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Activistas ocupan la sede de Bankia

En el día de los Derechos Humanos, varios grupos de activistas reivindican el derecho a una vivienda digna. Uno de ellos ocupa la sede de Bankia en Las Torres Kio de Plaza de Castilla

España | Amelia Alvarado-Tercera Información | 11-12-2012 | facebook yahoo twitter
Hace más de 50 días decenas de afectados por las hipotecas acampan frente a la sede de Bankia en La Plaza Celenque. El inmovilismo de la entidad les ha forzado a realizar muchas acciones de protesta; encierros en sucursales, manifestaciones, paralización de desahucios, etc.

Ante la falta de respuesta por parte de la entidad, los afectados, apoyados por la oficina de vivienda de Madrid y la PAH, decidieron en la mañana de ayer encerrarse en la sede de Bankia de Plaza de Castilla, con el objetivo de negociar sus reivindicaciones: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y alquiler social.

Desde el primer momento Bankia se ha mostrado reacia a cualquier tipo de negociación con los afectados, convirtiendo la acción en un problema de orden público. Los responsables de la entidad han llamado a la fuerzas de seguridad para desalojar el recinto, no les han dejado ir a los servicios, ni siquiera poner una reclamación, siendo clientes de Bankia… De hecho un trabajador de la seguridad de la empresa Prosegur ha contestado: “Vuélvete a protestar a tu país

La respuesta general de las fuerzas de seguridad ha sido : “Iros de aquí o ateneos a las consecuencias, esto es allanamiento de morada y desobediencia”.

Los afectados han insistido en realizar una reclamación y, ante la negativa y amenaza de desalojo, se han sentado en el hall para realizar resistencia pacífica y expresar sus reivindicaciónes.

Los UIP´s han decidido desalojar a los activistas por la fuerza disolviendo el círculo de resistencia y sacando a las personas al exterior del recinto. Todos los afectados han pedido insistentemente que los escucharan y entendieran su situación, sin respuesta por parte de los responsables.

Ayer se celebraba el día de los derechos humanos, que según la PAH y la Asamblea de Vivienda de Madrid son sistemáticamente vulnerados bajo el sistema capitalista, especialmente en el estado Español. Uno de los ejemplos más claros, apuntan estas organizaciones, es el derecho a la vivienda, que incumple habitualmente más de 20 de los 25 artículos contemplados en este tratado.

Asimismo, continúan los activistas, los poderes públicos, que deberían garantizar el derecho universal a una vivienda digna, no solo incumplen su labor, sino que dificultan el acceso a la misma, especialmente para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En ese sentido, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), organismo responsable de facilitar el acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social, ejerce las mismas prácticas. De hecho, la acción de ayer, celebrada en su sede, ha impedido un desahucio por su parte en el barrio de Lavapiés.

La asamblea de vivienda de Madrid y la PAH están convencidos de la necesidad de luchar por una vivienda digna a través de acciones de calle y compromiso social.

Más información:

[Fotos: [@danips]

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6 de diciembre dia del Incumplumiento Constitucional

El día 6 de Diciembre de cada año, se celebra el incumplimiento sistémico de nuestra Constitución.

Si alguien lo duda, pondremos algunos ejemplos:

Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 21
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Artículo 35.1
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
Artículo 44
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Obsérvese, acariciando la lectura de nuestra Constitución, que ya no es difícil encontrar artículos incumplidos. Resulta cuanto menos curioso que haya uno que sí se cumpla a rajatabla:

Artículo 135
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Y es que todo esto es posible desde que ha cambiado el objetivo de nuestra Constitución: hemos pasado de una Constitución creada inicialmente para facilitar la convivencia entre ciudadanos, a una constitución, en minúsculas, modificada para satisfacer a los mercados.

Por eso, cada vez somos más los que pensamos que deberíamos mandar la actual Constitución a cierto sitio…

Lugar a donde han mandado a nuestra querida constitución

… y hacer como han hecho en Islandia y en Estonia: que sus propios ciudadanos pongan al día su constitución

La Constitución y el estado social

FUENTE.

Javier García Fernández – Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad Complutense)

06/12/2012 – 11:43h

El llamado día de la Constitución se dedica al aniversario del día en que los españoles aprobaron en referéndum la Constitución en 1978. Ya es significativo que se conmemore el día en que el pueblo español la votó afirmativamente, no el día en que se promulgó. Por eso una celebración vinculada a un referéndum denota la voluntad de reafirmar una idea: existe la Constitución porque el pueblo lo quiso, no fue una Constitución impuesta.

Al cabo de treinta y cuatro años, la Constitución se ha rutinizado, es decir, tiene eficacia pero esa eficacia no se valora, como nadie valora el oxígeno que respiramos hasta el momento en que nos falta. Ese el primer valor de una Constitución: que ordena la vida social de un pueblo sin que apenas se note. Eso explica que muchos ciudadanos no la valoren o no sientan apego por el texto normativo, sobre todo porque hay ya muchas generaciones de españoles que no han conocido otra cosa. En cambio, para quienes vivieron la Dictadura el tener o no tener Constitución es el paso de la noche al día. Con la Constitución disfrutamos de dos cosas que faltaban en el franquismo: las libertades y derechos (que nos hacen personas libres) y la forma de gobierno democrática, que nos permite elegir a los gobernantes (lo que nos hace ciudadanos).

Es cierto, sin embargo, que toda Constitución provoca frustraciones entre los ciudadanos, especialmente porque los derechos y libertades se ejercitan y se disfrutan de una manera que puede parecer restrictiva frente a los enunciados nítidos de los artículos constitucionales. Cuando la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada o cuando proclama el derecho a la salud (que ya está en riesgo con la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid), muchos ciudadanos pueden pensar que la Constitución se incumple o que contiene enunciados vacíos. Hay que decir que, hasta 2012, la Constitución se ha cumplido en todos aquellos artículos que eran de directa aplicación pero también se debe señalar que no todos los artículos de la Constitución tienen la misma eficacia jurídica. Hay muchos preceptos directamente aplicables (la investidura del Presidente del Gobierno, la regulación de los Decretos-Leyes) pero otros muchos, especialmente, los que regulan los derechos y libertades, necesitan leyes de desarrollo porque un artículo de setenta y cinco palabras no puede regular por completo el derecho de reunión, por ejemplo. Además, la Constitución, por el momento en que se elaboró, catalogó como principios rectores de la política social y económica la última “generación” de derechos sociales, que son un mandato para orientar las políticas públicas pero no tienen la eficacia directa e inmediata: ahí están derechos como el de la vivienda, el pleno empleo, la protección a la salud, etc.

Pero estos derechos no son papel mojado: sin la eficacia directa del derecho de reunión o el derecho a la intimidad personal, tienen dos características. En primer lugar, son un límite a políticas públicas regresivas: si un Gobierno (como el actual) diseña y ejecuta políticas atentatorias contra el derecho a la salud infringe la Constitución. Además, cuando el artículo primero de la Constitución empieza diciendo que España se constituye en un Estado social, esa noción de Estado se compone de varios pilares, entre los que están varios de los principios rectores de la política social y económica.

Es verdad que ese conjunto de derechos sociales y de principios no se pueden invocar con la misma fuerza jurídica que cuando una autoridad quiere limitar el derecho de manifestación, por ejemplo. Y también es verdad que al máximo defensor de la Constitución, el Tribunal Constitucional, sólo acceden los ciudadanos mediante el recurso de amparo tras un recorrido (generalmente largo) ante otros Tribunales. Todo ello hace creer a mucha gente que la Constitución se incumple. Hasta hoy, la Constitución se cumple pero no todos sus artículos tienen la misma eficacia. Incluso los más escépticos deben recordar que gracias a un artículo como el 47 (derecho a una vivienda digna) los ciudadanos, los partidos o los sindicatos tienen más fuerza y legitimidad para reclamar del Gobierno políticas de vivienda más intensas y eficaces.

Otra cosa es que, al día de hoy, el Gobierno del Presidente Rajoy está quebrando el pacto constitucional que se basaba en una potente Estado social. El Gobierno actual, mitad por ideología, mitad por responder a intereses empresariales muy chatos, está dedicado a demoler los pilares del Estado social (derechos sanitarios, educativos, laborales, a la Seguridad Social). Ahí, las vías para parar esta demolición del Estado social y esta vulneración de la Constitución son más débiles porque cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional tarda demasiado. Pero el hecho de poder decir que la brutal restricción de los derechos sanitarios o laborales que sufrimos vulnera la cláusula del Estado social viene a probar la eficacia protectora que posee la Constitución. La Constitución envuelve los derechos de los ciudadanos y sigue siendo un marco de referencia para protegerlos.

¡Con la de casas vacías que hay en la ciudad!

FUENTE.

por Jon Aguirre Such y Javier Burón Cuadrado
Tras los desalojos del Hotel Madrid y el Espacio Vecinal Montamarta del lunes 5 de diciembre de 2011, nos gustaría hacer una breve reflexión sobre el acuciante problema de la vivienda en España, y sobre cómo estos espacios estaban planteando una alternativa habitacional que casi ninguna Administración Pública está siendo capaz de proporcionar en tiempo y forma.
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, lo que obliga a todas las Administraciones Públicas, dentro de sus competencias, a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas adecuadas para tutelar y hacer efectivo dicho derecho.
Para ello, entre otras cosas, la Constitución establece el marco para la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el urbanismo, y prohíbe la especulación con el suelo. Es el único veto de este tipo en la carta magna. Sin embargo, como todos sabemos, hoy en día el derecho constitucional a la vivienda es solo teórico, y la situación que se vive en España se aleja completamente de los mandatos constitucionales. Así, si se da un rápido vistazo a los datos de la realidad inmobiliaria y residencial actual, se observará un escenario de lo más dramático.


Hoy en día en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, de un total de 25,5 millones de viviendas, lo que supone una desmesurada proporción de vivienda per cápita dentro del contexto europeo. De hecho, en España hay muchas más viviendas vacías que en alquiler —poco más de 2 millones, de las que solo 128 000 son viviendas de alquiler social[1]—. Además, se gasta menos dinero y se desarrollan peores políticas públicas de vivienda que en el resto de la ue: El 0,9 % de nuestro pib, frente al 2‑2,5 % de los Estados líderes de la ue, que disponen de mecanismos públicos de financiación de las políticas de vivienda, como la banca pública, la deuda pública finalista o la reserva de parte de la masa salarial[2]. De este 0,9 % de pib, solo un 0,3 % se destina al gasto directo, ya que dos terceras partes de nuestro gasto público en vivienda se invierten en la exención de impuestos, al revés de lo que ocurre en el resto de la ue.
Por otra parte, en España se promueve la Vivienda de Protección Oficial (vpo) en propiedad, a diferencia del resto de la  ue, donde las políticas públicas de vivienda están exclusivamente dirigidas al alquiler y la rehabilitación. De hecho, en las últimas décadas no ha habido en España políticas públicas de vivienda orientadas hacia el fomento de un acceso asequible a una vivienda digna, sino medidas de promoción de la actividad y el empleo en el sector privado inmobiliario. De este modo, se ha regado el país con más de seis millones de nuevas viviendas libres para su venta y tenencia en propiedad, despreciando así el alquiler y la rehabilitación del parque ya existente. 
No obstante, el parque inmobiliario vacío no termina en las viviendas: en España existe actualmente una desorbitante cantidad de hectáreas urbanizadas o comercializadas sin uso alguno. Los promotores y los bancos disponen de suelo para 2,8 millones de nuevas viviendas; la mitad seguramente no se promoverá nunca[3]. Según datos de la  ue, España ha urbanizado en los últimos 15 años un tercio de todo su suelo artificializado en los 12 000 años anteriores[4]. Sin embargo, frente a estas escandalosas cifras de viviendas y suelo —la mayor parte sin uso—, el número de desahucios sigue batiendo récords históricos: en el segundo trimestre de 2011 se tramitaron 16 464, un 21,2 % más que en el mismo período del año anterior, y se calcula que la crisis ya ha puesto en la calle a más de un cuarto de millón de familias[5].
Esta lamentable realidad habitacional (casas sin personas, personas sin casa y ayudas públicas para que las casas vacías sigan vacías) se ve agravada por el hecho de que la clase dirigente no está acometiendo las reformas estructurales necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional al que aludíamos. No es que no existan mecanismos, herramientas o ejemplos para tratar de resolver esta situación; es que no existe voluntad política para aplicarlos. 
Por ejemplo, España está a la cola de Europa en las medidas de control público de la vivienda vacía, considerada en la ue una patología urbana, social y medioambiental. Mientras, países como Holanda, el Reino Unido, Alemania, Suecia, Francia o Italia aplican toda serie de medidas que van desde multas y penalizaciones hasta expropiaciones y legalización de la ocupación, pasando por derribos —cuando lo que está vacío es un edificio entero— y los alquileres y ventas forzosas —cuando se han rechazado las ayudas públicas a la rehabilitación y el alquiler[6]—. La aplicación de algunas políticas de los vecinos europeos ya supondría por sí sola un notable avance hacia la concepción de la vivienda como bien social y no especulativo, así como hacia el despliegue de la función social de toda propiedad y la subordinación de toda riqueza al interés general, tal como proclaman los artículos 33.2 y 128.1 de la Constitución, respectivamente.
Pero no hace falta irse tan lejos. En el País Vasco, por ejemplo, se vienen aplicando interesantes políticas de vivienda social desde hace unos años, del mismo modo que también ha habido ejemplos de buenas prácticas en Cataluña, Aragón, Navarra o Extremadura. 
Euskadi es la Comunidad Autónoma en la que, por ley, se construye un mayor porcentaje de vivienda protegida en las nuevas promociones inmobiliarias. La Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, entre otras muchas cosas, obliga a que el 75 % de la vivienda en suelo urbanizable y el 40 % en suelo urbano sean viviendas protegidas. Así, desde 1994 existen en Euskadi reservas legales de suelo destinado a vivienda protegida (el 65 % en suelo urbanizable y el 20 % en suelo urbano). Estos porcentajes contrastan con la realidad de otras cc. aa., en las que no existe más reserva legal que la mínima fijada por el texto refundido de la Ley del Suelo estatal (el 30 % en suelo urbanizable); a veces, esta ni siquiera se cumple. En este punto cabe señalar que las abundantes viviendas protegidas vascas[7] cuentan con una calificación permanente; es decir, que lo son de por vida. Además, las Administraciones Públicas establecen un control férreo sobre quién accede a ellas, cómo se usan y cómo se entregan a una nueva persona inscrita en el registro de demandantes de vivienda protegida; ello se traduce en un fraude cercano a cero. 
En segundo lugar, entre las buenas prácticas vascas en materia de vivienda, debemos citar la creación, hace menos de una década, de Bizigune, una sociedad pública que moviliza viviendas privadas vacías y facilita su uso en alquiler a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder a una vivienda del mercado libre. A través de este programa, se abona menos del 80 % de una renta de mercado a sus propietarios cedentes, y los arrendatarios pagan un alquiler mensual que supone, como máximo, el 30 % de sus ingresos. Cabe citar otro aspecto destacado de las políticas públicas de vivienda vascas: En menos de diez años, se ha construido partiendo de cero un parque de vivienda pública de alquiler y no propiedad que supera las 45 000 unidades. De esta cantidad, la mitad son viviendas protegidas en alquiler público y la otra mitad, viviendas protegidas en derechos de superficie a 75 años, una especie de alquiler público de por vida.
Sin duda, el caso de Euskadi marca un referente necesario, aunque posiblemente insuficiente en los tiempos que corren. En un contexto tan crítico como el actual, además de buenas políticas públicas de vivienda a medio y largo plazo, tal vez sea necesario aplicar medidas más drásticas, como ya se está haciendo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los bancos pagan los gastos de demolición de edificios de su propiedad que están vacíos desde hace meses y se los regalan a los ayuntamientos para que hagan parques, equipamientos comunitarios o aparcamientos.
Demolición de un edificio propiedad de un banco en Cleveland, Estados Unidos.
No obstante, la falta de aplicación de políticas públicas de acceso a la vivienda no es el único motivo de la actual problemática habitacional en España; la Ley Hipotecaria es otra de sus causas más flagrantes. Se trata de una disposición pensada más para beneficiar a las entidades financieras que a los ciudadanos o la sociedad en su conjunto, cuya modificación ha sido constantemente bloqueada por los dos partidos mayoritarios. Este marco legal contrasta con las realidades de otros países europeos, en los que sí se aplican fórmulas para solucionar los problemas a los que se enfrentan actualmente las familias que no pueden seguir pagando sus cuotas hipotecarias. Por no mencionar los límites legales preventivos impuestos a los niveles de endeudamiento hipotecario familiar y a la exposición a activos inmobiliarios de las entidades financieras[8], que constituyen una medida destinada a evitar el sobreendeudamiento y sus funestas consecuencias.
En este contexto, la regulación de la dación en pago adquiere especial relevancia, cuya aplicación va a ir haciéndose cada vez más necesaria, no solo por el aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, o por las terribles consecuencias sociales y económicas que acarreará dejar a miles de familias en la calle y endeudadas; sino también por ser una medida que ayudaría a rebajar el precio de la vivienda y a mejorar el acceso a esta: una valoración más realista del riesgo por parte de la banca implicaría créditos razonables para que las familias adquirieran viviendas a precios coherentes con el poder adquisitivo real de los salarios.
Sin embargo, la clase dirigente permanece impertérrita ante estos indicadores, vetando cualquier tentativa de reforma de la actual Ley Hipotecaria. Lo que resulta más sangrante aún es que continúa rescatando con abundantes fondos públicos a promotores y financieros que han realizado su trabajo de forma poco profesional, temeraria, avariciosa y, en ocasiones, simple y llanamente delictiva.
En este contexto, las medidas planteadas en materia de vivienda por el futuro gobernante Partido Popular durante la campaña electoral no hacen sino ahondar en los mismos errores del pasado. Así, los populares recogían en su programa una serie de medidas destinadas únicamente a la mejora de la accesibilidad a la vivienda y a la movilización del stock, a través de la liberalización del mercado de suelo y de una profundización en la política fiscal de vivienda del psoe de los pasados años; en romano paladino, esto significa que el pp plantea un retorno a 1998, año cero de la burbuja inmobiliaria, para aplicar básicamente las mismas fórmulas, provenientes de la ortodoxia neoliberal. Recordemos que, lejos de provocar vivienda más accesible para la gente de a pie en los pasados 10 años, han provocado una ordalía de vivienda cada vez más numerosa, cada vez más cara[9], cada vez más inaccesible y cada vez con más riesgos sistémicos para la sociedad y la economía española. En definitiva, el pp pretende resolver la burbuja con otra burbuja, que es lo mismo que tratar de solucionar un martillazo en un dedo con un nuevo martillazo en ese mismo dedo.

Hay que plantearse una cuestión sobre las rebajas fiscales y la «liberalización del suelo»: ¿A quién benefician? ¿A aquel que se ha quedado sin casa porque no ha podido pagar su deuda hipotecaria? ¿A aquellos cuyo sueldo de mileurista no les permite acceder a una vivienda? ¿O a aquellas clases pudientes que pueden seguir invirtiendo en el sector inmobiliario, y que ven la vivienda solo como una inversión a la que le beneficia la subida del precio derivada de los perversos incentivos fiscales, hipotecarios y urbanísticos?

Los incentivos fiscales solo benefician a la especulación con suelo y vivienda y, en el caso de las clases medias y bajas, tienen el perverso efecto de aumentar el precio de la vivienda, pues el mercado las añade al precio, al procesar la deducción fiscal como mayor capacidad de compra. Evidentemente, las medidas destinadas a la movilización del stock inmobiliario privado no resuelven los problemas de la vivienda en España, que es el hecho de que, en estos momentos, no se hace efectivo el artículo 47 de la Constitución, y no que el sector inmobiliario no pueda comercializar su stock de vivienda sin bajar de los precios del período 2005‑2007. Porque, recordemos, el sector, con el apoyo de psoe y pp, no quiere reconocer sus pérdidas por las bajadas de los precios de la vivienda que ya se han producido, que deberían haberse producido y que deberían producirse en el futuro.
Dado que las buenas prácticas comentadas exigen una voluntad política y la inminente aplicación de medidas diametralmente opuestas (las recogidas en el programa electoral del  pp), ¿qué solución les queda a los cientos de miles de personas y familias que durante los últimos años se han quedado sin casa, condenados a vivir en la calle? ¿Y a los millones que no pueden disfrutar de una vida plena por no poder acceder a una vivienda digna en alquiler o en propiedad, nueva o rehabilitada, de mercado o pública?
Toda vez que las clases dirigentes y los poderes financieros han anulado cualquier opción de operar dentro del sistema inmobiliario actual, es el momento de aplicar estrategias alternativas. En este punto destacan, al menos, tres:
  1. Alquiler social universal público  para cualquier persona que lo solicite al sector público, lo cual implica que las Administraciones deberán contar con un parque público permanente y suficiente de vivienda de alquiler, que en nuestro caso debería proceder básicamente de la movilización de vivienda vacía y el stock de vivienda ya construida; así como con un programa de ayudas públicas directas al pago de alquileres en un parque privado concertado con el sector público (modelo centroeuropeo).
  2. Cooperativas de uso de vivienda  impulsadas por la ciudadanía con medidas de apoyo público (parte del modelo nórdico).
  3. Realojo en edificios vacíos  (modelo holandés): A tenor de los últimos acontecimientos (Hotel Madrid, Espacio Vecinal Montamarta, Concepción Jerónima, etc.) parece que la opción más recurrente, tanto por la emergencia habitacional como por su valor simbólico‑político, va a ser esta última.
El Hotel Madrid durante su ocupación.
Si bien el realojo a través de inmuebles vacíos es la alternativa más inmediata para resolver las necesidades habitacionales de aquellas personas que se han quedado sin casa, también hay que considerar los riesgos y consecuencias tanto económicas como legales que esta actividad acarrea. Los recientes desalojos han puesto de relieve esta cuestión, con numerosas detenciones y diez personas que tienen abierto un expediente de expulsión; por no hablar de las multas y sanciones aplicadas para desalentar este tipo de prácticas.
Desde luego, estos condicionantes no nos permiten establecer un horizonte muy halagüeño, en lo que se refiere a resolver las necesidades habitacionales de las personas sin casa o deficientemente alojadas. No obstante, hay margen y referentes históricos para la esperanza. De la misma manera que los movimientos antimilitares consiguieron poner en jaque al servicio militar obligatorio, gracias a la práctica masiva de la insumisión; también se pueden empezar a plantear líneas de acción similares. Y es que, llegados a un punto en el que cientos de miles de personas se verán abocadas a vivir en la calle y millones tienen congelado su proyecto vital, una sobresaturación del sistema judicial y penitenciario, además de legítima, no parece del todo descabellada. 
No obstante, la aplicación efectiva de estas estrategias de realojo masivas pasa, en gran medida, por abrir un período sosegado de reflexión y organización; esto no significa renunciar a la lucha contra los intentos de creación de un banco malo público, la puesta en marcha de experiencias cooperativas por parte de la sociedad y de parque de alquiler público por parte de las Administraciones Públicas. Todo ello, en contraposición a la actual inercia de los acontecimientos, fuertemente condicionados por la espontaneidad y la acción emocional. Si no, puede que nos estemos aventurando hacia un abismo al que, lamentablemente, los primeros en caer sean aquellas personas que se encuentren en una situación más grave.
Lo que no sabemos es si la gente sin casa puede esperar tanto… 
Jon Aguirre Such es miembro de Paisaje Transversal
Javier Burón Cuadrado  es miembro de Ekiten Thinking
Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo

[1] Fuente: Series estadísticas del Ministerio de Fomento
[2] Fuente: Sánchez Martínez, María Teresa, et ál.: La política de vivienda en España (2010)
[3] Datos obtenidos del Banco de España, así como de estudios de varios bancos privados (entre ellos el Banco Nomura).
[4] Corine Land Cover de la ue.
[5] Datos de las memorias y bases estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
[6] Datos obtenidos de los trabajos realizados por las profesoras Pilar Garrido, Leire Escajedo y Miren Gorrotxategui para el grupo de estudios de la UPV-EHU Ekiten Thinking.
[7] La cuota de mercado en Euskadi es de más del 50 % de las nuevas viviendas desde hace unos años, como se puede comprobar en el Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco.
[8] Referencia a la Ley Neiertz francesa y la nueva regulación de la fsa británica del sobreendeudamiento hipotecario: http://leolo.blogspirit.com/tag/loi%20neiertz
[9] La burbuja inmobiliaria ha supuesto un incremento de los precios de la vivienda de más del 200 %, y del suelo de más del 500 %, según datos del ine y el Ministerio de Fomento.

 FUENTE.

El derecho a la vivienda, art. 47 de la Constitución (que por cierto, aquí no votamos porque teníamos detenidos en la cárcel algunos dirigentes por reclamar dinero para el antiguo Empleo Comunitario) dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y también ese derecho lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, ese derecho no se cumple para muchos andaluces y tampoco se cumplía para muchos jornaleros de nuestro pueblo.

Así que nos movilizamos porque pensamos que el derecho a la vivienda es incluso más vital que el derecho al trabajo porque es tener o no tener un lugar donde al menos poder aguantar la dureza de la que siempre son víctimas los empobrecidos.

¿Qué podíamos hacer?

Lo primero era conseguir suelo. Así que primero expropiamos y luego municipalizamos miles de metros en los alrededores de nuestro municipio. Una vez que tuvimos suelo nos pusimos a reivindicar ante el Gobierno Central y el Autonómico dinero para hacer viviendas.

• El suelo, una vez municipalizado, se lo cedemos gratuito al autoconstructor.

• También le cedemos los materiales que se consiguen con convenios con la junta de Andalucía y obras del P.E.R. (Plan de Empleo Rural).

• También le cedemos gratuitamente varios albañiles para que dirijan las obras.

• El proyecto técnico de las viviendas lo realizan los arquitectos que también es gratuito. En este proyecto pueden participar activamente los autoconstructores para rectificar o modificar aquellas cosas que mejoren sus viviendas.

• Por último el autoconstructor reunido en asamblea decide colectivamente el precio de lo que va a pagar al mes por una vivienda que será luego de su propiedad. Las últimas viviendas tienen fijado una cuota de 2.500 ptas. mes (15€).

La realización de esta vivienda se hace de manera autogestionada y asamblearia. Los autoconstructores se reúnen una o dos veces al mes para tratar de las normas y la marcha de los trabajos que se están realizando o para en un momento determinado, una vez puesto en marcha el proyecto, modificarlo porque en la realidad no resulta conveniente lo que estaba dibujado en el papel.

Las viviendas tienen 3 habitaciones, cuarto de baño y un patio de 100 m 2 que permiten, si el autoconstructor así lo desea, aumentar el número de metros construidos ya que previamente los proyectos de viviendas están adecuados a estas futuras ampliaciones.

 

El tiempo de trabajo que el autoconstructor ha empleado en hacerse su vivienda se le descuenta del precio total de la vivienda con lo que incluso este trabajo se le revierte en forma de salario inducido. Por este método se han construido más de 350 viviendas en un pueblo de no más de 3000 habitantes.

FUENTE.

Escrito por lasuertesonriealosaudaces el 26/01/2011 19:02 | Comentarios (3)

El derecho a la vivienda

La constitución española declara la vivienda como un derecho. La constitución dice “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos“.

A pesar de este artículo los poderes públicos nunca han legislado nada en este sentido excepto, quizá, las leyes de vivienda protegida. Sin embargo nunca ha habido una regulación específica en el sector ni se han hecho esfuerzos para regular los precios de una manera adecuada. Siempre ha primado más el concepto de vivienda como activo económico que como derecho.

 

Ahora parece que por primera vez una administración española, el gobierno vasco, quiere convertir este párrafo constitucional en una realidad. El anteproyecto de ley de la ley vasca de vivienda pretende que la vivienda se convierta en un derecho. Bien, esto es la declaración política, ahora hay que ver cómo se convierte esto en una realidad legal.

¿Cuáles son las ideas del gobierno vasco para convertir la vivienda en un derecho? Básicamente estas dos: La entrega de una vivienda en alquiler o ayuda similar a las personas en riesgo de exclusión social que no puedan acceder a una vivienda, y el cobro de un canon a las viviendas vacías.

Con estas propuestas el gobierno vasco cree que podrá hacer la vivienda más accesible a quienes no pueden acceder a ella, pero me gustaría analizar las dos propuestas y su conveniencia o no.

 

La entrega de una vivienda en alquiler o una renta para el alquiler no es algo totalmente nuevo. La renta de emancipación de 210 euros que cobran los jóvenes de ingresos menores a 22.000 euros existe desde hace años, y aunque no cubre la totalidad del coste de la vivienda como en la ley proyectada, sí representa una ayuda parcial. La deducción fiscal a la primera vivienda también es en cierta manera una ayuda a la vivienda, aunque con otro procedimiento. La novedad aquí radicaría en que el gobierno vasco se haría cargo, por lo que se entiende, del importe íntegro del alquiler o alquilaría él la casa.

Bien, si analizamos las dos medidas parciales que he comentado, la renta joven y la deducción por vivienda, podemos decir que ambas supusieron, en el momento del boom, un aumento de los costes de la vivienda. La deducción sirvió para hinchar la burbuja inmobiliaria, y la renta joven sirvió para que todos los pisos de alquiler para estudiantes subiesen de coste. Este dinero público sirvió para que promotores, constructoras y propietarios se enriqueciesen.

¿Qué consecuencias podría tener esta medida? Podría pasar que los pisos más baratos aumentasen de precio de alquiler, generando un sobrecoste para el estado. También habría que ver a cuantas personas afectaría. Según lo que se ha dicho las personas con rentas menores a 9.000 euros anuales (12.000 para familias de 2 miembros y 15.000 para las de tres) tendrían derecho a la vivienda. En principio parecen límites bajos, pero hay mucha gente parada y jubilados con rentas menores a esas (por lo menos fuera del país vasco).

 

Por otro lado la fijación de estos límites de renta puede generar problemas. Una persona que tenga ingresos de 8.500 euros anuales tendría derecho a una vivienda, pero el que gana 10.000 euros no. Esto generaría un desajuste, pues el que gana 10.000 posiblemente tenga que gastar más de la mitad de su renta en el alquiler de una vivienda, quedando en situación mucho peor que la otra persona.

Generar barreras económicas de este tipo tiene muchos problemas. Cuando Rajoy propuso en 2008 una exención del pago de IRPF a rentas menores a 15.000 euros me pareció un disparate por la misma razón, pues generaría que las rentas de 15.000 a 18.000 euros anuales estuviesen objetivamente peor que las primeras, y porque eso además generaría un “tapón” de sueldos en 14.900 euros anuales.

En este caso podría pasar algo similar en cuanto a la injusticia de la medida.

 

Respecto a la tasa a pagar por vivienda vacía la idea es la siguiente. Cuando la vivienda lleve más de dos años vacía se tendrá que pagar una tasa anual de 10 euros anuales por cada metro cuadrado (900 euros anuales para una vivienda de 90 metros cuadrados).

La idea, francamente, no me parece mal, y más en un entorno en que el impuesto de patrimonio ha desaparecido (yo preferiría recuperarlo y quizá suavizar algo esta tasa), sin embargo tiene problemáticas importantes. La más importante de todas es la dificultad de demostrar que una vivienda está vacía. Esto se suele saber por empadronamiento, pero en casos de una familia con dos pisos normalmente uno de los cónyuges se empadronaría en la casa vacía y evitaría la tasa. Ahí tenemos una forma muy fácil de evitar la tasa, aunque sí afectaría a personas y familias con muchas propiedades.

 

En mi opinión hay políticas mucho más efectivas de vivienda que podríamos usar. El Holanda, por ejemplo, quienes tienen muchos pisos en alquiler están sometidos a una regulación por la que el ayuntamiento fija los precios de un porcentaje alto de ellos (no sé si es un tercio). Los precios, por supuesto, son bajos, y eso empuja el precio libre hacia la baja.

No digo que las intenciones del gobierno vasco sean malas, todo lo contrario. Hay que comenzar de una vez a hacer políticas activas de acceso a la vivienda, pero creo que esta propuesta debe ser depurada, sobre todo la primera de ellas.

En cualquier caso es muy importante reducir el coste de la vivienda en España. En un contexto de bajada de costes laborales como este la única manera de que los ciudadanos no vean afectada su economía muy negativamente es esta reducción del coste en la vivienda. Si realmente hay que bajar sueldos para ser competitivos, ésta es la única solución para no esquilmar a la clase baja y la media.

En España se producen 500 desahucios al día mientras hay más de 5 millones de viviendas vacías”

Bosch (Jueces para la Democracia): “En España se producen 500 desahucios al día mientras hay más de 5 millones de viviendas vacías”

Miguel Giménez
sígueme en @mikelgro
publicat el dimecres, 3 d’octubre de 2012 19:46

Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, ofrecía esta tarde ante unas 150 personas una charla sobre la problemática de los desahucios y las cuestiones jurídicas que rodean a las hipotecas en el salón de actos del Centro Cívico del Puerto de Sagunto, un acto convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Camp de Morvedre, que estaba representada por sus dirigentes Óscar Vivancos y Rafa Garzó.

Bosch recordaba que desde 2007 se han producido en España más de 200.000 desahucios, a los que se deben sumar otros 400.000 procesos que están en marcha, “mientras se producen unos 500 desahucios al día, nos encontramos con que hay más de 5 millones de viviendas vacías”, explicaba el magistrado, quien sentenciaba que se trata de unas “cantidades impresionantes que una sociedad avanzada no debe tolerar, por lo que se deben buscar alternativas”.

El portavoz de Jueces para la Democracia se mostraba convencido de que cuestiones como el derecho a una vivienda “digna y adecuada”, reflejado en el artículo 47 de la Constitución, que también apunta que los poderes públicos deben impedir la especulación, “está vinculado a la dignidad de las personas”.

A juicio de Bosch, la legislación española “no respeta de manera clara el derecho a la vivienda, ya que no distingue la vivienda familiar habitual de la que no lo es”, así como también afirmaba que las entidades bancarias “tienen un régimen procesal privilegiado, lo que se traduce en un gran desequilibrio y desigualdad con los ciudadanos, que tienen que entre particulares deben demostrar la deuda para y que haya una sentencia judicial, mientras que con los bancos esto no se produce y una vez presentan la demanda ejecutiva, actúan como apisonadoras, por lo que se produce una gran indefensión de los particulares ante los bancos”.

Propuestas

La asociación progresista de jueces considera que se debe cambiar la legislatura hipotecara para permitir una mayor igualdad de condiciones, así como también se deben facilitar mecanismos de justicia gratuita, “ya que los bancos disponen de poderosos gabinetes jurídicos”.

Bosch también recordaba las palabras de Paul Krugman, “ya está bien de rescatar bancos, ahora hay que rescatar a la las personas, y para ello hay que posibilitar la dación en pago con carácter retroactivo”, al tiempo que considera que injusto que el banco se adjudique la vivienda por el 60% de su valor, “y encima puede seguir reclamándole la deuda al hipotecado”.

También se refería a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), “es muy saludable, pero sólo tiene sentido si tiene carácter retroactivo”, así como aseveraba que los códigos de buenas prácticas de los bancos “no sirven para nada. Lo que hay que hacer es imponer esta cuestión por ley”.

Derecho de Manifestación

De igual modo, el portavoz de Jueces para la Democracia se hacía eco de las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pidiendo un cambio de legislación para restringir el Derecho de Manifestación, “Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución, ya que esto sólo se podría llevar a cabo si se modifica la Carta Magna”. Y concluía Bosch sentenciando que “las instituciones no autorizan el derecho de Manifestación, deben garantizarlo”.