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Los privilegios de ser aforados

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Más de 10.000 cargos públicos se benefician en España de esta prerrogativa frente a ninguna en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

El artículo 14 de nuestra Constitución, reza de éste modo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo, en la realidad de todos los días, este principio coexiste con el reconocimiento de fueros o privilegios para un conjunto de ciudadanos que en caso de tener que rendir cuentas ante la Justicia sus procesos no tendrán el mismo recorrido que los de un españolito de a pie. Son los llamados aforados, los sometidos a una jurisdicción particular.

España es sin duda el país del mundo con más población aforada. Solamente los cargos de origen político con este tipo de facultad pueden sobrepasar los 10.000, y dejando al margen a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, que tienen su propio aforamiento, y que de tenerlos en cuenta su número se dispararía hasta los 200.000, según consta en el “Tratamiento Jurisprudencial de Aforamientos Procesales” (Agapea).

Muchas de las prerrogativas y regalías que disfruta nuestra casta política son injustas e improcedentes: beneficios materiales, económicos, políticos, fiscales, representativos… Una de esas ventajas es, además, impropia de un sistema político como el español, pues no existe en la mayoría de los Estados con los que nuestros políticos gustan compararse. Nos referimos pues al aforamiento que divide a los españoles en dos clases. La sobresaliente y privilegiada, constituida como se ha dicho anteriormente, por más de 10.000 individuos que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso de los Diputados o de la correspondiente cámara autonómica, pues caso de otorgarse la señalada autorización, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. El otro segundo grupo lo forman los modestos españoles del común.

En la mayoría de las causas el aforamiento suele justificarse con la necesidad de proteger la función pública ejercida por los aforados, de injustas influencias tendentes a alterar la composición de las cámaras y, con ello, la voluntad popular.

Mas si la mera existencia de prerrogativa suscita y crea desigualdad entre españoles, semejante justificación parece un verdadero despropósito en un Estado integrado en la Unión Europea, ya que, entre otras, Italia, Bélgica, Portugal y Francia lo adoptan exclusivamente para un reducido número de altos cargos.

Durante los últimos tiempos han estallado diversidad de casos de corrupción en los que podrían estar implicados responsables políticos aforados: el “caso Palau”, que implica a CIU; los ERE de los socialistas andaluces; el Galicia la “Pokémon”, y hasta el “caso Bárcenas”, que a saber cómo va a terminar. Por no hablar del “caso Campeón” que, aunque el ex ministro José Blanco haya salido indemne, el tráfico de influencias usado en su día a favor de un amigo parece decir que es harto difícil de ser probado (?). Sin olvidarnos, por supuesto, del “caso Palma Arena”, de Jaume Matas, ex ministro con Aznar y ex presidente de la comunidad de Baleares, al que después de varios años se le ha reducido la condena de prisión de 6 años a nueve meses, en este primer juicio aunque le faltan otros diecinueve. Pero con tanto retraso en las vistas…

Por ello, ¿por qué se consiente y se dan tantas largas para decretar justicia? ¿Qué opinión se tiene de la independencia, objetividad y profesionalidad del sistema judicial?

Sirvan de conclusión unas declaraciones del magistrado José Luis González Armengol, que manifestaba: “El aforamiento y algunas prerrogativas son una quiebra al principio de igualdad ante la ley. La tendencia en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.

Bueno, pues eso: fuera fuero

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Los aforados

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En estos tiempos que corren es normal oír en los medios de comunicación casos de si tal o cual político presuntamente culpable de algún delito es aforado polemizando sobre si ello supone o no un privilegio. Este mes vamos a ver que significa el término “aforado” o “el aforamiento”. El artículo 71, de la Constitución establece que los diputados y senadores estarán sometidos por una jurisdicción especial y que no podrán ser acusados formalmente sin el permiso del Congreso y Senado respectivamente.
El artículo 102 de la Constitución extiende la protección al presidente y al resto de miembros del Gobierno y la Ley Orgánica del Poder Judicial también estipula el aforamiento para los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En cuanto a la Monarquía, el único aforado es el Rey. Los Estatutos de Autonomía han ampliado la condición de aforado a los cargos de sus instituciones como son Presidentes y Diputados e incluso otros miembros de los ejecutivos y en algunos casos a los defensores del pueblo regionales o funcionarios policiales. En definitiva que hay algunos que hablan de 10.000 aforados y otros de 250.000 aforados en España dependiendo de si se computan o no algunos cargo, lo que sí es seguro es que resulta en cualquier caso un número excesivo. La figura del aforamiento en otros países se ve limitada a los Presidentes del Gobierno (Francia, Portugal e Italia) y en ocasiones miembros del gobierno (Francia) o es inexistente (Reino Unido, Alemania, estados Unidos).

Por tanto y como opinión personal lo que ocurre en España es a todas luces un exceso. Algunos opinan que el aforamiento es perjudicial para el imputado porque se da notoriedad al ciertos asuntos que pudieran ser intrascendentales (una falta) al ser Juzgado por el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, además se les priva de poder recurrir las decisiones como al resto de los ciudadanos ante una instancia superior. Otros opinan que el aforamiento vulnera el principio de igualdad y el derecho al libre acceso a los tribunales de Justicia y por tanto no debería existir. D. José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid opina que “ Hoy en día carece de sentido”; D. Joaquin Bosch , portavoz de Jueces para la democracia afirma que “se tendría que repensar la protección para determinados cargos públicos y que ésta sea proporcionada a lo que se pretende con la misma”, y D. Álvaro Marín, de la Asociación Profesional de la Magistratura cree que “en el caso de los políticos, la figura parece excesiva en algunos supuestos”.
Las tres asociaciones mayoritarias de Jueces en España coinciden a mi juicio en que lo que subyace aquí es la desigualdad. Opinan que “si el ciudadano de a pie se enfrenta a la administración de una forma general y sin ningún privilegio, lo razonable es que en el resto de casos, salvo motivos que justifiquen el aforamiento, se prescinda de él”. “Son excepciones al régimen general que afecta a cualquier ciudadano, y por tanto cualquier desigualdad de trato debe estar justificada y debe resultar proporcionada… hay muchos supuestos en los que no toda actuación de cargo público debe ser protegida. Se tendrían que acotar de una manera precisa cuáles son esos supuestos, tanto en el ámbito de las conductas delictivas como en el ámbito temporal al que se somete la protección.”, “quiebra el principio de igualdad ante la ley. La tendencia en todos los sitios, y también en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.
En definitiva no son contrarios al aforamiento siempre que sea una excepción, deber ser justificado y fundamentado y sujeto a conductas determinadas fuera del ámbito personal y debe reducirse y estar circunscrito a ciertos cargos. Se debe revisar y acotar quién o quiénes pueden ostentar la condición de aforados de lo contrario solo hay que acceder a la condición de aforado para obtener un trato distinto al del resto de los ciudadanos de a pie

¡Pobres españoles! lo que nos costara recuperar lo perdido.

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ANITA THOMSEN

Leído en una antología de fragmentos de Galdós, “La fe nacional y otros escritos sobre España“, el siguiente texto fechado en 1912, si si si han leído bien 1912, señoras y señores simplemente impresionante.

Fragmento del libro de Benito Pérez-Galdós

“La fe nacional y otros escritos sobre España” publicado en 1912

La fe nacional Benito Pérez Galdós
“Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el
poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el
presupuesto.

Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán
en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y
analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y
llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en
muerte.

No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el
educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de
recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia
práctica, y adelante con los farolitos… Si nada se puede esperar de las
turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria.

No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos
La España que aspira a un cambio radical y violento de la política se
está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años,
tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis ética,
sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre
mental”

Tendremos que esperar como mínimo 100 años mas para que en este tiempo “si
hay mucha suerte” nazcan personas mas sabias y menos chorizos de los que
tenemos actualmente… ¡pobres españoles! lo que nos costara recuperar lo
perdido.

… PUES YA HAN PASADO 101, DON BENITO

La Generalidad valenciana pagará la deuda de Canal 9 hasta 2030

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La crisis de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) no ha hecho más que empezar. A pesar de que Canal 9 cerrará emisión en los próximos días, las arcas públicas de la Comunidad valenciana la tendrán presente en sus presupuestos durante al menos 17 años, hasta 2030.

Tal y como recoge El Economista, desde el pasado 2009 la Generalidad de Valencia se hace cargo de la amortización de la deuda de RTVV, que en 2012 ascendía ya a 991 millones de euros. Ante esta situación, el pasado diciembre el Gobierno de Alberto Fabra intentó reaccionar y amplió el fondo de capital social del viejo ente RTVV a cambio de asumir y avalar su deuda, que ascendía ya en mayo a los 1.062 millones de euros, con el objetivo de capitalizarla entre los acreedores y liquidar las deudas contraídas.

La problemática viene cuando los acreedores se negaron a que la Generalidad asumiera la deuda, con lo que los liquidadores del viejo ente se encontraron con el plan de Fabra bloqueado. A su vez, la deuda no se puede llevar a concurso y cerrarla porque todos los préstamos tienen el aval de la propia Generalidad, así que las entidades financieras podrían cobrarle al Gobierno de Fabra su deuda por anticipado, por temor a las pérdidas. Así pues, el campo de maniobra de la Generalidad se reduce a seguir abonando los vencimientos e intereses de la deuda, a la vez que se sigue negociando para que los prestamistas acepten el traspaso de la deuda a la Generalidad y poder así disolver el RTVV.

Por lo tanto, tras pagar el Ejecutivo de Fabra más de 120 millones de euros durante el pasado año, por medio del mecanismo estatal de pago a proveedores, faltarían 991 millones de deuda bancaria -como mínimo-. En 2013, la Generalidad amortizó según presupuestos más de 167 millones y para el próximo año la cifra asciende a más de 135 millones de euros más 20 millones en intereses.

Cabe destacar el dinero presupuestado para RTVV por la Generalidad, que desciende a 107 millones, con lo que los expertos consideran que puede haber habido ya acuerdo con alguna de las entidades financieras, que habría aceptado el traspaso de su parte de deuda a la Generalidad. Mientras tanto, el cierre de la emisión sigue su curso y está previsto que este miércoles se vote en el Parlamento autonómico

Una sociedad que avergüenza

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Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

La sociedad española parece tener un buche en el que cabe todo. Engulle lo que le echen en tales proporciones que pronto habrá de habilitar esófago, estómago e intestinos para seguir almacenando lo que ingiere. El saco de la suciedad soportable se ha ido llenando al punto que ya desparrama fuera sus excrementos como lo hizo la basura de Madrid. Hasta las más inmensas tragaderas tienen un límite de espacio, no parece en el caso español. Estamos dando como pueblo un espectáculo deplorable.

Los poderes nos suministran porquería prácticamente a diario. Y la mayoría la ingiere sin mirarle el diente. Es la sentencia del Prestige, que deja la catástrofe sin culpables tras 11 años de dilación para alimentar el olvido. El chapote que sí existió tizna a la justicia y a la propia sociedad complaciente. Son los 45 diputados del PP valenciano –de los 54 electos– firmando una petición de indulto para que no entre en prisión el colega que prevaricó en Torrevieja, según condena judicial –que alguna hay–. Siguen la estela, por cierto, del magnánimo Gobierno central, presto a eximir de la cárcel a toda suerte de corruptos y estafadores de altura, torturadores, y hasta a homicidas al volante que hayan tenido la previsión de contratar los servicios del bufete adecuado. La podredumbre de la vida política actual nos entronca con los periodos más negros de nuestra historia.

Hemos visto cosas que no creeríamos. No hasta ese punto y con tanta frecuencia. Cada uno de los escándalos desvelados hubiera costado el puesto, la caída del Gobierno incluso, de forma fulminante; la aglomeración parece diluirlos. El aire se enturbia cada día más, lo viene haciendo a golpes continuos de hollín hasta haber llegado al nivel de irrespirable. Mientras, los autores del desastre caminan, erguidos y suficientes, como si nada fuera con ellos.

Cuando supimos, publicado en prensa y confirmado por él, que todo un presidente del Gobierno intercambiaba SMS de ánimo con su extesorero imputado por corrupción vinculada a su partido, pensamos que todo habría de estallar necesariamente. Sueldos, sobresueldos –hasta en A, que son casi igual de flagrantes–, donaciones al partido de las mismas empresas que reciben el contrato público de cuanto se gestiona y construye en España. Y a las que la justicia no ve relación punible porque no han firmado un escrito en el que diga: vale por un cohecho. Borrado de ordenadores comprometedores que tampoco merecen sospecha judicial. Privatizaciones cuyo tufo atruena. Finiquitos diferidos. Recibís que se firman sin que medie la recepción del dinero, según se atreven a declarar. Ni el más surrealista de los autores de ficción osaría escribir un guión tan zafio e inverosímil. Interpretado, además, por un elenco de actores de tan ínfima categoría que parecen reclutados en un desguace. De Botella a Montoro, pasando por González, Báñez, Mato, Soria, Fabra, Camps, Barberá, Bauzá, Floriano, Cospedal o el propio Rajoy, encabezando la interminable lista.

¿Nos toman por idiotas? Puede ser, pero sin duda por mansos, o moldeables. Porque, siguiendo la triste tradición de nuestro país, a quien protesta se le acalla. Por el método que sea. Saben –y ése es su triunfo– que mientras no estalle eso que llaman en términos elogiosos su “mayoría silenciosa”, sumisa, hay margen. Y, si no, se construye el entramado legal y judicial ad hoc. El Código Penal de Gallardón o la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández Díaz en Interior, altamente represora. Para cortar reclamaciones molestas o ante cualquier eventualidad, María Dolores de Cospedal avanza ante las NNGG que el PP piensa poco menos que sacar a España de la jurisdicción de los tribunales Internacionales. Y ni se inmuta al decirlo. Ni la sociedad al escucharlo.

Asistimos al patético episodio de ver en el mismo escenario, al presidente del PP y del Gobierno –que solo habla ante quien le aclama y le corea– aplaudirse a sí mismo por sus imaginarios éxitos, al cumplirse la mitad de su mandato. Tan encantado con su labor está, que promete persistir en ella: nos seguirá empobreciendo y aumentando la desigualdad social con sus “reformas”. Él y los suyos están mejor que hace dos años, no el resto. Sin duda.

La lista de irregularidades es tan larga que la mayoría la olvida entretenida en su labor de embuchar hasta sapos con púas. Cierto que tanto golpe seguido, tanta desfachatez andante, puede terminar por anestesiar. Si se está enfermo; una sociedad sana no lo toleraría. En ningún país serio seguiría en la presidencia del Gobierno una persona que ha mentido desde la primera a la última de sus palabras y que se halla circundado por SMS y cuentas turbias. No continuarían ni un minuto más en su puesto los 45 diputados valencianos. Ni los órganos de la justicia que alojan en sus estómagos sentencias como la del Prestige y todas las que se avecinan, dando una insufrible sensación de impunidad. No se aguanta esta batería de desafueros en otros países aunque no sean un dechado de virtudes. Se echa a los corruptos. Se van ellos, incluso. Antes incluso del proceso judicial; la sospecha fundada, tanta sospecha fundada mancha.

En el llamado “escándalo de los gastos parlamentarios” de 2009 en el Reino Unido, se penó el robo de cantidades que aquí son calderilla. La sensible diferencia es que todos ellos fueron obligados a dimitir. Que sus partidos se mostraron férreos con eso. Y que en las calles de Londres la ciudadanía evidenció su enorme rechazo, su irritación, su determinación irrevocable de castigar estas prácticas. Vengan de donde vengan. Aquí no ocurre. Ni por asomo.

Hace meses que la prensa internacional se pregunta hasta dónde va a aguantar la cuerda a Mariano Rajoy y su partido. En julio decía The Economist: “La corrupción es la piedra de molino del señor Rajoy. ¿Va a hundirlo? La combinación de una mayoría parlamentaria absoluta, una inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles, escándalos similares que golpean la oposición socialista y un sistema judicial lento significa que probablemente no lo hará”.

Esa “inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles” que los medios extranjeros resaltan duele y avergüenza profundamente a los españoles decentes. A los que aún arriesgan su dinero y su trabajo para defender, por ejemplo, la sanidad pública, ahuyentando a los buitres que vienen a comer lo que han convertido o quieren convertir en carroña de la que lucrarse. A los que han dejado unos días la basura en la calle –como metáfora– para no emporcar más los salarios y condiciones laborales de los españoles. A quienes no quieren ser identificados con la España corrupta.

¿Cómo ha podido convertirse en normalidad esta inmundicia? ¿Qué puede germinar en esta mugre? Sea cual sea su papel en la obra, protagonista o secundario, si usted es de los que tiene tan empachado el buche que ya se le confunde con el intestino, mírese al espejo y reflexione si ve en él a un ciudadano o qué ve. Sinceramente.

Publicado en eldiario.es

El Periscopio

Una “corriente financiera” de dinero b

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Las diez páginas de exposición razonada del juez Pablo Ruz confirman que en el principal partido político español había una “corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo” al margen de la contabilidad oficial. El magistrado llega a esa conclusión tras acreditar la veracidad de decenas de apuntes anotados durante 18 años, de 1990 a 2008, por Luis Bárcenas, el extesorero ahora en prisión.

Que sus papeles eran ciertos lo empezaron a probar ante el juez los propios receptores de sobres. Entre 1990 y 1995 el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo fue el encargado de entregar el dinero negro que pagaba el PP a Calixto Ayesa, que formó parte del Gobierno de Navarra y negoció una compensación por tener que cerrar su consulta médica para dedicarse al partido. La caja b también sirvió para compensar a una concejala de UPN, Elena Murillo, cuya vivienda había sido destrozada por un atentado de ETA.

El PP se nutría con donaciones ilegales que el extesorero apuntaba minuciosamente en sus cuadernos y, en parte, ingresaba troceadas en una cuenta del Banco de Vitoria para eludir el tope legal de 60.000 euros. Llegó a transmitir a esa cuenta del partido hasta 1,3 millones en pequeñas entregas, algo que quedó acreditado durante la investigación.

El dinero fluía hacia el partido. En Galicia, Pablo Crespo, exsecretario de organización en esa comunidad, encarcelado dentro de la investigación de Gürtel, admitió una devolución de 126.213 euros de un préstamo al también extesorero Álvaro Lapuerta. Ocurrió en mayo de 1999. Poco después Bárcenas apuntó en su cuaderno la cantidad de dos millones de pesetas (12.000 euros) junto a la reseña: “Entrega a Álvaro Lap. (País Vasco) para Abascal”. Era Santiago Abascal Escuza, entonces miembro del PP en Álava que estuvo en la diana de ETA. “No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero”, admitió durante los interrogatorios. Otra víctima de ETA, Encarna Oviedo, viuda del asesinado Francisco Cano, recibió un sobre con 18.000 euros tras el asesinato de su esposo, concejal en el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona) en 2000.

Otra persona que confirmó los apuntes fue el presidente del Senado, Pío García Escudero, que admitió que el partido le concedió un préstamo de 24.000 euros para unas obras en su domicilio tras un atentado de la banda terrorista.

Entre 2003 y 2004 Bárcenas anotó en sus papeles dos pagos de 70.000 euros en negro a la Fundación Humanismo y Democracia: “Son correctas las cantidades y las fechas”, reconoció Eugenio Nasarre, diputado del PP y patrono de esa fundación. La suma de los 55 apuntes que fueron confirmados durante la investigación arrojan pagos de 1,7 millones, a los que se suma el millón que según el juez cobró el arquitecto Gonzalo Uquijo

Es ist verboten… Las estrictas reglas del juego neoliberal

 

Manuel Garí | Viento Sur

Nada más ganar por primera vez las elecciones presidenciales brasileñas Luis Inácio Lula da Silva, el semanario Veja abrió su edición, siguiendo la orientación del gran capital, con una portada extremadamente agresiva contra la izquierda del PT: Lula libérate de inmediato de tus radicales libres. La consigna tuvo su efecto inmediato y el posibilismo social liberal encontró en Brasilia su capital para los países emergentes. Allí y aquí la izquierda mayoritaria ha ido interiorizando y haciendo suya esa autocontención y desnaturalización del discurso y la propuesta. En el caso de la Unión Europea, los gobiernos -y muy particularmente el español- y las “oposicionessocialdemócratas -y muy especialmente la española- se diferencian en las comas y entonaciones del discurso pero comparten las tesis económicas (o sea el discurso político y social de fondo).

Pareciera que el contundente imperativo presente en los jardines alemanes, Es ist verboten die markierten wege zu verlassen (Está prohibido salirse de los senderos señalizados) se hubiera trasladado como primer mandamiento de las tablas de la ley capitalista al mundo del pensamiento, la economía y la política. Y está claro que el aviso implica que alguien detenta la autoridad y tiene la capacidad para señalizar, prohibir y sancionar. En el gobierno de la economía que sufrimos esa autoridad es la Troika al servicio de los inversores privados (los famosos mercados), y en lo tocante a la UE y al euro, el gobierno alemán al servicio de la burguesía industrial y financiera germánica. Esos organismos y los sujetos que los dirigen son quienes administran los objetivos, premios, condenas y castigos, bendiciones y absoluciones.

Gobernar para los neoliberales es la prolongación por otros medios (mediante las instituciones) del negocio. Su objetivo político, siguiendo a Margaret Thatcher, es “dar libertad completa los capitales y mercados financierospara “inyectar vida al capitalismo y fuerza a los patronos”. Ello implica facilitar y potenciar el crecimiento económico sin límites para permitir la realización de la ganancia, de los rendimientos empresariales, del valor de las acciones y las obligaciones. Con el aumento de la riqueza, las clases subalternas también recibirán su parte, por ello es inútil priorizar de antemano la distribución / redistribución del ingreso. Hasta aquí el pensamiento neoliberal. Pensamiento que podemos ver reapropiado por figuras de la socialdemocracia. Felipe González, en el Foro-Debate sobre la Globalización en el marco de la Conferencia Política del PSOE celebrada la semana pasada en Granada, afirmó que antes de redistribuir globalmente la izquierda debe saber cómo crecer económicamente, cómo lograr la eficiencia en una economía “abierta y competitiva”. Primero crecer, luego distribuir. Y, recordemos sus viejas palabras, para crecer da igual el color del gato con tal de que cace ratones. Social liberalismo productivista en estado puro. ¿Con este pensamiento puede fundarse alternativa alguna?

Una oposición arrugadita en la propuesta económica

Alfredo Rubalcaba en el discurso de clausura de la (irrelevante) Conferencia, tras hablar mucho sin decir algo, lanzó el banal mensaje en forma de mantra y en referencia al PP: “No somos iguales, no somos iguales, no somos iguales”. Nunca pensé que lo fueran. Por origen, pasado no franquista, tipo de lazos con el capital y de vínculos con los sectores organizados de las clases trabajadoras, sensibilidad social, cultura democrática, etc. Pero hay una cuestión esencial que explica la postración socialdemócrata: las diferencias entre el PP y el PSOE persisten siempre y cuando no afecten al núcleo duro del negocio capitalista. Para botón de muestra las declaraciones de Ramón Jáuregui, coordinador de las elaboraciones de la Conferencia, al afirmar sin pudor que hay muy poco margen para hacer políticas económicas diferentes a las vigentes. Resultado 1: la banca gana; resultado 2: ni rastro de discurso alternativo al ultraconservador en las instituciones y en los medios de comunicación. Aguas estancadas.

El miedo a salirse del guión explica el pesado silencio (que atruena en nuestros oídos) ante la mentira de Rajoy sobre el rescate bancario que nos supondrá soportar desde las arcas públicas el 70% de los 41.300 millones de euros prestados por la UE que vienen a sumarse a los 11.000 millones procedentes de fondos españoles. Cabe preguntarse ¿qué hace Rubalcaba ante tan evidente engaño público? Quizás no se atreva porque es duro reconocer que en tiempos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez el Banco de España fue tan “consentidor” con los Blesa, Rato o Botín como actualmente Caruana o el propio Linde con los correspondientes del momento. Quizás no se atrevan porque discutir sobre esos temas puede acabar incurriendo en un debate de por qué aumentó aceleradamente la deuda soberana y qué hacer con una losa que atenaza nuestra economía. El gobierno del PP se lanzó a emitir deuda pública de la que el 38,74% la detenta la banca española y el 37,29% la extranjera, particularmente la alemana. Según Eduardo Garzón la cifra que deberá pagar el Estado español a las entidades financieras acreedoras en el año en curso asciende al 19% del PIB. Pero los socialistas tienen poco que decir y mucho que callar pues corren el riesgo de que se les recuerde que la reforma del artículo 135 de la CE la hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Quizás no se atrevan porque de mentar la deuda habrá millones de personas que dirán: nosotros no debemos, no la paguemos. Eso rompería el jarrón chino de la Comisión y el BCE, de los Tratados de Estabilidad y de la filosofía presupuestaria de la señora Merkel. Por todo ello el PSOE ni habla del tema, siendo como es crucial para la salida de la recesión.

El horror a abandonar la senda trazada está en la raíz de la falta de imaginación de quienes ante la huelga del sector de la limpieza viaria y jardinería de Madrid se limitan a denunciar que el problema radica en los pliegos de condiciones de los contratos del consistorio con las empresas concesionarias (pliegos que son un horror ciertamente, pero son el resultado no la causa) o volver a recordar que la privatización de los servicios se llevó adelante de forma inadecuada. ¿Tanto les cuesta exigir y movilizar desde sus responsabilidades institucionales la (re) municipalización del servicio a la vista de que el servicio puede deteriorarse y encima es caro? No es preciso ser un redomado izquierdista para hacer una cuenta aritmética harto sencilla: si el ayuntamiento no tiene que soportar el IVA de las facturas del servicio de limpieza viaria y jardinería -imagino que situado al 21%-, ni el beneficio empresarial de las contratas -probablemente del 15%-, ni el 2% para sueldos de asesores nombrados a dedo para mantener la relación con las concesionarias… resulta más barato municipalizar de nuevo el servicio. Y si ni eso osa, mucho menos se va a atrever a pedir la expropiación, socialización y puesta bajo control social de las empresas energéticas y la banca, medidas ineludibles para poder diseñar y llevar a cabo políticas soberanas al servicio de la mayoría.

Entre las pocas propuestas de tipo económico formuladas en Granada se ha efectuado la de una timorata reforma fiscal, a todas luces insuficiente para restablecer los ingresos públicos y que sigue siendo tributaria de una concepción (“bajar los impuestos es progresista”) que ha borrado las líneas de separación con las ofertas neoliberales. Después de 30 años de un sistema fiscal obsoleto, todo lo que se les ocurre es una boutade: que los que menos tienen menos paguen en el IRPF a la par que abogan por aumentar los ingresos sin incrementar los impuestos como si ello fuera un objetivo en sí mismo. Quizás esa “timidez” provenga de no querer enmendar la plana al gobierno Zapatero de 2008 cuando la presión fiscal (impuestos más cotizaciones) en relación con el PIB descendió de 37,9% a 33,9% -más baja que la existente en 2000 que suponía el 34,8% y mucho más baja que la de 2008 en la UE-15 situada en el 41,1%-. El premio Nobel Joseph Stiglitz ha señalado que en España, entre 2000 y 2009, los impuestos sobre las rentas del trabajo se incrementaron en un 5,4% mientras que los impuestos sobre las rentas del capital descendieron un 15,9%, lo que supuso un descenso de los ingresos públicos de un 1,5% del PIB. Frente a ello en esos años Jordi Sevilla, el ministro y maestro de economía de Zapatero, insistió tozudamente en la idea liberal de la necesidad de bajar impuestos, establecer un tipo único de gravamen, contener el gasto público, amortiguar las políticas retributivas y hacerles perder centralidad, priorizar el mercado para asignar los recursos y liberar las energías del sector privado. Su pensamiento no se aleja demasiado de la formulación de Merkel: “la economía social de mercado se basa en la fuerza de la libertad, en el espíritu empresarial y en la disposición al rendimiento (…) que permite la competencia…“ Por su parte Miguel Sebastián coincidió con una parte esencial del razonamiento de Sevilla sobre los impuestos y el gasto público. ¿Con estos antecedentes se puede levantar una alternativa sin zanjar las cuentas con el pasado?

También se ha formulado la baladronada de limitar el ratio entre los salarios más bajos y más altos de una empresa a 1/12. De salarios hablan, no de otras retribuciones, y se quedan tan anchos, como si el principal problema de la distribución del ingreso en el país fuera el del abanico salarial -que existe y es una lacra- cuando las rentas salariales en su conjunto no llegan al 50% del conjunto de los ingresos. Obviamente no se abordó un asunto central: el del beneficio de las grandes empresas, del orden de 42.000 millones. Ni tampoco el de la punción del excedente empresarial por parte de unas retribuciones crecientes y prioritarias a accionistas y obligacionistas que está drenando la fortaleza del tejido de las empresas y en la práctica, además de llenar los bolsillos de quienes “hacen dinero durmiendo” en expresión de Engels, supone una falta de reinversión que se traduce en desinversión con el paso de los ejercicios contables. Ni citaron el de las retribuciones de los directivos que en muchos casos son superiores a los de sus homólogos alemanes y japoneses, ni las retribuciones de los consejeros. La razón es poderosa: el PSOE participa del ir y venir entre la responsabilidad política pública y la empresarial; por ejemplo solo en el sector de la energía: Felipe González cobra de Gas Natural, Pedro Solbes de Enel y Elena Salgado de una filial de Endesa. Nada que envidiar a los del PP, excepto que estos tienen más y mejores contactos a nivel “nacional” e internacional. En estas condiciones ¿alguien puede dar credibilidad a las propuestas de regeneración política emanadas de Ferraz o a su intención de “dificultar las puertas giratorias”?

Una oposición modosita ante el conflicto político

Ante las reiteradas conculcaciones del derecho de huelga y la ofensiva mediática a favor de la adopción de medidas autoritarias para “defender las libertades” que vienen realizando diversos voceros del PP (Cristina Cifuentes, Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Soraya Sáenz de Santamaría o la nueva “estrella” Ana Botella) con la intención de limitar el ejercicio del derecho y penalizar instrumentos del mismo como los piquetes, la respuesta socialista ha sido mínima. Políticos en ascenso en el carrusel del partido como Eduardo Madina, se limitan a decir que se opondrán al recorte, sin plantear de una vez romper con los límites que impuso el propio Felipe González en los ochenta quien se negó a que se derogase y sustituyera el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo por una norma que desarrollara efectivamente los derechos de los trabajadores a y en la huelga que por mucho rango constitucional que tenga (CE 28.2) sigue gobernada por una normativa postfranquista y pre democrática cicatera con los derechos y ambigua respecto a figuras básicas. Es este otro de los fantasmas de la Transición que nos persiguen. Un fantasma que huelga a huelga hemos visto que está con los patronos para contener la actividad sindical.

El “verboten…” nueva versión del castizo “el que se mueva no sale en la foto”, explica el infame consenso criminalizador contra David Fernández en su valiente intervención en el Parlament de Catalunya ante el poderoso y presunto multidelincuente Rodrigo Rato, miembro de un partido que, además de atacar derechos básicos y estar involucrado en el saqueo de las arcas públicas, se permite el lujo de insultar y calumniar desde cualquier foro urbi et orbi a todo el que pueda entorpecer su demoledora labor. Les invito a que observen las bocas y gestos de bastantes de los parlamentarios populares durante las intervenciones de sus oponentes y se sorprenderán con las palabrotas o los cortes de mangas.

Pero, sobre todo les invito a que reflexionen sobre por qué los políticos de la mayor parte de partidos tienen que distanciarse del gesto del parlamentario de las CUP. Todos temen a Goliat.

Manuel Garí forma parte de la Redacción de VIENTO SUR