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DESPRESTIGIO DE UNA POLICIA “NECESARIA”

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ESTOS SON LOS QUE MAQUINAN EN LA RETAGUARDIA.

La Policía y el ejercito que teóricamente están para defender los intereses del pueblo, se están convirtiendo en sus peores enemigos por obra y gracia de unos políticos ineptos y sanguinarios.

Es verdad que cualquier miembro de un cuerpo  militarizado  tiene que obedecer a sus superiores , pero mientras estos cuerpos existan Y TENGAN ESTOS MISERABLES RESPONSABLES POLÍTICOS,   sus componentes tendrían que tener mas compasión a la hora de ejecutar una orden y mas cuando se trata de ciudadanos pacíficos e  indefensos, en su noble misión de denuncia de los corruptos y en defensa del bien común.

Y si la orden no es tan efectiva por el hecho de no utilizar violencia gratuita , que los propios responsables políticos se pongan en primera línea,  afrontando las consecuencias de esta violencia y no se escondan como cobardes en la retaguardia.

Manel Prat , director de La Policía  de los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya y el Conseller Espadaler , así como los anteriores Consellers de Gobernació , han actuado y actúan de forma indigna con la sociedad pacífica que se manifiesta en Catalunya durante los diferentes eventos. Son incluso incapaces de reconocer agresiones  sanguinarias como la ultima que ha generado la muerte del empresario Juan Andrés Benítez.

Solo les deseo que no tengan que vivir algún día situaciones como las denunciadas en este vídeo  http://youtu.be/WTGXjXyfhXY, porque la violencia no la deseo, ni contra los que la practican gozando de ella.

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Los tribunales españoles investigan 1.661 casos de corrupción política y financiera

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El informe encargado por el presidente del Consejo detecta retrasos en estas investigaciones que, en parte, achacan a la lentitud en la emisión de informes por Hacienda y la Policía

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 25/04/2013 13:17 Actualizado: 25/04/2013 17:06

Los tribunales españoles investigan actualmente un total de 1.661 casos de corrupción política y financiera, de los cuales 302, por su especial complejidad y número de implicados, tienen la consideración de macroprocesos.

Es el resumen de los datos que ordenó recabar en enero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para detectar y poner remedio a los retrasos en la tramitación de estas causas que preocupan de modo especial a los ciudadanos.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó este jueves en rueda de prensa que parte de la culpa de las demoras en estos procesos es de organismos dependientes del Gobierno, en concreto de la Agencia Tributaria y de las unidades especializadas en delincuencia organizada de la Policía y la Guardia Civil (UDEF y UDYCO, respectivamente), por su lentitud en la emisión de informes que le piden los jueces para investigar la corrupción.

No obstante, Bravo aclaró que los retrasos en esos departamentos se deberán, como ocurre en los juzgados, a problemas de medios personales y materiales. De momento, el Consejo tiene previsto comunicar con los ministerios de Hacienda y de Interior para agilizar la emisión de los dictámenes de esas unidades, que en muchas ocasiones son la base de las investigaciones.

Las 1.661 causas de corrupción están siendo tramitadas en un total de 798 juzgados. El Consejo propone, como primera medida para agilizar estos procesos, nombrar 64 jueces de refuerzo para los juzgados afectados que tengan mayor sobrecarga, a añadir a los 16 adscritos y 11 sustitutos ya aprobados. Además, pedirá al Ministerio de Justicia o a la consejerías del ramo en las comunidades autónomas con la competencia transferida, un aumento de 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías.

El Consejo también reclama la creación en la Audiencia Nacional de una unidad permanente de peritos de apoyo especializados (Agencia Tributaria, Policía), similar a la que ya existe en la Fiscalía Anticorrupción.

Los 1.661 casos de corrupción que están judicializados en España se refieren a alguno o varios de los siguientes delitos: prevaricación por funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, apropiación indebida, fraudes, estafas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Además de estas causas, los juzgados investigan otros 512 asuntos considerados de especial complejidad o macroprocesos por delitos distintos a lo que se entiende por corrupción, como sería el caso de las muertes en el Madrid Arena.

Es decir, en total, son 2.173 causas de especial complejidad –por corrupción u otros delitos– de las cuales 91 se tramitan en los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Por territorios, Andalucía se lleva la palma en cuanto a número de este tipo de casos complejos con 656 (que se tramitan en los 100 juzgados penales abiertos en la comunidad autónoma); seguida de la Comunidad Valenciana (280 casos); Catalunya (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110).

Gabriela Bravo quiso subrayar que los datos del informe se refieren sólo a asunto en trámite –la mayoría en proceso de instrucción–, y no a casos donde haya recaido ya una sentencia condenatoria. Los casos representan el 0,03% del número total de asuntos que ingresan en la jurisdicción penal, aunque el dato no es significativo porque muchos de éstos no pasan el filtro de la admisión a trámite y conversión en una auténtica investigación por el Juzgado.

Estas son las conclusiones –aún provisionales– a las que ha llegado el Servicio de Inspección del CGPJ con los que recabó de toda España por orden de Moliner para dibujar un mapa de las causas judiciales por corrupción y otros procesos de especial complejidad.

Los datos no incluyen el número de políticos investigados en estos casos de corrupción, ni tampoco ha recabado información del Tribunal Supremo, que lleva la instrucción penal a aforados –diputados, senadores, y ministros–.

La privatización del mal

9 diciembre 2012

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

La privatización de la justicia pone en escena la inexistencia del contrato social. No bastaba con los despachos de abogados para millonarios. Con la aparición de las tasas, desaparecen los últimos restos de pudor. Justicia para ricos, sanidad para ricos, educación para ricos, no hay espacios públicos capaces de equilibrar la muralla del dinero en la convivencia. El dinero, que es siempre una frontera más o menos flexible, se convierte ahora en un muro. El nuevo muro de Berlín.

La privatización de la justicia es inseparable de la privatización del mal. El mal en el cuerpo y el mal en el carácter. La exaltación del cuerpo, la invitación a un presente perpetuo, las cremas de belleza, las obras en los labios y en la nariz, nos han dejado sin historia. No importa oler o saborear mejor. El reto es ser vistos como un presente perpetuo, como gente sin historia. Eso afecta al cuerpo y al pensamiento social.

En una sociedad sin historia, las enfermedades pasan a ser un asunto privado. Que cada cual se pague su factura médica, ya que la mercantilización de los cuerpos convierte la estética y la salud en un negocio. La ciencia y la sabiduría forman parte también de ese negocio. Planes de estudio al servicio de los mercados. Médicos al servicio de los mercados. Ya no es pertinente un compromiso público con los cuerpos. Que cada uno se pague su tensión, su quimioterapia, su culpa. ¿No habrá una culpa bajo cada enfermedad?

Porque el mal es privado, consecuencia de un fracaso personal o de una disposición innata. El robo, el crimen, la violencia, el maltrato, la maldad, son pecados originales, nacen en el cuerpo y en el alma de cada uno. No existen pecados públicos. Las leyes no tienen ninguna responsabilidad. Los poderes económicos son inocentes. Las decisiones políticas no afectan a la pobreza, a la angustia, a la desesperación de los ciudadanos. Hay que vivir dentro de un orden, y el orden no tiene tampoco historia, es una fatalidad, el único organismo que no debe ser considerado responsable de sus enfermedades.

La privatización del mal no medita sobre la injusticia, se contenta con crear criminales. La fotografía del criminal es el principio y el fin de su catecismo. Los antecedentes policiales son antecedentes médicos, el protocolo vital de gente nacida para el delito. No conviene contemplar la reinserción, porque el que nació de mala arcilla no tiene arreglo. No conviene meditar sobre las situaciones sociales, porque la pobreza es una responsabilidad personal que invita a dos actitudes: mano dura contra los malos pobres y caridad cristiana para los pobres buenos.

La mejor alternativa es la creación de un estado policial. Tasas altas para evitar la molestia burocrática de las quejas y fuerzas antidisturbios entrenadas en la violencia. La extrema derecha puede jugar un papel en el sistema si la sacamos de los campos del fútbol y de las celebraciones nostálgicas y le buscamos un hueco en la policía. Botes de humo, balas de goma, escudos y porras contra el cuerpo de los manifestantes. ¿De quién es el cuerpo de un manifestante? Las llagas son privadas, su orden es público. Los derechos no son un debate político, sino un problema de orden público. Ordeno y mando.

El suicidio como alternativa vital privatiza la muerte. Los mártires entregan su muerte a un paraíso, a una revolución, a un sueño. Por mucho que nos conmocione su drama, el suicida hipotecario entrega su muerte a una casa vacía. Canceladas las ilusiones públicas, la soga del ahorcado privatiza su dolor, su mal, y paga el último plazo de su deuda con la vida. Quien se pasó la vida buscando un domicilio privado digno para participar en la vida pública, se encuentra ahora con una vida pública indigna o cancelada que convierte en basura su domicilio privado.

La negación de la historia no nos regala el presente, sino la soledad. Esto es la soledad, el desamparo, la convivencia nocturna con un cáncer, la mano que coloca una orden de desahucio en el bolsillo de un ahorcado.

Artículo publicado en Público.es

Italia persigue el fraude y España no amnistia

La Policía italiana se ha incautado este sábado de unos 4.000 millones de euros en valores y certificados de oro procedentes de Estados Unidos en el marco de una operación contra una trama de fraude financiero internacional.

Los agentes de la Policía financiera se incautaron de los títulos, que estaban en propiedad de un hombre de 70 años, en la operación “Million Dollar” que se desarrolló en las provincias de Roma y Viterbo, según informa el diario italiano ‘La Reppublica’.

En total, se trata de 1.100 millones de euros en valores y de unos 2.900 millones de euros en certificados de oro de la Reserva Federal de Estados Unidos con fechas de la década de 1930, empleados como garantía de préstamos o para desarrollar oscuras transacciones transfronterizas.

El detenido tiene antecedentes penales por robo, extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero.

En estos momentos, la Embajada de EEUU en Italia y la propia Reserva Federal están “comprobando la autenticidad, la naturaleza y el origen exacto de estos valores, así como su destino final y las posibles conexiones del detenido con organizaciones criminales“, según el comunicado policial.

Reforma de Código Penal: para acallar las protestas sociales

Reforma del Código Penal: acallar las protestas sociales por la vía de la represión.

Ecologistas en Acción es una organización ecopacifista que siempre usa medios noviolentos en su forma de actuar. Por eso se muestra especialmente preocupada por la nueva vuelta de tuerca que quiere aplicar el Ministerio de Interior ante la disidencia pública con la reforma del Código Penal que se acaba de anunciar. Así, considerar delito acciones como la resistencia pasiva no es sino una aberración, que además generará violencia y crispación como demuestran muchos ejemplos recientes en los que la actuación de la policía ha sido claramente desmesurada y represiva (p. ej. las protestas estudiantiles de febrero en Valencia).

Es claro y notorio que en el Estado español tenemos una conflictividad social muy baja en relación a la durísima situación social que se vive (más de cinco millones de parados, creciendo día a día, desahucios continuos, graves problemas de exclusión social, centros de internamiento de inmigrantes, drásticos recortes sociales, amnistías a los grandes defraudadores, recursos públicos invertidos en rescatar a los bancos y no a las personas, etc.).

En este sentido, Ecologistas en Acción se pregunta, ¿dónde está “la espiral de violencia” de la que habla el Ministro? De hecho, si por algo hubiera que caracterizar a nuestro Estado sería justo por lo contrario. Ahí está, por ejemplo, toda la gran muestra de civismo y de afán de verdadera participación pública que está suponiendo el movimiento del 15M, y que sólo ha devenido en situaciones violentas de forma puntual y siempre a partir de actuaciones policiales funestas.

En una situación como la actual, no facilitar cauces a la expresión pública de la disidencia es un caso error. Y, peor aún, la experiencia muestra cómo la represión indiscriminada e injusta de estas expresiones de descontento sólo genera violencia y más crispación. Véase lo ocurrido en la protestas estudiantiles de Valencia a favor de la escuela pública, en febrero pasado, donde todo el mundo pudo ver las situaciones –grabadas– que solo la policía y sus responsables políticos niegan.

Además de aberraciones como la de considerar la resistencia pasiva (un método usado por Gandhi y muchos otros pacifistas) como un atentado contra la autoridad, también se quiere considerar delito de desórdenes públicos el penetrar en establecimientos públicos. Esto es algo que, por ejemplo, Ecologistas en Acción hace de forma habitual en sus protestas noviolentas, como una forma de llamar la atención sobre situaciones que considera injustas. ¿Se va a encarcelar a los activistas que desplieguen una pancarta en la puerta de un Ministerio?.

Los datos muestran a las claras que somos el Estado de Europa occidental con mayor proporción de personas encarceladas y, paradójicamente, uno de los menos criminalidad tiene. Con la reforma que quiere llevar a cabo el Ministerio de Interior es claro que lo que se pretende es que no haya disidencia en nuestras calles, por la vía de la represión. Y, de paso, incrementaremos nuestro hecho diferencial de ser el país con más personas presas.

El Gobierno prohibe cualquier tipo de protesta ciudadana

El gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que con las medidas de carácter económico y laboral que está adoptando la tensión social está garantizada. Se prevén manifestaciones, no, quizá, como en Grecia, pero sí con cierta tensión y se trata de impedir que éstas vayan a mayores.
La posición gubernamental al respecto es de que, para impedir que la calle se ‘desate’, no se trata de endurecer leyes, sino de ordenar a la policía que cumpla con las disposiciones existentes. Es decir, dejarles actuar en vez de impedirles la actuación como hicieron las dos anteriores delegadas del Gobierno, las socialistas Amparo Valcarce y Dolores Carrión.No hay orden por escrito; simplemente autorización verbal a que las Unidades de Intervención Policial1.800 antidisturbios en toda España, 620 sólo en Madrid– apliquen a partir de ahora con todo rigor la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -la famosa ley de ‘patada en la puerta’ o ‘ley Corcuera’-, y el Código Penal.
Son medidas para disuadir a los ‘indignados’, avisándoles de que se acabaron los tiempos de vino y rosas que en cierta forma se disfrutaron con el PSOE.El primer ejemplo de la nueva ‘doctrina‘ se tuvo a mediados de enero, cuando la Policía cargó en el Metro de Madrid contra las personas que protestaban contra la subida del precio transporte, carga que se saldó con cuatro detenidos.
Ya entonces, la actual delegada del Gobierno, la popular Cristina Cifuentes, dejó clara la nueva política de Interior: “Utilizar la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre con el amparo de las disposiciones judiciales”, un eufemismo con el que Cifuentes pide a los policías que actúen en las manifestaciones teniendo en cuenta la ‘ley de la patada en la puerta’ y el Código Penal.El segundo ejemplo de las nuevas directrices -no escritas, por cierto, sino verbales- se desarrolló el pasado fin de semana, en una manifestación que pretendía llegar al Congreso de los Diputados.
La policía actuó en función del Código Penal y detuvo a casi una decena de personas como presuntos autores de delitos que deberán ser resueltos por los tribunales. Y al amparo de la Ley 1/92 (de seguridad ciudadana) procedió a la identificación de casi una sesentena de manifestantes para que la Delegación del Gobierno les aplique la correspondiente acta de sanción.A estos últimos se les aplica, entre otros, el artículo 26 punto i de la Ley 1/92:Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”.Los ‘identificados’ por esa alteración, considerada como falta leve, se enfrentan a una multa de 300,52 euros.
Las sanciones establecidas en esa ley son de multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves; de 300,52 euros a 30.050,61 euros para infracciones graves yde hasta 300,51 euros para infracciones leves, y compete a Delegados y Subdelegados del Gobierno imponer las sanciones pecuniarias.
La idea que bascula en Interior es que hay que impedir que el movimiento de los indignados pueda resucitar como un movimiento que arrastre masas -como ya hizo- y disuada a los posibles manifestantes-indignados a realizar ningún tipo de acción más allá del simple ‘paseo de pancarta’ bajo amenaza de afectar seriamente a su bolsillo.

En todo caso, la orden no ha sido dado de forma escrita por la Delegación del Gobierno, sino de forma oral, y los policías piden instrucciones por escrito. “Ahora nos dejan intervenir, pero nos falta el respaldo escrito”, asegura a Diariocrítico Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).

http://www.diariocritico.com/nacional/indignados/manifestaciones/ministerio-del-interior/movimiento-15-m/unidad-intervencion-policial/407474

Justicia desigual

Fuente: Urania

En este país de chirigota (real) corrupta (llámese Españolandia o Corruptolandia) parece que algunos siguen empeñados en seguir jodiéndonos de todos los colores o paletas cromáticas posibles. La verdad es que uno ya hace tiempo que prescindió de ese no-do asqueroso y vergonzante de la TV, instrumento de manipulación al servicio de unos y de otros (en particular, desde que llegaron los canales digitales, saturados de programación-basura y debates canallescos en favor del bipartidismo de partido único neoliberal). Así pues, la actualidad política la visualizo por Internet y claro, también acabo más cabreado que una mona. Pero, al menos, aquí encuentras medios alternativos donde explayarte a gusto contra el buenrollismo, la política de bajos fondos, el aire viciado y el repelente discurso con sabor a  imperante corrupción institucional del oficialismo y sus secuaces.

Muchos creíamos (irónicamente, claro) que ese corrupto con “clase” real, yerno del Rey, de apellido Urdangarín,  estaba al mismo nivel de responsabilidad ante la ley que el resto de los españoles. Sobre todo después del preparadísimo discurso que le leyeron al heredero de Franco hablando sobre una hipotética “igualdad de todos ante la ley (en alusión a su yerno, por supuesto),  el 24 de diciembre pasado; habitual disertación gangosa de todos los años que fue jaleada por los mass-media y demás cortesanos yonkis del Reino. Tanto es así que nuestro reyezuelo se llevó en el Congreso de vividores (derechureros, que diría el gran José Bergamín) un eterno y degradante aplauso, digno de la pleitesía más ridícula, obsequiado por los sinvergüenzas políticos que dicen representarnos.

El caso es que para echarle un capote (al yerno), y contradecir a su majestad, ha salido en su defensa una barbie postiza del CGPJ, ese bodrio fascista y antidemocrático del que salen nombrados a dedo los jueces del Gobierno (y la ¿oposición?), con una perla del siguiente tenor: no todos los imputados son iguales”.  Una frasecita, de una tal Gabriela Bravo, que no sorprende por previsible, teniendo en cuenta que los mamporreros judiciales de los políticos, banqueros y demás élites económicas son maestros en el arte de prevaricar (o dictar una sentencia a sabiendas de que es injusta). Si lo sabrán en el caso de los Albertos, el mafioso Botín (delito continuado contra la Hacienda Pública y no hay huevos a empurarle) y adivino que también ocurrirá con este ladrón real, ex jugador de balonmano, donde si nadie lo remedia se va a montar un circo judicial de lo más guiñolesco. Y es que los antecedentes son pésimos: el juez no llamó al yernísimo a declarar de inmediato, otorgándole un privilegio que no se ha concedido a otros acusados en similares circunstancias, sobre los que cayó, incluso, prisión provisional dada la gravedad de lo que se les había imputado. A su parienta, socia al cincuenta por cien en sus presuntos delitos, la Infanta Cristina (a la que habrá que llamar a partir de ahora “la tonta del bote”) se le ha exonerado de hacerla cómplice de su marido y nadie sabe, ni siquiera metafísicamente, el por qué. Aunque los más malpensados dicen, con toda lógica y rigor, que la mano negra de la Casa Real, políticos, la alta judicatura e incluso el CNI (lo que llaman “inteligencia”) han movido y están moviendo los resortes de la impunidad. Claro que, hablando de antecedentes, un ejemplo a seguir para el Urdanga estaría perfectamente reflejado en su suegro, el Bribón real: negocios sucios y amistades “peligrosas” con delincuentes como De la Rosa, Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde o sus amigos sátrapas del Golfo; el robo efectuado por la Casa Real de la colección pictórica del duque de Hernani…o un jugoso patrimonio de 2.000 millones de euros venidos de la “nada”, si tenemos en cuenta que el Juancar aterrizó pelao en el trono…Y ahora, hasta cantan desde Alemania sus “simpatías” por el 23-F (manda huevos, cuanto eufemismo de mierda para decir que fue un golpista más, en fin).

Entiendo que un juececillo de un juzgado cualquiera, que sólo ha visto en su vida la corrupción, de verdad, en los periódicos, tiene que estar acojonado con lo que se le ha venido encima. Pero coño, con los débiles nunca están acoquinados esta gente, tan endiosada y entronizada por unas atribuciones casi místicas que les ha otorgado el Estado. La prueba de ello, aunque a otro nivel, es que hace poco, desde el gobierno (socialista), andaban sopesando, analizando, escrutando milimétricamente, con métodos observacionales microscópicos, si a un recluso (Miguel Montes), que llevaba treinta y cinco años en la cárcel sin delitos de sangre y probado buen comportamiento (como les gusta a los poderosos) le concedían el indulto. A Alfredo Sáenz, un refinado chorizo con pedigrí, del Banco Santander, le indultaron con velocidad superlumínica (los socialistas) a cambio de más que evidentes favores y clientelismos  del BS hacia el partido gobernante. Que potra tienen algunos….Camps y la ultracorrupta Comunidad Valenciana, incluidos.

Y respecto de lo que se avecina, pues no va a dejar de ser un calco de lo que ya había pergeñado el PSOE durante su mandato. Inquina, dureza y garrotazo va, garrotazo viene contra los derechos de los trabajadores y clases medias en general para, aunque resulte una vieja canción, defender los intereses de los que verdaderamente mandan: la oligarquía empresarial y financiera (eufóricos con las nuevas medidas laborales de sus allegados políticos derechistas). Para compensar, legislan, aparentemente, con mayor severidad para las entidades de Ahorro y para los  depredadores financieros con conductas malversadoras. Eso sí, una vez cobradas  las indemnizaciones millonarias, sufragadas con dinero público, en la cuenta de los políticos-directivos de esas entidades corruptas. Todo con mucha trampa, cartón y burla hacia el currito de a pie, hace falta decir. Simplemente, apesta. Como esos sindicatos, que esperarán tiempos peores para hacer una “peineta” al gobierno, mientras no les dejen la cuenta a cero de la subvención-jeta del Estado o vayamos directos a la semiesclavitud, que por ahí vamos a andar.

Se me ocurre en estos momentos lo mismo que a la policía griega: que se proceda a la detención de la troika comunitaria (los que dictan el saqueo económico de Europa, junto a los gángsters del FMI) por extorsionadores y bandidos. Una idea brillante por utópica, la verdad, porque uno era levemente reticente, todavía, a las guillotinas o a efectuar asaltos a los palacios de invierno del capitalismo por la vía rápida (ya me entienden), a la espera de que algunos  superpacifistas indignados del 15-M,  de los que hablé -tonto e iluso que es uno- en positivo hace unas entradas, vayan más allá de cantos al amor fraterno, neohippismo redentor y proclamas perdidas en el vacío. Pero no va a ser ni lo uno, ni lo otro, de eso estoy seguro. Aquí, la policía seguirá repartiendo hostias a discreción en nombre del capital y siempre contra los trabajadores, el 15-M se convertirá, si no lo es ya, en una revolución de diseño….mientras las revueltas quedarán para Siria (eso sí, generosamente costeadas por otros potables delincuentes y amigos “nuestros”, como son las “democráticas” monarquías feudales del Golfo y la OTAN).