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Escraches: la democracia que nos han robado

Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches

 “Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza”, dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?

Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.

El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.

¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución

La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.

Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismoRecuerdan Pisarello y Asens que “los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El escrache es una forma de desobediencia civil. Cumple las tres reglas que marcó Habermas para que sea tal y no caiga en otras formas de desobediencia que carecen de legitimidad: son pacíficas, lo que se reclama tiene carácter universal —no se reclama en exclusiva para uno mismo, sino para todos— y se está dispuesto a asumir las consecuencias de los propios actos. La desobediencia civil es una válvula de seguridad democrática. Surge cuando las demandas sociales van por delante de las leyes y del comportamiento político institucional. Las leyes que ayer nacieron para defender a los políticos del acoso de los monarcas absolutosinviolabilidad, inmunidad, fueros especiales- se han convertido hoy en formas de privilegio. Si en España tuviéramos una Constitución como la alemana, hace tiempo que el Tribunal Constitucional tendría que haber llamado al derecho de resistencia o habría declarado fuera de la Constitución a, cuando menos, los dos últimos gobiernos del Reino de España. ¿Por qué los jueces son tan solícitos para algunas cuestiones y, en cambio, han tolerado la ruina del país consumada por Zapatero y Rajoy? ¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?

Escribía en otro lugar que vemos con pasmo que lo que estaba prohibido, ahora está permitido —sueldos desorbitados, sacar dinero del país, vaciar instituciones, usar información privilegiada—, y que lo que estaba permitido —derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho de reunión— están, de facto, prohibidos. Vemos que desaparecen las garantías de reparto de la riqueza social y aumentan las desigualdades; que los políticos que gestionan la transferencia de renta desde las clases medias y bajas a los ricos tienen la llave de la puerta giratoria que les permite un futuro cómodo en las grandes empresas; que cualquier tipo de protesta pasa a ser criminalizada por esos políticos que están gestionando ese robo de los de abajo hacia los de arriba (llevando a suelo patrio lo que antes se hacía entre continentes). “Por la mitad de lo que estos están haciendo yo me he pasado diez años en la cárcel”, dice el bróker de Wall Street, la película de Oliver Stone, viendo a nuestros actuales dirigentes. Y eso que no sabía ni lo de la Infanta, ni lo del coche en el garaje de Ana Mato, ni lo de la escritora fantasma de Mulas, ni lo de los sobres del PP. Cuando lo ilegítimo se convierte en legal, nace el momento de la desobediencia. En América Latina se preguntan a qué está esperando Europa.

Los escraches son nuevas reglas del juego para una nueva partida democrática. Y tienen la misma oposición que en su día tuvo el sufragio universal, el derecho a huelga o a manifestación. El escrache es un diálogo directo con los “mandatarios” que se convierten otra vez, gracias a ese acto de diálogo forzado, en “mandatados”. Que es lo que siempre han sido, aunque el abandono de la conciencia democrática le dio la vuelta a los papeles. Los escraches tenemos que entenderlos como la actualización en el siglo XXI de la rendición de cuentas democrática, de la exigencia del cumplimiento cabal de los programas electorales (o la convocatoria de nuevos comicios), de la reclamación de comportamientos acordes con la soberanía popular, de la renovación de la construcción de la voluntad popular más allá de la distancia que marcan los partidos, de la reivindicación de la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar 

Déjenme repetirlo: los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar. Con los escraches, el escenario, en cualquier caso, se clarifica: los diputados que no soporten la cercanía de los electores, que se marchen. En democracia, es el pueblo el que manda. Aunque expresarnos así parece devolvernos a un lenguaje que se hablaba en tiempos arcaicos. ¿Quieren seguir manteniendo los políticos la impunidad? ¿Quieren trabajar para otro señor que no es el pueblo y que nadie les demande por su traición? ¿Va a convertirse la política en un negocio paralelo al desmantelamiento de los sistemas de previsión social?

La salida fácil es decir que los escraches son una forma de amedrantamiento que pertenece a los regímenes fascistas. Se equivocan. Las tensiones entre sectores sociales pertenecen a todos los regímenes que mantienen desigualdades. ¿Quién sin que se le caiga la cara de vergüenza va a defender que un escrache es más violento que un desahucio, que un despido, que un corralito, que el cierre de la universidad y las urgencias, que una mentira electoral, que las machadas de los antidisturbios, que las multas por ejercer la democracia?

Los que están en contra de los escraches son los que están a favor de otras formas de protesta que ya no cambian nada. El mismo diputado del PP que vota en contra de la ILP, es decir, el mismo diputado que construye “fascismo social” expulsando de la ciudadanía a una parte importante de los españoles y españolas, dice que los escraches se emparentan con las señales pintadas por los nazis en las tiendas de los judíos. Es al revés: son ellos los que nos cuelgan la estrella en el pecho negándonos el sustento, la vivienda, la salud. Esa democracia que defienden sólo existe en sus discursos. Hace tiempo que se ha ido.

Igual que Israel se comporta con los palestinos con maneras de nazis, el neoliberalismo está haciendo de nuestros países un enorme campo de concentración enmascarado en formas democráticas. Una queja que no es oída no tiene efectos democráticos. Por eso los escraches están devolviendo la democracia perdida o quizá, incluso, están permitiendo el advenimiento de la democracia que nunca hemos tenido. La democracia se gana siempre en la confrontación. Por eso dijo Fraga que la calle era suya. Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches. Es normal que el PSOE, el PP, UPYD, CIU o el PNV estén en contra. Tan evidente como que hay que regresar a los lugares donde nacieron los partidos. A la calle. Los escraches ya han empezado a marcar el camino.

Juan Carlos Monedero es  profesor de ciencia política en la Universidad Complutense

Público.es

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Impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero

lm/Agencias 2012-11-30

El Ministerio de Hacienda ha creado un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio, dado que dos administraciones no puede gravar el mismo hecho imponible, según confirmaron a Europa Press en fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.

Las mismas fuentes añadieron que la creación de este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2013 supone que las comunidades que ahora aplican este impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía) deben dejar de hacerlo y, por ello, deberán ser compensadas por el Estado por la pérdida de recaudación de acuerdo con la ley de financiación de la comunidades autónomas. Precisamente, hace una semana el Tribunal Constitucional avaló el impuesto sobre los depósitos de Extremadura, que recurrió en su día el Gobierno de José María Aznar.

Según Hacienda, la creación del nuevo impuesto estatal, que se ha introducido mediante una enmienda del PP a la ley de medidas tributarias que está debatiendo el Senado, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, “potenciar y garantizar” la unidad de mercado, según indica el Gobierno.

De esta forma, el Ejecutivo se asegura que no hay diferencias entre unas comunidades autónomas y otras a la hora de gravar los depósitos bancarios, pero como el objetivo no es recaudatorio, establece un tipo de gravamen del 0%. Además, exime a las entidades financieras de presentar la autoliquidación correspondiente si la cuota íntegra, como es el caso, es cero.

A pesar de que en la práctica no recaudará nada ni penalizará fiscalmente a las entidades de crédito, la enmienda establece que se trata de un tributo de carácter directo, cuyo hecho imponible es el mantenimiento de fondos de terceros por entidades de crédito o sucursales que operen en territorio español, incluidas las sucursales en territorio español de entidades de crédito extranjeras. Así, el tributo lo deben pagar las entidades financieras, pero estarán exentos de este impuesto el Banco de España, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo y el Instituto de Crédito Oficial.

A las transacciones financieras

Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Europa Press que este impuesto no tiene nada que ver con el estudio que está llevando a cabo el Gobierno sobre la creación de un tributo sobre transacciones financieras según lo acordado con el resto de países de la UE, que gravaría a las entidades bancarias.

De momento, el Ejecutivo quiere aplicar en España algo similar a lo que está haciendo Francia, que ha creado un impuesto que grava la compra de acciones de empresas con un volumen alto de capitalización bursátil.

Democràcia tutelada

FUENTE

La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics, i la baixa participació electoral, són fenòmens creixents que palesen el perill que a la nostra Nació amplis sectors socials quedin al marge de la democràcia representativa, justament quan més ha augmentat el nivell educatiu, econòmic, i d’integració social, quan més expressions d’opinió pròpia i debat floreixen en Internet, i quan més i més persones participen activament en qüestions d’interès general per via d’entitats cíviques, d’ONGs, plataformes i manifestacions. No és la participació ciutadana que està en crisi, sinó un sistema polític i electoral que no dóna cap altre paper al ciutadà que votar cada quatre anys una llista tancada decidida per la cúpula de cada partit, en grans circumscripcions que allunyen l’elector de l’elegit, i sense cap més eina de control i decisió ciutadana que el vot a una nova llista tancada i decidida per altri.

Els problemes de la democràcia es resolen amb més democràcia. Moltes mesures són necessàries per superar el creixent encarcarament de la democràcia representativa, i una d’elles és l’obligada per l’Estatut: les consultes populars (art.122) i el dret dels ciutadans a promoure-les (art. 29.6), que el Tribunal Constitucional espanyol no podrà grapejar perquè ni el PP ni el PSOE, via Defensor del Pueblo, els han recorregut. Per referèndum, que és una de les formes de consulta popular, els ciutadans decideixen directament sobre qüestions de transcendència pública. A diferència i com a complement de la democràcia representativa, sovint remota i basada en partits a cops confusament similars, en un referèndum la tria és clara, cada vot compta igual, i l’impacte del vot és tangible i immediat.

El projecte de Llei de Consultes Populars per via de Referèndum té el mèrit de deixar de bloquejar el dret dels catalans a votar en referèndum que fa prop de tres anys va establir l’Estatut, però el limita de tal manera que pot resultar inoperant. La gàbia de la Constitució espanyola (autorització de cada convocatòria per l’Estat) és, mentre hi siguem a dintre, insalvable, però això no justifica que el legislador català imposi altres gàbies:

Podeu llegir la resta del text en l’article original publicat al diari AVUI el 12 d’abril de 2009

¡NO AL RESCATE! HAY OTRA SALIDA A LA CRISIS Lectura OBLIGADA

Fuente.

RAJOY PEDIRÁ EL RESCATE EN UNAS SEMANAS

Lamento que sea la tercera vez que tengo que dedicar un post al asunto del rescate, pero es que Rajoy no me deja otra opción. Tras haber pedido el primer rescate, el de la banca, del que advertí cuando él y todos sus ministros lo negaban, volví a avisar de que el rescate de la banca acabaría en el rescate de España. Todo parece indicar que es cuestión de semanas que se pida.

El único obstáculo que hay aquí son las elecciones en Galiza y en Euskadi,adelantadas precisamente por eso. Fuera, son varios los obstáculos, el principal, lo que el Tribunal Constitucional alemán diga sobre el nuevo mecanismo de rescate o en otros países como Finlandia las reticencias de sus políticos a poner más dinero en los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain).

En cuanto al obstáculo nacional, el de la inmediata campaña electoral en la que el PP podría perder el gobierno de la Xunta de Galiza y desaparecer en Euskadi, la estrategia que se ha planteado desde Moncloa es fácilmente entendible. Vamos a ver, el primer rescate -el de la banca- se anunció el 9 de junio. Sin embargo, la redacción del MOU (Memorándum de Entendimiento), en el que se concretaban las condiciones -recortes- exigidos a España se dilató en el tiempo, y finalmente varias de esas condiciones se aplicaron en septiembre, como la subida del IVA al 21 %.
Es decir, pasaron más de dos meses desde que se pidió hasta que los ya sufridos ciudadanos comenzamos a notar sus efectos. Es lo que se hará ahora. Dilatar en el tiempo la entrada en vigor de las condiciones del nuevo rescate para celebrar las elecciones bajo la apariencia de que no son malas. Así que muy probablemente la petición del rescate se haga en lo que queda de septiembre o en octubre, antes de las elecciones. Pero los efectos del mismo se notarán después de las elecciones gallegas y vascas.

Para saltar el segundo obstáculo -el que ponen los países del centro y norte de Europa-, hay que repasar como ha sido el primer rescate, el bancario.

Digan lo que digan en Moncloa, el MOU del primer rescate -o crédito preferente como Rajoy lo denominó- establece en su punto 31 que: “Regarding structural reforms, the Spanish authorities are committed to implement the country-specific recommendations in the context of the European Semester. These reforms aim at correcting macroeconomic imbalances, as identified in the in-depth review under the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). In particular, these recommendations invite Spain to: 1) introduce a taxation system consistent with the fiscal consolidation efforts and more supportive to growth, 2) ensure less tax-induced bias towards indebtedness and home-ownership, 3) implement the labour market reforms, 4) take additional measures to increase the effectiveness of active labour market policies, 5) take additional measures to open up professional services, reduce delays in obtaining business licences, and eliminate barriers to doing business, 6) complete the electricity and gas interconnections with neighbouring countries, and address the electricity tariff deficit in a comprehensive way.
Perdón por la parrafada en inglés, pero… es que el MOU fue redactado en ese idioma. Bien, lo que establece en ese punto 31 es la OBLIGACIÓN de cumplir las recomendaciones de la Unión Europea. Entre ellas, estaba subir el IVA, por poner un ejemplo.
También establece más liberalización de servicios -privatizaciones- o subir la luz -cuando dice que hay que reducir el déficit de tarifa eléctrica-. Es decir, ese MOU traía consigo condiciones macroeconómicas -recortes- muy concretas y detalladas que lo convirtieron en un rescate porque ha sido una intervención en toda regla de la economía española y no como se pretendió vender, sólo una ayuda para sanear la maltrecha banca española.
Llegados a este punto ¿si ese rescate a un parte del sector bancario español trajo consigo semejantes condiciones concretas a la economía española… alguien puede ser tan ingenuo de creer que un rescate de la economía española, a través de la deuda pública o de otro mecanismo, no va a traer condiciones mucho más concretas y más duras? Porque eso es lo que va a salvar los obstáculos extranjeros a poner dinero para rescatar España.
De lo contrario no pondrían un sólo euro ni permitirían que el BCE lo hiciera, porque no nos olvidemos que el Banco Central Europeo no es un sólo hombre, Draghi, sino un consejo en el que están los representantes de los bancos centrales de los distintos países de la eurozona.
Vamos, pues, con las condiciones. No hay que ser economista, ni experto para conocerlas. Basta con leer la prensa internacional para ver las medidas que se han aplicado en Grecia, Irlanda o Portugal cuando fueron rescatadas. Doy a continuación un listado exhaustivo de las que se podrán tomar aquí, aunque no exclusivo, ya que podrían tomarse otras.

El PVP DEL RESCATE:

          * En materia de impuestos y con el objetivo de recaudar más para pagar el rescate:
-Otra subida del IVA, que podría llegar al 23 %, ante la caída de ingresos en la Hacienda Pública.
-Más subidas en todos los tramos del IRPF, y bajada del límite a partir del cual uno está exento de pagarlo, lo que hará que los que menos ganan también lo paguen.
Peaje en las autovías.
Nuevas tasas por servicios públicos hasta ahora gratuitos, como pagar por tener una antena para ver la televisión.
-Impuesto por el que el estado se queda con la paga extra de los empleados del sector privado.
Eliminación de las deducciones por vivienda en el IRPF, para quienes aún tengan derecho a ella.
Eliminación de la deducción por cotizar a planes de pensiones en el IRPF, tanto a los que contraten nuevos planes, como a quienes ya los tenían.
Subidas de tarifas en la luz, la gasolina, el agua, el gasóleo de calefacción, telefonía etc.
-Subidas de los impuestos especiales, como el tabaco o el de bebidas alcohólicas
-El IBI se pagará en función del valor real de mercado de la vivienda, y no del catastral, lo que hará que suba, y mucho.
Impuestos al automóvil por circular en el centro de ciudades, y subida de los que ya pagan, con la disculpa de que contaminan.
 

Aumento de los impuestos que pagan las empresas, en especial el de Sociedades.

         * En materia de sanidad y pensiones con el objetivo de gastar menos para pagar el rescate:
-Rebaja de las pensiones en 2013 por falta de cotizantes a la Seguridad Social.
-Adelanto de la edad de jubilación a los 67 o incluso subir la edad hasta los 70 años.
Supresión o rebaja hasta dejarlas en ridículas de las pensiones no contributivas.
Más copago en Sanidad: desde pagar por ir al médico, a urgencias, al especialista o por pruebas o estancias hospitalarias.
Exclusión del derecho a la sanidad pública de personas que no coticen y que no sean familiares dependientes del cotizante.
 

Supresión o privatización de las ayudas a la Dependencia
-Fomento de la sanidad privada por la vía de excluir a los funcionarios que aún tienen acceso a ella, que pasarán a la pública. Ésta aumentará las listas de espera y funcionarios y no funcionarios tendrán que contratar seguros privados de salud. 
-Exclusión de la cobertura por la sanidad pública de muchas de las prestaciones que aún da. Es decir, buena parte de la medicina preventiva dejará de entrar en ella, al igual que operaciones como cambios de sexo, cirugía reparadora etc. Se reducirá aún más el tiempo de estancia en hospitales, enviándote a casa con los tubos puestos para la recuperación post-operatoria, y se limitará el acceso a urgencias y especialidades.

        En materia laboral, con los objetivos de privatizar lo que se pueda, para obtener ingresos por ello, disminuir el gasto público en funcionarios, liberalizar sectores, reducir el poder de los sindicatos, y convertir a España en un país exportador, reduciendo los costes de producción por vía salarial:
Disminución de los salarios (tanto públicos como privados).
Aumento de la jornada laboral, tanto en el sector público como privado.
Reducción del número de días festivos y vacaciones de todos los trabajadores.
Reducción de las prestaciones por desempleo tanto en cuantía como en tiempo que se cobra
-Supresión de los 400 y 450 euros a parados de larga duración
Despidos de empleados públicos (interinos en principio y funcionarios de carrera si no llega).
Recortes de los salarios de los empleados públicos, adicionales al 5 % bajado por Zapatero y a la supresión de la paga extra de navidad impuesta por Rajoy. Podrían ser la supresión de complementos o una rebaja porcentual, como la que hizo Zapatero, pero de mayor cuantía.
 

Extensión de la liberalización de la negociación sindical, de manera que empleados y empresa puedan pactar sus condiciones al margen de los sindicatos en todas las empresas.
Reducción del número de delegados sindicales por lo anterior, así como de las subvenciones que reciben los sindicatos.

Desaparición de la mayoría de empresas públicas, mediante su privatización o su cierre. En el primer caso, con rebaja de sueldo de sus trabajadores, y en el segundo con el despido de los mismos.
Privatización de servicios públicos (como hospitales, universidades etc.)
Apertura de sectores estratégicos a la inversión extranjera, lo que nos dejará en manos de las grandes fortunas extranjeras, como el caso de Eurovegas.
         * En materia bancaria, con el objetivo de aumentar la solvencia de la banca para que pague sus cuantiosas deudas al BCE y a otros bancos extranjeros:
-Reducción del número de entidades y sucursales bancarias, con despidos masivos en el sector de bancos y cajas.
Privatización de las pocas Cajas de Ahorros que aún son públicas
-Los tenedores de preferentes, accionistas y demás inversores en bancos y cajas rescatados asumirán cuantiosas pérdidas de sus inversiones.
-Más fusiones bancarias que convertirán el sector en un oligopolio, dominado por el BSCH y el BBVA
 

Traspaso de buena parte de los créditos inmobiliarios, pisos y solares en poder de la banca al “banco malo”, que se esperará a que vuelvan a subir los precios para venderlos.
-Más facilidades a bancos extranjeros para establecerse en España.
Aumento de todo tipo de comisiones bancarias.
Obligación de uso de los servicios bancarios en las compras y ventas, por ejemplo, obligando a efectuar pagos de cierto importe a través de tarjeta y obligando a la retribución salarial siempre en una cuenta bancaria.

Corralito (limitación de la cantidad de dinero que se puede sacar cada día) si prosigue la fuga de capitales o hay riesgo de quiebra del euro.

   * En materia de organización territorial del estado, con el objetivo económico de reducir sus gastos y el político de reducir el poder de las CCAA:
Reducción del número de ayuntamientos con la consiguiente supresión de los servicios que prestan
Supresión de Administraciones Públicas. como las Diputaciones Provinciales por mucho que Rajoy se empeñe en conservarlas
Supresión de buena parte de los Organismos de las CCAA y de los Ayuntamientos (como los Defensores del Pueblo Autonómicos y la mayoría de las empresas públicas autonómicas y locales)
Reducción de los salarios que cobran los altos cargos para hacer “admisibles” los recortes que recaerán principalmente sobre los ciudadanos de a pie.
-Supresión o modificación del concierto vasco y de Navarra.
Recentralización de competencias que actualmente están en manos de CCAA y Ayuntamientos que pasarán al estado.
Fiscalización de ingresos y gastos de CCAA, Ayuntamientos etc. por el estado, por la vía de asfisiarlos, obligándolos a pedir el rescate -con duras condiciones-, y / o por vía legal, dando más poder al estado central en detrimento del resto.
         * En materia de gasto social, con el único objetivo de reducirlo:
Copago en educación (tanto obligatoria como universitaria o de formación profesional).
Supresión de las ayudas a personas sin recursos (las llamadas “Rentas de Inserción Social”)
Supresión de las ayudas a los inmigrantes españoles retornados, del paro para quienes salgan de prisión, etc. ydisminución drástica de las subvenciones públicas a ONGs que atienden desde inmigrantes extranjeros en España hasta a españoles en apuros y por supuesto a las que operan en el extranjero.
Reducción del número de asistentes sociales y de los servicios que prestan

LOS RESCATES SÓLO EMPEORAN A LOS PAÍSES RESCATADOS

Aunque todavía está por decidir, de las últimas declaraciones públicas de Draghi y diferentes responsables económicos tanto nacionales como de la Unión Europea y el FMI, todo parece indicar que se hará media la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo usando para ello el Mecanismo de Estabilidad Europea (ESM por sus siglas en inglés).

Es decir, el BCE comprará deuda pública española en el mercado secundario -no en el primario-, con el objetivo de bajar la prima de riesgo que paga España por financiarse en los mercados. Para ello se requiere que, primero, España solicite el rescate formalmente, algo que, como he explicado, ocurrirá en cuestión de semanas.
El uso del ESM (o MEDE por sus siglas en español) supone acatar las condiciones del mismo, entre las que están el sometimiento de quien lo usa al la Comisión Europea, al FMI y al BCE (la llamada “troika”), a través de un MOU que en este caso se llama “Convenio de Cooperación”. Estamos, pues, ante una intervención aún mayor, y condicionada al cumplimiento de las condiciones que se impongan (que serán las que he denominado en el apartado anterior como “el pvp del rescate”), de manera tal que, si el Gobierno de España deja de aplicarlas, el BCE dejará de comprar la deuda española, lo que conduciría al país a la quiebra al no obtener financiación en los mercados, tras una elevación de la prima de riesgo inasumible.

El uso de este mecanismo adolece de varios fallos. En primer lugar que sólo actuará en el mercado secundario. Es decir, que el BCE seguirá prestando dinero a la banca a un interés bajo, que lo usará para comprar deuda española a un interés mayor, pero supuestamente inferior al que paga ahora España por su deuda. Es decir, en lugar de comprar directamente la deuda al Estado, como hace la FED (el Banco Central de EEUU), nos vuelve a dejar en manos de quienes provocaron la crisis, que no son otros que los mercados financieros, fondos de inversión y bancos.

La razón de que así sea es precisamente para salvar las cuentas de todos ellos, garantizándoles no sólo que seguirán obteniendo pingües beneficios con el negocio de la deuda, sino además que en caso de que al final todo se vaya al garete y España quiebre, estarán en igualdad de condiciones con el resto de acreedores.
Es decir, el dinero del fondo europeo y del BCE usado -público- podría perderse en el caso de que España entrara en quiebra, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando tenía preferencia para el cobro frente al resto de acreedores privados de España.

Distribución de toda la deuda, pública (de las administraciones) y privada (el resto)

En segundo lugar, otro fallo es que el mecanismo actuará sobre la deuda pública, no sobre la deuda privada. Es conveniente recordar en este preciso instante la distribución de lo que “debemos” (ver gráfico arriba).

En conjunto, España debe un 400 % de su PIB, lo que supone una deuda de aproximadamente unos 4 billones (con b) de euros. La deuda pública ronda aproximadamente el 20 % del total de la deuda que en su mayor parte es privada. De la privada, la mayoría corresponde a empresas (banca incluida), mientras que sólo el 25 % corresponde a las familias.
Así pues, el rescate sólo va a actuar, en la práctica, sobre un 20 % del problema de España, salvo que, como está ocurriendo, se produzca un trasvase de buena parte de la deuda privada a pública para que así pueda ser rescatada. Digo que está ocurriendo porque con el primer rescate -el de la banca- se transfieren recursos públicos a entidades como Bankia, lo que eleva la deuda pública española.
Asimismo, desde el inicio de la crisis, el sector público ha ido inyectando en esas entidades cantidades ingentes de dinero (a través del FROB y otras vías), que ha detraído de sus presupuestos lo que, junto a la caída de ingresos, ha obligado a emitir deuda pública -del estado y de las CCAA- para financiarse. Véase la rapidez con que se dispara la deuda pública en los últimos cuatro años de crisis, tras un descenso lento pero constante hasta 2008:

Evolución de Deuda Pública en porcentaje sobre el PIB
Así pues, lo que puede ocurrir es que convirtamos la deuda de las grandes empresas y de la banca -derivada en buena medida del ladrillazo- en deuda de todos, por la vía de convertirla en pública.
Esto nos hará cada vez más pobres a la mayoría, al sumarse a la deuda de las familias, que no se rescata, y a los recortes que he denominado “el pvp del rescate”, mientras que serán dos sectores, el bancario y el de las grandes empresas, el más beneficiado por el rescate.
De ahí el interés que han mostrado tanto los representantes de la banca, Emilio Botín, Goirigoltzarri etc., como de la CEOE, por boca de su presidente, Rosell, en que Rajoy pida ya ese segundo rescate.
En tercer lugar, falla el mecanismo de rescate al imponer una serie de condiciones -“el pvp del rescate”- para poder usarlo. No hay más que ver la evolución de la situación económica en los países rescatados para ver que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Voy a tomar algunas variables macroeconómicas de cada uno de ellos para demostrarlo:
         * Tasa de paro:
-En Grecia han pasado de una tasa inferior al 10 % en 2007 a estar casi en el 25 % en 2012 (más del doble)
-En Irlanda en 2007 estaban con una tasa inferior al 5 %. En 2012 el paro ha llegado al 15 % (el triple)
-En Portugal han pasado de un paro de inferior al 10 % en 2007 a superar el 15 % en 2012 (casi el doble)
         * Prima de riesgo (interés que paga el país por su deuda sobre el que paga Alemania):

-En Grecia el diferencial ha subido de 32 puntos porcentuales (1-1-2008) a 2010 puntos (7-9-2012)
-En Irlanda han pasado de 19 puntos porcentuales (1-1-2008) a 610 puntos (7-9-2012)
-En Portugal la subida ha sido de 24 puntos porcentuales (1-1-2008) a 663 (7-9-2012)

* Déficit público (diferencia entre lo que ingresa el estado y lo que gasta):
-Grecia cerró 2008 con un déficit del 9,4 % sobre su PIB. En 2011 cerró en el 9,1 % (casi igual)
-Irlanda ha pasado de un déficit del 7,3 %  en 2008 a cerrar 2011 con el 13,1 % (casi el doble)
-Portugal en 2008 tenía un déficit del 2,9 % en 2008 y cerró 2001 con uno del 4,2 % (casi el doble)

* Deuda pública:
-Grecia en 2008 debía el 110,7 % de su PIB. En 2011 cerró con una deuda del 165,3 % (casi el doble)
-Irlanda en 2008 tenía una deuda pública del 44,4 % y  en 2011 ascendió al 108,2 % (más del doble)
-Portugal ha subido del 71,6 % en 2008 al 107,8 en 2011 (casi el doble)

* PIB
-En Grecia el PIB creció un 1,3% en 2008. En 2011 decreció un 5,4 % (recesión grave)
-Irlanda mejoró poco: decrecieron un 3,5% en 2008 y en 2011 crecieron un 0,7% (crecimiento débil)
-Portugal en 2008 estaba estancada, con un 0 % de crecimiento. En 2011 decreció un 1,6 % (recesión)

De todas las variables analizadas, los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal sólo han servido para mejorar muy poco una de ellas, el crecimiento de Irlanda.

El resto de variables, en los tres países ha empeorado, o se ha mantenido igual de mal que estaba

¿Alguien me explica para qué diablos han servido los rescates?
La única explicación que encuentro es la siguiente.

En la variable de la tasa de paro… se ha dispuesto en los tres de mano de obra más barata, porque a mayor número de parados más bajan los sueldos.

En cuanto al déficit público se ha empobrecido al estado, al ser cada vez más dependiente de préstamos (negocio para los acreedores que cobran intereses) por no poder recaudar lo suficiente. La deuda pública creciente en los tres supone algo parecido al déficit: alguien se está forrando con que esos países estén cada vez peor al tener más deuda pública… porque cada vez pagan más por ella, como lo refleja la evolución de la prima de riesgo.

Al mismo tiempo se observa como se ha producido un traspaso de la deuda privada a pública, en especial en el caso de Irlanda, que para salvar a su banca empeñó al estado. Creo que resulta ocioso señalar a los beneficiarios de los rescates: bancos, fondos de inversión y grandes empresas nacionales y sobre todo, en el sector financiero, extranjeros.

SALIDA A LA CRISIS CON MEDIDAS ALTERNATIVAS AL RESCATE
En lugar de ese rescate que se nos viene encima, que perjudicará a la mayoría de ciudadanos con los recortes señalados en el “pvp del rescate” y beneficiará tan sólo a los mismos que ha beneficiado en los otros tres países rescatados, una alternativa viable, que además depende exclusivamente del Gobierno de la Nación es la siguiente, desglosada por materias:
         * Para atajar el problema del paro:
Subidas salariales que estimulen el consumo interno, que está caído. La demanda externa jamás compensará la caída de la interna. Las exportaciones no pueden compensar, por mucho que se abarate la mano de obra, la caída de la demanda interna derivada de ese abaratamiento.
Inversión pública para dinamizar la economía, directamente (como en infraestructuras) o indirectamente (con subvenciones a sectores productivos diferentes del ladrillo)
Mantenimiento del empleo público para no crear más parados, y con subidas salariales y condiciones de seguridad en el empleo que los animen a consumir.
Creación de empresas públicas en aquellos sectores donde la inversión privada nacional se ha demostrado poco eficiente o inexistente, como en energías renovables, investigación científica, electrodomésticos etc.

Para acabar con el déficit público:

Este apartado lo tengo desarrollado en otro post, en el que propongo una reforma fiscal completa, que sintetizo a continuación:

-Aplicar las reformas propuestas por el Sindicato de Técnicos de Hacienda:
a) Nuevo tipo del 35 % en el Impuesto de Sociedades
b) Lucha contra el fraude fiscal que reduzca la economía sumergida
c) Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública
d) Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro y ganancias patrimoniales especulativas
e) Impuesto a las transacciones financieras
-Impuesto sobre las grandes fortunas
-IVA del 35 % a los artículos de lujo
-Supresión de la desgravación por cotizaciones a planes de pensiones privados
-Aumento de los tipos en los tramos altos del IRPF
-Reforma de la tributación de las profesiones liberales, para que paguen en función de lo que ganan
-Restablecimiento obligatorio del Impuesto de Patrimonio
-Restablecimiento obligatorio del Impuesto de Sucesiones
-Implantación de la tasa Tobin gravando con un 1 % los movimientos de capitales
-Aumentar la tributación de las rentas del capital para que no estén paradas
-Disminuir la tributación de las rentas de trabajo para dinaminzar el consumo
-Supresión de cualquier tipo de amnistía fiscal
-Unificación de ayuntamientos, estableciendo un mínimo de población y/o superfice para que se puedan constituir, conservando las funciones que prestaban, y eliminando tan solo los concejales y alcaldes sobrantes.
-Supresión de las Diputaciones Provinciales, y reparto de sus competencias entre las CCAA y los Ayuntamientos.
-Homologación de los sueldos públicos, de manera que todos los presidentes de cada CCAA cobre lo mismo, y menos que el del Gobierno. Fijación de sueldos de sueldos en la administración local en función del número de habitantes. Fijación de sueldos de diputados y senadores, de forma que también cobren lo mismo. Ninguno de ellos podrá cobrar más que el presidente del gobierno.
-Despido de todos los cargos de confianza, secretarios particulares, conductores oficiales etc. no estrictamente imprescindibles, y reutilización de coches y edificios públicos oficiales para fines necesarios.
-Los bienes de todas las confesiones religiosas, sindicatos, organizaciones empresarias partidos políticos y asimilados pagarán los impuestos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, incluido el IBI.

* Para reducir la Deuda Pública:

Impedir el rescate de bancos o empresas quebradas con dinero público, porque eso acaba por suponer la transferencia de deuda privada a pública, incrementando ésta.

-Unificación de la emisión deuda pública. Es decir, hispabonos, en lugar de rescates a CCAA.
-Revisión de la deuda pública para renegociar aquella considerada como deuda odiosa.

-Las medidas que propongo para reducir el paro y el déficit reducirían además de forma drástica la necesidad de financiación exterior, al generar suficiente riqueza y recaudación dentro de España.

-Creación de un banco público bueno, en lugar del “banco malo”. Con éste se socializan las pérdidas y con un banco público saneado, a partir de los restos de bancos y cajas rescatados, se puede financiar a las Administraciones Públicas, además de a los particulares y pequeñas y medianas empresas. De hecho, ese banco ya existió en su día, Argentaria… que finalmente fue privatizada.

Expropiar sin indemnización de los activos inmobiliarios tóxicos en poder de la banca, por grave perjuicio a la economía nacional, y uso de los mismos para dar vivienda a personas que lo necesiten, vendiéndolos o alquilándolos a precios razonables, dejando una parte para uso gratuito en el caso de personas sin ningún recurso. Si siguen en poder de la banca esos activos tóxicos o son comprados, utilizarán el dinero para el negocio de la deuda pública o pedir más rescates, convirtiendo su deuda privada en pública.

* Para reducir la prima de riesgo:

-Las medidas que propongo para reducir la Deuda Pública harían que al tener menor necesidad de financiación externa, los intereses a pagar disminuyeran drásticamente.

-Las medidas que propongo para reducir el paro y el déficit generarían la confianza que los mercados exigen a un país, por lo que estarían dispuestos a financiarnos a intereses razonables.

-Regulación del mercado financiero para impedir la especulación.

-Compra directa de deuda pública por parte del BCE (esta es la única medida que no depende exclusivamente de España, sin embargo, con el resto de medidas sería suficiente).

* Para salir de la recesión y permitir que el PIB crezca:

-Las medidas expuestas anteriormente haría, por si solas, que la economía creciera.

-Adicionalmente se deben adoptar medidas tendentes a favorecer el comercio de productos nacionales en lugar de extranjeros, suprimiendo para ello muchas de las ayudas que reciben empresas extranjeras para establecerse aquí (como Eurovegas) y establecido las oportunas barreras comerciales frente a países cuyos productos son vendidos aquí a precios muy competitivos porque en los países donde se fabrican su producción se hace con condiciones laborales inaceptables.

Por otro lado, he ido dando más alternativas, que se pueden consultar en los post que publiqué sobre el primer rescate y el segundo.

NO AL RESCATE

A la vista he dejado dos modelos.

El del rescate, que efectivamente sirve para algo -beneficiar a las grandes empresas y a la gran banca y fondos de inversión- y el que he propuesto, que sin perjudicar ni a los bancos sanos ni a las empresas que invierten en economía real -y no en la financiera o en el ladrillazo-, nos beneficia a todos.
Si la gente tiene más ingresos podrá pagar sus deudas (ese billón de euros que deben) y si las empresas venden más también podrán pagar casi los 2 billones que deben. Digo casi, porque hay una parte del sector que tendrá que asumir pérdidas inexorablemente: el del ladrillazo.
Tanto del lado de empresas (inmobiliarias, constructoras, y también bancos y cajas).
La banca, asimismo tiene que asumir parte pérdidas por sus inversiones en deuda a tipos de interés exagerados… que no van a cobrar, bien porque se ha condonado una parte (caso de Grecia) bien porque se ha de renegociar.
Y finalmente el sector público podrá volver a una senda de endeudamiento razonable, que incluso podría llegar a dar superávit en lugar de déficit, al recaudar mucho más en una economía saneada. No sería por lo tanto necesario seguir por la senda de recortes que tanto daño hacen al ciudadano, en sanidad, educación y prestaciones sociales.


A la vista de las declaraciones efectuadas por los líderes del PP, y en vista de que ya han pedido un rescate -el primero-, mucho me temo que su intención es pedirlo. Así que, desde todos los sectores sociales hay que presionar para evitarlo. Tanto en la calle, sindicatos, 15-M, DRY etc. como en las instituciones, no votando al PP en las próximas elecciones de Euskadi y Galiza.

Al PSOE se le debe exigir que declare públicamente que no respetará ni el primer rescate ni el que venga si se pide, cuando lleguen al gobierno.
Es la única manera de que desde Europa se nieguen a él. En Grecia se exigió no sólo al partido del Gobierno, sino al de la oposición acatar los términos del rescate, para asegurarse de que, en caso de cambio del mismo -como de hecho ha ocurrido- sigan cumpliendo las exigencias de la Troika.
Si el PSOE, que tradicionalmente ha sido la alternativa real de gobierno al PP, no se pronuncia de forma contundente en este sentido, debe sufrir el mismo castigo electoral que el PP.
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El Constitucional, los millonarios y el delito fiscal

Miércoles 3 de noviembre de 2010

G.G.
El delito fiscal es sin duda uno de los más habituales, más impunes y menos penado. Las cantidades defraudadas a la Hacienda para poder ser perseguido por la fiscalía sólo están al alcance de la gente con posibles y la costumbre, fuente original del derecho, es que los ricos no visiten las cárceles, incluso aquellas tan pobladas como las españolas, las más de Europa en términos relativos.

Los tribunales con mayúsculas, Supremo y Constitucional, muestran sin pudor su conciencia de clase, y son quienes se encargan de retorcer cualquier doctrina, con tal de fallar pro reo, siempre que éste haya sido tocado por la diosa Fortuna.

El último caso innoble ha sido el de Francisco Hernando, quien a pesar de tener el underground alias de “El Pocero”, con mayúsculas siempre, acaba de ser amparado por el tribunal constitucional, cuyo tesón de inmoralidad le hace ganador de las minúsculas.

Lo más grave es que en el juego progresista-conservador que se traen estos magistrados, el amparo a El Pocero se lo han dado en la deplorable sentencia los tres miembros del ala derecha, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas, victoriosos por el voto de calidad del primero, y a los que no ha importado la reprimenda brutal desde el punto de vista del derecho positivo del ala izquierda, formada por Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Los hechos delictivos juzgados corresponden a los años 1992 y 1993, y fueron condenados por primera vez en 2004, como se aprecia una justicia rápida y ágil, tal como manda la Constitución, que nunca ha sido apreciada por los poderosos, a los que siempre se juzga con varios lustros de retraso.

Las acusaciones de Hacienda y otras muchas más de particulares y funcionarios públicos no impidieron que El Pocero recibiera honores, medalla al mérito en el trabajo, del ínclito Eduardo Zaplana (monsieur estoy en política para enriquecerme) cuando éste era ministro del ramo en el Gobierno de José María Aznar en 2004.

Otro elemento triste de este feo asunto es que la defensa del ciudadano Hernando la asumía, se supone que a precio de oro, el colaborador del Instituto de Estudios Fiscales, entidad ligada a Hacienda, y experto en derecho tributario Claudio García Díez, quien en algún estudio ya había demostrado ser buen conocedor de las sentencias del ponente Guillermo Jiménez.

Ante esta nueva muestra de la falta de ceguera de la Justicia resulta chocante que la Administración se atreva a sacar pecho en materia de delito fiscal. Así, el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ha revelado recientemente que en las cárceles españolas hay 89 contribuyentes condenados por evadir impuestos. No ha desagregado aquellos que sólo lo están por la elusión fiscal (se cuentan con los dedos de una mano) y no por otros delitos, malversación, soborno y blanqueo, que son los más. En cualquier caso, esa cifra total no llegaría al 10% de los 1.054 condenados por los tribunales en los últimos tres años.

En uno de los pocos delitos en el que debe primarse la justicia retributiva, frente a la restaurativa, el fracaso judicial y administrativo es clamoroso, ya que la deuda para las arcas públicas por este clase de delito ronda los 6.000 millones, según se informa en un demoledor informe sobre la conciencia social de este asunto en España, presentado por Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Veremos si el Estado recauda mejor estas deudas con la prevista reforma del Código Penal que modifica el delito fiscal.

Jordi Pujol, su historia menos honorable

Casos de corrupción, un empresario poco ejemplar, un juez prevaricador y una red clientelar empañan la imagen de hombre de Estado de quien ahora se confiesa independentista

MARÍA JESÚS CAÑIZARES
Día 02/04/2012 – 18.41h

Finales de los años setenta. A las puertas del Congreso de los Diputados. «Oye Jordi, ¿tú eres independentista?», preguntó a bocajarro el entonces dirigente del PNV, Xabier Arzalluz. «Yo seré independentista el día que el departamento de Estado de Estados Unidos diga que los catalanes podemos serlo». La respuesta encaja con esa imagen de hombre de Estado que muchos atribuyen a Jordi Pujol y que él mismo ha subrayado en el tercer volumen de sus memorias, recientemente publicadas. Lo que esa autobiografía no explica son las sombras de una trayectoria política al servicio de la construcción nacional catalana que colocó al expresidente en el punto de mira de la Justicia y que evidenció una tendencia a rodearse de amistades peligrosas.

Los intentos fallidos de crear un gran banco catalán o de rodearse de una burguesía en alza pusieron los sucesivos Gobiernos de CiU bajo sospecha. Él siempre salió indemne, no así personas de su máxima confianza como Lluís Prenafeta o Macià Alavedra; empresarios afines como Javier de la Rosa, o prohombres del catalanismo como Félix Millet, implicado recientemente en la supuesta financiación irregular de Convergència a través del desvío de fondos del Palau de la Música.

Reparto de dividendos

Pujol fue pionero en el arte de interpretar las embestidas políticas y judiciales como supuestos ataques a Cataluña. Así fue en el caso Banca Catalana y así ha sido con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella contra directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba el propio Pujol, por el supuesto desvío de fondos. En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982. Los fiscales también sostenían, entre otros hechos, que Pujol y el resto de consejeros habían repartido 516 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas.

El presidente catalán atribuyó la acción del Ministerio Público a una «inmensa mala jugada» del PSOE, que gobernaba en ese momento. Prenafeta, entonces secretario general de Presidencia, organizó una masiva manifestación de apoyo a Pujol. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó el caso, pero la posterior designación de Villarejo como fiscal jefe de Cataluña encendió a Pujol hasta tal punto que, en un acto institucional, reprochó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, su falta de sentido de Estado.

Pujol consiguió así que Banca Catalana pasara a la historia, pero no pudo evitar que a partir de ese momento salieran a la luz otros procesos judiciales que salpicaron a miembros de su Gobierno. En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña —holding que monopolizaba el dinero del juego— denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència. El caso quedó archivado, no así el denominado «caso Planasdemunt», en el que el exconsejero de Economía, Jordi Planasdemunt, se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión. Los consejeros Jaume Roma y Josep Maria Cullell también dimitieron tras verse implicados en supuestos casos de corrupción.

Los disgustos judiciales afectaron asimismo a los socios de CDC, Unió Democràtica de Catalunya. Compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a los socialcristianos, recibieron subvenciones inicialmente destinadas a cursos de formación. Por este caso dimitió el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. También fue investigada la gestión de Unió en el Consorcio de Turismo de la Generalitat. Cuando CiU ya estaba en la oposición, Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

El líder convergente nunca renunció a rodearse de una burguesía afín al ideario nacionalista que, al mismo tiempo, ofreciera apoyo económico a la construcción catalana. La quiebra de la compañía aérea Spanair es el último ejemplo de esa incapacidad de CiU de lograr un empresariado fiel. A mediados de los años noventa, los esfuerzos de Pujol comenzaron a dar resultado, pero a través de la persona equivocada. Javier de la Rosa, ungido por el dirigente autonómico como «empresario modélico», fue a la cárcel por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. El caso salpicó a Prenafeta. Las amistades peligrosas de Jordi Pujol incluían al juez Lluís Pasqual Estevill, denominado en su día el «azote de la burguesía» y que se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Aseguran que, de esta forma, Pujol lanzaba una advertencia a Felipe González, pues el CGPJ designó a los miembros del Tribunal Supremo que debían juzgar el caso GAL. Estevill acabó en la cárcel acusado de prevaricación por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero. Alavedra admitió haber intercedido entre el juez y varios empresarios.

Y si no fue fácil ganarse la confianza del empresariado, mucho más complicado fue garantizar la cohesión social de una Cataluña con un nivel alto de población procedente de la inmigración de los años 50 y 60, residente en su mayoría en municipios metropolitanos gobernados por la izquierda. Es en este momento cuando Pujol pasa de ser el gran estadista a recibir el calificativo de «cacique» por su decisión de dar subvenciones a los barrios con vocación nacionalista. La red clientelar se extendió, neutralizando así la influencia socialista y el rechazo que podría generar la ley de política lingüística, génesis del reconocimiento del catalán como única lengua vehicular en la administración y en las escuelas.

El tripartito tomó el testigo de la escalada nacionalista que comenzó Pujol y tuvo su punto álgido en el Estatuto de 2006, cuando ya se había retirado de la escena política. Es precisamente la sentencia del TC sobre el Estatuto lo que, según Carles Duarte, exsecretario de Presidencia, ha llevado a Jordi Pujol a pronunciarse tan abiertamente sobre la independencia. «Él no era partidario de la confrontación, sino de la construcción», dice Duarte, quien admite que militantes y votantes de CiU pueden sentirse incómodos con los últimos postulados de Pujol, «pero todos reconocen su autoridad moral».

Treinta años después de aquella escena en las Cortes junto a Arzalluz, Pujol asegura que votaría «sí» en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Su ex efe de Gabinete, Jesús Conte, cree que esa confesión es producto de una evolución política. «Pujol nunca fue independentista, siempre demostró lealtad a los sucesivos Gobiernos españoles y aspiraba a que Cataluña tuviera un encaje en España sin sentirse menospreciada», asegura Conte, quien admite que el expresidente sabe que «hoy no tenemos un Ben Gurión que lidere la independencia».

«Lobo independentista»

Sin embargo, el exlíder del PP catalán, Alberto Fernández, que convivió con Pujol en el Parlamento autonómico, está convencido de que el veterano dirigente de Convergència «es un lobo independentista con piel de cordero nacionalista» y que «jugó a Bismarck con un supuesto sentido de Estado, pero siguió actuando como Bolívar». El presidente del PSC en la Cámara catalana, Joaquim Nadal, también cree que el veterano nacionalista «siempre ha pensado lo mismo, pero es un político astuto y optó por el posibilismo. CiU practica un independentismo vergonzante». Y no cree que Pujol sea un hombre de Estado. «Lo habría sido si, en lugar de apoyar desde fuera a los distintos Gobiernos españoles, hubiera entrado en el Gobierno. Nunca fue Cambó», considera.

Defensores y detractores coinciden, no obstante, en que las reflexiones de Pujol causan tanto impacto porque se trata de unos de los personajes más influyentes de la democracia, capaz de derribar Gobiernos —CiU siguió apoyando al PSOE durante la crisis de los GAL— o construirlos —el excanciller alemán Helmut Kohl le aconsejó que apoyara a José María Aznar—.

La reforma laboral vulnera la Carta Magna

La reforma laboral al Tribunal Constitucional

El Grupo Parlamentario Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA presentarán este viernes recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero y que motivó la huelga general del 29 de marzo. La izquierda parlamentaria ve hasta ocho causas de vulneración de la Carta Magna, entre ellos la negociación colectiva y la libertad sindical. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT esperarán la respuesta de la Defensora del Pueblo.
nuevatribuna.es | 04 Octubre 2012 – 19:31 h.

El Grupo Parlamentario Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA presentarán este viernes a las 12:00 horas un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de febrero y que motivó la huelga general del 29 de marzo.

El PSOE y la Izquierda Plural han alcanzado un acuerdo para presentar conjuntamente dicho recurso que ha sido respaldado por 115 parlamentarios. La decisión ha llegado ocho meses después de la entrada en vigor de la ley y tras comprobar que el Ministerio de Trabajo dirigido por Fátima Báñez se negara a modificar los aspectos más polémicos de la norma, aquellos que precisamente podrían ser considerados como inconstitucionales.

Tal y como explica el diputado de ICV y portavoz adjunto de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, en un artículo publicado en nuevatribuna.es, la reforma no solo no ha servido para crear empleo, sino que “ha incentivado el despido” y “presionado a la baja las condiciones de trabajo, especialmente el salario”. Asimismo –destaca- “ataca y debilita la negociación colectiva y con ello el papel del sindicato en la empresa y las relaciones laborales”.

El recurso contiene hasta 8 causas de inconstitucionalidad, 4 por vulneración de la negociación colectiva y la libertad sindical, 2 por vulneración del Derecho al Trabajo y 2 más por discriminación.

Desde Báñez sacara adelante su reforma laboral la Izquierda Plural anunció que la recurriría. Los socialistas también mostraron su disposición a seguir esta vía, si bien optaron por esperar hasta ver qué cambios sufría la norma durante su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, sus expectativas no se vieron colmadas por lo que IU-ICV ofreció a los socialistas presentar un recurso conjunto contra la reforma, después de que el PP pactara una veintena de enmiendas con CiU pero sin hacer concesiones en los aspectos más controvertidos de la reforma: negociación colectiva, flexibilidad o indemnizaciones por despido.

Según informa la coalición de izquierdas, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, y el de la Izquierda Plural, José Luis Centella, acudirán al TC a registrar su recurso acompañados por el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, y del portavoz de IU-ICV en materia de Empleo, Joan Coscubiela.

También los sindicatos CC.OO. y UGT pidieron a la Defensora del Pueblo Luisa Cava de Llano que intercediera por ellos ante el TC para recurrir la reforma, cosa que rehusó por lo que las centrales sindicales insistieron una vez nombrada su sucesora, Soledad Becerril, que tiene de plazo hasta el lunes 8 de octubre para decidir sobre este asunto

La incompetente y corrupta casta politica está arruinando ESPAÑA

La incompetente y corrupta casta politica  

está arruinando ESPAÑA con TOTAL impunidad para varias generaciones

Traducción de un artículo publicado en varios periódicos económicos alemanes, 
por su corresponsal en España

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y
España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro
hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a
España o a su sistema bancario.

En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran
expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad
o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la crítica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los
españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta
dureza de la canciller Merkel.

Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos
gobiernos y la mayoría de los medios.

España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania,
junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

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España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema
político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la
oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación
ciudadana real en las decisiones políticas.

Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones,
el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente
fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos
y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público –
234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad 
Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol,
despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.

Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho,
nada tienen que ver
con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de1.000 euros/mes-,
pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15-
pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania.

España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad.
Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores
de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable,
fuente de todo nepotismo y de toda corrupción,
impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, 
y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio.

En España no existe
separación de poderes,
ni independencia del poder judicial,
ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista.

Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y
que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país.

Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates,
no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados.

En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar
de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones 
urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan
extraña que despierta todo tipo de recelos.

¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los
fondos de la UE?

Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE 
investigue sus cuentas.

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Control estricto y duras condiciones:

Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar
vinculadas a un control estricto y condiciones duras.

Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas
brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la
excusa de Europa.

Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos
es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes
que se pueden eliminar.

Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio
Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede
ser manejado por  personas tan increíblemente venales.

La pasada semana el ministro de Industria Soria – imputado también por
corrupción urbanística en Canarias – acusó al ministro de Hacienda en el
Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de
renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de
estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones
anualmente.

Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción,

y menos aún a
17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los
organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17
defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en

pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a
520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a
familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna.

En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, sedespilfarran 
anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero.

Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son
escalofriantes.

El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a
un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3%
incluyendo regiones y ayuntamientos).

Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa.
101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto
comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra
perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.

En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a
finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el
déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda
precisión.

A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra
que se envió a Bruselas.

Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba
sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después,
Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en
el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus
cifras de 2011.

Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas.

El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta 
gastando el doble de lo que se ingresa. 

Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”.
Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de
representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel 
y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y
salvar el euro.

Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas,
con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas
han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se
destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a
trabajar fuera, muchos en Alemania.

Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más 
injustas de la OECD. 

La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en
algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor
crisis económica de su Historia.

Es un sistema corrupto e ineficiente.

La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España 
se deberían concentrar en la solución de esos problemas.

En caso contrario, solo conseguirán
que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación
para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista

ACLARACIÓN 
que dá un bloguero simpatizante sobre este artículo  

http://twitdoc.com/La-casta-poltica-incompetente-y-corrupta-esta-arruinando-a-la-nacin-para-varias-generaciones.docx&usr

Títulos horizontales o transversales del Estado

2.- Los denominados títulos horizontales o transversales del Estado que le habilitan para determinar las bases.

En el reparto competencial entre el Estado y las CCAA suele ocurrir que sobre un mismo supuesto concurren diversos títulos. Una de las causas principales de esta situación es la existencia de títulos competenciales del Estado con una fuerza expansiva transversal,  que habilitan a los poderes centrales para intervenir en distintos ámbitos materiales de titularidad autonómica. Limitan la capacidad de actuación de la CCAA y eliminan, en su caso, el carácter exclusivo de sus competencias.  La explicación constitucional de este proceso, acaso imprevisto en el modelo inicial de distribución de competencias, se sustenta en la combinación necesaria del principio de autonomía y el de unidad en el Estado autonómico. En virtud de esa interrelación, el reparto de materias y facultades entre el Estado y las CCAA resulta matizado por la presencia de títulos competenciales que no afectan a un concreto sector de la realidad sino que pueden abarcar a materias muy diversas. Estos títulos competenciales son denominados horizontales o transversales[3]. Es el caso, de forma señalada, de la facultad competencial del Estado para la “ordenación general de la actividad económica” derivada del art. 149.1.13 CE que le permite establecer las bases y la coordinación en las actividades con contenido económico.

La consecuencia más notable del amplio ámbito competencial que habilita al Estado los títulos horizontales, como se apuntaba antes, la eliminación del carácter exclusivo de las competencias autonómicas y, con ello, de su capacidad para establecer una política autonómica diferenciada en la materia[4]. Su incidencia modula el ejercicio competencial en cuanto el Estado aduce este título genérico para actuar sobre ámbitos materiales en los que inicialmente carece de competencia. Su intervención normativa queda justificada en virtud de este título transversal.

Precisamente, en el desarrollo normativo del Derecho europeo esta fuerza expansiva del título estatal incide de manera especial, por dos razones confluyentes:

a)     La acción normativa europea susceptible de aplicación interna se refiere derechamente a materias de competencia exclusiva de las CCAA como agricultura, ganadería, comercio, industria, etc., a través de actuaciones que generalmente tienen incidencia económica, lo que favorece el uso del título horizontal por antonomasia, el derivado del art. 149.1.13 CE. Así, el Estado se interpone en el proceso de incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia autonómica para establecer las bases o la coordinación, sin perjuicio de la posterior intervención autonómica.

b)    El Derecho originario de la Unión no contiene una delimitación material de carácter objetivo, que pueda trasladarse al ámbito interno para determinar con exactitud si la materia afectada es de competencia estatal o autonómica. La naturaleza teleológica de la delimitación resulta del objetivo que se pretende alcanzar. Este carácter lábil e imprevisible de la incidencia de la norma europea sobre el ordenamiento interno, matizada pero no completamente superada en el Tratado Constitucional, abre el cauce a la incidencia de los títulos transversales del Estado.

La consecuencia práctica de esta situación es la ilimitación material del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo, más allá de su quantum competencial material en la Constitucional territorial. Ante la ausencia de un título material o sustantivo puede aducir sus títulos de carácter horizontal. Con ello se limita la participación autonómica pues su intervención cuenta habitualmente con la intermediación previa del Estado, cualquiera que sea la materia competencial y el título que posea sobre ella[5].

Este es el aspecto que pretendemos analizar someramente en estas páginas: el uso por el Estado de los títulos horizontales, específicamente del 149.1.13 CE, para concretar las bases en el proceso de incorporación normativa del Derecho de la Unión. Pese a la vigencia del principio de no alteración del reparto competencial, se está eludiendo en la práctica el desarrollo normativo directo por parte de las CCAA e incluso el carácter detallado de las bases estatales provoca, en ocasiones, la imposibilidad material de esa intervención normativa autonómica. El Estado aduce la presencia de un título horizontal, generalmente la “ordenación general de la actividad económica” del art. 149.1.13 CE, para justificar la incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia exclusiva de las CCAA. Por ello, en primer lugar, antes de ocuparnos del sentido de lo básico en este proceso, debemos anotar el alcance de los títulos horizontales del Estado en su relación con las CCAA pues ese modelo será, justamente, el aplicable a su intervención en el desarrollo normativo del Derecho europeo, sin ninguna adición derivada del carácter “internacional” o “exterior” del asunto.

El Tribunal Constitucional ha amparado la horizontalidad de los títulos estatales, que amplían las competencias estatales y limitan las autonómicas. Concretamente, en la aplicación del Derecho europeo podemos encontrar pronunciamientos palmarios en las SSTC 252/1988 o 79/1992. Sin embargo, progresivamente está condicionando la actuación transversal del Estado, también en el ámbito europeo, a la presencia de determinadas circunstancias. Así, se ha referido, a: a) el sentido o finalidad de la norma, de manera que si no se pretende la realización de la competencia estatal estaremos en presencia del ejercicio de una competencia autonómica[6]; b) la relevancia real del ejercicio de una determinada facultad competencial y c) la aplicación preferente de la regla especial sobre la general. En fin, pese a lo que pueda parecer al examinar la práctica de la aplicación interna de las normas europeas, el Tribunal Constitucional no ha aceptado la interposición en cualquier caso de una norma estatal para definir los principios básicos, aduciendo un título horizontal cuando se trata de materias de competencia autonómica, pues no siempre será de aplicación un título de estas características, y la dimensión externa de la actividad no aporta al Estado ningún plus competencial[7]. Para evitar un uso abusivo de estos títulos deberá analizarse en cada caso concreto la concurrencia de las condiciones que permiten la presencia del título horizontal pues sólo en ese supuesto podrá aceptarse la intervención del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo. Entiéndase bien. No valoramos la conveniencia o la oportunidad de esa interposición sino la presencia o ausencia de sustento constitucional.

¡NO AL RESCATE! HAY OTRA SALIDA A LA CRISIS Lectura OBLIGADA

RAJOY PEDIRÁ EL RESCATE EN UNAS SEMANAS

Lamento que sea la tercera vez que tengo que dedicar un post al asunto del rescate, pero es que Rajoy no me deja otra opción. Tras haber pedido el primer rescate, el de la banca, del que advertí cuando él y todos sus ministros lo negaban, volví a avisar de que el rescate de la banca acabaría en el rescate de España. Todo parece indicar que es cuestión de semanas que se pida.

El único obstáculo que hay aquí son las elecciones en Galiza y en Euskadi,adelantadas precisamente por eso. Fuera, son varios los obstáculos, el principal, lo que el Tribunal Constitucional alemán diga sobre el nuevo mecanismo de rescate o en otros países como Finlandia las reticencias de sus políticos a poner más dinero en los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain).

En cuanto al obstáculo nacional, el de la inmediata campaña electoral en la que el PP podría perder el gobierno de la Xunta de Galiza y desaparecer en Euskadi, la estrategia que se ha planteado desde Moncloa es fácilmente entendible. Vamos a ver, el primer rescate -el de la banca- se anunció el 9 de junio. Sin embargo, la redacción del MOU (Memorándum de Entendimiento), en el que se concretaban las condiciones -recortes- exigidos a España se dilató en el tiempo, y finalmente varias de esas condiciones se aplicaron en septiembre, como la subida del IVA al 21 %.
Es decir, pasaron más de dos meses desde que se pidió hasta que los ya sufridos ciudadanos comenzamos a notar sus efectos. Es lo que se hará ahora. Dilatar en el tiempo la entrada en vigor de las condiciones del nuevo rescate para celebrar las elecciones bajo la apariencia de que no son malas. Así que muy probablemente la petición del rescate se haga en lo que queda de septiembre o en octubre, antes de las elecciones. Pero los efectos del mismo se notarán después de las elecciones gallegas y vascas.

Para saltar el segundo obstáculo -el que ponen los países del centro y norte de Europa-, hay que repasar como ha sido el primer rescate, el bancario.

Digan lo que digan en Moncloa, el MOU del primer rescate -o crédito preferente como Rajoy lo denominó- establece en su punto 31 que: “Regarding structural reforms, the Spanish authorities are committed to implement the country-specific recommendations in the context of the European Semester. These reforms aim at correcting macroeconomic imbalances, as identified in the in-depth review under the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). In particular, these recommendations invite Spain to: 1) introduce a taxation system consistent with the fiscal consolidation efforts and more supportive to growth, 2) ensure less tax-induced bias towards indebtedness and home-ownership, 3) implement the labour market reforms, 4) take additional measures to increase the effectiveness of active labour market policies, 5) take additional measures to open up professional services, reduce delays in obtaining business licences, and eliminate barriers to doing business, 6) complete the electricity and gas interconnections with neighbouring countries, and address the electricity tariff deficit in a comprehensive way.
Perdón por la parrafada en inglés, pero… es que el MOU fue redactado en ese idioma. Bien, lo que establece en ese punto 31 es la OBLIGACIÓN de cumplir las recomendaciones de la Unión Europea. Entre ellas, estaba subir el IVA, por poner un ejemplo.
También establece más liberalización de servicios -privatizaciones- o subir la luz -cuando dice que hay que reducir el déficit de tarifa eléctrica-. Es decir, ese MOU traía consigo condiciones macroeconómicas -recortes- muy concretas y detalladas que lo convirtieron en un rescate porque ha sido una intervención en toda regla de la economía española y no como se pretendió vender, sólo una ayuda para sanear la maltrecha banca española.
Llegados a este punto ¿si ese rescate a un parte del sector bancario español trajo consigo semejantes condiciones concretas a la economía española… alguien puede ser tan ingenuo de creer que un rescate de la economía española, a través de la deuda pública o de otro mecanismo, no va a traer condiciones mucho más concretas y más duras? Porque eso es lo que va a salvar los obstáculos extranjeros a poner dinero para rescatar España.
De lo contrario no pondrían un sólo euro ni permitirían que el BCE lo hiciera, porque no nos olvidemos que el Banco Central Europeo no es un sólo hombre, Draghi, sino un consejo en el que están los representantes de los bancos centrales de los distintos países de la eurozona.
Vamos, pues, con las condiciones. No hay que ser economista, ni experto para conocerlas. Basta con leer la prensa internacional para ver las medidas que se han aplicado en Grecia, Irlanda o Portugal cuando fueron rescatadas. Doy a continuación un listado exhaustivo de las que se podrán tomar aquí, aunque no exclusivo, ya que podrían tomarse otras.

El PVP DEL RESCATE:

          * En materia de impuestos y con el objetivo de recaudar más para pagar el rescate:
-Otra subida del IVA, que podría llegar al 23 %, ante la caída de ingresos en la Hacienda Pública.
-Más subidas en todos los tramos del IRPF, y bajada del límite a partir del cual uno está exento de pagarlo, lo que hará que los que menos ganan también lo paguen.
Peaje en las autovías.
Nuevas tasas por servicios públicos hasta ahora gratuitos, como pagar por tener una antena para ver la televisión.
-Impuesto por el que el estado se queda con la paga extra de los empleados del sector privado.
Eliminación de las deducciones por vivienda en el IRPF, para quienes aún tengan derecho a ella.
Eliminación de la deducción por cotizar a planes de pensiones en el IRPF, tanto a los que contraten nuevos planes, como a quienes ya los tenían.
Subidas de tarifas en la luz, la gasolina, el agua, el gasóleo de calefacción, telefonía etc.
-Subidas de los impuestos especiales, como el tabaco o el de bebidas alcohólicas
-El IBI se pagará en función del valor real de mercado de la vivienda, y no del catastral, lo que hará que suba, y mucho.
Impuestos al automóvil por circular en el centro de ciudades, y subida de los que ya pagan, con la disculpa de que contaminan.
 

Aumento de los impuestos que pagan las empresas, en especial el de Sociedades.

         * En materia de sanidad y pensiones con el objetivo de gastar menos para pagar el rescate:
-Rebaja de las pensiones en 2013 por falta de cotizantes a la Seguridad Social.
-Adelanto de la edad de jubilación a los 67 o incluso subir la edad hasta los 70 años.
Supresión o rebaja hasta dejarlas en ridículas de las pensiones no contributivas.
Más copago en Sanidad: desde pagar por ir al médico, a urgencias, al especialista o por pruebas o estancias hospitalarias.
Exclusión del derecho a la sanidad pública de personas que no coticen y que no sean familiares dependientes del cotizante.
 

Supresión o privatización de las ayudas a la Dependencia
-Fomento de la sanidad privada por la vía de excluir a los funcionarios que aún tienen acceso a ella, que pasarán a la pública. Ésta aumentará las listas de espera y funcionarios y no funcionarios tendrán que contratar seguros privados de salud. 
-Exclusión de la cobertura por la sanidad pública de muchas de las prestaciones que aún da. Es decir, buena parte de la medicina preventiva dejará de entrar en ella, al igual que operaciones como cambios de sexo, cirugía reparadora etc. Se reducirá aún más el tiempo de estancia en hospitales, enviándote a casa con los tubos puestos para la recuperación post-operatoria, y se limitará el acceso a urgencias y especialidades.

        En materia laboral, con los objetivos de privatizar lo que se pueda, para obtener ingresos por ello, disminuir el gasto público en funcionarios, liberalizar sectores, reducir el poder de los sindicatos, y convertir a España en un país exportador, reduciendo los costes de producción por vía salarial:
Disminución de los salarios (tanto públicos como privados).
Aumento de la jornada laboral, tanto en el sector público como privado.
Reducción del número de días festivos y vacaciones de todos los trabajadores.
Reducción de las prestaciones por desempleo tanto en cuantía como en tiempo que se cobra
-Supresión de los 400 y 450 euros a parados de larga duración
Despidos de empleados públicos (interinos en principio y funcionarios de carrera si no llega).
Recortes de los salarios de los empleados públicos, adicionales al 5 % bajado por Zapatero y a la supresión de la paga extra de navidad impuesta por Rajoy. Podrían ser la supresión de complementos o una rebaja porcentual, como la que hizo Zapatero, pero de mayor cuantía.
 

Extensión de la liberalización de la negociación sindical, de manera que empleados y empresa puedan pactar sus condiciones al margen de los sindicatos en todas las empresas.
Reducción del número de delegados sindicales por lo anterior, así como de las subvenciones que reciben los sindicatos.

Desaparición de la mayoría de empresas públicas, mediante su privatización o su cierre. En el primer caso, con rebaja de sueldo de sus trabajadores, y en el segundo con el despido de los mismos.
Privatización de servicios públicos (como hospitales, universidades etc.)
Apertura de sectores estratégicos a la inversión extranjera, lo que nos dejará en manos de las grandes fortunas extranjeras, como el caso de Eurovegas.
         * En materia bancaria, con el objetivo de aumentar la solvencia de la banca para que pague sus cuantiosas deudas al BCE y a otros bancos extranjeros:
-Reducción del número de entidades y sucursales bancarias, con despidos masivos en el sector de bancos y cajas.
Privatización de las pocas Cajas de Ahorros que aún son públicas
-Los tenedores de preferentes, accionistas y demás inversores en bancos y cajas rescatados asumirán cuantiosas pérdidas de sus inversiones.
-Más fusiones bancarias que convertirán el sector en un oligopolio, dominado por el BSCH y el BBVA
 

Traspaso de buena parte de los créditos inmobiliarios, pisos y solares en poder de la banca al “banco malo”, que se esperará a que vuelvan a subir los precios para venderlos.
-Más facilidades a bancos extranjeros para establecerse en España.
Aumento de todo tipo de comisiones bancarias.
Obligación de uso de los servicios bancarios en las compras y ventas, por ejemplo, obligando a efectuar pagos de cierto importe a través de tarjeta y obligando a la retribución salarial siempre en una cuenta bancaria.

Corralito (limitación de la cantidad de dinero que se puede sacar cada día) si prosigue la fuga de capitales o hay riesgo de quiebra del euro.

   * En materia de organización territorial del estado, con el objetivo económico de reducir sus gastos y el político de reducir el poder de las CCAA:
Reducción del número de ayuntamientos con la consiguiente supresión de los servicios que prestan
Supresión de Administraciones Públicas. como las Diputaciones Provinciales por mucho que Rajoy se empeñe en conservarlas
Supresión de buena parte de los Organismos de las CCAA y de los Ayuntamientos (como los Defensores del Pueblo Autonómicos y la mayoría de las empresas públicas autonómicas y locales)
Reducción de los salarios que cobran los altos cargos para hacer “admisibles” los recortes que recaerán principalmente sobre los ciudadanos de a pie.
-Supresión o modificación del concierto vasco y de Navarra.
Recentralización de competencias que actualmente están en manos de CCAA y Ayuntamientos que pasarán al estado.
Fiscalización de ingresos y gastos de CCAA, Ayuntamientos etc. por el estado, por la vía de asfisiarlos, obligándolos a pedir el rescate -con duras condiciones-, y / o por vía legal, dando más poder al estado central en detrimento del resto.
         * En materia de gasto social, con el único objetivo de reducirlo:
Copago en educación (tanto obligatoria como universitaria o de formación profesional).
Supresión de las ayudas a personas sin recursos (las llamadas “Rentas de Inserción Social”)
Supresión de las ayudas a los inmigrantes españoles retornados, del paro para quienes salgan de prisión, etc. ydisminución drástica de las subvenciones públicas a ONGs que atienden desde inmigrantes extranjeros en España hasta a españoles en apuros y por supuesto a las que operan en el extranjero.
Reducción del número de asistentes sociales y de los servicios que prestan

LOS RESCATES SÓLO EMPEORAN A LOS PAÍSES RESCATADOS

Aunque todavía está por decidir, de las últimas declaraciones públicas de Draghi y diferentes responsables económicos tanto nacionales como de la Unión Europea y el FMI, todo parece indicar que se hará media la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo usando para ello el Mecanismo de Estabilidad Europea (ESM por sus siglas en inglés).

Es decir, el BCE comprará deuda pública española en el mercado secundario -no en el primario-, con el objetivo de bajar la prima de riesgo que paga España por financiarse en los mercados. Para ello se requiere que, primero, España solicite el rescate formalmente, algo que, como he explicado, ocurrirá en cuestión de semanas.
El uso del ESM (o MEDE por sus siglas en español) supone acatar las condiciones del mismo, entre las que están el sometimiento de quien lo usa al la Comisión Europea, al FMI y al BCE (la llamada “troika”), a través de un MOU que en este caso se llama “Convenio de Cooperación”. Estamos, pues, ante una intervención aún mayor, y condicionada al cumplimiento de las condiciones que se impongan (que serán las que he denominado en el apartado anterior como “el pvp del rescate”), de manera tal que, si el Gobierno de España deja de aplicarlas, el BCE dejará de comprar la deuda española, lo que conduciría al país a la quiebra al no obtener financiación en los mercados, tras una elevación de la prima de riesgo inasumible.

El uso de este mecanismo adolece de varios fallos. En primer lugar que sólo actuará en el mercado secundario. Es decir, que el BCE seguirá prestando dinero a la banca a un interés bajo, que lo usará para comprar deuda española a un interés mayor, pero supuestamente inferior al que paga ahora España por su deuda. Es decir, en lugar de comprar directamente la deuda al Estado, como hace la FED (el Banco Central de EEUU), nos vuelve a dejar en manos de quienes provocaron la crisis, que no son otros que los mercados financieros, fondos de inversión y bancos.

La razón de que así sea es precisamente para salvar las cuentas de todos ellos, garantizándoles no sólo que seguirán obteniendo pingües beneficios con el negocio de la deuda, sino además que en caso de que al final todo se vaya al garete y España quiebre, estarán en igualdad de condiciones con el resto de acreedores.
Es decir, el dinero del fondo europeo y del BCE usado -público- podría perderse en el caso de que España entrara en quiebra, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando tenía preferencia para el cobro frente al resto de acreedores privados de España.

Distribución de toda la deuda, pública (de las administraciones) y privada (el resto)

En segundo lugar, otro fallo es que el mecanismo actuará sobre la deuda pública, no sobre la deuda privada. Es conveniente recordar en este preciso instante la distribución de lo que “debemos” (ver gráfico arriba).

En conjunto, España debe un 400 % de su PIB, lo que supone una deuda de aproximadamente unos 4 billones (con b) de euros. La deuda pública ronda aproximadamente el 20 % del total de la deuda que en su mayor parte es privada. De la privada, la mayoría corresponde a empresas (banca incluida), mientras que sólo el 25 % corresponde a las familias.
Así pues, el rescate sólo va a actuar, en la práctica, sobre un 20 % del problema de España, salvo que, como está ocurriendo, se produzca un trasvase de buena parte de la deuda privada a pública para que así pueda ser rescatada. Digo que está ocurriendo porque con el primer rescate -el de la banca- se transfieren recursos públicos a entidades como Bankia, lo que eleva la deuda pública española.
Asimismo, desde el inicio de la crisis, el sector público ha ido inyectando en esas entidades cantidades ingentes de dinero (a través del FROB y otras vías), que ha detraído de sus presupuestos lo que, junto a la caída de ingresos, ha obligado a emitir deuda pública -del estado y de las CCAA- para financiarse. Véase la rapidez con que se dispara la deuda pública en los últimos cuatro años de crisis, tras un descenso lento pero constante hasta 2008:

Evolución de Deuda Pública en porcentaje sobre el PIB
Así pues, lo que puede ocurrir es que convirtamos la deuda de las grandes empresas y de la banca -derivada en buena medida del ladrillazo- en deuda de todos, por la vía de convertirla en pública.
Esto nos hará cada vez más pobres a la mayoría, al sumarse a la deuda de las familias, que no se rescata, y a los recortes que he denominado “el pvp del rescate”, mientras que serán dos sectores, el bancario y el de las grandes empresas, el más beneficiado por el rescate.
De ahí el interés que han mostrado tanto los representantes de la banca, Emilio Botín, Goirigoltzarri etc., como de la CEOE, por boca de su presidente, Rosell, en que Rajoy pida ya ese segundo rescate.
En tercer lugar, falla el mecanismo de rescate al imponer una serie de condiciones -“el pvp del rescate”- para poder usarlo. No hay más que ver la evolución de la situación económica en los países rescatados para ver que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Voy a tomar algunas variables macroeconómicas de cada uno de ellos para demostrarlo:
         * Tasa de paro:
-En Grecia han pasado de una tasa inferior al 10 % en 2007 a estar casi en el 25 % en 2012 (más del doble)
-En Irlanda en 2007 estaban con una tasa inferior al 5 %. En 2012 el paro ha llegado al 15 % (el triple)
-En Portugal han pasado de un paro de inferior al 10 % en 2007 a superar el 15 % en 2012 (casi el doble)
         * Prima de riesgo (interés que paga el país por su deuda sobre el que paga Alemania):

-En Grecia el diferencial ha subido de 32 puntos porcentuales (1-1-2008) a 2010 puntos (7-9-2012)
-En Irlanda han pasado de 19 puntos porcentuales (1-1-2008) a 610 puntos (7-9-2012)
-En Portugal la subida ha sido de 24 puntos porcentuales (1-1-2008) a 663 (7-9-2012)

* Déficit público (diferencia entre lo que ingresa el estado y lo que gasta):
-Grecia cerró 2008 con un déficit del 9,4 % sobre su PIB. En 2011 cerró en el 9,1 % (casi igual)
-Irlanda ha pasado de un déficit del 7,3 %  en 2008 a cerrar 2011 con el 13,1 % (casi el doble)
-Portugal en 2008 tenía un déficit del 2,9 % en 2008 y cerró 2001 con uno del 4,2 % (casi el doble)

* Deuda pública:
-Grecia en 2008 debía el 110,7 % de su PIB. En 2011 cerró con una deuda del 165,3 % (casi el doble)
-Irlanda en 2008 tenía una deuda pública del 44,4 % y  en 2011 ascendió al 108,2 % (más del doble)
-Portugal ha subido del 71,6 % en 2008 al 107,8 en 2011 (casi el doble)

* PIB
-En Grecia el PIB creció un 1,3% en 2008. En 2011 decreció un 5,4 % (recesión grave)
-Irlanda mejoró poco: decrecieron un 3,5% en 2008 y en 2011 crecieron un 0,7% (crecimiento débil)
-Portugal en 2008 estaba estancada, con un 0 % de crecimiento. En 2011 decreció un 1,6 % (recesión)

De todas las variables analizadas, los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal sólo han servido para mejorar muy poco una de ellas, el crecimiento de Irlanda.

El resto de variables, en los tres países ha empeorado, o se ha mantenido igual de mal que estaba

¿Alguien me explica para qué diablos han servido los rescates?
La única explicación que encuentro es la siguiente.

En la variable de la tasa de paro… se ha dispuesto en los tres de mano de obra más barata, porque a mayor número de parados más bajan los sueldos.

En cuanto al déficit público se ha empobrecido al estado, al ser cada vez más dependiente de préstamos (negocio para los acreedores que cobran intereses) por no poder recaudar lo suficiente. La deuda pública creciente en los tres supone algo parecido al déficit: alguien se está forrando con que esos países estén cada vez peor al tener más deuda pública… porque cada vez pagan más por ella, como lo refleja la evolución de la prima de riesgo.

Al mismo tiempo se observa como se ha producido un traspaso de la deuda privada a pública, en especial en el caso de Irlanda, que para salvar a su banca empeñó al estado. Creo que resulta ocioso señalar a los beneficiarios de los rescates: bancos, fondos de inversión y grandes empresas nacionales y sobre todo, en el sector financiero, extranjeros.

SALIDA A LA CRISIS CON MEDIDAS ALTERNATIVAS AL RESCATE
En lugar de ese rescate que se nos viene encima, que perjudicará a la mayoría de ciudadanos con los recortes señalados en el “pvp del rescate” y beneficiará tan sólo a los mismos que ha beneficiado en los otros tres países rescatados, una alternativa viable, que además depende exclusivamente del Gobierno de la Nación es la siguiente, desglosada por materias:
         * Para atajar el problema del paro:
Subidas salariales que estimulen el consumo interno, que está caído. La demanda externa jamás compensará la caída de la interna. Las exportaciones no pueden compensar, por mucho que se abarate la mano de obra, la caída de la demanda interna derivada de ese abaratamiento.
Inversión pública para dinamizar la economía, directamente (como en infraestructuras) o indirectamente (con subvenciones a sectores productivos diferentes del ladrillo)
Mantenimiento del empleo público para no crear más parados, y con subidas salariales y condiciones de seguridad en el empleo que los animen a consumir.
Creación de empresas públicas en aquellos sectores donde la inversión privada nacional se ha demostrado poco eficiente o inexistente, como en energías renovables, investigación científica, electrodomésticos etc.

Para acabar con el déficit público:

Este apartado lo tengo desarrollado en otro post, en el que propongo una reforma fiscal completa, que sintetizo a continuación:

-Aplicar las reformas propuestas por el Sindicato de Técnicos de Hacienda:
a) Nuevo tipo del 35 % en el Impuesto de Sociedades
b) Lucha contra el fraude fiscal que reduzca la economía sumergida
c) Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública
d) Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro y ganancias patrimoniales especulativas
e) Impuesto a las transacciones financieras
-Impuesto sobre las grandes fortunas
-IVA del 35 % a los artículos de lujo
-Supresión de la desgravación por cotizaciones a planes de pensiones privados
-Aumento de los tipos en los tramos altos del IRPF
-Reforma de la tributación de las profesiones liberales, para que paguen en función de lo que ganan
-Restablecimiento obligatorio del Impuesto de Patrimonio
-Restablecimiento obligatorio del Impuesto de Sucesiones
-Implantación de la tasa Tobin gravando con un 1 % los movimientos de capitales
-Aumentar la tributación de las rentas del capital para que no estén paradas
-Disminuir la tributación de las rentas de trabajo para dinaminzar el consumo
-Supresión de cualquier tipo de amnistía fiscal
-Unificación de ayuntamientos, estableciendo un mínimo de población y/o superfice para que se puedan constituir, conservando las funciones que prestaban, y eliminando tan solo los concejales y alcaldes sobrantes.
-Supresión de las Diputaciones Provinciales, y reparto de sus competencias entre las CCAA y los Ayuntamientos.
-Homologación de los sueldos públicos, de manera que todos los presidentes de cada CCAA cobre lo mismo, y menos que el del Gobierno. Fijación de sueldos de sueldos en la administración local en función del número de habitantes. Fijación de sueldos de diputados y senadores, de forma que también cobren lo mismo. Ninguno de ellos podrá cobrar más que el presidente del gobierno.
-Despido de todos los cargos de confianza, secretarios particulares, conductores oficiales etc. no estrictamente imprescindibles, y reutilización de coches y edificios públicos oficiales para fines necesarios.
-Los bienes de todas las confesiones religiosas, sindicatos, organizaciones empresarias partidos políticos y asimilados pagarán los impuestos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, incluido el IBI.

* Para reducir la Deuda Pública:

Impedir el rescate de bancos o empresas quebradas con dinero público, porque eso acaba por suponer la transferencia de deuda privada a pública, incrementando ésta.

-Unificación de la emisión deuda pública. Es decir, hispabonos, en lugar de rescates a CCAA.
-Revisión de la deuda pública para renegociar aquella considerada como deuda odiosa.

-Las medidas que propongo para reducir el paro y el déficit reducirían además de forma drástica la necesidad de financiación exterior, al generar suficiente riqueza y recaudación dentro de España.

-Creación de un banco público bueno, en lugar del “banco malo”. Con éste se socializan las pérdidas y con un banco público saneado, a partir de los restos de bancos y cajas rescatados, se puede financiar a las Administraciones Públicas, además de a los particulares y pequeñas y medianas empresas. De hecho, ese banco ya existió en su día, Argentaria… que finalmente fue privatizada.

Expropiar sin indemnización de los activos inmobiliarios tóxicos en poder de la banca, por grave perjuicio a la economía nacional, y uso de los mismos para dar vivienda a personas que lo necesiten, vendiéndolos o alquilándolos a precios razonables, dejando una parte para uso gratuito en el caso de personas sin ningún recurso. Si siguen en poder de la banca esos activos tóxicos o son comprados, utilizarán el dinero para el negocio de la deuda pública o pedir más rescates, convirtiendo su deuda privada en pública.

* Para reducir la prima de riesgo:

-Las medidas que propongo para reducir la Deuda Pública harían que al tener menor necesidad de financiación externa, los intereses a pagar disminuyeran drásticamente.

-Las medidas que propongo para reducir el paro y el déficit generarían la confianza que los mercados exigen a un país, por lo que estarían dispuestos a financiarnos a intereses razonables.

-Regulación del mercado financiero para impedir la especulación.

-Compra directa de deuda pública por parte del BCE (esta es la única medida que no depende exclusivamente de España, sin embargo, con el resto de medidas sería suficiente).

* Para salir de la recesión y permitir que el PIB crezca:

-Las medidas expuestas anteriormente haría, por si solas, que la economía creciera.

-Adicionalmente se deben adoptar medidas tendentes a favorecer el comercio de productos nacionales en lugar de extranjeros, suprimiendo para ello muchas de las ayudas que reciben empresas extranjeras para establecerse aquí (como Eurovegas) y establecido las oportunas barreras comerciales frente a países cuyos productos son vendidos aquí a precios muy competitivos porque en los países donde se fabrican su producción se hace con condiciones laborales inaceptables.

Por otro lado, he ido dando más alternativas, que se pueden consultar en los post que publiqué sobre el primer rescate y el segundo.

NO AL RESCATE

A la vista he dejado dos modelos.

El del rescate, que efectivamente sirve para algo -beneficiar a las grandes empresas y a la gran banca y fondos de inversión- y el que he propuesto, que sin perjudicar ni a los bancos sanos ni a las empresas que invierten en economía real -y no en la financiera o en el ladrillazo-, nos beneficia a todos.
Si la gente tiene más ingresos podrá pagar sus deudas (ese billón de euros que deben) y si las empresas venden más también podrán pagar casi los 2 billones que deben. Digo casi, porque hay una parte del sector que tendrá que asumir pérdidas inexorablemente: el del ladrillazo.
Tanto del lado de empresas (inmobiliarias, constructoras, y también bancos y cajas).
La banca, asimismo tiene que asumir parte pérdidas por sus inversiones en deuda a tipos de interés exagerados… que no van a cobrar, bien porque se ha condonado una parte (caso de Grecia) bien porque se ha de renegociar.
Y finalmente el sector público podrá volver a una senda de endeudamiento razonable, que incluso podría llegar a dar superávit en lugar de déficit, al recaudar mucho más en una economía saneada. No sería por lo tanto necesario seguir por la senda de recortes que tanto daño hacen al ciudadano, en sanidad, educación y prestaciones sociales.


A la vista de las declaraciones efectuadas por los líderes del PP, y en vista de que ya han pedido un rescate -el primero-, mucho me temo que su intención es pedirlo. Así que, desde todos los sectores sociales hay que presionar para evitarlo. Tanto en la calle, sindicatos, 15-M, DRY etc. como en las instituciones, no votando al PP en las próximas elecciones de Euskadi y Galiza.

Al PSOE se le debe exigir que declare públicamente que no respetará ni el primer rescate ni el que venga si se pide, cuando lleguen al gobierno.
Es la única manera de que desde Europa se nieguen a él. En Grecia se exigió no sólo al partido del Gobierno, sino al de la oposición acatar los términos del rescate, para asegurarse de que, en caso de cambio del mismo -como de hecho ha ocurrido- sigan cumpliendo las exigencias de la Troika.
Si el PSOE, que tradicionalmente ha sido la alternativa real de gobierno al PP, no se pronuncia de forma contundente en este sentido, debe sufrir el mismo castigo electoral que el PP.