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Cámara de seguridad

Europa

Polémico sistema europeo de vigilancia

En varios países europeos hubo manifestaciones en contra del proyectado sistema de seguridad europeo Indect. Con él, se pretende detectar a personas de comportamiento “anómalo”, para prevenir delitos en las ciudades.

Este fin de semana (28.07.-29.07.2012) hubo varias protestas en Alemania, Francia, la República Checa y Austria, en contra del sistema de supervisión secreto de la Unión Europea, Indect (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment).

Este sistema tiene como meta prevenir delitos en centros de aglomeración urbanos, detectando el comportamiento “anómalo” de personas. Por medio de cámaras de seguridad y hasta aviones no tripulados se podrán hacer detecciones automáticas del rostro de personas que generen desconfianza.

Después de descubrir a un sujeto sospechoso, por ejemplo por su forma de moverse o por llevar algún bulto grande, Indect escanea los datos biométricos de su cara y complementa estas informaciones con otros datos almacenados. En este proceso, por ejemplo, se podrían emplear datos de redes sociales como Facebook.

Indect, más peligroso que ACTA

Desde el 2009, la Comisión Europea ha invertido alrededor de 11 millones de euros en el proyecto de seguridad. Indect es una creación conjunta de instituciones científicas, empresas y autoridades policíacas. Nueve universidades de ocho países diferentes, como la Universidad alemana de Wuppertal, cooperaron en el proyecto.

Los datos se recopilarán en toda Europa Los datos se recopilarán en toda Europa

Activistas defensores de la protección de datos, así como de derechos humanos y civiles critican el sistema de supervisón europeo, sin embargo, las manifestaciones no alcanzan las magnitudes de las protestas en contra del Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA. Decenas de miles de personas se habían manifestado exitosamente en contra de este tratado. En entrevista con el noticiero de la Radiodifusión del Sureste germano (SWR), el diputado liberal alemán, Alexander Alvaro, vicepresidente del Parlamento Europeo, se mostró preocupado. Según él, este sistema representa aún un mayor peligro que ACTA.

Los límites de supervisión no son claros

Alexander Alvaro señaló que desconoce los límites de la supervisión: “Es una impertinencia que la Comisión Europea no responda a la preguntas del Parlamento Europeo”. Los datos de miles de millones de personas en toda Europa podrían ser almacenados en centrales en países con poca protección de datos como los EE.UU. o Ucrania. Así, esta estructura automática de supervisión podría ser un arma poderosa para gobiernos dictatoriales.

Autora: Violeta Campos

Editora: Rosa Muñoz Lima

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Penas de hasta 1 año de cárcel a quien incite por twitter a alteraciones graves de orden público

FUENTE.

El “pillaje” será considerado desorden grave, y la resistencia pasiva seguirá penada con entre seis meses y un año de cárcel

A.M. Madrid 14/09/2012 18:50 Actualizado: 14/09/2012 20:31

La reforma del Código Penal introduce un nuevo delito consistente en la difusión de mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones de orden público. Estará castigado con entre 3 meses y 1 año de cárcel, aunque también podrá ser sancionado con multa, según informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Justicia.

El nuevo delito no especificará los canales de difusión de esos mensajes de incitación a la violencia, pero incluirá twitter, facebook, whatsapp o cualquier otra red social o de comunicación en general.

Las citadas fuentes señalaron que no estará sancionada la convocatoria de movilizaciones, sino la incitación a cometer desórdenes graves del orden público en esas convocatorias. Bastará para la persecución penal que se haya lanzado el mensaje, es decir, que no será necesario que se haya concretado realmente el acto violento, al configurarse técnicamente como un delito de peligro y no de resultado.

La reforma mantiene los delitos de resistencia pasiva y desobediencia grave en el capítulo de atentados a la autoridad, penados con entre seis meses y un año de cárcel como actualmente ya hace el Código Penal.

El delito de atentado a la autoridad unifica los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre los agentes, y la desobediencia leve a la Policía se elimina como falta y se mantendrá como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Actos de pillaje

La alteración de orden público se definirá en el nuevo Codigo como referente a un sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. La pena se agravará cuando se porten armas, aunque sean simuladas si se exhiben, o se realicen actos de “pillaje” o de violencia con peligro para la vida o la integridad de las personas, y se mantendrá, según las mismas fuentes, la pena máxima actual para estos casos, que es de hasta tres años de prisió

Movilización de vivienda vacía hacia el alquiler social.

DEBATE 2.- MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL. PROPUESTAS DE REFORMA POLITICO-LEGAL Y ACCION SOCIO-POLITICA (versión 2, enero 2012). GRUPO VIVIENDA PUBLICA YAA continuación os dejo el documento de análisis del GRUPO VIVIENDA PUBLICA YA , con aportaciones interesantes que me gustan y otras que no mucho, pero vienen bien para el debate y la búsqueda de soluciones:

 

Documento versión 2  Enero 2012 

Casi unas 300 personas que tenemos interés por las políticas públicas de vivienda y que apoyamos de diferentes maneras el movimiento 15 M, DRY, PAH, PVD y otros concurrentes queremos debatir sobre la vivienda pública que España necesita y no tiene. A tal efecto hemos creado un grupo en facebook denominado ¡VIVIENDA PUBLICA YA! El grupo lo ha lanzado Javier Burón Cuadrado, pero él no tiene ningún papel especial, salvo el de la moderación técnica del mismo. En principio, el grupo tiene tres objetivos concretos: DEBATIR, elaborar REIVINDICACIONES CONCRETAS y, si surge, proponer ACCIONES CONCRETAS. Cada cierto tiempo iremos poniendo en conocimiento de la coordinación del 15M, DRY, PAH, etc las conclusiones a las que vamos llegando, por si son de interés. Este quiere ser un espacio de debate amable, constructivo, respetuoso, esperanzado y práctico. Esperemos que, con la aportación de todos, así sea.

 

Nuestro segundo debate ha girado en torno a la MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL.

 

Como conclusión del debate aportamos las siguientes: (A) PROPUESTAS DE REFORMA POLITICO-LEGAL y (B) PROPUESTAS DE ACCION SOCIO-POLITICA

 

(A)

 

España cuenta en estos momentos con unos 25.5 millones de viviendas y uno de los ratios vivienda/habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de 3 millones de viviendas vacías de segunda mano (VVSM, lo que podríamos llamar vivienda vacía usada de toda la vida de Dios) y sobre un millón y medio de viviendas en stock (VVS, viviendas de promotores o entidades financieras, recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Por otra parte, nuestro parque de alquiler a duras penas supera el 10% del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40%-50%. Y nuestro parque público de alquiler está en el entorno del 0.5% del total, cuando en la UE lo habitual es que el mismo sea un 20%-30% del total de viviendas de un país. Es fácil perderse en esta materia, pues las fuentes “oficiales” dan cifras desde 2 millones de viviendas vacías hasta 6 (posible nuevo dato INE censo 2012). Sea como fuere, España es, casi con toda seguridad, el único país de la UE con más del doble de viviendas vacías que en alquiler. Dato que, por sí solo, nos debería hacer reflexionar.

 

Las VVSM son un problema en España desde hace décadas, pero solo un porcentaje pequeño de la población española lo han considerado una disfunción urbana, económica, medioambiental y social. Las VVS sí que están muy presentes en los medios de comunicación y el debate social actual, no solo por lo poderosos que son sus titulares (promotores, pero por encima de todo entidades financieras), sino por los problemas generales que dicho paquete de viviendas (y suelos) le está causando a la economía y a la sociedad española.

 

En relación a la VVSM en España se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar. A saber, que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1.5% de los alquileres en España acabaron en los tribunales (Datos del Fichero de Inquilinos Morosos). Con lo que no parece que las explicaciones al uso sirvan para explicar el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo. Las raíces de nuestro “propietarismo” y alergia al alquiler hay que buscarlas en los años 50 del pasado siglo (el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos) y en el pacto que desde 1956 (nuestra primera ley del suelo) se ha mantenido entre la Administración, el sector financiero y la propiedad del suelo para hacer extraordinariamente rentable ex ante la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler. Las razones de nuestra anorexia arrendaticia no son culturales o técnicas, sino políticas y mercantiles.

 

En la pasada década, en materia de vivienda vacía, se han intentado en España, al menos, tres tipos diferentes de estrategias: favorecer el afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, facilitar los desahucios con la esperanza de que esto dinamice el mercado privado de alquiler y penalizar la situación de no uso de las viviendas.

 

En relación con el primer tipo de estrategia, el FAVORECIMIENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA HACIA EL ALQUILER, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, cuatro han sido los principales instrumentos de actuación:

 

Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía (como principal ejemplo podemos citar Bizigune en Euskadi o el Avalloguer en Cataluña). Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler accesible. Lo que supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres más sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida.

Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada -vacía o no- (como principal ejemplo podemos poner la SPA estatal, así como varias agencias locales de intermediación). Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado.

Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes (como principal ejemplo podemos citar la Renta Básica de Emancipación estatal). Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta personal o precio del alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas en ciclo alcista y no deflacionistas en crisis.

Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social (varias son las CCAA que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera importante). Hablamos de ayudas de emergencia social que no deberían darse si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones social-residenciales.

 

En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estuvieran previamente vacías. Y los dos últimos programas lo que pretenden es crear, entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión social, una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas.

 

En relación a la segunda estrategia ensayada para movilizar vivienda vacía y dinamizar el mercado de alquiler, LA FACILITACIÓN DE LOS DESAHUCIOS, hay que señalar que, las dos reformas legales habidas en los últimos años (leyes 19/2009 y 4/2011 que han reducido las garantías del desahuciado hasta límites vergonzosos) y sobre todo la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada ha ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 300.000 desahucios (propietarios e inquilinos) habidos desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10% de parque de alquiler y las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han multiplicado su tamaño por dos. Un análisis causal erróneo, siempre lleva a aplicar medidas erróneas, cuando no contraproducentes.

 

Respecto a la tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, la PENALIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA, solo dos CCAA (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía estatal del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por la Administración, etc) con penalizaciones como instrumento de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi se legisló ha legislado la expropiación de las viviendas vacías (y se empezó a realizarlas en el caso de viviendas protegidas vacías) y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías. Aunque no se consiguió aplicar estas dos medidas, pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP. En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema por el que, viviendas vacías privadas a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, si las rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal del usufructo. O lo que es lo mismo, ser puestas en alquiler público forzoso. La norma será derogada en unas semanas por el nuevo gobierno de CIU, con el apoyo de su socio preferente el PP y sin mucho disgusto por parte del PSC.

 

Este tipo de medidas, francamente pacatas en términos de derecho europeo comparado, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que nuestra Carta Magna constitucionaliza la función social de la propiedad, la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la intervención pública en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional ha respaldado claramente la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (que incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). O que el Consejo Consultivo de Cataluña respaldó la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda de la Ley 18/2007.

 

Si tuviéramos que señalar dos grandes diferencias estructurales en torno a la vivienda vacía entre muchos países de la UE y España, deberíamos señalar que la vivienda vacía se considera en el ámbito europeo una patología urbana, económica, social y medioambiental. Y partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal tendente a evitar que este fenómeno se produzca con dos grandes tipos de acciones: (1) fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta y (2) penalización de la permanencia voluntaria en desuso. Frente a esta situación, en España buena parte de la población no considera la vivienda vacía como un problema y, como ya hemos señalado, se entiende que la propiedad privada (“sacrosanta”) faculta a los titulares de vivienda para hacer con la misma lo que les de la gana (prácticamente el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios).

 

No está de más recordar que en la UE, en términos generales, las medidas públicas para combatir tal fenómeno dejan el debate español a la altura del parvulario. En la UE son comunes las siguientes acciones en relación a las viviendas vacías que rehúsan las ayudas públicas para su puesta en alquiler –ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía, ayudas directas a inquilinos para el pago de alquiler, programas de alquiler público garantizado, etc [1]:

 

Impuestos específicos o recargos en los de la propiedad inmobiliaria.

Sanciones y multas coercitivas.

Requisas y alquiler forzoso público temporal.

Ventas forzosas y alquiler público permanente.

Expropiación.

Legalizaciones de la ocupación.

Demolición (cuando no es una vivienda aislada la que está vacía, sino que es un edificio completo –aunque este pueda ser de muy pocas plantas-).

 

En relación a las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria. Como tal deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras.

Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado (volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc). Pero nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150.000 millones de euros (el 15% del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha sido aprovechado por el sistema financiero para preservar sus beneficios, seguir especulando con otros productos financieros, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007.

 

A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso[2], no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el estado, etc), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles y el suelo y la vivienda sigue teniendo unos precios artificialmente altos en España.

 

En este contexto proponemos:

 

A.1.- Que las Administraciones Públicas pongan en marcha planes sostenidos en el tiempo que permitan REDUCIR EL PARQUE DE VIVIENDA VACÍA EN ESPAÑA DESDE EL ACTUAL NIVEL DEL 20% A UNO MAS PROPIO DE LOS PAÍSES SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE LÍDERES DE LA UE: 5% EN EL AÑO 2020 Y DEL 2.5% EN EL 2030.

 

A.2.- A través de esfuerzos concertados del sector público, el mercado y la sociedad civil, CONSEGUIR REDIRIGIR LAS VIVIENDAS VACÍAS MOVILIZADAS FUNDAMENTALMENTE HACIA EL ALQUILER, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL ALQUILER PÚBLICO SOCIAL O PRIVADO ASEQUIBLE.

 

A.3.- Que las Administraciones Públicas pongan en marcha PLANES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE DESAHUCIO COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS, A TRAVÉS DE VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER, QUE EN BUENA MEDIDA PUEDE PROVENIR DE LA MOVILIZACIÓN DE PARTE DEL PARQUE DE VIVIENDA VACÍA.

 

A.4.- Que las Administraciones Públicas y las entidades privadas con y sin ánimo de lucro que puedan tener interés en la materia PONGAN EN MARCHA EN TODA ESPAÑA PROGRAMAS SIMILARES A LOS YA OPERATIVOS EN EUSKADI (BIZIGUNE) Y CATALUÑA (AVALLOGER) DE MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER PUBLICO SOCIAL O ASEQUIBLE PRIVADO.

 

A.5.- En este contexto, rechazamos el camino recorrido hasta la fecha por la SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER (SPA) y por el programa RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN (RBE) promovido por el Ministerio de Vivienda primero y Fomento después. La SPA ha acabado convirtiéndose en una ineficaz e ineficiente agencia al servicio de la comercialización de vivienda privada en alquiler a precios de puro mercado, cuando no en gestor de la venta de vivienda libre en stock titularidad de promotores y entidades financieras. Y la RBE, por su origen electoralista y la falta de aparato público de control, se ha convertido en un programa que subvenciona alquileres a jóvenes casi sin ponderar su nivel de ingresos, que en muchos ha sido dañado por el fraude y que implica tensiones inflacionistas sobre los precios de los alquileres.

 

A.6.- Por lo anterior, consideramos buenas prácticas a replicar y expandir los actuales Bizigune y Avalloger y malas prácticas a modificar o erradicar las actuales SPA y RBE.

 

A.7.- EXIGIMOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ESPAÑOLAS UTILICEN TODOS LOS RESORTES DE FOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA VIVIENDA VACÍA Y PENALIZACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA QUE SON DE COMÚN UTILIZACIÓN EN LA UE. A estos efectos, entre las medidas de fomento debemos citar las subvenciones a la rehabilitación para el posterior alquiler de la vivienda vacía, las ayudas a la puesta en alquiler o el alquiler público garantizado. Y entre las medidas de penalización al uso entre nuestros socios comunitarios, y plenamente constitucionales en España, debemos citar las sanciones, multas coercitivas, cánones parafiscales, alquileres y ventas forzosas (temporales o definitivos), la expropiación, los derribos e incluso la despenalización de la ocupación en ciertos supuestos de estado de necesidad del ocupante y rendimiento manifiestamente mejorable del inmueble.

 

A.8.- Sea como fuere, entendemos que EN ESPAÑA SE DEBE GENERALIZAR UN SISTEMA PÚBLICO DE AYUDAS AL PAGO DEL ALQUILER AL ESTILO EUROPEO: cobertura de amplias capas de la población, ayudas públicas en función del nivel de renta, controles públicos para evitar el fraude y las tensiones inflacionistas y conexión con el parque público de alquiler.

 

A.9.- En consonancia con todo lo defendido en este documento, EXIGIMOS LA DEROGACION DE LAS LEYES DE DESAHUCIO EXPRES 19/2009 Y 4/2011 Y SUS SUSTITUCION POR UNA LEGISLACION QUE TUTELE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL ARRENDADOR, PERO TAMBIEN LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS, MUY ESPECIALMENTE LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y OBVIAMENTE EL DERECHO A LA VIVIENDA.

 

A.10.- NOS OPONEMOS A LA CREACIÓN DE UN BANCO PÚBLICO MALO O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO QUE SOCIALICE PÉRDIDAS DEL SECTOR INMOBILIARIO-FINANCIERO PRIVADO (muy especialmente su stock de vivienda vacía y suelo sin desarrollar) SIN CONTRAPARTIDA ALGUNA PARA EL CONTRIBUYENTE. En este sentido, solo apoyaríamos un programa de ayudas públicas a cambio de activos inmobiliarios que, partiendo de un precio de transacción actual de mercado, sirvieran de base a un futuro servicio público de vivienda en España que atendiera, en primer lugar, a las personas pobres que están siendo desahuciadas como consecuencia de la crisis y en términos generales a los demandantes de vivienda protegida.

 

A.11.- QUEREMOS LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA INFRAUTILIZADA. En España solo la vivienda vacía ha sido objeto de cierta atención por parte de partidos, medios y ciudadanía en general. Pero en los países más avanzados de la UE se están tomando medidas, no solo para la movilización hacia el alquiler de la vivienda vacía, sino también para la mejor utilización de inmuebles no vacantes, pero si infrautilizados. A este respecto entendemos que en España también se pueden aplicar medidas de fomento y penalización en relación a la vivienda infrautilizada.

 

A.12.- Para la realización de buena parte de los objetivos fijados en los puntos anteriores, recordamos que España debe acometer la CONVERGENCIA CON LA UE-15 EN MATERIA DE ALQUILER PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO ASEQUIBLE. Para converger con los países que son modelo social y económico, España tiene que realizar esfuerzos muy importantes de manera sostenida en el tiempo. Como primer objetivo, planteamos que para el año 2020 España disponga de un 25% de su parque en alquiler (en estos momentos menos del 10%) y de un parque de alquiler público que equivalga al 10% del parque total de viviendas (en estos momentos, menos del 0.5%). En una segunda fase, antes del año 2030, España debería disponer de, al menos, 100 viviendas sociales en alquiler por cada 1.000 habitantes (en estos momentos estamos por debajo de las 3 por cada 1.000 habitantes) y de esta manera converger con el segundo grupo de países líderes en la materia en la UE.

 

A.13.- El anterior objetivo no se podrá alcanzar si España no acomete un fuerte aumento de los presupuestos públicos en materia de vivienda. En estos momentos los presupuestos públicos de vivienda en España apenas llegan al 0.3% del PIB (gasto directo, excluido el fiscal). Los países líderes en la UE se mueven casi todos en la banda del 1%-2.5% de su PIB en gasto público directo en vivienda. Por ello, entendemos que ANTES DEL 2020 ESPAÑA DEBERÍA CONVERGER CON ESTOS PAÍSES EUROPEOS Y GASTAR, AL MENOS, EL 1.5% DE NUESTRO PIB EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA, FUNDAMENTALMENTE ORIENTADAS AL ALQUILER, LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE DE VIVIENDA YA EXISTENTE, LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN URBANA (TODO ELLO SIEMPRE CON UN ENFOQUE ECOLÓGICO, ADEMÁS DE SOCIAL).

 

A.13.- En conexión con lo anterior, consideramos que DEBE CREARSE UNA BANCA PÚBLICA, ASÍ COMO UN TIPO DE DEUDA PÚBLICA DESTINADA A FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA Y TAMBIÉN DEBEN APOYARSE LAS INICIATIVAS FINANCIERAS PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TENGAN POR OBJETO LA FINANCIACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIZACION DE VIVIENDA VACÍA Y ALQUILER PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO ASEQUIBLE. En el mismo sentido, consideramos necesario que la banca y cajas de ahorros españolas, aun teniendo ánimo de lucro, crearan líneas de financiación específica para esfuerzos de movilización y construcción de vivienda destinada al alquiler público y asequible privado.

 

 

(B)

 

B.1.- CARTELES para manifestaciones, concentraciones, internet, etc.

 

“Menos vivienda vacías y más hogares para las personas”

 

Etc.

 

B.2.- CONCENTRACIONES frente a instituciones.

 

Con estos y otros lemas similares ante el Ministerio de Fomento, las consejerías del ramo de las CCAA, la FEMP, ayuntamientos, la CECA (Confederación Española de Cajas de ahorros), la AEB (patronal de la banca española), APCE (patronal de la construcción española), partidos políticos con responsabilidad de gobierno, sindicatos, etc.

 

B.3.- OCUPACIONES DE EDIFICIOS VACIOS. Es evidente que el movimiento 15M ha optado ya en pasadas semanas por ocupar edificios abandonados por entidades financieras para, entre otras cosas, dar cobijo a personas que han sido desahuciadas de sus hogares.

 

 

[1] Para mayor detalle se pueden consultar los trabajos realizados sobre la materia por las profesoras Pilar Garrido, Leire Escajedo y Miren Gorrotxategui para el grupo de estudios de la UPV-EHU Ekiten Thinking (de libre acceso en la web de este grupo).

 

[2] Joaquín Arriola, profesor de economía de la UPV-EHU, partiendo de los informes de la Comisión Europea, estima en casi 200.000 millones de euros las ayudas recibidas por stock de suelo y vivienda tóxicos en España.

La accidentada instrucción del ‘caso Banca Catalana’

El juez Ignacio de Lecea pidió ser relevado, nueve meses después de su nombramiento

En mayo de 1984, el fiscal del Estado presentó ante la Audiencia de Barcelona una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana por los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida. Cincuenta días después, la audiencia nombró al magistrado Ignacio de Lecea instructor del sumario. A lo largo de nueve meses, el juez ha tomado unas 150 declaraciones entre querellados, testigos y presuntos perjudicados. El sumario tiene 1.500 folios, y en sus anexos se amontonan otros 6.000 de documentación. Cuando la causa entraba en la recta final, estalló el conflicto y De Lecea pidió ser relevado, asegurando que había “perdido la confianza” del pleno que le había nombrado. En realidad, la dimisión de De Lecea estuvo provocada por una suma de conflictos, que empezaron con su nombramiento, 250 días atrás.
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Barcelona

El 9 de julio de 1984 Ignacio de Lecea, magistrado de la Sección Segunda de lo Civil, recibió el encargo de instruir el sumario del caso Banca Catalana. El nombre de De Lecea se venía barajando, desde hacía semanas, en los corrillos del Palacio de Justicia, después de que se descartaran los de los responsables de las seis salas de lo penal. El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, había planteado, al parecer, al presidente de la Provincial, Alfonso Hernández Pardos, la necesidad de que la instrucción de la causa recayera en un experimentado procesalista y solicitó su apoyo para que se nombrara a cualquiera de los presidentes de las secciones dedicadas a asuntos penales. Alfonso Hernández rechazó la sugerencia, afirmando que aquellas salas estaban sobrecargadas de trabajo, pero insinuó la posibilidad de que se le encargara el asunto a un magistrado de lo civil. Así surgió el nombre de Ignacio de Lecea en el caso Banca Catalana.

La asamblea del 9 de julio recibió con frialdad la propuesta de su presidente de nombrar a Ignacio de Lecea como instructor de la causa. Sólo uno de los asistentes, el magistrado Manuel Oscáriz Gonzálvez, alzó la voz para objetar que aquella no era la forma “más correcta” para elegir el instructor. Fue el único voto en contra. El nombramiento de De Lecea, a caballo entre la designación a dedo y la elección, provocó algunas discusiones en el pleno de la Audiencia cuando, meses más tarde, surgieron los primeros conflictos. En cierta ocasión, un sector de magistrados achacó a Cesáreo Rodríguez Aguilera-la responsabilidad de aquella designación, pero éste atajó la discusión al recordar que nadie se había opuesto a su nombramiento.

De Lecea, hijo y nieto de magistrados, de 68 años de edad, de origen aragonés, había accedido a la carrera judicial como fiscal de las audiencias de Baleares y Barcelona. Como juez instructor estuvo destinado en los juzgados de Balaguer (Lérida), El Vendrell (Tarragona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Zaragoza, de donde pasó a la Audiencia de Barcelona como magistrado de la Sección Segunda de lo Civil. De firmes convicciones católicas y de talante liberal, De Lecea estaba considerado además como un hombre equilibrado e íntimamente vinculado a Cataluña, lo que evitaría una imagen “centralista” a la instrucción de la causa. Pero, sobre todo, era el hombre sereno que necesitaba la Audiencia de Barcelona para investigar un tema excesivamente crispado, al que había que dar una solución rápida y justa.

El equipo instructor se completó con el nombre de Enric Anglada, un joven magistrado de la sección sexta, al que se le asignaron tareas de instructor suplente, y el del propio Cesáreo Rodríguez Aguilera, presidente de la Audiencia Territorial, que se reservó el papel de ponente. El pleno la Audiencia Territorial se aseguraba, con este último nombramiento, el control efectivo de la instrucción de la causa, confirmándose el primer esquema procesal, según el cual, De Lecea realizaba las funciones de instructor delegado de la asamblea. Meses más tarde el equipo se reforzó con el nombramiento del magistrado Vicente Navarro, un experto penalista que durante muchos años estuvo destinado a la Sección Primera de lo Penal de Barcelona y que actualmente está en una sala de lo contencioso. Este nombramiento, realizado por el propio Cesáreo Rodríguez Aguilera, dejó tras de sí una estela de rumores y críticas de quienes creían que la fórmula escogida para aquella designación era discutible. Las funciones de ponente adjunto, asumidas por Vicente Navarro, le permitieron al presidente de la Audiencia Territorial desvincularse, con discreción, del caso Banca Catalana.

La declaración de Pujol

De Lecea contó al principio con el apoyo de la asamblea de magistrados y, especialmente, con el respaldo del propio presidente de la Audiencia Territorial. Este apoyo se explicitó el pasado mes de septiembre, cuando se reunió la asamblea de magistrados para debatir la forma en que debía prestar su declaración Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana implicados en el caso. Los magistrados discutieron el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero se preocuparon también de que el voto se convirtiera en una moción de confianza hacia el magistrado. El portavoz del pleno tuvo especial cuidado en señalar que con aquella resolución -que aprobó que Pujol declarara oralmente- no se desautorizaba a De Lecea y que la nueva disposición era “salomónica”. En opinión del portavoz, se daba la razón a las dos partes en conflicto, cuando en realidad se había aceptado íntegramente la petición de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que solicitaban que la declaración no fuera realizada por escrito.Ante la opinión pública, De Lecea salió reforzado de aquel litigio procesal -el segundo recurso de reforma-, pero en realidad dentro del pleno de la Audiencia Territorial la polémica había provocado ya cierta bipolarízación de los, magistrados, un sector de los cuales empezó a mostrarse beligerante con las decisiones del instructor. Las críticas más duras hacia el instructor partieron, a partir de entonces, del sector de magistrados penalistas que creía ver en sus decisiones graves incorrecciones procesales, en la mayoría de las ocasiones provocadas por la formación civilista de De Lecea. Se le criticaba también a De Lecea el hecho de que en sus decisiones asumiera determinadas tesis de las defensas.

Los sucesivos recursos planteados por los fiscales contra las decisiones de De Lecea -negativa a que se dejara fotocopiar determinada documentación sumarial, a acceder a pruebas documentales de la doble contabilidad, a que se investigara el destino dado a los créditos otorgados a Jaume Carner Suñol o petición para que se aclarara el carácter procesal de unas pruebas periciales sugeridas por la defensa de los querellados- fueron minando aquella debilitada confianza y aumentando las críticas hacia el juez.

La crisis estalló con la presentación del quinto recurso de reforma de los fiscales, cuando éstos pidieron que se adjuntaran a la causa nuevos documentos relativos a la doble contabilidad de Banca Catalana y a los créditos otorgados a Jaume Carner. Los fiscales habían descubierto en el mes de septiembre, durante la declaración del ex presidente de Banca Catalana, que éste había suscrito con la entidad unos créditos de 400 millones de pesetas que no habían sido devueltos. En opinión de los fiscales, la concesión de estos créditos podía haberse realizado de forma irregular, sin las debidas garantías y aprovechando la influencia de Carner en la entidad, lo que podría ser objeto de un delito de apropiación indebida. El juez instructor rechazó ambas peticiones alegando, entre otras cosas, que en aquel momento no se podía dispersar la documentación sobre Banca Catalana y que los hechos que se ímputaban a Carner no estaban recogidos en la querella.

La no tramitación de aquellas pruebas indignó a un sector de magistrados, que se sentía ya irritado por un reciente auto del juez De Lecea en el que se justificaban los problemas de Banca Catalana y aludía a la crisis bancaria, asumiendo, de nuevo, tesis próximas a las de la defensa. Estos mismos magistrados jugaron un papel decisivo en la sesión del pasado 22 de febrero, cuando se decidió admitir a trámite el recurso de apelación y supeditar las decisiones del instructor a las de la asamblea. La modificación del papel jurídico de De Lecea fue interpretado por el instructor como “una disminución de confianza”.

La posterior reacción de Ignacio de Lecea remitiendo el 25 de febrero al pleno de la Audiencia un “voto reservado”, en el que se alertaba de los peligros jurídicos, sociales y políticos de aquella modificación procesal, enojó aún más a los magistrados, ya que consideraban que el escrito tenía carácteres de ultimátum, redactado en un momento de enfado. La crispación y el enfrentamiento se agudizaron con el escrito en el que pedía el relevo. En los plenillos informales, que a diario se celebran en la Audiencia de Barcelona, el presidente de la Territorial criticó duramente y de manera abierta al magistrado y le conminó, mediante un decreto de la presidencia, a continuar en su cargo. La posterior resolución de la Audiencia, confirmando en el cargo a De Lecea y no aceptando su dimisión, para algunos magistrados no significó otra cosa que la congelación coyuntural del problema.

Objetivo desfigurado

Según algunos magistrados, De Lecea sería el responsable de que la investigación sobre Banca Catalana se haya convertido en una polémica procesal. Los fiscales encargados del caso, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, con discreción, se niegan a señalar quién es el responsable de esta deformación, pero reconocen que “un 80% de sus esfuerzos deben dedicarlos a plantear o intentar resolver los litigios procesales”, y recuerdan que hace más de tres meses que solicitaron la documentación sobre la doble contabilidad de Catalana y sobre los créditos otorgados a Carner, sin que se les haya contestado. Por su parte, los abogados defensores de los implicados guardan un escrupuloso silencio en relación al tema, pero algunos de ellos aseguran que “nunca han trabajado tan poco por un tema del que se habla tanto”.