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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –

   Los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M consideran que con el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas prevé multas de hasta 30.000 euros por “insultar o amenazar” a un policía en una manifestación, el Gobierno pretende “imponer la ley del miedo” y “criminalizar cualquier acto de protesta” como ya ocurría en la “época de la represión franquista”.

   “Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral.

Según Mayoral, se trata de “una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática” ya que “es represiva y tiene por objetivo limitar y restringir los derechos de las personas para acabar con el ejercicio de las libertades”. “Es más que cuestionable que esta ley sea legal”, ha agregado.

“Es fascismo puro”, ha asegurado en esta misma línea a Europa Press el también miembro de la PAH, Chema Ruiz, quien ha añadido que el anteproyecto que el Ministerio del Interior prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes no es más que la forma que ha encontrado el Gobierno “para generar la mayoría silenciosa de la que siempre habla el presidente Mariano Rajoy”.

CONTRA LAS PRÁCTICAS DEL 15-M

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma “recuerda a las peores épocas de la represión franquista” así como que supone “un ataque directo” a los “modus operandi” y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso.

Precisamente, el anteproyecto ya ha sido bautizado en estas redes sociales como ‘Ley anti 15-M’. Entro otras cosas, la futura norma contemplará como infracción “muy grave”, sancionada con hasta 600.000 euros, el uso y la distribución a través de estas herramientas de imágenes de policías.

“Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Estamos yendo a un Código Penal y a leyes de un sistema totalmente autoritario. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento”, ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol –una de las vertientes del 15-M en Madrid–, cree que la futura ley es una “muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía”, así como una norma “hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M”. “Plantea todas las protestas como ilegítimas”, ha sentenciado uno de sus miembros en declaraciones a Europa Press.

“Pensamos que tienen que hacer esta ley porque ven que las cosas que hacemos en la calle les afectan y quieren acabar con ellas. Es una manera de saber que lo estamos haciendo bien”, ha señalado Marta, miembro de la Comisión de Difusión en Red del 15-M madrileño, quien ha advertido de que no tienen intención de dejar de protestar para mostrar el descontento con el Gobierno. “Tenemos mucha capacidad de innovar”, ha añadido.

La Coordinadora 25-S, convocante de las protestas que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, también considera que la norma es “una reacción ante las respuestas populares y sociales y en concreto ante las nuevas formas de protesta”. “Se incluyen apartados que hacen referencia a ‘escraches’ y a movilizaciones en torno al Congreso, que tienen mucho que ver con las de la PAH o las nuestras”, ha afirmado René, uno de los miembros de la Coordinadora.

“Cuando el régimen siente que está aplicando una serie de medidas que están provocando mucho sufrimiento y que está habiendo respuesta social lo que hace es blindarse. Cuando le falla la legitimidad social aumenta la represión, pero las respuestas sociales van a seguir”, ha sentenciado en declaraciones a Europa Press.
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