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El fraude de las pensiones privadas

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Vicenç Navarro . Consejo Cinentífico ATTAC

Este artículo señala la situación real en la que se encuentran las pensiones privadas, que es mucho peor que la de las pensiones públicas, lo cual raramente aparece en los medios.

Una avalancha constante por parte de la banca y de las compañías de seguros privadas es hacer creer a la población que las pensiones públicas son insostenibles, es decir, que como resultado de la transición demográfica (cada vez hay más ancianos y menos jóvenes) no podrán pagarse. Se repite constantemente que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos. Y debido a la enorme influencia que estas instituciones tienen sobre el mundo político, mediático y académico del país, esta tesis de la insostenibilidad de las pensiones ha alcanzado una categoría de dogma. Todos los gobernadores del Banco de España –incluido el actual, el Sr. Luis María Linde– y los presidentes del Banco Central Europeo (como el actual, el Sr. Draghi) han enfatizado la necesidad de que la población española se haga un aseguramiento privado un plan privado de pensiones que les garantice el nivel de vida al cual están acostumbrados, subrayando que las pensiones públicas no se lo garantizarán.

Esta postura es también promovida por la mayor parte de economistas de pensamiento liberal (que son la mayoría hoy en los centros académicos), alcanzando su máxima expresión en las declaraciones de economistas ultraliberales como el “economista de la casa” de TV3, que propone la privatización de la seguridad social, tal como hizo el gobierno presidido por el General Pinochet en Chile. En aquel país, la tasa  neta de reemplazo de las pensiones públicas es bajísimo, menos del 6% del salario medio de las personas, siendo complementadas por provisiones del aseguramiento privado, insuficientes para alcanzar el nivel necesario de mantenimiento del estándar de vida del jubilado (se alcanza solo el 52%; en España, en las pensiones públicas es del 80%).

En esta promoción de las pensiones privadas, el Estado juega un papel clave. En España, el Estado desgrava (lo cual quiere decir que subvenciona) el aseguramiento privado. Es decir, provee unos 2.000 millones de euros, con datos de 2012, para que las personas que se compran pólizas de aseguramiento privado paguen 2.000 millones de euros menos. Un enorme regalo. Para que el lector se dé cuenta de lo que ello significa, baste recordar que el Presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir precisamente 1.500 millones de euros a fin de reducir el déficit público, subrayando que no había otra alternativa para conseguir dinero (con el fin de reducir el déficit) que congelar las pensiones. Dicha afirmación de que no había alternativa no era cierta. Podría haber eliminado la desgravación (es decir, el subsidio público) a las pensiones privadas, consiguiendo algo más que esa cantidad.

Ni que decir tiene que, como resultado de la enorme influencia del capital financiero (banca y compañías de seguros) sobre los medios (todos ellos endeudados con la banca), ninguno de los principales medios de comunicación editorializó proponiendo esta medida como alternativa a la congelación de las pensiones. Y, naturalmente, FEDEA, el portavoz de este capital, y su revista “Nada es Gratis”, frecuentemente citada en los medios, no dijeron ni pío, aplaudiendo en cambio la congelación, mostrando esa política pública como un indicador de madurez y realismo. A su vez, los economistas de los gobiernos Zapatero y Rajoy (que cínicamente se opuso a la congelación para apoyarla cuando estuvo en el gobierno) aplaudieron dicha medida. Y, como no, la Troika (El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el BCE) y todo el mundo que manda en la Unión Europea también aplaudieron. Es importante señalar que, en general, las mismas voces que piden que se reduzcan las pensiones públicas porque no habrá jóvenes que las paguen, apoyan las políticas de bajadas de salarios y de destrucción de empleo (eliminando empleo privado y público), que fuerzan a los jóvenes (cuya tasa de desempleo es de más del 50%) a irse del país.

La privatización de las pensiones

La privatización de las pensiones es la medida más promovida por los establishments financieros, económicos, mediáticos y políticos (en este orden) de España (incluida Catalunya) y de la UE. En todos ellos se asume que las pensiones privadas son mejores que las públicas. Lo que es sorprendente es que todos (repito, todos) los datos (creíbles y rigurosos) muestran precisamente lo contrario (ver el libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, Lo que debes saber para que no te roben la pensión). Incluso instituciones de tendencias liberales, como la OCDE, en el informe Pensions at a Glance 2013, reconocen que el sistema de pensiones privadas en España es un desastre. La narrativa que utilizan no utiliza dicha expresión, pero sus conclusiones justifican este diagnóstico.

Menos concluyente, pero también muy poco halagador, es el informe presentado por un grupo de investigadores del IESE que ha estado siguiendo la evolución de las pensiones privadas (trabajo bien resumido por Pere Rusiñol en su artículo “Pensiones privadas, un mal negocio en España”, publicado en Alternativas Económicas). Según este informe, de los 257 fondos de pensiones privados con al menos 15 años de historia, solo el 1,16% (sí, solo 1,16%) lograron una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años. Otro 10% tuvieron pérdidas, con lo cual, el asegurado perdió dinero. La rentabilidad de la mayoría era baja. El que tenía mejor rentabilidad alcanzaba solo el 1,58% (los bonos del Estado tuvieron unos intereses medios superiores, del 4,4%, para el mismo periodo de tiempo). En realidad, la OCDE ha indicado que la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España (en el periodo 2008-2012) fue negativa en términos reales (una vez descontada la inflación). Después de Estonia y Polonia, España fue el que tuvo peor rentabilidad.

Pero lo que es incluso más interesante es que el hecho de que tengan una rentabilidad muy baja, no quiere decir que les vaya mal a los gestores de los fondos privados de pensiones. Este es un dato de enorme interés. De la misma manera que los banqueros españoles son los que están mejor pagados en la Unión Europea, a pesar de que la banca española apenas ofrece crédito, no realizando su función social, los gestores de las compañías de seguros tienen elevados ingresos, precisamente a costa de la baja tasa real de sustitución salarial de los futuros jubilados y las elevadas comisiones que reciben. Estos gerentes de las compañías de seguros reciben las comisiones (lo que los gerentes y magnates de las compañías de seguros se quedan como paga personal por cada póliza de seguros) más altas de la UE. Solo otro país las tiene más altas. Esta situación es escandalosa (ver mi artículo “El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas”, publicado en Sistema, 04.04.14).

Los pensionistas privados están claramente desprotegidos frente al capital financiero y sus gestores. Y para complicar más las cosas, este capital financiero tiene una enorme influencia en el Estado. En realidad, la mayoría de autoridades públicas responsables de supervisar las pensiones privadas son individuos procedentes o que terminan trabajando para tales compañías. Pere Rusiñol muestra la puerta giratoria que hay entre los directores generales de Seguros y Fondos de Pensiones del gobierno, por un lado, y las compañías de seguros y fondos privados de pensiones, por el otro, con una puerta giratoria que alcanza su máxima expresión en los gobiernos Aznar y Rajoy, máximos favorecedores de la privatización de las pensiones. Pero de todo esto, prácticamente nada se ha dicho al ciudadano, incluido al que tiene una pensión privada.

Público

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Desigualdades como causa de la crisis

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 23 de septiembre de 2011

Este artículo analiza las causas de la crisis económica y financiera existente en la mayoría de países de la OCDE incluyendo España, subrayando que el descenso muy marcado de las rentas del trabajo y el crecimiento muy acentuado de las rentas del capital han sido factores determinantes de tal crisis.

Desde hace años, algunos pocos hemos estado señalando que una de las causas más importantes de la Gran Recesión actual es el enorme crecimiento de las desigualdades sociales, con una gran concentración de las rentas en los sectores más adinerados de la población (cuyas rentas proceden primordialmente de las rentas del capital) a costa de las rentas de la mayoría de la ciudadanía (cuyas rentas proceden primordialmente del trabajo). Ello ha determinado un descenso muy notable de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, forzándola a endeudarse. Ni que decir tiene que el sector que se ha beneficiado más de esta necesidad de endeudarse ha sido el capital financiero y muy en especial la banca. Éste es el origen del enorme endeudamiento de las familias.

Por otra parte, el descenso de la capacidad adquisitiva de la población ha determinado un problema de escasa demanda de bienes y consumos, responsable de la ralentización de la actividad económica. La gente no compra como compraba antes y, además, está profundamente endeudada. Ello conlleva una baja rentabilidad de lo que se llama capital productivo. Y el capital deja de invertirse en la economía productiva para pasar a invertir en actividades especulativas, siendo la penúltima la burbuja inmobiliaria, y ahora la burbuja de la deuda pública.

De este análisis se deriva la necesidad de revertir este crecimiento de las desigualdades, siguiendo políticas casi opuestas a las que se están desarrollando por la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, tales como reformas fiscales progresivas, aumento de los salarios y del gasto público social (que tiene un efecto redistributivo), y reducción del sector financiero, gravando las actividades especulativas, cuando no eliminándolas, tal como se hizo, por cierto, para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX. El hecho de que no se esté desarrollando ninguna de estas políticas muestra el grado de dominio que las tesis neoliberales continúan teniendo en los establishments políticos de los países desarrollados. Y a los autores que continuamos subrayando que la raíz del problema es el crecimiento de las desigualdades se nos margina, cuando no se nos ignora.

Pero mira por donde, se ha publicado un informe por el Gabinete de estudios de nada menos que uno de los Vaticanos del pensamiento neoliberal, el Fondo Monetario Internacional, que nos viene a dar la razón. El Informe, titulado “Inequality, Leverage and Crises”, escrito por Michael Kumhof y Romain Rancière, no es un documento oficial del FMI (como el informe rápida y claramente puntualiza), y es más que probable que nunca se convierta en política oficial del FMI. En realidad, a pesar de la enorme importancia del estudio, sus contenidos apenas se han distribuido. Por cierto, sorprende agradablemente el rigor del estudio que contrasta con la chapuza del último informe del FMI sobre España (“Spain. July 2011, IMF County Report. No. 11/215”). Este último informe, incluso por los bajos estándares del staff del FMI, es un insulto al intelecto. Repiten machaconamente las mismas recetas neoliberales, sin haberse tomado la molestia de mirar los datos. Por ejemplo, recomiendan la disminución del gasto público que cubre los salarios de los empleados públicos, indicando que España se gasta demasiado en empleo público, cuando los datos muestran precisamente lo contrario. España es uno de los países con menor porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos (véase “El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la Administración, de la EAE Business School”, de Vicenç Navarro, Marta Tur, Miquel Campa y Carlos Carrasco, en http://www.vnavarro.org)

Pero el Centro de Estudios del FMI tiene un mayor nivel intelectual, y el informe sobre las desigualdades es excelente. Es un placer ver documentos cuyas propuestas están avaladas, no por dogma, sino por datos creíbles tal como hace este estudio. Aunque se centra en EEUU, el informe podría haber incluido también a los países de la Unión Europea (incluyendo España). En parte, su focalización en EEUU se debe a la centralidad de la economía estadounidense a nivel mundial pero también a la disponibilidad de datos, un elemento de gran importancia, pues en España, por ejemplo, es dificilísimo encontrar datos creíbles sobre la distribución de la renta.

El informe muestra la evolución de las rentas desde 1970 a 2005 en EEUU, señalando el enorme crecimiento de las rentas de la decila superior y el descenso de todas las demás. Muestra también como esta concentración de las rentas ha causado un gran crecimiento del endeudamiento de la mayoría de la población, la cual, al sufrir una disminución de su renta, tuvo que endeudarse para mantener el nivel de vida al cual estaba acostumbrada, y con ello mantener también la demanda doméstica. Los autores muestran que a mayor crecimiento de la concentración de las rentas en la decila superior, mayor endeudamiento del resto de la población, y mayor tamaño del sector financiero en EEUU, una relación de una enorme importancia. El artículo también señala como este endeudamiento, clave para continuar el nivel de demanda, fue facilitado por la bajada de intereses. Y de ahí, la génesis de la burbuja inmobiliaria tal como documentan los autores. Éstos muestran también que el incremento de la financialización (es decir, del sector financiero en la economía) significó una caída de las inversiones en sus sectores productivos.

En realidad, si hubiera datos creíbles podríamos ver que la situación es casi idéntica en España. Es un indicador del enorme poder de las clases más adineradas que esta realidad es ignorada en los mayores fórums mediáticos y políticos del país.

El timo de la ‘recuperación’ en España

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Xavier Caño – ATTAC Madrid

El Gobierno español da por concluida la recesión. “Salimos reforzados de la crisis”, proclama su presidente. El ministro de Hacienda remacha que España dirá el adiós definitivo a la crisis en 2014. Y los “mercados” se alegran por la “recuperación” de España. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, se entusiasma porque de todas partes llega dinero a España. Como ha escrito el economista Juan Torres López, la declaración de Botín de que España vive un momento fantástico es verdad… si añadimos “para él y su clase”.

Entra capital de fondos de inversión que compra miles de inmuebles; la Bolsa española superó un día los 10.000 puntos y la prima de riesgo ronda los 240 puntos; el Tesoro paga por ahora menos del 1% por la deuda que vende mientras banca y grandes empresas venden bonos. Pero los indicadores de la economía real (crédito, producción industrial, morosidad bancaria, demanda interior, empleo…) no mejoran. Van a peor.

Antón Losada explica que España es “una ganga” para el capitalismo global porque “ofrece una de las fuerzas de trabajo más baratas del mundo. Las grandes empresas pagan menos del 10% de beneficios y, si algo va mal, el gobierno enjuaga las pérdidas con dinero público”. Especular en España tiene premio seguro. Eso es lo que va bien. Pero solo para la minoría de siempre.

Es más real que hay seis millones de desempleados, que doce millones de ciudadanos (23%) viven bajo el umbral de la pobreza, que la mayoría de empresas no consigue los créditos necesarios y que en 2014 cerrarán un 25% más de empresas que en 2013.

Mientras continúa la austeridad impuesta, la dictadura de la deuda y la obsesión por reducir el déficit con nefastas consecuencias para la mayoría ciudadana. Entonces, para salvar a cara, el Gobierno sus su cómplices y señores, recurren al cuento de la tarta y el reparto. Una vez más. Un clásico de las fábulas neoliberales. Hacer crecer la tarta para que haya para todos. “Y eso exige sacrificios” repiten hasta el aburrimiento.

Pero nunca hay reparto general de tarta.

Hace 30 años oí por vez primera la fábula de la tarta y el reparto. La contaba un triunfante Felipe González, el mismo que perpetró una reconversión industrial que despojó al país de gran parte de su tejido fabril, como exigían Alemania y otros países industriales europeos para aceptar a España en el Mercado Común. Más la reconversión naval que dejó miles de parados, la apuesta por el ladrillo y el turismo barato como modelo productivo, diezmar la ganadería vacuna de Cantabria y Asturias (en beneficio de otras ganaderías) y menudencias similares.

La tarta nunca creció bastante y no hubo reparto, salvo morralla. Lo han explicado Juan Torres López y Vicenç Navarro en numerosos escritos sobre sueldos, renta social y estado social, aportando datos y hechos que sitúan a España en la parte inferior de la tabla europea (http://www.vnavarro.org/?p=9342, http://www.vnavarro.org/?p=6302, http://www.vnavarro.org/?p=5218, por ejemplo)

Pero sí ha crecido la pobreza y Cáritas denuncia que en la España de 2013 esa pobreza es doble que en 2007. Que tres millones de personas sufren pobreza severa y viven (si se le puede llamar vida) con menos de 307 euros mensuales. Y alerta de “una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social (…) por las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación del desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas”. Dicen en Cáritas que “vamos hacia un modelo social darwinista anglosajón con muy pocos ganadores y muchos perdedores”.

Esa es su maldita recuperación.

Juan Torres López recuerda que las reformas perpetradas primero por Zapatero y luego por Rajoy han buscado sacar del pozo a la banca privada y dar más poder a las grandes empresas frente a los trabajadores. Para que banqueros y grandes propietarios recuperen los beneficios de antes de la crisis. O más. Por eso la situación actual les parece fantástica. Pero no a millones de ciudadanos que viven peor o mucho peor.

Quien tenga duda de qué salida de la crisis quieren la minoría rica y los dóciles gobiernos a su servicio verá ahora que la pretendida recuperación desvela qué es lo que buscan de verdad. No una economía sólida al servicio de la mayoría ciudadana, sino aumentar más sus beneficios. Caiga quien caiga. Y, ya de paso, que las clases trabajadoras regresen al primer tercio del siglo XX que es donde deben estar según ellos. Sin derechos.

http://xacata.wordpress.com

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El proyecto de Forcades propone una coalición de la izquierda para ganar las elecciones de 2016

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Encabezado por una pareja atípica y muy popular en Catalunya, la monja benedictina y médico Teresa Forcades y el economista y activista social Arcadi Oliveres, el Proceso Constituyente ha congregado a unas tres mil personas en las fuentes de Montjuïc en Barcelona.

Según ha detallado Oliveres, el proyecto que encabeza lucha por objetivos como “una economía al servicio de las personas” que encuentre su razón de ser en el cooperativismo, el “mantenimiento del Estado del bienestar” o “un mundo en paz y solidaridad sin ejércitos“. Para ello, Oliveres ha insistido en la necesidad de impulsar una coalición de izquierdas de cara al 2016 en la que participen “todos los indignados, los grupos sociales y los partidos que hemos invitado”, en relación a ICV-EUiA y CUP. “Seremos independientes porque somos un pueblo, una historia, una cultura, una nación, no porque queramos ganar dinero“, ha remarcado el pacifista Arcadi Oliveres, que se ha mostrado optimista con respecto al futuro admitiendo que “las cosas se pueden cambiar”

En el acto han intervenido personalidades del mundo de la cultura y la universidad como Vicenç Navarro, Xavier Domènech, Txell Sota, Gerard Quintana, Esther Vivas, Josep Maria Antentas o Jaume Asens, entre otros.

El Proceso Constituyente coincide con la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) en reclamar derechos nacionales y la independencia de Catalunya, aunque su manifiesto fundacional evita mencionar este término. Coincide, a su vez, con el 15M en la reivindicación de un cambio social profundo y de otra manera de hacer política. Lo que defiende esta nueva plataforma que trabaja para impulsar una candidatura electoral unitaria es que ambos procesos de transformación se lleven a cabo en paralelo.

Según Oliveres, el horizonte para llevarlo a cabo son las elecciones catalanas del 2016, cuando el Proceso Constituyente espera tener una mayoría social y parlamentaria suficiente como para convocar una asamblea constituyente.