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Los grandes proyectos del PP suman en menos de una década sobrecostes superiores al 40%

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Los sucesivos gobiernos autonómicos del PP, especialmente durante la etapa en que Eduardo Zaplana presidía la Generalitat, han convertido la ejecución de grandes proyectos en el eje de su acción política. Así surgieron Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, el mapa escolar encargado a la sociedad pública Ciegsa o el reconvertido proyecto socialista de la Ciutat de les Arts y les Ciències. Unos años después, estas iniciativas se han convertido en una pesada carga económica para las arcas autonómicas, acumulando sobrecostes del 40%, 200% y hasta el 300% respecto al presupuesto original. Los partidos de la oposición hablan de despilfarro y opacidad y han exigido sin éxito explicaciones al Consell después de que la Sindicatura de Comptes haya puesto de manifiesto en sucesivos informes los desfases.

TERRA MÍTICA En suspensión de pagos

El parque de ocio Terra Mítica de Benidorm, primer proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se presupuestó originalmente en 270 millones de euros.

El proyecto nació con carencias de planeamiento por la premura de su principal promotor político -el propio Zaplana- y desde muy temprano hubo de revisarse el plan original para incluir una serie de nuevas infraestructuras no previstas. En poco más de siete años, el complejo, participado en un 20% por la Generalitat, ha acumulado unos sobrecostes cercanos al 40%. En total 100 millones de euros más de lo presupuestado en principio, según la Sindicatura de Comptes.

Pero la desviación de costes no ha sido el único contratiempo al que ha tenido que hacer frente la sociedad gestora del complejo. En mayo de 2004, los responsables de la instalación decidieron suspender pagos para evitar un mayor deterioro de las finanzas del parque. Dos años después, el complejo de ocio sigue en suspensión de pagos, con una deuda de 218 millones de euros, que el consejo de administración quiere enjugar con la venta de su reserva de suelo.

CIUDAD DE LA LUZ Un sobrecoste del 240%

La Generalitat es el único accionista de este gran complejo audiovisual con estudios cinematográficos proyectado en Alicante con el objetivo de atraer grandes producciones. El vicepresidente originario de la Ciudad de la Luz, Joaquín Doménech, destituido en agosto de 2004 por el consejero de Economía, Gerardo Camps, estimó el coste inicial del proyecto en 100 millones de euros. Después se pasó a 270 millones y, de acometerse la construcción de una tercera fase, la cifra final rondaría los 340 millones de euros. El sobrecoste se elevaría al 240%, según denuncian los socialistas. Recientemente, durante la visita del presidente Camps a Miami, un alto responsable del proyecto elevó su coste hasta casi 500 millones de euros. El 80% de los contratos globales se han adjudicado discrecionalmente, sin concurso público, según los informes de la Sindicatura de Comptes. Otros proyectos se han encargado directamente, sin propuesta de adjudicación.

CIUTAT DE LES ARTS Tres veces su coste original

El complejo diseñado por Santiago Calatrava fue ideado originalmente por el último Gobierno del socialista Joan Lerma, que lo presupuestó en 210 millones de euros (35.000 millones de las antiguas pesetas). Cuando el PP ganó la Generalitat en 1995, el entonces consejero de Economía, José Luis Olivas, modificó el boceto original y elevó el presupuesto inicial hasta los 300 millones de euros. La Sindicatura de Comptes incrementaba en 2003 el coste total del complejo hasta los 854 millones de euros, con un sobreprecio del 200%.

El Palau de les Arts ha pasado de los 84,3 millones que figuraban en el contrato originario a 220 millones de euros, según datos de la Sindicatura de 2004, que el consejero Gerardo Camps elevó a 250 en octubre de 2005. Este organismo mencionaba más sobrecostes en L’Oceanogràfic, cuyo precio final -150 millones de euros- se habría incrementado un 284%.

CIEGSA Un mapa escolar incompleto

El mapa escolar, impulsado por Eduardo Zaplana, preveía construir 445 infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2003, con un presupuesto inicial de 1.065 millones de euros -unos 166.000 millones de las antiguas pesetas-. En 2003, el entonces consejero de Educación, Esteban González Pons, reconocía que las 445 actuaciones -casi todas encargadas a Ciegsa- costaron 1.600 millones de euros, es decir algo más de 500 millones de euros de desfase o, lo que es lo mismo, un sobrecoste del 50% sobre el gasto previsto inicialmente.

Ciegsa cuesta 3.000 millones, pero solo invierte algo más de 1.700

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La empresa que ejecuta las construcciones escolares de la Generalitat ha costado más de 3.000 millones de euros desde su creación, pero sólo ha destinado 1.776 millones a inversiones y arrastra una deuda que supera los 2.000 millones de euros. Así lo revela la cuenta general de la Generalitat. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), constituida el año 2000 y operativa desde 2001, es uno de los mayores agujeros en las finanzas del Consell que preside Francisco Camps, que a 31 de diciembre de 2009 había suscrito avales por más de 1.396 millones para sostener la empresa pública, a la que debía además casi mil millones de euros.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Noguera prepara varias iniciativas para preguntar al Consell por el balance económico de Ciegsa e interesarse por conocer los datos de una gestión cuya opacidad ha denunciado reiteradamente. La parlamentaria asegura que “Ciegsa cuesta más de lo que invierte”, lo que en una empresa cuya única función es la construcción de infraestructuras educativas resulta escandaloso. La oposición del Consell para dar a conocer las cuentas de esta empresa pública viene desde prácticamente su puesta en marcha

Según la cuenta general, Ciegsa, que en 2008 acumulaba un coste de 2.120 millones de euros, pasó en 2009 a 2.992 millones.Tanto las deudas de la empresa a largo plazo, que pasaron de 1.258 millones a 1.486, como a corto plazo, que pasaron de 437 a 587,9 millones, aumentaron y situaron la cifra de endeudamiento de la sociedad pública en 2.074 millones de euros (frente a 1.731 millones del año 2008).

En el balance llama la atención la deuda que la Generalitat, único cliente de Ciegsa, tiene con la empresa, que pasó de 794 millones en 2008 a 995 millones en 2009. Esa deuda impide que pasen a titularidad del Consell los centros docentes que se han ido construyendo porque, formalmente, no los ha pagado. El cambio de titularidad, según el convenio de Ciegsa con la Generalitat, debía producirse antes de 2015, pero una cláusula del documento hace prorrogable el plazo durante 75 años. Además, la Sindicatura de Comptes ha venido indicando reiteradamente que esa deuda del Consell con una empresa participada al cien por cien por la Administración autonómica debe contabilizarse como endeudamiento de la Generalitat, cosa que no se produce.

Noguera resume lo que considera una gestión difícil de entender: “Desde que se creó, Ciegsa ha costado casi 3.000 millones de euros a los valencianos; en cambio, su inversión ha sido de 1.776 millones, es decir, que entre el coste y la inversión hay una diferencia de casi 1.300 millones, de los que no se dan explicaciones. Entre 2008 y 2009 las deudas aumentaron en 343 millones pero sólo se invirtieron 242 millones en la construcción de centros educativos”. La diputada socialista asegura que el procedimiento por el que Ciegsa se endeuda cada vez más mientras la Generalitat, su único accionista y cliente, por una parte le avala los préstamos y por otra le debe cada año más dinero, hace que el pago de intereses lastre el funcionamiento de la empresa de forma importante, aunque no explica la enorme distancia entre el coste y la capacidad inversora.

Las tensiones entre los responsables de la empresa pública, apoyados por la consejería de Educación, con la oposición han sido constantes. Las respuestas a las preguntas de los diputados han sido generalmente vagas y de escaso contenido. El obstruccionismo informativo de Ciegsa impide conocer las cuentas reales de la empresa.

La Policía registra oficinas de la Generalitat Valenciana en la investigación del ‘caso Gürtel’

La Policía ha efectuado este jueves un registro en dependencias de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana ordenado por el magistrado que investiga una supuesta financiación irregular del PPCV y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionada con la trama Gürtel. Según han informado fuentes del caso, los agentes que han acudido a estas oficinas, ubicadas en el número 30 de la Avenida de Aragón, en Valencia, buscaban archivos informáticos relacionados con la contratación de la empresa Orange Market, de la trama Gürtel, para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Esta diligencia está relacionada con la tercera de las piezas que componen la causa instruida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que indaga si existió irregularidad en la citada contratación de la firma que gestionaba Álvaro Pérez, el Bigotes. Los agentes han abandonado las citadas dependencias de la conselleria sobre las 13.30 horas, acompañados de un secretario judicial. El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha mostrado su “máxima colaboración” durante este registro, según han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1488478/0/policia/gurtel/generalitat-valenciana/#xtor=AD-15&xts=467263

El Instituto Valenciano de Finanzas estudia la asunción de la deuda de RTVV

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La Generalitat negocia con distintas entidades financieras y a través del Instituto Valenciano de Finanzas ( IVF) la asunción de la deuda de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por parte de la administración autonómica en cumplimiento del acuerdo del Consell que lo determina de este modo.

El Conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, por su parte, ha recordado que “hay un acuerdo del Consell que dice que la deuda financiera que tenga el ente RTVV se tendrá que asumir por la Generalitat” y ha explicado que lo que se hace es hablar con las entidades financieras “para hacer efectivo ese acuerdo” y solucionar “una serie de operaciones” que quedan. “El IVF está negociando con las entidades bancarias esa asunción de deuda por parte de la Generalitat”.

Asimismo, Moragues ha comparado este proceso de asunción de deuda con el llevado a cabo en todas las empresas públicas de la Generalitat “a lo largo del proceso de reestructuración y racionalización del sector público”. El deudor, en vez de ser una sociedad con participación cien por cien de la Generalitat, pasa a ser la Generalitat, “al final es el mismo porque consolida y todo es Generalitat”.

Preguntado por el dinero que falta por pasar de RTVV a la administración autonómica, ha comentado que “en los propios presupuestos del ente activo hay un presupuesto de 108 millones de euros que son los pasivos financieros que vencen en 2014” y que se están negociando.

Por otro lado, el vicepresidente del Consell, José Císcar, sobre el contrato de la asesoría externa que ha de gestionar la extinción de RTVV, ha apuntado que se está “en plena ejecución el proceso de adjudicación del contrato“, que será “negociado sin publicidad” por su cuantía al no superar los 60.000 euros.

Asimismo, ha dicho que “en breve plazo va a estar resuelto”, de modo que “no va a suponer retraso en los plazos previstos”, que son “bastante rápidos” porque es “un proceso ágil de licitación y adjudicación”.

“Ocupación efectiva”

Por otro lado, acerca del permiso retribuido de los trabajadores de RTVV y por si podría ser causa de nulidad del ERE que no tengan acceso a su puesto de trabajo, Císcar ha aseverado que el cierre hace que no se pueda dar “ocupación efectiva a los trabajadores”, a la vez que ha señalado que la ley contempla la posibilidad de que se dé ese permiso retribuido por no poder darse esa ocupación efectiva.

Asimismo, el vicepresidente ha apuntado que “hay un fin de emisiones que deriva del mandamiento de una ley de obligado cumplimiento”. El Consell “ejecuta el mandato de una ley”, ha insistido, además de rechazar prisas en el cierre de RTVV. “La prisa era una ley que había entrado en vigor, era la ejecución de la ley y el mandamiento de una ley, cualquier gestor o cargo público está obligado a cumplirla”, ha argumentado.

Las fotos más caras de la familia

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Francesc Arabí | valencia En el 68 sucedió un acontecimiento histórico que marcó la carrera política de Eduardo Zaplana. No fue el mayo francés. Julio Iglesias ganó el festival de Benidorm con «La vida sigue igual». La letra de aquella canción se convirtió en himno para quien acabó siendo presidente de la Generalitat. «Al final, las obras quedan las gentes se van». Efectivamente, Zaplana quiso inmortalizarse con grandes proyectos de hormigón. El segundo eje de su acción política, asumido por Olivas y Camps, fue la búsqueda de fotografías que le dieran proyección.

De entre todas hay una que retrata como pocas una época de impunidad en los desmanes con dinero público: la contratación de Julio Iglesias, a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), hoy liquidado, para promocionar presuntamente la C. Valenciana en el exterior. El caso IVEX-Julio Iglesias es el resultado de una década larga de revelaciones periodísticas de Levante-EMV que acabaron en el juzgado. Más de 250 informaciones relevantes sobre los pagos de la Generalitat a Julio Iglesias en A, en B, bajo mano, con facturas falsas y por conceptos camuflados.

Aquella foto se enmarcó en la campaña de promoción de un político con aspiraciones de volar alto que quiso adosarse a una estrella. De paso, pagó con dinero público el apoyo del artista a Aznar en la campaña de las generales de 1996 „la del macromitin del PP en Mestalla„ y contentó a la selecta cúpula de dirigentes empresariales que lo acompañaban en misiones comerciales. A comer paella a Moscú.

En teoría, el artista cobró 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) por prestar su imagen, pero, de hecho, se llevó 990 (casi 6 millones de euros) libres de impuestos. Cuánto costó en total aquella operación, con todos los gastos de montajes de los conciertos y presuntas comisiones de quienes intervinieron, lo saben sólo unos pocos. Las Corts, la Sindicatura de Comptes y la opinión pública se enteraron por este diario del cómo (con presuntas facturas falsas por supuesta organización de los conciertos), del cuándo (en los años 1998 y 1999), dónde (en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas del Canal ) y del por qué de los pagos. El quién o quiénes, cantante aparte, se llevaron el dinero es la única incógnita por despejar. En estas páginas se ha aportado abundante documentación contable de las turbias operaciones: cheques, pagarés, swift bancarios, decenas de facturas y hasta la referencia de una cuenta numerada y secreta de UBS en Nassau en la que confluían ingresos desde Valencia, México, la Florida o Irlanda. La cuenta fue publicada en la portada del diario el 17 de mayo de 2001. Y no sucedió nada. La euforia siguió su curso.

El plan estaba descrito al detalle
Si el IVEX fuera un banco podría decirse que el plan de atraco estaba escrito negro sobre blanco. Desde el principio quisieron pagarle al artista los 990 millones de pesetas libres de impuestos. Como la cantidad resultaba escandalosa, se recurrió al fraccionamiento en dos contratos. En uno, se fijaron los 375 millones de pesetas. El segundo, que se escondió, elevó la cantidad hasta la cifra citada. Al documento clandestino y escondido lo llamaron «Carta de intenciones». Se ofreció al artista la posibilidad de que empresas por él designadas montaran los recitales y así es como se abrió el cauce para canalizar los pagos bajo mano disfrazados de gastos de organización. La Audiencia Provincial avaló las denuncias de este diario sobre la ejecución del plan. Aquí se destaparon el borrador, el precontrato y el contrato B que ampliaba la remuneración. Casi todas las piezas del puzzle están sobre la mesa.

El contrato se firmó el 29 de diciembre de 1997. El contrato B, justo después y en la misma notaría. El 14 de diciembre de 2000 Levante-EMV publicó: «Una carta revela que Eduardo Zaplana negoció el contrato de Julio Iglesias y avaló que cobrara 1.000 millones al año». La misiva fue remitida el 25 de julio de 1997 por el representante del artista, Luis Fernando Esteban, a Zaplana, con un borrador del acuerdo en el que ya se establece la cantidad de casi 6 millones libres de impuestos. El manager del cantante emplazaba a Zaplana a «tratar de cerrar» el acuerdo que se concretaba con el director general del IVF, José Manuel Uncio, y el responsable del IVEX, José María Tabares. Zaplana calló. El conseller Fernando Castelló no desaprovechó la ocasión de quedar en evidencia: «Es totalmente falso que se alcanzase un preacuerdo», dijo.

El preacuerdo se hizo acuerdo. El diario pudo demostrar, seis años después, que la cantidad real pactada y pagada fue esa y no la que se vendió a la opinión pública. Las pruebas del escándalo firmado por Tabares, director general, y julio Iglesias se publicaron el 26 de febrero de 2004. Zaplana se había jactado en las Corts de que «nunca en la vida se podrá acreditar absolutamente nada». Otra que también aireó sus vergüenzas fue la consellera portavoz Alicia de Miguel que en un comunicado arremetió contra los periodistas de este diario: «Mienten más que escriben», dijo. Cada comunicado del Consell se convirtió con el tiempo en un exabrupto con sello oficial de la Generalitat.

El 31 de marzo de 2000, se publicó la primera noticia sobre la existencia de pagos a través de firmas en paraísos fiscales. Apareció el nombre de International Concerts, radicada en Islas Vírgenes Británicas. Un año después, afloró una segunda sociedad «off shore» que canalizó pagos: «El IVEX pagó por un recital de J. Iglesias 75 millones a una firma ielandesa disuelta después» (29 de abril de 2001). Midway International, radicada en Irlanda y sus administradores tenían domicilio en las Islas del Canal. Esa firma «operó desde Valencia y transfirió 475.000 dólares del IVEX a Bahamas». Se aportó hasta (17 de mayo de 2001) hasta copia de la transferencia bancaria efectuada desde el Arab Bank de la calle Colón. ¿Quién está detrás de la cuenta WA35615.000 del UBS en Nassau (Bahamas)? El Consell jamás contestó a esa ni a ninguna pregunta.

Una querella ante el Supremo
Con las informaciones destapadas por este diario, el PSPV interpuso en enero de 2005 una querella por malversación, delito fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución del contrato B. El caso acabó en el juzgado19 de Valencia. Cinco años y dos meses después, el juez Luis Carlos Presencia Rubio archivó la causa sin citar a declarar ni al principal de los que cobraron (Julio Iglesias) ni a las empresas: Midway International, Internacional Concerts o Gold Peak Trade Services, firma que salió a la palestra en noviembre de 2005 por haber facturado el recital de Hong Kong. Tampoco citó al exconseller Diego Such o al exdirector del IVF José M. Uncio.

Por ese carpetazo a la investigación el juez se ganó otro rapapolvo de la Audiencia de Valencia, que levantó el archivo con un auto demoledor que apuntaba indicios de que el dinero del contrato B se justificó con millonarias facturas falsas de gastos de organización aquí desveladas. Los justificantes de los pagos por conciertos como el de Orlando o México «parece ser que no encuentran respaldo en servicios realmente prestados, sino que han surgido con la finalidad de dar cobertura a los pagos a los que el IVEX se obligó en la Carta de Intenciones», sentenciaba la Audiencia.

13 de diciembre de 2005. El exdelegado del IVEX en Miami José Marquina corroboró en una entrevista en estas páginas todo lo publicado. «El IVEX ordenaba emitir facturas falsas y el dinero que abonaba se transfería a Bahamas», confesó Marquina, quien explicó como inventaban gastos y el dinero se derivaba a Nassau. El 30 de enero de 2006, Levante-EMV abría su edición con la noticia de que el epicentro del supuesto desfalco estaba en México. Porque, al contrario que en el recital de Orlando, en el del Auditorio Nacional no se hincharon facturas, sino que se falsificaron desde el primer euro. El IVEX pagó a la irlandesa Midyway 1,8 millones por un concierto en el que esta empresa no intervino. El montaje lo asumió la mexicana Rac Producciones. A cambio, el IVEX cedió los derechos del artista para que explotara comercialmente el recital.El instituto exportador recibó 300 entradas de regalo para compromisos con empresarios. No necesitaba más. El acuerdo lo negoció el delegado en México, Vicente Sendra, quien estaba convencido de que al IVEX ese evento no le había costado un euro. Hasta que se enteró por este periódico de los pagos a Midway. «No sé quién, ni qué es Midway, porque no tenía nada que ver con el recital de México», declaró a este periódico. Sendra, representates de Rac y del Auditorio Nacional avalaron su denuncia cuando declararon ante el juez y con documentación aportada al fiscal y aquí publicada. Doce años después de las primeras revelaciones periodísticas, el juez intentó en balde tomar declaración al cantante en Miami. Luego envió otra comisión rogatoria a Punta Cana (República Dominicana), donde el artista tiene fijada residencia. Julio Iglesias se casó y fijó domicilio en Ojén. Se consideró intrascendente, igual que haber actuado seis veces en España en el tiempo en el que se le quería localizar. Presencia Rubio lo consideraba en paradero desconocido cuando el 7 de julio de 2012 actuó en el Palau de les Arts, justo enfrente de la Ciudad de la Justicia. Visto el escándalo público que se montó cuando este diario avisó de tan rocambolesca circunstancia, el juez citó finalmente al cantante a declarar el de 10 de julio a las diez.

Al artista se le abría un interrogatorio más incómodo que declarar en Punta Cana. Sería ante un juez instructor, un fiscal y una acusación popular que podrían repreguntar. Pero a última hora se suspendió esa testifical al conocerse, justo cuando se sintió acorralado, que había declarado en Punta Cana. El 8 de octubre de 2012 Levante-EMV publicó un titular que acreditaba la existencia del contrato B: «Julio Iglesias admite ante el juez que cobró 4 millones más de lo que declaró Zaplana». La responsabilidad penal de estos pagos y de los extras que pudieron repartirse en comisiones sigue sin dirimirse en una causa que lleva ocho años hibernando.
CASO NÓOS

Una alfombra para los negocios millonarios del «yernísimo»
¿Por qué en Valencia? En unas circunstancias ambientales de euforia colectiva por hiperoxigenación de la burbuja inmobiliaria, en Valencia nadie preguntaba el precio. Y menos al yerno del Rey. «Asentían verbalmente a lo que se les ofrecía porque era yerno del Rey», razona el juez José Castro, instructor de la causa. El presidente Camps y la alcaldesa Rita Barberá decidieron la foto con Urdangarin cuando la organización de la Copa del América ya había sido amarrada en el Puerto.

El Valencia Summit, el foro sobre impacto de eventos deportivos en las ciudades anfitrionas, estaba pensado para Estados Unidos. Pero Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, pensaron que no era necesario cruzar el charco si podían cobrar 4,2 millones por algo que, según la investigación judicial, costaba 900.000 euros. La competición náutica ofrecía la percha en la que Urdangarin colgaría negocio.

Las jornadas Summit fueron la excusa para la segunda foto más  cara pagada con dinero público. Camps y Barberá  lograban proyección política y ante la Casa Real y Urdangarin seguía logrando rédito de una tarjeta de visita que le daba la liquidez de una VISA oro. La oposición exigió transparencia. «El PSPV exige al Consell que aclare las cuentas del foro que organizó la entidad de Urdangarin» (18 de febrero de 2006).

En abril de 2006 se contó que «Urdangarin deja el Instituo Nóos tras la polémica por facturar a Baleares y al Consell». La apertura del periódico el 17 de agosto de 2006 se dedicaba al acuerdo del Gobierno de Camps de promocionar otro evento fallido: los Juegos Europeos, que elevaron a 4,5 millones el volumen de facturación pública de Nóos en Valencia. Este vez, directamente, y no vía Cacsa. «El Consell destina 3 millones a la candidatura de Valencia para unos juegos que aún no existen», fue el titular. Finalmente se hizo efectivo el pago de 382.203 euros. La rama valenciana del caso Nóos se incorporó a la causa del caso Palma Arena (la pieza searada 25) con posterioridad a la investigación del Fòrum Illes Balears, el mismo sarao montado en Palma. «La firma de Urdangarín cobró en Valencia el doble que en Mallorca, donde un juez investiga los pagos» (23 de noviembre de 2011) se publicó. El presunto saqueo a las arcas públicas estaba orquestado y ejecutado por los mismos. Además de Urdangarin y su socio, Diego Torres, los también imputados Miguel Tejeiro o «Pepote» Ballester, entre mucg

Complemento para gastos aparte
El convenio con Nóos se firmó a través de Ciudad de las Artes y la Fundación Turismo Valencia,  controlada por el ayuntamiento capitalino. Los directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela, el vicealcalde y presidente de Turismo Valencia, Alfonso Grau, y su gerente, Jose Salinas, rubricaron el acuerdo. Nóos cobró un canon anual de 1,04 millones. Pero una clausula establecia una «cantidad complementaria para determinados gastos». Una fórmula para que la organización corriera por cuenta del erario público. Otros 1,07 millones.

El juez Castro situó la reunión del 29 de enero de 2004 en Zarzuela como clave para el acuerdo. Un encuentro que fue negado por Barberá en su declaración judicial. «Actuaron con favoritismo, orillando las normas de contratación pública» y «hasta el sentido común». «No se atendió al interés general, sino al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarin por su parentesco con la Casa Real». Palabras del juez, que atribuyó a Camps y Barberá malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.

«Cacsa justificó con un folio vacío de contenido el contrato con Urdangarin»,  ( 4 de enero de 2012). Un folio por una cara con siete párrafos era el único aval de Cacsa para justificar el convenio, como se contó aquí. Un papel con fecha cambiada a bolígrafo para que donde ponía 2005 apareciera 2004. La exdirectiva Elsa Maldonado confesó en el juzgado que el informe se hizo «para vestir el santo». Luego se desdijo.

Es uno de los episodios más rocambolescos del caso, sin contar el capítulo de la no localización del expresidente Camps para que fuera a declarar como testigo el domingo 17 de noviembre, ante Castro, que se había desplazado a Valencia. El día anterior Rita Barberá testificó. Admitió tres reuniones con Urdangarin pero aseguró que ninguna fue en Zarzuela, se desvinculó de la responsabilidad política del contrato, exculpó a Camps y dijo haberse sentido engañada sobre la esencia de Nóos: «Yo me creí que era una entidad sin ánimo de lucro»

Fiasco Mític

Eduardo Zaplana, l’aleshores president de la Generalitat valenciana, va inaugurar el 2000 el parc d’atraccions de Terra Mítica, ubicat a Benidorm
(Marina Baixa). L’objectiu era “acabar amb l’estacionalitat” del turisme a la zona i convertirse en un dels motors econòmics de la demarcació d’Alacant. Prometia
2.000 llocs de treball directes i 6.000 d’indirectes. Dotze anys més tard, es pot parlar de fiasco mític. El parc ha perdut diners a carretades i s’ha convertit en un
dels paradigmes dels ruïnosos projectes monumentals del Consell.
Actualment, només 175 persones treballen a Terra Mítica, de les quals
únicament una vintena tenen feina tot l’any. El complex està obert de
març a octubre, però només durant l’estiu ho fa entre setmana. Les
inversions estrangeres anunciades per Zaplana no van aparèixer mai i
les úniques sòcies van ser les entitats financeres locals (la CAM,
Bancaixa i el Banc de València) i la mateixa Generalitat. Terra Mítica,
que ha suposat una despesa pública de casi 400 milions, va passar fa
algunes setmanes a mans del grup Aqualandia, que va pagar-ne 65 milions,
dels quals només 6,2 han estat recuperats per les arques públiques.
Un desastre colossal al que cal afegir els reiterats incompliments
del conveni col·lectiu que ha patit la cada cop més migrada plantilla. //

Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la empresa que ha construido el aeropuerto de Castellón

La exconcesionaria del aeropuerto de Castellón estudia ir a concurso de acreedores

Javier Alfonso
23/01/2012 – 1:05
  • No tiene perspectivas de ingresos, tras romperse el contrato
  • Tiene una deuda de unos 90 millones
  • Exigirá a la Generalitat al menos 80 millones de indemnización

Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la empresa que ha construido el aeropuerto de Castellón y que debía gestionarlo durante los próximos 47 años, estudia declararse en concurso voluntario de acreedores tras la ruptura del contrato de concesión, según fuentes vinculadas a sus socios.

El motivo es que Conaer se encuentra sin aeródromo, ya que desde el pasado 31 de marzo es propiedad de la Generalitat a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), y sin otra expectativa de ingreso que una indemnización incierta que se antoja lejana, vistas las diferencias entre las partes.

Según estas fuentes, Conaer debe 8,5 millones de euros a las constructorasFCC y Lubasa– por los sobrecostes autorizados, 34 millones a un grupo de bancos encabezados por Santander y 44 millones a la propia Aerocas, que le concedió un préstamo participativo. Su inversión en el aeropuerto fue de 120 millones, 8,5 más de los presupuestados, por los imprevistos. Aerocas invirtió otros 30 millones.

Conaer, controlada por Globalvíagrupo de FCC y Bankia-, demandó a la Generalitat el pasado 28 de diciembre por incumplir un contrato de marzo de 2011 por el que debía garantizar el compromiso de Aerocas de cubrir las pérdidas de la concesionaria durante los primeros ocho años de explotación. El contrato era una novación del firmado en 2003, solicitada por Conaer al considerar roto el “equilibrio económico” debido a retrasos no imputables a ella.

Según ha podido saber elEconomista, la concesionaria pidió resolver el contrato en diciembre de 2010 debido no solo a los sobrecostes, sino a que las previsiones iniciales de pasajeros -600.000 el primer año y un millón a partir del sexto- se habían reducido notablemente debido a la crisis económica y a la paralización de proyectos inmobiliarios en Castellón.

Además, estaba muy presente lo ocurrido con el aeropuerto de Ciudad Real y las dificultades que atraviesan otros aeródromos de similar tamaño.

Previsiones a la baja

La empresa planteó como alternativa una novación que le cubriese las pérdidas de los primeros años, que es lo que se firmó. En el nuevo contrato se le daba la opción de renunciar a la concesión a partir del sexto año, cobrando el total de la inversión realizada menos la parte amortizada.

El acuerdo se sustentaba en un nuevo plan económico-financiero que preveía unas pérdidas de 4,88 millones el primer año completo (2012) que irían decreciendo hasta 2017, con beneficios a partir de ese año. El plan se basaba en un tráfico de unos 350.000 pasajeros el primer año que iría aumentando paulatinamente hasta un millón en 2019.

A pesar de ser unas estimaciones muy inferiores a las de 2003, el Gobierno de Alberto Fabra vio lo ocurrido en otros aeropuertos y temió que el coste para las arcas públicas fuera el máximo previsto en el contrato, 8 millones anuales durante los primeros ocho ejercicios, por lo que decidió no otorgar la garantía y dar por resuelta la concesión.

La duda es si la ruptura le va a salir a la Generalitat aún más cara. Con las pérdidas previstas por la concesionaria en el plan económico-financiero, incluidos los 3,88 millones de 2011 -la concesión empezó a operar el 1 de abril, aunque todavía no haya aviones-, la Generalitat habría tenido que pagar 20 millones, o hasta 64 millones si no se cumplían las previsiones.

La filial de Globalvía, en la que participan Lubasa, PGP y Abertis, va a pedir de indemnización al menos 80 millones, correspondientes al capital aportado por los socios -33 millones-, el préstamo de 34 millones, los 8,5 de sobrecostes que aún debe a las constructoras y los 3,88 de pérdidas de 2011.

Además, estudia pedir una indemnización por lucro cesante. Por último, Aerocas debería asumir su préstamo de 44 millones, con lo que el coste final para la Generalitat ascendería a, al menos, 124 millones.

Desde el Ejecutivo autonómico se ve de otra manera, ya que se considera que el aeropuerto ha pasado a ser propiedad de la empresa pública Aerocas desde el 1 de abril de 2011 y el pago al que tenía derecho Conaer era el derecho de concesión durante 47 años, no una cantidad económica. Al haberse roto el contrato, las partes deben valorar cuánto vale ese derecho, o que lo establezca un árbitro o un juez, como probablemente ocurra.

Se busca operador

Mientras, Aerocas continúa las gestiones para poner en marcha el aeropuerto la próxima primavera. Con el asesoramiento de Deloitte, ultima los permisos con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y tiene ya una oferta de Saerco para gestionar la torre de control, aunque el concurso aún está abierto, igual que otros contratos preceptivos, como el de control de fauna.

No obstante, el reto más importante es encontrar un operador de la terminal. En cuanto a las compañías aéreas, no habrá problemas con los vuelos charter, pero sí para atraer vuelos regulares, ya que compañías como Ryanair exigen ayudas millonarias que la Generalitat tendría que habilitar.

Un Gobierno que solo protege la cima de la piramide

COMUNICADO ASSEMBLEA SOCIAL DE CATALUNYA

ANTE LA REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BCE EN BARCELONA

Los próximos días 2, 3 y 4 de mayo están previstas en la ciudad de Barcelona diversas actividades y la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dicha cumbre estará protegida por un enorme y costoso dispositivo de las fuerzas de seguridad, unas 7.000, entre mossos de esquadra, policía nacional y guardia civil.

Ese ejercicio exagerado y ridículo de “protección” expresa el servilismo de los gobiernos de la Generalitat y del Estado español al instrumento más poderoso de la Unión Europea para la aplicación de las políticas neoliberales en el actual contexto de la crisis económica en Europa, y pone en evidencia el temor de las administraciones al malestar de la ciudadanía ante dicha institución y su responsabilidad en el agravamiento de la crisis.

Junto con la Comisión Europea y el Consejo Europeo son las instituciones europeas responsables del deslizamiento hacia la recesión del conjunto de la UE, y del hundimiento en la depresión de Grecia, Portugal, Irlanda y España.

El Banco Central Europeo suma a los numerosos errores en la gestión de los tipos de interés durante la anterior etapa bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet que precipitaron la crisis en Europa, los errores que se derivan de la defensa de la estabilidad de precios como principal objetivo económico, en lugar de la creación de empleo y el crecimiento económico.

Su obcecación en justificar y vigilar la aplicación de las políticas de ajuste, de reducción del déficit y de la deuda por los estados miembros a pesar de sus consecuencias desastrosas; la dosificación de las aperturas de liquidez y compra de deuda en función del cumplimiento de las “reformas estructurales” y de la reducción del gasto público por los gobiernos, lo convierten en un obstáculo para la superación de la crisis.

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE han sido promovidos por los lobbys financieros y las grandes multinacionales, y se someten en lo fundamental a las directrices económicas de los gobiernos de Francia, y especialmente de Alemania. Pero su falsa independencia no les exonera de culpa.

EL Banco Central Europeo sirve los intereses de los responsables de la crisis y lejos de rectificar las políticas fracasadas persiste en las recetas del fundamentalismo neoliberal que nos empujan al desastre económico, la pérdida de derechos sociales, y la destrucción de la democracia. EL BCE se ha convertido en el enemigo de los ciudadanos y ciudadanas de los Estados y pueblos de Europa.

La Assemblea Social de Catalunya llama a la ciudadanía, a la clase trabajadora, a expresar pacíficamente su rechazo al BCE y sus políticas, declarando a los miembros de su Consejo de Gobierno “personas no gratas”.

Barcelona, Mayo 2012

No hay transparencia en los contratos de la F1

EP/LEVANTE-EMV.COM El PP en las Corts ha rechazado la proposición no de ley del PSPV para resolver el contrato para celebrar el GP de Fórmula 1 en Valencia o que, en caso de suscribirse uno nuevo –dado que se encuentra en un proceso de renegociación–, éste no incluya cláusulas de confidencialidad.

La iniciativa se ha debatido en el pleno de las Corts, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el exjefe del Consell Francisco Camps –ambos impulsores del GP de Europa de F1 en la ciudad de Valencia–.

La diputada del PP Alicia de Miguel ha argumentado que el contrato de la Generalitat con el patrón de la F1, Bernie Ecclestone, se está “renegociando a la baja, por lo que considera que se trata de un “momento delicado” en el que “cualquier tipo de noticia” sobre este asunto “podría alterar los resultados y condicionescontractuales.

Asimismo, ha defendido que “no hay que ser muy inteligente para entender que todo lo que significa incremento de notoriedad y conocimiento es bueno para la Comunitat“, por lo que “seguiremos haciendo la F1“, ha aseverado.

Nota: La Sanidad y la Educación no son buenas para la Comunidat, quien quiera Sanidad que se la page.

De Miguel ha aprovechado para criticar al PSPV por presentar esta iniciativa y considera que las actuaciones de los socialistas tienen como único objetivo “socavar al PP”. Pero esto “socava los intereses de la Comunitat”, ha apostillado.

Nota: La comunitat valenciana se tiene que convertir en una Terra Mitica: de parques de atraciones, aeropuertos para pasear, un Mundo Ilusión.

La diputada socialista Eva Martínez ha explicado que el fin de la proposición no de ley es pedir al Consell que acabe con el gasto “desmesurado, inútil y la ruina que supone realizar nuevas ediciones de la Fórmula 1“.

Por ello, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que resuelva el contrato de la F1. Pero, en caso de que decida “seguir derrochando el dinero“, le pide que no incluya cláusulas de confidencialidad y que “cumpla con su palabra de dar transparencia“.

La deuda de Valmor
Martínez, además, ha acusado al jefe del Consell de preferir “matar las políticas de educación y sanidad pública en lugar de plantar cara a Ecclestone”, motivo por el cual ha considerado que Fabra como presidente es un “fracaso”. Asimismo, ha agregado que si resolver este contrato supone pagar grandes indemnizaciones, “que lo pague Valmor” -empresa encargada de organizar el Gran Premio, cuya deuda ha comprado la Generalitat–.

En este sentido, Martínez ha señalado que la Generalitat -según un informe de la Sindicatura de Cuentas- ha condonado nueve millones de euros a Valmor, cuya deuda “alcanza más de 30 millones de euros”.

Del mismo modo, Compromís ha denunciado que la adquisición de Valmor por parte de la Administración pública es una “estafa a los valencianos y una malversación de dinero público” porque se destina dinero público “al agujero de una empresa privada que se hizo para ganar dinero”. Así, ha apuntado que “los negocios fracasados de Valmor no tienen por qué pagarlos los valencianos” y es “lesivo para los intereses públicos”.

“Pagan por anticipado a Ecclestone”
Eva Martínez ha afirmado también que Ecclestone “ya ha cobrado el canon” de la prueba de 2012 y ha afirmado que a Fabra “no le toman en serio” y es un “fracasado” ya que “países como Corea del Sur han logrado una rebaja del canon”. “Pagan por anticipado a Ecclestone”, ha apostillado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha señalado que el “problema” de este tipo de eventos y los contratos que los sustentan no son las cláusulas de confidencialidad, sino que los diputados no puedan tener acceso a los mismos. Por ello, ha presentado una serie de enmiendas para que las cláusulas no puedan tener contenido económico, sobre todo, cuando afecta al dinero público.

Desde EUPV, el diputado Lluís Torró se ha mostrado favorable a rescindir el contrato con Ecclestone pero si debe revisarse, “que sea transparente”. Así, ha denunciado la “opacidad de los contratos” que incluyen este tipo de cláusulas de confidencialidad y se ha preguntado “qué esconden” este tipo de formatos contractuales.

Endeudamiento de la Generalitat Valenciana

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El endeudamiento de la Generalitat que computa el Banco de España -y que incluye el que arrastran las universidades asciende a 22.163 millones (incluidos los 1.694 millones de las empresas que no cuentan como Administración) pero los débitos son mucho mayores si se incorporan también, por ejemplo, los impagos a los proveedores. Si además se incluyen otros entes que se nutren de los fondos públicos, como las fundaciones y las cámaras de comercio, el resultado es un cifra de deudas estratosférica. Nada menos que 30.798 millones -cinco billones de las antiguas pesetas– es la losa de deudas que pesa sobre el sector público autonómico valenciano al cierre de 2010, últimas cifras oficiales disponibles, según los datos contenidos en la Base de Datos puesta en marcha por la Sindicatura de Comptes para recopilar toda la información económica de hasta 101 entidades.

El balance agregado, que recoge la suma de los estados de cada uno de estos entes, revela la existencia de un pasivo no corriente (acreedores a largo plazo) de 15.619 millones, que se suma a un pasivo corriente (acreedores a corto plazo) de otros 15.178 millones. Cabe precisar, no obstante, que las cifras no están consolidadas por lo que puede haber un ajuste a la baja aunque Ciegsa, por ejemplo, con 2.248 millones, la carga más importante, no se ve afectada ya que la Generalitat no reconoce los débitos con esta firma en su balance. En todo caso, la evolución no se vería afectada al respetarse el mismo criterio, y el resultado es demoledor: Desde 2007, en la última legislatura de Camps en la Generalitat, las deudas del sector público autonómico se han incrementado en dos tercios, un 66,6% más, al pasar de 18.485,84 millones a los citados 30.798 millones.

Entre el pasivo corriente figura un dato que no es menos preocupante: El saldo de “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” asciende a la friolera de 9.463,84 millones. Un epígrafe, que engloba las deudas de todo el sector público autonómico con los proveedores.

Del total, el montante más importante de débitos lo acumula la Administración de la Generalitat, que incluye la cuentas de las conselleries, las Corts y el resto de instituciones de la Generalitat, con 19.280 millones; seguido del sector empresarial público (20 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público), 10.000 millones, teniendo en cuenta que ahí sí se han consolidado los grupos RTVV, Ivvsa y Vaersa; las cinco universidades públicas, 997 millones; las cuatro entidades administrativas -la principal, el Servef-, 330 millones; las cuatro entidades autónomas comerciales (entre ellas, el Ivaj), 46 millones; así como las 35 fundaciones, 111,7 millones; y las 6 cámaras de comercio, 31,5 millones.

Las cifras comportan que el endeudamiento del sector público autonómico sale a 6.025 euros por valenciano. Una familia de cuatro miembros debería abonar cuatro millones de las antiguas pesetas para ponerse en paz con los acreedores. Cuatro años antes, al cierre de 2007, la losa era de 3.798,7 euros. El aumento es del 58% en cuatro años.

Las tensiones de liquidez quedan en evidencia al constatarse un fondo de maniobra (diferencia entre todos los derechos disponibles a corto plazo y todas las obligaciones de pago a corto) negativo de 7.112 millones. En 2007 era la mitad: 3.532 millones.