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El origen de la falsa vinculación de la PAH con grupos ‘proetarras’

Stop desahucios Bizkaia apoyó una manifestación a favor del acercamiento de presos etarras

Un tertuliano acusó a Ada Colau de apoyar grupos terroristas en ‘El gran debate’

Los activistas de Bizkaia, que no pertenecen a la PAH, dicen que van a demandar al periodista

El 12 de enero, miles de personas se sumaron en Bilbao a una manifestación a favor del acercamiento al País Vasco de los presos etarras y de sus derechos humanos. Entre los convocantes, decenas de colectivos: Ahaztuak, AHTren Aurkako Asanblada, Aspakena, Bai Euskal Herriari, Behatokia, Colectivo Antimilitarista, Esait, Etxerat, Euskal Herriko Bildune Feminista, Ezker Abertzale Historikoa, Gazte Abertzaleak, Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak, Herria 2000 Eliza, Lau Haizeetara Gogoan, Lokarri, TAT, M15 Vizcaya. Y Stop Desahucios Bizkaia.

Esta manifestación es el origen de las descalificaciones, amenazas y ofensas que los activistas, y Ada Colau –su portavoz– en particular, han recibido en los últimos días, desde que el sábado durante El gran debate (Telecinco), Carlos Cuesta, Redactor jefe de El Mundo y Director de De Hoy a Mańana en 13 TV, mostrara una imagen de esta manifestación y les acusara de apoyar a grupos terroristas. Hoy, en una entrevista en RNE, Cristina Cifuentes (Delegada del Gobierno en Madrid) ha vinculado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con “grupos filoetarras” y ha comparado sus protestas con “acciones de lucha callejera hasta llegar a la kale borroka”. 

Stop desahucios Bizkaia, que no pertenece a La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se unió a esta manifestación porque suponía “otra vía en la resolución del problema en el País Vasco”, dice Marta Uriarte, su portavoz. “Se unió todo tipo de movimientos. Estamos estudiando demandar a Carlos Cuesta por difamarnos”, termina.

Por su parte, Ada Colau niega categóricamente haber mencionado nunca la situación en el País Vasco. “Están haciendo algo muy peligroso. Me han llegado ya varias amenazas de muerte”, dice. “Es increíble. Cuando todo dice que hay que cambiar la ley se inventan que somos de ETA. Es un insulto a la inteligencia si no fuera por la repercusión mediática que obtienen”.

Estas acusaciones se suman a las descalificaciones que los activistas vienen recibiendo por su campaña de escrache, que lleva su protesta a las viviendas de algunos políticos. Rosa Díez, líder de UPyD, ha escrito un texto en El Mundo hoy titulado No descalificando estas actuacione

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Movilización de vivienda vacía hacia el alquiler social.

DEBATE 2.- MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL. PROPUESTAS DE REFORMA POLITICO-LEGAL Y ACCION SOCIO-POLITICA (versión 2, enero 2012). GRUPO VIVIENDA PUBLICA YAA continuación os dejo el documento de análisis del GRUPO VIVIENDA PUBLICA YA , con aportaciones interesantes que me gustan y otras que no mucho, pero vienen bien para el debate y la búsqueda de soluciones:

 

Documento versión 2  Enero 2012 

Casi unas 300 personas que tenemos interés por las políticas públicas de vivienda y que apoyamos de diferentes maneras el movimiento 15 M, DRY, PAH, PVD y otros concurrentes queremos debatir sobre la vivienda pública que España necesita y no tiene. A tal efecto hemos creado un grupo en facebook denominado ¡VIVIENDA PUBLICA YA! El grupo lo ha lanzado Javier Burón Cuadrado, pero él no tiene ningún papel especial, salvo el de la moderación técnica del mismo. En principio, el grupo tiene tres objetivos concretos: DEBATIR, elaborar REIVINDICACIONES CONCRETAS y, si surge, proponer ACCIONES CONCRETAS. Cada cierto tiempo iremos poniendo en conocimiento de la coordinación del 15M, DRY, PAH, etc las conclusiones a las que vamos llegando, por si son de interés. Este quiere ser un espacio de debate amable, constructivo, respetuoso, esperanzado y práctico. Esperemos que, con la aportación de todos, así sea.

 

Nuestro segundo debate ha girado en torno a la MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL.

 

Como conclusión del debate aportamos las siguientes: (A) PROPUESTAS DE REFORMA POLITICO-LEGAL y (B) PROPUESTAS DE ACCION SOCIO-POLITICA

 

(A)

 

España cuenta en estos momentos con unos 25.5 millones de viviendas y uno de los ratios vivienda/habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de 3 millones de viviendas vacías de segunda mano (VVSM, lo que podríamos llamar vivienda vacía usada de toda la vida de Dios) y sobre un millón y medio de viviendas en stock (VVS, viviendas de promotores o entidades financieras, recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Por otra parte, nuestro parque de alquiler a duras penas supera el 10% del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40%-50%. Y nuestro parque público de alquiler está en el entorno del 0.5% del total, cuando en la UE lo habitual es que el mismo sea un 20%-30% del total de viviendas de un país. Es fácil perderse en esta materia, pues las fuentes “oficiales” dan cifras desde 2 millones de viviendas vacías hasta 6 (posible nuevo dato INE censo 2012). Sea como fuere, España es, casi con toda seguridad, el único país de la UE con más del doble de viviendas vacías que en alquiler. Dato que, por sí solo, nos debería hacer reflexionar.

 

Las VVSM son un problema en España desde hace décadas, pero solo un porcentaje pequeño de la población española lo han considerado una disfunción urbana, económica, medioambiental y social. Las VVS sí que están muy presentes en los medios de comunicación y el debate social actual, no solo por lo poderosos que son sus titulares (promotores, pero por encima de todo entidades financieras), sino por los problemas generales que dicho paquete de viviendas (y suelos) le está causando a la economía y a la sociedad española.

 

En relación a la VVSM en España se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar. A saber, que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1.5% de los alquileres en España acabaron en los tribunales (Datos del Fichero de Inquilinos Morosos). Con lo que no parece que las explicaciones al uso sirvan para explicar el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo. Las raíces de nuestro “propietarismo” y alergia al alquiler hay que buscarlas en los años 50 del pasado siglo (el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos) y en el pacto que desde 1956 (nuestra primera ley del suelo) se ha mantenido entre la Administración, el sector financiero y la propiedad del suelo para hacer extraordinariamente rentable ex ante la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler. Las razones de nuestra anorexia arrendaticia no son culturales o técnicas, sino políticas y mercantiles.

 

En la pasada década, en materia de vivienda vacía, se han intentado en España, al menos, tres tipos diferentes de estrategias: favorecer el afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, facilitar los desahucios con la esperanza de que esto dinamice el mercado privado de alquiler y penalizar la situación de no uso de las viviendas.

 

En relación con el primer tipo de estrategia, el FAVORECIMIENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA HACIA EL ALQUILER, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, cuatro han sido los principales instrumentos de actuación:

 

Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía (como principal ejemplo podemos citar Bizigune en Euskadi o el Avalloguer en Cataluña). Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler accesible. Lo que supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres más sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida.

Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada -vacía o no- (como principal ejemplo podemos poner la SPA estatal, así como varias agencias locales de intermediación). Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado.

Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes (como principal ejemplo podemos citar la Renta Básica de Emancipación estatal). Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta personal o precio del alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas en ciclo alcista y no deflacionistas en crisis.

Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social (varias son las CCAA que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera importante). Hablamos de ayudas de emergencia social que no deberían darse si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones social-residenciales.

 

En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estuvieran previamente vacías. Y los dos últimos programas lo que pretenden es crear, entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión social, una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas.

 

En relación a la segunda estrategia ensayada para movilizar vivienda vacía y dinamizar el mercado de alquiler, LA FACILITACIÓN DE LOS DESAHUCIOS, hay que señalar que, las dos reformas legales habidas en los últimos años (leyes 19/2009 y 4/2011 que han reducido las garantías del desahuciado hasta límites vergonzosos) y sobre todo la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada ha ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 300.000 desahucios (propietarios e inquilinos) habidos desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10% de parque de alquiler y las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han multiplicado su tamaño por dos. Un análisis causal erróneo, siempre lleva a aplicar medidas erróneas, cuando no contraproducentes.

 

Respecto a la tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, la PENALIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA, solo dos CCAA (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía estatal del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por la Administración, etc) con penalizaciones como instrumento de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi se legisló ha legislado la expropiación de las viviendas vacías (y se empezó a realizarlas en el caso de viviendas protegidas vacías) y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías. Aunque no se consiguió aplicar estas dos medidas, pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP. En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema por el que, viviendas vacías privadas a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, si las rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal del usufructo. O lo que es lo mismo, ser puestas en alquiler público forzoso. La norma será derogada en unas semanas por el nuevo gobierno de CIU, con el apoyo de su socio preferente el PP y sin mucho disgusto por parte del PSC.

 

Este tipo de medidas, francamente pacatas en términos de derecho europeo comparado, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que nuestra Carta Magna constitucionaliza la función social de la propiedad, la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la intervención pública en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional ha respaldado claramente la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (que incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). O que el Consejo Consultivo de Cataluña respaldó la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda de la Ley 18/2007.

 

Si tuviéramos que señalar dos grandes diferencias estructurales en torno a la vivienda vacía entre muchos países de la UE y España, deberíamos señalar que la vivienda vacía se considera en el ámbito europeo una patología urbana, económica, social y medioambiental. Y partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal tendente a evitar que este fenómeno se produzca con dos grandes tipos de acciones: (1) fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta y (2) penalización de la permanencia voluntaria en desuso. Frente a esta situación, en España buena parte de la población no considera la vivienda vacía como un problema y, como ya hemos señalado, se entiende que la propiedad privada (“sacrosanta”) faculta a los titulares de vivienda para hacer con la misma lo que les de la gana (prácticamente el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios).

 

No está de más recordar que en la UE, en términos generales, las medidas públicas para combatir tal fenómeno dejan el debate español a la altura del parvulario. En la UE son comunes las siguientes acciones en relación a las viviendas vacías que rehúsan las ayudas públicas para su puesta en alquiler –ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía, ayudas directas a inquilinos para el pago de alquiler, programas de alquiler público garantizado, etc [1]:

 

Impuestos específicos o recargos en los de la propiedad inmobiliaria.

Sanciones y multas coercitivas.

Requisas y alquiler forzoso público temporal.

Ventas forzosas y alquiler público permanente.

Expropiación.

Legalizaciones de la ocupación.

Demolición (cuando no es una vivienda aislada la que está vacía, sino que es un edificio completo –aunque este pueda ser de muy pocas plantas-).

 

En relación a las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria. Como tal deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras.

Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado (volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc). Pero nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150.000 millones de euros (el 15% del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha sido aprovechado por el sistema financiero para preservar sus beneficios, seguir especulando con otros productos financieros, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007.

 

A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso[2], no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el estado, etc), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles y el suelo y la vivienda sigue teniendo unos precios artificialmente altos en España.

 

En este contexto proponemos:

 

A.1.- Que las Administraciones Públicas pongan en marcha planes sostenidos en el tiempo que permitan REDUCIR EL PARQUE DE VIVIENDA VACÍA EN ESPAÑA DESDE EL ACTUAL NIVEL DEL 20% A UNO MAS PROPIO DE LOS PAÍSES SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE LÍDERES DE LA UE: 5% EN EL AÑO 2020 Y DEL 2.5% EN EL 2030.

 

A.2.- A través de esfuerzos concertados del sector público, el mercado y la sociedad civil, CONSEGUIR REDIRIGIR LAS VIVIENDAS VACÍAS MOVILIZADAS FUNDAMENTALMENTE HACIA EL ALQUILER, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL ALQUILER PÚBLICO SOCIAL O PRIVADO ASEQUIBLE.

 

A.3.- Que las Administraciones Públicas pongan en marcha PLANES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE DESAHUCIO COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS, A TRAVÉS DE VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER, QUE EN BUENA MEDIDA PUEDE PROVENIR DE LA MOVILIZACIÓN DE PARTE DEL PARQUE DE VIVIENDA VACÍA.

 

A.4.- Que las Administraciones Públicas y las entidades privadas con y sin ánimo de lucro que puedan tener interés en la materia PONGAN EN MARCHA EN TODA ESPAÑA PROGRAMAS SIMILARES A LOS YA OPERATIVOS EN EUSKADI (BIZIGUNE) Y CATALUÑA (AVALLOGER) DE MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER PUBLICO SOCIAL O ASEQUIBLE PRIVADO.

 

A.5.- En este contexto, rechazamos el camino recorrido hasta la fecha por la SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER (SPA) y por el programa RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN (RBE) promovido por el Ministerio de Vivienda primero y Fomento después. La SPA ha acabado convirtiéndose en una ineficaz e ineficiente agencia al servicio de la comercialización de vivienda privada en alquiler a precios de puro mercado, cuando no en gestor de la venta de vivienda libre en stock titularidad de promotores y entidades financieras. Y la RBE, por su origen electoralista y la falta de aparato público de control, se ha convertido en un programa que subvenciona alquileres a jóvenes casi sin ponderar su nivel de ingresos, que en muchos ha sido dañado por el fraude y que implica tensiones inflacionistas sobre los precios de los alquileres.

 

A.6.- Por lo anterior, consideramos buenas prácticas a replicar y expandir los actuales Bizigune y Avalloger y malas prácticas a modificar o erradicar las actuales SPA y RBE.

 

A.7.- EXIGIMOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ESPAÑOLAS UTILICEN TODOS LOS RESORTES DE FOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA Y PENALIZACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA QUE SON DE COMÚN UTILIZACIÓN EN LA UE. A estos efectos, entre las medidas de fomento debemos citar las subvenciones a la rehabilitación para el posterior alquiler de la vivienda vacía, las ayudas a la puesta en alquiler o el alquiler público garantizado. Y entre las medidas de penalización al uso entre nuestros socios comunitarios, y plenamente constitucionales en España, debemos citar las sanciones, multas coercitivas, cánones parafiscales, alquileres y ventas forzosas (temporales o definitivos), la expropiación, los derribos e incluso la despenalización de la ocupación en ciertos supuestos de estado de necesidad del ocupante y rendimiento manifiestamente mejorable del inmueble.

 

A.8.- Sea como fuere, entendemos que EN ESPAÑA SE DEBE GENERALIZAR UN SISTEMA PÚBLICO DE AYUDAS AL PAGO DEL ALQUILER AL ESTILO EUROPEO: cobertura de amplias capas de la población, ayudas públicas en función del nivel de renta, controles públicos para evitar el fraude y las tensiones inflacionistas y conexión con el parque público de alquiler.

 

A.9.- En consonancia con todo lo defendido en este documento, EXIGIMOS LA DEROGACION DE LAS LEYES DE DESAHUCIO EXPRES 19/2009 Y 4/2011 Y SUS SUSTITUCION POR UNA LEGISLACION QUE TUTELE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL ARRENDADOR, PERO TAMBIEN LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS, MUY ESPECIALMENTE LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y OBVIAMENTE EL DERECHO A LA VIVIENDA.

 

A.10.- NOS OPONEMOS A LA CREACIÓN DE UN BANCO PÚBLICO MALO O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO QUE SOCIALICE PÉRDIDAS DEL SECTOR INMOBILIARIO-FINANCIERO PRIVADO (muy especialmente su stock de vivienda vacía y suelo sin desarrollar) SIN CONTRAPARTIDA ALGUNA PARA EL CONTRIBUYENTE. En este sentido, solo apoyaríamos un programa de ayudas públicas a cambio de activos inmobiliarios que, partiendo de un precio de transacción actual de mercado, sirvieran de base a un futuro servicio público de vivienda en España que atendiera, en primer lugar, a las personas pobres que están siendo desahuciadas como consecuencia de la crisis y en términos generales a los demandantes de vivienda protegida.

 

A.11.- QUEREMOS LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA INFRAUTILIZADA. En España solo la vivienda vacía ha sido objeto de cierta atención por parte de partidos, medios y ciudadanía en general. Pero en los países más avanzados de la UE se están tomando medidas, no solo para la movilización hacia el alquiler de la vivienda vacía, sino también para la mejor utilización de inmuebles no vacantes, pero si infrautilizados. A este respecto entendemos que en España también se pueden aplicar medidas de fomento y penalización en relación a la vivienda infrautilizada.

 

A.12.- Para la realización de buena parte de los objetivos fijados en los puntos anteriores, recordamos que España debe acometer la CONVERGENCIA CON LA UE-15 EN MATERIA DE ALQUILER PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO ASEQUIBLE. Para converger con los países que son modelo social y económico, España tiene que realizar esfuerzos muy importantes de manera sostenida en el tiempo. Como primer objetivo, planteamos que para el año 2020 España disponga de un 25% de su parque en alquiler (en estos momentos menos del 10%) y de un parque de alquiler público que equivalga al 10% del parque total de viviendas (en estos momentos, menos del 0.5%). En una segunda fase, antes del año 2030, España debería disponer de, al menos, 100 viviendas sociales en alquiler por cada 1.000 habitantes (en estos momentos estamos por debajo de las 3 por cada 1.000 habitantes) y de esta manera converger con el segundo grupo de países líderes en la materia en la UE.

 

A.13.- El anterior objetivo no se podrá alcanzar si España no acomete un fuerte aumento de los presupuestos públicos en materia de vivienda. En estos momentos los presupuestos públicos de vivienda en España apenas llegan al 0.3% del PIB (gasto directo, excluido el fiscal). Los países líderes en la UE se mueven casi todos en la banda del 1%-2.5% de su PIB en gasto público directo en vivienda. Por ello, entendemos que ANTES DEL 2020 ESPAÑA DEBERÍA CONVERGER CON ESTOS PAÍSES EUROPEOS Y GASTAR, AL MENOS, EL 1.5% DE NUESTRO PIB EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA, FUNDAMENTALMENTE ORIENTADAS AL ALQUILER, LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE DE VIVIENDA YA EXISTENTE, LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN URBANA (TODO ELLO SIEMPRE CON UN ENFOQUE ECOLÓGICO, ADEMÁS DE SOCIAL).

 

A.13.- En conexión con lo anterior, consideramos que DEBE CREARSE UNA BANCA PÚBLICA, ASÍ COMO UN TIPO DE DEUDA PÚBLICA DESTINADA A FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA Y TAMBIÉN DEBEN APOYARSE LAS INICIATIVAS FINANCIERAS PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TENGAN POR OBJETO LA FINANCIACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIZACION DE VIVIENDA VACÍA Y ALQUILER PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO ASEQUIBLE. En el mismo sentido, consideramos necesario que la banca y cajas de ahorros españolas, aun teniendo ánimo de lucro, crearan líneas de financiación específica para esfuerzos de movilización y construcción de vivienda destinada al alquiler público y asequible privado.

 

 

(B)

 

B.1.- CARTELES para manifestaciones, concentraciones, internet, etc.

 

“Menos vivienda vacías y más hogares para las personas”

 

Etc.

 

B.2.- CONCENTRACIONES frente a instituciones.

 

Con estos y otros lemas similares ante el Ministerio de Fomento, las consejerías del ramo de las CCAA, la FEMP, ayuntamientos, la CECA (Confederación Española de Cajas de ahorros), la AEB (patronal de la banca española), APCE (patronal de la construcción española), partidos políticos con responsabilidad de gobierno, sindicatos, etc.

 

B.3.- OCUPACIONES DE EDIFICIOS VACIOS. Es evidente que el movimiento 15M ha optado ya en pasadas semanas por ocupar edificios abandonados por entidades financieras para, entre otras cosas, dar cobijo a personas que han sido desahuciadas de sus hogares.

 

 

[1] Para mayor detalle se pueden consultar los trabajos realizados sobre la materia por las profesoras Pilar Garrido, Leire Escajedo y Miren Gorrotxategui para el grupo de estudios de la UPV-EHU Ekiten Thinking (de libre acceso en la web de este grupo).

 

[2] Joaquín Arriola, profesor de economía de la UPV-EHU, partiendo de los informes de la Comisión Europea, estima en casi 200.000 millones de euros las ayudas recibidas por stock de suelo y vivienda tóxicos en España.

El libro “Vidas hipotecadas” recoge las técnicas para negociar la deuda con el banco

EFE4/04/2012 – 14:28

Barcelona, 4 abr (EFE).- El libro “Vidas Hipotecadas”, escrito por los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau y Adrià Alemany, señala a los responsables de los miles de desahucios que se dan en España y ofrece una serie de técnicas para negociar la deuda con el banco.

En la presentación del libro, Colau ha subrayado hoy que, en caso de no poder hacer frente la hipoteca, lo más importante es informarse de las opciones que hay, no dejarse amenazar por las entidades bancarias y escoger bien el momento en que se deja de pagar para garantizar las necesidades básicas.

“Muchas entidades utilizan la debilidad de las personas que llegan a la oficina con la pena de no poder pagar la hipoteca para extorsionar y amenazar con un desahucio con policía al día siguiente, cuando en realidad esa acción puede tardar meses”, ha destacado la autora del libro en conferencia de prensa.

Colau y Alemany fundaron en el 2009 la PAH, como continuación del movimiento VdeVivienda, y lo primero que les sorprendió es que los afectados no estaban enfadados, sino deprimidos por una situación que la vivían como un fracaso, pese a que no tenían toda la culpa de haber llegado a esa situación.

Por ello, los autores piden en el libro un cambio de actitud, ya que es un “problema grave pero que no conduce a la prisión”, y recomiendan “no dejar de comer o de alimentar a los hijos par poder a pagar la hipoteca”.

“La decisión de dejar de abonar la cuota de la hipoteca es muy personal, pero si alguien ve claro que pronto llega el momento en que no la podrá pagar debe pensar que todas las mensualidades que dejará de pagar es dinero que podrá destinar a la atención de su familia”, destacan los autores.

Los autores recomiendan negociar una solución con el banco y no descartar la dación en pago, aunque, por la caída del valor de la vivienda desde 2007, los bancos son reticentes a esta solución y de entrada dirán que es imposible.

Para Colau, el Código de Buenas Prácticas de los bancos ante deudores aprobado recientemente por el Gobierno, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es “una tomadura de pelo” que lo único que ha logrado es precisamente el efecto contrario.

En opinión de los autores del libro, el código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que, a efectos prácticos, canaliza el proceso hacia una refinanciación de la deuda que “sólo interesa a los bancos”.

Desde que empezó la crisis en 2007 se han realizado en España 330.000 ejecuciones hipotecarias que han dejado centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.

“La mayoría de los desahuciados tienen menores a su cargo”, ha alertado Colau, que se ha preguntado “qué sociedad se puede mirar al espejo y no sentir vergüenza cuando ha inyectado dinero a unas entidades bancarias que están dejando en la calle a familias con niños”.

El libro denuncia que la responsabilidad de la actual situación recae en todo el mundo, tanto los titulares de hipotecas como las agencias de tasación, las inmobiliarias, los bancos y los políticos, pero a los únicos a los que se les está pasando factura es a las familias, ya que las empresas inmobiliarias, por ejemplo, pueden liquidar sus deudas en proceso concursal entregando su patrimonio.

Por ello, los autores defienden la desobediencia civil, como oponerse a un desahucio autorizado por un juez, ante una ley “injusta” y que no puede invadir una ley “superior” que es la de los Derechos Humanos”.

“Vidas Hipotecadas” analiza además los factores que propiciaron la burbuja inmobiliaria, retrata la “institucionalización” del mensaje de que alquilar era tirar el dinero y que la vivienda era una buena inversión, y denuncia la “profunda ignorancia” de las instituciones públicas sobre el nivel de endeudamiento de la sociedad española.

Parte de los beneficios del libro, publicado por Angle Editorial, irán a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en sus años de vida ha paralizado cerca de 200 desahucios, ha logrado centenares de daciones en pago y ha conseguido algunas condonaciones de deuda después de subasta

“Los desahuciados españoles no protestan por vergüenza”

 

MADRID // María Esther Morán, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), ha sido desahuciada de su casa esta misma mañana por Bankia. Unas horas después, según la PAH, la entidad financiera ha cerrado las puertas a la negociación en Celenque, la plaza donde están acampados una cuarentena de afectados ante la sede desde el lunes.

Ante la rabia y la tristeza por los últimos acontecimientos, las víctimas de Bankia han cogido aire para hacer un llamamiento a los afectados, especialmente a los españoles. “Este es un movimiento colectivo en el que todos tenemos cabida, independientemente de nuestro país de origen”, insiste Daniel García, activista de la Oficina de Vivienda del 15-M de Vallecas. Él no será desahuciado nunca porque no tiene una hipoteca, pero también se siente afectado y por ello participa en la acampada: “Yo también quiero una vivienda digna y no la tengo. Soy un afectado de esta estafa”. El activista responde a las preguntas de MásPúblico, antes de organizar nuevas acciones.

De los 60 expedientes que han reunido ustedes, tan sólo uno es de una afectada española. ¿Por qué no hay más presencia española en esta acampada?

Porque hay vergüenza. El español que ha perdido su casa ha interiorizado que es el responsable de haberse quedado en la calle. Cree que es consecuencia de su fracaso personal. Se siente culpable y por ello no busca responsables fuera de las puertas de su casa.

¿Por qué se siente culpable?

Es el discurso que los banqueros y los políticos nos han hecho creer y muchos lo han interiorizado. Dicen que la sociedad fue la culpable de hipotecarse y ahora es la que lo tiene que pagar, además de que aseguran que no hay nada que se pueda hacer. Pues mire, no. Eso no es así. Las grandes financieras son las culpables de haber engordado una burbuja inmobiliaria que nos ha explotado a todos en la cara pero que sólo unos pocos estamos sufriendo. Son ellas las que tienen que responder.

¿Cuántos españoles calcula que son víctimas de la hipoteca en ese momento?

No es un dato fácil de averiguar, pero sabemos que Bankia es responsable del 80% de los desahucios de la Comunidad de Madrid, lo que supone 103 al día en el último trimestre de 2012. El porcentaje de inmigrantes en España es del 12%, así que suponemos que hay centenares y centenares de españoles afectados por Bankia.

¿Por qué los inmigrantes visibilizan más su conflicto con Bankia a través, por ejemplo, de acciones como la acampada?

Principalmente porque los mueve la desesperación. La gran mayoría de ellos no tienen un colchón familiar ni una red de amigos que les puedan apoyar. El español prefiere mudarse a casa de sus padres o allegados y no hacer mucho ruido. El inmigrante no puede elegir. Tiene que luchar por su casa porque no tiene otra cosa.

Y ante esta situación, ¿qué balance hace de estos tres primeros días de acampada?

Estamos muy contentos con la respuesta que está mostrando la sociedad en general y el apoyo que recibimos, aunque hacemos un llamamiento urgente a que los españoles afectados pierdan el miedo y se unan a nosotros. Esta es una reivindicación colectiva.

¿Han conseguido algo durante estos tres días de acampada?

Bueno, ayer un responsable del departamento de recuperaciones recibió a uno de los abogados, Javier Rubio, y a una afectada. Lo único que sacamos en claro es que nos derivan a las sucursales de nuevo.

Al punto de origen, ¿por qué?

Pues porque el movimiento es fuerte si es colectivo, de apoyo mutuo. Si individualizas cada caso, uno a uno, el banco gana porque es más fuerte. Eso es lo que no podemos permitir, que nos dividan.

Y ahora, ¿cuáles son las próximas acciones a corto plazo?

Esta tarde, a las 20.00 horas, hay en la Plaza del Celenque una asamblea para informar sobre la reunión de ayer y para decidir sobre el futuro más inmediato de la acampada. Además, mañana tendrá lugar, coincidiendo con el día de acciones descentralizadas de #RodeaelCongreso, una concentración a las 17.00 horas para exigir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios (sobre todo los que no tienen solución habitacional alternativa, es decir, otra casa). No tenemos intención de irnos de aquí. Es nuestra obligación luchar por no pagar una crisis que no hemos provocado.

Informe sobre el 25S. Comisión de Análisis Sol 15M (parte 1/3)

Informe sobre el 25S. Comisión de Análisis Sol 15M (parte 1/3)

Por ANÁLISIS. 19 de septiembre de 2012.

 

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Agradecemos su valiosa aportación a los participantes de dentro y fuera de la Comisión que han colaborado generosamente y a distancia en el seguimiento de prensa.

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Qué fue/es

 Se trata en sus orígenes de una iniciativa de acción propuesta por un grupo reducido de gente cercana al 15M y otras organizaciones (DRY, PAH, Constituyentes,…)[1], que pasarán a llamarse Plataforma en Pie. En su Manifiesto evocan una corriente “de izquierda”, otra “anarquista”, otra “15M”, otra “antipatriarcal” y otra “ecologista” sin especificar quién es quién. Inician la difusión de la misma desde el anonimato y por Facebook inicialmente. Más tarde crean el blog de la Plataforma y una cuenta en twitter, pero evitan en todo momento decir quiénes son (en parte por miedo a la represión)[2].

En la actualidad y tras la presión ejercida desde el 15M, la iniciativa se ha abierto a la participación de más personas y, tras la creación de la Coordinadora 25S, ha cambiado su nombre y algunos de sus planteamientos iniciales.

Contexto

 Aparece en un contexto de cambio de escenario político, económico y social en España, caracterizado por: un recrudecimiento progresivo, cada vez más intenso y visible, de las consecuencias sociales de la crisis económica; un cambio de gobierno el 20N, que pone a la derecha en el poder, iniciándose una gran ofensiva de reformas neoliberales en muchos frentes simultáneamente; una creciente exigencia por parte de la UE, la Troika y el BE en la dirección de las políticas neoliberales de “austeridad” y recorte de derechos sociales, apoyada en la continua amenaza del “rescate” y aderezada con los altibajos de la “prima de riesgo”, y que redunda en una pérdida de soberanía económica y política.

Pero también, y a la vez, en un contexto de transformación interna del 15M -que no ha dejado de cambiar desde sus inicios-, caracterizado: (1) por un cierto “vaciamiento” de las asambleas, que ven reducirse el número de participantes desde mediados de 2011 y sobre todo después de las elecciones de noviembre, a la vez por motivos “materiales” (falta de tiempo, inadaptación del funcionamiento asambleario a las condiciones de vida de quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares) o por motivos “ideológicos” (sectores moderados; sectores cansados de la horizontalidad y poca “eficacia” del movimiento, que experimentan una necesidad de “acción”, de “programas”, de “resultados”); (2) a la vez, por una cierta “radicalización” o giro a la izquierda del movimiento, fuertemente poblado de militantes, que redunda en la defección de sectores más “moderados” o “apolíticos” identificados con el “ni de izquierdas ni de derechas”.

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 Apoyos y críticas

 A diferencia del 12M15M, el 25S no ha sido una convocatoria unitaria del 15M sino una convocatoria polémica organizada desde fuera del mismo, aunque por un grupo de gente que participa, participaba en él o era afín. Inicialmente, encuentra rápidamente el apoyo de personas y medios -como Iniciativa Debate- cercanas al 15M, pero en proceso de distanciamiento con respecto al mismo desde al menos principios de este año 2012[3], ya que lo ven como algo utópico, poco viable, paralizado/demasiado lento por las dinámicas asamblearias o poco eficaz para responder a la situación. En ese sentido, la iniciativa interpela fácilmente a aquellas personas que creen que hace falta “pasar a la acción” -como si la política asamblearia no fuera “acción”-, que hacen falta “acciones contundentes” para responder a la situación.

A la vez, la iniciativa toma en parte el relevo del intento inicial de crear un Grupo de trabajo Proconstituyente dentro del 15M para elaborar una nueva Constitución, aunque el grupo acabó desapareciendo al poco tiempo.

Las primeras críticas surgen desde el propio movimiento 15M (asambleas e individuos), antes de que el asunto tome relevancia en el espacio público. Entre estas críticas estarían: el desacuerdo con las formas, por no respetar el asamblearismo, la horizontalidad o la inclusividad, y por la falta de información y transparencia por parte de los organizadores; el desacuerdo con el contenido de la propuesta, por considerarlo poco realista, peligroso (porque podría provocar hechos violentos que refuercen la represión y criminalización de la protesta social[4]), poco concreto (en cuanto al cómo del proceso constituyente), o por privilegiar el aspecto “espectacular” y “eficientista” en lugar del trabajo asambleario o de barrio. No obstante, las posiciones dentro del 15M han sido diversas y matizadas: desde el rechazo y bloqueo total hasta el apoyo incondicional (pese la falta de información), pasando por el “no lo veo pero no bloqueo”[5] o las iniciativas de algunos sectores del 15M para “abrir” la iniciativa a una participación más amplia, más horizontal y transparente (esfuerzo que ha dado lugar a la Coordinadora 25S y al cambio de nombre a “Rescata el Congreso”), es decir, para reapropiarse la iniciativa.

DRY 2.0-asociación (Gándara y cia.) no lo apoya. DRY-15M-original no se pronuncia como organización y deja a cada asamblea local pronunciarse a favor o en contra, aunque ninguna se ha pronunciado en contra y sólo algunas a favor (ver organizaciones en el blog de la Plataforma). También Izquierda Anticapitalista se suma. Poco a poco, figuras señaladas de la izquierda (de IU) también van a apoyar la acción a título individual (Llamazares, Sánchez Gordillo…), mientras el gobierno, a través de la delegada Cifuentes, y los medios de derechas comienzan la tradicional campaña de deslegitimación y criminalización (“radicales”, “Golpe de Estado”…; ver noticia sobre las declaraciones de Cifuentes y su famosa lista).

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NOTAS DE ANÁLISIS:

Frente a una visión simplista que vería en el 25S una especie “expresión natural” del malestar social generalizado -que existe- o de las “necesidades” del movimiento 15M, u otra que vería en ello un intento de “manipulación” por parte de un grupo radical, conviene ver que el 25S entronca con ciertas tendencias existentes previamente en el 15M (tendencias “programáticas”, “constituyentes” -o más bien “constitucionalistas”- o “finalistas/eficientistas”), que no llegaron a imponerse y que han ido por ello rearticulándose en parte fuera del movimiento. Pero, al mismo tiempo, no es más que una respuesta posible y criticable a estas inquietudes, que a su vez ha creado otras. Es decir, ha hecho que el 15M se posicione -de diversas maneras- y manifieste sus tensiones internas.

El 25S se organiza inicialmente en torno a una serie de ideas o conceptos centrales, que empiezan a difundirse en el 15M: “proceso destituyente”, “proceso constituyente”, etc. La idea del proceso “constituyente” parece remitir directamente a la elaboración de una nueva Constitución (tomando en parte como inspiración el modelo histórico de las revoluciones liberales), que iría precedida de una “destitución” del gobierno actual. Estas ideas plantean una solución política-institucional a una situación global que difícilmente puede solucionarse con un simple cambio de marco constitucional. Además, parecen olvidar que en cierto sentido, el 15M ha tenido desde el principio un carácter “constituyente”, pero en un sentido más amplio: el de constituir relaciones sociales, vínculos, solidaridad, formas de vida, otras formas de hacer política…

Frente a una interpretación conspiranoica del 25S como una manipulación de las “masas” por parte de un grupo radical, conviene insistir en el hecho de que los iniciadores de la acción se han visto superados por el eco de su propuesta, que ha tenido gran éxito en las redes sociales, y su trayectoria posterior, en la que la presión de parte del 15M ha contribuido a redefinir la propuesta, abriéndola a más gente, suavizando los contenidos, cambiando las formas… Del mismo modo, es difícil de prever lo que pueda ocurrir el propio 25S en cuanto a participación real, actitud represiva de las autoridades (aunque los hechos recientes apuntan a una gran hostilidad por su parte y a la necesidad de tomar precauciones), eco mediático, etc.

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Las distintas posiciones en torno al 25S manifiestan una vez más una tensión fundamental entre un polo asambleario y otro programático, entre procesos y objetivos/resultados (como dice Amador y en la línea de lo planteado por Butler), entre quienes valoran el movimiento en sí mismo y quienes privilegian los fines conseguidos o a conseguir, aunque quepan posiciones intermedias y grados. Quizá sea el momento de analizar y buscar solución a este problema buscando integrar ambos polos en un movimiento común. El 25S puede ser una buena ocasión.

(…)

 

[continúa en parte 1/3]

DOS 2O-N NADA DEMOCRATICOS

LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES

Pocos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se procedía a coronar, según la propialegalidaddel Régimen fascista (la Ley de Sucesión de 1947) y los mismos designios del Caudillo, a Juan Carlos de Borbón como Rey de España y Jefe del Estado.

Todo este proceso fue tutelado desde el primer instante por determinados elementos afectos al régimen (el ejército, sectores del Movimiento nacional, etc.), que se presentaban ante el nuevo monarca y ante el pueblo español como artífices de la ”pacífica y natural” transición a la democracia parlamentaria.

De esta forma, aquellos que en el día de ayer gritaban vivas al dictador y se declaraban seguidores del ”Centinela de occidente con la tierra aún empapada de sangre de los últimos fusilados, serían los encargados de diseñar hasta en el aspecto más nimio el nuevo sistema de dominación, contando con la complicidad activa de las diferentes fuerzas políticas de la oligarquía, y con las principales fuerzas populares arrodilladas y sumisas.

Hoy, 36 años después, seguimos padeciendo las consecuencias de los acontecimientos acaecidos aquellos años: la ausencia democrática y un estado a los pies de la oligarquía. Desde la muerte del dictador fascista hasta el día de hoy los mayores beneficiados han sido los grandes empresarios. Ya que mediante el incentivo a la empresa privada y la privatización de las empresas públicas se ha perpetuado el expolio de la clase trabajadora en el Estado español y de los países menos desarrollados.

Constantemente vemos como desarrollan una fatal y paulatina privatización de los servicios públicosa la par que suben los precios por encima de los salarios. La crisis del capitalismo está suponiendo pérdida de derechos para la clase trabajadora por una cuestión muy simple, falta Unidad de Acción. Las grandes centrales sindicales están al servicio del Estado, por eso debemos organizarnos desde la base.

Prueba de ello ha sido el movimiento 15M el cual ha demostrado que la Unión es posible. Pero una unión sin condiciones y sin ideología no lleva a ninguna parte. Somos trabajadores y no vamos a aguantar más. El paro de desahucios, las huelgas educativas, la conquista de las plazas y calles pese a las prohibiciones, y el resto de conflictos son una muestra de que la unidad hace la fuerza y podemos vencer. Pero tenemos que identificar claramente a nuestros enemigos.

Nuestros enemigos son los partidos políticos y organizaciones burguesas, ya sea en su rama más parlamentaria o en su desarrollo más fascista. Con la excusa de la crisis tratan de aumentar la xenofobia para dividirnos entre nativos y migrantes, cuando pertenecemos a la misma clase social y tenemos los mismos problemas. Las pasadas elecciones municipales demuestran que hay que volver a crear un Frente amplio en la lucha contra el fascismo y el capitalismopara frenar ese brote xenófobo y fascista. El espíritu de unidad de 1936 debe recuperarse. Sigue habiendo dos Españas, la rica y la pobre.

Este 20N es distinto a los pasados años porque se convocan elecciones. Hemos entrado de nuevo en el circo electoral que monta el Estado para hacernos pensar que por meter un papel en urna somos libres y tenemos decisión. La realidad es que las grandes empresas y la Banca, lo que popularmente se llama en estos días <<Los Mercados>> y que no es otra cosa que el Capital, es quien decide realmente las reglas del juego. Por eso tenemos que romper la baraja.

No importa lo que salga el 20 de Noviembre de las urnas, porque no saldrá la opción que defienda al conjunto de la sociedad sino la que vele por los intereses de <<Los Mercados>>. Debemos organizarnos, debemos potenciar y solidificar las asambleas, plataformas y coordinadoras que ya tenemos. Debemos dotarnos de un desarrollo ideológico y un discurso propio enfrentado al de los medios de comunicación capitalistas. Nuestra voz tiene que oírse porque tienen que conocer nuestras exigenciasporque deben saber que conquistaremos nosotros mismos nuestros Derechos.

Continuaremos frenando al fascismo, avanzaremos derrocando el Capitalismo.

Unidad, Organización y Lucha.

En el 75 aniversario de su defensa, Madrid será la tumba del Fascismo.

No pasarán.

Coordinadora Antifascista de Madrid

AUDITORIA BANCA

CARTA DE AUDITORIA A ENTIDADES BANCARIAS Y DE TASACION.

por Aurin_Nirua

Envía tu carta de denunca al Fiscal General del Estado. No olvidéis poner vuestros datos personales.

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1240559967889&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta

———————–CARTA MODELO———————————-

Distinguido Sr. Cándido Conde-Pumpido

Como dice Plataforma de afectados por la hipoteca: Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Desde otras entidades se exige que se tomen medidas urgentes contra todas las formas de especulación, explotación y estafa en la especulación financiera e inmobiliaria. Que se defiendan los intereses de la gente trabajadora frente a las entidades financieras y que se tomen medidas sociales frente a la crisis y al desempleo. Resulta inmoral seguir apoyando con dinero público a los responsables de la crisis mientras las principales victimas, los ciudadanos, son desahuciadas y pierden el empleo.

Debo expresar mi conformidad con lo expuesto anteriormente. Existe una gran responsabilidad social y legal de estas empresas para con la ciudadanía debido a la especulación que crearon con los bienes inmobiliarios. No solo fueron la parte mas beneficiada del negocio si no que como consecuencia de esta “dudosa” práctica, el ciudadano pierde entre otras cosas sus viviendas; debido a que nosotros como ciudadanos no podemos recabar la información que necesitamos para demostrar la presunta ilegalidad de sus actos y hacer una denuncia formal ante la policía, puesto que nuestra propia constitución nos lo impide artículo 105, apartado b) “La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Por tanto amparándome en el punto 1 del artículo 124 de la constitución española donde se refiere que : “ El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Yo (Nombre y apellidos) con DNI (nº de DNI) solicito al Ministerio Fiscal por orden del Fiscal General del Estado el Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien de oficio y en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles inicie una investigación, contra las cajas, bancos y agencias de tasación mencionadas mas abajo por posible infracción del Art. 6 Incompatibilidades de las sociedades de tasación del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio) “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas específicas, las sociedades de tasación no podrán valorar bienes, empresas o patrimonios propiedad de personas físicas o jurídicas con las que no puedan razonablemente mantener una posición de independencia en menoscabo de la objetividad de la tasación”. En caso de que esa infracción lleva a demostrar otras irregularidades también deben ser juzgadas. Penando, en caso de demostrarse incumplimiento de la ley, a los responsables. El posible daño a la economía española y a los ciudadanos prevalece ante el hecho de que alguna de dichas sociedades pudiera a día de hoy no existir, exigiendo su responsabilidad legal con carácter retroactivo.

Relación de cajas y bancos / agencias de tasación de las que se solicita investigación:

Agencia de tasación: Sivasa Banco participativo: Santander

Agencia de tasación: Servatas Banco participativo: BBK, Kutxa y Vital

Agencia de tasación: Tasa Madrid Banco participativo:Caja Madrid

Agencia de tasación: Tasa Galicia Caja participativa: Caixa Galicia

Agencia de tasación: Tasaciones de Bienes Mediterráneo (Tabimed) Caja participativa : CAM

Agencia de tasación: Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH) Caja participativa: La Caixa