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El origen de la falsa vinculación de la PAH con grupos ‘proetarras’

Stop desahucios Bizkaia apoyó una manifestación a favor del acercamiento de presos etarras

Un tertuliano acusó a Ada Colau de apoyar grupos terroristas en ‘El gran debate’

Los activistas de Bizkaia, que no pertenecen a la PAH, dicen que van a demandar al periodista

El 12 de enero, miles de personas se sumaron en Bilbao a una manifestación a favor del acercamiento al País Vasco de los presos etarras y de sus derechos humanos. Entre los convocantes, decenas de colectivos: Ahaztuak, AHTren Aurkako Asanblada, Aspakena, Bai Euskal Herriari, Behatokia, Colectivo Antimilitarista, Esait, Etxerat, Euskal Herriko Bildune Feminista, Ezker Abertzale Historikoa, Gazte Abertzaleak, Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak, Herria 2000 Eliza, Lau Haizeetara Gogoan, Lokarri, TAT, M15 Vizcaya. Y Stop Desahucios Bizkaia.

Esta manifestación es el origen de las descalificaciones, amenazas y ofensas que los activistas, y Ada Colau –su portavoz– en particular, han recibido en los últimos días, desde que el sábado durante El gran debate (Telecinco), Carlos Cuesta, Redactor jefe de El Mundo y Director de De Hoy a Mańana en 13 TV, mostrara una imagen de esta manifestación y les acusara de apoyar a grupos terroristas. Hoy, en una entrevista en RNE, Cristina Cifuentes (Delegada del Gobierno en Madrid) ha vinculado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con “grupos filoetarras” y ha comparado sus protestas con “acciones de lucha callejera hasta llegar a la kale borroka”. 

Stop desahucios Bizkaia, que no pertenece a La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se unió a esta manifestación porque suponía “otra vía en la resolución del problema en el País Vasco”, dice Marta Uriarte, su portavoz. “Se unió todo tipo de movimientos. Estamos estudiando demandar a Carlos Cuesta por difamarnos”, termina.

Por su parte, Ada Colau niega categóricamente haber mencionado nunca la situación en el País Vasco. “Están haciendo algo muy peligroso. Me han llegado ya varias amenazas de muerte”, dice. “Es increíble. Cuando todo dice que hay que cambiar la ley se inventan que somos de ETA. Es un insulto a la inteligencia si no fuera por la repercusión mediática que obtienen”.

Estas acusaciones se suman a las descalificaciones que los activistas vienen recibiendo por su campaña de escrache, que lleva su protesta a las viviendas de algunos políticos. Rosa Díez, líder de UPyD, ha escrito un texto en El Mundo hoy titulado No descalificando estas actuacione

Los tribunales españoles investigan 1.661 casos de corrupción política y financiera

FUENTE

El informe encargado por el presidente del Consejo detecta retrasos en estas investigaciones que, en parte, achacan a la lentitud en la emisión de informes por Hacienda y la Policía

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 25/04/2013 13:17 Actualizado: 25/04/2013 17:06

Los tribunales españoles investigan actualmente un total de 1.661 casos de corrupción política y financiera, de los cuales 302, por su especial complejidad y número de implicados, tienen la consideración de macroprocesos.

Es el resumen de los datos que ordenó recabar en enero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para detectar y poner remedio a los retrasos en la tramitación de estas causas que preocupan de modo especial a los ciudadanos.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó este jueves en rueda de prensa que parte de la culpa de las demoras en estos procesos es de organismos dependientes del Gobierno, en concreto de la Agencia Tributaria y de las unidades especializadas en delincuencia organizada de la Policía y la Guardia Civil (UDEF y UDYCO, respectivamente), por su lentitud en la emisión de informes que le piden los jueces para investigar la corrupción.

No obstante, Bravo aclaró que los retrasos en esos departamentos se deberán, como ocurre en los juzgados, a problemas de medios personales y materiales. De momento, el Consejo tiene previsto comunicar con los ministerios de Hacienda y de Interior para agilizar la emisión de los dictámenes de esas unidades, que en muchas ocasiones son la base de las investigaciones.

Las 1.661 causas de corrupción están siendo tramitadas en un total de 798 juzgados. El Consejo propone, como primera medida para agilizar estos procesos, nombrar 64 jueces de refuerzo para los juzgados afectados que tengan mayor sobrecarga, a añadir a los 16 adscritos y 11 sustitutos ya aprobados. Además, pedirá al Ministerio de Justicia o a la consejerías del ramo en las comunidades autónomas con la competencia transferida, un aumento de 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías.

El Consejo también reclama la creación en la Audiencia Nacional de una unidad permanente de peritos de apoyo especializados (Agencia Tributaria, Policía), similar a la que ya existe en la Fiscalía Anticorrupción.

Los 1.661 casos de corrupción que están judicializados en España se refieren a alguno o varios de los siguientes delitos: prevaricación por funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, apropiación indebida, fraudes, estafas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Además de estas causas, los juzgados investigan otros 512 asuntos considerados de especial complejidad o macroprocesos por delitos distintos a lo que se entiende por corrupción, como sería el caso de las muertes en el Madrid Arena.

Es decir, en total, son 2.173 causas de especial complejidad –por corrupción u otros delitos– de las cuales 91 se tramitan en los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Por territorios, Andalucía se lleva la palma en cuanto a número de este tipo de casos complejos con 656 (que se tramitan en los 100 juzgados penales abiertos en la comunidad autónoma); seguida de la Comunidad Valenciana (280 casos); Catalunya (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110).

Gabriela Bravo quiso subrayar que los datos del informe se refieren sólo a asunto en trámite –la mayoría en proceso de instrucción–, y no a casos donde haya recaido ya una sentencia condenatoria. Los casos representan el 0,03% del número total de asuntos que ingresan en la jurisdicción penal, aunque el dato no es significativo porque muchos de éstos no pasan el filtro de la admisión a trámite y conversión en una auténtica investigación por el Juzgado.

Estas son las conclusiones –aún provisionales– a las que ha llegado el Servicio de Inspección del CGPJ con los que recabó de toda España por orden de Moliner para dibujar un mapa de las causas judiciales por corrupción y otros procesos de especial complejidad.

Los datos no incluyen el número de políticos investigados en estos casos de corrupción, ni tampoco ha recabado información del Tribunal Supremo, que lleva la instrucción penal a aforados –diputados, senadores, y ministros–.

La amnistia fiscal permitio el blanqueo del dinero de la corrupción en España

Ya es un auténtico clamor entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados: el Gobierno debe publicar la lista completa de los que se acogieron a la amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ya se sabe que Bárcenas y otros implicados en el ‘caso Gürtel’ -supuesta financiación irregular en el PP- se acogieron a esa amnistía, pero ¿se acogió también el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, y la mujer de éste, la Infanta Cristina? ¿Cuáles son los otros nombres, supuestos defraudadores, que se acogieron a esa amnistía?

El último en sumarse a este clamor ha sido el PNV, cuyo portavoz en materia de Hacienda y Administraciones Públicas, Pedro Azpiazu, ha dicho este miércoles que es de “justicia social” que se publiquen los datos relevantes sobre aquellos que se hayan acogido a la amnistía fiscal, y ha asegurado que el Grupo Vasco apoyará “los cambios legislativos necesarios” para que los ciudadanos “sepamos a quiénes se ha beneficiado con la medida”.

El PNV va más lejos, y apuesta porque los inspectores de Hacienda tengan “todas las facilidades e instrumentos” para investigar y evitar que los delincuentes puedan beneficiarse de la amnistía fiscal. No obstante, los nacionalistas vascos no apoyan la “estrategia política” del PSOE de reprobar al ministro Montoro.

Lissavetzky exige la “dimisión” de Ana Botella por “no dar la cara” en la tragedia de Madrid Arena

“Aquí hay un gran responsable desde el punto de vista jurídico y penal, que es el promotor, pero ha habido negligencia por parte del Ayuntamiento”
ELPLURAL.COM | 01/12/2012

El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por su “desgobierno” al frente del consistorio y, en concreto, de la gestión del caso Madrid Arena

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento ha asegurado que Ana Botella no ha realizado “una gestión adecuada” de la tragedia ni tampoco ” ha dado respuesta a nada de lo que se le pregunta”. En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que Botella “no está dando la cara” ante los madrileños.

“Ha habido negligencia por parte del Ayuntamiento”
“Aquí hay un gran responsable desde el punto de vista jurídico y penal, que es el promotor (…), pero aquí ha habido negligencia por parte del Ayuntamiento”, ha esbozado el socialista. Lissavetzky también ha exigido responsabilidades a Ana Botella por su desaparición de la escena política en medio de la tragedia (en alusión a su viaje a Lisboa) y de “su negativa a comparecer” en la comisión de investigación.

Preguntado por la verdadera utilidad de la comisión, el también exsecretario de Estado para el Deporte ha asegurado que se han sacado varias conclusiones prácticas que “a lo mejor” por la vía judicial “no se hubiesen conseguido”, como es el de la demostración de la implicación de responsables políticos en la gestión de la tragedia. “Hay una clara negligencia por parte de los responsables políticos”, ha matizado Lissavetzky.

No se llamó al SAMUR, no hubo un plan específico para un evento así
El dirigente socialista ha mostrado varios resultados obtenidos en la Comisión de Investigación que los diferentes grupos municipales están llevando a cabo junto al Ayuntamiento de Madrid, como es el de la demostración de la falta de comunicación al SAMUR o la creación de “un plan de autoprotección específico que para un evento así era necesario”. Por ello, ha defendido la comisión asegurando que, pese a que existe “una mordaza” impuesta por el propio Ayuntamiento de Madrid, se están “sacando datos a la luz”.

En este sentido, Lissavetzky ha explicado que ha existido un “incumplimiento de la norma básica para grandes espectáculos” y una descoordinación dentro del consistorio, como por ejemplo la falta de personal sanitario y material destinado al mismo en la macro fiesta.

Menos policías en Madrid
El portavoz del Grupo socialista en el Ayuntamiento, ha denunciado la falta de efectivos policiales y la falta de seguridad ciudadana que vive Madrid por culpa de los “recortes” que está adoptando el Gobierno de Botella. “En dos años hay 526 policías menos”, ha asegurado Lissaveztky, que también ha achacado a esta falta de recursos y a la situación que viven los policías como uno de los factores que han permitido esta tragedia, culpando a las políticas de Ana Botella.

Condolencias a la familia de la quinta víctima del Madrid Arena
Lissavetzky ha mandado sus condolencias en nombre del Grupo socialista y de todos los madrileños a la familia de la quinta joven fallecida este jueves a causa de las severas heridas sufridas en la noche de la tragedia. “Acompañamos en el sentimiento terrible que tenga la familia y por supuesto que debe ser la última víctima”, ha comentado.

PRC asegura que el Gobierno de España tramita un nuevo permiso de fracking, que afecta a 16 municipios cántabros Municipios afectado por el nuevo permiso ‘Galileo’

Municipios afectado por el nuevo permiso 'Galileo'

Foto: PRC

Se pregunta por los motivos de que Diego no lo mencionara cuando anunció su decisión de prohibir esta práctica

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) –

   El PRC ha asegurado este viernes que el Gobierno de España (PP) tramita un nuevo permiso de fracking que afecta a dieciséis municipios de la comarca oriental de Cantabria y ha preguntado al presidente regional, Ignacio Diego, “qué hará para prohibirlo”.

   Así lo ha dado a conocer este viernes el vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, en un comunicado, en el que ha explicado que el Gobierno ha iniciado la tramitación de un nuevo permiso de investigación de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking, que afecta a estos dieciséis municipios de la comarca oriental de Cantabria y a algunos más en Castilla y León y el País Vasco.

Según ha informado, el Ministerio de Industria publicó el pasado 19 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, relativa a la solicitud de dicho proyecto, denominado ‘Galileo’ y presentado por la empresa Montero Energy Corporation, en la que abre un plazo de dos meses para la presentación de ofertas en competencia y formulación de oposición por quienes se consideren perjudicados.

De la Sierra ha considerado “muy llamativo” que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, “no dijera ni una sola palabra” sobre la tramitación iniciada por el Gobierno de España en su comparecencia del pasado viernes, apenas 15 días después de la publicación del anuncio del Boletín, en la que dio a conocer su decisión de prohibir la práctica del ‘fracking’ en Cantabria.

Por ello, el regionalista le ha exigido una “explicación inmediata” y le ha instado a que dé a conocer “qué hará para prohibir este proyecto”.

“No queremos pensar que la decisión del Ejecutivo cántabro no haya sido más que un acto de hipocresía y un intento de desactivar la movilización ciudadana contra el fracking, precisamente en vísperas de una manifestación multitudinaria”, ha declarado.

El portavoz regionalista ha destacado que el proyecto ‘Galileo’ es “el mayor de los planteados” hasta ahora en la región, con incidencia en los municipios de Hazas de Cesto, Solórzano, Bárcena de Cicero, Voto, Ruesga, Soba, Laredo, Liendo, Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Guriezo, Castro Urdiales y Valle de Villaverde.

Asimismo, ha señalado que los seis permisos de investigación ya aprobados en Cantabria han sido impuestos como consecuencia de la legislación nacional, por lo que ha asegurado que la prohibición anunciada por el presidente cántabro “sólo será efectiva si se modifica esa ley nacional”.

El regionalista ha señalado que, de lo contrario, “estaremos ante un nuevo engaño de Ignacio Diego“.

No obstante, y tras advertir la coincidencia de signo político entre ambos, De la Sierra ha confiado en que el Gobierno de Rajoy “satisfaga al menos esta vez” las peticiones de Diego y proceda a la modificación de la normativa estatal, “imprescindible –ha dicho– para prohibir el ‘fracking’ en Cantabria