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Bankia acude a Rothschild para vender las participadas

FUENTE

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos
Iberia reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica
Técnicas Reunidas logra un contrato para una refinería en Rusia por 1.100 millones
– Afectados de Fórum y Afinsa: “¡Concursales, criminales”
– En España hay hoteles de 4 y 5 estrellas a 25 y 57 euros
– El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa
Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
– Rosell: “La corrupción se ha cargado en dos semanas la imagen de España
Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo
Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación
– La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros
– Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades
Acebes ganó 216.000 euros en ocho meses por estar en el consejo de Iberdrola
– El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios
– Un sobrino de Felipe González cobró de los ERE
– Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE
– El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes
– El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol
– Interior investiga decenas de informes sobre el espionaje político catalán
– El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3
– La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios
– Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel
– El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”
– Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza»
La recesión en la eurozona se agravó en el último trimestre del 2012, según los datos de Eurostat. El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de los 17 países del euro cayó el 0,6% en el cuarto trimestre respecto al precedente, el triple de lo esperado por la Comisión Europea. La eurozona acumula así tres trimestres consecutivos de caída del PIB. Los diarios coinciden en atribuir este descenso, en buena parte, a los resultados de Alemania y, en menor medida, a los de Francia. España mantuvo su tendencia a la baja con una caída del 0,7% entre octubre y diciembre respecto a la registrada en los otros trimestres. El portavoz económico de la Comisión Europea, Simón O’Connor, dijo que los datos “son peores de lo esperado en varios países”, aunque, añadió, “mejores de lo esperado en otros, como España”.

La Comisión Europea aprueba el paquete legislativo para la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin, en once países de la UE. Cuando entre en vigor, el Ejecutivo comunitario calcula que España podría recaudar hasta unos 5.000 millones de euros anuales.

Ya en España, el Gobierno destinará 3.485 millones hasta 2016, casi mil al año, al programa contra el paro juvenil, que estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo, según anunció ayer en un comunicado conjunto el Ministerio de Empleo, UGT, CCOO y la CEOE. Con el plan se pondrán en marcha una serie de medidas, de las que quince serán de choque, con un plazo de aplicación de más de cuatro años. Un segundo bloque de actuaciones, a más largo plazo, abordará aspectos relacionados con la formación y orientación de los jóvenes, entre otros.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer en eximir al Banco de España de cualquier responsabilidad en el hundimiento de Bankia, como ya hiciera el pasado verano en el Congreso. Ordóñez reconoció que el Banco de España “perdió el control” de la crisis de Bankia cuando el Ministerio de Economía entró en escena para no aceptar el plan de recapitalización presentado por Rodrigo Rato. Según dijo, la intervención del Ministerio no le gustó, pero terminó aceptándola “por responsabilidad”. En otro momento, el exgobernador señaló que “el Banco de España no confíaba en Rato”, debido a su inexperiencia en el sector bancario.

Hablando de Bankia, esta mueve ficha para acelerar la venta de sus participadas. Con el fin de facilitar una desinversión ordenada de su cartera de cotizadas, ha contratado a Rothschild para que haga de intermediario entre la entidad y los bancos de inversión que quieran participar en la venta de cada uno de los bloques industriales. “Es un proceso muy complejo y necesitan a alguien que asesore al consejo de administración para la venta ordenada de cada una”, señalan fuentes del proceso. “Rothschild es una entidad sin balance y, por tanto, no está expuesta a posibles conflictos de interés”, añaden las mismas fuentes. Bankia tiene que deshacerse de toda su cartera de participadas, también de las que no cotizan en bolsa, para cumplir con el plan de reestructuración que le aprobó Bruselas a finales de noviembre del año pasado. Entre los paquetes accionariales, que tienen un valor bursátil de unos 3.000 millones de euros, se encuentran Mapfre, Indra, NH Hoteles, IAG, Deoleo o Iberdrola, entre otros, según Expansión.

Abertis busca socios para que entren en su área de aeropuertos. Abertis está dispuesto a desprenderse total o parcialmente de su actividad aeroportuaria, un negocio que ha dejado de ser estratégico para el grupo español de infraestructuras, dice Expansión.

Iberia cancela 415 vuelos por la huelga de la semana próxima. Reducirá su capacidad al mínimo si el laudo le perjudica. Iberia disminuirá su negocio para asegurar su rentabilidad si considera excesivo el laudo, según El Economista.

Las empresas españolas de construcción siguen mostrando su músculo en el exterior. El último ejemplo es el de Técnicas Reunidas, que se ha adjudicado un megacontrato de más de 1.100 millones de euros para la refinería que Lukoil construye en Volgogrado, en Rusia. Con este proyecto, la compañía considera que refuerza su presencia en Rusia y su «compromiso» con Lukoil, la segunda mayor petrolera del país, además de dar un paso más en su internacionalización, señala ABC.

Unos doscientos afectados de Fórum y Afinsa han cercado las oficinas de la administración concursal de una de las empresas de sellos. Denuncian que los administradores nombrados por el juez llevan cobrados 12 millones mientras ellos no han recuperado nada siete años después de la intervención, recoge Cinco Días.

Los datos de cierre de 2012 demuestran que el precio medio de los hoteles volvió a caer, con lo que ya acumula cuatro años de bajada continuada. Y esto ha provocado que los clientes de establecimientos de alto nivel hayan podido acceder a tarifas impensables hace poco tiempo. La estadística revela que hay establecimientos de cinco estrellas que vendieron el año pasado estancias de una noche a 57 euros, y de cuatro estrellas a 25 euros. Esa rebaja, sin embargo, no se ha visto acompañada de una mejora de la ocupación general, aunque sí de turistas extranjeros. Los no residentes realizaron cuatro millones más de pernoctaciones en 2012, mientras que las de los nacionales cayeron en 9,6 millones, asegura Cinco Días.

El crédito a la pyme española, el que se encarece más en Europa, afirma El Economista.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, preguntado por si los últimos casos de corrupción política están perjudicando la recuperación y la credibilidad exterior de España y sus empresas, señala que “había costado muchos esfuerzos” el que España “recuperase imagen internacional” y “en un par de semanas nos lo hemos cargado”. Sobre Arturo Fernández, Rosell dice que “ha pedido tiempo para reflexionar, y nosotros lo respetamos”, en El Economista.

Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo, según ABC.

El sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI-F, ha alertado hoy sobre la viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) a medio plazo, debido al fuerte recorte de su presupuesto (-17% en 2013) y al uso de más de 1.000 millones de su remanente desde 2007. A esto se une el estancamiento de ingresos de nuevos mutualistas por la congelación del empleo público, afirma Cinco Días.

Los españoles sufren una ‘subida’ del IRPF de 1.800 millones en 2013 por la inflación, según Expansión.

La iniciativa popular sobre toros y desahucios costó 655.000 euros. Sus promotores recibirán ese dinero de los Presupuestos sólo por haber sido tramitadas. Si Ada Colau se hubiese sumado al Gobierno y el PP promovido la taurina no habría coste, cuenta La Razón.

Los ‘sabios’ de Wert proponen que las CCAA entren en las universidades, destaca El Mundo.

El ex ministro de Interior, Ángel Acebes, obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola, según se desprende del Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado justo cuando iba a dejar de presidir la Comisión de Auditoría de Bankia. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de la primera eléctrica nacional, asegura El Mundo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunció que ha solicitado a Hacienda los certificados de las declaraciones de la renta de los últimos años para hacerlas públicas. Rubalcaba comunicó que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado. En ese contexto, un sobrino de Felipe González cobró de los ERE, cuenta ABC.

Griñán oculta al Tribunal de Cuentas datos sobre los ERE, según El Mundo.

El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios, publica Expansión.

El Supremo quiere juzgar a Blanco cuanto antes. Pedirá el suplicatorio antes de Semana Santa. Pretende acelerar el proceso a Pepiño por tráfico de influencias, afirma La Gaceta.

El PSC encargó investigar la conexión entre la ‘trama del Palau’ y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por las empresas al Palau acabaron en sociedades de la familia del ex presidente. Victoria Álvarez facilitó a Alicia Sánchez-Camacho tres teléfonos personales de Jordi Pujol Ferrusola en el transcurso de la conversación grabada en el restaurante. El micro fue colocado por los detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, quienes instalaron un receptor en la oficina del restaurante La Camarga y otro en el exterior. Al mismo tiempo que hacía este encargo, Método 3 trabajaba para CiU a través del ex director de los Mossos y hoy director de prisiones Xavier Martorell, destaca El Mundo.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispondrá de multitud de expedientes de la agencia de detectives Método 3, que presuntamente grabó con un micrófono oculto una conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Fue en esa cita en la que Álvarez detalló a la dirigente popular el presunto blanqueo de capitales del primogénito de la familia Pujol. Un policía prejubilado, extrabajador de Método 3 —empleado ahora en otra empresa privada y dedicado a la docencia universitaria— ofreció ayer a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona los archivos de audio de esa reunión, así como decenas de informes “sensibles” que manejaba la agencia de detectives privados y que incluyen investigaciones a responsables políticos, empresarios, jueces y fiscales, afirma El País.

El restaurante de los pinchazos contrató servicios de Método 3. La Camarga pidió «equipo y cámaras» a la agencia de detectives durante un mes. Interior abre una investigación para aclarar quién está detrás de las grabaciones al PP, añade La Razón.

La red de espionaje realizó unos 500 informes sobre políticos y empresarios. La investigación apunta a que la mayoría de los partidos encargaron dossiers. La Policía Nacional crea un equipo especial para llegar al fondo del asunto. La policía cree que las escuchas a Sánchez-Camacho las encargó Zaragoza, afirma La Vanguardia.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, negó ayer que el PP haya incurrido en fraude de ley por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de Luis Bárcenas hasta diciembre de 2012 cuando su despido fue acordado en 2010. En ese contexto, Bárcenas declaró solo 2,5 millones en pleno auge de la red Gürtel, según El Economista.

El juez Castro dice que “la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación”, recoge El Mundo.

Una de las víctimas de Acapulco: «Se ganaron nuestra confianza». Una de las víctimas del asalto en Acapulco relata a LA RAZÓN el infierno que sufrieron. Los detenidos, que ya han confesado, conocieron a los turistas españoles en los restaurantes de la zona.

Otto Pérez: “España liderará la mayor inversión hecha en Centroamérica”. La Razón entrevista presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante su visita oficial a España. También ABC.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

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Familia Basagoiti

Antonio Basagoiti Pastor nació en Madrid el 25 de octubre de 1969, en el seno de una familia de destacados empresarios y banqueros vizcaínos, que cuentan con una fuerte presencia en la Banca, siendo hijo de Antonio Basagoiti García-Tuñón, presidente de Banesto desde el año 20108 , y tataranieto9 de Antonio Basagoiti Arteta, fundador de Iberdrola y del Banco Hispano Americano, ahora integrado en el Banco Santander. Tal y como cuenta él mismo, vivió en Guecho desde que cumplió un año hasta que a la edad de siete años abandonó el País Vasco por razones familiares. Regresando nuevamente a Bilbao para estudiar en la Universidad de Deusto donde se licenció en Derecho. Tras trabajar en la banca, entró en política con 25 años motivado por su tía Ascensión Pastor.10

Mecarcadona queria controlar BANKIA

FUENTE.

El vicepresidente de Bankia será un hombre próximo a Juan Roig

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), lobby de los 100 mayores patronos de la Comunidad Valenciana, ha hecho una demostración de poder al anunciar el nombre del sustituto de José Luis Olivas en la vicepresidencia ejecutiva de Bankia, que no es otro que el candidato que habían propuesto, Francisco Pons, que fue presidente de AVE hasta el pasado mes de enero.

La designación, que no incluye la vicepresidencia de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), no fue confirmada por la entidad que preside Rodrigo Rato, pero fuentes cercanas al banco y a la Generalitat aseguraron que cuenta con el beneplácito de ambas partes.

Estas fuentes señalaron que en la designación ha tenido mucho que ver el presidente de Mercadona, Juan Roig, a quien Pons está muy vinculado no solo como interproveedor de sus supermercados sino en otras actividades promovidas por Roig como la escuela de empresarios Edem.

Francisco Pons (Beniparrell, Valencia, 1942) es presidente de la empresa familiar Importaco, dedicada a los frutos secos. Empresario de larga trayectoria y prestigio en Valencia, tiene experiencia en el mundo financiero, ya que fue fundador y presidente de la cooperativa de crédito Caixa Popular.

También fue presidente de Consum y vicepresidente de Grupo Eroski cuando ambas cooperativas se integraron, proceso que rompió unilateralmente la valenciana. Fue presidente de AVE durante ocho años (2003-2011) y es miembro de los consejos territoriales de Telefónica e Iberdrola en la Comunidad Valenciana.

Pons fue nombrado en marzo consejero independiente de Libertas 7, uno de los accionistas históricos (5,19 por ciento) del Banco de Valencia, que tenía puesto en el consejo de administración hasta la intervención del Banco de España. Es probable que el asiento en Libertas 7 sea incompatible con la vicepresidencia de Bankia, vinculada al Banco de Valencia.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, afirmó que la asociación quería para el puesto a “un empresario de prestigio, honrado y valenciano, y Paco Pons tiene ese perfil”. Sobre si la vicepresidencia de Pons debe ser ejecutiva, como era la de Olivas, afirmó que es una cuestión que debe decidir Bankia, pero añadió que “un vicepresidente, algo ejecutivo tiene que ser, porque para ser un florero…”.

Malestar en Bankia

La filtración del elegido para sustituir a Olivas causó sorpresa y cierto malestar en Bankia, que no confirmará la noticia hasta que su consejo de administración apruebe el nombramiento. En la entidad consideran que no se han guardado las formas, algo que Rodrigo Rato tuvo muy en cuenta cuando José Luis Olivas no le avisó de que iba a dimitir como presidente del Banco de Valencia.

En la Generalitat, que ha intervenido en el proceso de selección, tampoco debió sentar bien que, según ha sabido elEconomista, la filtración se produjera una hora antes de que la Consejería comunicará oficialmente el descarte del presidente del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons, que era el otro gran finalista para el puesto.

La Generalitat había sondeado la disponibilidad de otros valencianos, como el vicepresidente segundo de Bancaja, José María Mas Millet, aunque en las últimas horas quedaron solo dos nombres, Leopoldo Pons y Francisco Pons. Otros más cercanos a Rato, como Juan Costa o José Manuel Serra Peris, fueron descartados por el Ejecutivo valenciano.

Queda por dilucidar qué pasará con la presidencia de Bancaja, que todavía ocupa José Luis Olivas, y la vicepresidencia de BFA. La vicepresidencia de Bankia, que corresponde a la cuota valenciana, no está vinculada a los otros cargos.

Actualidad energética: cárteles, fusiones y ayudas

 

Javier Berasategi – 30/01/2007

El sector energético está de moda en el Derecho de la competencia por varias e importantes razones. En el plano internacional, el control público sobre la producción de gas y petróleo ha trascendido la dimensión económica para entrar de lleno en la geopolítica mundial. La doctrina de la inmunidad estatal imposibilita recurrir al Derecho de la competencia contra los cárteles de Estados como la OPEP, Rusia está nacionalizando sus recursos energéticos y no debería sorprendernos la creación en un futuro cercano de un cártel de gas a imagen de la OPEP, comandado por países como Rusia o Argelia. Los países compradores se enfrentan a la tesitura de renunciar a la doctrina de la inmunidad estatal en materia de Derecho de la competencia (como se ha propuesto, sin mucho éxito, en Estados Unidos) o fomentar un cártel de compradores que contrarreste el poder negociador de los países productores.

En el plano europeo, las fusiones energéticas se enfrentan a la realidad de la compartimentación de los mercados nacionales y su interés estratégico para los Gobiernos, impulsando el protagonismo del Derecho de la competencia. En 2005 vertíamos aquí algunas opiniones que se han hecho realidad en los últimos meses: la importancia estratégica de la dimensión comunitaria o no de una fusión, reflejada en la decisión de Iberdrola de comprar una empresa británica (La independencia comunitaria en el control de fusiones, 6/12/2005); el conflicto entre el control ejercido por el regulador de la energía y el Derecho comunitario, reflejado en las objeciones de la Comisión a las condiciones impuestas por la CNE (Control sectorial de fusiones, 12/12/2005); las diferentes estrategias jurídicas de compra conjunta de empresas y la aplicación exclusiva del control de concentraciones a todas ellas, tal como ha refrendado la Audiencia Nacional al anular la suspensión de la opa de Gas Natural sobre Endesa (El diseño jurídico de las fusiones a tres bandas, 20/12/2005); y el derecho de la competencia como instrumento defensivo eficaz frente a una opa (Defensa ante una opa, 2/1/2006).

Ahora, acaba de abrirse otro frente con motivo de la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación en relación al llamado déficit de tarifa español de 2005. Este déficit implica que las empresas generadoras de electricidad no cubren sus costes, motivado en parte por las tarifas preferenciales que el Estado establece para los grandes consumidores industriales. El déficit se financia mediante un recargo en la tarifa de los particulares, que se integra en un fondo gestionado por la CNE, que a su vez sirve para pagar a las eléctricas sus costes más un beneficio. Pues bien, cuando la Comisión atacó las tarifas preferenciales italianas como ayuda de Estado, ya explicó que considera que estas tarifas preferenciales son selectivas y constituyen una ayuda de Estado, a pesar de que están financiadas por los consumidores a través de la Caja de Compensación para el Sector Eléctrico (Cassa Conguaglio) (Ayuda C 36/06, Diario Oficial 6/9/06; Ayuda C 13/06, DO 26/6/06). En el caso español, la normativa establece la participación de las eléctricas como ‘intermediarias’ en la transferencia de fondos de los consumidores a la industria, pero la Comisión parece haber concluido que eso no cambia la naturaleza de la ayuda, interpretando a contrario la famosa sentencia PreussenElektra (Asunto C-379/98).

Todo ello nos lleva a hacer las siguientes consideraciones:

l La Comisión ha adoptado una interpretación novedosa que vincula la existencia de las ayudas a los grandes consumidores de electricidad a la existencia de una compensación pública a las eléctricas por soportar las tarifas preferenciales que benefician a aquéllos

l Si la Comisión y, en última instancia, el Tribunal Europeo, concluyen que los grandes consumidores de electricidad han recibido ayudas públicas, éstos estarían obligados a devolver al Estado todo su importe (miles de millones de euros), con el consiguiente quebranto económico para sus actividades.

l En idéntica situación estarían las eléctricas, pero en este caso la devolución estaría limitada al beneficio (no al coste) que el Estado garantiza por asumir el déficit.

l El Gobierno se enfrenta a un dilema: defender su posición hasta el final y seguir aplicando el sistema anualmente (las ayudas a devolver por las empresas en caso de resolución negativa podrían ascender a varios miles de millones de euros) o asumir los argumentos de la Comisión para negociar una solución. Esta solución, salvo que se ingenie un mecanismo que permita favorecer a los consumidores industriales sin involucrar fondos públicos, implicaría la eliminación de las tarifas preferenciales, en favor de los precios de mercado. Ello tendría en principio un elevado coste para las empresas de gran consumo energético (aún podrían intentar replicar la tarifa preferencial mediante centrales de compras sujetas al derecho de la competencia) pero garantizaría una mayor competencia entre los operadores existentes y facilitaría la entrada de nuevos operadores en el mercado eléctrico. Cuestión aparte es qué ocurrirá con el recargo que soportan los consumidores para financiar el déficit de las tarifas preferenciales y la titulización que las eléctricas han hecho del coste más el beneficio garantizado por el Estado.

Javier Berasategi. Vicepresidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia