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Primera protesta contra la nueva ley de seguridad ciudadana ante la sede del PP

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La indignación ante el polémico anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que este viernes ha pasado ya su primer trámite en el Consejo de Ministros, ya ha llegado a las calles. Y lo ha hecho, claro están, en forma de protesta. Convocados por las redes sociales, alrededor de dos centenares de personas se reunieron en la tarde de este viernes en las inmediaciones de la sede nacional del PP, situada en la madrileña calle Génova. No obstante, un fuerte dispositivo policial evitó que los manifestantes se acercaran al cuartel general de los conservadores, que permaneció rodeado por más de una veintena de vehículos policiales.

A continuación comenzaron a marchar hacia los Juzgados de Plaza de Castilla, donde otro grupo de manifestantes se concentró para mostrar su apoyo a los 19 jóvenes detenidos en los últimos días acusados de haber participado en la protesta del 20-N en la Universidad Complutense. “¡Violencia es no llegar a fin de mes!”, “¡Que viva la lucha de la clase obrera!” o “¡La voz del pueblo no es ilegal!”, han sido algunos de los lemas más coreados. En la movilizaciónse se vieron pancartas en las que se leía “¿Multas por protestar, democracia dónde estás?” o “Las leyes represoras no nos callarán” y “Censura es tiranía”, entre otros.

El polémico anteproyecto prevé multas por paralizar un desahucio, hacer proclamas contra España o las comunidades autónomas o la destruir símbolos, entre otros asuntos.

Están intentado amedrentar a la población y esta ley significa la vuelta a tiempos bastante ominosos. Nos remite a países como Bielorrusia. Entre Lukashenko y el señor Rajoy, que aparentemente ni pincha ni corta, hay poca diferencia. La futura ley busca restringir las libertades porque ya no se puede tapar el escándalo que supone que la parte más poderosa de la sociedad arramble con los derechos, dineros y futuro de la gente más débil”, declaró a este periódico uno de los cientos de manifestantes, Pedro González.

La marcha desembocó en uno de los juzgados de la calle Bravo Murillo con la salida de los detenidos. “No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley para amordazar y que la gente no pueda ejercer su libertad de crítica y de manifestación.Ahora, además de esos recortes sociales y económicos, se hace un recorte tremendo en las libertades, que ya de por sí no eran amplias y sí precarias impropias de un sistema democrático”, aseguró Luis Ocampo, de la coordinadora 25-S.

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Nadie quiere investigar el ‘caso Interligare’: la juez se inhibe tras ocho meses de secreto sumarial

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Ocho meses de pesquisas judiciales y pocos progresos. La investigación del ‘caso Interligare’, sobre la supuesta existencia de un red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, avanza a cámara lenta entre prórrogas del secreto de sumario e intentos de la juez encargada de su instrucción de pasar la ‘patata caliente’ a otro magistrado. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aranjuez, Cristina García Gutiérrez, ha dictado un auto en el que anuncia su intención de inhibirse de nuevo en un juzgado de Madrid. Para ello, y después de que el pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid rechazase su primer intento en este sentido, la magistrada concluye en su escrito que parte de los delitos que se investigan, en concreto los cometidos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el de falsedad documental y el de estafa, no se cometieron, y que los que todavía se están analizando, cohecho y tráfico de influencias, son competencia de los juzgados de Madrid. Paralelamente a ello, la jueza anuncia que mantiene el secreto de sumario…. y ya van nueve meses con esta medida extraordinaria

El caso, sin embargo, es mucho más antiguo. Se inició en noviembre de 2011, hace 19 meses, después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaran un informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del Sur de Madrid donde tiene su sede la consultora Inteligencia y Seguridad-Interligare, en el que acusaba a Gabriel Fuentes, excomisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, exdirector de Infraestructuras de Interior, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con la Administración y, más en concreto, con Interior, al que llegaron a facturar 2,4 millones de euros. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio. Con aquel informe, los agentes de la UDEF solicitaron también a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados.

Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, quiso apartarse del caso. Así, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncia, se inhibió a favor de los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre y la magistrada recurrió la decisión de sus compañeros de la capital a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado septiembre falló que era la titular del juzgado de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación ya que la empresa sospechosa tenía su sede en la localidad donde ella está destinada. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, la juez García González decretó el secreto de sumario. Una medida que ha mantenido hasta ahora con una sucesión de prórrogas de la medida. En su último auto, de fecha 9 de abril y al que ha tenido acceso este diario, la magistrada anuncia que mantiene el secreto de sumario para la parte de la investigación que considera aún activa, es decir, aquella que debe investigar si hubo cohecho y tráfico de influencias en la relación de la empresa y el equipo de Interior en la época de Rubalcaba. En este sentido, el escrito recalca que será el compañero de los juzgados de Plaza de Castilla en el que recaiga el caso si finalmente se acepta su inhibición quien deba decidir si se alza el mismo o se alarga.

Segundo intento de inhibirse

El principal argumento de la jueza para intentar ‘deshacerse’ de nuevo del caso es precisamente la parte del sumario sobre el que ha decretado ya el “sobresimiento provisional”, es decir, el fin de las gestiones al considerar que no se cometieron los delitos que en él se investigaban. Según el documento judicial de tres folios, único sobre el que ha levantado el secreto de sumario, la magistrada asegura que ha “comprobado que no existen tales [delitos]”, en referencia a la presunta comisión de los infracciones contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. Para ello, destaca que los informes que en su día solicitó a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, los organismos suspuestamente afectados por la actuación presuntamente irregular de la empresa, concluyen que Interligare no “tergiversó” las declaraciones presentadas para ocultar sus deudas y así contratar con la Administración. También considera que los indicios en este sentido “que habían apuntado los testigos, antiguos empleados” de la compañía, tampoco se han visto ratificados en estos últimos ocho meses de investigaciones bajo secreto.

En su postura, según recoge el documento, la jueza cuenta ahora con el respaldo del fiscal del caso, quien recientemente se ha pronunciado en un escrito a favor de la inhibición al considerar también que los delitos que justifican la instrucción del caso por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aranjuez “no existen” y que, por tando, “procede la inhibición a los Juzgados de Madrid capital para continuar la instrucción de los restantes delitos investigados”. No es de la misma opinión la acusación popular, representada por el sindicato Manos Limpias, que en su escrito de personación ya pidió la imputación de 24 personas, entre ellas los exministros Rubalcaba y Camacho, el exjuez Baltasar Garzón, así como todas aquellas personas que ocuparon algún cargo directivo de la empresa. Su petición no prosperó.

Patata caliente también para el PP

Aunque los supuestos delitos investigados se cometieron cuando estaba el PSOE en el Gobierno, el ‘caso Interligare‘ se ha convertido en una ‘patata caliente‘ también para el actual ejecutivo del PP. De hecho, ya ha costado el puesto a varios mandos policiales del equipo de Jorge Fernández Díaz. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el pasado mes de enero secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Además, desde la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la Unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción dentro de la institución, iniciar pesquisas sobre los tres agentes que firmaban el polémico documento policial.

Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del informe, por amenazas y coacciónes ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien presuntamente había filtrado el documento policial al diario El Mundo, que fue el medio de comunicación que destapó la investigación el pasado verano. Este lunes, este mismo periódico informaba que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que habían recurrido Barrado y sus dos subordinados afectados por la medida disciplinaria, ordenaba a la Dirección General de la Policía que repusiera a los agentes al frente de las pesquisas, ya que nada justificaba que se les retirase del caso y porque desde que fueron apartados “no se ha producido ningún avance en la investigación”.

El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser respuesto en su destino, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al entonces Gobierno socialista para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.

 

Activistas ocupan la sede de Bankia

En el día de los Derechos Humanos, varios grupos de activistas reivindican el derecho a una vivienda digna. Uno de ellos ocupa la sede de Bankia en Las Torres Kio de Plaza de Castilla

España | Amelia Alvarado-Tercera Información | 11-12-2012 | facebook yahoo twitter
Hace más de 50 días decenas de afectados por las hipotecas acampan frente a la sede de Bankia en La Plaza Celenque. El inmovilismo de la entidad les ha forzado a realizar muchas acciones de protesta; encierros en sucursales, manifestaciones, paralización de desahucios, etc.

Ante la falta de respuesta por parte de la entidad, los afectados, apoyados por la oficina de vivienda de Madrid y la PAH, decidieron en la mañana de ayer encerrarse en la sede de Bankia de Plaza de Castilla, con el objetivo de negociar sus reivindicaciones: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y alquiler social.

Desde el primer momento Bankia se ha mostrado reacia a cualquier tipo de negociación con los afectados, convirtiendo la acción en un problema de orden público. Los responsables de la entidad han llamado a la fuerzas de seguridad para desalojar el recinto, no les han dejado ir a los servicios, ni siquiera poner una reclamación, siendo clientes de Bankia… De hecho un trabajador de la seguridad de la empresa Prosegur ha contestado: “Vuélvete a protestar a tu país

La respuesta general de las fuerzas de seguridad ha sido : “Iros de aquí o ateneos a las consecuencias, esto es allanamiento de morada y desobediencia”.

Los afectados han insistido en realizar una reclamación y, ante la negativa y amenaza de desalojo, se han sentado en el hall para realizar resistencia pacífica y expresar sus reivindicaciónes.

Los UIP´s han decidido desalojar a los activistas por la fuerza disolviendo el círculo de resistencia y sacando a las personas al exterior del recinto. Todos los afectados han pedido insistentemente que los escucharan y entendieran su situación, sin respuesta por parte de los responsables.

Ayer se celebraba el día de los derechos humanos, que según la PAH y la Asamblea de Vivienda de Madrid son sistemáticamente vulnerados bajo el sistema capitalista, especialmente en el estado Español. Uno de los ejemplos más claros, apuntan estas organizaciones, es el derecho a la vivienda, que incumple habitualmente más de 20 de los 25 artículos contemplados en este tratado.

Asimismo, continúan los activistas, los poderes públicos, que deberían garantizar el derecho universal a una vivienda digna, no solo incumplen su labor, sino que dificultan el acceso a la misma, especialmente para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En ese sentido, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), organismo responsable de facilitar el acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social, ejerce las mismas prácticas. De hecho, la acción de ayer, celebrada en su sede, ha impedido un desahucio por su parte en el barrio de Lavapiés.

La asamblea de vivienda de Madrid y la PAH están convencidos de la necesidad de luchar por una vivienda digna a través de acciones de calle y compromiso social.

Más información:

[Fotos: [@danips]

50 h detenidos por gravar la salvaje represión policial en el 25-S

Hace un rato me han llamado desde Cordópolis: ‘David, que te has olvidado del post’. No, no me he olvidado. Pero no encontraba el momento para escribirlo. A las 00:40 horas de la noche de hoy viernes, me veo por fin capaz. Hace apenas 15 minutos he llegado a casa, después de pasar seis horas apostado frente a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Ahí permanecían, desde las cinco de la tarde, dos grandes amigos que el 25-S fueron detenidos a medianoche por estar filmando en directo la salvaje represión que vivió el centro de la capital. Ahora sí que puedo decir que se han acabado las 50 horas más duras de mi vida. También, las más esperanzadoras.

Todo comenzó el pasado martes, 25 de septiembre. A las seis de la tarde decidí sumarme a la movilización convocada para ese día con el objetivo de rodear el Congreso de los Diputados. Una concentración que buscaba, más que tomar la cámara baja, como muchos medios y cargos políticos aseguraron durante días, demostrar a los diputados que el pueblo existe, que el pueblo está en la calle, que se queja, que habla y que no está de acuerdo con sus políticas neoliberales, encaminadas a fulminar derechos conseguidos tras décadas de lucha y sufrimiento. Las miles de personas que estábamos ahí teníamos claro que nuestro reclamo no iba dirigido a la toma del Congreso por la fuerza, sino a poner de manifiesto que muchas cosas no funcionan bien. Que nos quieren vender la moto, pero que no estamos dispuestos a picar.

Aunque, como es lógico, cuando el poder ve que su sillón se tambalea, dirige su ira hacia quienes producen tal inestabilidad: antidemócratas, antisistema, radicales, fascistas, golpistas… A mi alrededor, había radicales de tres años que portaban globos y peluches como armas arrojadizas. También había señoras de 80 años, que entre lágrimas animaban a los más jóvenes a seguir el camino que antes ellas marcaron. Había señores encorbatados y jóvenes estudiantes de instituto que pedían un futuro más justo. Viles terroristas. Por eso, pronto empezó la carnicería.

Varios conatos de carga nos hicieron prever lo que se avecinaba. A la tercera fue la vencida. Como se ha visto en decenas de vídeos, varios jóvenes –no sé decir si infiltrados o no, pero sí encapuchados-, increpan a varios antidisturbios que deciden lanzarse al ataque sin miramiento alguno. Los manifestantes, perros viejos en esto de las cargas a pesar que hace un año muchos no habían pisado ni una calle, resistían con los brazos en alto al grito de ‘estas son nuestras armas’. Pero ese día, los antidisturbios no tenían interés en relajarse. Las porras golpeaban a las personas sin cesar. No miraban. Pegaban con saña. Al poco, mirabas alrededor y solo veías caras aterrorizadas. ¿Disfrutan viendo el miedo marcado en el rostro de quienes en teoría deben defender?

A los diez minutos, y tras otra carga brutal, la plaza estaba partida en dos. Las decenas de infiltrados se habían encargado de ello moviendo las vallas que circundaban la fuente. Había sangre, gritos, insultos,rabia, ira y, sobre todo, mucha impotencia. Tras estar sentados con los brazos entrecruzados durante un tiempo, el grupo que venía desde mi barrio, Carabanchel, decidió abandonar la concentración. Llegar a casa fue muy complicado. Todas las calles franqueadas por antidisturbios, cargas con pelotas de acero en callejones estrechos y sin salida, encierros en bares para evitar golpes y detenciones… En conclusión, una manifestación con claros tintes pacíficos que acabó como una verdadera batalla campal, pero que podría haber terminado mucho peor. No voy a contar lo que ocurrió, pues hay decenas de vídeos que corren como la pólvora por Internet, pero sí me gustaría mencionar lo que ocurrió en Atocha. Parecía una película bélica. Decenas de policías encañonando a quien se movía con esas pistolas de bolas de acero que han herido a decenas de personas. Realmente dramático y guerracivilista.

A las once y media de la noche estaba en casa. Por fin a salvo, me dije. Pero no, apenas media hora más tarde, me llegó el primer aviso. Gabriel y Ainhoa, dos grandes amigos y compañeros, que habían decidido quedarse un rato más, podrían haber sido detenidos. Empezó la odisea. La información nos llegó de un vídeo colgado en Internet que Gabriel estaba grabando en el momento de la detención. Por suerte, se ve que ni estaba tirando piedras, ni pretendía capitanear el corte de ninguna avenida, acusaciones que después le hizo la policía. Tras toda una madrugada al teléfono, hablando con Legal Sol, un espectacular grupo de abogados que trabaja con estos casos de forma totalmente altruista, conseguí conciliar el sueño a las cuatro de la madrugada.

A las siete, de nuevo en pie. Tras una larga mañana analizando el vídeo de Gabriel y visionando las escalofriantes imágenes de las durísimas cargas que iban llegando por todos sitios, decidimos que había que ir a Moratalaz, la comisaría donde presuntamente estaban detenidos, para dar al abogado las pruebas de que nuestros compañeros no estaban haciendo nada malo. Hasta media mañana, nadie confirmó a los familiares que estuvieran allí. Llamabas y se mofaban. Pero no informaban. Así que fuimos por la tarde. Los familiares, cansados, hundidos, perdidos, se quejaban de la falta de información. Los detenidos no tuvieron derecho a hacer ninguna llamada. “Eso es cosa de películas”, aseguran que les dijeron. Mientras estábamos allí, decenas de furgones policiales, de los más de 300 que pudimos contar en todo el recinto, salieron con destino a Neptuno. A las siete de la tarde estaba convocada una nueva manifestación en apoyo a las personas detenidas. Y hasta allí nos fuimos. Con el ambiente más relajado que el día anterior, miles de personas volvieron a tomar la plaza al grito de ‘libertad, libertad, detenidas por luchar’.

Hoy, el despertador ha vuelto a sonar demasiado temprano. Durante toda la mañana, la Policía nos ha mareado con informaciones contradictorias. Los detenidos, que ya llevaban más de 30 horas en las dependencias de Moratalaz, solo habían tenido derecho a ver una vez a su abogado. No sabíamos nada. Si iban a ir por la Audiencia Nacional por delito contra las instituciones nacionales o si todo se iba a quedar en cargos menores. Pasaban las horas y no había respuesta. Los nervios se apoderaban de las familias y de los amigos. Un verdadero estado de silencio. Antidemocrático. Sin información alguna.

Por fin, nos avisan de que a las cinco de la tarde habían llegado a Plaza de Castilla, a los juzgados de instrucción de Madrid. Cientos de personas se van poco a poco agolpando a las puertas. Los detenidos nos escuchan en los calabozos. Dicen que están bien. Algunos aseguran haber sido golpeados. Otros, insisten una y otra vez: “Nos han metido piedras en la mochila. Estos tipos nos han metido piedras para inculparnos”. Gritan desesperados. Van pasando las horas. Los nervios afloran en todo el mundo. No dan información, no dicen nada. La pasividad de los policías que franqueaban la puerta es absoluta. Llegan dos ambulancias y los efectivos sanitarios entran al juzgado. Nadie nos informa de qué ocurre. Crece la tensión. Los cánticos y abucheos a la policía son constantes. ¿Democracia dónde?, gritan muchos manifestantes. “Estáis al servicio de los corruptos”, aclamaban otros.

Finalmente, a las once de la noche, nuestros compañeros fueron saliendo por goteo, mientras las más de 200 personas que abarrotaban la acera coreaban que el pueblo, unido, jamás será vencido. El juez había decretado libertad con cargos para 34 de los 35 detenidos. Atentado contra la autoridad y/o desórdenes públicos. El único que pasa a prisión provisional se ha convertido en la víctima que buscaba el Ministerio del Interior. Dicen que le rompió un vaso a un policía en la cara en un bar donde ni siquiera estaba. Habrá que buscar pruebas y al dueño del bar para demostrar lo contrario. Porque antes de que todo esto ocurriera, Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, había tenido que remitir a la Policía una providencia en la que informaba de que los delitos que imputaban a los 35 detenidos en la protesta no eran competencia de la Audiencia Nacional. El teatro se le había acabado al Ministerio del Interior. La puerta de la Audiencia, con toda la razón, se había cerrado a cal y canto, porque lo que el 25-S sucedió en Neptuno no se merecía un fin tan desmedido. Pero el Gobierno quería sangre. Así que buscó a su particular cabeza de turco. Esperamos sacarle pronto de ahí.

Nuestros amigos están agotados. Van heridos. Gabriel recibió un porrazo en la cabeza que le hizo una brecha. El Samur tuvo que ponerle varias grapas para cerrar la herida. Ainhoa va magullada y dolorida. Otras personas detenidas salen con ojos morados, brazos en cabestrillo o incluso cojeando. Les han tratado como a animales. No les daban agua, apenas comida, les hacían aguantar al máximo para poder ir al baño y les menospreciaban constantemente. Esa es la democracia en la que estamos. Donde salir a la calle para pedir justicia se reprime con porras, violencia y detención. Estamos en un país donde ni siquiera se puede pedir al presidente del Gobierno que cumpla el programa electoral por el que fue votado. Parece que ese contrato que los políticos firman con sus súbditos, que no ciudadanos, puede romperse al día después de los comicios. Y nadie se queja. Por suerte, algunos estamos despertando. No lo vamos a permitir. Ya son casi las dos de la madrugada. Hoy me voy a dormir agotado, pero con esperanza. Aunque esta historia comenzó con dolor, violencia, represión e injusticia, acaba con un pueblo mucho más unido y con mucha más fuerza. Las porras no nos van a parar. El cambio está ahí. Solo tenemos que creer en él firmemente para llegar a alcanzarlo.