El honor perdido de la banca española y la necesidad de acabar con los abusos de bancos y banqueros

En El honor perdido de Katharina Blum, una de las grandes novelas de la literatura alemana de la posguerra, Heinrich Böll indaga sobre el origen de la violencia y las consecuencias de esa violencia ejercida contra un individuo o un colectivo humano.

Nacional | 18-11-2012

En El honor perdido de Katharina Blum, una de las grandes novelas de la literatura alemana de la posguerra, Heinrich Böll indaga sobre el origen de la violencia y las consecuencias de esa violencia ejercida contra un individuo o un colectivo humano. Böll, un escritor identificado con la causa de los más pobres, cuenta la historia de Katharina, una mujer que, viendo su honor arrastrado por el barro tras la implacable persecución a la que es sometida por un periodista gráfico, termina disparando contra el hombre que ha destrozado su vida. Conceptos tales como el honor o la fama no existen en el negocio bancario, regido por la suprema ley del beneficio. Tampoco la vergüenza, una virtud moral que el banquero pierde en cuanto pone pie en la sala del Consejo de Administración. Sí, existe, en cambio, el miedo, la más temible de las humanas pulsiones. Miedo a perderlo todo como resultado de la venganza de aquellos que, hartos de la violencia ejercida por los dueños de dinero, podrían decidirse un día a terminar con el negocio por las bravas.

La banca española se ha asustado mucho tras la conmoción social provocada por los suicidios ocurridos en el momento de proceder al desahucio de algunas familias que no podían seguir pagando la hipoteca. Asustada por los abusos cometidos. Imposible abordar en el marco de un artículo el papel que la banca ha jugado en la Economía y la Historia de España en los últimos siglos. Si de muestra vale el botón de la actual crisis, baste decir que su protagonismo ha sido determinante tanto en el origen como en el estallido de la burbuja inmobiliaria que la ha provocado. Testimonio, uno entre mil, de un empleado bancario: “Nos citaba el jefe de zona y nos echaba la bronca, muy nervioso, porque el BBVA o el Santander o quien fuere había concedido un 10% más de hipotecas que nosotros el mes pasado y eso no podía ser, que si estábamos dormidos…” Había que presumir de beneficios, maricón el que bajara del 20% anual, y uno hubo que hizo de los 10.000 millones una especie de tótem al que rendir pleitesía. Cuando la crisis ya era una evidencia, muchos de ellos, particularmente en el subgremio de las Cajas, se apresuraron a llevárselo crudo con indemnizaciones y jubilaciones millonarias, en un ejercicio de latrocinio colectivo sin parangón conocido. No se sabe de nadie que a estas alturas esté en la cárcel.

Para poder hacer de su capa un sayo, el sector ha dispuesto a voluntad de los buenos oficios del regulador, el Banco de España en este caso –escandalosa la forma en que Alfredo Sáenz, un señor que sigue en la brecha a pesar de estar condenado en firme, mandó en la casa durante la gobernación de Fernández Ordóñez-, dispuesto a consentir todo tipo de trapacerías y mirar hacia otro lado, y de la lisonja, no menos cómplice, del poder político del turno, con Emilio Botín convertido en asesor personal de Rodríguez Zapatero durante años. Cuando la banca financia a fondo perdido a todos los partidos, es difícil que la clase política se decida un día a legislar para poner coto, en defensa de los consumidores, a tantos de sus abusos, y más difícil aún si al presidente del Gobierno de turno le estamos ayudando a financiar su casa a tipo de interés de amigo. Y de repente llegan los desahucios, y alguna gente, pobre gente, decide tirarse por la ventana en un arranque de desesperación incomprensible para un banquero. Y llega el miedo.

Por uno de esos fenómenos de onda expansiva tan difíciles de prever como de explicar en periodismo, resulta que el número de desahucios de primera vivienda realizados en España entre 2008 y 2011 apenas ronda los 5.000, y los de este año no rebasan el millar. La confusión arranca de la estadística que trimestralmente realiza el CGPJ sobre los “Efectos de la crisis en los órganos judiciales”, según la cual, en los cuatro años de referencia se produjeron en España 323.495 ejecuciones hipotecarias y 166.716 “lanzamientos” (desalojos), cifra que incluye inquilinos expulsados por impago del alquiler, locales comerciales, fincas urbanas o rústicas, promociones de empresas en concurso, demandas judiciales culminadas finalmente con acuerdo, etc. Un solo caso, el suicidio en Baracaldo de Amaia Egaña el viernes 9 ha sido, sin embargo, suficiente para abrir el tarro de las emociones colectivas. La propia patronal bancaria se adelantó a anunciar la suspensión temporal de los desahucios, y otrosí hizo el Gobierno, que este jueves aprobó un Decreto en tal sentido, acompañado del anuncio de creación de un parque oficial de viviendas para familias en apuros.

Romper la columna vertebral de los derechos adquiridos

Como ocurre con harta frecuencia, es posible que el tsunami de los desahucios pase pronto a segundo plano, barrido por la actualidad rampante de cualquier nuevo episodio colectivo, a menos que el Gobierno se decida a legislar en defensa de los intereses de la mayoría. La palabra se llama liberalizar: acabe usted con las históricas ventajas de la banca, es decir, liberalice, suelte amarras, rompa la columna vertebral de los derechos adquiridos/abusivos de las entidades, ponga coto al cobro desmesurado de comisiones, impida esos intereses de demora draconianos, prohíba la existencia de las tasadoras propiedad de los bancos, legisle para que la letra pequeña de la hipoteca no engañe al español de a pie (y, de paso, meta en la cárcel al banquero/bancario que trate de vender productos sofisticados a la viejecita del lugar).

Se trata, en definitiva, de dotar a los consumidores de los instrumentos jurídicos pertinentes para protegerse de los abusos de la banca, un largo capítulo que debería comenzar por una revisión a fondo de la Ley Hipotecaria, ley tan vieja como abusiva, ley sumarísima que deja al deudor hipotecario sin otra salida que el pago, ley que, en realidad, se estableció para defender los intereses del capital financiero con la anuencia de los Jueces, otro de los pilares de esta España negra que entre todos hemos de cambiar. Ley que consagra un acuerdo contractual entre acreedor y deudor claramente asimétrico a favor del primero. ¿Qué sentido tiene seguir pagando el crédito después de embargado el piso? La dación en pago parece un asunto de sentido común, sobre todo si tenemos en cuenta que el banco rara vez pierde, porque, a cuenta de la peculiar forma de contabilizar los créditos –la clave del prorrateo de los intereses-, el importe del mismo se recupera mucho antes de su vencimiento. La voz pasiva de esta anomalía viene marcada por la sorpresa del hipotecado que, deseando en un momento dado rescindir su hipoteca, se encuentra con que apenas ha empezado a amortizar el principal a pesar de llevar pagando religiosamente su cuota mensual desde hace cinco o incluso diez años.

Los expertos argumentan también la necesidad de desarrollar una Ley de Bancarrota personal, una ley concursal para las familias que proteja sus intereses en caso de endeudamiento sobrevenido, de forma que si en un momento dado no le es posible atender el pago de sus obligaciones pueda acogerse a su particular concurso de acreedores. Urge, en fin, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para desarrollar un mercado de alquiler competitivo. En este sentido, la tentación populista del Gobierno Rajoy a la hora de legislar es cada día más evidente. Hacer un parque público de casas de alquiler es algo que hubiera soñado Franco, que de hecho hizo las casas de protección oficial, las famosas “casas baratas”, y ha sido también empeño del PSOE, y ahí está el caso de la por otro lado brillante María Antonia Trujillo y sus “minipisos” como prueba. ¿El Estado convertido en una gran agencia inmobiliaria? No, por favor. Algo falla en un país con cerca de tres millones de pisos cerrados, cuyos dueños prefieren tenerlos vacíos antes que ponerlos en alquiler. Falla que el Gobierno tiene que acabar con mil y una rigideces y liberalizar el mercado de la vivienda de una maldita vez.

El Ejecutivo aprobó también el jueves el Real Decreto que regula el funcionamiento del “banco malo”, una idea acogida al espejismo de liberar el balance de los bancos de activos inmobiliarios tóxicos para que puedan dedicarse a lo suyo, es decir, a captar pasivo y conceder créditos, el ancestral oficio de la usura que nunca debiste abandonar, forastero, además de tratar de dinamizar el sector inmobiliario. Sin espacio material para tratar aquí de las implicaciones de la medida, interesa constatar que la botadura del Sareb, que así se llama el invento, ha puesto de manifiesto un asunto de importancia para el futuro del actual equipo de Gobierno, como es el divorcio casi total existente entre bancos y banqueros españoles y el ministro de Economía, Luis de Guindos, plasmado ahora con la negativa de Francisco González, presidente del BBVA, a participar en el capital de la cosa, algo que, unido a la falta de interés de los fondos de inversión extranjeros, permite augurar un futuro problemático al invento, aunque, naturalmente, habrá que esperar el resultado de la inevitable llamada de Rajoy a su amigo FG: “Paco, no nos puedes dejar tirados”.

Irresponsables que aún no se han enterado de la crisis

Conviene recordar que la creación del banco “pésimo” es parte del compromiso adquirido por España para recibir la ayuda –aún por llegar- europea (MEDE) de hasta 100.000 millones para sanear la banca, de la que se espera utilizar unos 40.000 millones, suma que, unida a la futura emisión de deuda del Sareb y a las aportadas por las operaciones conocidas como Frob-1 y Frob-2, elevan la cifra total del saneamiento del sector financiero a la friolera de 100.000 millones de euros. He ahí un país dedicando todos sus recursos, hasta quedar exangüe, en la salvación de un sector cuyos protagonistas a menudo tan reacios, tan poco solidarios, tan salvajemente egoístas se muestran en defensa de los intereses generales.

El miércoles supimos por este diario (López-Fonseca y Alba) que el presidente de Bankia, Goirigolzarri, puesto e impuesto por la autoridad competente, piensa gastarse durante el bienio 2013-2015 casi 610 millones en indemnizar a 1.149 empleados mayores de 55 años, a razón de 529.000 euros per cápita. Y todo para ahorrar 213 millones en gastos de personal. “Se desprende que la política salarial y de prejubilación del Grupo BFA [Bankia] sigue sin gestionarse como una empresa en crisis”, dice textualmente el informe de la Comisión Ejecutiva del BdE, responsable de la revelación. Lo que equivale a decir que en esta España en ruina todavía hay irresponsables, normalmente gente instalada en el sector financiero, que aún no se ha enterado de la crisis y de que hay personas que se tiran por la ventana cuando su propio banco procede a embargarles su piso. El viernes supimos también que Belén Romana se embolsará 500.000 euros anuales por dirigir el Sareb, cargo para el que ha sido nombrada por el dedo de De Guindos.

La Comisión Europea, por boca del comisario Rehn, ha hecho esta semana un tan inesperado como valioso regalo al Ejecutivo Rajoy, al liberarle de acometer nuevos recortes en lo que queda de 2012 y en 2013. Es imperativo que el Gobierno de España utilice ese descansillo para acometer las reformas pertinentes, reformas inaplazables en el terreno de la liberalización de la Economía, con la vista puesta en la defensa de los intereses de los consumidores, que no de los grupos de presión, para, entre otras cosas, poner en su sitio a esas oligarquías financiero-bancarias que han campado por sus respetos a lo largo y ancho de la Historia de España.

El problema legal y social de los desahucios

UNA CUESTIÓN SIN SALIDA FÁCIL

Fuente: el Periodico.com

Viernes, 16 de noviembre del 2012 – 18:50h

Josep Maria Quintana Registrador de la propiedad y escritor

Escribir para hablar de uno de los temas que más espacio ocupan últimamente en los periódicos y las tertulias radiofónicas –el problema de la dación en pago y los desahucios que, de hecho, comporta la ejecución judicial de los créditos hipotecarios– es extremadamente expuesto. Lo digo porque intentar sacar la cabeza en una materia como Esta apartándote de lo que es «un clamor» no es fácil y, sin embargo, me parece que, al menos en parte, debo hacerlo.

Manifestación contra los desahucios en Valencia. MIGUEL LORENZO

Sobre la legislación aplicable

De entrada tengo que decir que la ley hipotecaria (LH) vigente no es de 1846 (como afirmó un conocido periodista madrileño en una tertulia radiofónica de Onda Cero) ni tampoco de 1909, «de cuando no había siquiera papel carbón y todo se hacía a mano», como lo hacía otro conocido periodista catalán en Catalunya Ràdio. No. La LH es del 8 de febrero de 1946. Aun así es bastante antigua, ustedes me dirán y yo les daré la razón, pero inmediatamente tendré que añadir que la regulación de la ejecución hipotecaria judicial –que es el procedimiento que puede acabar con la pérdida de la finca (que se la queda el banco o un tercero) y, por tanto, con el desahucio de quien era su propietario– fue reformada hace unos años y se regula por la ley 1/2000 de enjuiciamiento civil (LEC), de 7 de enero (que entró en vigor el 1 de enero del 2001). Es, pues, la LEC la que regula todo el proceso ejecutivo judicial, aunque, curiosamente, hasta hoy no lo he escuchado de ningún tertuliano o periodista. Esta ley nos podrá gustar o no y podrá ser más o menos acertada, pero no es una antigualla, como se nos ha vendido.

Tras la hipoteca hay un préstamo dinerario

Cuando usted, amigo lector, acude a un particular o a un banco para pedir un préstamo (que acepta garantizar con una hipoteca o con un aval) lo que pide es un préstamo. Conviene que no pierda esto de vista porque es esencial. Por lo tanto, usted pide una cantidad de dinero (pongamos que 100.000 euros para comprar un piso) que, en buena lógica, deberá devolver en el plazo pactado pagando los intereses que se fijen. La deuda que habrá asumido será, pues, de 100.000 euros más los intereses, del que usted –deudor– responde con todo su patrimonio. No en vano el artículo 1911 del Código Civil establece el principio de responsabilidad patrimonial universal: «Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros».

Ahora bien, dado que si el deudor no pudiera ofrecer una garantía más específica que la derivada de su responsabilidad patrimonial universal es muy probable que no se le prestara dinero a casi nadie y que, además, el dinero prestado lo sería a unos intereses altísimos, el acreedor pide al deudor que alguien solvente le avale la devolución del crédito o bien que le garantice con una hipoteca sobre el inmueble que está adquiriendo (o sobre otro inmueble de su propiedad). Esta hipoteca es, pues, una garantía complementaria a la personal, que no desaparece. Por lo tanto, si el deudor no paga, el acreedor puede pedir que se ejecute la hipoteca. La finca se pone en pública subasta y el acreedor se cobrará el crédito con la venta. Pero si con la venta de la finca no se ha cubierto el crédito (estos 100.000 euros más los intereses que usted pidió en forma de préstamo), entonces, no solo se le desahuciará del inmueble que había dado en garantía (si es que vive en él), sino que, además, deberá responder de la diferencia de acuerdo con el principio de responsabilidad patrimonial.

La dación en pago para saldar la deuda

Se dice y se repite hasta la saciedad que esto es injusto y que «la ley hipotecaria debería regular la dación en pago«. O lo que es lo mismo, debería establecer un mecanismo en virtud del cual el deudor de un préstamo garantizado con una hipoteca debería entregar la deuda entregando la finca hipotecada al acreedor.

Pues bien, de entrada conviene que sepamos que tampoco en este caso usted evitaría el desahucio si dejara de pagar las cuotas hipotecarias, ya que debería entregar la finca hipotecada al acreedor, que entraría en posesión de la finca, ya sea para ocuparla él, para venderla a un tercero o para ponerla en arrendamiento.

Pero resulta que la ley hipotecaria (esta tan vieja y tan inútil) recoge la posibilidad de la «dación en pago» desde el primer día que vio la luz. Dice el artículo 140: «… podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de hipoteca voluntaria que las obligaciones garantizadas se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados y no alcanza a los demas bienes del patrimonio del deudor». Y usted me dirá: ¿Por qué, pues, no se pactan así todas las hipotecas? La respuesta es sencilla: Porque si la «dación en pago» fuera el único sistema reconocido en materia de garantía hipotecaria, entonces el banco (o el particular) que le concede el préstamo-no olvide que lo que usted ha pedido es un préstamo de 100.000 euros para comprar un piso-, ante la imposibilidad de saber cómo evolucionará el mercado inmobiliario en el futuro, se asegurará de no perder el dinero que le presta de una de las siguientes maneras: dejándole una cantidad inferior a la que usted necesita, poniéndole un interés muy elevado o mediante las dos fórmulas unidas. También tendría otra: exigiéndole que contratara un seguro que cubriera la minoración respecto del valor por el que se ha tasado la finca. Y esto llevaría como consecuencia del encarecimiento y el retraimiento del crédito.

De todos modos, y para ser honrado conmigo mismo, debo decir que, en los EEUU, el sistema ordinario de «dación en pago», denominado allí «walk away» (salir caminando), ha tenido bastante éxito (tanto los bancos como los propietarios de viviendas), pero dudo que, hoy por hoy, en España tuviera las mismas consecuencias. Más bien me parece que retraería aún más el crédito, con las consecuencias que ello conlleva.

La compleja y sangrienta cuestión de los desahucios

Llegados aquí podemos hablar de los desahucios y los problemas sociales que provocan. Negar el drama personal y familiar que estos siempre conllevan sería de ciegos, ya que en algún caso, sus consecuencias pueden provocar incluso situaciones de exclusión social. Pero dudo que sea abordando la legislación general que deben resolverse las cuestiones particulares –por extensas y lacerantes que sean–, que han provocado que muchos deudores que han actuado de buena hayan vistos forzados a incumplir sus obligaciones por causas imprevistas o de fuerza mayor, una de las cuales es sin duda la crisis económica.

Aunque soy muy consciente de estos casos, dudo que la solución más adecuada para resolverlos sea –como algunos reclaman– facultar a los jueces para acordar moratorias y suspender transitoriamente el pago de las cuotas hipotecarias si concurren causas como por ejemplo el paro, los accidentes laborales, las largas enfermedades, las desgracias familiares o infortunios similares, porque es muy difícil establecer dónde empieza y dónde termina la «justeza» de estas causas y esto introduciría, en mi opinión, un grado de arbitrariedad judicial difícilmente aceptable.

Sí, en cambio, creo acertado que, de manera transitoria, por un plazo fijado (por ejemplo dos años) y para unos casos bien tasados (probablemente en virtud de una renta anual baja) la ley establezca una moratoria en el pago de las cuotas como medida excepcional. De hecho, es la fórmula que ha adoptado el Gobierno (sin el acuerdo del PSOE) el pasado jueves, y –con los casos que éste ha fijado o con otros– era la única que podía tomar sin violentar los principios constitucionales. Y además porque la soberanía del Gobierno español es limitada en estas (y tantas otras cuestiones), ya que debe consultar a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo y solicitar asesoramiento al Fondo Monetario Internacional antes modificar la normativa sobre desahucios, ya que las nuevas medidas podrían tener un impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate a la banca. Así, al menos, se establece en el ‘Memorando de Entendimiento’ que recoge las condiciones para el rescate bancario.

Las reformas que, en el futuro, deberían abordar en materia hipotecaria

Más allá de esta solución provisional y temporal, en una futura (y urgente) reforma deberían establecer los siguientes cambios: 1) una limitación de los intereses de demora en las hipotecas, que son abusivos y, a menudo, usurarios; 2 ) la modificación del procedimiento de ejecución para sujetarlo a las normas ordinarias de ejecución de cualquier tipo de crédito documentado; 3) la elevación del porcentaje de adjudicación al acreedor en la subasta de viviendas en trámite de ejecución hipotecaria (hoy es del 60% del valor de tasación, lo que determina que los acreedores se adjudiquen bienes por un precio muy inferior al real), y 4) la modificación del sistema de tasación de viviendas, que debería ser hecha en todo caso por técnicos que sean de verdad independientes de los bancos (hoy son los bancos los que los designan).

Y si con estas normas (la transitoria y las generales) todavía se dan casos extremos –los mismos que he calificado de lacerantes que pueden llevar personas y familias a la exclusión social–, entonces el Estado debería arbitrar una línea de ayudas a los afectados, al igual que ha ayudado a los bancos cuando las cosas les han ido mal dadas. Pero esto no se puede hacer a costa de la otra parte contratante: para entendernos, a costa de la persona –natural o jurídica– que hizo el préstamo que ahora el deudor no devuelve, o que le alquiló una casa, cuyo alquiler ha dejado de pagar el inquilino.

Los desahucios no se dan solo a las ejecuciones hipotecarias

Es necesario que no olvidemos que los desahucios no se dan solo como consecuencia de ejecuciones hipotecarias. También se pueden dar como resultado de la ejecución de un embargo o, en el caso de los arrendamientos de inmuebles, cuando el arrendatario de una finca no paga el alquiler, siempre de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. Y en estos supuestos, los desahucios pueden ser igual de sangrientos que en las ejecuciones hipotecarias (aunque hoy nadie diga nada).

Para terminar

Reconozco que en un artículo no se puede decir aunque hay materia sobrada para hablar mal de algunos bancos (no de todos), de sus prácticas abusivas, de la falta de claridad a la hora de conceder préstamos hipotecarios o de haber prestado más dinero del que una buena práctica bancaria permitía. También de cómo se podrían apretar los bancos que han actuado con malas prácticas y, sin embargo, han recibido ayudas del Estado. Malas prácticas, por cierto, que cargan de razón a quienes dicen que «el Gobierno ayuda a los bancos y se niega a ayudar a las personas».

Y me pregunto: ¿porque los bancos que han sido ayudados no pueden ahora dedicar una parte de esta ayuda a las familias que han sido objeto de desahucios por impagos de los créditos hipotecarios que estos mismos bancos les dieron? ¿Por qué si estos inmuebles tóxicos deben pasar al «banco malo» por el 50% del valor (que venderá más tarde a precio de mercado) no se les incita a hacer una quita de una cantidad similar a los deudores que no pueden pagar a hipoteca?

Dicho esto –sin duda bastante importante, pero que va más allá de lo que es (y puede ser) estrictamente la reforma de la normativa hipotecaria–, reitero que hay camino por andar para adaptar la legislación a las necesidades del momento. Pero lo que no puede hacer el legislador es (por grande que sea la presión social) tomar decisiones legislativas que conduzcan a la arbitrariedad, a la inseguridad jurídica o induzcan, directa o indirectamente, al incumplimiento de las obligaciones contractuales. Es seguro que el Gobierno debe poder arbitrar políticas de fomento sin romper el principio general del ‘pacta sunt servanda’.

El Gobierno pone precio para tener “papeles” 160.000 Euros

Fuente: Euronews

El Gobierno concederá permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros, según anunció el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

“En unas semanas se va a poner en marcha una reforma del Decreto de extranjería para conceder permisos de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda en España a partir de un determinado nivel de precio”, indicó García-Legaz en su intervención en ‘El Ágora’ de ‘El Economista’, organizado en colaboración con Ernst&Young y Promarca.

El secretario de Estado apuntó a los 160.000 euros como el límite de precio de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe que estima “equilibrado”. “No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia y la vivienda sería la excusa para conseguirlos”, apuntó al respecto.

En cuanto a los destinatarios, Gargía-Legaz destacó que la medida se dirige sobre todo a mercados como el ruso o el chino, donde ya se detecta “una demanda importante de vivienda en España”.

Según indicó, se trata una iniciativa en la que trabajan desde la pasada primavera los ministerios de Economía, Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores, con el objetivo de contribuir a reducir el “exceso” de ‘stock’ de pisos que existe en España, mediante la demanda exterior.

SIN CAPACIDAD DE COMPRA EN EL MERCADO DOMÉSTICO.

El mercado nacional, según el secretario de Estado, “está muy parado” y, además, no se aprecia “en el horizonte mucha capacidad de compra en el mercado doméstico” en los próximos años, por la falta de crédito y por la “difícil” situación económica que atraviesan las familias.

García-Legaz considera también que España es un mercado atractivo en este sentido, porque se ha producido una caída “considerable” de precios”, entre otros factores.

El secretario de Estado de Comercio apuntó asimismo que este martes se volverá a reunir el grupo de trabajo creado al respecto para avanzar en esta medida

Banco malo versus Banco Bueno: De la estafa organizada a la oportunidad histórica.

Banco malo versus Banco Bueno: De la estafa organizada a la oportunidad
histórica.
Con la nueva reforma financiera anunciada por el Ministro De Guindos (la quinta desde que estalló la crisis, y la tercera desde que gobiernan los populares) se obliga a las entidades financieras perceptoras de ayudas públicas a deshacerse de los inmuebles adjudicados en cartera. Para ello se crearán sociedades gestoras (banco malo), participadas por el FROB, que compraran los activos tóxicos que se acumulan en los balances bancarios para venderlos en un plazo máximo de 15 años. Con ello se pretende sanear las cuentas de las entidades financieras de la indigestión inmobiliaria. De esta manera el FROB, que podrá endeudarse hasta un tope de 120.000 euros, financiará la compra de estos activos tóxicos, mayormente inmuebles que actúan como garantía de créditos ligados a promotor, según el propio ministro de economía. El gobierno ha asegurado que dichos activos se compraran a un precio
razonable y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que la
reforma “se ha diseñado para que no cueste un euro al erario público”.
Sin embargo, esta nueva “restructuración” se presenta ante nosotros como el mayor
rescate bancario hasta la fecha y otra gran estafa a la ciudadanía. Al respecto varias
consideraciones:
1) ¿Quién nos asegura que las parcelas, suelos, promociones sin acabar y
urbanizaciones fantasma que absorberá el banco malo se comprarán a un precio
razonable? Que se entiende por “precio razonable”?
Si la intención del banco malo es comprar activos para luego venderlos, el precio al
que se compren y luego se vendan estos activos será clave para determinar el coste
final para el contribuyente. Una de las hipótesis que se barajan es que los inmuebles
sean transferidos al banco malo por su valor contable menos las provisiones ya
realizadas sobre el activo que poseen en cartera (un colchón que los bancos están
obligados a reservar para compensar la depreciación de los inmuebles). ¿Pero
descontar la provisión realizada sobre el precio contable de los activos será
suficiente para ajustarnos a su valor actual de mercado? Suponiendo que fuera así,
que no lo es, y que, tal y como asegura el ministro De Guindos “los activos tóxicos de
los bancos ya estuvieran suficientemente provisionados, con lo que el precio de
compra podría ser reducido”, ¿por qué estos activos no encuentran salida en el
mercado privado? ¿Por qué se transfieren entonces al banco malo? ¿Por qué nadie
los quiere? ¿Por qué los tiene que comprar el Estado?
La mayoría de expertos señalan que la depreciación real de los activos es
ostensiblemente mayor a la provisionada en los registros contables de los bancos,
sobre todo en lo referente al suelo. ¿Cuanto vale realmente un patatal no edificable
que se compró a precios desorbitados? Con toda seguridad estaremos comprando
inmuebles a precios inflados. Y eso, el Sr. De Guindos lo sabe. Por este motivo la vida
útil del banco malo se ha establecido en 15 años. El ejecutivo supone que
transcurrido este plazo, la economía se habrá recuperado, el mercado inmobiliario
reflotado y los precios de los inmuebles volverán al alza. De esta manera, la apuesta
del gobierno del PP es la apuesta por una nueva burbuja inmobiliaria. Con este
planteamiento inicial, pase lo que pase, la ciudadanía pierde. Si los precios vuelven
a los niveles de burbuja, el banco malo no aflorará pérdidas, pero volveremos a
sufrir en nuestras carnes las consecuencias de un modelo especulativo que nos ha
conducido a la situación actual.
Sin embargo ésta última hipótesis es más que dudosa. Con una ingente cantidad de
stock de vivienda e inmuebles por absorber, una tasa de crecimiento poblacional
que se prevé negativo en los próximos años, un elevado endeudamiento familiar y
una tasa de paro estructural endémica, parece difícil regresar a los años de burbuja y
reactivar el mercado inmobiliario a partir de la demanda interna. Consciente de ello,
el gobierno intenta atraer inversores extranjeros (de ahí los esfuerzos del ejecutivo
en promocionar el mercado inmobiliario español en países como Rusia o China). Es
también en esta clave que debemos interpretar la propuesta de modificación
legislativa en el mercado del alquiler, donde, entre otros elementos, se introduce
una exención fiscal para las empresas que adquieran activos inmobiliarios.
Así que pase lo que pase, seremos los contribuyentes los que acabaremos pagando
la factura de un rescate bancario sin precedentes. Si el banco malo se liquida sin
pérdidas, querrá decir que hay burbuja. Si se liquida con pérdidas, será la
ciudadanía la que tendrá que afrontarlas, lo que inmediatamente se traducirá en
una nueva oleada de recortes. Así que una de dos: o tendremos burbuja o
tendremos recortes.
Sin embargo, no podremos saber el resultado hasta que el banco malo no se liquide.
Es decir dentro de 15 años. Mientras tanto, la ingeniería contable se encargará de
disfrazar las cifras, como ha hecho hasta la fecha con los balances bancarios.
2) Los costes inmediatos para los ciudadanos de la dación en pago a la banca.
Sea lo que fuere lo que pase en el futuro, la realidad es que a día de hoy se
compraran activos a la banca a precios sobrevalorados. Se trata de una especie de
dación en pago a la banca. Sanearemos sus cuentas a costa de los contribuyentes.
Los mismos mercados financieros señalan en esta dirección. Después de la
comparecencia del ministro de economía para explicar la reforma, las cotizaciones
bursátiles de las entidades bancarias subían como la espuma al tiempo que el rating
de la deuda pública se desplomaba y la prima de riesgo volvía a encaramarse. Lo cual
implica que esta medida ya está suponiendo costes para los ciudadanos, puesto que
habremos de pagar más intereses por la deuda pública que emita el Estado.
Por otro lado conseguir financiación y destinar recursos para tapar el agujero de los
bancos, comprando activos a precio sobrevalorado, impide canalizar los recursos
hacia otros sectores de la economía. Es lo que los economistas denominan el coste
de oportunidad. Si destinamos los recursos que traemos del futuro (endeudándonos
todavía más) para unas cosas, los dejamos de utilizar para otras.
Los intereses del préstamo que pedirá el FROB irán a cargo del presupuesto público
y se traducirán en más recortes sociales hoy, si no se quiere incrementar el déficit
público.
Si el FROB se endeuda, nos endeudamos todos, puesto que es el Estado quien avala
al FROB, que es un instrumento público. Aunque De Guindos ha reiterado su
voluntad de que el banco malo esté participado por capital privado, en un primer
momento su único accionista será el FROB, es decir, los ciudadanos. El FROB se
endeudará para financiar la compra de los activos “tóxicos”. Una deuda que no nos
olvidemos, generará nuevos intereses. Si el gobierno continua obcecado con la
política del déficit cero y dado que se niega a incrementar los ingresos por la vía de
hacer pagar a los que más tienen, no tendrá otro remedio que continuar recortando
las partidas sociales para poder pagar los intereses sin desequilibrar el presupuesto.
Así, toda esta operación no tendrá coste alguno para el contribuyente sólo si el
precio por el que el banco malo vende los activos a un tercero es superior o igual al
precio por el que los compró más los intereses acumulados que ha debido de hacer
frente el FROB para financiar la compra de los activos tóxicos. Y esto, como ya se ha
dicho, solo es posible con una nueva burbuja inmobiliaria.
4) En cuarto lugar, la reforma financiera pone de manifiesto que el talón de Aquiles
del sistema no son las viviendas ejecutadas a familias insolventes, como algunos
políticos y expertos pretendían hacernos creer, sino la exposición al riesgo de los
créditos concedidos a promotores y constructores. Así lo manifiesta el propio
ministro cuando literalmente declara que los activos que serán traspasados al banco
malo son sobre todo “créditos problemáticos ligados a promotor, que son los más
tóxicos”
Por último, El sr. De Guindos también ha hecho referencia sobre la intención de que
estas sociedades gestoras estén participadas por capital privado. Se creará entonces
una especie de consorcio público privado. En este caso, quien se quedará con los
activos buenos, y quien los malos. No será una nueva puerta que nos lleve a otro
escenario donde se socializarán las pérdidas y se privatizaran los beneficios?
Pero, y si creamos un Banco Bueno y optamos por garantizar el derecho a una
vivienda?
Sin embargo existe otra manera de gestionar la situación actual. Si como estamos
comprobando reforma tras reforma, la mercantilización de la vivienda explica gran
parte de la crisis económica y financiera en la que estamos sumidos actualmente,
por qué no exigir que los bancos malos se conviertan en un banco bueno y
convertimos las viviendas en manos de las entidades en un parque público de
alquiler social? Porque no aprovechamos para recuperar suelo público y protegerlo?
Obviamente deberíamos controlar que el precio que pagamos por las viviendas y el
suelo recuperado se hace a un precio real y ajustado al valor actual. No es una tarea
fácil, pero es un reto necesario y apasionante. Es cierto que estamos en un momento
crítico. Pero también es cierto que nos encontramos ante una oportunidad histórica
que no se volverá a presentar en mucho tiempo. No la dejemos escapar.
Artículo de Adrià Alemany, miembro de la PAH y coautor del libro “vidas
hipotecadas: de la burbuja inmobiliaria al derecho a una vivienda.”

Absoluta Seguridad (de los ciudadanos)

16 de noviembre de 2012 · by TuPutoAmigo · in articulos. ·

En Murcia, durante la Huelga General del 14N, han resultado heridas varias personas, una de ellas de gravedad. Por suerte, existen numerosas grabaciones de lo acontecido ántes, durante y después de los incidentes. El análisis de las imágenes del vídeo son fundamentales para ayudar a esclarecer estos graves acontecimientos; y para aclararlos, he realizado un estudio del vídeo de la agresión estabilizando la imagen (ya que al haber sido grabado cámara en mano hay muchas vibraciones que a ciertas personas les impide observar los hechos con claridad.)

Éste es el resultado:

Análisis de los acontecimientos:

El delegado del gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, declaró en una primera comparecencia ante los medios de comunicación sobre unos incidentes en la Calle Trapería de Murcia: “Rotundamente lo niego, no ha habido ninguna carga, y habla el delegado de gobierno.” y “[la policía] está cumpliendo perfectamente con su deber”. Por ahora no hay imágenes de esos acontecimientos.

Declaraciones de Joaquín Bascuñana en relación a los incidentes en la Calle Trapería:

Sin embargo, algo después, tras la rápida propagación de un vídeo sobre los enfrentamientos entre manifestantes y policía, en la confluencia de las Calles Bando de Huerta con Gregoria Marañón (alrededores del Corte Inglés), Joaquín Bascuñana aseguró que: “una vez que se han retirado, se les ha invitado por tres veces a que se marcharan; eran las 13:20h cuando, ante el tercer llamamiento por parte de la policía, ha habido carga policial ante el lanzamiento continuo de piedras y otros objetos” y remarcó: “estaban agrediendo a la policía con objetos y piedras”.

En un vídeo grabado desde un portal al comienzo de la Calle Bando de Huerta, se puede observar cómo la policía separa a un grupo y lo dirige hacia el callejón. Desde 0:06 hasta 0:014 se ve a Carlos G. que junto a varias personas más, incluida una chica con muletas, es obligado a introducirse en el callejón; mientras, algunas personas que observan la chocante escena preguntan: “¿Porqué los metéis en el callejón? ¿Porqué?”; mientras, otras gritan y avisan: “¡Os están arrinconando!”. Se vuelve a ver a Carlos G. desde 1:36 hasta el minuto 2, siempre en actitud tranquila.

Éste es el video de la agresión, grabado por unos vecinos desde su ventana:

En la carga realizada por la policía resultaron heridas varias personas, uno de ellos de gravedad: Carlos G., miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia. Preguntado por estos hechos, el delegado del Gobierno de Murcia argumentó: “ha tropezado con una motocicleta, el policía que le perseguía ha saltado y los dos agentes que llegaban a continuación, cuando han procedido a inmovilizar a esta persona, han advertido que estaba herida, por lo que han sido ellos quienes le han atendido en primera instancia”.

Veamos. A continuación, otro video desde un ángulo diferente, grabado al final de la Calle Bando de Huerta en confluencia con la Calle Gregorio Marañón. Al fondo, junto a la señal de “ceda el paso”, yace Carlos tras ser golpeado. Algunas personas empiezan a cuidarlo; no son policías.

Más tarde compareció el jefe superior de la policía nacional de la región de Murcia, Cirilo Durán, quien aclaró que “cuando la policía ha cargado contra los manifestantes, éstos salen corriendo y uno de ellos ha sido esta persona que se ha caído al tropezar” y por lo tanto, las heridas sufridas por Carlos G. “pueden haber sido producidas al caerse y golpearse con algún objeto metálico de la moto, que ha sufrido desperfectos importantes,… o con la acera” y con ánimo de esclarecer los hechos, requerirá “por parte del forense y los médicos evalúen las lesiones que tiene, cómo pueden haber sido producidas, y los objetos que pueden haber producido las mismas, porque tenemos la absoluta seguridad de que se han producido al caer o bien con algún objeto metálico de la moto o con la acera del suelo”.

En la esquina superior izquierda está el vídeo original; debajo el vídeo estabilizado y a la derecha el video estabilizado y aumentado. Éste es el resultado:

Resumen cronológico:

1:27 La policía empieza a cargar.
1:32 Primer porrazo a Carlos del policía 1 (brazo derecho)
1:33 Segundo porrazo (espalda)
1:33 Tercer porrazo (brazo derecho)
1:35 Cuarto porrazo (espalda, parte superior)
1:37 Quinto porrazo (espalda, parte superior)
1:38 Sexto porrazo (cadera)
1:39 El policía 1 que lo persigue cae al suelo
1:39 Desparecen de plano (policía y Carlos)
1:40 Aparece en imagen el policía 1 en el suelo, Carlos a 2 metros por delante.
1:41 Carlos se sube a la acera donde hay 5 personas más.
1:44 En la huida, Carlos tropieza y se apoya en un coche, el retrovisor hace que se frene.
1:45 Carlos es empujado por el policía 2 y cae sobre una moto
1:46 Llega el policía 3 y ambos levantan las porras hacia Carlos. Salen de cuadro.
1:54 Reaparecen en plano. Octavo porrazo en la zona superior (sin contar los recibidos fuera de plano).
1:55 Noveno porrazo. Llega el policía 3 y le da una patada en la zona del vientre.
1:56 El policía 2 le da una patada en la zona de la cabeza.
1:57 El policía 2 salta, coge impulso y le da el décimo porrazo.
1:58 El policía 2 se aleja.
2:04 Pasan 8 policías a su lado hasta que otro manifestante se agacha a preocuparse por Carlos.

Existen algunas fotografías de Carlos tras la brutal paliza en la que terminó en el Hospital con numerosas contusiones por todo el cuerpo, sangrando por la cabeza, con el tabique nasal y pómulo izquierdo rotos. También un un video de Carlos tirado en el suelo justo ántes de entrar en la ambulancia; en él, a duras penas, dice a los periodistas que no quiere ser fotografiado. “Es una cuestión moral” explica; por lo que no enlazaré su contenido.

Vista la voluntad e interés por aclarar estos graves hechos, tanto del jefe de policía Cirilo Durán como del delegado del gobierno Joaquín Bascuñana, he realizado este video que, espero, les ayude a replantearse la “absoluta seguridad” de los hechos,… y de de los ciudadanos

Atentamente.

Tu puto Amigo.

El libro «Vidas hipotecadas» recoge las técnicas para negociar la deuda con el banco

4/04/2012 – 14:28

Barcelona, 4 abr (EFE).- El libro «Vidas Hipotecadas», escrito por los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau y Adrià Alemany, señala a los responsables de los miles de desahucios que se dan en España y ofrece una serie de técnicas para negociar la deuda con el banco.

En la presentación del libro, Colau ha subrayado hoy que, en caso de no poder hacer frente la hipoteca, lo más importante es informarse de las opciones que hay, no dejarse amenazar por las entidades bancarias y escoger bien el momento en que se deja de pagar para garantizar las necesidades básicas.

«Muchas entidades utilizan la debilidad de las personas que llegan a la oficina con la pena de no poder pagar la hipoteca para extorsionar y amenazar con un desahucio con policía al día siguiente, cuando en realidad esa acción puede tardar meses», ha destacado la autora del libro en conferencia de prensa.

Colau y Alemany fundaron en el 2009 la PAH, como continuación del movimiento VdeVivienda, y lo primero que les sorprendió es que los afectados no estaban enfadados, sino deprimidos por una situación que la vivían como un fracaso, pese a que no tenían toda la culpa de haber llegado a esa situación.

Por ello, los autores piden en el libro un cambio de actitud, ya que es un «problema grave pero que no conduce a la prisión», y recomiendan «no dejar de comer o de alimentar a los hijos par poder a pagar la hipoteca».

«La decisión de dejar de abonar la cuota de la hipoteca es muy personal, pero si alguien ve claro que pronto llega el momento en que no la podrá pagar debe pensar que todas las mensualidades que dejará de pagar es dinero que podrá destinar a la atención de su familia», destacan los autores.

Los autores recomiendan negociar una solución con el banco y no descartar la dación en pago, aunque, por la caída del valor de la vivienda desde 2007, los bancos son reticentes a esta solución y de entrada dirán que es imposible.

Para Colau, el Código de Buenas Prácticas de los bancos ante deudores aprobado recientemente por el Gobierno, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es «una tomadura de pelo» que lo único que ha logrado es precisamente el efecto contrario.

En opinión de los autores del libro, el código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que, a efectos prácticos, canaliza el proceso hacia una refinanciación de la deuda que «sólo interesa a los bancos».

Desde que empezó la crisis en 2007 se han realizado en España 330.000 ejecuciones hipotecarias que han dejado centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.

«La mayoría de los desahuciados tienen menores a su cargo», ha alertado Colau, que se ha preguntado «qué sociedad se puede mirar al espejo y no sentir vergüenza cuando ha inyectado dinero a unas entidades bancarias que están dejando en la calle a familias con niños».

El libro denuncia que la responsabilidad de la actual situación recae en todo el mundo, tanto los titulares de hipotecas como las agencias de tasación, las inmobiliarias, los bancos y los políticos, pero a los únicos a los que se les está pasando factura es a las familias, ya que las empresas inmobiliarias, por ejemplo, pueden liquidar sus deudas en proceso concursal entregando su patrimonio.

Por ello, los autores defienden la desobediencia civil, como oponerse a un desahucio autorizado por un juez, ante una ley «injusta» y que no puede invadir una ley «superior» que es la de los Derechos Humanos».

«Vidas Hipotecadas» analiza además los factores que propiciaron la burbuja inmobiliaria, retrata la «institucionalización» del mensaje de que alquilar era tirar el dinero y que la vivienda era una buena inversión, y denuncia la «profunda ignorancia» de las instituciones públicas sobre el nivel de endeudamiento de la sociedad española.

Parte de los beneficios del libro, publicado por Angle Editorial, irán a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en sus años de vida ha paralizado cerca de 200 desahucios, ha logrado centenares de daciones en pago y ha conseguido algunas condonaciones de deuda después de subasta

Protección de los deudores hipotecarios

Publicado el Viernes, 16 Noviembre 2012 07:53

En el BOE de 16 de noviembre de 2012 ha sido publicado el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que entra en vigor de forma inmediata, esto es, en el mismo día de su publicación, teniendo efectos retroactivospara aquellos procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Dada la brevedad de su articulado, lo reproducimos íntegramente:

Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Artículo 2. Acreditación.

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere este real decreto-ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Ultimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este real decreto.

Valencia como ejemplo de “todo lo malo que ocurre en España”

Reuters pone a Valencia como ejemplo de “todo lo malo que ocurre en España”La agencia distribuye un reportaje que describe la estrepitosa caída de la comunidad autónoma

El reportaje, distribuido a televisiones de todo el mundo, repasa los fiascos y la corrupción

Ignacio Zafra Valencia 25 SEP 2012 – 18:26 CET
La agencia internacional de noticias Reuters ha distribuido este martes un reportaje televisivo en el que se describe a Valencia como “el símbolo de todo lo malo de España”.

La noticia, que ha sido distribuida a televisiones de todo el mundo, ofrece la siguiente descripción: “Una gigantesca pero casi vacía Ciudad de las Artes y las Ciencias, un aeropuerto por el que aún no ha pasado ningún pasajero, un estadio a medio construir: tres proyectos en los que Valencia invirtió millones de euros y se han convertido en el símbolo de los excesos que han llevado a España al borde del colapso financiero”.

En el reportaje son entrevistados, entre otros, el diputado de EU-PV, Ignacio Blanco; el director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Manuel Toharia y el alcalde de Vilanova d’Alcolea, Francisco Oller, de un partido independiente local. Reuters señala que sus peticiones para entrevistar a portavoces del PP y del aeropuerto de Castellón fueron rechazadas.

La agencia hace un repaso a la última década en la que, cuenta, “surfeando sobre el boom inmobiliario”, la Comunidad Valenciana se lanzó a gastar decenas de miles de millones de euros en la Copa del América, el Premio de Fórmula 1, los estudios de cine (“al estilo de Hollywood”) de la Ciudad de la Luz, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El reportaje recuerda que esta última ha costado más de tres veces la inversión prevista.

Reuters destaca el hundimiento de las entidades financieras locales y el hecho de haber sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central por 3.500 millones de euros. Y dedica un amplio apartado a los casos de corrupción. Desde las sospechas en torno al aeropuerto de Castellón, pasando por el pelotazo que la red Gürtel consiguió supuestamente con la visita del Papa, el saqueo de Emarsa, la depuradora de Pinedo, y la trama de cooperación, en la que está implicado el aún portavoz popular en las Cortes valencianas Rafael Blasco: “Recientemente numerosos altos cargos fueron arrestados por haber supuestamente desviado dinero destinado a hospitales en países pobres”, concluye el reportaje.

LOS BANCOS SANOS TENDRÁN QUE AUMENTAR NUEVAMENTE SUS PROVISIONES

 

Según Molet, el precio de la vivienda se desplomará en 2013

Las actuales circunstancias y las previsiones para el 2013 respecto a la situación de la economía real o el desempleo, no ayudan. “En el próximo año, el resto de entidades que necesiten ayuda entregaran a Sareb más activos”, concluye Eduardo Molet.

“El precio de los inmuebles no lo fijan los bancos, ni el gobierno, ni las grandes promotoras; lo fija el mercado”. Según explica Eduardo Molet, es por esto que el precio de la vivienda continuará bajando, y se desplomará en 2013.

El consultor inmobiliario cree que por más que el gobierno asegure que los precios no van a bajar más, el mercado dice lo contrario. “Los ciclos inmobiliarios son muy largos, se prolongan durante años, y la tendencia actual es de bajada de precios, ya que el mercado está prácticamente paralizado”.

Según explica Eduardo Molet, desde hace unas semanas los bancos sanos están vendiendo los activos tirando los precios. Su objetivo ha sido adelantarse a la comercialización de los inmuebles del banco malo, cuyos precios de salida ya han sido desvelados. “Bruselas, el FMI y el Banco de España han impuesto su criterio de bajas valoraciones para ajustar los precios, y los descuentos han sido mayores de los previstos. Esto lo deberían haber hecho las entidades hace cinco años. En esta coyuntura, los bancos sanos querían que las valoraciones de estos activos fueran más elevadas, para no perjudicar sus balances, pero finalmente la realidad se ha impuesto. Y esta realidad, tendrá consecuencias en sus balances, y les obligará a aumentar sus provisiones y sanearse de nuevo”, asegura Molet.

En opinión de Eduardo Molet, debido a que la venta rápida de inmuebles es una imposición, las entidades financieras sacan al mercado estos inmuebles con fuertes descuentos. “Lo primero que hará el banco malo es vender cuanto antes los mejores activos, la vivienda nueva terminada, con el objetivo de obtener liquidez, y ya sabemos que para vender, el precio tiene que tener una fuerte rebaja, ya que no hay demanda en España para las viviendas que hay actualmente a la venta, 1.600.000. Además, el mercado del suelo es inexistente”.

Los posibles compradores del banco malo son inversores extranjeros, y estos no están dispuestos a pagar si no se les hace una fuerte rebaja, de alrededor del 80%. Eduardo Molet cree que todas estas rebajas de precios van a producir un efecto dominó, y que las siguientes fichas en caer serán las que representan a los activos adjudicados de los bancos sanos. Después caerán los inmuebles de las promotoras, y así hasta llegar a los pisos de los particulares.

Además, las actuales circunstancias y las previsiones para el 2013 respecto a la situación de la economía real o el desempleo, no ayudan. “En el próximo año, el resto de entidades que necesiten ayuda entregaran a Sareb más activos”, concluye Eduardo Molet.

Eduardo Molet es consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras, y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, un sello de calidad al que se pueden adherir todas las empresas y agencias inmobiliarias que deseen compartir su experiencia en el sector con otros profesionales. La principal característica de REI es su especialización por parcelas o sectores. La red cuenta con profesionales especializados en solares, casas de lujo, de segunda mano, vivienda barata y alquiler. Desde su creación en noviembre de 2006, ya cuentan con una red de casi 200 agencias inmobiliarias, y 3 oficinas propias en Madrid

La injusta ley hipotecaria

La injusta ley hipotecaria «no toca» cambiarla

Publicado por A. Garcia Portela

La cara de vergüenza  les debería de caer a los políticos ante el informe de siete magistrados comisionados por el Consejo General del Poder Judicial acerca de la praxis bancaria, productos financieros y ley hipotecaria, dicho informe se enmarca en un trabajo titulado: «Propuestas para agilización y reforma de los procesos civiles»
El dictámen es demoledor, afirma que la banca «goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios creado en 1909», tanto que es más fácil oponerse a una ejecución de una sentencia  que a una escritura de un préstamo hipotecario .
Pone de relieve que en los últimos cuatro años 350.000 familias han perdido su casa. En el informe se propone «una transformación del  marco jurídico que ordena la ejecución  de las hipotecas» así como «transferir a los hipotecados las ayudas a la banca». Se apela a soluciones excepcionales ante situaciones excepcionales. Se culpa a los bancos «de comercialización  irresponsable cuando no torticera de productos financieros complejos».
Los magistrados ponen de manifiesto que el Código de Buenas Prácticas de Guindos ha fracasado, solo  se pueden acoger a él gente prácticamente en la pobreza.
El informe le da forma jurídica a lo que todos sabemos y padecemos. El gobierno y banca hacen como si aquí no ocurriese nada. Luego se rasgan las vestiduras cuando aumentan los desafectos al sistema. Como dice Maruja Torres, la patria de los banqueros es  el deshaucio.
El Consejo General del Poder Judicial, rechaza votar o  estudiar dicho informe, un grupo de vocales con Concepción Espejel a la cabeza, alega que no procede  ya que no entra en el ámbito de  sus competencias. Concepción Espejel, fue nombrada vocal a propuesta del PP, de perfil conservador y  próxima a Gallardón.

Estamos transitando de una democracia formal a una democracia «informal»

La noticia completa.

http://politica.elpais.chttp://politicaom/politica/2012/10/23/actualidad/1351014621_538438.html

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/24/actualidad/1351086111_425881.html