Archivo de la etiqueta: Sindicatura de Comptes

Los grandes proyectos del PP suman en menos de una década sobrecostes superiores al 40%

FUENTE

Los sucesivos gobiernos autonómicos del PP, especialmente durante la etapa en que Eduardo Zaplana presidía la Generalitat, han convertido la ejecución de grandes proyectos en el eje de su acción política. Así surgieron Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, el mapa escolar encargado a la sociedad pública Ciegsa o el reconvertido proyecto socialista de la Ciutat de les Arts y les Ciències. Unos años después, estas iniciativas se han convertido en una pesada carga económica para las arcas autonómicas, acumulando sobrecostes del 40%, 200% y hasta el 300% respecto al presupuesto original. Los partidos de la oposición hablan de despilfarro y opacidad y han exigido sin éxito explicaciones al Consell después de que la Sindicatura de Comptes haya puesto de manifiesto en sucesivos informes los desfases.

TERRA MÍTICA En suspensión de pagos

El parque de ocio Terra Mítica de Benidorm, primer proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se presupuestó originalmente en 270 millones de euros.

El proyecto nació con carencias de planeamiento por la premura de su principal promotor político -el propio Zaplana- y desde muy temprano hubo de revisarse el plan original para incluir una serie de nuevas infraestructuras no previstas. En poco más de siete años, el complejo, participado en un 20% por la Generalitat, ha acumulado unos sobrecostes cercanos al 40%. En total 100 millones de euros más de lo presupuestado en principio, según la Sindicatura de Comptes.

Pero la desviación de costes no ha sido el único contratiempo al que ha tenido que hacer frente la sociedad gestora del complejo. En mayo de 2004, los responsables de la instalación decidieron suspender pagos para evitar un mayor deterioro de las finanzas del parque. Dos años después, el complejo de ocio sigue en suspensión de pagos, con una deuda de 218 millones de euros, que el consejo de administración quiere enjugar con la venta de su reserva de suelo.

CIUDAD DE LA LUZ Un sobrecoste del 240%

La Generalitat es el único accionista de este gran complejo audiovisual con estudios cinematográficos proyectado en Alicante con el objetivo de atraer grandes producciones. El vicepresidente originario de la Ciudad de la Luz, Joaquín Doménech, destituido en agosto de 2004 por el consejero de Economía, Gerardo Camps, estimó el coste inicial del proyecto en 100 millones de euros. Después se pasó a 270 millones y, de acometerse la construcción de una tercera fase, la cifra final rondaría los 340 millones de euros. El sobrecoste se elevaría al 240%, según denuncian los socialistas. Recientemente, durante la visita del presidente Camps a Miami, un alto responsable del proyecto elevó su coste hasta casi 500 millones de euros. El 80% de los contratos globales se han adjudicado discrecionalmente, sin concurso público, según los informes de la Sindicatura de Comptes. Otros proyectos se han encargado directamente, sin propuesta de adjudicación.

CIUTAT DE LES ARTS Tres veces su coste original

El complejo diseñado por Santiago Calatrava fue ideado originalmente por el último Gobierno del socialista Joan Lerma, que lo presupuestó en 210 millones de euros (35.000 millones de las antiguas pesetas). Cuando el PP ganó la Generalitat en 1995, el entonces consejero de Economía, José Luis Olivas, modificó el boceto original y elevó el presupuesto inicial hasta los 300 millones de euros. La Sindicatura de Comptes incrementaba en 2003 el coste total del complejo hasta los 854 millones de euros, con un sobreprecio del 200%.

El Palau de les Arts ha pasado de los 84,3 millones que figuraban en el contrato originario a 220 millones de euros, según datos de la Sindicatura de 2004, que el consejero Gerardo Camps elevó a 250 en octubre de 2005. Este organismo mencionaba más sobrecostes en L’Oceanogràfic, cuyo precio final -150 millones de euros- se habría incrementado un 284%.

CIEGSA Un mapa escolar incompleto

El mapa escolar, impulsado por Eduardo Zaplana, preveía construir 445 infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2003, con un presupuesto inicial de 1.065 millones de euros -unos 166.000 millones de las antiguas pesetas-. En 2003, el entonces consejero de Educación, Esteban González Pons, reconocía que las 445 actuaciones -casi todas encargadas a Ciegsa- costaron 1.600 millones de euros, es decir algo más de 500 millones de euros de desfase o, lo que es lo mismo, un sobrecoste del 50% sobre el gasto previsto inicialmente.

La Sindicatura denuncia sobrecostes y adjudicaciones ‘a dedo’ en Ciegsa

FUENTE

La Generalitat hace caso omiso de las “anomalías” detectadas por la Sindicatura de Comptes en la gestión de la empresa Ciegsa, responsable de la construcción de los colegios públicos, denunció ayer el coordinador de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Adolf Sanmartín. El diputado explicó que los contratos y licitación de estas obras no se anuncian en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a pesar de superar los 5,2 millones de euros, e insistió en que algunas de las empresas adjudicatarias no tienen la clasificación que exigen los pliegos de condiciones. Así se desprende del último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 2006.

El diputado socialista relacionó las deficiencias estructurales de los centros escolares que han salido a la luz en los últimos días -es el caso del centro de Rojales, por ejemplo- con el hecho de que un 60% de los contratos de asistencia técnica, que incluyen la redacción del proyecto básico, ejecución y dirección de las obras, se adjudiquen por procedimiento negociado, es decir “a dedo”, según Sanmartín. “Dentro de un tiempo podrán verse los efectos negativos de esta gestión, con daños y desperfectos en los centros educativos”, pronosticó.

Con el alquiler de los barracones ocurre tres cuartas partes de lo mismo. En un 95% de los casos, estos contratos de arrendamiento se adjudican por un sistema discrecional, “que la ley permite solo cuando se dan circunstancias muy concretas, que no quedan acreditadas en los expedientes revisados”, subrayó el parlamentario.

La situación de Ciegsa es para los socialistas insostenible. Los sobrecostes en la construcción de centros se repitieron en 2006: los nueve centros seleccionados aleatoriamente por el órgano fiscalizador arrastraban un sobrecoste medio del 18%, con casos especialmente llamativos, como el del C. P. José Soto Micó I de Valencia, cuya facturación se disparó un 85% respecto del precio inicial. A 31 de diciembre, Ciegsa contaba con una deuda de 1.200 millones de euros y unas pérdidas de 30 millones de euros, con un aumento sobre el ejercicio anterior del 83%.

En cuanto al gasto de personal, en diciembre de 2006 la plantilla total de Ciegsa se componía de 91 trabajadores, de los que 86 eran contratados laborales y 5 puestos de alta dirección. “No existe autorización ni informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda respecto a la masa salarial ni a determinadas reclasificaciones económicas”, agregó el diputado.

Sanmartín amenazó con acudir a los tribunales si el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no explica lo que está sucediendo en Ciegsa. “No puede ser que una empresa pública no haga caso a las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes y su situación se agrave año a año”.

La Atenas valenciana ya tiene su Àgora en ruinas

La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, asegura que la construcción del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia “se finalizará”, pero “dada la complicada coyuntura económica en que nos encontramos, no se prevé en estos momentos la colocación de la estructura móvil del edificio”.

Así lo explica Johnson en una respuesta a una batería de preguntas formulada por el grupo parlamentario EUPV sobre las obras del Ágora. La consellera indica que las láminas que forman la cubierta móvil se encuentran “recogidas, siguiendo en todo momento las indicaciones de la dirección facultativa de la obra”.

En este sentido, asegura que se encuentran “en perfecto estado” y añade que “la oxidación superficial que puedan presentar algunas láminas debido a su exposición a la intemperie no les afecta estructuralmente”.

Asimismo, Lola Johnson indica que la dirección facultativa y la empresa constructora “trabajarán conjuntamente en el momento de la colocación de las láminas que configuran la estructura móvil del edificio del Ágora”.

Respecto al coste de las obras de este edificio y la urbanización limítrofe, la consellera señala que se puede consultar en los informes de fiscalización que anualmente realiza la Sindicatura de Comptes

Nota : Los ultimos informes anuales que constan en la Sindicatura de Comptes son del 2010, con lo cual el gobierno no cumple con la transparencia y con la ley que le obliga a hacer publicos los informes de las cuentas de los organismos públicos anualmente.

En cuanto al calendario, explica que “se continúa trabajando en la planificación de las actividades pendientes del edificio que corresponden a la terminación de la obra civil y a las pruebas de funcionamiento de las instalaciones”, aunque señala que “no es en estos momentos una prioridad del Consell”.

Tras conocer esta respuesta, el portavoz adjunto de EUPV en las Corts Ignacio Blaco, en un comunicado, ha destacado que “por primera vez el Consell reconoce que no está prevista la finalización del edificio de Calatrava, a pesar de los casi 90 millones de euros que ha costado hasta el momento”.

Blanco ha criticado la “vaguedad” de las respuestas sobre la custodia y conservación de las lamas móviles que deberían colocarse en la cubierta. Asimismo, ha lamentado “el despilfarro de dinero público en la construcción del Ágora, un edificio carísimo, deficitario en su mantenimiento y de escasa utilidad que, al parecer, ni siquiera estaba incluido en el proyecto inicial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias”.

“Delirio”

Ahora, el Consell reconoce que “no se prevé en estos momentos la colocación de la estructura móvil” de la cubierta del edificio, con lo que el Ágora puede quedar “inacabada para siempre, como prueba del fracaso del delirio calatraviano en que cayó el Partido Popular en los años de bonanza”, dice Blanco.

“La mariposa se ha quedado en el capullo”, ha ironizado el diputado de izquierdas en referencia a la forma exterior de un edificio que debía incorporar en la cubierta una estructura móvil de 163 lamas de acero de 1.388 toneladas de peso.

Ignacio Blanco ha asegurado que estos elementos constructivos se encuentran en un solar adyacente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, “donde inicialmente estaba prevista la construcción de las torres rascacielos por cuyo diseño Santiago Calatrava cobró más de 15 millones de euros de la Generalitat”.

“La consellera Johnson dice que están en perfecto estado, pero no se atreve a contestar directamente a nuestras preguntas sobre su validez para ser colocadas en el remate del edificio algún día, ni sobre quién pagaría los sobrecostes en caso de que no sirvieran y hubieran de construirse de nuevo”, ha subrayado.

Blanco ha asegura que ésta es la cuarta vez que el diputado de EUPV formula preguntas parlamentarias al Consell sobre las obras del Ágora y “los diferentes problemas de goteras” que se han producido durante la celebración de eventos como la Campus Party y el Open de Tenis.

“Hasta ahora el Consell aseguraba que se estaba cumpliendo el cronograma constructivo –que según la Sindicatura de Cuentas debía haber finalizado, después de una prórroga, el 24 de julio de 2010–, pero en esta última respuesta asume por primera vez que la finalización del edificio no es en estos momentos una prioridad”, ha concluido el diputado.

Endeudamiento de la Generalitat Valenciana

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El endeudamiento de la Generalitat que computa el Banco de España -y que incluye el que arrastran las universidades asciende a 22.163 millones (incluidos los 1.694 millones de las empresas que no cuentan como Administración) pero los débitos son mucho mayores si se incorporan también, por ejemplo, los impagos a los proveedores. Si además se incluyen otros entes que se nutren de los fondos públicos, como las fundaciones y las cámaras de comercio, el resultado es un cifra de deudas estratosférica. Nada menos que 30.798 millones -cinco billones de las antiguas pesetas– es la losa de deudas que pesa sobre el sector público autonómico valenciano al cierre de 2010, últimas cifras oficiales disponibles, según los datos contenidos en la Base de Datos puesta en marcha por la Sindicatura de Comptes para recopilar toda la información económica de hasta 101 entidades.

El balance agregado, que recoge la suma de los estados de cada uno de estos entes, revela la existencia de un pasivo no corriente (acreedores a largo plazo) de 15.619 millones, que se suma a un pasivo corriente (acreedores a corto plazo) de otros 15.178 millones. Cabe precisar, no obstante, que las cifras no están consolidadas por lo que puede haber un ajuste a la baja aunque Ciegsa, por ejemplo, con 2.248 millones, la carga más importante, no se ve afectada ya que la Generalitat no reconoce los débitos con esta firma en su balance. En todo caso, la evolución no se vería afectada al respetarse el mismo criterio, y el resultado es demoledor: Desde 2007, en la última legislatura de Camps en la Generalitat, las deudas del sector público autonómico se han incrementado en dos tercios, un 66,6% más, al pasar de 18.485,84 millones a los citados 30.798 millones.

Entre el pasivo corriente figura un dato que no es menos preocupante: El saldo de “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” asciende a la friolera de 9.463,84 millones. Un epígrafe, que engloba las deudas de todo el sector público autonómico con los proveedores.

Del total, el montante más importante de débitos lo acumula la Administración de la Generalitat, que incluye la cuentas de las conselleries, las Corts y el resto de instituciones de la Generalitat, con 19.280 millones; seguido del sector empresarial público (20 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público), 10.000 millones, teniendo en cuenta que ahí sí se han consolidado los grupos RTVV, Ivvsa y Vaersa; las cinco universidades públicas, 997 millones; las cuatro entidades administrativas -la principal, el Servef-, 330 millones; las cuatro entidades autónomas comerciales (entre ellas, el Ivaj), 46 millones; así como las 35 fundaciones, 111,7 millones; y las 6 cámaras de comercio, 31,5 millones.

Las cifras comportan que el endeudamiento del sector público autonómico sale a 6.025 euros por valenciano. Una familia de cuatro miembros debería abonar cuatro millones de las antiguas pesetas para ponerse en paz con los acreedores. Cuatro años antes, al cierre de 2007, la losa era de 3.798,7 euros. El aumento es del 58% en cuatro años.

Las tensiones de liquidez quedan en evidencia al constatarse un fondo de maniobra (diferencia entre todos los derechos disponibles a corto plazo y todas las obligaciones de pago a corto) negativo de 7.112 millones. En 2007 era la mitad: 3.532 millones.