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Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social

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“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el pasado viernes las líneas fundamentales de la futura reforma del Código Penal. Tal presentación no fue más que una maniobra publicitaria, dado que no vino acompañada por la publicación del Anteproyecto en la web del Ministerio, donde solo puede encontrarse un simple resumen del futuro texto legal.

Ante la falta de transparencia del Ministerio, he tenido que bucear en la red hasta poder tener acceso a un ejemplar del anteproyecto, de fecha 16 de julio, disponible en la web del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Dicho texto experimentará cambios antes de ser remitido a las Cortes en forma de proyecto de ley, pero en cualquier caso permite tener una idea objetiva de la reforma, no condicionada por la propaganda ministerial.

El Código Penal proyectado representa un nuevo retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en el año 1995. Los tratadistas de derecho penal acostumbran a referirse al Código Penal como “Constitución en negativo”: allí donde la Carta Magna establece derechos fundamentales, el Código Penal establece los límites de las libertades, las líneas rojas que no se deben traspasar.  Y en este sentido, el Código Gallardón deja en números rojos, en negativo, muchas de las libertades que tanto ha costado conseguir.

El establecimiento de la cadena perpetua revisable es, sin duda, el mayor retroceso penal desde la transición, y es de todo punto incompatible con el actual texto constitucional, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.  Pero no quiero analizar aquí exhaustivamente algo que, con toda seguridad, será debatido en profundidad durante toda la tramitación de la reforma. Prefiero centrarme en un aspecto muy preocupante del proyecto: la criminalización de las nuevas formas de resistencia social.

El proyectado artículo 559, citado al inicio de este artículo, constituye toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales. Se criminaliza la difusión de mensajes o consignas que inciten a la comisión de los delitos del artículo 558, “ o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Por si no causase inquietud la indefinición de dichos términos, obsérvese a qué delitos hace referencia el vigente artículo 558:

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

De entrar en vigor la reforma proyectada, puede ser objeto de proceso penal todos aquellos que envíen por Twitter, o cualquier otra red social, consignas “que sirvan para reforzar la decisión” de perturbar el orden en cualquier acto público de cualquier autoridad.

La reforma no se queda ahí. La nueva redacción de los artículos 550 y 554 hace desaparecer las palabras “resistencia activa” del Código Penal. Con ello se abre la vía a que la resistencia pasiva como la desarrollada por los colectivos de “ Yayoflautas” o “ Rodea el Congreso” pueda ser criminalizada, una intención que queda meridianamente clara al leer el texto del resumen facilitado por el Ministerio:

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Pero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Por si todo esto fuera poco, la reforma deroga el Libro III del Código Penal, y con ello desaparecen las faltas, para convertirse o bien en delitos leves, o bien en infracciones administrativas. Algo que en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad tiene consecuencias regresivas: los hurtos y los delitos contra la propiedad intelectual inferiores a 400 euros, que hasta ahora eran faltas, se convierten en delitos leves que generan antecedentes penales.

Acciones de protesta como las protagonizadas en supermercados por la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, o el menudeo conocido como “Top Manta” no quedarán en un simple juicio de faltas, sino que conducirán al banquillo de un juicio penal por delito.

El malestar social causado por los recortes de derechos fundamentales ha ido en aumento en los últimos años, y ha encontrado en los nuevos movimientos surgidos a la luz del 15-M formas de expresión novedosas, que jugaban al límite con las líneas rojas del Código Penal. La reforma Gallardón pretende adelantar tales líneas rojas, para situar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.

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EEUU quiere regresar al patrón oro.

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Para limitar su monopolio

La rebelión monetaria contra la FED se extiende por EEUU

Algunos congresistas defienden el regreso del patrón oro, mientras que decenas de estados prevén reconocer el metal como divisa legal.

D.S.C. 2013-04-28

La Constitución de los Estados Unidos de América estipula que ningún gobierno estatal podrá “emitir papel moneda”. No obstante, la Carta Magna también señala que los Estados deberán abstenerse de legalizar “cualquier cosa que no sea la moneda de oro y plata” como “medio de pago de deudas”.

Amparándose en este punto, decenas de gobiernos estatales están empezando a aprobar diferentes medidas legislativas encaminadas a reformar el paradigma monetario nacional y rectificar la discrecionalidad de la Reserva Federal. Frente a las políticas de expansión crediticia del banco central estadounidense, estos Estados buscan avanzar en la dirección del patrón oro mediante todo tipo de reformas.

Utah abrió la veda

A nivel federal, el ex congresista y ex candidato presidencial Ron Paul propuso adoptar la Ley de Competencia Libre de Divisas, que proponía eliminar las regulaciones que, fijando el dólar como dinero de curso forzoso, impiden que el oro y la plata sirvan como método de pago.

Más recientemente, el Senador Mike Lee y el congresista Kevin Brady han propuesto la Ley de Modernización de la Reserva Federal, que pide a la FED que siga el precio de activos como el oro para así establecer de nuevo un vínculo entre la política monetaria que gobierna el dólar y la evolución de los metales preciosos que, históricamente, han servido de referencia para medir el desempeño monetario.

Estas iniciativas federales son complejas y de difícil aceptación. La situación cambia, no obstante, si hablamos de los Estados de la Unión. Aunque no pueden emitir su propio dinero, sí pueden reconocer monedas de oro y plata como divisas de curso legal. Por eso, en 2011, Utah movió ficha y aprobó el Sound Money Act, ley que permite que monedas de oro y plata sean empleadas legalmente como método de pago. Utah ha creado un depósito que permite que los residentes entreguen sus lingotes a cambio de una tarjeta de débito que reconoce el valor de dichos aportes; además, ha facilitado el pago de impuestos con oro o plata.

Siguiendo este ejemplo, otros Estados como Missouri o Arizona están debatiendo ya los últimos flecos de sus propias versiones de la ley aprobada en Utah. En ambos casos, las propuestas han superado ya varios trámites, por lo que su aprobación podría ser una realidad a lo largo de 2013.

En otros territorios como Carolina del Norte y Carolina del Sur, diferentes legisladores republicanos han puesto la cuestión encima de la mesa. En el caso de Carolina del Norte, la propuesta del congresista Mike Pitts es especialmente interesante, pues habla de admitir cualquier tipo de moneda de oro o plata como dinero de curso legal, mientras que las leyes de los Estados antes mencionados sí estipulan que las divisas han de ser acuñadas por la Casa de la Moneda de EEUU.

¿Efecto dominó?

La siguiente gráfica muestra oscurecidos los estados en los que no se han dado este tipo de debates, otorgando colores más claros e intensos a los territorios donde sí se han producido avances en este sentido:

En general, hay unos 20 estados en los que el tema está siendo planteado en mayor o menor grado. Alrededor de 15 están en el proceso de empezar a debatir propuestas legislativas orientadas a reconocer el oro y la plata como método de pago. Parece haber, por tanto, una especie de efecto dominó, ya que hace apenas tres años, ningún Estado había contemplado estas medidas. La reforma de Utah ha servido, por tanto, como catalizador de esta pequeña rebelión monetaria.

¿Qué Estados serán los siguientes? Ya hemos hablado de Utah, Arizona, Missouri y las Carolinas, por lo que analizaremos a continuación otros casos:

  • Georgia: desde 2011, se ha propuesto que los residentes del Estado puedan pagar sus impuestos en oro y plata. También está encima de la mesa la posibilidad de que los bancos georgianos puedan ofrecer cuentas denominadas en monedas de oro y plata.
  • Kansas: reconocería las monedas de oro y plata y eliminaría los impuestos que gravan su compraventa.
  • Virginia: una propuesta legislativa que ya ha pasado los primeros trámites pide que se forme una comisión de diez miembros para determinar “la necesidad, los medios y el calendario de lanzamiento de una unidad monetaria anclada a un metal precioso”.
  • Idaho: la propuesta aprobada en 2012 reconoce que el oro y la plata deben ser reconocidos como dinero. Ahora será necesario que la propuesta se traduzca en medidas más concretas.
  • Maine: el proyecto de ley aún no ha sido tramitado pero pide “una Ley que haga que las monedas de oro y plata sean un método legal de pagos”.
  • New Hampshire, Washington, Vermont, Minnesota y Tennessee han debatido estas medidas entre 2011 y 2013 pero sin haber llegado aún a ninguna decisión concreta.
  • En Iowa y Oklahoma se ha publicado que algunos políticos republicanos están explorando este tipo de leyes, pero no se han dado debates formales.

En Estados como Dakota del Sur, Indiana, Montana y Colorado, las propuestas legislativas fueron rechazadas o aparcadas, por lo que nuevos avances parecen improbables a corto plazo.

Texas reclama su oro a la FED

Todos los aspectos mencionados en párrafos anteriores corresponden a pequeñas reformas legislativas que podrían iniciar cambios graduales a nivel estatal. No obstante, en el Estado de Texas hay quienes plantean otra forma de regresar hacia un sistema monetario vinculado al oro.

Así, desde hace varios meses, diferentes analistas y legisladores vienen sugiriendo al gobierno de Texas que exija a la Reserva Federal sus reservas de oro. El objetivo sería tomar control de dichos lingotes, hoy depositados en la cámara acorazada de la FED. Según el diputado republicano Giovanni Capriglione, “esto daría Texas la reputación de ser un Estado seguro ante un eventual colapso financiero”.

Al respecto, el gobernador Rick Perry ya ha afirmado que “ese oro es de Texas y por tanto no tenemos por qué dar explicaciones”. Perry señaló así que la propuesta de Capriglione goza de su visto bueno y tiene posibilidades de salir adelante.

Ana Mato: “Una sociedad democrática avanzada pasa por situar como primera de las prioridades la atención a las personas con discapacidad”

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Notas de Prensa

Ana Mato: “Una sociedad democrática avanzada(una sociedad sin clases según el concepto de los autores del preambulo constitucional) pasa por situar como primera de las prioridades la atención a las personas con discapacidad

  • Presentación de la Constitución en lengua de signos española y catalana
  • En el Día Internacional de la Discapacidad, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad expresa el compromiso del Gobierno para “construir, desde el día a día, una sociedad más justa y solidaria” con la participación de todos
  • La Carta Magna garantiza la igualdad ante la ley y conmina a los poderes públicos a realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
  • Mato integrará en “un único cuerpo legal” todas las leyes “trascendentales para la inclusión de las personas con discapacidad” nacidas desde que fue aprobada la Constitución

3 de diciembre de 2012. “Queremos establecer una sociedad democrática avanzada, que cuente con todos y para todos. Y eso pasa por situar como primera de las prioridades la atención de las personas con discapacidad”. Éste es el compromiso del Gobierno que ha expresado hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con la semana de la conmemoración del 34º aniversario de la Constitución Española.

Mato ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de la Carta Magna traducida a las lenguas de signos española y catalana, organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En el encuentro, donde ha acudido junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra ha expresado, asimismo, la intención del Gobierno de “construir, desde el día a día, una sociedad más justa y solidaria que, como dice nuestra Constitución en su preámbulo, garantice la convivencia de todos los ciudadanos conforme a un orden económico y social justo”.

Mato ha recordado que “nuestra Norma Suprema consagra a España como un Estado Social, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación”. Asimismo, en su artículo 49, conmina a los poderes públicos “a realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano”. En esta tarea, ha asegurado, está implicado el Gobierno, “especialmente cuando se trata de apoyar al mundo de la discapacidad”.

Entre las acciones emprendidas para lograr el objetivo de la plena integración, la ministra ha señalado la integración “en un único cuerpo legal” de cuantas leyes para la inclusión de las personas con discapacidad han nacido desde que fue aprobada la Constitución.

La ministra también ha destacado el aumento de 117 millones de euros del nivel mínimo de financiación de la atención a la dependencia, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, para cubrir el incremento del número de beneficiarios que tienen reconocida la prestación.

La ministra no ha querido dejar de felicitar a la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, al presidente de la ONCE y al del Cermi (la representación de las personas con discapacidad), por haber creado uno de los movimientos asociativos más avanzados en el mundo de la discapacidad. Y ha puesto como ejemplo de colaboración el acto celebrado hoy, en el que la colaboración entre las organizaciones sociales y los poderes públicos contribuye a “eliminar las barreras de la comunicación”

La ciudadanía suspende al sistema político actual

 |  05/12/2012

Los ciudadanos no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España. Así lo indica el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el sondeo, Un 67,5% de los españoles declara estar “poco” o “nada” satisfecho con la forma en que funciona la democracia en el país. Un 41,9%, además, consideran que la democracia funciona peor en España que en el resto de países de la Unión Europea, por un 3,5% que cree que es mejor.

Buena parte de culpa de este resultado reside en la mala percepción de los ciudadanos  del sistema político actual. Casi dos terceras partes (el 74,1%) califican la situación política general en España de “mala” o “muy mala”, y todavía un porcentaje superior (el 77,9%) cree que dentro de un año esta situación será igual o peor.

En el mes en que la Constitución Española cumple su 34º aniversario, el conocimiento que afirman tener de ella los españoles dista mucho de lo que sería deseable. La mayoría, el 64,5%, asegura que conoce “muy poco” o “casi nada” la carta magna. Casi la mitad (el 48,9%) confiesa no haber leído nunca ni una frase del texto, por un 35,1% que afirma haber leído algún artículo y un 15,8% que asegura haberla leído de principio a fin.

La constitución, la gran desconocida

Buena prueba del desconocimiento que los españoles tienen de la Constitución es que tan solo el 36,3% de los encuestados aciertan el año en que fue aprobada, 1978. Un sorprendente 2,4% cree que el texto se aprobó antes de la muerte de Franco en 1975, y el 46,5% reconoce directamente no saberlo.

Según el barómetro, la gran mayoría de los ciudadanos consideran que los sucesivos gobiernos no han dedicado esfuerzos a que la población conozca la carta magna. El 85% señala que se han preocupado “poco” o “nada”, y un 76% cree que ha habido “poca” o “ninguna” preocupación porque los niños y niñas conozcan los fundamentos de la Constitución en la escuela.

El paro, un problema al que no se dedica la atención necesaria

El paro sigue siendo el principal problema del país para los encuestados. Casi un 60% lo sitúan en la primera posición, seguido de los problemas de índole económica (con un 14,3% de las respuestas), y de “los políticos en general, los partidos y la política”, con un 11,2%.

Sin embargo, este amplio porcentaje no se corresponde con la visión que tienen los ciudadanos acerca del problema al que el Gobierno dedica más atención. Tan sólo un 19,9% considera que el ejecutivo está centrando sus esfuerzos en atajar la problemática del paro. Cerca de una cuarta parte señala que a lo que el Gobierno dedica más atención es a los problemas económicos (el 24,8%). En tercera posición se sitúan los bancos (16,2% de las respuestas); y en la cuarta, “a sus propios intereses”, con un notable 11,3%.

Los artículos de la Carta Magna que no se cumplen

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ConstitucionUn manifestante porta un ejemplar de la constitucion de 1978. FERNANDO SANCHEZ

 |  06/12/2012  |  14
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El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó la Constitución con una amplia mayoría. Nacía la Carta Magna que tendría que regir la voluntad de la recién nacida democracia tras cuatro décadas de dictadura franquista.

El entusiasmo de hace 34 años se ha tornado en desconfianza. La Constitución está cada días más cuestionada y buena parte de la población ve como papel mojado sus 169 artículos. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) deja claro esa distancia entre la sociedad y la Ley de leyes, dos tercios de la población está “poco” o “nada” satisfecha con el funcionamiento democrático del país y la mitad opina lo mismo de la Constitución.

Veamos alguno de los artículos más controvertidos y que pueden explicar la desconfianza ante la Carta Magna…

Artículo 2. La soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. El puro nacimiento de movimientos como el 15M y el lema “que no, que no, que no nos representan” marcan la distancia con este artículo. Los llamados poderes del estado, representados por políticos están cada día en más entredicho. La democracia se resiente y la soberanía popular consistente en votar cada 4 años está en entredicho. A ello también contribuye que algunas formas de representación como la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) no tengan éxito, de hecho de las 91 que han llegado al Parlamento, solo se ha tomado en consideración una.

Artículo 3.2. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Ni el pueblo gallego, ni Catalunya, las Islas Baleares, el País Valenciano o Euskadi, sienten su lengua propia como respetada o protegida. La frase del ministro de educación José Ignacio Wert asegurando que había que “españolizar a los escolares catalanes” y su propuesta de reforma educativa que margina la inmersión lingüística, poco hace por preservar ese patrimonio cultural.

Artículo 13.1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. En España hay ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), unas cárceles donde se encierra a inmigrantes que no tienen regularizada su situación en el país y donde pueden estar hasta 60 días. Además son continuas las redadas por motivos de piel que incluso ha sido denunciadas por la misma policía.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. [Ver artículo 13.1]. Pero es que además el sexo sigue siendo un motivo de discriminación en el país. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España es de las más alta de la UE, según UGT, la ganancia media anual femenina supone el 78,1% de la masculina.

Artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La Iglesia Católica sigue siendo la única que mantiene un Concordato con el gobierno. Este acuerdo que se firmó en 1979 como prolongación del de 1953, concede prebendas a la Iglesia en materia fiscal y establece un periodo de tres años para que ésta se autofinancie. En cambio, a día de hoy se sigue sosteniendo económicamente por la vía de los presupuestos generales del Estado. Asimismo, en el terreno educativo, la asignatura de religión únicamente habla de la religión católica y además los profesores, que elige la propia Iglesia, están pagados por el estado.

Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa y 21.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. La aparición del movimiento 15M, la reacción ante los recortes y la toma de las calles por parte de la ciudadanía ha hecho que el gobierno reaccione decretando leyes que “modulen” el derecho de reunión y manifestación. Además, las brutales cargas policiales contradicen estos dos artículos y limitan estos derechos.

Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El desmesurado aumento de las tasas universitarias y la financiación de colegios concertados y privados, unido a la disminución de las ofertas de plazas en la escuela pública, hacen muy difícil creer en el derecho universal a la educación, al menos de forma gratuita y universal.

Artículo 31.2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Los recortes y la obsesión por el déficit chocan frontalmente con esos “criterios de eficiencia y economía”. Controlar el gasto, aún desmantelando el estado del bienestar, está muy por encima de la necesidad de una asignación equitativa de los recursos públicos, los bancos han ganado la partida frente a otras necesidades sociales.

Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Un total de 4.907.817 personas no pueden ejercer este derecho. A ellas hay que añadir los centenares de miles que no tienen una “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Hace ya tiempo que este artículo es solo papel mojado o pura retórica.

Artículo 43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Los médicos madrileños están ahora mismo luchando por ese derecho. La salud pública está en peligro, los inmigrantes ya han salido del sistema de protección universal y la sombra del repago está en un horizonte cercano. Ya se ha traspasado una línea roja y es que los pensionistas comienzan a pagar parte de sus medicamentos. Y aún parece que queda mucho más por venir y no bueno precisamente.

Artículo 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 8 al 21 por ciento en las entradas a cines teatros, circos, conciertos y exposiciones ha dejado tocado al sector. España es el país con un IVA cultural más alto, Francia tiene el 5,5%, Alemania el 7%, Italia el 10% y Portugal o Grecia el 13%. Así ni se promueve, ni se tutela el acceso a la cultura, todo lo contrario.

Artículo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inversión en investigación y desarrollo (I+D+i) cayó un 2,8 por ciento el año pasado. El porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que España dedica a ciencia cae al 1,33%, la media europea es el 2 por ciento.

Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Es muy difícil comentar este artículo que se viene abajo por sí mismo. Solo una cifra, cada día se producen medio millar de desahucios en España, medio millar de familias que se quedan en la calle sin su vivienda digna y adecuada.

Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Con Urdangarín a las puertas del juicio oral por apropiarse, presuntamente, de dinero público, la Casa Real está en el punto de mira de la sociedad. Las cacerías y sus fotos con empresarios de dudosa honorabilidad ponen en cuestionamiento esa inviolabilidad y comienzan a oírse voces que le exigen responsabilidades más allá de un discurso al año.

Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se comenta por sí mismo. Privatizaciones de servicios públicos como el agua, de empresas públicas, dinero para recapitalizar los bancos, evasión de impuestos, paraísos fiscales… la riqueza en este país no está subordinada a nada, y menos al interés general.

El Gobierno aprueba hoy el Código Penal más duro de la democracia

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Jueces para la Democracia avisa de que la prisión permanente y la custodia de seguridad pueden ser inconstitucionales. Discrepa de elevar las penas en uno de los países con más presos por habitante

A.M. Madrid 11/10/2012 07:20 Actualizado: 11/10/2012 07:28

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este jueves el Anteproyecto de Código Penal más duro de la democracia, que introduce la pena de prisión permanente revisable para los delitos más graves y una nueva medida de privación de libertad denominada custodia de seguridad, que puede mantener en la cárcel a un penado diez años más tras cumplir su condena si se le considera peligroso.

Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia, su portavoz Joaquim Bosch destaca que “en España, con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, y uno de los porcentajes más altos de presos por habitante, la severidad de las actuales penas son suficientes, y no se necesita una reforma que los endurezca más”.

Añade que, sin datos objetivos de incremento de la delincuencia ni mayor inseguridad ciudadana, sólo “una finalidad populista” explica el proyecto de endurecimiento de penas.

“En vez de apoyar la prevención social frente al delito, apuestan por la solución más fácil y menos comprometida, que es elevar las penas.Y no atacan ni la alta delincuencia económica ni la corrupción política”, destaca Bosch.

En cuanto a la prisión permanente revisable, cree primero que es innecesaria porque las penas en España ya son muy altas (40 años de prisión en casos de los supuestos más graves de terrorismo) y, en función de cómo se articule, considera que puede ser inconstitucional y anulada por tanto en el futuro por el TC porque, según marca la Carta Magna, el fin de la pena es la reinserción del recluso.

Lo mismo opina de la nueva pena de custodia de seguridad, porque supone una prórroga de la prisión que puede vulnerar los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica.

Pena indefinida aunque revisable

El Gobierno estudió el pasado 14 de septiembre un informe presentado por el ministro de Justicia sobre este Anteproyecto de reforma del Código Penal.

En dicho documento, hecho público por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, se destacaba como principal novedad del texto la pena de prisión permanente revisable para delitos de homicidios terroristas, asesinatos del rey, el príncipe o jefes de Estado extranjeros, genocidio, crímenes de lesa humanidad, y asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable; cuando se mate después de una agresión sexual a la víctima; los asesinatos múltiples; o los cometidos por miembros de una organización criminal.

El texto debe fijar el periodo mínino de cumplimiento de cárcel hasta el cual no será posible revisar la condena a estos delincuentes. Su pena será indefinida, aunque revisable de forma periódica a partir de una fecha (tras entre 25 y 35 años condena) por el tribunal sentenciador.

Además, el informe destacaba la introducción de la medida de privación de libertad denominada custodia de seguridad, prevista para prolongar las condenas de convictos, una vez que cumplan su pena, si se considera que son aún peligrosos, y por un espacio de tiempo máximo de diez años. Está previsto para reincidentes en delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la indemnidad sexual, o de terrorismo o narcotráfico, o a quienes los mismos por primera vez si cometen varios al mismo tiempo.

Mensajes en las redes sociales

También introduce un nuevo delito consistente en la difusión de mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones de orden público. Estará castigado con entre 3 meses y 1 año de cárcel, aunque también podrá ser sancionado con multa, según informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Justicia.

El nuevo delito no especificará los canales de difusión de esos mensajes de incitación a la violencia, pero incluirá Twitter, Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social o de comunicación en general.

Las citadas fuentes señalaron que no estará sancionada la convocatoria de movilizaciones, sino la incitación a cometer desórdenes graves del orden público en esas convocatorias. Bastará para la persecución penal que se haya lanzado el mensaje, es decir, que no será necesario que se haya concretado realmente el acto violento, al configurarse técnicamente como un delito de peligro y no de resultado.

También incluye otra batería de medidas entre las que destaca el incremento de las penas para los delitos de detención ilegal con desaparición de la víctima y regula la libertad condicional como una suspensión de la pena, de modo que si, una vez libre, vuelve a delinquir, podrán ser devueltos a la cárcel para seguir cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso

Día de la Constitución sin preguntas, rueda de prensa el día de los inocentes

Día de la Constitución sin preguntas y fuera del Congreso

Rajoy dará una rueda de prensa el día de los inocentes

Rubalcaba pide un cambio constitucional para que la sanidad sea un derecho fundamental

Wert: “Soy como el toro bravo que se crece con el castigo”

Liturgia de fiesta para conmemorar el aniversario de la Constitución con las habituales ausencias de los grupos nacionalistas y con los repetidos discursos de que todo es mejor gracias a la Carta Magna. A partir de ahí, pocas novedades sobre la posibilidad de un cambio constitucional y vagas declaraciones sin derecho a preguntas por parte de Rajoy y Rubalcaba. La única aportación novedosa, la que firma el líder socialista que hoy ha propuesto una reforma constitucional para convertir la sanidad en un derecho fundamental.

Durante su discurso a las autoridades, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha querido dejar claro que “no es el momento de aventuras revisionistas de dudoso resultado”. En esta ocasión, su homólogo en el Senado, Pío García Escudero, ha tenido también turno de palabra. Es el modo en que le han agradecido prestar el edificio para la fiesta, ante el temor de nuevas manifestaciones frente al Congreso.

Tras los discursos, Rajoy se ha acercado a los periodistas para no decir nada. En los habituales corrillos en el salón de los pasos perdidos y con un aforo desbordado, no ha confirmado si está a favor de una reforma constitucional para permitir el acceso de una mujer a la Corona. No ha compartido su opinión sobre si España cumplirá su compromiso de déficit y resumió sus opiniones al respecto con un ambiguo: “Estamos ultraendeudados” y hay que reducir la deuda. A partir de ahí, el mantra de que el año que viene mejor y que en 2014 “crecimiento y empleo”.

Avanzada esa conversación informal con periodistas, el presidente del Gobierno sentenció que “hoy no es el día para hablar” y a renglón seguido anunció que el próximo 28 de diciembre dará una rueda de prensa con preguntas, una absoluta novedad fijada ya en la agenda de la prensa acreditada para el próximo día de los inocentes.

Unos minutos antes de tamaño anuncio, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid le deslizaba al presidente una chapita con el lema “sin periodismo no hay democracia”. Rajoy Brey se guardó el regalo en el bolsillo interior de la chaqueta.

Al igual que el presidente, su ministro de Economía, Luis de Guindos, no quiso posicionarse sobre si España cumplirá o no el objetivo de déficit. Durante largo rato, De Guindos explicó a la prensa que el déficit no es lo importante “porque Europa sabe que España ha hecho lo que tenía que hacer”. De Guindos se mostró preocupado con el proximo Consejo Europeo al advertir que está muy difícil conseguir la unión bancaria “porque Alemania se ha posicionado en contra”.

A unos metros de Rajoy y su ministro de Economía, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, desvelaba el titular del día fabricado por la factoría socialista: el PSOE pedirá una reforma constitucional para convertir a la sanidad en un “derecho fundamental”. Rubalcaba solventó con un “no me preocupa” las preguntas sobre las intenciones de Joan Mesquida de optar a la secretaría general del partido. “Me lo comunicó y me parece bien que lo haga”, resumió el líder socialista, que rápidamente llevó el ascua a la sardina constitucional para insistir en que el objetivo debe ser el federalismo y una Constitución adaptada a los tiempos, pero con el mismo consenso que suscitó en 1978.

La gracia política del día la firmó el expresidente del Congreso, José Bono. Sin que nadie le preguntase, el político castellanomanchego afirmó: “He llamado a Mesquida para felicitarle”. Instantáneamente, la prensa acreditada comprendió que el barón socialista estaba desvelando un apoyo a la candidatura del exjefe de la Guardia Civil a la secretaría general del PSOE, pero no. Cuando la prensa preguntó qué significaba esa llamada, Bono respondió que el 6 de diciembre “es el cumpleaños de Mesquida” y que sólo ahí reside su felicitación.

A la cámara alta también se acercó Cayo Lara, lider de IU, pero sólo para que le viesen los periodistas y tomasen su declaraciones de que estaba en contra de todo aquello. Dicho lo cual, giró sobre sí mismo y abandonó el Senado.

Wert, ese “toro bravo”

Otro de los corrillos del top 10 fue el del ministro Wert, muy solicitado por la prensa catalana y a quien le preguntaron si sabía el lío que se iba a montar con su propuesta educativa. “Claro que sí”, respondía el titular de Educación y Cultura para aclarar que se lleva muy bien con la consejera catalana y que un día de estos la iba a llamar.

Quizás ha sido Wert quien ha firmado la mejor/peor frase de la mañana al afirmar sobre sí mismo que “soy como el toro bravo, me crezco con el castigo”. Anotada la frase en las libretas de los redactores y en el epílogo de la fiesta, camino de la puerta, Wert confesaba: “Me han hecho un quinto grado”.

La vicepresidenta del Gobierno; Soraya Saez de Santamaría fue, tras su compañero en Cultura, de las más solicitadas por la marea de periodistas que, con amables codazos, y entre bandejas intentamos entender algo de lo que este jueves 6 de diciembre ha sucedido en el Senado.

La número 2 del Gobierno, en la línea de Rajoy, evitó lo temas fundamentales basándose en la estrategia de distraer a sus interlocutores con comentarios personales y cercanos. Por ello, hemos sabido en este día de celebración constitucional que Soraya Sáez de Santamaría estuvo a punto de comprarse el mismo vestido que en el acto lució Luisa Fernanda Rudi (presidenta de Aragón) pero que, en el último minuto, se decidió por otro modelo. Por lo demás, la vicepresidenta hizo, durante el ágape, lo que cualquier progenitor de su edad: enseñar fotos de su hijo en el móvil, a quien quisiera verlas.

Canapés del cuñado de Díaz Ferrán

Los salones del Senado se vieron desbordados ante la multitudinaria asistencia de invitados a la celebración constitucional. El trabajo ha sido titánico para camareros y camareras que, bandeja en ristre, consiguieron evitar, esta vez, verter copas de vino sobre tamañas autoridades.

El cava era de calidad excepcional, el jamón de jabugo más que correcto y los pastelillos de moka desaparecieron de las bandejas a la misma velocidad a la que Rajoy evitaba las preguntas de los periodistas. Todo lo que en las bandejas nos fue ofrecido se organizó en las cocinas de Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y cuñado de Díaz Ferrán.

De todo ha habido en los pasillos del Senado, incluso un cura Ortodoxo con su fhiro (gorro tradicional de color negro) y a quien este redactor vio marcharse en la lejanía, sin tiempo para preguntarle quién era y a qué había venido.