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Las “ofensas o ultrajes” a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera “infracción grave”, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones “no comunicadas” delante “de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales”, ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas “infracciones graves”.

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación “ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto”, ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya “un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”. En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de “grave” a “leve” otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía “cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones”, o bien “la grabación y la difusión” de imágenes de agentes “en el ejercicio de su trabajo” si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o “la a intervención policial correspondiente”. Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, “en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales”, según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. “De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.

Concentraciones como las del 13-M ante la sede del PP serán multadas con hasta 600.000 euros

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En el PP, por entonces en el Gobierno, no se han olvidado de la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, cuando un importante número de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de la sede nacional del partido para protestar por la gestión que el Ejecutivo de José María Aznar había hecho de los trágicos atentados que habían tenido lugar en Madrid sólo dos días antes y exigir la verdad de lo ocurrido. Unos hechos que produjeron un vuelco electoral y provocaron la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno.

Si la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo primer borrador pasó hoy por el Consejo de Ministros, conserva su idea original, este tipo de concentraciones serán consideradas como muy graves y acarrearán sanciones de hasta 600.000 euros. Se trata de la pena mayor prevista en este texto, que antes de cobrar forma definitiva ya ha acumulado las críticas de colectivos sociales, jurídicos, policiales y partidos políticos.

Respecto a estos hechos concretos, el texto de la ley sobre la que trabaja el departamento que preside Jorge Fernández Díaz establece como “muy grave” las concentraciones o manifestaciones sin autorización previa que transcurran entre el fin de la campaña electoral y el término de la jornada electoral. Es decir, las que transcurran tanto el día de reflexión como el día de la cita con las urnas. Para ello, debe darse la circunstancia de que exista una “finalidad coactiva”. “Se pretende garantizar el libre ejercicio del sufragio”, recalcan desde Interior.

Menos claro tienen en el citado ministerio que las concentraciones del 15-M previas a las anteriores elecciones autonómicas y locales de 2011 pudiesen ubicarse dentro de estos supuestos puesto que se trataba de algo más global. “Cada caso tendría que estudiarse de forma individualizada”, apuntan. ¿Quiénes serían en este caso los sancionados? La respuesta de Interior es contundente: todas aquellas personas que fuesen identificadas incumpliendo los preceptos de la ley.

Sanciones

El texto que este viernes presentó Jorge Fernández Díaz ante el Consejo de Ministros ha sido revisado y, en cierto sentido, matizado desde su primer borrador a este que ahora pasa al correspondiente trámite de consultas. De hecho, en el ministerio reconocen estos extremos y precisan que gran parte de las modificaciones se deben a las aportaciones del Ministerio de Justicia.

Respecto al régimen sancionador, los umbrales siguen siendo los mismos. Muy graves: de 30.001 a 600.000 euros; graves, de 1.001 a 30.000 y leves, de 100 a 1.000 euros.

A diferencia del primer texto, las concentraciones sin autorización frente a Congreso, Senado y otras instituciones dejan de ser infracciones muy graves. Pero siguen estando castigadas, en esta ocasión como infracción grave: “La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos, celebradas con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio”.

Sí se incorporan como “muy graves” la comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años. Y “la proyección de dispositivos luminosos sobre medios de transporte que puedan provocar accidentes”.

Participar en la paralización de un desahucio también tendrá su castigo, concretamente de hasta 30.000 euros. Así lo refleja el punto quinto de las infracciones graves, que establece que obstruir el ejercicio de autoridades o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones conllevará una multa comprendida entre los 1.001 y los 30.000 euros.

“Ofensas o ultrajes a España”

También se contempla como infracción grave “las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”. Es decir, va aparejado de una infracción que conlleva sanciones entre los 1.001 y los 30.000 euros.

“Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave”, señaló el ministro en rieda de prensa.

Esto no afecta, según explicó en rueda de prensa el Ministro del Interior, a las pitadas al himno de España en espacios deportivos, puesto que esto ya tiene su propia ley y está sancionado con hasta 650.000 euros.

Fernández Díaz precisó que las manifestaciones legales, es decir, autorizadas, en las que se corean consignas contra la unidad de España no entran dentro de estos supuestos siempre y cuando se produzcan sin violencia.

Campos de concentración para vagos y maleantes en España

Campos de concentración para vagos y maleantes en España
Imagen de los reclusos en el campo de concentración de Alcalá de Henares.
24 de noviembre de 2013
12:56

La Ley de Seguridad Ciudadana que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende implantar en España es la última de una serie histórica de leyes relativas al orden público que siempre han sido usadas con un eminente carácter político y represor. Esta nueva norma sustituirá a la Ley Corcuera, pero antes de ésta hubo tres leyes de infame recuerdo. La Ley de Peligrosidad Social en 1970 y las dos leyes de vagos y maleantes -aunque luego se entenderá que sólo fue una-  la republicana del gobierno de izquierdas de Azaña y la franquista de 1954.

La ley de vagos y maleantes republicana se promulgó en agosto de 1933 y posteriormente sirvió al gobierno de derechas del radical Alejandro Lerroux como arma de represión en la huelga revolucionaria de 1934. Precisamente bajo el amparo de esta ley de orden público se crearon los primeros campos de concentración que luego serían norma durante la guerra civil y el franquismo.

La ley de vagos y maleantes.

La ley de vagos y maleantes se aprobó el 8 de agosto de 1933 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del momento y promovida por el gobierno de izquierdas de Manuel Azaña. La Gandula, tal y como se llamó popularmente a la disposición,  penaba las conductas antisociales y para ello se establecían una serie de categorías de “estado peligroso”. La ley podía ser usada para sancionar comportamientos que, sin ser delictivos, eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad. La Gandula fue usada a discreción contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese. La Ley de Vagos y Maleantes se convirtió de facto en una ley contra los más desfavorecidos.

La categorización de las conductas antisociales a perseguir incluidas en el artículo 2 de la ley, eran diez.

  1. Los vagos habituales.
  2. Los rufianes y proxenetas.
  3. Los que no justifiquen cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.
  4. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.
  5. Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.
  6. Los ebrios y toxicómanos habituales.
  7. Los que para su consumo inmediato suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.
  8. Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.
  9. Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.
  10. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

Entre esas categorías destaca la inclusión entre las actividades delictivas no tener empleo, tener una adicción toxicológica o la mendicidad, y para su correcta aplicación se llegaron a crear juzgados especiales por la ingente cantidad de expedientes que se desarrollaban.

Los campos de concentración

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II en la parte relativa a las medidas de seguridad incluye el internamiento en campos de trabajo y de concentración. Para poder dar salida a la inmensidad de expedientes condenatorios-2.400 en solo un mes– que propició esta ley se planificó la construcción de tres campos de concentración en España y uno en la isla de Annobón en la colonia de Guinea Ecuatorial.

En la península los campos estarían situados en Burgos, anexo a la prisión, otro en el Puerto de Santa María, en Cadiz, y otro en Alcalá de Henares. Fue este último el primero en abrir en agosto de 1934. La apertura de este complejo de trabajos forzados fue noticia en toda la prensa de la época. Especialmente para La Vanguardia y ABC, así como para la revista Estampa, que realizó un monográfico sobre este complejo penitenciario.

Portada Estampa

La creación de estos campos de concentración fue acogida con horror por las posibles víctimas de La Gandula, en una época en la que el hurto para subsistir, el desempleo o la mendicidad estaban muy extendidas en todo el territorio español. Esta ley sancionaba que el simple hecho de ser pobre te convertía en posible inquilino de uno de estos campos de trabajo.

“Me voy de España espantado al solo pensamiento de caer en las mallas de ese tormento penitenciario…Esto se pone muy mal, no hay conciencia. Quieren acabar con todos nosotros” decía uno de los posibles afectados por esta ley a la revista.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, los desempleados. Paradójicamente los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, que les prestaba la ventaja de una buena defensa jurídica, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas“Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con diez y ocho o veinte trajes de corte y calidad impecables”.

Era habitual encontrar en la prensa de la época las sentencias del día aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, que con total normalidad, hablaban de las penas de uno a tres años de internamiento en un campo de concentración por el juzgado de instrucción de turno.

Trabajos forzados

Modificación de Franco en 1954

La Ley de vagos y Maleantes se mantuvo vigente hasta prácticamente 1970 con una pequeña modificación hecha en 1954 por el régimen de Francisco Franco. La adenda consistió en un apartado de la categorización de las conductas antisociales, en la que se incluyó la homosexualidad como un delito a perseguir. En el resto de articulado mantuvo el espíritu y la letra de la ley de 1933 hecha por Manuel Azaña y aceptada por todo el arco parlamentario de la época. En 1970 la ley fue derogada dando paso a la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que mantenía los mismos principios represores de las conductas sociales estableciendo penas de hasta 5 años de reclusión o de internamiento en centros psiquiátricos. A pesar de que durante el periodo democrático esta ley no fue aplicada continuó vigente hasta su derogación en el año 1995.

Modificación 1954

Multas de hasta 600.000€ para silenciar los abusos policiales en las manifestaciones

El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción “muy grave”, castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente. #Censuratotalitaria

Agencias/Kaosenlared

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales, denunciando así actuaciones como las del 25S, el 15M en Barcelona, las Jornadas de las JMJ, la Primavera Valenciana, las diferentes huelgas generales de los últimos tres años y tantos otros casos de abusos y violencia policial contra la ciudadanía, en muchas ocasiones por mero capricho sádico del policía en cuestión o actuando contra menores de edad sin el menor miramiento. Subir públicamente las imágenes de tales acciones podrá salir muy caro a partir de ahora.

El estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos pocos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá siquiera derecho a denunciarlo públicamente, a través de las redes sociales u otro tipo de medios del estilo por el cual son habituales estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo estado totalitario: primero reprime y después actúa contra quien se atreve a denunciar y hacer pública, con pruebas, tal represión.

Objetivo principal: silenciar las protestas sociales 

En total hay 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará “muy grave“, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear –objetivo muchas veces de movimientos ecologistas– o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto, no obstante, según el Ministerio, no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Levantar barricadas también será considerada una infracción “grave“.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ‘Ley Corcuera’ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Aquella ley ya fue anulada parcialmente por el Constitucional al violar derechos fundamentales. Con la nueva ley, posiblemente acabe ocurriendo algo similar. Salvo que el propio constitucional acabe decidiendo que ya es hora de acabar con toda ilusión de falsa democracia en el estado, y haya llegado el momento de dejar a la vista de todo el mundo su carácter represor y totalitario al servicio de los privilegios de una élite dominante, sin ocultaciones ni medias tintas.

Veremos…

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“Tienen miedo de que estemos donde debemos estar”

Raúl Rejón 

Parece una ley con destinatarios concretos y conocidos. Lo que ha trascendido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye el castigo endurecido de nuevas y viejas formas de protesta multiplicadas por la facilidad de comunicación de la era digital. En la red social Twitter se ha ganado la etiqueta de #leyanti15m.

Porque hasta hace un año nadie sabía lo que era un escrache y ahora puede salir por 600.000 euros de multa. En la Plataforma Antidesahucios entienden que este movimiento del Gobierno por criminalizarlo “demuestra que tienen miedo de que estemos donde debemos estar“. Tras conocer los planes de endurecimiento del código, Andrea Quinatoa, miembro de la PAH desde 2008, asegura a eldiario.es que “la conciencia ciudadana no se va a parar por más leyes que nos pongan encima”. La PAH, dice, se siente “legitimada” aunque concluye que incluir los escraches dentro de la lista de actividades con fuerte represión legal no es más que un “reflejo del temor que el Estado está desarrollando contra la ciudadanía cuando ejerce su protesta“. Cuestionada por el futuro de sus reivindicaciones, asevera: “Si mañana hay que hacer un escrache, se hará. Estamos legitimados”.

El texto, que presumiblemente irá al Consejo de Ministros del viernes, apunta con precisión hacia dónde quiere golpear. Las famosas acciones de protesta ecologista verán recrudecido su castigo. La asociación Greenpeace se distingue por llamar la atención sobre la protección del medio ambiente: “Porque no se defiende sólo”, suelen argumentar. Sus escaladas de edificios, vuelos reivindicativos o travesías marítimas no gustan a los redactores de la ley. “Estamos espantados”, cuenta a este diario María José Caballero, jefa de campaña de Greenpeace. “Llevamos 40 años protestando y consiguiendo así victorias”, explica la activista, al tiempo que se lamenta: “Nos retrotrae a épocas oscuras, sin discrepancia”.

Este martes un grupo de miembros de la asociación se ha descolgado de la fachada del edificio de la petrolera Shell en Madrid para pedir la libertad de sus compañeros apresados en Rusia. “Ahora estamos preocupados porque no sabemos dentro de poco si en lugar de a San Petersburgo tendremos que ir a Soto del Real”, ironiza Caballero. “Nosotros estamos cada dos por tres frente a procesos judiciales. Unas veces ganamos, otras no, pero siempre aceptamos las sentencias y pagamos las multas que ya se nos están poniendo, que a veces son muy altas”. Con este panorama, si las cantidades se multiplican, analiza Caballero, “nos podrían incluso estrangular desde el punto de vista financiero”. A pesar del horizonte más oscuro, la Greenpeace clama: “Si hay que descolgarse, nos seguiremos descolgando”.

“Lo dañino no está en la calle”, responde Camila Monasterio, de la Plataforma No Somos Delito. Monasterio cree que esta norma “responde al espíritu de la reforma del código (penal) y va a criminalizar la protesta social”. Según su análisis, estas medidas se toman “porque se ha comprobado que (las protestas) funcionan. Porque se ha desarrollado un apoyo entre colectivos que lo ha vuelto más efectivo”. Y opina que la respuesta “es totalmente desproporcionada. El daño a la sociedad hay que buscarlo en otros sitios”.

Preguntada por un análisis técnico, la abogada Verónica del Carpio pone el acento en cómo ha surgido: “Con lo que sabemos, no se puede opinar. Es un globo sonda. No obstante, hay indicios de que se pretende poner trabas a la protesta social, sea 15M o no”. En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, asegura que, a pesar de haber solicitado formalmente el texto del anteproyecto no lo ha recibido. Con todo, Beltrán ha querido recordar que es importante el “derecho de manifestación espontánea para el que no sería obligatoria la autorización de una protesta pacífica”. En ese sentido se opone a la restricción de las concentraciones frente al Congreso: “Las únicas restricciones deben imponerse únicamente cuando exista un riesgo para la seguridad pública”.

Desde Jueces para la Democracia entienden que un movimiento así apunta a “disuadir, desde una perspectiva autoritaria, formas de protesta”. El derecho de manifestación existe en la Constitución sin requerimiento de autorización y, según estos jueces, “el código ya regula los desórdenes públicos” por lo que endurecer las limitaciones de este derecho -por ejemplo ante edificios públicos sin que se altere su funcionamiento- “puede ser de dudosa consitucionalidad”. Y añaden que tomar la vía administrativa, en la que el Ejecutivo es juez y parte al colocar las sanciones, elude “las garantías del proceso judicial” que no habían visto delitos en casos previos de concentraciones o escraches ya juzgados.

http://www.eldiario.es/sociedad/ley_seguridad_ciudadana-reacciones_0_198430382.html

El PP instaura con su ‘ley mordaza’ el “derecho administrativo del enemigo”

Juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya denominada como “ley mordaza”

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL

“Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”, afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra “el enemigo”, que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadanaque se anunció este lunes y que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo, aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, “se impone ahora el derecho administrativo del enemigo”.

Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como “ley mordaza“. O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.

No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de “restricción de derechos” que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería “sólo un eslabón más”. De este modo, entiende que “hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista”. Añade que lo que está intentando el PP es “poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad”.

Margarita Robles (TS): “Esta ley rezuma una gran demagogia populista”Bosch es más rotundo: “Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales”. El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.

Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como “un ejemplo de la libertad de manifestación“. Así, “el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas“, que muchos no podrán pagar.

También entiende que en las medidas sancionadoras “hay claros elementos de desproporción”. Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto “para restringir derechos”, pues “en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana”.

De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.

Policías y activistas, también en contra

José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha negado que esta legislación vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, informa Europa Press. Así, ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, “bajo la apariencia de proteger a los policías”, el Gobierno sólo quiere proteger a “la casta política” y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.

José María Benito (SUP): “El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política”Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno “criminalizar cualquier acto de protesta”. “Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de “una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática”.

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma “recuerda a las peores épocas de la represión franquista” así como que supone “un ataque directo” a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. “Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento”, ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una “muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía”, así como una norma “hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M”. Y añade: “Plantea todas las protestas como ilegítimas”.

También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley CorcueraJoan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como “ley de la patada en la boca a la democracia”. Para ellos, ésta es una “evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles”. Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de “un proyecto de represión ciudadana”.

Lo que dicen las leyes

Constitución Española

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión

Preámbulo

La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.

El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.

Artículo 1

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Artículo 4

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Artículo 5

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Artículo 10

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

http://www.publico.es/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo

Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso

FUENTE

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana recogerá como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución del Estado si esta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, o si habiéndolo hecho, se prohíbe. Pero no sólo participar en la protesta será objeto de castigo: aquellos que la hubieran convocado a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía podrán ser también sancionados por haber cometido una infracción muy grave. Las posibles multas para unos y otros oscilarán entre los 30.001 y los 600.000 euros, según el Ministerio del Interior.

Todavía resonaba el eco de la huelga general del 29 de marzo de 2012 cuando Jorge Fernández Díaz anunció que convocar una protesta que acabara en disturbios sería delito. Al mismo tiempo, advirtió que la resistencia pasiva también estaría incluida en el nuevo Código Penal. El ministro de Justicia aseguró seis días después que ninguna de esas dos acciones se planteaban en el borrador que su departamento preparaba. Un año y medio después de aquel desencuentro, el Gobierno tiene listo un Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con 55 infracciones que vienen suplir la ausencia de faltas en el nuevo Código Penal. Así, de las 39 infracciones que recoge actualmente la ‘Ley Corcuera’ pasará a haber 55. De esas 55 infracciones, 21 serán muy graves, como las protestas no autorizadas ante el Congreso.

La Audiencia Nacional frenó hace un año en seco el intento de Interior de atribuir a los manifestantes de ‘Rodea el Congreso’ y a los convocantes de la protesta un delito contra las altas instituciones del Estado. El Código Penal tipifica como delito “alterar” el normal funcionamiento de la Cámara cuando los diputados estén reunidos. Cuando se apruebe la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no será necesario ni que haya un solo diputado dentro para que el convocante o el manifestante sea acusado de cometer una infracción muy grave y ser castigado con hasta 600.000 euros.

Aquella manifestación del 25 de septiembre de 2012 ante el Congreso sólo le valió imputaciones a manifestantes acusados de protagonizar altercados violentos a su término. Pero sus consecuencias han ido mucho más allá. El Ministerio del Interior y el PP, por una parte, y los convocantes y manifestantes por otra, libraron una batalla por atribuir al otro la responsabilidad de los incidentes. El departamento de Jorge Fernández Díaz defendió las cargas como proporcionadas a la amenaza que representó la protesta y aunque no le quedó más remedio que abrir una investigación por la actuación policial en la estación de Atocha, dejó durante meses el expediente en suspenso hasta que lo cerró sin responsables.

Uno de los argumentos de los manifestantes eran las imágenes grabadas por ellos mismos con sus teléfonos móviles. Pues bien, la difusión de imágenes de antidisturbios durante las manifestaciones también pasará a constituir una infracción muy grave, castigada hasta con 600.000 euros. “Insultar, vejar, amenazar o coaccionar” a los miembros de las Fuerzas de Seguridad constituirá una infracción grave, con multas de 1.001 a 30.000 euros, mientras que difundir en Internet datos de los agentes que se entiendan como un atentado contra su intimidad o la de su familia, o que contribuyan a desbaratar una operación, será castigado igualmente con multas de hasta 600.000 euros. Con la nueva Ley, constituirá una infracción grave no entregar el DNI al policía que lo reclame.

Por lo demás, taparse la cara con una capucha, una gorra o un casco supondrá igualmente una fuerte multa –infracción muy grave- si se ha hecho para alterar el orden público en una manifestación, independientemente de que la acción cometida sea por otra parte considerada delito. Finalmente, y en contra de lo que avanzó la semana pasada Fernández Díaz, el escrache no constituirá una infracción en sí, según fuentes de Interior. Sin embargo, la existencia de esta nueva forma de protesta ha motivado que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana capacite a la Policía para establecer cordones de seguridad cuando considere que se está dando una de estas acciones, que el Gobierno denomina “de acoso”.

Protestas ecologistas

En el capítulo de desobediencia civil también se ven afectados aquellos que protagonicen protestas de contenido ecologista. Por ejemplo, los activistas que sobrevuelen una central nuclear para llamar la atención sobre los efectos adversos de ese tipo de energía cometerán una falta muy grave, al igual que los que lo hagan sobre un aeropuerto o cualquier infraestructura considerada “crítica”. Si otro tipo de manifestantes optan por colapsar con sus vehículos una arteria, como hizo en Catalunya el movimiento que se opone al pago de peajes, las Fuerzas de Seguridad tendrán potestad para disolver la protesta, según la nueva Ley. Escalar a un monumento o edificio emblemático será considerado falta grave.

Interior asegura que para elaborar el Anteproyecto no solo se ha reunido con sindicatos de Policía sino también con organizaciones vecinales y asociaciones de padres de alumnos. De hecho, de las infracciones cometidas por los menores deberán responder sus padres. El Ministerio cree que esa medida funcionó en el combate de la ‘kale borroka’ en Euskadi y Navarra y por eso la incluye ahora en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Por debajo de las infracciones muy graves estarán las catalogadas como “graves”, castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros y las leves, que conllevan el pago de entre 100 y 1.000 euros. Desde el Ministerio del Interior se recuerda que los tres tipos de faltas y las multas que conllevan no suponen modificación alguna respecto al texto ahora vigente. En el apartado de infracciones graves se sitúa por ejemplo ofrecer o reclamar sexo cerca de colegios, parques u otras zonas frecuentadas por menores. De igual forma se castigará el ejercicio de la prostitución en las carreteras o vías de servicio, al poner en riesgo la seguridad vial.

Una planta de marihuana, falta grave

En cuanto a la tenencia y consumo de drogas, se continuará castigando con multas ambas actuaciones en la vía pública y el abandono en la misma de utensilios relacionados con el transporte o consumo. Y una novedad: si plantar marihuana en una determinada cantidad ya era delito si tenía por objeto el tráfico de estupefacientes, ahora se multará el cultivo de cantidades que no tengan tal fin y, por tanto, no estén destinadas al narcotráfico sino al consumo.

Otras infracciones graves serán el consumo de alcohol en la calle si perturba la tranquilidad, maltratar a animales en espectáculos no autorizados, participar o las denominadas “cundas”, que trasladan a los toxicómanos desde el centro de las ciudades a los poblados de la droga situados

La Ley de Seguridad Ciudadana impedirá los escraches y protestas ante el Congreso

FUENTE

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.

El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta

También podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros), en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas.

Otra novedad es que la ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.

La norma contempla como falta grave participar en altercados usando capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.

Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la seguridad vial.

Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.

Esta nueva ley Corcuera contempla sanciones económicas para una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (las llamadas cundas), dañar el mobiliario urbano, hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…

Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las sanciones respecto a la ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.

Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas

Interior respalda la violencia policial

Interior respalda la respuesta policial a «violentos armados»

El ministro felicitó a los agentes por su profesionalidad

FUENTE: LA RAZÓN
27 Septiembre 12 – – E. L. P.

MADRID-Uno, la manifestación «Rodea el Congreso» era ilegal.

FUENTE: PUBLICO

¿Es legal la manifestación ‘Rodea el Congreso’?
El artículo 494 castiga las manifestaciones cuando las Cortes están reunidas, pero ha primado el derecho de libre manifestación y la Delegación del Gobierno ha autorizado la manifestación.

Dos, la Policía no podía permitir semejante agresión al orden constitucional.

El orden Constitucional es aquel que está determinado en la Ley Fundamental de una nación.

Si el orden Constitucional es el que establece la Constitución si el derecho de manifestación se halla amparado en ella y la Delegación del Gobierno la habia autotizado que AGRESIÓN AL ORDEN CONSTUTICIONAL se produjo para que los agentes de la Policia actuaran de manera tan desproporcionada.

Y tres, los agentes actuaron «espléndidamente».

Las agresiones que se produjeron a medios de comunicación que cubrian la noticia son una muestra más de la falta AL ORDEN CONSTITUCIONAL por parte de los agentes a no permitir el LA LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACIÓN.

Es el relato que hizo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su llegada a la Cámara Baja (CONGRESO) a la vez que la izquierda parlamentaria censuraba la actuación policial por considerarla «desproporcioanda». La excepción llegó con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que lejos de hacer el más mínimo reproche, y tras recordar que había sido ministro del Interior, echó un capote al trabajo de los agentes. Fernández Díaz insistió en que la Policía «cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas» y cargó contra los manifestantes porque «se vió obligada a ello» cuando trataron de saltar una valla del perímetro de seguridad.

«Rodea el Congreso» era, según el titular de Interior, una convocatoria «manifiestamente ilegal» porque el Código Penal tipifica como delito pretender   ocupar el Congreso o coaccionar a los diputados cuando están reunidos.

La manifestación no era ilegal pues tenia el beneplacito de la Delegación del Gobierno, en ningún momento se cometio ningún delito pues no se pretendia ocupar el Congreso, por otra parte tampoco hubo coaciones a los diputados, más bien diputados que simpatizaban con los ciudadanos que se manifestaban fueron agredidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por la tarde, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hizo lo propio en la Comisión de Interior. Él habló de disturbios «muy graves» protagonizados por grupos radicales que actuaron «armados» con palos y piedras y de forma organizada y estructurada.

En ninguna de las imagenes que se han ido publicando aparecen personas armadas con palos y piedras, solo tras las cargas policiales iniciadas por policias infiltrados y tras las agresiones algunos ciudadanos hacen uso de piedras como defensa contra las cargas indiscriminadas volviendo una manifestación que transcurria pacifica en una voragine de cargas policiales.

Cosidó relató que el dispositivo de seguridad detectó durante las protestas del 25-S  la presencia de grupos radicales que «se encuadran dentro de la extrema izquierda, “okupas” y anarquistas».

En ningún momento después de las detenciones se han hecho públicos datos de los supuestos grupos de extrema izquierda, la mayoria de los detenidos eran ciudadanos que han sido detenidos por primera vez por el mero hecho de no formar parte de la mayoria silenciosa que se queda en casa esperando a ver que recortes de los derechos sociales va a recortar ese viernes Rajoy, sino que sale a defender esos derechos que tanto tiempo ha costado conseguir.

«Actuaron de forma organizada y estructurada, todos ellos armados con escudos, palos, piedras, botes y objetos contundentes que lanzaron a la Policía».

Como se ve en las imagenes difundidas en los incidentes que se produjeron con las personas que portaban la banderas y escudos se trataba de policias infiltrados que desde dentro de la manifestación incitaron a la violencia para de este modo disolver la manifestación de protesta pacifica hasta este momento y justificar de ese modo la violencia policial.

Relató también la entrada de grupos en un hotel aledaño, barricadas, derribo de contenedores y la necesidad de asistencia médica a policías heridos, además de la aparición de botellas, cientos de kilos de piedras, señales metálicas y palos.

«Vivimos –dijo– tiempos difíciles con retos históricos para España y para sus instituciones. Y en estas duras circunstancias, en el ámbito político debemos mantener altura de miras y una acción constructiva para una recuperación social, económica y cívica», defendió,  antes de remachar que en este contexto la Policía «presta un servicio incalculable», por lo que pidió «el respaldo de todas la fuerzas políticas y de la sociedad a este cuerpo que desempeña sus funciones sin escatimar en esfuerzos y con el mayor grado de profesionalidad y sacrificio».