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Las eléctricas se han embolsado 21.600 millones por las subidas de la luz durante la crisis

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Las sucesivas subidas de la luz registradas en España han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que se inició la crisis económica. El encarecimiento del recibo entre 2008 y 2013 ha sido superior al 60%, al pasar de 50,20 euros a 80,47 de media mensual, según datos proporcionados por la organización estatal de consumidores Facua.

El precio de la electricidad está siendo objeto de una fuerte controversia en nuestro país tras el resultado de la subasta celebrada la semana pasada. El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido invalidarla, alegando una supuesta manipulación, para evitar que los usuarios tuviesen que pagar un 11% más desde enero. Esa decisión ha dado pie a un duro pronunciamiento de las grandes comercializadoras (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico) contra el ministro de Industria. La patronal que las agrupa, Unesa, ha negado la existencia de irregularidades en la subasta y ha acusado a José Manuel Soria de endosarle las consecuencias de sus errores regulatorios.

El trasfondo de este enfrentamiento es la incapacidad del Gobierno para encontrar una solución al llamado déficit de tarifa, que resulta de la diferencia entre lo que se ingresa por el recibo de la luz y los costes reconocidos del sistema. Puesto en marcha cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico para facilitar la lucha contra la inflación, ese mecanimo ha generado ya una deuda de 26.000 millones de euros. Para 2013, el déficit de tarifa se estima en 3.600 millones, que Soria se comprometió a enjugar con cargo a los Presupuesto Generales del Estado en su recientemente aprobada ley de Sector Eléctrico. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin embargo, se negó en el último momento por temor a que complicara el objetivo de reducir el déficit público al 6,5% impuesto por Bruselas.

La reacción del mercado a este incumplimiento tuvo lugar en la subasta trimestral de la semana pasada, que se saldó con una subida inusual, vetada de inmediato por Gobierno. Ahora, Industria está buscando contrarreloj una fórmula distinta de fijación de los precios de la electricidad, con el consiguiente enfado de las empresas, que no están de a acuerdo con esta injerencia del Gobierno. De todas formas, la subasta trimestral sólo afecta al 45% de lo que paga finalmente el consumidor en su recibo. El 55% restante son costes regulados, conocidos también como “peajes” (transporte, distribución, primas a las renovables, servicio extrapeninsular, devolución del déficit tarifario), y los determina el Gobierno.

Pues bien, la conjunción de ambos elementos ha llevado a que el precio de la electricidad sea actualmente en España el tercero más alto de la Unión Europea, sólo superado por Chipre e Irlanda. Su espectacular subida en los últimos seis años tiene, además, el agravante de haber coincidido con una brutal caída de la renta de las familias, ocasionada por el crecimiento del paro y el retroceso de los salarios.

Para las eléctricas, en cambio, el encarecimiento del recibo de la luz ha supuesto una importante fuente de ingresos, que les ha servido para compensar en parte el descenso de la facturación en el mercado libre. Un mercado donde se han dejado sentir con fuerza los efectos de la mayor competencia entre ellas y el descenso de la actividad económica en las grandes empresas.

Veinte millones de clientes

Los clientes normales, los veinte millones entre hogares(la mayoría) y pymes incluidos en la Tarifa de Último Recurso (TUR), que no admite negociación con los suministradores, han pagado este año, por término medio, 360 euros más que antes de la crisis. Lo que se traduce en una facturación adicional superior a los 7.000 millones de euros para las eléctricas, comparada con lo que ingresaron en 2007 por el mismo concepto. Teniendo en cuenta que en los seis años transcurridos desde entonces el precio se ha encarecido una media de 180 euros anuales, las empresa suministradoras se han embolsado 21.600 millones más en el conjunto del periodo.

Eso ha contribuido a que las eléctricas españolas se mantenga, pese a las gravísimas circunstancias económicas que atraviesa el país, entre las más poderosas de Europa. Por volumen de negocio, Iberdrola es la quinta del ránking de la zona, con 34.200 millones de euros en 2012; Endesa, la sexta, y Gas Natural Fenosa, la décima.

Pero más significativa es su posición por resultados: Iberdrola, que obtuvo 3.557 millones de beneficios el año pasado, ocupa la segunda posición en Europa y Endesa (2.771 millones), la tercera

La deuda de la empresa Ciegsa crece un 1.327% en la ‘era Camps’

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La deuda de la empresa pública encargada de construir colegios continúa desbocada. Los datos del último informe de la Sindicatura de Comptes señalan que el endeudamiento de Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana Sociedad Anónima, cuyo único accionista es la Administración autonómica) ha crecido un 1.327% desde 2003, año en el que el presidente Francisco Camps accedió al cargo, pasando de 45 millones de euros a más de 643. Los gastos financieros, los intereses que la Generalitat paga cada año, se han incrementando paralelamente un 1.285%, elevándose desde los 817.099 euros hasta los 11,3 millones, según explicó ayer la portavoz de Educación socialista en las Cortes, Ana Noguera, sobre la base del informe de la Sindicatura.

Parte de ese agujero puede explicarse por los sobrecostes detectados en la construcción de los 19 centros educativos analizados por el Síndic. Noguera destacó tres: El colegio público San Antón, en Pinoso (Les Valls del Vinalopó), se licitó por 2,4 millones y acabó costando 4,5, lo que representa un incremento del 85%; el colegio público Azorín, en Catral (El Baix Segura), cuyo sobrecoste alcanzó un 69%, y el del Lluís Vives de Xilxes (La Plana Baixa), un 64%. La media de los sobrecostes ronda el 30% y alcanza un total de 27,3 millones de euros.

Con ese dinero, indicó la diputada socialista, podrían haberse construido cinco nuevos centros educativos, si se toman como referencia los precios de licitación.

La deuda de 643 millones de euros detectada por el Síndic se refiere sólo al endeudamiento a largo plazo (cuyo último vencimiento tendrá lugar en el año 2030). Sumándole las deudas a corto plazo, con acreedores y proveedores, se alcanza una cifra total de 1.049 millones, que al acabar 2007 seguirá aumentando hasta los 1.800 millones, según las previsiones de la Consejería de Economía.

Barracones más caros

Todo ese endeudamiento, sin embargo, no ha servido para acabar con los barracones, uno de los grandes lastres del sistema educativo valenciano. El coste de alquiler de esos “módulos prefabricados” también se ha incrementado un 15% respecto al 2004. La Generalitat paga por usarlos 19,5 millones de euros al año.

El Síndic indica en su informe lo “muy laborioso” que le ha resultado analizar los números de Ciegsa debido a “la implantación del sistema informático, a errores contables, a las numerosas cuentas para un mismo adjudicatario” y “a la complejidad establecida” por la empresa. Se censuran también las fórmulas de contratación empleadas y la ampliación de los alquileres de los barracones sin que medien resoluciones de los órganos de contratación que sustenten jurídicamente esas prórrogas.

Noguera concluyó que la gestión de Ciegsa por parte de Camps “suple con creces el mal hacer” de su antecesor Eduardo Zaplana.

Ciegsa cuesta 3.000 millones, pero solo invierte algo más de 1.700

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La empresa que ejecuta las construcciones escolares de la Generalitat ha costado más de 3.000 millones de euros desde su creación, pero sólo ha destinado 1.776 millones a inversiones y arrastra una deuda que supera los 2.000 millones de euros. Así lo revela la cuenta general de la Generalitat. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), constituida el año 2000 y operativa desde 2001, es uno de los mayores agujeros en las finanzas del Consell que preside Francisco Camps, que a 31 de diciembre de 2009 había suscrito avales por más de 1.396 millones para sostener la empresa pública, a la que debía además casi mil millones de euros.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Noguera prepara varias iniciativas para preguntar al Consell por el balance económico de Ciegsa e interesarse por conocer los datos de una gestión cuya opacidad ha denunciado reiteradamente. La parlamentaria asegura que “Ciegsa cuesta más de lo que invierte”, lo que en una empresa cuya única función es la construcción de infraestructuras educativas resulta escandaloso. La oposición del Consell para dar a conocer las cuentas de esta empresa pública viene desde prácticamente su puesta en marcha

Según la cuenta general, Ciegsa, que en 2008 acumulaba un coste de 2.120 millones de euros, pasó en 2009 a 2.992 millones.Tanto las deudas de la empresa a largo plazo, que pasaron de 1.258 millones a 1.486, como a corto plazo, que pasaron de 437 a 587,9 millones, aumentaron y situaron la cifra de endeudamiento de la sociedad pública en 2.074 millones de euros (frente a 1.731 millones del año 2008).

En el balance llama la atención la deuda que la Generalitat, único cliente de Ciegsa, tiene con la empresa, que pasó de 794 millones en 2008 a 995 millones en 2009. Esa deuda impide que pasen a titularidad del Consell los centros docentes que se han ido construyendo porque, formalmente, no los ha pagado. El cambio de titularidad, según el convenio de Ciegsa con la Generalitat, debía producirse antes de 2015, pero una cláusula del documento hace prorrogable el plazo durante 75 años. Además, la Sindicatura de Comptes ha venido indicando reiteradamente que esa deuda del Consell con una empresa participada al cien por cien por la Administración autonómica debe contabilizarse como endeudamiento de la Generalitat, cosa que no se produce.

Noguera resume lo que considera una gestión difícil de entender: “Desde que se creó, Ciegsa ha costado casi 3.000 millones de euros a los valencianos; en cambio, su inversión ha sido de 1.776 millones, es decir, que entre el coste y la inversión hay una diferencia de casi 1.300 millones, de los que no se dan explicaciones. Entre 2008 y 2009 las deudas aumentaron en 343 millones pero sólo se invirtieron 242 millones en la construcción de centros educativos”. La diputada socialista asegura que el procedimiento por el que Ciegsa se endeuda cada vez más mientras la Generalitat, su único accionista y cliente, por una parte le avala los préstamos y por otra le debe cada año más dinero, hace que el pago de intereses lastre el funcionamiento de la empresa de forma importante, aunque no explica la enorme distancia entre el coste y la capacidad inversora.

Las tensiones entre los responsables de la empresa pública, apoyados por la consejería de Educación, con la oposición han sido constantes. Las respuestas a las preguntas de los diputados han sido generalmente vagas y de escaso contenido. El obstruccionismo informativo de Ciegsa impide conocer las cuentas reales de la empresa.

Cacsa registró pérdidas de 43,9 millones de euros, 11,6 millones menos que el año anterior

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La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) registró a cierre del ejercicio 2012 unas pérdidas por importe de 43,9 millones de euros, frente a los 55,5 millones que perdió un año antes, según se desprende de las cuentas anuales de la empresa hechas públicas este jueves en el marco de la Cuenta General de la Generalitat.

El importe neto de la cifra de negocio se situó en 2012 en 8,9 millones, casi 10 millones menos que en el ejercicio anterior, mientras que por el contrario los gastos de explotación se han reducido de 40,2 a 16,7 millones.

De acuerdo con el informe de auditoría de cumplimiento, emitido con fecha 14 de junio de 2013, en la liquidación del presupuesto el gasto de personal real fue de 9,3 millones de euros, una cantidad “prácticamente igual” a la presupuestada, aunque insta a tener en cuenta que en ella se incluyen indemnizaciones por importe de 1,17 millones.

Asimismo, recuerda que se produjo el aplazamiento a largo plazo (el primer vencimiento es en 2015) de la deuda de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, de 24,8 millones, incluido en la adenda al contrato suscrito entre ambas partes en 2012.

En este sentido, el informe de auditoría de las cuentas advierte de que ya en 2011 se emitió una salvedad a las mismas ante “la dificultad de recuperación del saldo pendiente de cobro”. Ahora, tras incluirse una parte de esta deuda (19,8 millones) en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), considera que deberían hacerse correcciones en su valoración en las cuentas al no existir “suficientes garantías que garanticen su cobrabilidad”, de modo que el resultado anual se vería reducido.

Por otra parte, el documento también señala que la sociedad mantiene registrado en el apartado de inmovilizado el coste por valor de 15 millones de euros del anteproyecto realizado para la construcción de dos torres de oficinas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el cual “las expectativas de que se lleve a cabo son remotas”. Por ello, señala que dicho importe debería ser “deteriorado en su totalidad, reduciendo el resultado del ejercicio”.

La empresa auditora advierte, tras reconocer que las cuentas reflejan la imagen “fiel” del patrimonio y la situación financiera de la sociedad, que esta se encuentra en una situación de desequilibrio patrimonial, siendo su patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, por lo que cumple uno de los supuestos de disolución incluidos en la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, apunta que CACSA tiene pendiente de inscripción ampliaciones de capital aprobadas en 2011 y 2012 por importe de 68 millones de euros, y una reducción de capital social de 381 millones.

En sus recomendaciones, la auditoría insta a intensificar los esfuerzos para ajustar los gastos financieros a los presupuestos aprobados, así como la aprobación del plan de saneamiento por el órgano de gobierno, agilizar los trámites relacionados con el capital social y la formalización de los bienes en cesión de uso, y dar soporte documental al criterio de justificación de la disminución de precio de la adenda con la Fundación Palau de les Arts.

Venta de entradas

El informe destaca la disminución de 4,8 millones de euros de la venta de entradas, lo que supuso una reducción del 16%. Las cuentas generales reflejan que, en un escenario marcado por el incremento del IVA, las ventas han sido “desfavorables” en relación a 2011.

Un total de 2,8 millones de personas visitaron el pasado año el complejo: 1,46 millones el Museo Príncipe Felipe, 328.720 L’Hemisfèric, 1,04 millones el Oceanogràfic y 18.363 personas han visitado la exposición temporal de Indiana Jones.

41 millones de euros para que el Gobierno nombre a dedo a 837 asesores

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Los políticos tienen libertad para elegir a quién de su confianza seleccionan como asesor durante el desempeño de funciones públicas. Esos trabajadores eventuales son de “confianza o asesoramiento personal” y también un cuerpo que engrosa la Administración Pública de manera opaca, ya que la legislación no obliga a publicar los nombres de los cargos elegidos a dedo.

El Gobierno –incluidos ministerios y agencias– tiene un total de 837 trabajadores designados a dedo que cuentan con un presupuesto de 41,46 millones de euros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los benefactores de esa partida. Hasta agosto de este año, Mariano Rajoy ha gastado un 8,8% más en este tipo de contrataciones frente al 2,1% de caída que sufrieron los funcionarios de esta Administración.

El presidente dispone de un total de 245 asesores designados a dedo bajo el paraguas denominado “personal eventual”, que se define como aquel que, “con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Rajoy tiene 53 asesores directos más que José Luis Rodríguez Zapatero, que contrató a 192 trabajadores de este tipo.

El Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre estas contrataciones en las que se incluye a personas que no poseen ninguna titulación académica. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 apuntaban que 68 asesores del presidente no tenían graduado escolar. El Ejecutivo se defendió alegando, en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, que para el nombramiento del personal eventual “no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna”.

La Fundación Ciudadana Civio ha lanzado una petición en la que solicita a Mariano Rajoy que los nombramientos del personal eventual se publiquen en el BOE. Civio expresa que se debe dar a conocer también el currículum de estos empleados que “trabajan para nosotros”. “Tenemos derecho a saber quiénes son”, argumenta la plataforma, que recuerda que sí se publican los nombramientos de altos cargos mientras que los ciudadanos no pueden saber quiénes asesoran a sus representantes, ni el tiempo en el que lo hacen, ni si están preparados para ello.

Los nombramientos opacos de personal eventual no son exclusivos a nivel estatal: las comunidades autónomas y las corporaciones locales tampoco tienen la obligación de dar a conocer quiénes están trabajando en la Administración por ser de la confianza de los representantes públicos.

El sindicato de funcionarios CSIF calcula que existen unos 19.000 puestos de trabajo con estas características, de los que 16.000 forman parte de las corporaciones locales. El salario medio de estos empleados asciende a 50.000 euros, lo que conlleva un gasto público de 1.000 millones de euros, según publicó ABC.

Civio pone como ejemplo a Ángel Carromero, el líder de Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba por el homicidio de dos disidentes en un accidente de tráfico, que es uno de los 213 asesores en los que Ana Botella se gasta un total de nueve millones de euros.

Algunas comunidades autónomas son algo más transparentes y muestran cuántos cargos eventuales tienen y su dedicación, como La Rioja, aunque no desvela los nombres de sus miembros de confianza, que ascienden a 46. Cataluña se lleva la palma en grado de transparencia al tener un portal dedicado a esta información: publica el nombre, el cargo y el salario anual de los altos cargos y del personal eventual

La factura del despilfarro: Valencia dilapidó 12.500 millones de euros en grandes fastos

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José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel con sus conversaciones grabadas a escondidas a Francisco Correa y sus secuaces, encendió por última vez su casete el 12 de diciembre de 2007. Fue en un salón del hotel madrileño Gran Meliá Fénix, donde el cabecilla de la trama tenía alquiladas dos suites. Ese día, recuerda ahora Peñas, “recogí la frase en la que decía que había llevado mil ‘kilos’ a Bárcenas de comisiones en el Ministerio de Fomento y sus alardeos por el negocio que iba a hacer con Paco Camps con motivo de la Fórmula 1 en Valencia”.

El exconcejal ha escrito el prólogo de Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que el periodista Sergi Castillo destripa los casos de corrupción que salpican a todas las instituciones de la Comunidad Valenciana controladas por el PP, y en los que ya hay más de un centenar de imputados y condenados, desde expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat a alcaldes y concejales, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, altos cargos y funcionarios.

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Comunidad Valenciana del que alardeaba Correa fue sólo uno más en la larga lista de grandes eventos que Eduardo Zaplana, primero, y sobre todo Camps, promovieron como tributo a su desmedido ego. “Jugaron con el dinero de todos a ser los faraones de los nuevos tiempos”, afirma Castillo, que añade: “Al deseo de perpetuarse y ser recordados se suma el de ser admirados y reconocidos. El discurso es digno de psicoanálisis, pero lo esencial era tener el edificio, el acontecimiento o el acto más grande. Sin más. El tamaño no es que fuera lo más importante; era lo único importante”.

Estética y hedonismo

El catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón José Antonio Piqueras bucea incluso en las raíces antropológicas de la megalomanía de los gobernantes valencianos, al frente de una sociedad que goza con las fallas, la pólvora, la música… “Aquí ha habido una predisposición a la estética y el hedonismo efímeros. Tenemos monumentos que arden, cabalgatas que se consumen y gaiatas que son para el desfile. En el mismo acto que se realizan se consume la alegría y ya está”. Y, como recuerda, Castillo, “las hemerotecas están llenas de frases de Camps asociando un supuesto liderazgo de la Comunidad Valenciana a su política de grandes eventos”.

El autor de Tierra de saqueo sostiene que “la suma del negocio generado con dinero público por los grandes casos de corrupción y los grandes eventos de la Comunidad Valenciana asciende a 12.500 millones de euros”. Y advierte que “la magnitud de esta cifra es mayor si se compara, por ejemplo, con todo el presupuesto de la Generalitat para 2013“, que asciende a 13.940 millones de euros.

Castillo, no obstante, reconoce que “obtener un dato fehaciente sobre la factura de la corrupción es una tarea prácticamente imposible por estar en marcha en los juzgados la mayoría de las investigaciones, algunas bajo secreto de sumario, y variar constantemente las cifras y su alcance en función de las fuentes. Lo mismo ocurre con los proyectos y eventos, rodeados de secreto y confidencialidad, de los que no existen apenas estudios fiables sobre su rentabilidad”.

El coste de la corrupción

El único trabajo científico sobre el impacto económico de la corrupción en la Comunidad Valenciana lo ha elaborado Julián López Milla, profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante hasta que en 2011 fue elegido parlamentario autonómico por el PSOE. Su informe cifra en 1.184 millones de euros, sólo en los tres últimos años, el “coste de imagen que supone la corrupción” en la región. Para llegar a esa conclusión, López ha aplicado la metodología usada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cálculo de la huella de la corrupción en el crecimiento económico de los países, además de los indicadores de Transparencia Internacional sobre comunidades autónomas.

Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Juzgado del Caso Gürtel (EFE)Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el coste de los grandes eventos y proyectos en la comunidad durante los mandatos de Zaplana y Camps se eleva a 5.225 millones de euros. Con ese dinero se han financiado la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz de Alicante, la Copa del América, el Gran Premio de Fórmula 1, Terra Mítica, en Benidorm, o el aeropuerto ‘fantasma’ de Castellón, entre otros muchos. Y a esa lista hay que añadir los sobrecostes generados por los casos de corrupción más sonados del último lustro. Castillo los despieza en su libro:

Caso Gürtel. Las 14 empresas investigadas por la supuesta financiación del PP valenciano y las compañías que figuran en los papeles de Bárcenas recibieron 4.894 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat. Siete empresas están siendo investigadas actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y ocho en la Audiencia Nacional. Las empresas de la trama Gúrtel gestionaron 120 millones de euros en toda España.

Radio Televisión Valenciana (RTVV). La deuda acumulada por el ente público asciende a 1.309 millones de euros. Tras esa cifra se esconden numerosas irregularidades y casos de corrupción, como la visita del Papa Juan Pablo II, una pieza separada del caso Gürtel.

Caso Brugal. Las cinco piezas principales del caso suponen un negocio de 813,3 millones de euros. De ellos, 250 millones corresponden al Plan Zonal de Residuos, 190 al contrato de recogida de basuras de Orihuela (Alicante), 250 al llamado ‘plan Rabassa’ -un proyecto urbanístico en la capital alicantina-, 120 millones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la misma ciudad y 3,3 millones al conocido como caso Aguas de Calpe.

Caso Emarsa. Según el juez, el saqueo de Emarsa, una empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia, asciende a 25 millones de euros, aunque el PSOE valenciano eleva la cifra a 40 millones. En total, la Generalitat aportó 100 millones a la depuradora de Pinedo (Valencia). A esta cantidad hay que sumar otros 100 millones de euros de las obras adjudicadas a dedo por la entidad de saneamiento. En total, 200 millones.

Caso Cooperación. Las adjudicaciones realizadas a empresas vinculadas al empresario Augusto César Tauroni, ahora en prisión, desde la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía que encabezaba el exdiputado del PP Rafael Blasco, ya imputado, ascienden a 40 millones de euros. Los jueces investigan el supuesto desvío de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba a ayudas a países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.

Caso Taroncher. Las adjudicaciones sospechosas a la empresa Construcciones Taroncher, propiedad de un íntimo amigo del conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat, Serafín Castellano, ascienden a siete millones de euros.

Caso Nóos. Los contratos del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para organizar las tres ediciones del Valencia Summit, un foro sobre turismo y deporte, y desarrollar el proyecto de los I Juegos Europeos, nunca celebrados, se dispararon hasta los 4,5 millones de euros.

Caso Fabra. Según la Agencia Tributaria, 4,7 millones de euros es la cantidad de origen desconocido en las cuentas bancarias de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y principal impulsor del aeropuerto sin aviones de la provincia.

ACS principal accionista del proyecto Castor no logra desapalancarse de su deuda

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Las constructoras no logran desapalancarse: su deuda supera siete veces el beneficio bruto

El esfuerzo llevado a cabo por las grandes compañías constructoras para reducir su elevado endeudamiento no está impidiendo que las empresas continúen notablemente apalancadas. Desde que comenzó la crisis, las referentes del sector se han quitado de encima cerca de 28.500 millones de euros de deuda, lo que equivale a un 46%, pese a lo cual la ratio deuda/beneficio bruto tan sólo se ha reducido un 13%. El total de deuda supera en 7,3 veces la suma de los Ebitda.

Los grandes grupos constructores han realizado un notable esfuerzo para reducir la abultadísima deuda que habían acumulado al comienzo de la crisis pero, pese a ello, no están siendo capaces de reducir su apalancamiento. Tras el cierre del tercer trimestre, la suma de la deuda de las compañías cotizadas del sector supera los 32.000 millones de euros y es 7,3 veces superior a sus beneficios brutos de explotación, frente a la referencia de 8,4 veces que presentaban en los comienzos de la crisis.

Y eso que el recorte de la deuda, asociada en muchos casos a la venta de activos, ha sido notable. Durante los años de la crisis, las grandes del sector han recortado su endeudamiento en casi 28.500 millones de euros, lo que supone decir que al cierre del tercer trimestre el endeudamiento de estas empresas en un 46% inferior al que presentaban cuando empezó la crisis.

Sin embargo, el adelgazamiento también se ha registrado en las cifras de beneficio bruto, entre otras cuestiones porque la mayoría de las compañías han adaptado su tamaño a las nuevas circunstancias y se han convertido en empresas más pequeñas y con menos líneas de negocio consideradas como estratégicas.

Así, el Ebitda de las grandes de la construcción y los servicios se ha reducido un 38% en los complicados años de la crisis, lo que ha hecho que el recorte de la deuda no se vea reflejado de forma significativa en su apalancamiento, que continúa siendo demasiado elevado.

ACS y OHL marcan la excepción

Bien es cierto que ya no es habitual ver ratios deuda/Ebitda por encima de 12 veces como ocurría poco antes del inicio de la crisis. Eran los casos de Sacyr (por entonces, aún con el apellido Vallehermoso) y ACS, aun cuando la compañía presidida por Florentino Pérez no se había hecho con la mayoría de su participada Hochtief y no consolidaba los resultados.

Precisamente, este movimiento ha llevado a ACS a reducir notablemente su apalancamiento porque la alemana le ha aportado una buena cifra de beneficio bruto y, en cambio, una deuda muy controlada, que además empezó a engordar después de que ACS se hiciera con su control. En la actualidad, el endeudamiento de ACS no es ni cuatro veces superior a su Ebitda.

En cambio, otras compañías del sector han incrementado el apalancamiento e incluso la deuda. El caso más destacado es el de OHL, que ha pasado de tener un ratio deuda/Ebitda de 4,5 veces a finales de 2008 a contar con uno de 7,7 veces al cierre del tercer trimestre.

La deuda de la empresa controlada por Juan Miguel Villar Mir se ha incrementado de forma considerable, casi se ha multiplicado por dos, mientras que su Ebitda ha registrado un incremento cercano al 20%.

Fuente: Vozpópul

El Gobierno central aspira a financiar el proyecto Castor de Vinaròs en 20 años

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YOLANDA CLARES 01/03/2013

El proyecto Castor de Vinaròs está en vías de refinanciación, a pesar de que aún no ha entrado en funcionamiento. Y es que, después de haberse invertido más de 1.300 millones de euros en la construcción del almacén de gas subterráneo situado frente a la costa de la localidad, el grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y su socio Dundee Energy se están planteando la manera de refinanciar la deuda que adquirieron con los bancos para ejecutar la infraestructura, según desvela Expansión y como ha podido constatar este diario.

La clave está en las negociaciones que mantienen las compañías y el Gobierno central para poner en marcha las instalaciones. Esto implicaría que el Estado empezaría a retornar la inversión.

El pacto sobre la actuación que se firmó en su día con el anterior Ejecutivo fijaba que la administración debía devolverla en un plazo de 10 años. Sin embargo, el nuevo quiere ampliar los tiempos hasta las 20 anualidades.

 

EL PROCESO // Las mercantiles que controlan la infraestructura través de Escal UGS, empresa que se encargó de la ejecución del millonario proyecto, firmaron un crédito por 10 años con 20 entidades, entre las que se encontraban Banesto, el Santander, Crèdit Agricole y Societé Generale.

Además, la planta fue incluida en la lista de programas prioritarios de la Unión Europea y seleccionada por el Banco Europeo de Inversiones para estrenar los project bond (bonos de proyecto). Esto suponía que contaba con el aval del ente continental, que garantiza hasta un 20% de la aportación. Esta operación significa que se emitirán bonos para que se pueda comprar deuda, por lo que se prevé recuperar la financiación y, a la vez, obtener beneficios.

Además, según revela el mismo rotativo, el Castor ha de superar la evaluación que demuestre su fiabilidad y viabilidad, que efectúan agencias como Standard & Poors, aunque todo apunta que podría obtener una calificación óptima, lo que le situaría como una buena opción financiera. Además, en un principio, este programa fue calificado de “estratégico”.

 

‘stand by’ // Mientras, el proyecto está en una fase de stand by, ya que el Ministerio de Industria es el que debe dar el permiso para activar la plataforma e inyectar gas. Aunque las previsiones marcan que se pondrá en marcha durante el primer semestre del año, por el momento, las negociaciones siguen abiertas y se confía en poder llegar a un acuerdo.

El Ayuntamiento también espera el inicio de la actividad, ya que esto supondría unos buenos ingresos para las arcas municipales dada la magnitud de la inversión y de la infraestructura.

Escal UGS pagó a principios de año 500.000 euros al consistorio en concepto de solicitud de licencia de apertura. Un gesto que supuso un alivio para las cuentas municipales, descuadradas por el retraso acumulado. Sin embargo, otro de las aportaciones esperadas es la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles especial, que supondrá 800.000 euros cada año, una cifra nada despreciable. H

ACS cierra una emisión de bonos de 1.400 millones para el proyecto Castor

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La compañía ACS ha cerrado este viernes una emisión de deuda en la bolsa de Luxemburgo por importe de 1.400 millones de euros a 21,5 años y a un cupón de 5,756% para financiar el almacenamiento subterráneo de gas natural situado en Vinaròs (Castellón), conocido como proyecto Castor. La emisión ha sido suscrita en más de un 80% por inversores extranjeros, según ha indicado la compañía.

Esta iniciativa se basará ahora en el programa PBCE (Project Bond Credit Enhancement) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se utiliza para financiar grandes proyectos de infraestructura. Este mejora su rating de deuda y permite así obtener inversión directamente del mercado de capitales.

Este bono sustituirá a la financiación del proyecto a 7 años que estaba en vigor con un conjunto de 19 bancos internacionales. En concreto, la garantía del BEI para el proyecto Castor ascenderá inicialmente a 200 millones de euros, casi el 14% sobre la deuda. Este porcentaje aumentará según se amortice el bono y llegará a alcanzar el 20%, cifra en la que se mantendrá hasta el repago del bono.

Adicionalmente, el BEI ha adquirido bonos por valor de 300 millones de euros para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto. Asimismo, la compañía ha señalado que no ha sido necesaria la compra por parte de los bancos mandatados para la estructuración y colocación del bono: Santander, Natixis, BNP Paribas, Bankia, Caixabank, Société Générale y Calyon; dado que se ha suscrito por determinados inversores —fondos de pensiones, inversores institucionales, compañía de seguros, inversores privados y bancos centrales—

Un ‘seísmo’ financiero de 1.300 millones

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Mientras los científicos tratan de desentrañar qué ha sucedido en el subsuelo marino, qué fallas ha despertado el mayor almacén de gas construido en España y cuándo van a parar los temblores, en los despachos de varios ministerios también causa desvelos otro terremoto que podría provocar el proyecto Castor: el financiero. Su construcción ha costado cerca de 1.300 millones de euros, decenas o centenares de millones más de lo previsto según a quién se pregunte —el ministro de Industria habló ayer de un coste inicial de 700—. Y ahora que la paralización de la actividad ha pasado de “temporal” a “indefinida”, gana enteros la posibilidad de cierre definitivo. Es decir, que el Castor nunca llegue a ponerse en marcha. ¿Quién pagaría entonces los 1.300 millones?

Es la “pregunta del millón”, dicen fuentes del sector gasístico. Y el Gobierno se resiste a contestarla. No lo hizo ayer en rueda de prensa el ministro de Industria, José Manuel Soria, ni por la tarde otras fuentes del Gobierno durante un encuentro informativo con periodistas. “Si llegara el caso, tendríamos que ver cuál es la situación”, fue la detallada contestación que dio el ministro. Su equipo regateó la cuestión al asegurar que Industria está pendiente del resultado de una auditoría “económica y técnica” encargada en julio y que deberá estar lista a finales de este mes.

Esas conclusiones, sin embargo, determinarán qué retribución debe recibir la instalación si consigue la autorización administrativa. Lo que el Gobierno se niega a aclarar es cómo tendrá que compensar el Estado a la empresa gestora, Escal UGS (participada en un 66,6% por la constructora ACS), en caso de que nunca llegue a funcionar. Fuentes del sector recuerdan que el proyecto Castor es una licitación pública. Un real decreto de 16 de mayo de 2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, otorgaba a Escal UGS la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural durante 30 años.

El proyecto ha sido objeto de críticas en los últimos años por el abultado incremento de los costes previstos pero también por la oportunidad de su construcción. Cuando se diseñó, el panorama energético era otro. Era una época de bonanza económica con previsiones de crecimiento de la demanda de gas. La crisis ha cambiado radicalmente el escenario, recuerdan fuentes del sector. Otros grandes proyectos, como la regasificadora de El Musel (Asturias) y algunos gasoductos, se han congelado hasta que se recupere el consumo. Sin embargo, el Castor seguía adelante acumulando costes de construcción y convirtiéndose en un lastre para el sistema. Hasta ahora.

Un sistema gasístico sobre el que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha venido alertando en sus últimos informes. En uno de ellos, de abril de 2013, decía que “los almacenamientos subterráneos verán incrementada su capacidad en un 39,4%, debido a la entrada en operación de las infraestructuras de Marismas, Yela y Castor”. Y continuaba: “El crecimiento anual esperado de la retribución de infraestructuras es superior al crecimiento de la demanda a lo largo del periodo”. Como conclusión, la CNE decía: “Se constata la necesidad de limitar las inversiones en infraestructuras del sistema gasista bajo el escenario de demanda previsto en la actualidad”.

En cuanto se ponga en marcha, el coste del Castor se empezará a repercutir en el recibo del consumidor durante los siguientes 20 años. Soria calificó ayer de “excesiva” la retribución prevista por el anterior Gobierno. Pero si nunca entra en funcionamiento, los 1.300 millones de euros seguirán estando ahí.