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Campos de concentración para vagos y maleantes en España

Campos de concentración para vagos y maleantes en España
Imagen de los reclusos en el campo de concentración de Alcalá de Henares.
24 de noviembre de 2013
12:56

La Ley de Seguridad Ciudadana que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende implantar en España es la última de una serie histórica de leyes relativas al orden público que siempre han sido usadas con un eminente carácter político y represor. Esta nueva norma sustituirá a la Ley Corcuera, pero antes de ésta hubo tres leyes de infame recuerdo. La Ley de Peligrosidad Social en 1970 y las dos leyes de vagos y maleantes -aunque luego se entenderá que sólo fue una-  la republicana del gobierno de izquierdas de Azaña y la franquista de 1954.

La ley de vagos y maleantes republicana se promulgó en agosto de 1933 y posteriormente sirvió al gobierno de derechas del radical Alejandro Lerroux como arma de represión en la huelga revolucionaria de 1934. Precisamente bajo el amparo de esta ley de orden público se crearon los primeros campos de concentración que luego serían norma durante la guerra civil y el franquismo.

La ley de vagos y maleantes.

La ley de vagos y maleantes se aprobó el 8 de agosto de 1933 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del momento y promovida por el gobierno de izquierdas de Manuel Azaña. La Gandula, tal y como se llamó popularmente a la disposición,  penaba las conductas antisociales y para ello se establecían una serie de categorías de “estado peligroso”. La ley podía ser usada para sancionar comportamientos que, sin ser delictivos, eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad. La Gandula fue usada a discreción contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese. La Ley de Vagos y Maleantes se convirtió de facto en una ley contra los más desfavorecidos.

La categorización de las conductas antisociales a perseguir incluidas en el artículo 2 de la ley, eran diez.

  1. Los vagos habituales.
  2. Los rufianes y proxenetas.
  3. Los que no justifiquen cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.
  4. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.
  5. Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.
  6. Los ebrios y toxicómanos habituales.
  7. Los que para su consumo inmediato suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.
  8. Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.
  9. Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.
  10. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

Entre esas categorías destaca la inclusión entre las actividades delictivas no tener empleo, tener una adicción toxicológica o la mendicidad, y para su correcta aplicación se llegaron a crear juzgados especiales por la ingente cantidad de expedientes que se desarrollaban.

Los campos de concentración

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II en la parte relativa a las medidas de seguridad incluye el internamiento en campos de trabajo y de concentración. Para poder dar salida a la inmensidad de expedientes condenatorios-2.400 en solo un mes– que propició esta ley se planificó la construcción de tres campos de concentración en España y uno en la isla de Annobón en la colonia de Guinea Ecuatorial.

En la península los campos estarían situados en Burgos, anexo a la prisión, otro en el Puerto de Santa María, en Cadiz, y otro en Alcalá de Henares. Fue este último el primero en abrir en agosto de 1934. La apertura de este complejo de trabajos forzados fue noticia en toda la prensa de la época. Especialmente para La Vanguardia y ABC, así como para la revista Estampa, que realizó un monográfico sobre este complejo penitenciario.

Portada Estampa

La creación de estos campos de concentración fue acogida con horror por las posibles víctimas de La Gandula, en una época en la que el hurto para subsistir, el desempleo o la mendicidad estaban muy extendidas en todo el territorio español. Esta ley sancionaba que el simple hecho de ser pobre te convertía en posible inquilino de uno de estos campos de trabajo.

“Me voy de España espantado al solo pensamiento de caer en las mallas de ese tormento penitenciario…Esto se pone muy mal, no hay conciencia. Quieren acabar con todos nosotros” decía uno de los posibles afectados por esta ley a la revista.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, los desempleados. Paradójicamente los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, que les prestaba la ventaja de una buena defensa jurídica, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas“Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con diez y ocho o veinte trajes de corte y calidad impecables”.

Era habitual encontrar en la prensa de la época las sentencias del día aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, que con total normalidad, hablaban de las penas de uno a tres años de internamiento en un campo de concentración por el juzgado de instrucción de turno.

Trabajos forzados

Modificación de Franco en 1954

La Ley de vagos y Maleantes se mantuvo vigente hasta prácticamente 1970 con una pequeña modificación hecha en 1954 por el régimen de Francisco Franco. La adenda consistió en un apartado de la categorización de las conductas antisociales, en la que se incluyó la homosexualidad como un delito a perseguir. En el resto de articulado mantuvo el espíritu y la letra de la ley de 1933 hecha por Manuel Azaña y aceptada por todo el arco parlamentario de la época. En 1970 la ley fue derogada dando paso a la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que mantenía los mismos principios represores de las conductas sociales estableciendo penas de hasta 5 años de reclusión o de internamiento en centros psiquiátricos. A pesar de que durante el periodo democrático esta ley no fue aplicada continuó vigente hasta su derogación en el año 1995.

Modificación 1954

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La privatización del mal

9 diciembre 2012

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

La privatización de la justicia pone en escena la inexistencia del contrato social. No bastaba con los despachos de abogados para millonarios. Con la aparición de las tasas, desaparecen los últimos restos de pudor. Justicia para ricos, sanidad para ricos, educación para ricos, no hay espacios públicos capaces de equilibrar la muralla del dinero en la convivencia. El dinero, que es siempre una frontera más o menos flexible, se convierte ahora en un muro. El nuevo muro de Berlín.

La privatización de la justicia es inseparable de la privatización del mal. El mal en el cuerpo y el mal en el carácter. La exaltación del cuerpo, la invitación a un presente perpetuo, las cremas de belleza, las obras en los labios y en la nariz, nos han dejado sin historia. No importa oler o saborear mejor. El reto es ser vistos como un presente perpetuo, como gente sin historia. Eso afecta al cuerpo y al pensamiento social.

En una sociedad sin historia, las enfermedades pasan a ser un asunto privado. Que cada cual se pague su factura médica, ya que la mercantilización de los cuerpos convierte la estética y la salud en un negocio. La ciencia y la sabiduría forman parte también de ese negocio. Planes de estudio al servicio de los mercados. Médicos al servicio de los mercados. Ya no es pertinente un compromiso público con los cuerpos. Que cada uno se pague su tensión, su quimioterapia, su culpa. ¿No habrá una culpa bajo cada enfermedad?

Porque el mal es privado, consecuencia de un fracaso personal o de una disposición innata. El robo, el crimen, la violencia, el maltrato, la maldad, son pecados originales, nacen en el cuerpo y en el alma de cada uno. No existen pecados públicos. Las leyes no tienen ninguna responsabilidad. Los poderes económicos son inocentes. Las decisiones políticas no afectan a la pobreza, a la angustia, a la desesperación de los ciudadanos. Hay que vivir dentro de un orden, y el orden no tiene tampoco historia, es una fatalidad, el único organismo que no debe ser considerado responsable de sus enfermedades.

La privatización del mal no medita sobre la injusticia, se contenta con crear criminales. La fotografía del criminal es el principio y el fin de su catecismo. Los antecedentes policiales son antecedentes médicos, el protocolo vital de gente nacida para el delito. No conviene contemplar la reinserción, porque el que nació de mala arcilla no tiene arreglo. No conviene meditar sobre las situaciones sociales, porque la pobreza es una responsabilidad personal que invita a dos actitudes: mano dura contra los malos pobres y caridad cristiana para los pobres buenos.

La mejor alternativa es la creación de un estado policial. Tasas altas para evitar la molestia burocrática de las quejas y fuerzas antidisturbios entrenadas en la violencia. La extrema derecha puede jugar un papel en el sistema si la sacamos de los campos del fútbol y de las celebraciones nostálgicas y le buscamos un hueco en la policía. Botes de humo, balas de goma, escudos y porras contra el cuerpo de los manifestantes. ¿De quién es el cuerpo de un manifestante? Las llagas son privadas, su orden es público. Los derechos no son un debate político, sino un problema de orden público. Ordeno y mando.

El suicidio como alternativa vital privatiza la muerte. Los mártires entregan su muerte a un paraíso, a una revolución, a un sueño. Por mucho que nos conmocione su drama, el suicida hipotecario entrega su muerte a una casa vacía. Canceladas las ilusiones públicas, la soga del ahorcado privatiza su dolor, su mal, y paga el último plazo de su deuda con la vida. Quien se pasó la vida buscando un domicilio privado digno para participar en la vida pública, se encuentra ahora con una vida pública indigna o cancelada que convierte en basura su domicilio privado.

La negación de la historia no nos regala el presente, sino la soledad. Esto es la soledad, el desamparo, la convivencia nocturna con un cáncer, la mano que coloca una orden de desahucio en el bolsillo de un ahorcado.

Artículo publicado en Público.es

Porqués de la demolición del Estado

Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir

JUAN JOSÉ MILLÁS 27 ABR 2012 – 00:03 CET

Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor.
He aquí un resumen, claro como el agua, de sus argumentos: Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal.

Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables.

En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para
defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública.

No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos y metemos cuatro años en la cárcel al que rompa una farola.

Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas: para que la verdad resplandezca. Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda por tanto que
hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizá dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales.
Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos a tomar RTVE al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades.