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Prácticas cotidianas en la red que serán multa con la ‘ley Antiprotesta’

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Apenas acaba de aprobarse el anteproyecto de ley, pero la ley de Seguridad Ciudadana en ciernes ya ha merecido el calificativo de “ley mordaza”. La mayor parte de sus artículos, en total 55, frente a los 39 de su antecesora, laLOPSC de 1992, regulan el ejercicio de las libertades y los derechos de los ciudadanos en los espacios públicos, pero no le corresponde a Teknautas analizar esa parte del texto, sino sus aspectos relativos a internet.

18-12-2013 – Teknuatas.

Precisamente, en la introducción del anteproyecto, entre las razones esgrimidas por el Gobierno para argumentar la pertinencia de la nueva ley orgánica (aquellas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas) se hace una mención específica a la evolución de las nuevas tecnologías y su vinculación con los movimientos sociales en los últimos años.

Desde la promulgación de la vigente Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s (que no existían en 1992 tal como las conocemos hoy) y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuentaDice así: “Desde la promulgación de la vigente ley orgánica de Seguridad Ciudadana, nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s (que no existían en 1992 tal como las conocemos hoy) y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuenta”.

En ese sentido, además de la inclusión de una serie de artículos completamente novedosos para atajar esas conductas, muchas relativas a la difusión de mensajes a través de la red (“por cualquier medio”, esta es la coletilla introducida para abarcar todo el espectro tecnológico de la comunicación), el nuevo texto recibirá también el trasvase de una serie de faltas, en previsión de la desaparición de esta figura en la reforma del nuevo código penal, actualmente en trámite.

De este modo, muchas de estas faltas se transformarán en delitos leves. Pero en el texto que nos atañe se convertirán en infracciones administrativas. “Ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, reza el anteproyecto. Es decir, habrá multas. Repasemos una serie de prácticas habituales hoy en internet que la nueva ley de Seguridad Ciudadana sancionará con dureza.

CONVOCAR POR INTERNET UNA PROTESTA EN JORNADA DE REFLEXIÓN ELECTORAL: MULTA DE 30.001 A 600.000 €

Uno de los artículos previstos en la nueva ley es una respuesta evidente contra movimientos como el 15-M, que precisamente alcanzó su máximo apogeo en el período previo a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011. Aunque la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ya contemplaba arrestos y multas por la celebración de “reuniones y actos públicos de propaganda electoral” desde la finalización de la campaña hasta la culminación del proceso electoral, la nueva ley ampliará las sanciones a todo tipo de movimientos sociales.

Aunque internet no tuvo tanto que ver en este caso, siendo el SMS el formato protagonista de esta convocatoria, con la fórmula del Pásalo, hoy también común en Whatsapp, lo ocurrido en la jornada previa a las elecciones generales de 2004, tras los atentados del 11 de marzo, fue un caso similar. Se considerará una infracción muy grave.

CONVOCAR POR INTERNET UNA PROTESTA EN UNA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: MULTA DE 30.001 A 600.000 €

Según la Ley 8/2011, de 28 de abril, se consideran infraestructuras críticas aquellas instalaciones “estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales” del Estado.

El Congreso es la más mediática de este tipo de infraestructuras. En los últimos tiempos se ha convertido en escenario habitual de las manifestaciones impulsadas por el movimiento Rodea el Congreso, aunque desde hace años en todo el territorio nacional son habituales las concentraciones en los alrededores de distintas instalaciones públicas: en plataformas como Change.org estas convocatorias son el pan nuestro de cada día. Con la nueva ley, la convocatoria vía internet de reuniones “no comunicadas o prohibidas” en lugares críticos supondrá duras multas. Se considerará una infracción muy grave.

INSULTAR A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O INCITAR AL ODIO EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 1.001 A 30.000 €

Según el anteproyecto de ley se considerarán infracciones graves “las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio”, canales entre los que también se encuentran las redes sociales, donde a diario circulan miles de expresiones y mensajes de este tipo. El Estado, la propia Corona o comunidades autónomas como Cataluña reciben cada día su ración de ultrajes.

Del mismo modo, está previsto que la nueva ley sancione aquellas “manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación”. Ambos tipos de acciones se considerarán infracciones graves.

INSULTAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 100 A 1.000 €

En la misma línea, aunque en este caso se considerará una infracción leve, con una multa inferior, en el antreproyecto también se recogen las sanciones previstas para aquellas “manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

En los últimos años, hemos visto cómo una serie de políticos han abandonado paulatinamente las redes sociales, en muchos casos para no tener que enfrentarse a los insultos y amenazas, como Elena ValencianoEn los últimos años, hemos visto cómo una serie de políticos han abandonado paulatinamente las redes sociales, en muchos casos para no tener que enfrentarse a los insultos y amenazas, como Elena Valenciano. Cristina Cifuentes se mantiene en la brecha de Twitter, siendo uno de los cargos públicos más insultados, aunque todos reciben su ración de descalificaciones.

Lo mismo ocurre en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en días de manifestación, y en la mayoría de los casos centradas en el colectivo de los antidisturbios. En este hilo de Foropolicía podemos encontrar algunas opiniones de los agentes (ojo, en este foro también existen trolls) sobre el anteproyecto.

DIFUNDIR IMÁGENES DE UN AGENTE DE POLICÍA EN LAS REDES SOCIALES: MULTA DE 100 A 1.000 €

Las restricciones de la nueva ley no parece que vayan a alcanzar las pretensiones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien aseguró hace poco más de un año que el Gobierno estaba estudiando “la prohibición de la captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” que se encontrasen “en el ejercicio de sus funciones”.

Todo apunta a que la toma de imágenes en las manifestaciones sí estará permitida, para no menoscabar el derecho constitucional a la información. Sin embargo, habrá restricciones en lo que se refiere a su difusión en internetFinalmente, todo apunta a que la toma de imágenes en las manifestaciones sí estará permitida, para no menoscabar el derecho constitucional a la información. Sin embargo, habrá restricciones en lo que se refiere a su difusión en internet en aquellos casos donde “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen”, poniendo “en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación”.

Se trata de una respuesta a las iniciativas nacidas en las redes sociales en los últimos años donde los ciudadanos identificaban a los agentes protagonistas de agresiones desproporcionadas en el marco de distintas protestas sociales.Se considerará una infracción leve.

El Consejo de Europa considera que la ‘Ley Fernández’ es “desproporcionada”

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La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “desproporcionada” y va en contra del derecho de reunión y manifestación. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, ha declarado Muiznieks, que asegura no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar el importe de las sanciones. El comisario está al corriente de las quejas de abogados y jueces sobre la medida y se suma a las críticas que ya hicieron la oposición y diversos actores sociales. Estas réplicas consiguieron la semana pasada que la sanción por manifestarse sin autorización ante los edificios institucionales pasara de “muy grave” a “grave”, lo que se traduce en una bajada del importe de la multa de 600.000 a 30.000 euros.

El comisario espera que Interior “no vaya más allá” en la limitación del derecho de manifestación y “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks ha avisado de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque la libertad de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.

No es la primera vez que el Consejo de Europa censura las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. El pasado octubre, la organización publicaba un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de controlar las manifestaciones contra la austeridad. En la publicación, Muiznieks llamaba la atención sobre la impunidad con la que la policía cometía “malos tratos” sobre los detenidos y pedía el fin de esta “larga práctica”.

 

La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana

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“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

 

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.

El Plan B que oculta la Ley de Seguridad Ciudadana

Hay victorias holgadas que pueden incubar pírricas derrotas. Todo depende de si los derechos han sido conquistados desde abajo o, por el contrario, otorgados desde arriba. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana planea ese conflicto.

Impedir que vea la luz es un imperativo ético que implica a toda la sociedad. Pero la iniciativa compete directamente al 15-M, cuyo desmantelamiento es el propósito inconfesable de la totalitaria norma. El riesgo, sin embargo, radica en que las mismas organizaciones institucionales que trajeron el austericidio pretendan abanderar en exclusiva su refutación para reinventarse políticamente. De suceder esto, como el Cid después de muerto, la aborrecida ley habría alcanzado sus últimos objetivos militares: acabar con las raíces de la protesta.

Los tahúres de la política, y los dirigentes gubernamentales, los parlamentarios y los líderes de partidos lo son por elevación, no suelen enseñar todas las cartas del juego que se traen entre manos. Y cuando se ven obligados a mostrarlas, siempre se guardan un comodín en la manga. No hay propuesta política de calado que no valla precedida de un globo sonda para pulsar la opinión de la ciudadanía. Ni existe proyecto estructural que no contenga un Plan B para usarlo como alternativa en caso de que el inicial, el visible mondo y lirondo, fracase. Bien porque al ponerlo en marcha se busquen efectos no declarados, o bien porque se incite el éxito por meandros y carambolas a varias bandas. Alfonso Guerra, en su etapa de referente de los “descamisados”, hizo época al calificar al presidente Adolfo Suarez de “tahúr del Misisipi”, tal era la habilidad en la política y en el mus del ex jefe del partido único franquista

No hay oferta contractual o propuesta política que no incluya en sus adentros un Plan B de emergencia. Al menos no en asuntos de gran importancia. Hasta el punto de que si alguno no lo incorpora podemos estar seguros de que el tema no tiene demasiada trascendencia. Como un estudio de viabilidad que no lleve anexa su memoria económica. Estamos hartos de verlo, por ejemplo, en los conflictos laborales. Lo que pasa es que no se revela a las primeras de cambio. Cuando una empresa plantea un ERE a los miembros de un comité de empresa, puede darse por hecho que está escenificando condiciones mucho más leoninas que las que en realidad lleva como oferta final. De esta forma, a la patronal siempre le queda margen para rebajar su oferta al óptimo buscado y venderlo como si se tratara de una hazaña de trabajadores y directivos. Y todos contentos.

En el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), que el Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno para su recorrido parlamentario, una norma que de concretarse en sus actuales perfiles supone el fin del Estado de derecho y el inicio de otro policial, existe también un Plan B oculto. Pero antes de intentar describirlo, convendría detenernos un momento en el contexto en que ha surgido esa disposición, propia de regímenes autoritarios y dictaduras, que pretende sancionar hasta el pensamiento. Está meridianamente claro que la LSC nace para reprimir al 15-M, entendiendo por tal todos los movimientos del activismo social que se rebelan contra el actual statu quo y sus políticas austericidas, incluidas plataformas, mareas, sindicalismo alternativo, colectivos ciudadanos, etc. En ese sentido, contra lo que pudiera parecer a simple vista, la medida revela la extrema debilidad del gobierno y por ende del sistema. La oligarquía dominante es consciente, como señalan continuamente las encuestas más serias, que el movimiento de los indignados le “hace pupa”, y que no se puede permitir la sangría de credibilidad que ello supone cuando además se enfrenta a un largo y azaroso periodo electoral.

Así, esta ley mordaza llega después de una campaña de hostigamiento contra algunos de los iconos del activismo social que han secundado al 15-M desde su irrupción hace ya más de dos años, con la aviesa intención de tumbarlo mediante una especie de “apagón total”. Hablamos de los extraños ataques cibernéticos sufridos hace semanas por muchas web antisistema desde los cuatro puntos cardinales de la globosfera, y de la no menos curiosa aparición de grupos violentos (el Comando Mateo Morral o el asalto a una asociación integrista en la Facultad de Derecho de la Complutense), que tratan enturbiar la percepción de resuelta rebeldía democrática que la opinión pública tiene del 15-M y afluentes. (Stop Desahucios, 25-S, etc.). Es un sucedáneo de la estrategia de la tensión que se aplicó con éxito en la Transición para evitar la ruptura democrática con el franquismo.

Y luego tenemos una sutil incongruencia: ¿cómo es posible que el gobierno del Partido Popular se haya embarcado en aprobar una ley tan bárbara que nadie entre las asociaciones de jueces y fiscales apoya y que incluso cuenta con el rechazo de buena parte de los medios de comunicación? ¿En qué cabeza cabe a estas alturas de la película, cuando hablan de brotes verdes, poner encima de la mesa un obús legislativo que supone una auténtica arma de destrucción electoral? Son fachas, ¿pero tan tontos? Ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ni la Francisco Vitoria (FV), ambas conservadoras, ni la Unión Progresistas de Fiscales UPF), ni Jueces para la Democracia (JD), dan un duro por la totalitaria ley. Y por mucho que el aznarismo y sus halcones hayan vuelto al PP, igual que el PSOE sobre sus pasos, no salen las cuentas. La LSC establece un antes y un después entre las medidas antisociales perpetradas al alimón por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a instancias de la troika. Con ella en marcha, ya no hay equivalencias en el duopolio sino distancias. Con la ley mordaza el PP supera en venalidad al PSOE y encima se convierte en la mejor baza que podía encontrar la oposición para batir a Génova 13 por toda la escuadra, contando con el apoyo de buena parte de la opinión pública. Una jugada fatal de la derecha (por supuesto, acorde con su ADN más rancio) que volvería a dar la oportunidad a la sedicente izquierda para recuperar la confianza perdida y ponerse el frente la manifestación. Como ya barruntaba la “manifestación unitaria” de la izquierda política y sindical del pasado 23 de noviembre en Madrid, jaleada como la mayor habida ese día por los media, a costa de ignorar totalmente la del 15-M. que fue la realmente mayoritaria.

Por eso el Plan B. El sistema cae solo si caen los dos partidos dinásticos hegemónicos, PP y PSOE. Nunca si es uno de ellos el que declina. De ahí la alternancia y no la alternativa. Por eso, salvo el corto periodo de UCD, los restantes 33 años de eficaz y excluyente bipartidismo han sido una carrera de relevos entre el PP y el PSOE o entre el PSOE y el PP. Cambiar algo para que todo siga igual. Ahora mismo, con esa escenificación política a cara de perro entre gobierno y oposición, derecha y sedicente izquierda, PP y PSOE no dejan de cohabitar en temas esenciales para la estabilidad del régimen. Votan igual contra el derecho a decidir; actúan de consuno en el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hicieron con el Tribunal Constitucional; convergen en la bondad de la “doctrina Parot”; apoyan la limitación de la Justicia Universal; etc., etc., etc. Por no hablar de cómo uno y otro han sido agentes indispensables para aplicación de las medidas dictadas por la troika (FMI, CE, BCE) para salvar al capital financiero español a cargo del contribuyente y de los trabajadores. Y si quedara alguna duda, tanto en las resoluciones de la reciente Conferencia Política como en la Congreso de la federación andaluza, la cúpula del PSOE ha ratificado como “necesarias” las políticas antisociales del gobierno de Rodríguez Zapatero, al tiempo que celebraban su liderazgo como estadista socialista.

No carece de significado que en un país cultural e ideológicamente conservador (el dichoso franquismo sociológico), el socialismo haya ocupado el poder el doble de años que la derecha. Periodo en el que, al margen de una indudable ola modernizadora (caracterizada por costosas inversiones en infraestructuras y meritorios avances en los ámbitos civil y social, como la reforma de la Ley del Aborto, el matrimonio igualitario, sanidad y educación), se colocaron los pilares para que España pasara a ser una pieza clave en el marco del neoliberalismo y del atlantismo. Incluso al contraluz de episodios que deben ser analizados como concesiones a las castas dominantes, como los privilegios a la Iglesia de la cruzada, el uso del terrorismo de Estado para frenar el independentismo vasco o la doma del sindicalismo de clase (se comprobó en la defenestración del líder histórico de UGT, Nicolás Redondo, estallándole el caso PSV por su “deslealtad” al felipismo reinante). Por eso, ahora causa risa y bochorno por su cínico oportunismo oír que Rubalcaba “exige a Rajoy que rompa relaciones con la Santa Sede”, cuando el ejecutivo de Zapatero, del que el actual secretario general socialista era vicepresidente, aparcó sine die su prometida Ley de Libertad Religiosa.

Hasta una persona tan moderada como el socialista Ignacio Sotelo acaba de escribir (A qué llamamos franquismo. El País, 30 de noviembre) lo siguiente: “La llegada del PSOE al poder, en vez de ampliar, refuerza el tipo de democracia harto restrictiva de la Transición. Así como en lo económico se aparta de los principios básicos de la socialdemocracia (papel del Estado en las políticas de empleo y de igualdad) y rompe con la unidad de acción de partido y sindicato (movimiento obrero); en lo político, repudia cualquier forma de participación social, empeñado en desmontar los movimientos vecinales y asociaciones de base, con lo que la democracia queda constreñida en su forma más escuálida de votar en los plazos previstos aplicando sin cambio sustantivo, para mayor inri, la impresentable ley electoral heredada. Los resultados están a la vista”.

Con esas credenciales y la garantía de no tocar el statu quo, no choca que la oligarquía económica y los poderes fácticos confíen en la sedicente izquierda para salvar situaciones de emergencia. Conocen bien que la derecha española en el poder siempre remata en opera bufa y acaba suscitando un rechazo tan generalizado que hace prácticamente imposible su tutelaje social. La frase “contra el franquismo luchábamos mejor” no solo refleja una realidad sociológica sino que remite, a la viceversa, al hecho histórico de que los “gobiernos rojos” son los que más desmovilización ciudadana procuran. Por eso, si desde arriba ven peligrar sus intereses fundamentales, no sería extraño que active un Plan B de lucha denodada contra la Ley de Seguridad Ciudadana que sirva para re-legitimar al PSOE y tumbar al incapaz gobierno del PP (Ferraz acaba de crear a tal fin un Consejo Federal de Derechos y Libertades).

No sería la primera vez en que al PSOE se le aparece la Virgen de los Peligros, siendo catapultado milagrosamente al poder por sucesos extraordinarios. Felipe González logró la mayoría absoluta en 1982 al rebañar votos de millones de ciudadanos acojonados por el estruendo del golpe de Estado del 23-F. Y José Luis Rodríguez Zapatero fue aupado a La Moncloa en el 2004 por el síndrome del 11-M. Aunque eso no impidió que la “marca España” siguiera fiel a la hoja de ruta de la Transición que señala Sotelo. Ay, esa provechosa proyección de encuestas de Metroscopia, que aparecía en El País el domingo 1 de diciembre, para alumbrar que el maltrecho PSOE aún puede ser partido de gobierno en las lejanas generales. La misma especie que aireaba el sondeo de la revista Sistema, órgano del guerrismo, en vísperas de la Conferencia Política socialdemócrata.

Sin embargo, hoy nada indica que deba ser igual. Por primera vez existe una fuerza social autónoma, al margen de las direcciones de los partidos y los sindicatos institucionales, comprometida con el cambio en profundidad en la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, que goza de un gran arraigo social y experiencia en la lucha proactiva. Y aunque los partidos de la oposición tienen el deber inexcusable de hacer todo lo posible para impedir que la Ley de Seguridad Ciudadana alcance el BOE en cumplimiento de sus atribuciones, corresponde a los movimientos sociales la misión de derogarla in nasciturus y trascenderla. Es el pueblo que ha sufrido las agresiones del sistema quien debe llevar en todo momento la iniciativa en ese combate desigual por un mundo mejor. Con la suprema legitimidad que le da ser la diana de esa ley parafascista, y la serena inteligencia de evitar verse envuelto por ningún “fuego amigo” sobrevenido. Vamos despacio porque vamos lejos.

Crisis, deuda y déficit: saqueo

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Xavier Caño Tamayo . ATTAC Madrid

altavozpistolaNoticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras; impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

“Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

“Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.

Periodista y escritor
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.

ccs@solidarios.org.es
www.alainet.org

Las ofensas a España, sus símbolos, instituciones e himnos, serán multadas con hasta 30.000 euros

El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito, según recoge en anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

“Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave”, ha puesto como ejemplo el ministro.

Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia.

“Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra”, ha reconocido antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, “no cabe duda” de que “incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave”.

Pitadas al himno, en la ley del deporte de 2007

Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

El ministro ha defendido la oportunidad de la ley y ha recordado que en la reforma del Código Penal ahora en tramitación desaparecen las faltas, pasando algunas a ser consideradas delitos leves y otras quedan destipificadas. Es de éstas de las que se ocupará la ley de Seguridad Ciudadana. Según ha recordado, el derecho de manifestación se ha ejercido “ampliamente” en los dos primeros años de esta legislatura.

Pero además, ha defendido que, con el régimen sancionador, el Gobierno no pretende otra cosa que garantizar “más y mejor” la convivencia de los ciudadanos y castigar y aislar a los grupos violentos. “El único objetivo es castigar la violencia, proteger a los ciudadanos de comportamientos incívicos y del vandalismo”, ha sostenido ante las críticas que acusan al Gobierno de promover este texto legal para frenar las protestas ciudadanas que se suceden durante los últimos años.

Fernández Díaz también ha calificado como “absolutamente necesaria” la protección que se otorga a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, castigando tanto los insultos y amenazas a los agentes como la toma de fotografías atentando su derecho al honor o la intimidad.

Acciones contra los policías, protección suficiente

Sin embargo, estas conductas han pasado de ser consideradas faltas graves o muy graves en los borradores iniciales manejados por el Gobierno a tener la tipificación de infracción leve en el texto aprobado este viernes. El ministro ha asegurado que esta rectificación ha sido objeto del largo trabajo realizado junto al resto de ministerios.

“Quiero destacar que hasta ahora los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenían esa especial protección –ha subrayado–. Y es una protección que nos parece justa, legítima y necesaria. Y van a ser tipificadas como infracciones leves, que en los tiempos actuales nos parece una protección suficiente siempre que no sea constitutivo de delito”.

Fernández Díaz ha hecho especial hincapié en asegurar el carácter “garantista” de la legislación, siguiendo los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Según ha recordado, la sociedad ha sufrido notables cambios desde el año 1992, fecha de la que data la legislación actual, y es necesario responder ante la aparición de nuevas conductas violentas “y antisociales”.

Antes de ser remitido a las Cortes Generales, el texto deberá someterse a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Justicia

Las “ofensas o ultrajes” a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera “infracción grave”, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones “no comunicadas” delante “de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales”, ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas “infracciones graves”.

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación “ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto”, ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya “un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”. En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de “grave” a “leve” otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía “cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones”, o bien “la grabación y la difusión” de imágenes de agentes “en el ejercicio de su trabajo” si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o “la a intervención policial correspondiente”. Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, “en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales”, según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. “De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.

Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

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El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge un buen número de infracciones susceptibles de ser cometidas durante las formas de protesta que han inundado las calles durante la presente legislatura.

Este cuestionario pretende ser una guía práctica acerca de las multas contenidas en el anteproyecto, al que aún resta por incorporar nuevos informes de los ministerios de Justicia y Hacienda, recomendaciones del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos y las modificaciones que introduzca el trámite parlamentario.

¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan”?

Si lo hace participando en una protesta previamente comunicada a la Delegación del Gobierno, no podrá ser sancionado. En caso contrario, incurrirá en una infracción leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros.

Lo mismo ocurrirá si la manifestación es en cualquier otro lugar. Si es usted el convocante, por Twitter o cualquier otro medio, también podrá ser multado con esas cantidades, aunque no aparezca por allí.

Puede que durante la protesta, alguien protagonice disturbios. Entonces, el convocante podrá ser multado con un máximo de 30.000 euros –falta grave– e Interior valora que sólo se salve del castigo si condena y muestra su rechazo público a esos disturbios.

¿Y si participa en altercados?

El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave (1.000-30.000 euros) si causa “desórdenes graves o incendios”, tanto en la calle como en establecimientos, y sólo si su conducta representa “un peligro para las personas o bienes u ocasiona alteración de la seguridad ciudadana”.

¿Puedo acudir a una manifestación con capucha, casco o un gorro que me cubra la cara?

Si la policía considera que su conducta es pacífica, no incurrirá en infracción alguna y ni tan siquiera podrán obligarle a que descubra su rostro. Pero si participa en altercados de esa guisa, a una infracción grave se puede sumar otra de entre 1.001 y 30.000 euros por ir embozado.

“¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!”

Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno, pero si durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con hasta 1.000 euros de multa.

¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios?

Estará cometiendo una infracción grave (1.000-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse.

¿Puedo mostrarle mi DNI sin entregárselo?

A partir de que entre en vigor la reforma, no. La laguna en este aspecto se ha solucionado castigando con falta leve (hasta 1.000 euros) el negarse a entregar la documentación a los agentes. Estos se quejaban de que, si el requerido sólo se lo mostraba, no podían comprobar si se trataba de una falsificación.

¿Qué ocurre si insulto a un policía?

Lo mismo que si él considera que lo ha amenazado, coaccionado, injuriado o vejado. Podrá ser sancionado con una multa por infracción leve, de entre 100 y 1.000 euros. Como con el resto de las multas por infracción, podrá recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo, cargada con las tasas judiciales por la reciente reforma del Gobierno.

¿Puedo colgar en Internet una carga policial?

Sí, siempre que el Ministerio del Interior no considere que atenta contra el derecho al honor del policía, a su intimidad o a la propia imagen, o que pueda poner en peligro una operación o la seguridad del agente o la de su familia. Si así ocurriera, hay prevista una multa por infracción leve (100-1.000 euros).

¿Puedo participar en una protesta ante la sede de un partido convocada en Twitter?

Será una infracción leve si no ha sido comunicada. En el caso de que la protesta tenga lugar durante la jornada de reflexión o votación y además se desarrolle con “una finalidad coactiva”, el castigo se endurece sensiblemente. Participar en ella puede costar entre 30.000 y 600.000 euros de multa, ya sea a las puertas de la sede de una formación política o en cualquier otro lugar.

Fuentes autorizadas de Interior consideran que las manifestaciones del 15M de 2011 en la Puerta del Sol no tenían intención “coactiva”, pero sí las que se produjeron el 13 de marzo de 2004 ante la sede nacional del PP para exigir la verdad sobre los atentados del 11M. Los convocantes tienen en estos supuestos los mismos castigos que los asistentes.

¿A cuánto sale parar un desahucio?

Como el resto de infracciones de la Ley de Seguridad, quedará a criterio de la policía. A partir de ahora, las Fuerzas de Seguridad estarán facultadas para imponer multas de entre 1.000 y 30.000 euros a aquellos que se propongan evitar el desahucio de las personas que habitan un inmueble.

Una de las infracciones graves del nuevo texto está destinada a los que protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público.

¿Puedo interrumpir el mitin de un partido al grito de “sí se puede”?

Puede, pero además de arriesgarse a la reacción de los militantes, las Fuerzas de Seguridad podrán sancionarle por “perturbación del orden en un acto de campaña electoral”. Resultado: entre 1.000 y 30.000 euros de multa.

Cabe destacar que revestirá la misma gravedad interrumpir un mitin que la votación, el escrutinio o el recuento de votos. Recuerde que también puede incurrir en un delito si sus actos encajan en los descritos en la Ley Electoral.

¿Saldrá gratis gritar contra España o la policía o escribirlo en Twitter?

Estarán castigadas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos.

Los periodistas se han esforzado en que el ministro del Interior detalle qué conductas concretas harían incurrir en esta falta grave, pero él se ha escudado en que eso lo determinará la “casuística”.

Por el redactado del anteproyecto, todo indica que sea cual sea la manifestación, este tipo de gritos será sancionado con multas graves. Y atención a escribirlas en redes sociales: el articulado penaliza su difusión “por cualquier medio”. Si se producen dentro de los estadios, ya hay multas recogidas en la Ley del Deporte.

¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía?

Si la protesta ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y no ha sido prohibida, no podrá ser sancionado. De lo contrario, tan solo con participar, puede llevarse a casa una sanción de entre 1.000 y 30.000 euros por infracción grave.

Si además las Fuerzas de Seguridad consideran que su actuación ha provocado “riesgo para las personas o un perjuicio” en el funcionamiento de la central nuclear o cualquiera de las otras infraestructuras que la Ley 8/2011 considera “críticas”, habrá incurrido en una falta muy grave, castigada con multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

Tan solo sobrevolar con una avioneta esa central u otra infraestructura crítica le puede costar a una organización ecologista hasta 30.000 euros.

¿Y si mi protesta consiste en descolgar un cartel del frontispicio del Congreso?

Pues entre 1.000 y 30.000 euros. Ya haya escalado el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado o cualquier otra institución o edificio considerado de interés “histórico-artístico”.

¿Qué otras formas hay de cometer estas infracciones?

Si comete tres leves en un plazo de dos años, será castigado además como si hubiera incurrido en una grave. Y si incurre en tres graves en el mismo periodo, como si su infracción hubiera sido muy grave.

Este es el principal argumento del Ministerio del Interior para poner en marcha un registro de infracciones, una suerte de fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.

El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio

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El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que los trámites pendientes antes de su aprobación no lo impidan.

El borrador que presenta este viernes Jorge Fernández Díaz en el Consejo de Ministros considera falta grave los “actos de obstrucción” a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cifra en 825 los desahucios paralizados hasta ahora. A partir del próximo verano, fecha a partir de la cual podría estar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

Las mismas fuentes insisten que la nueva ley castigará aquellas conductas que no revisten la gravedad de delito, para las que está reservado el Código Penal. Se da la circunstancia de que el artículo 544 del Código Penal ya castiga a aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Sin embargo, fuentes de la PAH aseguran que los jueces se han resistido hasta ahora a aplicar este artículo y que a lo que deben enfrentarse los activistas es a las denuncias de los policías por supuestos atentados a la autoridad o resistencia.

Interior ha evitado incluir los “escraches” como infracción tipificada. Las citadas fuentes del Ministerio aseguran que las infracciones que pueden cometer los participantes en una de estas acciones están dispersadas en distintos artículos del hasta ahora borrador de la ley. Entre ellas, participar en protestas que no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, lo que constituye una falta leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si durante la misma, la Policía considera que alguien ha alterado la seguridad ciudadana, la multa podría ir de 1.001 a 30.000 euros.

Además, la nueva Ley facultará a la Policía para que ubique un cordón de seguridad donde y cuando considere necesario. Esta prerrogativa hará en la práctica que los participantes en el “escrache” no puedan acercarse al objetivo de su protesta.

Protestas ecologistas

Según las explicaciones ofrecidas el viernes por el departamento de Fernández Díaz, algunas protestas ecologistas escaparán, en principio, a las sanciones muy graves. En este apartado, castigado con hasta 600.000 euros de multa, entran las protestas que afecten a “infraestructuras críticas” que describe la Ley 8/2011, pero “siempre que lleven aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”.

Será, por contra, una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. Las infracciones graves se castigarán con multas de hasta 30.000. Por tanto, sobrevolar una central nuclear con una avioneta que muestre una pancarta no debería ser una falta muy grave porque no parece que ponga en peligro a las personas que allí trabajan o a la propia instalación. De otro lado, el despliegue de la última pancarta de Greenpeace en el Congreso de los Diputados sí supone una falta grave. La Audiencia Nacional archivó el caso por la citada acción.

Un portavoz del Ministerio aseguró este viernes que la “casuística” resolverá las posibles ambigüedades del texto, es decir, se dejará a la consideración de la Policía, responsable último de la infracción al tratarse de una infracción administrativa. El recurso a los tribunales de lo contencioso-administrativo es objeto de las tasas impuestas en la última reforma del Ministerio de Justicia
Leer más:  El Gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio  http://www.eldiario.es/politica/Multas-euros-paralicen-desahucio_0_201930109.html#BGW8ZOwnvZ7ShUnm

Primera protesta contra la nueva ley de seguridad ciudadana ante la sede del PP

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La indignación ante el polémico anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que este viernes ha pasado ya su primer trámite en el Consejo de Ministros, ya ha llegado a las calles. Y lo ha hecho, claro están, en forma de protesta. Convocados por las redes sociales, alrededor de dos centenares de personas se reunieron en la tarde de este viernes en las inmediaciones de la sede nacional del PP, situada en la madrileña calle Génova. No obstante, un fuerte dispositivo policial evitó que los manifestantes se acercaran al cuartel general de los conservadores, que permaneció rodeado por más de una veintena de vehículos policiales.

A continuación comenzaron a marchar hacia los Juzgados de Plaza de Castilla, donde otro grupo de manifestantes se concentró para mostrar su apoyo a los 19 jóvenes detenidos en los últimos días acusados de haber participado en la protesta del 20-N en la Universidad Complutense. “¡Violencia es no llegar a fin de mes!”, “¡Que viva la lucha de la clase obrera!” o “¡La voz del pueblo no es ilegal!”, han sido algunos de los lemas más coreados. En la movilizaciónse se vieron pancartas en las que se leía “¿Multas por protestar, democracia dónde estás?” o “Las leyes represoras no nos callarán” y “Censura es tiranía”, entre otros.

El polémico anteproyecto prevé multas por paralizar un desahucio, hacer proclamas contra España o las comunidades autónomas o la destruir símbolos, entre otros asuntos.

Están intentado amedrentar a la población y esta ley significa la vuelta a tiempos bastante ominosos. Nos remite a países como Bielorrusia. Entre Lukashenko y el señor Rajoy, que aparentemente ni pincha ni corta, hay poca diferencia. La futura ley busca restringir las libertades porque ya no se puede tapar el escándalo que supone que la parte más poderosa de la sociedad arramble con los derechos, dineros y futuro de la gente más débil”, declaró a este periódico uno de los cientos de manifestantes, Pedro González.

La marcha desembocó en uno de los juzgados de la calle Bravo Murillo con la salida de los detenidos. “No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley para amordazar y que la gente no pueda ejercer su libertad de crítica y de manifestación.Ahora, además de esos recortes sociales y económicos, se hace un recorte tremendo en las libertades, que ya de por sí no eran amplias y sí precarias impropias de un sistema democrático”, aseguró Luis Ocampo, de la coordinadora 25-S.