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Reclamamos un proceso constituyente desde abajo, desde los sectores en lucha contra el Régimen de la Transición por su carácter antidemocrático y antipopular

Entrevista con Antonio Maira, cofundador y miembro del Colectivo militar Anemoi (y II)
“Reclamamos un proceso constituyente desde abajo, desde los sectores en lucha contra el Régimen de la Transición por su carácter antidemocrático y antipopular”
“Nos declaramos antifranquistas, antifascistas y antiimperialistas. Nuestro Manifiesto es el resultado de esa confluencia de análisis sobre nuestra historia y de una experiencia muy larga”

Leer la primera parte de esta entrevista: “La conquista pacífica de los cuarteles, en la que está trabajando intensamente Anemoi, debe culminarla el pueblo“, publicada ayer.

P.- ¿Cuáles son los principales objetivos de Anemoi?

Antonio Maira [1].- Están definidos claramente en el Manifiesto “Las Fuerzas Armadas con el pueblo” y en los comunicados anteriores. Reproduzco textualmente cuatro párrafos del Manifiesto: “Las Fuerzas Armadas con el pueblo. Las dos primeras resumen el primer objetivo fundamental:

“Se plantea pues, en primer lugar, la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice”.

“En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto”.

Y las dos segundas avanzan los instrumentos que hacen posible ese objetivo:

La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien que haya sido democráticamente elegido. La III República es, pues, inaplazable.

La defensa de la soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro territorio.

Bien analizado el Manifiesto es varias cosas a la vez: un “manifiesto llamada”, un “manifiesto-garantía” y un “manifiesto-programa” con las condiciones mínimas para que sea posible el retorno de la soberanía al pueblo. Así que el propio Manifiesto orienta hacia objetivos posteriores al primero que hemos definido.

P.- Ustedes se reclaman republicanos ¿Qué tipo de República reivindican?

A.M.- Reclamamos una República Federal pero, advertimos: la soberanía de la que hablamos nosotros es de la soberanía popular. Son los pueblos que componen el estado los que acordarán la nueva estructura republicana. Tal vez habrá que recordar las palabras con las que Macià se dirigió a la multitud concentrada en la plaza de Sant Jaume y proclamó, el 14 de abril de 1931, en nombre del pueblo de Cataluña, “L’Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques“.

En primer lugar reclamamos un proceso constituyente desde abajo, no desde los poderes constituidos. Desde abajo quiere decir desde los sectores en lucha contra el Régimen de la Transición, con su carácter antidemocrático y antipopular. Desde abajo quiere decir desde las nuevas fuerzas populares, políticas o sociales, que están en proceso de “organización y convergencia en lucha contra el sistema”. El nuevo estado tendrá que surgir desde la unidad de lucha y después de un proceso de negociación.

Por eso hemos manifestado nuestro apoyo a la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo. También pensamos que es irrenunciable el derecho de autodeterminación de los pueblos para construir, desde la auténtica libertad un escenario político común. En las condiciones políticas actuales reivindicamos una República Federal construida desde abajo, como máxima expresión democrática.

P.- ¿Son ustedes una organización reconocida legalmente? ¿De dónde viene el nombre de Anemoi?

No somos una Asociación. Somos simplemente un colectivo. Las Asociaciones solo son legales para los militares en activo y para la defensa estricta de sus intereses profesionales: la AUME es la más numerosa de ellas y la que cuenta con mayor número de miembros: hombres y mujeres.

En los últimos tiempos la AUME ha alcanzado enorme notoriedad. La defensa de los intereses profesionales de sus miembros y la exigencia de libertad de expresión para los militares, ha llevado a varios de sus dirigentes a fuertes conflictos con el poder militar. Jorge Bravo su presidente ha sido varias veces arrestado y tratado como un delincuente.

Anemoi es un simple Colectivo de militares sin estatuto jurídico alguno. En realidad somos un estado de opinión, el resultado informal de un proceso de identificación y de confluencia, algo evanescente pero muy penetrante: viento del pueblo.

Anemoi es una palabra griega que se refiere a todos los vientos. En principio distinguían los vientos de los cuatro puntos cardinales, cada uno con su nombre y sus características. Después incorporaron a esos cuatro vientos principales, cuatro vientos más de los cuatro cuadrantes. Ya eran ocho los vientos de Anemoi. Pero en cada lugar –los griegos eran un pueblo navegante pero también con una gran diferenciación territorial- los vientos tienen distintos nombres y características de modo que el número de vientos se multiplica casi indefinidamente. Así ocurre en nuestro país.

Para nosotros Anemoi son los vientos del pueblo. Los que nos empujan, los que nos arrastran, los que gritan o susurran: las voces olvidadas del pueblo. Hemos asumido el deber de recogerlos y soplarlos hacia los cuarteles. Por eso, junto a nuestro anagrama nos identificamos con el poema “Vientos del pueblo me llevan” de Miguel Hernández, del que solemos citar como lema la primera estrofa: “Vientos del pueblo me llevan,/vientos del pueblo me arrastran,/me esparcen el corazón/y me aventan la garganta”.

P.- ¿No temen infiltraciones?

A.M.- En realidad somos nosotros los que infiltramos. O, mejor dicho, el pueblo con un poco de ayuda de Anemoi.

Eso hace el viento, por todas las rendijas. Las “infiltraciones” las temen realmente ellos. El viento del pueblo les va a llegar por todas partes: como brisa imperceptible, con el aire que respiran o como viento huracanado. Les va a llegar con sus hijos desempleados, con sus familias precarizadas, con sus familiares más próximos multados, golpeados o fichados. Pueden combatir al viento con botes de humo, con mangueras de agua, pinchando las redes o los teléfonos, rodeando bases y cuarteles de alambradas. Da igual, el viento entrará de todas formas.

Tememos infiltraciones de otro tipo, aunque estamos aprendiendo a ser muy cuidadosos. Y tememos las provocaciones aunque cada vez nos sentimos más protegidos. En la presentación de Anemoi en el CAUM de Madrid intentó infiltrarnos una organización llamada Bandera Negra. Nos envió una oferta de “protección jurídica” de un grupo de abogados con un Manifiesto de tono libertario pero muy pasado de rosca. Les contestamos con cortesía (no sabíamos quienes eran). Volvieron a presentarse en el Acto público y firmaron la lista de organizaciones que querían recibir información sobre Anemoi. Dos días después Público.es y laRepública.es denunciaron quienes eran realmente el grupo B.N. y quienes sus dirigentes. Los denunciamos públicamente para proteger a nuestros invitados al acto. Ellos que firmaron la lista de direcciones en último lugar podrían intentar engañar a otros pequeños colectivos, tal como habían estado a punto de engañarnos a nosotros.

Hubo también otro intento de infiltración “de manual” en el que, estuvimos a punto de ponernos al alcance de los jueces militares. Es de explicación más compleja. Provocó diferencias de opiniones entre los responsables de leer, analizar y contestar nuestro correo electrónico. Las dos denuncias fueron colocadas y retiradas al cabo de unas horas. Trabajábamos en la gestión del correo electrónico del colectivo a cuatro manos. La segunda infiltración –más bien, provocación- estuvo montada, a mi juicio, por el CNI. Nos implicaba, como de pasada, en una oferta de trabajo de “proselitismo” dentro de las FAR. Había otras coincidencias en el texto muy sospechosas En todo caso yo soy el principal responsable de aquellas vacilaciones. Tengo más experiencia en la Red que mis compañeros, y más datos sobre este tipo de infiltraciones y sus posibles gravísimas consecuencias.

Quién no se acuerda del asesinato de Carlos Palomino, un joven de 16 años en el Metro de Madrid, y de las enormes movilizaciones populares que llevaron a la identificación del asesino, un militar profesional, por cierto.

P.- ¿Por qué han irrumpido en el espacio público en estos momentos? ¿Hay alguna cuestión que les preocupe especialmente?

-Crisis económica “catastrófica”. Descarga de la crisis sobre los más pobres, pérdida de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pobreza e indigencia.

-Preparación sistemática de un conjunto de leyes represivas “integradas” que pretenden criminalizar, reprimir, levantar ficheros policiales de los dirigentes populares, encarcelar y anular toda posibilidad de resistencia.

Saqueo del país e impunidad. El pueblo ha llegado a la conclusión de que la gestión pública es, en realidad, un acuerdo de intereses entre empresarios que ordenan y políticos que obedecen; y que todas las decisiones públicas determinan pagos de comisiones, irregularidades administrativas, dinero en negro. El estado se ha arruinado y los financieros, empresarios, políticos, miembros de los distintos poderes del Estado, con toda la cadena de gobiernos regionales, locales, etc. Se “han puesto las botas”. No todos, naturalmente, pero si una cantidad tan enorme “que han hecho de la corrupción, virtud”.

-Carencia de legitimidad de un estado que se ha convertido en un Régimen corrupto y antidemocrático. La Monarquía ha ejercido un papel básico en la estructuración de este Régimen y en la determinación de los “niveles aceptables” de corrupción, así como en el apoyo a la política internacional de Washington. Pero aquí, al revés que en Zalamea: “Del Rey abajo, todos”. ¿Puede haber un diálogo más cínico que el que sostuvieron Artur Mas y Felipe González hace unos días, para “canalizar” el proceso soberanista de Cataluña?

-Aparición de amenazas, consentidas, de altos mandos militares sobre una inminente intervención de las FAR en Cataluña, si proseguía el “proceso soberanista”.

En nuestro Manifiesto, Daniel, encontrarás un análisis de la situación, unas propuestas inmediatas para evitar el desastre social y económico en el que vive y vivirá nuestro pueblo, y, sobre todo, una llamada al “cambio radical pacífico” para que empiecen a resolverse las cosas. Puedo decirte que llevamos más de un año de trabajo público y continuo. Cada uno de nosotros ha aportado su experiencia y todos hemos aprendido. Pero eso no ha salido de la nada.

En mi caso concreto puedo decirte que antes de dar este paso, he participado durante tres años en el análisis de la situación económica, social y política, analizando posibles estrategias de lucha; casi dos años más volcado en un trabajo en Cádiz en el que participaban casi todos los colectivos sociales, organizaciones políticas y ONG’s. Finalmente, varios compañeros confluimos en la necesidad de trabajar en el “problema militar”. Poco a poco fue surgiendo Anemoi. No somos fruto de un día. Somos el resultado de una reflexión muy larga y un compromiso muy serio con nuestro pueblo.

P.- Hablan ustedes de unas fuerzas armadas que deben estar con el pueblo ¿Qué significa eso para ustedes? ¿En qué autores, en que concepción de las fuerzas armadas se inspiran?

A.M.- Nos inspiramos en la historia de este país durante los últimos noventa años, por decir una cifra ampliable hacia atrás. Nos declaramos antifranquistas, antifascistas y antiimperialistas. Nuestro Manifiesto es el resultado de esa confluencia de análisis sobre nuestra historia y de una experiencia muy larga. Hablamos de la fusión del pueblo y de las FAR pero no se trata de un pueblo abstracto.

Hablamos de los militares que participaron en la defensa de la II República contra el franquismo y el fascismo, hablamos de la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) que se formó para la defensa de la segunda República contra el inminente golpe militar y que integró a militares de distintas ideologías (todas de izquierda y republicanas), hablamos de los militares que encuadraron a las milicias populares y que fueron vitales para la formación del Ejército Popular; hablamos de la U.M.D., de su funesta disolución y de la larga lucha de muchos de sus miembros; hablamos de las condiciones internacionales en las que se desarrollará la lucha de los pueblos contra el neofascismo y el imperialismo de EEUU y sus aliados.

De todo eso y de la lectura o relectura de textos de historia; de la observación de lo que ha pasado en los últimos años y sigue pasando ahora mismo, surge y se va definiendo Anemoi. No ha habido nunca un Colectivo que nace en un momento preciso. Anemoi ha ido naciendo y sigue naciendo y creciendo. Eso sí, Anemoi no retrocede en sus concepciones, avanza, avanza con el pueblo.

Hay unas frases muy significativas en nuestro Manifiesto, que creo que responde a tu pregunta: “La soberanía corresponde al pueblo, comoquiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo”. “Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente inaceptables”. “En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto”.

P.-¿No tienen miedo a la represión? El Régimen antidemocrático que ustedes denuncian no se va a quedar parado ante un intento como el suyo.

A.M.- La represión nos amenaza a todas las personas –hombres y mujeres- que luchamos por un mundo mejor. A nosotros también.

Estamos hablando de un Régimen autoritario y antidemocrático en marcha acelerada hacia el fascismo. En nuestro Comunicado: “Denunciamos la Ley de Seguridad Privada, como la instauración de ‘cuerpos parapoliciales’ al servicio de la oligarquía y de su Régimen antidemocrático”, hemos explicado cómo se va cerrando el sistema represivo hasta no dejar ninguna fisura.

La reforma del Código Militar va a incluir a civiles entre los posibles actores de delitos militares y no, en caso de guerra declarada aprobada por el parlamento, sino también en caso de “guerra no declarada”. Así pues cualquier civil que ponga de manifiesto o denuncie actividades “irregulares de las tropas” podrá ser procesado por un Tribunal Militar por “colaboración con el enemigo”, “poner en riesgo las operaciones militares” y delitos por el estilo.

Nosotros, militares jubilados, podremos ser juzgados por “traición” porque al delito anterior pude sumársele el agravante de que “criticamos las operaciones militares y además, como militares, proporcionamos información que puede ser útil al enemigo”. Por ahí ronda el delito de traición, que no es ninguna broma.

Por cierto esa amenaza también ofende, humilla, y degrada a los militares profesionales en activo: ¿Quién puede olvidar el accidente del Yak, con 62 militares españoles muertos, irregularidades dantescas en la investigación y unas responsabilidades limitadas al mínimo?, pese al enorme esfuerzo de denuncia de amigos y familiares. ¿Qué se resuelve con el silencio? El máximo responsable de todo aquello está de embajador en Londres: Federico Trillo.

P.- Por cierto, déjenme retroceder un poco en el tiempo. ¿Qué opinión tienen ustedes del intento democratizador de la UMD? No era fácil hacer lo que hicieron en aquellos años.

R.- No, era muy difícil. En realidad los miembros de la UMD se jugaron la vida. Fue realmente un asunto circunstancial el que alguno de los detenidos en agosto de 1975 no la perdiese “accidentalmente”, durante la “detención” o en un supuesto “intento de fuga”.

La circunstancia principal fue la inmediata enfermedad de Franco. Otras circunstancias fueron la ignorancia del Régimen franquista sobre la verdadera entidad que tenía aquel movimiento. La presencia accidental de uno de los miembros de la U.M.D en París, en aquél momento, fue también providencial.

El entonces capitán Domínguez denunció las detenciones y provocó una inmediata reacción internacional a favor de los militares detenidos. Por supuesto la inmediata solidaridad que se creó en torno de Luis Otero y sus compañeros, entre todos los sectores sociales que ya se oponían decididamente al franquismo fue otro elemento clave. La fase previa al juicio y los largos meses de cárcel fueron realmente terribles.

El intento democratizador hubiese avanzado mucho más si los partidos de izquierda no hubiesen presionado a la U.M.D. para la “autodisolución”. Aquello cercenó a un movimiento en fuerte crecimiento y nos condujo directamente al 23F. Fue una de las traiciones de las que hablábamos antes. Como el hecho de que los militares juzgados, condenados y encarcelados fuesen excluidos de la amnistía. Solo se les permitió volver a los cuarteles cuando ya no tenía ningún sentido. Les negaron mandos y destinos. Fue una verdadera infamia.

P.- En cuanto al 23-F. ¿Qué pasó realmente aquel febrero de 1981?

R.- Esencialmente lo que contaron en el programa de Jordi Évole “Operación Palas” del otro día. Évole está muy bien informado. Hace varias semanas apareció en la red un informe muy bien documentado y muy completo del Coronel Diego Camacho sobre el 23F, con vídeos, audios y documentos originales. En él aparecen los documentos manuscritos de la “Propuesta de Gobierno que Armada presentó a Tejero”, y del “Pacto del capó” que firmaron Armada y el propio Tejero.

La relación del “Gobierno Armada” es muy significativa y no me resisto a reproducirla completa:

Presidente del Gobierno: General Alfonso Armada

Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE)

Vicepresidente para Asuntos Económicos: José María López de Letona (Banca)

Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática)

Ministro de Defensa: Manuel Fraga (Alianza Popular)

Ministro de Justicia: Gregorio Peces Barba (PSOE)

Ministro de hacienda: Pío Cabanillas (U.C.D)

Ministro de Interior: General Manuel Saavedra.

Ministro de Obras Públicas: José Luis Álvarez (U.C.D.)

Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero de Miñón (UCD)

Ministro de Trabajo: Jordi Solé Dura (PCE)

Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD)

Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Sadat (CEOE)

Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario)

Ministro de Economía: Ramón Tamámes (PCE)

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (PSOE)

Ministro de Autonomías y Regiones: General José Antonio Sáenz de Santamaría.

Ministro de Sanidad: Enrique Mújica (PSOE)

Ministro de Información: Luis María Ansón.

Como puedes ver, explica por si sola, toda la historia de la Transición. Explica también, la formación del Régimen y el nuevo pacto de hierro para salvar la Constitución. Explica, por supuesto, la continuidad, sin pausas, de la guerra sucia en Euskadi, y la utilización de la “guerra del norte” como coartada para la perpetuación de un verdadero estado de excepción que es el que hemos tenido hasta ahora. Rajoy está continuando con el papel que le corresponde en esa comedia trágica con tantos centenares (o miles) de muertos.

P.- ¿Qué relación creen ustedes que existe entre las fuerzas armadas españolas y las norteamericanas? ¿No resulta excesiva la presencia de bases americanas en nuestro país?

A.M.-La relación, como ya he dicho, es de subordinación absoluta. Pero, hay que entender que éste es un proceso aceptado por todos los grupos políticos, más allá de verborreas ocasionales de cara al electorado. Las FAR han sido planificadas de acuerdo con las necesidades de Washington, como componentes “integrables” para incorporarse a sus operaciones militares. Los planes de armamento son absurdos si se ven desde una perspectiva de Defensa nacional.

El último ejemplo es el “Componente Naval del Escudo Antimisiles”. Supone la ampliación de Rota como base de retaguardia de la OTAN, de los EEUU o de cualquier alianza ocasional (autorizada o no, normalmente no) por la ONU, para asegurar el control del Mediterráneo y de la costa norte del continente africano. Fue una salida de Zapatero (consensuada con Rajoy) para responder a la exigencia de los EEUU de aumentar los gastos de armamentos después del “desastre de la intervención en Libia.

No tiene nada que ver con una defensa antimisil contra Irán o contra Corea. Eso es una tomadura de pelo, que favorece Falsimedia, y que denigra a los que la emplean como justificación, sean militares o civiles. Se trata de imponer una superioridad indiscutible en el Mediterráneo e imponer el diseño estratégico de Washington. Los cuatro grandes buques, armados con misiles antimisiles, son una “pequeña guerra de las galaxias” en un escenario limitado. El problema es el aseguramiento de las materias primas esenciales: fundamentalmente petróleo y gas; y el acoso a Rusia y China, dos potencias importantes y en auge.

Los cuatro grandes buques están enlazados con un sistema de alerta y control aéreo que han activado en Torrejón, conectado a su órgano central de control aéreo que está en Alemania. La costa SE española tiene algunos radares de gran cobertura que también pertenecen al conjunto.

La instalación del sistema antimisiles tiene dos efectos importantes: el primero incorporar al estado español a un sistema global de agresión en la “guerra mundial, permanente, antiterrorista”, esa enorme ficción para dominar el mundo. El segundo es incorporar el territorio español al escenario de combate global.

Da verdadera pena escuchar el discurso de algunas organizaciones o ONG,s “pacifistas” que solo hacen hincapié en el “riesgo de ser blanco en un intercambio de misiles” (lo cual es una probabilidad muy lejana) y no en la participación en un sistema militar que causa continuas matanzas en el mundo.

Los militares atlantistas en comunicación directa y continua con sus “homólogos” norteamericanos actúan como cadena de transmisión para orientar la política exterior de España.

Sobre la presencia de bases o instalaciones extranjeras en nuestro territorio, el manifiesto: “Las Fuerzas Armadas con el pueblo” es terminante:

“La defensa de la soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro territorio”.

“La “guerra contra el terror” constituye una burda manipulación propagandística, sembrada desde los centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión contra la disidencia política legítima en todos los órdenes”.

“El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad y la solución negociada de los conflictos. El recurso a la fuerza está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución de la Segunda República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.

P.- ¿Existe armamento nuclear en alguna de estas bases? ¿Puede haberlo?

Hace mucho tiempo que se desechó la posibilidad de control del armamento que llevan buques, aviones o submarinos. Los equipamientos para el combate son ahora “multiusos”.

Por otro lado la miniaturización de las armas nucleares ha roto con toda posibilidad de acuerdo de desnuclearización. Son las llamadas armas antibunker. Los EEUU, ante cualquier conflicto, cuando son preguntados sobre si van a utilizar o no armamento nuclear siempre responden lo mismo: “El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa”. Por supuesto, Rota puede tener armas nucleares tácticas y, por supuesto estratégicas: eso, depende del escenario de combate previsto, hoy en día no es una clasificación militar. Por otro lado Washington está poniendo en funcionamiento nuevas bombas de enorme capacidad perforante y destructiva

P.- ¿Cuál es la función de la OTAN en lo que respecta al Estado español? ¿Qué papel debería jugar nuestro país en esta alianza no siempre pacífica?

A.M.- Salirnos de la OTAN y eliminar todas las bases e instalaciones militares extranjeras en nuestro territorio es la única opción de paz y de soberanía nacional.

P.- En uno de sus comunicados dicen que “el 22 de marzo serán la ocasión de mostrar la frontal oposición al sometimiento suicida a los dictados del capital”, ¿qué les impulsa a adherirse a esa movilización?

Lo explicamos perfectamente en nuestro comunicado, ante el despojo del pueblo es necesario organizar la resistencia. Son los sectores que se están incorporándose a luchas concretas, y buscando la unidad en torno a esas luchas los que merecen la confianza del pueblo.

A mi juicio el Comunicado de apoyo a las Marchas de la Dignidad es el documento mejor elaborado que ha hecho Anemoi. Implica una alianza necesaria. En la gente que lucha encontramos nuestros aliados para cambiar este mundo terrible por otro más humano. Recomiendo la lectura de ese documento: Comunicado de adhesión del colectivo Anemoi a las Marchas de la Dignidad.

P.- ¿Quieren añadir algo más?

A.M.-Solo añadir algo para que conste: sin la casa-refugio que nos habéis proporcionado, Anemoi no hubiese podido existir, ni mucho menos adquirir la fuerza y la dimensión que ahora tenemos. Se hubiese diluido en la red.

Rebelión en los cuarteles” ha sido y es nuestro centro informativo. Así pues amigo, compañero de lucha, tú eres, sin duda; con todo el equipo de dirección de Rebelión, una buena parte de Anemoi.

Empezamos pocos y terminaremos multitud. Empezamos desarmados de todo y terminaremos armados de pueblo, armados de revolución pacífica, indestructibles. Gracias.

Nota:

[1] Antonio Maira es cofundador y miembro del Colectivo Anemoi. Fue también uno de los representantes del Colectivo militar que participó en la presentación pública celebrada en el CAUM de Madrid el día 23 de enero de 2014.

José Daniel Fierro. Miembro del Consejo Editor del periódico Rebelion.org

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Hace 24 años el presidente socialista Joan Lerma puso en marcha RTVV

FUENTE

Breve historia de una desdicha. Hace 24 años el presidente socialista Joan Lerma puso en marcha RTVV. Era entonces una TV sometida a la austeridad económica de aquellos tiempos y nació sin mucho entusiasmo por la libertad de expresión, digámoslo todo. En 1995, su sucesor en la poltrona, el popular Eduardo Zaplana, sacudió la modestia del invento y, sin reparar en gastos, lo inundó con personal de su confianza, abonando el clientelismo y la manipulación informativa. Su apadrinado Francisco Camps no hizo después otra cosa que, en un palmario ejercicio de irresponsabilidad, insistir en estas prácticas, abocando el ente al límite de lo imposible e inviable. Alberto Fabra, que lo relevó, ha tenido que afrontar, desde la actual insolvencia de las finanzas públicas, el problema que supone el escandaloso desmadre económico de este medio, por no hablar de su misérrima audiencia. Soslayemos los episodios de saqueo, abusos y despilfarro.

¿Tenía el presidente otra alternativa? ¿Podría haber recurrido a la cirugía o a la negociación con las partes implicadas, plantilla e incluso la oposición? Lo bien cierto es que, declarada la nulidad judicial del ERE, que conllevaba como se sabe el despido de casi un millar de trabajadores, se determinó el final de las emisiones sin el menor intento de salvar lo salvable. A partir de ese momento la liquidación del ente se ha convertido en un embrollo descomunal y ha dado la impresión de que, a pesar de los eminentes y bien pagados asesoramientos jurídicos del Consell, éste se había lanzado a la piscina sin saber nadar. Todo el proceso liquidador parece desarrollarse bajo el signo de la improvisación, lo que abona la frivolidad e incompetencia de los gestores. Hubo momentos en que RTVV pudo estar gobernada hasta por un soviet de trabajadores, tan era el vacío de poder.

No vamos a romper una lanza por esta TV. Rescatable o no, estaba moribunda y, en realidad, sus mayores beneficiarios eran los políticos del PP con mando en plaza, los principales festejos del país, digamos gaiates,falles i fogueres, y los no pocos subvencionados —fútbol, motor, estrellas invitadas— que minaban sin recato los dineros del presupuesto. Como medio informativo bajo el imperio del PP, la TVV ha sido el emporio de la mentira o la falsificación. Su obituario no merece una sola lágrima, excepción hecha del holocausto laboral que su cierre ha causado. Pero aun en este capítulo procede matizar que alguna culpa incumbe a esa plantilla que, salvada una intrépida y honorable minoría, ha callado año tras año ante los desmanes evidentes y su propia hinchazón. No merecen este castigo, pero lo han abonado.

¿Vamos, pues, a quedarnos sin televisión, siendo como somos una singularidad idiomática y cultural, además de un mercado publicitario apetecible a poco que se tonifique la economía? Pues no. Apostamos que más pronto que tarde tendremos televisión autonómica. El PP, cojitranco como anda, presentimos que no se arriesgará a concurrir a las próximas elecciones sin este amparo. Algunos de sus notables ya apuntan tal riesgo. Por eso fletará fórmulas y hallará cofrades para sacarle las castañas del fuego en el que ya arde. En todo caso, producido el relevo en el gobierno de la Comunidad, la izquierda tiene la obligación política de dotarnos por fin de una TV pública, plural y de calidad. La experiencia padecida con Canal Nou, que glosamos, ha sido lo bastante aleccionadora como para no cometer los mismos o perecidos errores.

Actuaciones del CNI Catalán

OPGOvCAT: Desde Anonymous revelamos las actuaciones del CNI Catalán que tutela y coarta la libertad de expresión de los ciudadanos realizando actividades de controly seguimiento incluso a miembros del Parlamento Catalan o a periodistas y para entidades privadas, como La Caixa o Abertis.

En Reus (Tarragona) se encuentran las dependencias del embrión del futuro ente del espionaje catalán. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya - Cesicat, que nació en 2009, bajo la segunda legislatura de la era tripartita. Su principal objetivo es proteger a la Administración catalana de las ciberamenazas, cuyas competencias están atribuidas exclusivamente al Ministerio de Defensa a través del Centro Criptológico Nacional-CCN, organismo que
forma parte del CNI.

La institución de seguridad catalana está configurada como una fundación situandose La Caixa en el Patronato que realiza su gestión y cuyo presidente es Carles Flamerich, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña.

Ni el Estatuto catalán ni la Constitución otorgan dichas políticas de seguridad a las autonomías, siendo competencias exclusivas del Ministerio de Defensa,según consta en la Estrategia Española de Seguridad, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 24 de junio de 2011.

El Cesicat, entre otras instituciones de la seguridad catalana, lo inspiró Miquel Sellarès, primer director de la policía autonómica catalana y responsabledel polémico informe que indicaba la ideología de los principales periodistas catalanes, cuando éste era secretario de comunicación bajo el primer Gobierno 'tripartito' de Pasqual Maragall.

El Cesicat gestiona una licitación plurianual de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la información por valor de € 3.156.969,19 para la ejecución de los servicios determinados en el Plan Nacional de impulso de la Seguridad TIC, donde son muchas las voces que apuntan a una grav emalversación y a un proceso irregular en las adjudicaciones, Anonymous exigimos que se investigue la violación de derechos y la corrupción a la que nos tiene acostumbrados la clase política catalana, que dispone de un cuerpo como la stasi exclusivamente a su servicio.

Los documentos que Anonymous revela al pueblo catalan demuestran que el ente actúa en Internet cuartando la libertad de expresión de ciudadanos, pero además sin tener competencias investigan actividades y realizan bases de datos no sujetas a regulación por un organismo controlador como la Agencia de Protección de Datos, una actividad que demuestra cómo el Gobierno de Mas y ERC no tienen el más mínimo respeto por la ciudadanía, ni por sus datos
personales ni por su vida como hemos visto lamentablemente en las últimas horas.

Abajo la tirania!!

http://www.crocko.com/384302F0A18749E991443629ECFE4CFA/anon-cesicat.zip
http://www.crocko.com/265E1E99C178431CA07D6D0A8EC04CA5/anon-cesicat.zip
http://turbobit.net/k396ytoyisu3.html
http://sendfile.su/886135

Somos Anonymous, No olvidamos, No perdonamos, Esperadnos!

Justicia social y cómo hacer frente a la desigualdad y la pobreza

El concepto general de justicia social incorpora la idea de que no existe desigualdad entre las personas, que haya oportunidades para todos, desde los que viven en la pobreza hasta los que se hallan en la riqueza. Mientras exista injusticia social en el mundo no habrá igualdad de oportunidades, ni libertad de expresión, ni acceso a los servicios básicos que todo ser humano necesita.

¡Súmate a InspirAction y lucha para lograr un cambio!

Justicia social: definición

El término “justicia social” fue utilizado por primera vez por el cura siciliano Luigi Taparelli d’Azeglio en el año 1840. Varios años después, John Stuart Mill, lo usó en su famoso libro “Utilitarismo”.  Más tarde, a mediados del siglo XIX, surge una nueva definición de justicia social  como la necesidad de establecer una distribución igualitaria de todos los bienes sociales. Este concepto incluye al Estado como la clave principal que debe compensar las desigualdades sociales existentes y crear los mecanismos que logren el cambio. Por otra parte, la corriente liberal sostiene que la justicia social está relacionada con la generación de oportunidades y la protección de los proyectos privados.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Esta organización la define como “un principio fundamental para la  convivencia pacífica y próspera” y que se erige como el núcleo de su misión global de promover el desarrollo y la dignidad humana.

Según la ONU los fundamentos de la justicia social se defienden cuando:

·  Se promueve la igualdad de género

·  Se impulsan los derechos de los pueblos indígenas

·  Se fomentan los derechos de los migrantes y refugiados en todo el mundo

·  Se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad

Desde InspirAction trabajamos en proyectos que intentan erradicar la pobreza del mundo, promover acciones a favor de la creación de empleo, de medios de subsistencia y ayudar a enfrentar los desastres naturales que provoca el cambio climático.

También luchamos contra las desigualdades sociales y en pos de una libertad de acceso al bienestar y a la justica social.

Escraches: la democracia que nos han robado

Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches

 “Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza”, dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?

Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.

El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.

¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución

La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.

Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismoRecuerdan Pisarello y Asens que “los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El escrache es una forma de desobediencia civil. Cumple las tres reglas que marcó Habermas para que sea tal y no caiga en otras formas de desobediencia que carecen de legitimidad: son pacíficas, lo que se reclama tiene carácter universal —no se reclama en exclusiva para uno mismo, sino para todos— y se está dispuesto a asumir las consecuencias de los propios actos. La desobediencia civil es una válvula de seguridad democrática. Surge cuando las demandas sociales van por delante de las leyes y del comportamiento político institucional. Las leyes que ayer nacieron para defender a los políticos del acoso de los monarcas absolutosinviolabilidad, inmunidad, fueros especiales- se han convertido hoy en formas de privilegio. Si en España tuviéramos una Constitución como la alemana, hace tiempo que el Tribunal Constitucional tendría que haber llamado al derecho de resistencia o habría declarado fuera de la Constitución a, cuando menos, los dos últimos gobiernos del Reino de España. ¿Por qué los jueces son tan solícitos para algunas cuestiones y, en cambio, han tolerado la ruina del país consumada por Zapatero y Rajoy? ¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?

Escribía en otro lugar que vemos con pasmo que lo que estaba prohibido, ahora está permitido —sueldos desorbitados, sacar dinero del país, vaciar instituciones, usar información privilegiada—, y que lo que estaba permitido —derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho de reunión— están, de facto, prohibidos. Vemos que desaparecen las garantías de reparto de la riqueza social y aumentan las desigualdades; que los políticos que gestionan la transferencia de renta desde las clases medias y bajas a los ricos tienen la llave de la puerta giratoria que les permite un futuro cómodo en las grandes empresas; que cualquier tipo de protesta pasa a ser criminalizada por esos políticos que están gestionando ese robo de los de abajo hacia los de arriba (llevando a suelo patrio lo que antes se hacía entre continentes). “Por la mitad de lo que estos están haciendo yo me he pasado diez años en la cárcel”, dice el bróker de Wall Street, la película de Oliver Stone, viendo a nuestros actuales dirigentes. Y eso que no sabía ni lo de la Infanta, ni lo del coche en el garaje de Ana Mato, ni lo de la escritora fantasma de Mulas, ni lo de los sobres del PP. Cuando lo ilegítimo se convierte en legal, nace el momento de la desobediencia. En América Latina se preguntan a qué está esperando Europa.

Los escraches son nuevas reglas del juego para una nueva partida democrática. Y tienen la misma oposición que en su día tuvo el sufragio universal, el derecho a huelga o a manifestación. El escrache es un diálogo directo con los “mandatarios” que se convierten otra vez, gracias a ese acto de diálogo forzado, en “mandatados”. Que es lo que siempre han sido, aunque el abandono de la conciencia democrática le dio la vuelta a los papeles. Los escraches tenemos que entenderlos como la actualización en el siglo XXI de la rendición de cuentas democrática, de la exigencia del cumplimiento cabal de los programas electorales (o la convocatoria de nuevos comicios), de la reclamación de comportamientos acordes con la soberanía popular, de la renovación de la construcción de la voluntad popular más allá de la distancia que marcan los partidos, de la reivindicación de la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar 

Déjenme repetirlo: los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar. Con los escraches, el escenario, en cualquier caso, se clarifica: los diputados que no soporten la cercanía de los electores, que se marchen. En democracia, es el pueblo el que manda. Aunque expresarnos así parece devolvernos a un lenguaje que se hablaba en tiempos arcaicos. ¿Quieren seguir manteniendo los políticos la impunidad? ¿Quieren trabajar para otro señor que no es el pueblo y que nadie les demande por su traición? ¿Va a convertirse la política en un negocio paralelo al desmantelamiento de los sistemas de previsión social?

La salida fácil es decir que los escraches son una forma de amedrantamiento que pertenece a los regímenes fascistas. Se equivocan. Las tensiones entre sectores sociales pertenecen a todos los regímenes que mantienen desigualdades. ¿Quién sin que se le caiga la cara de vergüenza va a defender que un escrache es más violento que un desahucio, que un despido, que un corralito, que el cierre de la universidad y las urgencias, que una mentira electoral, que las machadas de los antidisturbios, que las multas por ejercer la democracia?

Los que están en contra de los escraches son los que están a favor de otras formas de protesta que ya no cambian nada. El mismo diputado del PP que vota en contra de la ILP, es decir, el mismo diputado que construye “fascismo social” expulsando de la ciudadanía a una parte importante de los españoles y españolas, dice que los escraches se emparentan con las señales pintadas por los nazis en las tiendas de los judíos. Es al revés: son ellos los que nos cuelgan la estrella en el pecho negándonos el sustento, la vivienda, la salud. Esa democracia que defienden sólo existe en sus discursos. Hace tiempo que se ha ido.

Igual que Israel se comporta con los palestinos con maneras de nazis, el neoliberalismo está haciendo de nuestros países un enorme campo de concentración enmascarado en formas democráticas. Una queja que no es oída no tiene efectos democráticos. Por eso los escraches están devolviendo la democracia perdida o quizá, incluso, están permitiendo el advenimiento de la democracia que nunca hemos tenido. La democracia se gana siempre en la confrontación. Por eso dijo Fraga que la calle era suya. Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches. Es normal que el PSOE, el PP, UPYD, CIU o el PNV estén en contra. Tan evidente como que hay que regresar a los lugares donde nacieron los partidos. A la calle. Los escraches ya han empezado a marcar el camino.

Juan Carlos Monedero es  profesor de ciencia política en la Universidad Complutense

Público.es

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El derecho de reunión

En el Anteproyecto de texto constitucional, al igual que en el previo borrador se establecía que el ejercicio del derecho de reunión no necesitaría de autorización previa ‘salvo en los casos de reuniones al aire libre y de manifestaciones’. La Ponencia, por su parte, pasa a hablar de reuniones en lugares de tránsito público, en lugar de ‘al aire libre’, correspondiéndose la primera expresión más con el espíritu de la norma. La Comisión Constitucional del Congreso ofrece ya la versión definitiva del texto del actual artículo 21, declarando con carácter general la falta de necesidad de autorización previa, mientras que introduce la necesidad de comunicación previa para las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones.

De entre las Constituciones de nuestro entorno cabe citar la italiana que contiene una redacción similar a la del art. 21 CE pues también establece la necesidad de aviso previo y la posibilidad de prohibir las reuniones en lugares públicos.

El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como ‘una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria’ (STC 85/1988, de 28 de abril; SSTC 66/1995, 42/2000, 124/2005, 110/2006, 170/2008, 37 y 38/2009). Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un momento prefijado y con una duración determinada y la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados nos encontraríamos ante meras ‘aglomeraciones‘, en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de al Constitución. Además de los derechos ya mencionados el derecho de reunión se vincula con otros como la participación política, las libertades sindicales o el derecho de huelga en cuanto que cauce de expresión de estos derechos, lo que conduce a calificar el derecho de reunión como un derecho instrumental.

En el artículo 21 hay que distinguir dos apartados el primero que genéricamente se refiere al derecho de reunión y el segundo que recoge unos supuestos específicos del mismo: las reuniones en lugares de tránsito público. De esta forma la afirmación general del párrafo primero se reduce a las reuniones que se celebren en lugares cerrados o en lugares abiertos pero que no sean de tránsito público.

El único requisito que se exige con carácter general es que la reunión sea pacífica y sin armas. En cuanto al primer aspecto constituye en sí un límite intrínseco al derecho, pues una reunión no pacífica no constituiría ejercicio del derecho sino claramente un abuso del mismo, excluido, por tanto, de la protección por parte del ordenamiento. Con relación al término ‘sin armas‘, en buena medida unido a la primera exigencia, se entiende que hay que comprender en él no sólo las armas en sentido estricto sino también cualquier instrumento que pueda ser utilizado como tal (bates de béisbol o paraguas cuando no tengan como finalidad la que les es propia, esto es proteger de la lluvia).

En el segundo párrafo, por su parte, se establecen unas limitaciones a los supuestos en que las reuniones se celebren en lugares de tránsito público, ya sean de forma estática (reuniones) o de manera ambulatoria (manifestaciones), estos supuestos cuentan con una regulación especial debido a que las repercusiones o la afectación de otros derechos o bienes será más intensa que en las reuniones que se celebran en lugares cerrados, por este motivo la Constitución exige que en esos supuestos la reunión ‘se comunique’ a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento, pero además se añade ‘con peligro para personas o bienes‘ con lo cual habría que interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006).

La regulación del derecho la efectuó la L.O. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada (art. 4.3) por la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la L.O. 9/1999, de 21 de abril.

La Ley Orgánica reproduce la distinción que aparece en los dos párrafos del artículo 21 CE, a la vez que exceptúa del régimen de la Ley las reuniones privadas, de partidos, sindicatos o sociedades mercantiles, profesionales o de carácter similar, aunque hay que entender que siempre que no se celebren en lugares que no sean de tránsito público. Esta exención no tiene apenas repercusiones por lo que respecta al régimen de las reuniones en lugares cerrados, salvo en los supuestos de declaración del estado de excepción o de sitio (art. 55 CE, en relación con el art. 116 CE, desarrollado por la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio) en los que el derecho de reunión puede ser prohibidas o sometidas a autorización previa, de conformidad con los términos de la correspondiente declaración del estado excepcional.

La Ley Orgánica reguladora del derecho establece que la autoridad gubernativa suspenderá o disolverá las reuniones penalmente ilícitas, las que produzcan ‘alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes’ (luego parece que han de darse las dos circunstancias) y en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares, supuesto este último criticado por no haber sido recogido por la Constitución y por plantear problemas de interpretación, ya que interpretado de forma rigorista podría conducir a situaciones absurdas.

El mayor interés de la Ley es el desarrollo que hace del sistema de comunicación y, en su caso, prohibición, de las reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. La comunicación se dirigirá a la autoridad gubernativa (delegado o subdelegado del gobierno) con un plazo máximo de 30 o mínimo de diez días de antelación (salvo por razones de urgencia en los que el plazo mínimo será de 24 horas), cuyo incumplimiento podrá suponer la prohibición del ejercicio del derecho (STC 182/2004). La comunicación deberá contener: a) la identificación de los convocantes o de sus representantes en el caso de personas jurídicas; b) lugar, fecha, hora y duración prevista, c)objeto; d) itinerario proyectado; e) medidas de seguridad previstas y/o solicitadas. Es decir todos los aspectos necesarios para que la autoridad pueda apreciar si la manifestación cumple con todos los requisitos necesarios para que pueda discurrir conforme a las previsiones del ordenamiento o si, por el contrario cabe la posibilidad de que exista un peligro real par el orden público o para personas o bienes.

La autoridad gubernativa, por su parte, comunicará al ayuntamiento afectado los datos de la convocatoria para que éste pueda hacer las alegaciones pertinentes, sin que el informe (que debe ser motivado) sea vinculante. La autoridad gubernativa podrá prohibir la manifestación o proponer modificaciones al itinerario o momento de la convocatoria en los casos en que estime que aquélla puede provocar problemas de orden público, en cualquier caso mediante resolución motivada notificada en el plazo de 72 horas a partir de la comunicación.

Ante una resolución contraria, ya globalmente, ya por proponer alternativas, cabe subrayar el procedimiento de garantía específico -en el marco del procedimiento preferente y sumario al que se refiere el art. 53.2 CE-, que ofrece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en su art. 122, para permitir así el ejercicio del derecho en los casos en los que los órganos jurisdiccionales no aprecien la concurrencia de peligro de alteración para el orden público como había hecho la autoridad. La peculiaridad reside en que los plazos son aun más breves que los que se ofrecen en el procedimiento específico de protección de los derechos fundamentales y, en relación con el fallo, la decisión únicamente podrá mantener o rechazar la prohibición o las modificaciones propuestas. La especificidad de este procedimiento con respecto al establecido de manera general como garantía de los derechos fundamentales radica en que, en su caso, pueda tener lugar la manifestación proyectada.

Las manifestaciones que no se hubieran ajustado al régimen de la Ley no por ello habrían de reputarse ilegales -sino sólo no amparadas por la Ley Orgánica-, salvo los supuestos tipificados en el Código Penal (arts. 513-514: reuniones para cometer delitos o integradas por personas que porten armas) y hay que interpretar que de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad no podrían ser disueltas.

Hay que destacar, como ha hecho la jurisprudencia, el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación (STC 36/1982, de 16 de junio; STC 163/2006; STC 170/2008), distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público de éstos (STC 225/2002, de 9 de diciembre), o justificando una invasión de la vía pública, con el subsiguiente corte de tráfico (STC 42/2000, de 14 de febrero), siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de bienes (STC 59/1990, de 29 de marzo).

La regulación del derecho de reunión al encontrarse en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución está sometido a reserva de ley orgánica (art. 81 CE), que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, y vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE), y, entre las garantías jurisdiccionales además de la tutela de los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad al que se ha hecho referencia, subsidiariamente, podrá recabarse la tutela del Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo (art. 53.2 CE).

En cuanto a la bibliografía son especialmente significativos los trabajos de Carrillo, García-Escudero, Gavara o Torres, entre otros.
Sinopsis realizada por: Ascensión Elvira Perales. Profesora Titular. Universidad Carlos III. Diciembre 2003.

Actualizada por Ángeles González Escudero, Letrada de las Cortes Generales. Enero, 2011

Dignidad Policial

Fuente: http://www.publico.es

El policía que apoyó el 15-M se reafirma ante el instructor del caso

El agente madrileño asegura no estar arrepentido de intervenir en una asamblea en la Puerta del Sol

“No estoy arrepentido de lo que dije y lo seguiré diciendo”. El policía local Javier Roca Sierra, expedientado por tomar la palabra durante su tiempo libre en una asamblea del Movimiento 15-Men la Puerta del Sol, sigue creyendo que, ante todo, está su derecho a la libertad de expresión. Ayer volvió a reiterarlo tras comparecer ante el instructor del expediente disciplinario por “abuso de atribuciones” por el que el Ayuntamiento de Madrid puede suspenderle de empleo y sueldo durante tres meses.

CCOO denunció que “dos furgones de tipo antidisturbios y aproximadamente 15 agentes de la Unidad Central de Seguridad (UCS)” esperaron a Javier a su llegada a las dependencias de Gestión Disciplinaria, donde acudió acompañado sólo de su mujer, un compañero de trabajo y otro de la central sindical.

El policía se enfrenta a tres meses de suspensión de empleo y sueldo

Desde este sindicato calificaron el operativo de seguridad de “desproporcionado” y aseguraron que “demuestra el pánico de la jefatura al descubrir que el cuerpo de Policía cuenta con gentes valientes e independientes”. Señalaron que, desde que conoció la apertura del expediente, Javier ha visto cómo se ha deteriorado su estado de salud. El agente dijo estar “ofendido por cómo se ha sacado de contexto su apoyo al espíritu del 15-M” y manifestó no estar “arrepentido de nada de lo que dijo”.

“Invitar a la reflexión”

“Me cuesta creer que me haya pasado esto. No he usado mi condición para hablar mal de la Policía o para incitar a hacer algo ilegal. Mi intención era invitar a la reflexión”, aseveró Javier Roca.

En el Ayuntamiento de Madrid siguen manteniendo que sólo se limitaron a “aplicar la normativa” y que la apertura de este expediente “no tiene que ver con el mensaje que transmitió el agente”.

Denunciado el fiscal superior de Madrid por su discurso contra los indignados

Por otra parte, la Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, por las críticas que realizó al 15-M durante su discurso en el acto de apertura de los tribunales madrileños.

El escrito le atribuye una falta grave del artículo 63.12 del Estatuto Fiscal que castiga el “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición”.

Durante el acto de apertura del año judicial en Madrid, Moix criticó que la conducta de los indignados “exterioriza su ignorancia acerca de los valores que inspiran la convivencia democrática”. Además, advirtió que la “pasividad” de las instituciones frente al 15-Mlas debilita. Según la asociación, Moix “al parecer espera que le sea recompensada” su “ideología ultraconservadora” en las próximas elecciones.