordado que la definición de delito de atentado variará para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate.

La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel.

La falta de desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra novedad afecta a la alteración del orden público.

La pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje.

Solo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a movilizaciones.