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Moratoria nuclear

En 1991, el Gobierno de entonces presidido por Felipe González paralizó definitivamente (de acuerdo con la moratoria nuclear aprobada en 1984) para suspender posteriormente la instalación de 5 centrales nucleares por “dos razones: la seguridad y el agobio y sobrerresponsabilidad” que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos. Esto ocasionó unas pérdidas a las compañías Eléctricas de 729.000 millones de pesetas de la época (unos 4.400 millones de Euros). Para compensar este giro unilateral en la política energética, se incluyó una partida en la factura eléctrica a pagar por todos los consumidores para resarcir a estas empresas de las pérdidas ocasionadas.

 

 

Las 5 centrales de fisión atómicas cuyas obras fueron paralizadas son: Lemoniz I y II; Valdecaballeros I y II; Trillo II. La fecha tope para la devolución de esta deuda se fijó en 2020, pero una amortización más rápida de lo previsto adelantó su límite.

 

Tal y como podemos comprobar en la Resolucion 03-02-10 sobre la Moratoria Nuclear (264), en 2009 los consumidores soportamos 9,4 millones de Euros por este concepto, quedando aún 505 millones de Euros pendientes de compensación.

 

A título informativo, conviene hacer los siguientes apuntes:

  • El propio Felipe González propuso en 2006 revisar la moratoria nuclear ante los avances en seguridad y en la eliminación de los residuos desde entonces.
  • El ex Ministro de Industria y Energía Juan Manuel Eguiagaray dijo que, además de la compensación por las inversiones, la moratoria nuclear también fue un rescate financiero de las Eléctricas (soportado por los consumidores): “Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1983. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz.
  • La moratoria nuclear finalizó en 1997 por lo que desde entonces la decisión de construir nuevas centrales nucleares pasa a ser una iniciativa privada.

 

Y 4 observaciones:

  • Cuando se paraliza el programa nuclear, los consumidores compensan a las Eléctricas con la moratoria nuclear. Cuando se liberaliza el mercado, los consumidores resarcen a las Eléctricas de las inversiones realizadas en centrales de producción eléctrica con tecnología nuclear, hidroeléctrica o de térmica de carbón con los Costes de Transición a la Competencia (CTC). Cuando la falta de control del Ministerio de Industria provoca una situación no esperada con la fotovoltaica, las Eléctricas convencen al Gobierno para aplicar recortes retroactivos a instalaciones operativas que se habían acogido a una regulación previamente establecida.
  • Siguiendo con el punto anterior, la vorágine inversora de las Eléctricas en nucleares fue solucionada por los consumidores a través de la Moratoria Nuclear. Y el boom acontecido en el mercado de los ciclos combinados de gas, provocado también por decisiones de inversión evaluadas con excesiva ligereza se ha saldado con los Pagos por Capacidad cuyo importe se acerca extrañamente a los recortes retroactivos aplicados a las fotovoltaicas. No parece haber equidad en las decisiones energéticas.
  • De ser cierto el rescate financiero realizado a las Eléctricas por los consumidores tal y como apunta Juan Manuel Eguiagaray, ¿no se aprecian similitudes con lo ocurrido hace poco con las Entidades Financieras?
  • Desde 1997 el sector privado puede afrontar inversiones en nuevas centrales nucleares sin ayuda estatal. Pero nadie se ha atrevido a hacerlo.

 

Gracias Pedro por hacernos llegar este documento.

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Europa: lo que no se dice de la crisis

Red Voltaire | 17 de mayo de 2010

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia (en especial), Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en Estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB).

Son Estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales Estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública.

Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de calificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses.

Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo).

No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento.

El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

FUENTE

En el anterior post comprobamos que el gran problema de endeudamiento que tiene la economía española reside fundamentalmente en el sector privado, y no en el sector público como parece desprenderse de los grandes medios de comunicación. A su vez, observamos que la mayor parte de la deuda privada corresponde a las empresas y no a las familias, y que de esa deuda empresarial española el 95% se le atribuye a las grandes empresas (aquellas con más de 250 trabajadores).

En este post nos centraremos en la otra pieza de la deuda privada: la deuda de las familias. Este endeudamiento se analizará teniendo presente la gran disparidad de renta que existe entre los hogares españoles, con la intención de descubrir si en el comportamiento de estos agentes económicos ha influido la cantidad de renta que poseen. Puesto que el mensaje que se palpa en el ambiente es que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” o que “todos hemos tenido excesos” (y que por lo tanto todos hemos de hacer sacrificios), este análisis pretende revisar la veracidad de esa afirmación.

Para ello empleamos los datos de la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Su año de estudio es el 2008, que al ubicarse justo después de la época de endeudamiento masivo de la economía española (1999-2008) nos viene muy bien para conocer la situación de las familias después de ese período.

Empezamos examinando la cantidad de hogares españoles que en el año 2008 presentaban algún tipo de deuda. Así descubrimos que en el año 2008 el 50,1% de los hogares españoles tenía algún tipo de deuda. El resto de hogares (el 49,9%) no estaba endeudado. Éste es un dato llamativo que contrasta con la famosa tesis que reza: “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Los datos estadísticos oficiales nos dicen que no ha sido así, y que en todo caso solo la mitad de las familias se había endeudado por encima de sus posibilidades. La otra mitad de las familias españolas había adecuado sus gastos a sus ingresos y no había recurrido a tomar prestado dinero de ningún tipo. No me resisto a destacar que estas familias están hoy día pagando a través de aumentos de impuestos y de recortes de prestaciones públicas unos excesos con los que nada han tenido que ver.

Ahora realicemos la misma observación pero centrándonos en el tipo de hogares que hay en función de la renta que disponen. Para ello ordenamos a todas las familias españolas de mayor a menor renta, lo que queda reflejado de forma abstracta en la barra azul del siguiente gráfico. De esta forma los hogares más ricos quedan en la parte superior de la barra azul y los más pobres en la zona inferior.

Como podemos ver, si nos centramos en el 20% más pobre de las familias, solo el 16,5% de ellas presentaba algún tipo de deuda a finales de 2008. Si nos fijamos en la siguiente quinta parte más pobre, observamos que esa proporción alcanzaba el 42,3%. Para el resto de familias descubrimos que el porcentaje oscila entre el 61,2% y el 68,5%. Existe una gran diferencia entre el 60% más rico de los hogares y el 40% más pobre (y a su vez dentro de ese 40% también hay grandes diferencias). Dentro del 40% más pobre, muchas menos familias han recurrido al endeudamiento que en el caso del 60% más rico. Esta diferencia se vuelve abismal si comparamos la quinta parte más pobre de las familias con la quinta parte más rica. Estos resultados tampoco van en la línea del manido mensaje que nos responsabiliza a todos por igual del sobreendeudamiento español. Los datos nos revelan que las familias más pobres han recurrido bastante menos al endeudamiento que las familias más acaudaladas.

Pero no todas las formas de endeudarse responden a los mismos motivos. No es lo mismo que una familia se endeude para comprar su vivienda habitual en un contexto de disminución salarial y aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios, que una familia que se endeude para adquirir una propiedad inmobiliaria distinta de la vivienda principal y luego aproveche para venderla cuando los precios suban. En el primer caso la familia se ha visto obligada a endeudarse para optar a la propiedad de su vivienda y en el segundo caso asistimos a una operación de especulación inmobiliaria. Parece evidente que la responsabilidad o culpabilidad relacionada con el endeudamiento difiere mucho dependiendo de si estamos en el primer caso o en el segundo.

Pues bien, ahora nos olvidamos de todos aquellos hogares que no se han endeudado y centramos la mirada en los que sí lo han hecho. Ordenamos estos hogares endeudados de mayor a menor renta y miramos qué parte de esa deuda se ha destinado a la compra de una vivienda habitual.

En esta ocasión nos encontramos con que cada estrato de hogares presenta una proporción diferente. La proporción de deuda destinada a la compra de una vivienda habitual aumenta conforme disminuye la renta. Tenemos así que para el 40% más pobre de las familias endeudadas el 73,4% de la deuda contraída ha sido utilizada para comprar una vivienda habitual. En el otro extremo nos encontramos con que para el 10% más rico de las familias esa proporción disminuye hasta un 42,2%. Observando el resto de estratos podemos extraer la conclusión de que endeudarse para adquirir una vivienda principal ha tenido más peso e importancia en las familias de menores recursos que en las más adineradas.

Ahora hacemos lo mismo pero con la proporción de deuda destinada a la compra de propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda principal, actividad estrechamente vinculada con la especulación inmobiliaria.

En esta ocasión el porcentaje aumenta en función de la renta de los hogares, y con una intensidad más notoria que la anterior en el caso del 20% más rico de los hogares. Este tipo de deuda representa el 11,1% de toda la deuda contraída por los hogares situados por debajo del percentil 40. En el caso de los tramos ubicados entre el percentil 40 y el 60, el 14%; y en el situado entre el 60 y 80, el 18,5%. Para los dos últimos deciles el ratio es de 33,3% y 42,8%, respectivamente. Estos datos reflejan que endeudarse para adquirir propiedades inmobiliarias distintas a la vivienda principal tiene mucha más importancia en las familias más ricas (concretamente las situadas en el estrato del 20% más rico).

Resumiendo. A pesar de que a través de los medios de información convencionales se repita una y otra vez el mensaje de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante los años de la burbuja inmobiliaria y que por lo tanto todo tenemos ahora que aceptar los sacrificios que se nos imponen, los datos oficiales muestran algo muy diferente. Centrándonos exclusivamente en la deuda de las familias comprobamos que la mitad de los hogares españoles no presentaban ningún tipo de deuda a finales de la burbuja inmobiliaria, por lo que, en primer lugar, el sobreendeudamiento familiar no se le puede achacar a toda la población española. Si atendemos a esa lógica comentada de que hay que pagar por los excesos cometidos, no parece tener mucho sentido que familias que no se han endeudado lo más mínimo tengan hoy día que estar sufriendo recortes en sus derechos sociales y subidas de impuestos. En segundo lugar, los hogares más pobres han recurrido menos al endeudamiento que los más acaudalados, y sin embargo sufren con la misma (e incluso mayor) intensidad los recortes sociales y subidas de impuestos. En tercer lugar, hemos visto que la mayoría del endeudamiento contraído por los hogares más pobres se ha destinado a la compra de una vivienda habitual, lo que nos hace pensar en la necesidad de haber adoptado esta decisión a tenor de los elevados precios inmobiliarios y la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva. Es decir, muchos de estos hogares situados en los estratos más pobres no tuvieron más remedio que acudir al endeudamiento para poder disfrutar de una vivienda en propiedad. En cuarto y último lugar, una buena parte del endeudamiento contraído por los hogares más ricos (especialmente los situados en el estrato superior) ha sido utilizado para la compra de propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda principal, lo cual revela que estas operaciones respondían a motivaciones caprichosas y no a necesidades de primer grado como lo es la compra de vivienda habitual que acabamos de comentar.

Ni todos nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades; ni todos lo hemos hecho al mismo nivel; ni para los mismos objetivos. Y esto tendría que ser clave a la hora de repartir y afrontar las responsabilidades derivadas del sobreendeudamiento familiar español.

La revolución imparable de la energia nuclear

La revolución imparable del señor ex ministro

Por Lorenzo Ramírez

Imaginen que un ex ministro del PP que se considera liberal se pasa un año en el FMI. Al regresar a casa, reniega de la libertad de mercado, diseña una batería de impuestos ecológicos y –la guinda– habla de la necesidad de una revolución global que implante un Gobierno Mundial Redistribuidor. Todo para evitar la extinción del Hombre y salvar el planeta de la aniquilación total.
No se equivocan: el hombre es Juan Costa.

La revolución imparable. Un planeta, una economía, un Gobierno es el título de un libro que, sin duda, servirá a la nueva religión ecologista para obtener nuevos adeptos que, a su vez, permitan a los poderes públicos expandir sus tentáculos a costa de la libertad de los individuos. La crisis económica –generada por los mismos que ahora se las dan de salvadores– es la perfecta excusa de que se sirve Costa para ligar un discurso apocalíptico que anuncia, en unas décadas, el fin de la Vida en la Tierra. Pero no se preocupen: Costa tiene la solución a todos nuestros males: lo que hay que hacer es tomar buena nota del rancio recetario socialista: menos mercado y más Estado.

Lo que más sorprenderá a muchos de los que se embarquen en esta lectura es su contraste con… ¡la trayectoria del propio Costa! Incluso aquellos que conocen bien los daños que el peso excesivo del sector público inflige a las familias y empresas tardarán unas páginas en darse cuenta de que este Costa es el mismo que fue secretario de Estado de Hacienda en el primer Gobierno Aznar y ministro de Ciencia y Tecnología en 2003. ¿Habrá sufrido una profunda metamorfosis, o ya era así y no nos habíamos enterado?

Si ha cambiado, lo ha hecho tanto, que ha dejado de lado cualquier referencia al mercado como la mejor forma de asignar los recursos y comprado a la izquierda verde un discurso peligroso que por necesidad desemboca en actitudes liberticidas. Costa hace buena una de las citas fundamentales de la Escuela Austriaca de Economía: “Totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas pero inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo” (Hayek).

Entremos en materia. El estilo de Costa es muy cuidado; de hecho, la pulcritud es el principal punto fuerte del libro. Los capítulos están muy bien presentados, con multitud de ejemplos y explicaciones pertinentes: en muchas de ellas se nota que fue asesor jurídico de empresas hasta que, ya hace tanto, en 1993, dio el salto a la política. Es lo único que se salva del libro, junto con algunas ideas expuestas en el capítulo dedicado a la energía nuclear; pero no adelantemos acontecimientos.

La revolución imparable esconde, bajo su cuidada forma, un légamo de mitos ecologistas y aproximaciones reduccionistas a la realidad. Desde las primeras líneas, Costa deja muy clara su principal tesis, que, por otra parte, ya sabemos, nada tiene de original: el Hombre está destruyendo la Tierra y es necesario diseñar “un nuevo plan” (título del primer capítulo) para evitarlo. La “revolución” que anuncia es “imparable”, y tiene como objetivo evitar la “quiebra” del “ecosistema global”, la “explosión” de una “bomba social” y “convertir la lucha contra la pobreza y la defensa del planeta en el principal motor del progreso”. Como les digo, nada nuevo bajo el sol. Pero eso no lo hace más peligroso, sobre todo cuando se aboga, como se hace en estas páginas, por un sistema impositivo global dirigido por un Gobierno igualmente mundial que pueda hacer y deshacer a su antojo.

Este Gobierno global se encargaría de penalizar el uso “irresponsable” de los bienes y servicios, perseguir el estilo de vida “sucio” y fijar un sistema de precios que cambie “nuestro modelo de desarrollo”. Los impuestos son el factor transformador de la sociedad para llegar a la soñada por Costa; una sociedad que en algunos aspectos recuerda a la que postulan los movimientos New Age, que también reclaman una visión “más holística” del mundo.

No falta aquí la referencia a la hipótesis Gaia, formulada por James Lovelock con aportaciones del geólogo escocés James Hutton, que en 1785 manifestó que la Tierra era un organismo vivo. Lovelock clama hoy día por “suspender la democracia”, cosa que, vaya por Dios, Costa no dice. Es de agradecer que, por lo menos, ¿y por ahora?, niegue que el planeta tenga “su propia conciencia”.

Lo único que se salva de la quema, en lo que a ideas se refiere, es, como apuntaba antes, la defensa que se hace de la energía nuclear como principal fuente de energía para el futuro, por su coste relativamente bajo, su seguridad y su limpieza; y porque nos permitiría dejar de depender de tal manera del petróleo… y de los países que lo producen. ¿Defensa? Quizá no haya que ir tan lejos; y es que Costa es consciente del rechazo que esta posición genera en los adeptos de la religión ecologista, por eso habla de la nuclear como un “mal menor”.

Mención aparte merece el hecho de que todos los datos supuestamente científicos en que Costa fundamenta sus tesis proceden del mismo sitio: la ONU. Así que, claro, es normal que dé por sentado que existe un “consenso” en lo relacionado con el carácter antropogénico del cambio climático, antes conocido como calentamiento global. Pues bien: lejos de existir esa unanimidad, cada vez son más los científicos honrados que denuncian el carácter fraudulento de la letanía oficial y demandan investigaciones independientes, sobre todo después del escándalo del Climategate.

A pesar de todos estos puntos negros, o precisamente por ellos, este libro debería ser de obligada lectura para todos los que quieran seguir luchando por la libertad. Es fundamental conocer los argumentos que esgrimen los políticos y los grandes oligopolios para instaurar una sociedad de siervos. Para poder enfrentarse al enemigo es vital conocerlo bien y plantarle cara en la batalla de las ideas.

JUAN COSTA: LA REVOLUCIÓN IMPARABLE: UN PLANETA, UNA ECONOMÍA, UN GOBIERNO. Espasa (Madrid), 2010, 256 páginas.

El tratamiento de la vivienda vacía en los países más avanzados de la UE

Fuente.

por Javier Burón Cuadrado
En las siguientes líneas quisiera aportar algunos datos, así como mi opinión, sobre el diferente tratamiento que recibe la vivienda vacía en algunos Estados de la UE[1] y en España.
Si tuviera que señalar dos grandes diferencias estructurales, diría que, en muchos países de la UE, la vivienda vacía se considera una patología urbana, económica, social y medioambiental. Partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal que tiende a evitar que este fenómeno se produzca, a través de dos grandes tipos de medidas: 1) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta; y 2) la penalización de la permanencia voluntaria en desuso. Frente a esta situación, buena parte de la población española no considera que la vivienda vacía sea un problema, y entiende que la propiedad privada —«sacrosanta»— faculta a los titulares de vivienda para hacer con ella lo que les venga en gana; este es, prácticamente, el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios.
Estas diferencias en materia de vivienda vacía entre buena parte de la UE y España son más materiales o prácticas que formales o jurídicas, pues nuestro país se adscribe a la ortodoxia del Estado social y democrático de derecho. Así, nuestra Constitución establece que toda propiedad está orientada a su función social (que deberá ser concretada por las leyes); toda la riqueza nacional, con independencia de su clase, está orientada hacia el interés general; y el sector público está habilitado para intervenir en la economía. Proclamaciones de este tipo son habituales en las constituciones y leyes de otros Estados de la UE. En su caso, no obstante, han ido seguidas de prácticas administrativas de fomento de la movilización de la vivienda vacía y penalización de la resistencia a esta. En el caso de España, el mandato constitucional solo ha producido tímidos y muy polémicos despliegues en Euskadi y Cataluña a finales de la pasada década, y ahora en toda España con motivo de las okupaciones promovidas por el movimiento 15M.
Antes de repasar lo que se ha hecho, propuesto y no hecho en España en lo que se refiere a la vivienda vacía, creo que puede ser de interés repasar las medidas habituales concretas de la UE. Saber en qué marco nos movemos debe ayudar a encauzar nuestro propio debate. Sin ánimo de ser exhaustivos[2], apunto algunas medidas presentes en la UE desde hace décadas.
PAÍSES BAJOS 
· La ocupación de viviendas vacías desde hace más de un año ha sido tradicionalmente legal. La vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler). Dado que si no se alquila la vivienda hay riesgo de okupación y de no poder expulsar al okupa, lo habitual es que las viviendas no estén vacías, sino alquiladas. Cuando se produce una okupación, la propiedad suele llegar a un acuerdo arrendaticio con los propios okupas. Esta medida no está exenta de polémica: en los últimos años, los Gobiernos de centro‑derecha estatales han abogado por su derogación, y las asociaciones de alcaldes y municipios por su mantenimiento.
· Como en casi toda la UE, hay importantes subsidios públicos para que personas o familias hagan frente a sus gastos mensuales de alquiler (privado o público).
· Además, son numerosos los programas de ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas destinada a su posterior puesta en alquiler. 
DINAMARCA
· Desde mediados del siglo pasado hasta hoy, en los municipios de mayor tamaño se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas. 
· De hecho, la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía.
SUECIA 
· La existencia de viviendas vacías en su término municipal implica un aumento de gasto para los ayuntamientos, dado que cada vivienda privada vacía incrementa el precio oficial de los alquileres de vivienda protegida; como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales (los ayuntamientos pagan la diferencia entre el precio oficial y el social abonado por el inquilino), el aumento de viviendas privadas vacías implica un mayor gasto en alquiler público para los ayuntamientos.
· Para evitar lo anterior, los ayuntamientos ofertan viviendas en alquiler más baratas (propia pública o concertada privada); así, reducen el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios.
· Como medida extrema, demuelen las viviendas vacías cuando son edificios enteros. 
FRANCIA
· Medidas públicas para favorecer el alquiler de las viviendas vacantes: 1) subvenciones y desgravaciones fiscales para los propietarios privados de vivienda vacía que la rehabiliten y pongan posteriormente en alquiler; 2) alquiler obligatorio por parte de los HLM (Habitation à Loyer Modéré, gestores sin ánimo de lucro de vivienda social en alquiler concertados con las Administraciones Públicas) de las viviendas vacantes, con garantías para los propietarios privados de cobro de los alquileres (no íntegros).
· Canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200 000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones, la tasa es del 10 % del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12,5 % el segundo y 15 % el tercero y posteriores. El dinero recaudado se destina a un instituto público que rehabilita vivienda.
· Requisa gubernamental de viviendas que lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios —solo personas jurídicas— no hayan puesto medios para alquilarlas en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Estas viviendas las gestiona en alquiler un HLM. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado, de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc.
REINO UNIDO 
· La Empty Homes Agency (Agencia estatal de la vivienda vacía) trata de animar a los ayuntamientos a reducir el número de viviendas vacías, y media entre estos y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario existente frenando el número de viviendas vacías, procura que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neighbourhood).
· Incentivos fiscales para los propietarios privados por la compra y rehabilitación de las viviendas vacías.
· Presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social. 
· Penalizaciones impuestas por las autoridades locales a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas. En relación con lo anterior, las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías.
· Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas vacías. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o la venta de una vivienda que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. En la última lista a la que tuve acceso, la medida era susceptible de ser aplicada a unas 600 000 viviendas en Inglaterra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Great British Property Scandal .Programa en la televisión del Reino Unido que denuncia e inventaría las viviendas vacías
 
ALEMANIA 
· Los propietarios pueden verse obligados a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por la Administración (alquiler forzoso) e incluso la expropiación.
· En municipios con más del 10 % de viviendas vacías, la Administración procede a demoler las viviendas vacías que no se pueden alquilar, siempre que lo que esté vacío y no sea alquilable sea un edificio entero. 
Como se puede comprobar, están generalizadas las ayudas públicas para el pago del alquiler y las subvenciones a la rehabilitación de viviendas vacías que posteriormente se destinan al alquiler. De la misma manera, en la UE están a la orden del día las sanciones, las multas coercitivas, las administraciones sustitutivas públicas, las requisas, los alquileres y ventas forzosos, las expropiaciones, las legalizaciones de la okupación y las demoliciones. ¿En todos estos países las autoridades públicas atacan desde hace décadas a la propiedad desde postulados dictatoriales o populistas? ¿O acaso lo que ocurre en estos países —que, por cierto, representan los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias pioneras del planeta— es que a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general?
Por cierto —y no por casualidad—, en la mayor parte de estos países europeos es mucho más fácil para el hombre de a pie acceder a una vivienda de mercado, tanto en alquiler como en compra. Además, todos ellos tienen fuertes parques de alquiler (público en gran medida), un consumo de suelo mucho menor, una utilización de las técnicas de reutilización de los elementos urbanos mucho mayor y un complejo inmobiliario‑financiero mucho menos poderoso que el nuestro; por esto último, su empleo y su PIB dependen en menor medida del ladrillo que los de España, y su financiación e inversión se enfocan en mayor medida hacia otras actividades con mayor valor añadido y menores externalidades.
A pesar de todo lo anterior, los países económica y socialmente líderes en la UE no tienen completamente resueltos los problemas residenciales de su población. La constatación de las siderales diferencias entre España y los países de la UE en lo que respecta a vivienda vacía, alquiler y rehabilitación, no debe llevarnos a idealizar a estos países. Tampoco debemos obviar los vientos de privatización que soplan en el resto de la UE sobre las políticas urbanas, de vivienda y de cohesión social. Por último, la comprobación del éxito histórico de otros no debe hacernos caer en la tentación de la importación mimética y acrítica de técnicas foráneas que, a buen seguro, necesitan adaptarse a nuestro terreno. Sea como fuere, hay referentes históricos y buenas prácticas en la materia. No tenerlas en cuenta sería incomprensible.
Javier Burón Cuadrado  es miembro de Ekiten Thinking
Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo
—————————————
[1] Tomo como referencia algunos de los más desarrollados económicamente y cohesionados socialmente.
[2] Para mayor detalle, se pueden consultar los trabajos realizados sobre la materia por las profesoras Pilar Garrido, Leire Escajedo y Miren Gorrotxategui para el grupo de estudios de la UPV-EHU Ekiten Thinking (de libre acceso en la web de este grupo).

El Consell gastará 3,6 millones en gasolina en un año

25.10.12 – 01:13 –

AGENCIAS | VALENCIA.
La Generalitat valenciana sacó ayer a licitación por 3,6 millones de euros la contratación centralizada del suministro de combustible para los coches de su parque móvil, incluyendo el sector público empresarial y fundacional.
En este sentido, la Generalitat señaló en un comunicado que se trata de la segunda contratación centralizada que la Generalitat licita a través de la Central de Compras, órgano adscrito a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tras la de la compra de folios de papel, hace semanas.
El acuerdo incluye las condiciones de contratación del suministro de combustible tipo gasóleo de automoción clase A, gasolina 95 y 98 para vehículos categoría turismo, industriales y motocicletas, adscritos a la administración de la Generalitat y sus entidades autónomas, así como los entes del sector público empresarial y fundacional y demás entidades adheridas a la Central de Compras.
Asimismo, podrán adherirse a la contratación de combustible y a la Central de Compras de la Generalitat las instituciones que constituyen la Generalitat y que se encuentran determinadas en el Estatut; las universidades públicas; y las entidades locales y sus organismos autónomos y entes dependientes de ellas.
Las empresas licitadoras deberán asegurar una amplia implantación territorial que permita satisfacer las necesidades de combustible a todas las entidades adscritas a la Central de Compras de la Generalitat que se extienden a todo el territorio de la Comunitat.
Por otra parte, el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV) publicó ayer el convenio firmado con la nueva Corporación Pública Empresarial Valenciana por el que la Generalitat abonará 6.000 euros al año a la Abogacía General de la Generalitat para que le preste asistencia jurídica y asitencia en los posibles juicios.

Más del 75 por ciento de los ayuntamientos valencianos no ha presentado todavía las cuentas de 2011

Más del 75 por ciento de los ayuntamientos valencianos no ha presentado todavía las cuentas de 2011 La Sindicatura de Comptes recuerda que el plazo finaliza el 31 de octubre

Más del 75 por ciento de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana -en concreto 408 de los 542- municipios aún no han presentado sus cuentas de 2011 a la Sindicatura de Comptes (cuentas).

La institución ha recordado que el plazo de rendición finaliza el próximo 31 de octubre, por lo que el órgano de control ha instado a los municipios a que cumplan con su obligación legal y en estas próximas dos semanas remitan sus estados contables.

La intención de la Sindicatura de Comptes es lograr un cien por cien de transparencia en la gestión de los recursos públicos y, por ello, se ha marcado como objetivo acortar todos los plazos para que los ciudadanos puedan disponer a la mayor brevedad de los informes de fiscalización y de las cuentas de sus administraciones.

Así, el objetivo de la Sindicatura es “agilizar” el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales, que recoge la información económico-financiera del conjunto del sector público local de la Comunitat Valenciana.

Para lograr esta tramitación es “imprescindible que las entidades locales cumplan los plazos de rendición”, ha advertido. El ejercicio pasado, la Sindicatura ya consiguió finalizar el informe seis meses después de cerrado el plazo de rendición y este ejercicio su intención es acortar aún más los periodos.En este sentido, es cierto que la evolución está siendo favorable ya que, aunque aún falta más del 75% de municipios por rendir cuentas, las han representado 134 municipios, frente a los 91 que las habían rendido en la misma fecha de 2011.

Datos por provincias

Por provincias, la mejor tasa la presenta Castellón, ya que de los 408 municipios que faltan por rendir cuentas, 216 son de Valencia (el 81% del total de la provincia), 104 son de Alicante (73,8%) y 88, de Castellón (65,2%).

Por tamaño, el 78% de los municipios que han presentado cuentas tiene menos de 5.000 habitantes, de hecho sólo 29 de los 384 municipios mayores de esta población han cumplido con esta obligación de transparencia