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Las grandes eléctricas españolas duplican los beneficios de las europeas

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Mientras se madura la próxima subida de la luz que va a ahondar en que esta energía se convierta en una de las más caras del continente y que más han subido (incluyendo la subida del próximo mes de enero, la electricidad puede encarecerse casi un 80% en la última década, profundizando la crisis de por medio) sigue el debate del déficit tarifario y su posible titulización con aval del Estado, es decir por parte de todos. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, al sector del carbón, entre otras; y todo ello en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y las Directivas de la UE, al objeto de lograr un mercado más eficiente y por ende una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.

Por otra parte, no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que ha generado una deuda que supera actualmente los 26.000 millones de euros, se haya valorado de forma correcta pues se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además ese valor estimativo se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías (eso sí auditadas hacia adentro), aunque luego haya sido asumido por el Estado tras informe de la Comisión Nacional de Energía y la aprobación de Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El análisis completo del asunto del déficit eléctrico es extenso y atiende a varias causas; aquí solamente se apuntan dos de ellas por contradictorias: la alta rentabilidad de las empresas españolas respecto al entorno europeo y la debilidad de la competencia del mercado.

El análisis se apoya en el reciente artículo publicado en la Revista de Obras Públicas de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en su número de noviembre 2013, en el artículo de Fernández Mato, E. y Avellaner, J. “Nuevas actividades y negocios en el sistema eléctrico: la generación distribuida”. De dicho artículo se han extraído una serie de análisis, con la autorización de sus autores:

Alta rentabilidad

“Debe hacerse constar que nuestras empresas eléctricas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas
europeas”.

Falta de control

“La benevolencia del regulador con las empresas eléctricas se demuestra en la falta de control y la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: a pesar de la liberalización teórica, al menos en el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte, distribución, además de los costes de transición a la competencia,la moratoria nuclear, 30 años después de la decisión, y el incentivo al carbón nacional.

La comparación de los parámetros de rentabilidad se ha resumido en el cuadro adjunto que recoge las facturaciones, los Ebitda, (es decir, el resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones productivas) y los resultados de las principales empresas españolas y europeas; en el que se puede ver que en un país ineficiente y mal planificado como el nuestro, sus empresas eléctricas son las más rentables del continente”.

El cuadro y el texto se han extraído del artículo publicado en la Revista de Obras Públicas de noviembre 2013, y del artículo: “Nuevas actividades y negocios en el sistema eléctrico: la generación distribuida”, con permiso de sus autores.
Media semestral de las empresas analizadas. Periodo 2011, 2012 y primer semestre de 2013.

En el cuadro se observa cómo las compañías españolas obtienen resultados de facturación en porcentaje, mucho mayores que las empresas europeas, con resultados finales (en euros) similares e incluso mayores que las empresas europeas. Los resultados antes de impuestos Ebidta también son mucho mayores (excepto en el caso de EDF que son similares). Es decir beneficios muy importantes en estos años de profunda crisis.

Las causas que señalan los autores en el artículo sobre el mercado son: áreas de actividad más amplias y competitivas basadas en fuertes interconexiones físicas y económicas; mayor fortaleza y participación de las asociaciones de consumidores, etc.; Pero además cabría señalar, entre otros, la errónea planificación empresarial y la deficiencia de supervisión de la Administración, a lo largo de más de una década y que ha llevado al sistema a alcanzar: un sobre-equipamiento termoeléctrico inasumible, por la carga financiera que introduce en el mercado, amplificado por la necesidad de llevar a cabo un nuevo ciclo de inversión tecnológica avanzada en el parque operativo termoeléctrico, además de disponer de un nivel de diversificación (índice de Shanon-Wiener) desajustado; y, finalmente, unas pérdidas del sistema inaceptables.

En conclusión una mezcla explosiva de ineficiencia e ineficacia aflora en este sector. Todas estas cuestiones técnicas anotadas podrán ser o no discutibles en cuanto a la intensidad de la misma y su peso en el resultado final de los precios, pero sumadas al cuadro económico-financiero presentado anteriormente señalan una pérdida muy importante del histórico posicionamiento de excelencia que la industria eléctrica española ha asumido en ciclos anteriores y que ha servido de motor de la economía española y un intento por mantener las rentabilidades a los accionistas a base de precios altos. Esta situación requiere tomar decisiones importantes tanto del lado público como del lado privado, y con carácter inmediato, a fin de recuperar el pulso que la Sociedad demanda de ella en beneficio de la propia Sociedad.

Competencia cuestiona la subasta del 19 de diciembre

por Redacción web

La subasta celebrada el 19 de diciembre estableció una subida media del 11% de las tarifas eléctricas a partir de enero. El impacto de la noticia ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a invalidar la subasta Cesur por la concurrencia de “circunstancias atípicas”. En las próximas horas, Industria se tiene que pronunciar sobre un incremento en la tarifa de último recurso que incrementa de nuevo un recibo que ha subido un 80% desde el comienzo de la crisis.

El timo de la ‘recuperación’ en España

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Xavier Caño – ATTAC Madrid

El Gobierno español da por concluida la recesión. “Salimos reforzados de la crisis”, proclama su presidente. El ministro de Hacienda remacha que España dirá el adiós definitivo a la crisis en 2014. Y los “mercados” se alegran por la “recuperación” de España. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, se entusiasma porque de todas partes llega dinero a España. Como ha escrito el economista Juan Torres López, la declaración de Botín de que España vive un momento fantástico es verdad… si añadimos “para él y su clase”.

Entra capital de fondos de inversión que compra miles de inmuebles; la Bolsa española superó un día los 10.000 puntos y la prima de riesgo ronda los 240 puntos; el Tesoro paga por ahora menos del 1% por la deuda que vende mientras banca y grandes empresas venden bonos. Pero los indicadores de la economía real (crédito, producción industrial, morosidad bancaria, demanda interior, empleo…) no mejoran. Van a peor.

Antón Losada explica que España es “una ganga” para el capitalismo global porque “ofrece una de las fuerzas de trabajo más baratas del mundo. Las grandes empresas pagan menos del 10% de beneficios y, si algo va mal, el gobierno enjuaga las pérdidas con dinero público”. Especular en España tiene premio seguro. Eso es lo que va bien. Pero solo para la minoría de siempre.

Es más real que hay seis millones de desempleados, que doce millones de ciudadanos (23%) viven bajo el umbral de la pobreza, que la mayoría de empresas no consigue los créditos necesarios y que en 2014 cerrarán un 25% más de empresas que en 2013.

Mientras continúa la austeridad impuesta, la dictadura de la deuda y la obsesión por reducir el déficit con nefastas consecuencias para la mayoría ciudadana. Entonces, para salvar a cara, el Gobierno sus su cómplices y señores, recurren al cuento de la tarta y el reparto. Una vez más. Un clásico de las fábulas neoliberales. Hacer crecer la tarta para que haya para todos. “Y eso exige sacrificios” repiten hasta el aburrimiento.

Pero nunca hay reparto general de tarta.

Hace 30 años oí por vez primera la fábula de la tarta y el reparto. La contaba un triunfante Felipe González, el mismo que perpetró una reconversión industrial que despojó al país de gran parte de su tejido fabril, como exigían Alemania y otros países industriales europeos para aceptar a España en el Mercado Común. Más la reconversión naval que dejó miles de parados, la apuesta por el ladrillo y el turismo barato como modelo productivo, diezmar la ganadería vacuna de Cantabria y Asturias (en beneficio de otras ganaderías) y menudencias similares.

La tarta nunca creció bastante y no hubo reparto, salvo morralla. Lo han explicado Juan Torres López y Vicenç Navarro en numerosos escritos sobre sueldos, renta social y estado social, aportando datos y hechos que sitúan a España en la parte inferior de la tabla europea (http://www.vnavarro.org/?p=9342, http://www.vnavarro.org/?p=6302, http://www.vnavarro.org/?p=5218, por ejemplo)

Pero sí ha crecido la pobreza y Cáritas denuncia que en la España de 2013 esa pobreza es doble que en 2007. Que tres millones de personas sufren pobreza severa y viven (si se le puede llamar vida) con menos de 307 euros mensuales. Y alerta de “una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social (…) por las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación del desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas”. Dicen en Cáritas que “vamos hacia un modelo social darwinista anglosajón con muy pocos ganadores y muchos perdedores”.

Esa es su maldita recuperación.

Juan Torres López recuerda que las reformas perpetradas primero por Zapatero y luego por Rajoy han buscado sacar del pozo a la banca privada y dar más poder a las grandes empresas frente a los trabajadores. Para que banqueros y grandes propietarios recuperen los beneficios de antes de la crisis. O más. Por eso la situación actual les parece fantástica. Pero no a millones de ciudadanos que viven peor o mucho peor.

Quien tenga duda de qué salida de la crisis quieren la minoría rica y los dóciles gobiernos a su servicio verá ahora que la pretendida recuperación desvela qué es lo que buscan de verdad. No una economía sólida al servicio de la mayoría ciudadana, sino aumentar más sus beneficios. Caiga quien caiga. Y, ya de paso, que las clases trabajadoras regresen al primer tercio del siglo XX que es donde deben estar según ellos. Sin derechos.

http://xacata.wordpress.com

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Hasta 60 millones de multa para quienes se autoabastezcan de electricidad sin pagar a Iberdrola

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En el mismo, quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo “peaje de respaldo” (término acuñado por Iberdrola). Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros.

Es evidente la desproporción de la medida y solo puede responder a la exigencia de las grandes compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza (#Tepillamosiberdrola). La intención es cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores, lo que iría en contra de los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. Ya solo faltaría que cada vez más ciudadanos se pusieran a generar su propia electricidad en casa (que ahora es más barata) y dejarán de consumir la que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. ¡Qué osadía!

Este RD tendrá consecuencias. La primera: muchas personas directamente quitarán las placas solares de sus tejados. Aunque también, tendrá el efecto contrario: hará que otros decidan no cumplir la norma y pasarán a ser considerados como delincuentes solares. A pesar de que el sol pertenece a todos, España pasará a ser el primer país del mundo donde éste no pueda usarse libremente. Y esto gracias a Iberdrola y a UNESA. Pero lo peor es que ha sido ratificado mediante texto legal por nuestro Gobierno.

Por desgracia el RD sobre autoconsumo no es el único que pretende terminar con el futuro renovable y sostenible de nuestro país. En dos semanas el Gobierno, vía la Comisión Nacional de Energía, ha remitido 14 textos normativos que quieren ser la reforma energética “definitiva”. En un ejercicio de falta de transparencia y participación pretenden que ciudadanos y consumidores aceptemos un despropósito de tal calibre. De ser finalmente validadas estas normas y leyes, nos harán retroceder al vagón de cola en cuestiones de energía. Por eso, Greenpeace y el resto de organizaciones ecologistas han hecho saber al Gobierno su rechazo frontal a la reforma. Desde Greenpeace vamos a seguir trabajando para devolver a España a la senda que lideró, y que ahora es seguida por países como Alemania o Dinamarca. Esto es, alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable lo antes posible.

*Julio Barea @juliobarea, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Fuente: http://www.greenpeace.org/

El Tribunal Supremo reprime con dureza las “coacciones” de los bancos a sus clientes

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Condenada una entidad financiera a indemnizar con 9.000 euros a una cliente, a la que inscribió en un registro de morosos, por una supuesta deuda de 229 euros.

El Tribunal Supremo es contundente y señala que “la inclusión errónea en un fichero de morosos constituye una intromisión ilegitima en el derecho al honor”.

Ángel Garay, adjunto a la Presidencia de Ausbanc, y Hermenegildo García, director de Comunicación

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en un almuerzo con los medios en Barcelona, explicó los pormenores de esta sentencia del Tribunal Supremo que reprime con dureza las “coacciones” de los bancos a sus clientes,  una decisión judicial que también fue detallada en la rueda de prensa ofrecida en Madrid por el adjunto a la presidencia de la asociación, Ángel Garay.

El Tribunal Supremo ha condenado a Caja Duero por incluir de forma indebida los datos de un cliente en los registros de morosos de Asnef-Equifax y Experian Bureau de Crédito, por una supuesta deuda de 229 euros.

El Supremo dice textualmente lo siguiente “La inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose e el temor del descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial muchas veces superior al importe de las deudas que se reclaman”.

Una vez analizados los hechos, el Tribunal Supremo ha condenado a la entidad financiera a indemnizar a la demandante con la cantidad de 9.000 euros en concepto de daño moral ocasionado a raíz de dicha cesión de datos. Y es que, el tratamiento indebido de los datos personales de los clientes pueden causar serios perjuicios a los consumidores.

El fallo recoge que: ”condenando a la entidad demandada a abonarle la suma de 9.000 euros, en concepto de indemnización por los daños morales causados, y a cesar inmediatamente en tal intromisión, realizando lo necesario para eliminar los datos referentes a los demandantes en los registros de morosos Asnef-Equifax y Experian Bureau de Crédito, notificando la cancelación de los datos de los registros a todas las personas a quienes se hubiere comunicado o cedido los mismos”.

HechosLuis Pineda, presidente de Ausbanc, durante el almuerzo con la prensa celebrado en Barcelona

En el momento de la firma de un préstamo hipotecario, Caja Duero obliga a su cliente a firmar el seguro del hogar con la aseguradora del grupo y la correspondiente cuenta corriente. Al cabo del tiempo, durante el cual el pago del préstamo siempre fue debidamente atendido, las relaciones con la entidad se tuercen ya que la asociada es avalista de una póliza de crédito de la que es titular su hermano, también con Caja Duero, y tienen dificultades con el pago, y Caja Duero les ejecuta la póliza. Cuando ello sucede, la clienta decide subrogar su hipoteca en otra entidad.

Pues bien, al cabo de unos meses, Caja Duero llama a la clienta diciéndole que tiene un descubierto en cuenta de 229 euros, correspondiente al recibo del seguro del hogar. La clienta responde que esa deuda no le corresponde, ya que ya no tiene allí su hipoteca, y que ya ha contratado otro seguro del hogar con la otra entidad bancaria. Ante este situación, Caja Duero –ahora condenada por el Tribunal Supremo- comunica los datos de la clienta y su exmarido a los registros de morosos Asnef y Equifax por la deuda de 229?.

Ausbanc recuerda que para ser incluido en un registro de morosos tiene que existir el requerimiento previo de una deuda efectiva, vencida y exigible ante la que cabe el derecho de oposición. La improcedencia de la inclusión de una persona en estos registros supone la vulneración de un derecho fundamental amparado por la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)que da lugar a la reclamación de una indemnización.

El Tribunal Supremo, es contundente, y señala que “la inclusión errónea en un fichero de morosos constituye una intromisión ilegitima en el derecho al honor Ángel Garay charlando con periodistas al término de la rueda de prensade la persona afectada en el caso de que tal mención no fuera debida”.

Esta ejemplarizante sentencia, obtenida por los Servicios Jurídicos de Ausbanc Barcelona, supone un duro varapalo para la banca, ya que reprime con dureza las “coacciones” de las entidades financieras hacia sus clientes. El Supremo reacciona frente a los escraches de la banca que “ejecutan” a sus clientes a través de los registros de morosos.

La afectada por esta mala práctica bancaria ha seguido de la mano de Ausbanc un arduo camino, ya que perdió en primera y segunda instancia, pero se mostró valiente al recurrir al Supremo con el objetivo de luchar hasta el final por sus derecho

¿HACIA EL FIN DEL ESTADO-NACIÓN?

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I.S.S.N.: 1138-9877


Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 5-2002


¿HACIA EL FIN DEL ESTADO-NACIÓN?

Iñigo de Miguel(UNED)

 Abstract.

Uno de los problemas a los que debe enfrentarse la Filosofía del Derecho en un futuro próximo ha de ser, sin duda, el que nos plantea el nacimiento de un nuevo orden internacional basado en una progresiva integración económica que, no obstante, no parece que vaya a ir acompañada, al menos de momento, de una unificación política equivalente. De esta forma, es materia a debatir si el Estado-nación continuará siendo el agente esencial en la formación del Derecho, o si será finalmente suplantado por otro tipo de institución. A lo largo del presente texto, vamos a dar algunos motivos por los que pensar que puede continuar existiendo indefinidamente, sin que ello implique que no vaya a deteriorase progresivamente. Por eso mismo, consideraremos fundamental plantear alternativas que complementen la labor de los Estados en el mundo del futuro, al menos hasta que se dé el marco idóneo para su desaparición.

1.- Introducción.

Uno de los sucesos que han caracterizado en mayor medida los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, la apertura de un proceso de imparable interconexión entre todos los rincones de nuestro planeta. Este fenómeno, al que habitualmente denominamos globalización, ha traído consigo múltiples consecuencias, algunas de ellas claramente positivas, otras de un tono más ambiguo y, por último, algunas de carácter tristemente negativo. Entre estas últimas debemos citar la que, de entre todas ellas, resulta a nuestro juicio más preocupante: el paulatino predominio de la economía sobre la política o, si se quiere decir de otra forma, la decisiva influencia de las consideraciones económicas en la deliberación política[1].

A esta primera afirmación se nos pueden oponer dos tipos de consideraciones. De un lado, las de todos aquellos que, desde una ideología típicamente liberal, no ven nada de negativo en este hecho, sino que, más bien, lo consideran como un maravilloso logro en el que ahondar[2]. De otro, hay quienes podrían objetar que esta situación no es nueva en absoluto sino que, mientras el mundo sea mundo, la economía tendrá mucho que ver con la política. En lo que respecta a la primera objeción, no hay mucho que podamos responder. A fin de cuentas, si alguien sigue defendiendo la validez del modelo neoliberal a pesar de los estragos que ha causado en muchos de los países en los que se ha aplicado, y de las falacias teóricas que encierra en sí mismo, no nos tomaremos ahora la molestia de intentar rebatir sus argumentos[3]. No hay aquí espacio ni tiempo suficiente como para acometer semejante tarea, que ocuparía, por sí misma, un libro entero. En cuanto a la segunda consideración nos atreveremos a refutar que, si bien es cierto que en todo momento ha existido un condicionamiento del poder político por parte de la economía, lo que es una verdadera novedad es que sea el poder económico, en sí mismo, quien se permita el lujo de incidir directamente en la situación política internacional. De la misma forma, es este también el momento en que las consecuencias económicas pueden, por primera vez, condicionar la toma de decisiones de un gobierno hasta el punto de que cualquier otro tipo de consideración sea dejada de lado[4].

Por otra parte, no debemos olvidar que, aun cuando lo que acabamos de reflejar no fuera cierto, no son pocos quienes consideran que, en muchas ocasiones, los Estados se sienten impotentes, encerrados dentro del estricto marco de sus fronteras para hacer frente a la libertad de acción de la que hacen gala muchas grandes compañías en un mundo libre de restricciones al movimiento de capitales. Esto hace que, en ocasiones, las empresas puedan utilizar a su libre antojo la rivalidad entre unos y otros estados, o la necesidad de algunos países en vías de desarrollo para actuar de acuerdo con parámetros que atentan contra los derechos humanos más básicos[5]. A ello se debe añadir, de otro lado, la capacidad que tienen muchas de las grandes empresas para eludir todo tipo de responsabilidad amparándose en sociedades interpuestas[6], o en el cumplimiento de las normas de países subdesarrollados para llevar a cabo tareas que, sin embargo, pueden causar graves perjuicios a los países que los rodean[7].

La conclusión más obvia que se puede entresacar de todo lo que acabamos de exponer es que se está produciendo un trasvase evidente del poder desde lo político hacia lo económico, consideración que, por otra parte, no tiene gran cosa de original, sino que ha sido ya convenientemente interpretada por muchos de nuestros más brillantes pensadores[8]. Ahora bien, aceptada esta primera hipótesis, debemos plantearnos inevitablemente una pregunta: ¿cómo va a afectar esta circunstancia a la actual estructura política? O, lo que es prácticamente lo mismo: ¿qué va a ocurrir con el Estado? ¿Va a seguir siendo el agente esencial de la acción política o va a ser sustituido por otro tipo de institución capaz de contrapesar la imparable pujanza de la economía? La respuesta que vamos a dar aquí a esta cuestión difiere mucho de las que se han dado hasta ahora. A nuestro juicio, el Estado va a continuar siendo el principal agente institucional, lo cual no significa que sea el agente con mayor poder en el entramado internacional. De otro lado, va a ser cada vez más incapaz de hacer frente a la importancia del poder económico. Ello no obstante, y para poder justificar estas dos afirmaciones, creemos que es necesario introducir antes algunas reflexiones previas.

2.- El papel del Estado.

Muchos de los autores que se han ocupado del tema de la globalización han llegado a una conclusión: ya que este fenómeno tiene un carácter inequívocamente supranacional, es inevitable que el poder político olvide su estructura actual, marcada por el Estado-nación[9], para dar origen o bien a una situación muy parecida a la del estado de la naturaleza, o bien a organizaciones supranacionales que puedan ejercer adecuadamente el poder político. En lo que ya no coinciden los diversos autores es en la forma que adoptarán estas instituciones supranacionales[10]. Así, los hay que aventuran que el Estado seguirá existiendo como tal, aunque la soberanía pasará a residir en esos futuros supraestados, convirtiéndose así en partes o nodos de una red más amplia[11]. Otros, en cambio, consideran que el auge de lo local que está surgiendo al calor de la globalización puede hacer que los estados desaparezcan, siendo sustituidos por otras formas de representación ciudadana que dé pie a una integración mundial fundada sobre el Derecho[12]. De la misma forma, no se puede hablar de unanimidad a la hora de juzgar la probabilidad de que estos supraestados acaben formándose, ni de si finalmente llegará a formarse un único Estado en el ámbito mundial. Tampoco se puede hablar de consenso si de lo que se trata es de definir cuál debería ser la estructura de esos macroestados, siendo así que hay quienes consideran que pueden dar lugar a una democracia directa marcada por un voto por cada ciudadano o una de corte más directo, en el que sea cada país quien goce de un voto.

Este tipo de consideraciones son, desde nuestra perspectiva, perfectamente lógicas si consideramos que la globalización trae como consecuencia una pérdida notoria de poder por parte del Estado. A fin de cuentas, si la fragmentación del poder político produce una inevitable indefensión frente al ámbito de lo económico, parece inevitable pensar en una futura unificación internacional. Sin embargo, este razonamiento olvida, a nuestro juicio, un pilar básico: que los efectos de la globalización no son simétricos, esto es, que hay algunos países que han salido ganando y, probablemente, continuarán ganando con un proceso como el que está teniendo lugar ahora mismo. Esta apreciación, sutil pero esencial implica, desde nuestra perspectiva, que habrá quienes no tengan en más mínimo interés en alterar el actual orden internacional. De este modo, surge una evidencia que demasiado a menudo es pasada por alto: si hay Estados que no pierden poder con la globalización, es más que probable que se nieguen a perder su soberanía sólo por solidaridad con otros Estados que sí han salido y saldrán perdiendo en el proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que esa globalización no sea tan unificadora, que impulsan más bien la diferencia entre unos y otros? En el siguiente apartado tendremos ocasión de analizar este aspecto.

3.- Los motivos de la no-integración

 

Hablar de integración es, de por sí, equívoco, porque se trata de un vocablo que puede cobijar diferentes opciones, sin embargo, mutuamente excluyentes. Así, se puede considerar como un proceso de integración la creación de ámbitos de poder supraestatales, pero en los que los agentes participantes en las votaciones sean los Estados, o de otros en los que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus representantes. De la misma forma, puede producirse una progresiva integración a través de organismos que no posean soberanía, pero que ostenten un enorme poder que escape al control de los propios Estados que ahora mismo existen[13].

En el presente apartado nos vamos a centrar exclusivamente en el primero de esos tipos de integración. El motivo de esta limitación es que la integración a través de una democracia supraestatal en el que sean los propios ciudadanos quienes elijan directamente sus representantes y éstos tomen todo tipo de decisiones en atención a su mandato nos parece harto improbable en un futuro próximo. En lo que a esto respecta, no tenemos más que ver que, después de cincuenta años, este objetivo no se ha logrado ni siquiera en la Unión Europea, sin dudas el área del mundo que más profundamente ha avanzado en la integración de varias naciones soberanas. Pensar que un proceso de este corte pueda tener lugar en otras zonas, como Latinoamérica, o el Sureste asiático es, por el momento, quimérico. Y todavía lo es más creer que los ciudadanos de los países desarrollados estén dispuestos a compartir su soberanía con los habitantes de otras naciones menos favorecidas en algún tipo de democracia mundial o, al menos, regional.

En cuanto a la segunda de las opciones presentadas, esto es, la creación de centros de poder en el ámbito internacional, que, aunque no ostenten soberanía alguna, sean capaces de imponer su voluntad a muchos países, nos permitiremos indicar que se trata del modelo menos deseable de entre todos los que podemos concebir. Baste para justificar nuestra afirmación con observar la actuación que ha llevado a cabo en los últimos años un organismo que cumple fielmente con todas las características que acabamos de reseñar, como el FMI, para darse cuenta de lo poco deseable que resulta este esquema. Así, el continuo secretismo que envuelve esta clase de organismos, así como la posibilidad de actuar sin tener que responder ante ninguna instancia democrática ha permitido, en último término, que sus dirigentes asumieran decisiones claramente erróneas y de gravísimas consecuencias sin tener que responder ante nadie por ello.

Nos queda, por tanto, el tercer modelo, esto es, la integración en un modelo de soberanía compartida en el ámbito internacional, en el que los principales agentes fueran los países. Dentro de este esquema podrían apreciarse, a su vez, múltiples variante, como una cesión de soberanía centrada en un cúmulo de materias, como la justicia, la política exterior, la política monetaria, etc., o en una unión más estrecha, que privara de soberanía a los propios Estados que la componen. Si el primer modelo resulta similar al de la Unión Europea, el segundo sería más parecido al de los Estados Unidos de América o la Confederación Helvética. Evidentemente, es mucho más fácil imponer el primer modelo que el segundo, pero, aún así, en los últimos tiempos se ha demostrado que aún queda mucho camino por recorrer para llegar hasta allí. Si esto es así se debe a múltiples motivos. De entre ellos destacaremos ahora tres que, a nuestro juicio, no han sido todavía lo suficientemente bien analizados.

 

1.- Existencia de una única superpotencia.

Como es de sobra conocido, después de la caída del bloque soviético, Estados Unidos ha permanecido como la única gran potencia político-militar. Y después del 11 de septiembre, parece haber optado por una política de inequívoco liderazgo, olvidando toda idea de aislacionismo, tan común en su historia. Ese liderazgo, no obstante, se ha mostrado como un fenómeno más desintegrador de lo que cabía esperar, por la insistencia americana en no rubricar ningún acuerdo que merme mínimamente su soberanía[14]. Las víctimas de esta política han sido tratados de la importancia del Protocolo de Kyoto, o instituciones a las que se supone trascendentales, como el Tribunal Penal Internacional. A esto, por supuesto, debemos unir la grave tendencia de su administración actual a obviar por completo a la ONU como foro de discusión o la adopción de medidas unilaterales en materia económica, como los aranceles sobre el acero, que más parecen propias de épocas pasadas.

Toda esta serie de hechos viene a indicarnos claramente que Estados Unidos no está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo que suponga una cesión de soberanía de ninguna clase, ni a pactar acerca de ningún asunto que pueda suponer una mínima pérdida para sus intereses nacionales. Y teniendo en cuenta que goza de la capacidad suficiente como para poder actuar unilateralmente sin enfrentarse a grandes riesgos[15], parece claro que no será fácil conseguir que Estados Unidos lleva adelante ningún proceso de integración en un ámbito supraestatal. Si a ello sumamos que difícilmente permitirá que sean otros países los que articulen este tipo de políticas[16], podemos hacernos una mejor idea de por qué es tan complicado hablar de integración si Estados Unidos está de por medio.

2.- Importancia del poder económico sobre el político.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los propios intereses económicos no desean en absoluto ningún tipo de acuerdo internacional que suponga nuevas limitaciones a lo que constituyen sus intereses. En este sentido, debemos recodar que, para el ideario liberal, un escenario como el actual, en el que la mayor parte de los estados se ven cada vez más reducidos a meros garantes del orden público roza la perfección. Por eso mismo, la presión de las grandes compañías irá encaminada a promover la fragmentación del poder político.

Por otra parte, es obvio que la propia configuración del nuevo orden que está surgiendo dota a los grandes grupos de grandes oportunidades para verse respaldados ante las naciones más débiles. En cuanto a las naciones más poderosas, es cada vez más obvio que nadie pude llegar a la presidencia de sus gobiernos sin un apoyo financiero sólido por parte de las grandes compañías. Así, por ejemplo, el sistema americano de financiación de los partidos políticos puede acabar ocasionando una inevitable degradación de la democracia, inevitablemente mediatizada por los generosos donativos de las grandes compañías a los candidatos electorales. Lo que en cualquier caso resulta evidente es que muy difícilmente llegará a la Casa Blanca un candidato dispuesto a adoptar medidas que mermen la impunidad con la que se mueven muchos de sus grandes consorcios.

 

3.- El triángulo de Krugman

Uno de los mecanismo que mejor explican el incremento de poder que experimentan algunos Estados en un escenario de liberalización internacional del mercado de capitales es el triángulo de Krugman, economista americano de reconocida fama. En consonancia con esta explicación teórica, los Estados capaces de garantizar la confianza de sus monedas tienen una libertad en un marco de liberalización de los mercados de capitales de la que no gozan todos los demás. Por eso mismo, las crisis provocadas por un ataque especulativo a una moneda sólo afectan a según qué tipos de países, mientras que otros permanecen siempre a salvo de este tipo de comportamientos. A largo plazo, esto hace que algunos países cuenten con un poder mucho mayor que otro, en cuanto acumulan masas ingentes de capital disponible.

Por este motivo, existe un interés obvio por parte de los países más desarrollados para mantener liberalizado el mercado de capitales, sabiendo de sobre que sus monedas están a salvo. La creación de cualquier ente supraestatal que permitiera acabar con esta anarquía supondría, en último término, la anulación de una ventaja comparativa muy importante para los países desarrollados, ventaja que les gustaría mantener, aun cuando ello pusiera en peligro la estabilidad de todo el sistema.

 

 

 

 

 

 

4.- El futuro que nos espera

 

A partir de todo lo que acabamos de exponer, nos atreveremos a afirmar que, pese a todo, el Estado-nación, tal y como lo conocemos, continuará existiendo en un futuro próximo y, en algunos casos, llegará a hacerse más fuerte que nunca. Motivos tan sólidos como los que acabamos de mostrar así lo parecen señalar. Ello no obstante, es obvio que ni siquiera los países más poderosos serán capaces de ofrecer una respuesta efectiva a problemas globales, como el del crimen organizado a escala internacional, los problemas ecológicos o los que plantea la desigual distribución de los recursos en el ámbito mundial. Como dice LIMA TORRADO, lo que es obvio es que los problemas globales requieren soluciones globales, y a eso aún no hemos llegado[17].

¿Significa esto que estamos abocados a un escenario pesimista, que no tenemos ninguna posibilidad de reorientar nuestro futuro porque el marco en el que nos movemos es perverso? Creemos sinceramente que no, pero eso no significa que la batalla sea sencilla, ni mucho menos. Es necesaria una reorganización ciudadana que, partiendo de la base de las limitaciones inherentes a los Estados nacionales, sea capaz de crear un nuevo concepto de democracia, que englobe una vuelta a la responsabilidad individual. Necesitamos volver a hacer sentir a las personas como partes de una realidad. Y partes capaces de modificarla. Necesitamos persuadir a las personas de que su opinión sigue siendo importante, y que la democracia no se agota necesariamente porque el voto político que pueden ejercer cada cierto tiempo tenga cada vez menos valor. Porque la democracia no necesita de Estados, ni de fronteras[18]. Frente a esta realidad, siempre podrán crearse nuevas formas de presión popular. Nos espera un futuro cargado de organizaciones no gubernamentales, de protestas silenciosas, y de una más que posible toma de conciencia del voto económico, todavía tan desaprovechado[19]. Y la clave, como muy bien ha indicado CABALLERO HARRIET[20] estará, entre otras cosas, en una vuelta efectiva a la cultura, una vuelta que nos haga ser capaces de ver más allá de las limitaciones del marco que se nos intentará imponer.

 

 

 

 

 


[1] En lo que atañe a este punto, nos gustaría resaltar que ha sido principalmente la liberalización de los mercados de capital y no la de los de bienes y servicios, la que ha desestabilizado la balanza de poder. Es un dato que a menudo se olvida sin aparente motivo.

[2] Véase: IZQUIERDO, G., “La política económica ante la globalización: sobre la pretendida impotencia del estado”, Documentación social, nº 125, 2001, pág. 167.

[3] En lo que a ello respecta, nos limitaremos a remitirnos al último premio Nobel de economía: STIGLITZ, J. E., El malestar en la globalización, Madrid: Taurus, 2002.

[4] El ejemplo más extremo de lo que ahora afirmamos ha tenido lugar en fechas muy recientes. Como ya es de sobra conocido, los atentados del 11 de septiembre provocaron en Estados Unidos una auténtica conmoción nacional que cristalizó en un genuino deseo de aumentar su seguridad mediante el combate del terrorismo internacional. Esta lucha, no obstante, no se llevó hasta sus últimas consecuencias en el terreno económico, a pesar de que en el campo de lo político no hubo reparo alguno en invadir Afganistán sin acudir en ningún momento a consideraciones de tipo legal. A pesar de que los responsables de la política norteamericana sabían que era imposible poner fin a la financiación del terrorismo sin acabar con los paraísos fiscales, cosa relativamente sencilla de hacer para un país del potencial del que estamos hablando, se negaron taxativamente a tomar esta medida. Consideraciones de tipo económico, como mantener la subvención encubierta a la exportación que supone para las empresas americanas la posibilidad de domiciliar buena parte de sus ingresos por este motivo en los paraísos fiscales tuvieron más peso que su propia seguridad nacional.

[5] Enumerar las prácticas que tienen lugar en muchos de los rincones perdidos del mundo sería tarea imposible, en tan poco espacio. Habríamos de recordar las condiciones de trabajo de las maquiladoras en Latinoamérica, o de las zonas de libre comercio de Filipinas, o la utilización de mano de obra infantil en la India o Pakistán, o la falta de seguridad en muchas de las plantas de la industria química instaladas en las naciones citadas. Véase, por ejemplo, en torno a este tema: N. KLEIN, No Logo, Paidós, Barcelona, 2001.

[6] Así, por ejemplo, resulta moneda corriente que una persona o una sociedad invierta en un país a través de otra que tiene su sede social en otro, generalmente un paraíso fiscal con un elevado grado de confidencialidad en su legislación societaria, con el fin de eludir pesquisas.

[7] De este modo, el incumplimiento de las más elementales medidas de seguridad por parte de un país puede causar terribles pérdidas a los que le rodean, aun cuando no tengan ninguna culpa de la irresponsable actitud de su vecino.

[8] Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “El poder del estado y los derechos humanos en el escenario de la globalización”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 88; ESTEFANÍA, J., El poder en el mundo, Barcelona: Plaza y Janés, 2000.

[9] Así lo refiere una larga tradición iniciada esencialmente desde la paz de Westfalia, que dio primacía al Estado sobre cualquier otro tipo de organización humana.

[10] Cfr: JÁUREGUI, G., La democracia planetaria, Oviedo: Nobel, 2000, págs. 62 y ss.

[11] Cfr: CASTELLS, M., La era de la información, vol 2. El poder de la identidad, Madrid: Alianza, 1998, II, pág. 334.

[12] Véase, a este respecto: JÁUREGUI, G., La democracia planetaria, cit., págs. 60 y ss.

[13] En torno a esta materia, véase: BECK, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona: Paidós, 1998, págs. 135 y ss.

[14] La existencia de una potencia hegemónica suele ser, no obstante, un escenario muy poco feliz para llegar a acuerdos que impliquen concesiones. En este sentido, no podemos olvidar que el mismo sistema que creo un orden internacional basado en el Estado-nación, se hizo en un momento en el que la hegemonía no pertenecía a ningún país en concreto o, al menos, no en la forma absoluta en la que ahora se da.

[15] O, al menos, esto es lo que quiere creer.

[16] Un ejemplo muy claro de este tipo de políticas se vio después de la crisis asiática del 99. en aquel momento, Japón propuso a los países del Sureste Asiático crear un organismo económico común que pudiera ayudarles a enfrentar ese tipo de coyunturas, un primer paso para favorecer su integración y para soslayar el predominio absoluto del FMI. La idea fracasó por la violenta oposición de Estados Unidos

[17] LIMA TORRADO, J., “Globalización y Derechos humanos”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 61.

[18] Cfr: PRZEWORSKI, A., Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pág.

[19] Consúltese, en lo que a estos temas se refieren, por ejemplo, SASSEN, S, ¿Perdiendo el control?, Barcelona: Bellaterra, 2001, pág. 104 y ss.

[20] Cfr: CABALLERO HARRIET, F. J., “Globalización, Estado y Derecho”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 37 y ss.

 


I.S.S.N.: 1138-9877

Déposito Legal: en trámite

Fecha de publicación: septiembre de 200

Señores, ¿en qué mundo vivimos?

Los sabihondos se reunieron como siempre en Davos, pero ahora nadie les da bola y ni ellos mismos confían en sus recetas, preocupados como están por la crisis de civilización y por esta crisis estructural del capitalismo que es al mismo tiempo una crisis ecológica.

No faltan, sin embargo, algunos, como Cristina Fernández de Kirchner, que muy sueltos de cuerpo proponen volver al capitalismo de antes, productivo, abandonando el especulativo, como si éste no fuese la consecuencia de aquél. O quienes hablan, como esa misma señora y sus agudos asesores, de volver a la fase anterior al neoliberalismo y a la desenfrenada especulación resultante del papel predominante del capital financiero como si neoliberalismo y especulación no fuesen el resultado de la caída de la tasa de ganancia que llevó a cerrar la fase del llamado Estado del Bienestar y a reducir brutalmente los salarios directos e indirectos de los trabajadores en todos los países y los espacios democráticos y las viejas conquistas sociales (como las ocho horas) en todo el mundo.

Otros, en los gobiernos progresistas (Brasil, de nuevo Argentina, Venezuela), piensan que hay que reforzar el capitalismo con los subsidios del Estado a las grandes empresas, para asegurar a la vez los consumos populares y la rentabilidad de aquéllas y así pagan a pocos con el dinero de todos pero no aumentan las inversiones productivas, porque éstas dependen de las expectativas tanto de los consumidores como de los capitalistas sobre la amplitud y sostenibilidad del mercado, expectativas que no existen.. Por eso las empresas se meten en el bolsillo el dinero de los contribuyentes pero no invierten y, como son monopólicas, aumentan los precios de sus mercaderías pero no los salarios reales, reduciendo así aún más el mercado consumidor e impulsando, al mismo tiempo, la inflación, que también los corroe.

China está al borde de una catástrofe ecológica en todo el país porque la opción por el crecimiento económico considerando cero el costo ambiental lleva ahora cientos de millones de personas a no poder salir –literalmente– de sus casas debido a la contaminación. A eso se le agrega la gran ola de movimientos por salarios, condiciones de trabajo o contra el despotismo y la corrupción. China y la India, por otra parte, hasta ahora principales sostenes del capitalismo mundial y en particular de la economía de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea mediante la compra de bienes y de empresas, con su presencia en el mercado financiero mundial han acelerado brutalmente la circulación de capitales y el caos especulativo.

Independientemente de que no aparecen en el horizonte los sepultureros de un sistema en crisis estructural, porque los trabajadores, en el sentido más amplio, comparten aún la ideología de sus explotadores y sus valores hedonísticos y egoístas en vez de buscar una alternativa al sistema, el sistema está en una crisis agudísima desde el 2008 y aún no superó lo peor. Al sistema capitalista las inmensas destrucciones de seres humanos y de capitales en las dos guerras mundiales y en la crisis de 1929 le dieron sólo unos 30 años de prosperidad y reconstrucción. ¿Buscará arrasar con los bienes comunes, rapiñar nuevamente el planeta, recolonizándolo, recuperar mediante una nueva gran guerra para Estados Unidos la hegemonía perdida de modo de instalar un mundo futuro para un quinto de la población mundial, eliminando de un modo u otro a los sobrantes (con guerras locales, dictaduras, hambrunas, siembra de enfermedades mortales)? No hay nada que el capitalismo no pueda intentar… si se lo deja y si tiene la fuerza social suficiente.

Por eso hay adoradores académicos o no del sistema, nuevos doctores Pangloss, que dicen que el sistema siempre se recuperó de sus crisis y volverá a hacerlo, porque no se presenta una alternativa. Pero si la historia fuese una simple continuación indefinida de los sistemas, Europa viviría todavía la pax romana, los mayas seguirían dominando media Mesoamérica y en Tenochtitlán-DF se seguirían haciendo sacrificios humanos. El derrumbe del mundo antiguo y del Estado romano, su cultura, y sus relaciones de dominación fue el resultado de una larga crisis que duró más de tres siglos y que amenazó a la civilización, cuyo nivel más alto sólo fue reconquistado mil 200 años después con el Renacimiento. No está escrito en ningún lado que el capitalismo sea como Anteo que al caer al suelo reconquistaba su vigor.

Porque esta crisis estructural está acabando con las bases de una cultura material basada en el despilfarro del agua, de los alimentos, de los recursos naturales de todo tipo y en la producción masiva de desechos que la naturaleza no puede reciclar. Los gobiernos progresistas o no, como el de Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina o el de México, Perú, Chile fingen creer que el crecimiento se puede lograr con el despojo de las tierras arables que se convierten en monocultivos, con la depredación del agua y de la tierra por la gran minería, por el extractivismo neodesarrollista pero ese crecimiento de las ganancias es enemigo del desarrollo y de los bienes comunes.

Por lo tanto, o se acaba con la producción para la ganancia, produciendo de modo diferente, fabricando otros productos, elaborados de otro modo, para otras necesidades o terminan por acabarse los bosques, los mares, el agua, el aire puro, el equilibrio natural del planeta… y la especie humana, reducida a pequeños grupos, vuelve al estado natural o, reducida a cerca de un tercio de sus integrantes actuales, vive en una dictadura tecnocrático-fascista como la que pintara Jack London en El Talón de Hierro. Suena apocalíptico, pero enteras civilizaciones y grandes culturas han vivido antes apocalipsis semejantes.

La alternativa no es ya capitalismo o barbarie. Desde los campos de concentración nazis, los goulags stalinistas, Hiroshima y Nagasaki y los bombardeos a Vietnam vivimos en la barbarie. La alternativa es o acabar con el capitalismo o ver cómo éste acaba con las bases materiales de nuestra civilización.

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130210/387166/es/Senores-en-cual-mundo-vivimos

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Desde los altos círculos de poder, y especialmente a través de los medios de comunicación, se intenta expandir sutilmente la idea de que todos hemos tenido responsabilidad en la gestación y desarrollo de la crisis económica española cuyos efectos impiden hoy día que la actividad económica se recupere. Se nos dice que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, con la intención de generar un sentimiento de culpabilidad que nos predisponga a aceptar los sacrificios que se nos imponen. Según esta visión, puesto que todos hemos cometido excesos, todos debemos pagar ahora un precio por ello. Este mensaje ha tenido un notable éxito en la sociedad española, teniendo como resultado que muchas personas acepten sin rechistar el recorte de derechos sociales y laborales, limitando así el grosor poblacional que se rebela y protesta frente a este tipo de medidas.

El triunfo de este mensaje contrasta con el respaldo argumentativo que le subyace. Y no es para menos: la evidencia empírica y los datos estadísticos no apoyan en absoluto el contenido de esta idea; sino que precisamente lo contradicen. Un simple vistazo a ciertos indicadores económicos de nuestra economía nos revelará una realidad muy diferente a la que nos intentan reflejar: no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que son las grandes empresas y los hogares más ricos los sectores que lo han hecho. Demostrarlo es bastante sencillo y es lo que se abordará en este post y en el siguiente.

Uno de los mayores problemas de la economía española es su sobreendeudamiento, ya que impide que los agentes endeudados puedan contribuir positivamente a la recuperación de la actividad económica (cualquier ingreso que reciban será destinado principalmente a reducir su deuda y no a invertir o consumir, y así será hasta que deje de suponer una carga importante). Según los últimos datos del Banco de España, la cantidad de deuda total de la economía española (la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos) alcanzaba a finales de 2011 los 4,3 billones de euros (un 402% del PIB). De esta cantidad total, la deuda de las administraciones públicas suponía el 77% del PIB, mientras que el resto (325% del PIB) correspondía a la deuda privada (de familias y empresas). Esto significa que del total de la deuda española, sólo el 19,1% es deuda atribuida a las arcas públicas y el 80,9% es deuda contraída por las familias y las empresas.

Aquí ya tenemos un dato curioso: la mayor parte del problema del sobreendeudamiento español corresponde al sector privado, y no al público. Esto contrasta con la idea que se transmite a través los grandes medios de comunicación donde los debates se centran en torno a la deuda alcanzada por las administraciones públicas, y nunca (o muy pocas veces) en la privada. La deuda pública en teoría puede relacionarse con un exceso de todos los ciudadanos, ya que se puede entender que el Estado se endeuda para mejorar las condiciones de vida de la población. No obstante, no podemos olvidar un factor muy importante: la deuda pública se ha mantenido constante a lo largo de mucho tiempo e incluso comenzó a descender a partir de 2004. Su aumento a partir de 2007 se debe a los rescates bancarios, y a la pérdida de recaudación derivada de la recesión económica. El endeudamiento público, además de presentar un porcentaje pequeño sobre el total de la deuda, no aumentó durante el boom inmobiliario. Por todo ello, no tiene sentido atribuirle a las administraciones públicas responsabilidad alguna en este reciente sobreendeudamiento de la economía española.

Dejemos a un lado, entonces, la deuda pública y centrémonos en la privada (formada por la deuda de los hogares y la de las empresas). La deuda de las familias representaba el 83% del PIB, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 243% del PIB. Esto supone que, una vez considerada en solitario la deuda privada, solo el 25,5% pertenece a los hogares, mientras que el restante 74,5% es de las empresas.

Esto quiere decir que la mayor parte del problema de la deuda privada es atribuible a las empresas españolas. Las empresas se han endeudado en cantidades muy superiores a las realizadas por las familias españolas.

El análisis de la deuda de las familias –que nos revelará que dentro de este sobreendeudamiento han destacado las familias más ricas– será llevado a cabo en el siguiente post. Ahora nos centraremos en la deuda empresarial.

Si estudiamos el endeudamiento de las empresas atendiendo al tamaño de las mismas descubriremos un dato muy llamativo: el 95% de toda la deuda empresarial española corresponde a las grandes empresas (más de 250 empleados).

Es decir, casi la totalidad de la deuda contraída por las empresas españolas es atribuible exclusivamente a las grandes empresas. Las empresas no financieras invirtieron masivamente (y utilizando especialmente técnicas de apalancamiento –esto es, recurriendo a endeudarse) alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Las empresas financieras asumieron enormes riesgos también a través de operaciones que eran mucho más rentables cuánto más recurrieran al endeudamiento. Es obvio que este tipo de actividades están más fácilmente al alcance de las grandes empresas, que cuentan con más y mayores recursos y medios que empresas más pequeñas. Para un mayor análisis de las inversiones de las grandes empresas leer este artículo de Juan Laborda: “Sí, en España la élites vivieron por encima de sus posibilidades”.

Ahora bien, si queremos saber cuántas grandes empresas existen en España puede que nos llevemos otra sorpresa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente 4997 empresas de las 3.250.576 empresas que hay tienen más de 200 empleados (INE no clasifica por 250 empleados, como hace el Banco de España). Es decir, solo el 0,153% de todas las empresas españolas tiene más de 200 empleados. Deducimos por lo tanto que el 95% de toda la deuda empresarial española pertenece a menos del 0,153% de las empresas españolas. Son solo unas poquísimas empresas las que se han excedido e hinchado el sobreendeudamiento empresarial español.

La constatación de esta concentración de las deudas en tan pocas grandes empresas es totalmente contraria al mensaje extendido de que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Una vez recurrido a los indicadores económicos oficiales no queda más remedio que dar por falsa esta idea. Los datos demuestran que una parte muy importante del problemático sobreendeudamiento de la economía española es atribuible únicamente a las grandes empresas españolas. Por lo tanto, podemos y debemos decir valientemente y sin miedo que han sido principalmente las grandes empresas las que se han endeudado en cantidades astronómicas y las que han vivido por encima de sus posibilidades.

¡Fuera políticos de las eléctricas!

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El ex presidente del Gobierno y ex presidente del Consejo de Participación de Doñana, Felipe González es actualmente consejero de Gas Natural Fenosa. El pasado mes de enero esta empresa lograba sacar adelante un proyecto de extracción y almacenamiento de gas en las inmediaciones del Parque Nacional. El ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien durante su mandato privatizara la actual Endesa, ahora es consejero de la eléctrica. La ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, apenas dos meses tras dejar su cargo ficha como consejera de esta misma empresa. Y la lista podría hacerse mucho más larga con nombres como Manuel Marín ex presidente del Congreso y Ángel Acebes ex ministro en las filas de Iberdrola.

Es evidente que muchos cargos públicos terminan trabajando en empresas del sector energético cuando abandonan la política. Con este panorama de excargos públicos a sueldo del oligopolio energético, parece poco probable que ningún Gobierno vaya a legislar en su contra. Todo lo contrario, parece que es el premio para cuando terminen su carrera política, si claro está, antes se han portado como se espera de ellos.

El ejemplo más reciente y que seguramente no será el último, el pasado viernes se aprobaba el Real decreto Ley 2/2013, cuyo objetivo anunciado pretende ser “proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013”. La consecuencia “real” del mismo, nuevo regalo a las cinco grandes empresas eléctricas y hundir aún más, si cabe, a las energías renovables,  frenando el desarrollo de nuevos proyectos y recortando drásticamente sus ingresos.

Los últimos escándalos financieros y de corrupción hacen necesario un cambio en la clase política. Si realmente existe el compromiso de fomentar la transparencia por parte de partidos y políticos, deben entre otras modificar la Ley de Incompatibilidades para impedir que personas que han ejercido cargos públicos puedan acabar trabajando en las grandes empresas energéticas. Y viceversa.

Es necesario recordar que España ha tenido en el periodo de octubre 2011 a octubre 2012 un déficit de 45.696 millones de euros en la balanza energética exterior. Seguimos gastando miles de millones de euros en comprar combustibles fósiles todos los años (para generar electricidad y para el transporte), y sepultando bajo una losa nuestra independencia energética, de la que España es inmensamente rica, las tecnologías renovables. Este es el negocio del oligopolio, que cada año aumenta su balance de beneficios, a costa del bolsillo, la salud y el medio ambiente del resto de ciudadanos. Y lo grave es que lo hacen jugando con una baraja marcada. El contexto de crisis económica en el que estamos inmersos es también una crisis de valores morales que deberemos superar para lograr un futuro diferente.

Julio Barea (@juliobarea) campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Del Valle de los Caídos al Ibex 35

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37 años después de la muerte de Franco, las empresas que se enriquecieron con la construcción de su mausoleo están entre las más poderosas e influyentes del país

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 18/11/2012 09:30 Actualizado: 18/11/2012 09:42

El régimen les dio poder, patrimonio y mano de obra casi esclava. La transición y la democracia, benevolente como con un hijo pródigo, no les pidió explicaciones por su pasado ni por el origen de sus riquezas. Su pasado se diluyó en el presente de la España democrática como un azucarillo en agua hirviendo y el futuro quedó a sus pies. Son las grandes empresas que apoyaron a Franco en su cruzada, se beneficiaron de las concesiones estatales, utilizaron mano de obra casi esclava de presos republicanos y sentaron en sus consejos de administración a los exministros del régimen. Esta es la historia de los que una vez que el caudillo de España murió se autodefinieron como “demócratas de toda la vida”.

En agosto de 1936, el diario británico The Sunday Express publicó: “Franco se mantiene en la lucha. Pero, ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece. Ese hombre es Juan March”.

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresarios y Franco, juntos al resto de golpistas, encontró en Juan March al mecenas de su cruzada. March aseguró la vida de los familiares de los militares rebeldes, financió los aviones que trasladó a Franco al norte de África con la inestimable ayuda de varios responsables del diario ABC y negoció con alemanes e italianos la compra de armamento. ¿A cambio de qué?

“A cambio, en plena guerra civil, desde el cuartel general de Burgos, obtuvieron el control del sector bancario, su statu quo, las claves de la economía, el monopolio del sector financiero”, escribe Mariano Sánchez en la obra publicada en 2005 ‘Los banqueros de Franco’.

Este pacto de Franco con March y el resto de banqueros significó la primera gran traición del general a los principios de Falange: la Banca no sería nacionalizada. Lo importante para el Generalísimo no era mantener su integridad ideológica. Franco no tenía ideología. El caudillo tenía poder político, adquirido mediante las armas, y no lo iba a perder bajo ningún concepto y mucho menos por programas políticos.

Al amparo de la dictadura franquista, Juan March realizó diversas operaciones financieras de gran calibre, como la compra de la Barcelona Traction, tras la que fundó Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A (FECSA), quien se hizo con la práctica totalidad de la producción eléctrica en Cataluña.  FECSA construyó centrales térmicas y entró en el campo de la energía nuclear, motivado por las crisis del petróleo de los años 70.

Así, participó, junto con Électricité de France, Hidroeléctrica de Cataluña y ENHER en la construcción de la central nuclear de Vandellós, puesta en servicio en 1972. En 1983, FECSA instaló en solitario la central nuclear de Ascó, que comenzó a funcionar en 1983.

El rastro de March en el presente

Todas estas operaciones convierten a FECSA en una empresa al alza, que comienza a cotizar en el IBEX 35 de la Bolsa española. Su camino en solitario llega hasta 1996 cuando el Grupo Endesa se hace con el 75% de las acciones de la compañía y su control absoluto.

Juan March falleció en 1962 pero sus nietos han sabido cumplir su legado. En 1988 la revista Forbes sitúa a los March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, creador de El Corte Inglés, y los Botín. Su notoriedad en la democracia española y en las finanzas internacionales es ya indiscutible.

“La Fundación March, creada en 1955, cuenta con un patrimonio superior a los 15.000 millones de pesetras y recibe una inversión anual que rebasa los 1.000 millones. En la actualidad el patrimonio de los March se sitúa entre en el medio billón de pesetas, participan en el accionariado de 150 empresas y comandan un grupo empresarial que ha sido vanguardia en España en cuanto a bancos de negocios y que goza de una gran liquidez”, escribe Mariano Sánchez en su obra Los banqueros de Franco.

Entre la larga lista de empresas en las que la familia March está presente en el accionariado hay algunas muy reconocibles para el gran público como la constructora ACS (18,3%), presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Acerinox (24,2%), una de las compañías líder a nivel mundial en la fabricación de acero inoxidable o la empresa de seguridad Prosegur (10,0%).

La construcción del Valle de los Caídos

Ningún otro símbolo como el Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimen. Una obra faraónica que costó a las arcas públicas a lo largo de sus veinte años de construcción 2.421 millones de pesetas de la época, según datos de Mariano Sánchez. “Para entender la magnitud de la obra conviene comparar el coste con otras partidas de los Presupuestos. Así, hasta 1970 el Estado había dedicado 2.339 millones de pesetas para Educación, explica Mariano Sánchez, autor de obras como Los Franco S.A. o Los banqueros de Franco a Público

Franco eligió el 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria de la entonces conocida como “Victoria de las armas de España”, para dar a conocer su proyecto. Fernando Olmeda, autor de El Valle de los Caídos. Una memoria de España, recoge en su obra las palabras pronunciadas aquel mismo día por  el coronel Valentín Galarza, subsecretario del a jefatura del Estado, en la lectura al Decreto que dispone la construcción del futuro monumento:

“La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suele conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que legaron una España mejor”.

La ejecución del gran sueño del generalísimo requirió un enorme financiero, pero sobre todo de personal. En 1942 el régimen se da cuenta de que además de obreros libres será necesario emplear batallones de presos en un país que continúa desangrando tras la cruenta guerra civil. Ese mismo año llega al Valle la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95. Los presos visten gorro a rayas azules y blancas con una P que les identifica como presos. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, cifró en 20.000 los presos republicanos que participaron a precios muy por debajo del mercado y en condiciones de semiesclavitud en la construcción del sueño de Franco.

Los presos “alquilados”

Fernando Olmeda recoge en su obra dos testimonios de presos republicanos que detallan las condiciones de la obra. Trinitario Rubio lo describe de la siguiente manera:”Picábamos un metro cúbico de piedra, cargábamos vagonetas y empujábamos entre varios. Trabajábamos en condiciones difíciles, nos trataban de hijos de puta y rojos, cosa peor que los malos tratos”.

Segundo Fernández, de familia de agricultores de izquierdas, y condenado por tres consejos de guerra, resume en una frase su experiencia en la construcción del Valle de los Caídos: “Raro era el día que no morían uno o dos, y hasta tres, más por el hambre que por accidentes, porque la construcción del túnel casi no había empezado”

Nicolás Sánchez-Albornoz, director del Instituto Cervantes de 1991 a 1996 y condenado a trabajos forzados por el régimen en 1947, puso cifras al negocio redondo de las empresas y el régimen de Franco con los presos trabajadores. “El Valle era un gran negocio“, explica, “los que estábamos condenados a trabajar allí estábamos alquilados a las empresas que hacían la obra, Huarte y Banús, por 10,50 pesetas al día. A nosotros nos daban 50 céntimos a cada uno. Los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados”, según recoge José María Calleja en un artículo publicado en el diario El País. De esta manera, Sánchez-Albornoz, actual miembro de la RAE, confiesa que estuvo “alquilado” a la empresa Huarte y Banús.

El periodista Isaías Lafuente se atrevió a cuantificar en su libro Esclavos por la Patria los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de obras: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. en su libro Esclavos por la patria.

Las empresas adjudicatarias y su beneficio

En sus inicios la obra se adjudica a tres grandes empresas, San Román, filial de Agromán, se encargará de la perforación de la roca para abrir en ella el agujero gigante que albergará la cripta, Estudios y Construcciones Molan se ocupará de la construcción del monasterio y Banús, gestionada por los dos hermanos Juan y José, se responsabilizará de la carretera que unirá la entrada con el Risco de la Nava.

Estas tres empresas, junto a la constructora Huarte y Cía que se uniría a las obras en 1952, dispusieron de mano de obra semiesclava para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. Así, en 1943 Agromán disponía de 250 presos republicanos trabajando en el Monumento, 100 en las obras de el Escorial Aguas y Escorial Arca de Juan y otros 140 en diversas obras repartidas en cuarteles y monasterios.

Banús, por su parte, disponía de 125 presos trabajando en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos, 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín (Madrid) y a 50 más en la base militar de Torrejón. En total llega a haber 141 batallones de presos republicanos repartidos por diferentes obras sólo en 1943, según recoge Olmeda en su obra.

¿Qué ha sido de estas empresas?

La constructora Huarte, que acumulaba en 1975 un volumen de venta de 16.000 millones de pesetas, se fusionó en 1998 con Obrascón. Un año después, se incorpora al grupo la empresa Lain conformando el gigante constructor Obrascón- Huarte- Laín u OHL, como es más conocido. El grupo está presidido por Juan-Miguel Villar Mir, más conocido por haberse presentado a las elecciones a presidente del Real Madrid de fútbol. Aunque en su currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista como haber sido Director General de Empleo en 1964 o presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967.

Por su parte, la constructora Agromán fue fundada por José María Aguirre Gonzalo y José San Román en 1926, en tiempos de Primo de Rivera.  Gracias a sus negocios, Aguirre Gonzalo saltó pronto al mundo de la banca y presidió el Banco Guipuzcoano desde 1956 hasta que falleció en 1988. Además, ocupó la presidencia del Banco Español de Crédito desde 1970 hasta 1983 y del Banesto,  desde 1970 a 1984. No obstante, la estirpe familiar no terminó ahí ya que su hijo José María Aguirre González le sustituyó en el cargo de presidente del Banco Guipuzcoano hasta 1999. En 2010, este banco fue absorbido por el Banco Sabadell.  

Tras la construcción de la carretera, los hermanos Banús siguieron caminos diferentes siempre bajo el amparo del régimen. José Banús, conocido como el constructor del régimen, es el artifice de barrios emblemáticos de Madridi como el de la Concepción o el Barrio del Pilar, donde urbanizó una gran extensión de terreno, y de cuyos pisos sacaba un beneficio de unas 115.000 pesetas. De Madrid saltó a la Costa del Sol donde, en el verano de 1970, inauguró su proyecto más ambicioso: Puerto Banús. Su estrecha relación el régimen queda patente no sólo en sus negocios sino en sus distinciones: medalla al Mérito en el Trabajo, la gran cruz del Mérito Civil y la medalla de oro al Mérito Turístico. Sus descendientes heredaron un gran imperio con origen en la construcción del Valle de los Caídos y su amistad con el régimen de Franco.

Por otro lado, su hermano Juan Banús se quedó en Madrid y en su currículum figura la construcción de la lujosa ciudad satélite de Mirasierra, opulentas viviendas rodeadas de comercios y zonas de asueto. Sus hijos Juan y Antonio Banús Ferré tomaron el testigo inmobiliario de su padre y de su tío, especializándose cada uno en diferentes proyectos.

Juan Banús, fallecido en 2000, era el responsable de la lujosa área marbellí de Puerto Banús, lugar de veraneo de la jet set y de la familia real saudí, entre otras personalidades, mientras que Antonio Banús es propietario de un importante número de franquicias de la firma de moda italiana Benetton en España, gestor del hotel de cinco estrellas Mirasierra Suites y dueño de la bodega El Carabal, situada en Cáceres. Además, Antonio Banús posee el 100% del capital del grupo promotor inmobiliario Juban.

No obstante, en la larga lista de empresas que se beneficiaron de la barata mano de obra de presos republicanos figuran otras muchas sociedades que no participaron en la construcción del Valle de los Caídos o que su gran negocio con el régimen fue otro. Es el caso de Dragados y Construcciones, hoy también inversa en ACS, la constructora de Florentino Pérez.

Sin descuidar a amigos y los ministros

Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchos de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad.

Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra Los Franco S.A., las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del Imperio de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

También llama la atención la puerta giratoria que unía a los ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. De los 119 ministros de franco, 22 de ellos se sentaron en 29 consejos de administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en cajas de ahorros. Otros ocho ex ministros fueron presidentes y/o consejeros del Banco de España. En total, 43 ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario.

Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirve como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del ministro de Comercio en el penúltimo gobierno de Franco de igual nombre, como director General de Negocios de Repsol.

No obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima horneada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos como Rodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano.

O José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que  fue director gerente de la agencia de noticias EFE y embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América.

Los malos gestores públicos ocupan puestos de relevancia en las empresas que privatizan

EL 21,2% DE TELEFONICA DE ESPAÑA VALDRIA 5.000 MILLONES

El Estado español vende sus últimas acciones en Telefónica

La operación se concretaría en dos meses · Es parte de la estrategia del gobierno de Aznar de privatizar las grandes empresas públicas españolas · El valor de Telefónica de España creció por sus altas ganancias

El gobierno de José María Aznar aprobó la privatización total de la compañía Telefónica de España, para lo cual se pondrá en venta la actual participación estatal del 21,2%. Telefónica tiene fuertes inversiones en empresas similares de la América latina en la Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Puerto Rico y, en estos últimos días, en el Brasil. El Estado español recaudaría con la venta alrededor de 5.000 millones de dólares .

El Consejo de Ministros español aprobó la venta de acciones y será la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA) la que ahora diseñará la operación que será presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargada de supervisar las transacciones bursátiles.

Aunque oficialmente se anunció solo que la venta de acciones se realizará “en el primer trimestre de 1997”, Clarín puede adelantar que la operación dará comienzos a mediados de enero y deberá finalizar en la primera semana de febrero.

Cómo se repartirán

De los 197 millones de acciones que irán al mercado, un 60% serán ofrecidas a los pequeños inversores a los que se les descontará el 4% del precio que se fije. Este descuento se hará efectivo si la adquisición se suscribe en el plazo fijado. A estos inversores, además, se los incentivará con un descuento adicional: una acción de cada veinte gratis si mantienen su inversión durante un año, según las fuentes consultadas por Clarín.

El 40% restante sera puesto a disposición de grandes instituciones bancarias y financieras. En ese marco, el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, habría solicitado a los miembros del “núcleo duro o estable” de los accionistas, integrado por los bancos Bilbao Vizcaya, Argentaria y la Caixa, que incrementen su participación. La operación de Villalonga quiere bloquear cualquier maniobra especulativa de algunos inversores no queridos que traten de aprovechar esta última etapa de la privatización de la compañía.

La privatización de Telefónica comenzó durante el gobierno de Felipe González. La última de estas operaciones en etapas se realizó en octubre de 1995, cuando se lanzó una Oferta Pública de Venta del 12 por ciento del capital.

El gobierno de Aznar anunció el 16 de octubre que en 1997 se privatizarían una serie de participaciones parciales o totales de Telefónica.

Al traspaso al sector privado de la compañía telefónica lo seguirían la privatización del hólding financiero Argentaria, así como la Tabacalera, Repsol y la eléctrica Endesa. Para la nueva administración, que llegó al poder el 5 de mayo de este año, se trata de “modernizar y reordenar el sector público”.

El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró que la privatización total de Telefónica se inscribía en la política de la mayor “liberalización de los mercados en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y de la creación de empleo. Es en ese contexto que el gobierno se plantea la venta de la participación del Estado en Telefónica”, señaló Rato.

JUAN CARLOS ALGAÑARAZ. Madrid. Especial para Clarín.