El pasado 10 de mayo, dábamos noticia de que la compañía Instalaza, fabricante de las granadas de mortero MAT-120 catalogadas como “bombas de racimo”, había decidido acudir a los tribunales de Justicia para reclamar al Gobierno una indemnización de 40 millones de euros en concepto de “daño emergente y lucro cesante”, derivada de la prohibición del uso, el desarrollo, la fabricación, la adquisición y el almacenamiento de ese tipo de bombas en España, consumada en el Tratado de Oslo (diciembre de 2008).
Considerando que Pedro Morenés estuvo vinculado a Instalaza desde el año 2005 hasta que se produjo su nombramiento como ministro de Defensa, advertimos la conveniencia de que el Gobierno aclarase el papel que pudo jugar en los orígenes del caso, o como lo afrontaría en el futuro siendo miembro del Consejo de Ministros. Una cuestión que entonces estimamos consecuente con las promesas realizadas por Mariano Rajoy para gobernar en un régimen de transparencia informativa, de momento poco visibles, y que, como era de esperar, no tuvo más eco que el del aparato próximo al ministro, mostrando cierto malestar con la noticia.
Ahora, se ha vuelto a poner en entredicho la figura de Morenés por su relación con Segur Ibérica, compañía que presidió hasta el 30 de enero de 2012 (semanas después de ser nombrado ministro de Defensa) y que ha sido denunciada por fraude a la Administración Pública. La noticia, publicada por el medio digital “Vozpópuli” (04/06/2012), aporta diversos documentos sobre un presunto cobro de servicios de seguridad realizados por “vigilantes falsos” y otros que no se prestaron, junto con la versión de los hechos facilitada por la compañía en cuestión.
Dicho medio informativo asegura que en el Consejo de Administración de Segur Ibérica figura otra persona vinculada al PP: Anna Birulés, ex ministra de Ciencia y Tecnología durante el segundo gobierno de José María Aznar.
El Grupo Seguriber, matriz de Segur Ibérica, está presidido por Mónica de Oriol, economista y diplomada por la London School of Economics, empresaria que también ejerce como profesora de política económica en la Universidad Complutense. El pasado mes de enero, Seguriber anunció un proceso de fusión con Umano, que, una vez culminado, consolidará una facturación de 150 millones de euros, una nómina de 6.000 empleados y una cartera con 19.200 clientes distribuida en España y Portugal, ofreciendo un amplio catálogo de servicios de externalización empresarial a través de sus once filiales.
ASSEMBLEA VINARÒS 
Pingback: 13 de los 14 miembros del Gobierno están acusados de corrupción | NON SERVIAM