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Crisis política, sociedad civil y movimientos sociales: mitos y expectativas

FUENTE

La sociedad civil es la esfera en la que los ciudadanos se organizan de manera autónoma y diferenciada tanto del mercado y del Estado

Resulta poco creíble que la renovación política pueda venir de organizaciones asociadas con la “clase política

Los españoles son los europeos que más se manifiestan

Hay que observar que los movimientos actuales son capaces de combinar la acción contestataria y la institucional

23/02/2013 – 21:59h

Los escándalos de corrupción, la depresión económica y la erosión de PP y PSOE permiten imaginar un escenario de cambio constitucional en los próximos años que a diferencia de la transición de los 70, proceso supuestamente controlado por las elites políticas, vendría impulsada por la sociedad civil. Este es, junto a la transparencia, uno de los elementos comunes en los discursos sobre la renovación política de la derecha y la izquierda social o cultural.

La sociedad civil es la esfera en la que los ciudadanos se organizan de manera autónoma y diferenciada tanto del mercado y del Estado. Este espacio intermedio se compone de asociaciones voluntarias –patronal y sindicatos, ONGs, organizaciones caritativas– movimientos sociales y la esfera pública. Con alguna excepción se señala con frecuencia que una de las principales diferencias entre España y otras democracias occidentales es la debilidad de su sector asociativo, incluso en comparación con un país de la Europa meridional como Italia. Esto sería el resultado del poder histórico de la Iglesia, de la predominancia de estructuras clientelares opacas en la política y de una burguesía poco dada a la innovación social.

Sin embargo es paradójico hablar de debilidad de la sociedad civil en un país que cuenta con estructuras de un enorme impacto social tales como la ONCE o Caritas, o en el que la negociación de los convenios entre organizaciones patronales y sindicatos tiene un efecto significativo en salarios y estructura productiva.La sociedad civil española no es débil pero está muy subordinada al Estado y tiene dificultad para actuar como contrapoder. ONCE y Caritas son organizaciones que de hecho desarrollan funciones públicas con el apoyo del Estado mediante la cesión de ingresosde lotería, subvenciones o deducciones fiscales para los donativos. La patronal y los sindicatos, reconocidos en el artículo 7 de la Constitución, se han visto afectados por un descrédito muy similar al de la propia elite política debido a escándalos de corrupción y su incapacidad de alcanzar acuerdos. Resulta por lo tanto poco creíble que la renovación política pueda venir de organizaciones asociadas con la “clase política” bien sea por relaciones de dependencia o por su similitud con la misma.

Quizá debido a la dependencia de la sociedad civil más organizada de los poderes públicos, la participación política de la sociedad civil española se suele canalizar a través de movimientos sociales. Los movimientos sociales, lejos de ser un fenómeno espontáneo de hastío son un desafío organizado a la autoridad del Estado que resulta de la acción colectiva de una constelación de organizaciones. La fuerte contestación desencadenada desde el 15M se enmarca dentro de una forma de movilización bastante habitual de la sociedad civil española: no en vano los españoles son los europeos que más se manifiestan. El gráfico muestra la normalización de la protesta política en España en los últimos tiempos, al tiempo que señala su especial intensidad en el último año.

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Fuente:Informe de evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2010 y 2011, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los datos excluyen las manifestaciones ocurridas en el País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias de interior. El dato de 2012 es el facilitado en el Congreso por el Ministerio.

También indica que desde el 15M se ha abierto un nuevo ciclo de movilización, al contribuir a la activación de movimientos como l aPlataforma de Afectadospor la Hipoteca (PAH) y las mareas ciudadanas en sanidad y educación. El 15M ha contribuido a activar y a facilitar la convergencia de actores tales como sindicatos de la función pública y asociaciones de usuarios que probablemente no se hubieran coordinado de otra manera. Un ejemplo es que los indignados se han sumado a numerosas protestas convocadas por los sindicatos a pesar de su discurso crítico con dichas organizaciones.

La principal crítica hacia el 15M ha sido su incapacidad de articular propuestas políticas concretas. Sin embargo, hay que observar que los movimientos actuales son capaces de combinar la acción contestataria y la institucional. La PAH es capaz a la vez de paralizar desahucios y de reunir más de un millón de firmas en una iniciativa legislativa popular (ILP). Los médicos de la marea blanca han mantenido una huelga de casi un mes en Madrid al tiempo que plantean accionesen los tribunales y tratan de negociar las medidas con la Consejería. La combinación de estos registros de acción colectiva suponen un desafío a las autoridadesen la medida que promueven acciones de deslegitimación de las autoridades al tiempo que reivindican derechos reconocidos por la Constitución que han sido inaplicados de hecho como el derecho a la vivienda o la participación mediante ILP.

¿Quiere esto decir que los movimientos en curso son el embrión de un nuevo proceso constituyente? La respuesta tiene que ser matizada, puesto que los movimientos sociales españoles se suelen identificar con un lado del espectro ideológico – la izquierda en el caso del 15M– y por lo tanto no pueden de manera autónoma formular un consenso alternativo al marco constitucional actual. El gráfico confirma que los movimientos sociales españoles se relacionan con el ciclo político: al cambiar el gobierno se abre un ciclo de movilización distinto. La expulsión de dos notorios militantes socialistas de la reciente manifestación de la PAH confirma la dificultad de que un movimiento social consiga reunir a colectivos alejados políticamente. Más que propuestas concretas de cambio constitucional –al fin y al cabo la principal referencia histórica de los movimientos sociales en España es el anarquismo– cabe esperar que los movimientos sociales sigan cuestionando la situación política actual como forma de obtener un cambio que tiene que venir de las instituciones de la democracia representativa.

Títulos horizontales o transversales del Estado

2.- Los denominados títulos horizontales o transversales del Estado que le habilitan para determinar las bases.

En el reparto competencial entre el Estado y las CCAA suele ocurrir que sobre un mismo supuesto concurren diversos títulos. Una de las causas principales de esta situación es la existencia de títulos competenciales del Estado con una fuerza expansiva transversal,  que habilitan a los poderes centrales para intervenir en distintos ámbitos materiales de titularidad autonómica. Limitan la capacidad de actuación de la CCAA y eliminan, en su caso, el carácter exclusivo de sus competencias.  La explicación constitucional de este proceso, acaso imprevisto en el modelo inicial de distribución de competencias, se sustenta en la combinación necesaria del principio de autonomía y el de unidad en el Estado autonómico. En virtud de esa interrelación, el reparto de materias y facultades entre el Estado y las CCAA resulta matizado por la presencia de títulos competenciales que no afectan a un concreto sector de la realidad sino que pueden abarcar a materias muy diversas. Estos títulos competenciales son denominados horizontales o transversales[3]. Es el caso, de forma señalada, de la facultad competencial del Estado para la “ordenación general de la actividad económica” derivada del art. 149.1.13 CE que le permite establecer las bases y la coordinación en las actividades con contenido económico.

La consecuencia más notable del amplio ámbito competencial que habilita al Estado los títulos horizontales, como se apuntaba antes, la eliminación del carácter exclusivo de las competencias autonómicas y, con ello, de su capacidad para establecer una política autonómica diferenciada en la materia[4]. Su incidencia modula el ejercicio competencial en cuanto el Estado aduce este título genérico para actuar sobre ámbitos materiales en los que inicialmente carece de competencia. Su intervención normativa queda justificada en virtud de este título transversal.

Precisamente, en el desarrollo normativo del Derecho europeo esta fuerza expansiva del título estatal incide de manera especial, por dos razones confluyentes:

a)     La acción normativa europea susceptible de aplicación interna se refiere derechamente a materias de competencia exclusiva de las CCAA como agricultura, ganadería, comercio, industria, etc., a través de actuaciones que generalmente tienen incidencia económica, lo que favorece el uso del título horizontal por antonomasia, el derivado del art. 149.1.13 CE. Así, el Estado se interpone en el proceso de incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia autonómica para establecer las bases o la coordinación, sin perjuicio de la posterior intervención autonómica.

b)    El Derecho originario de la Unión no contiene una delimitación material de carácter objetivo, que pueda trasladarse al ámbito interno para determinar con exactitud si la materia afectada es de competencia estatal o autonómica. La naturaleza teleológica de la delimitación resulta del objetivo que se pretende alcanzar. Este carácter lábil e imprevisible de la incidencia de la norma europea sobre el ordenamiento interno, matizada pero no completamente superada en el Tratado Constitucional, abre el cauce a la incidencia de los títulos transversales del Estado.

La consecuencia práctica de esta situación es la ilimitación material del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo, más allá de su quantum competencial material en la Constitucional territorial. Ante la ausencia de un título material o sustantivo puede aducir sus títulos de carácter horizontal. Con ello se limita la participación autonómica pues su intervención cuenta habitualmente con la intermediación previa del Estado, cualquiera que sea la materia competencial y el título que posea sobre ella[5].

Este es el aspecto que pretendemos analizar someramente en estas páginas: el uso por el Estado de los títulos horizontales, específicamente del 149.1.13 CE, para concretar las bases en el proceso de incorporación normativa del Derecho de la Unión. Pese a la vigencia del principio de no alteración del reparto competencial, se está eludiendo en la práctica el desarrollo normativo directo por parte de las CCAA e incluso el carácter detallado de las bases estatales provoca, en ocasiones, la imposibilidad material de esa intervención normativa autonómica. El Estado aduce la presencia de un título horizontal, generalmente la “ordenación general de la actividad económica” del art. 149.1.13 CE, para justificar la incorporación de normas europeas referidas a materias de competencia exclusiva de las CCAA. Por ello, en primer lugar, antes de ocuparnos del sentido de lo básico en este proceso, debemos anotar el alcance de los títulos horizontales del Estado en su relación con las CCAA pues ese modelo será, justamente, el aplicable a su intervención en el desarrollo normativo del Derecho europeo, sin ninguna adición derivada del carácter “internacional” o “exterior” del asunto.

El Tribunal Constitucional ha amparado la horizontalidad de los títulos estatales, que amplían las competencias estatales y limitan las autonómicas. Concretamente, en la aplicación del Derecho europeo podemos encontrar pronunciamientos palmarios en las SSTC 252/1988 o 79/1992. Sin embargo, progresivamente está condicionando la actuación transversal del Estado, también en el ámbito europeo, a la presencia de determinadas circunstancias. Así, se ha referido, a: a) el sentido o finalidad de la norma, de manera que si no se pretende la realización de la competencia estatal estaremos en presencia del ejercicio de una competencia autonómica[6]; b) la relevancia real del ejercicio de una determinada facultad competencial y c) la aplicación preferente de la regla especial sobre la general. En fin, pese a lo que pueda parecer al examinar la práctica de la aplicación interna de las normas europeas, el Tribunal Constitucional no ha aceptado la interposición en cualquier caso de una norma estatal para definir los principios básicos, aduciendo un título horizontal cuando se trata de materias de competencia autonómica, pues no siempre será de aplicación un título de estas características, y la dimensión externa de la actividad no aporta al Estado ningún plus competencial[7]. Para evitar un uso abusivo de estos títulos deberá analizarse en cada caso concreto la concurrencia de las condiciones que permiten la presencia del título horizontal pues sólo en ese supuesto podrá aceptarse la intervención del Estado en el desarrollo normativo del Derecho europeo. Entiéndase bien. No valoramos la conveniencia o la oportunidad de esa interposición sino la presencia o ausencia de sustento constitucional.

Un Gobierno que solo protege la cima de la piramide

COMUNICADO ASSEMBLEA SOCIAL DE CATALUNYA

ANTE LA REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BCE EN BARCELONA

Los próximos días 2, 3 y 4 de mayo están previstas en la ciudad de Barcelona diversas actividades y la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dicha cumbre estará protegida por un enorme y costoso dispositivo de las fuerzas de seguridad, unas 7.000, entre mossos de esquadra, policía nacional y guardia civil.

Ese ejercicio exagerado y ridículo de “protección” expresa el servilismo de los gobiernos de la Generalitat y del Estado español al instrumento más poderoso de la Unión Europea para la aplicación de las políticas neoliberales en el actual contexto de la crisis económica en Europa, y pone en evidencia el temor de las administraciones al malestar de la ciudadanía ante dicha institución y su responsabilidad en el agravamiento de la crisis.

Junto con la Comisión Europea y el Consejo Europeo son las instituciones europeas responsables del deslizamiento hacia la recesión del conjunto de la UE, y del hundimiento en la depresión de Grecia, Portugal, Irlanda y España.

El Banco Central Europeo suma a los numerosos errores en la gestión de los tipos de interés durante la anterior etapa bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet que precipitaron la crisis en Europa, los errores que se derivan de la defensa de la estabilidad de precios como principal objetivo económico, en lugar de la creación de empleo y el crecimiento económico.

Su obcecación en justificar y vigilar la aplicación de las políticas de ajuste, de reducción del déficit y de la deuda por los estados miembros a pesar de sus consecuencias desastrosas; la dosificación de las aperturas de liquidez y compra de deuda en función del cumplimiento de las “reformas estructurales” y de la reducción del gasto público por los gobiernos, lo convierten en un obstáculo para la superación de la crisis.

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE han sido promovidos por los lobbys financieros y las grandes multinacionales, y se someten en lo fundamental a las directrices económicas de los gobiernos de Francia, y especialmente de Alemania. Pero su falsa independencia no les exonera de culpa.

EL Banco Central Europeo sirve los intereses de los responsables de la crisis y lejos de rectificar las políticas fracasadas persiste en las recetas del fundamentalismo neoliberal que nos empujan al desastre económico, la pérdida de derechos sociales, y la destrucción de la democracia. EL BCE se ha convertido en el enemigo de los ciudadanos y ciudadanas de los Estados y pueblos de Europa.

La Assemblea Social de Catalunya llama a la ciudadanía, a la clase trabajadora, a expresar pacíficamente su rechazo al BCE y sus políticas, declarando a los miembros de su Consejo de Gobierno “personas no gratas”.

Barcelona, Mayo 2012

La doble crisis española

España vive una doble crisis financiera (2008-2011) y una económica

La primera crisis: LA BURBUJA INMOBILIARIA 
Por Antonio Romea
La primera fue debida a la burbuja inmobiliaria y especulativa. Se construyeron más pisos de los que se pueden vender (hay un millón de pisos vacios en España) y a precios sobrevalorados. La Banca dió créditos a constructoras y particulares también por valores superiores a los de dichos pisos, ya que la propia Banca los tasaba a la alta y el Estado no lo impedía.
Ahora, en 2011, existe riesgo de impago de dicho crédito, tanto por parte de las constructoras, que no venden o no acaban de construir los pisos y sólo pueden devolver a los Bancos prestamistas unos pisos que ya valen menos que el monto de capital que recibieron en préstamo, como de las familias que con la crisis pasan apuros económicos y se convierten en morosos de los Bancos (la tasa de morosidad es aún baja, del 5%) y en el peor de los casos no pueden pagar los pisos que compraron con Hipotecas antes de la crisis y se los tendría que quedar el Banco.
En caso de quiebra de la Banca, el Estado español es responsable civil subsidiario y tendría que devolver los depósitos hechos por la población hasta 100.000 euros por ciudadano. Para tener fondos en dicho caso de quiebra y para conceder ayudas a la Banca -ya ha concedido préstamos millonarios a Cajas de Ahorro-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, socialdemócrata) está recortando gastos y derechos sociales históricos, como lo haría un Gobierno de derecha (PP, conservadores).
El Estado necesita pues fondos de reserva para ayudar a la Banca y se extraen suprimiendo servicios del Estado del bienestar, conseguidos durante décadas de luchas obreras en España, además se aumentan los impuestos también a la población trabajadora: aumento IVA al 18%, fin del cheque-bebé, recortes a desempleados, reducción un 10% salario funcionarios, congelación pensiones, postponer jubilación a los 67 años, reducción servicios públicos y convocatoria de empleo público. Todo ello empeorará la Enseñanza, Sanidad y Seguridad (en 2011 se baja de convocar 3.500 plazas de Policias a 600).
Estas medidas se supone que son contrarias a la ideología del Gobierno PSOE, que en épocas de bonanza pretendía aumentar coberturas sociales. Pero precisamente esto, dar garantías a los compradores de deuda española y a la Banca, es lo que le exige al Gobierno la propia Banca española y extranjera, la cual compra deuda Estado, o sea que da crédito al Estado español, las grandes empresas (hubo un desayuno clave de sus directivos y el Presidente Zapatero en la Moncloa), el estadounidense FMI y hasta la propia Unión Europea, en concreto la canciller alemana Angela Merkel.
Ante esa presión el Gobierno “socialista” está realizando la misma política anti-social y pro-Banca que hubiesen desarrollado el conservador PP, y además sin desgaste electoral para éste último, al que ahora las encuestas dan como favorito para ganar las próximas Elecciones.
Parece ser que estando en el marco del euro, en la Unión Europea y en el sistema bancario internacional un Gobierno no tiene PODER político ni económico, ni margen de maniobra para hacer otra cosa que lo que la dicta la Gran Banca y sus Instituciones Internacionales afines. O sí se puede hacer otra cosa, de haber voluntad política
¿Habría poder para ello? ¿Es necesario obedecer a dichas instituciones y prestamistas?
Islandia y Argentina actuaron de otra forma, favoreciendo a sus ciudadanos y no a los especuladores.(crisis-financiera-en-islandia)
Recordemos que la crisis financiera internacional se inició en EEUU en 2007 con las subprimes o créditos basura, uno o dos años antes de que estallase, en parte por razones endógenas y en parte por contagio, la burbuja inmobiliaria española (2009-11).

La segunada crisis: DEUDA DEL ESTADO POR OBRAS

La crisis Mundial tuvo su origen en la crisis de las subprime (créditos basura) en 2008 EEUU, se prestó más de la riqueza que pueden generar los Estados y del valor de las viviendas hipotecadas.

En España, la crisis se sintió después y tiene tres características nacionales:
1. La primera debiba a la especulación inmobiliariaburbuja que hacía vender las casas por precios altos con grandes hipotecas, al estallar la burbuja, las viviendas han pasado a valer menos que sus hipotecas.

2. El segundo motivo ha sido el exagerado gasto público, principalmente en construcción de obras públicas y similares por parte de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Estado, no siempre necesarias, pero que lucraban a políticos y cargos públicos con comisiones ilegales.

Con ese esquema de gasto público no se creó empleo estable, ni servicios públicos, sino que el dinero público pasaba a manos privadas de construcctoras, a veces vínculadas con políticos. Se juzgan sólo algunos casos de corrupción y comisiones ilegales pagadas a políticos (Marbella, Valencia).

Dichas obras y gastos públicos exagerados e innecesarios, se financiaron además de con los impuestos, pidiendo crédito a los Bancos y emitiendo Deuda Pública. Por lo cual ahora España tiene deuda externa y los prestamistas (“los Mercados”) piden mayores intereses para seguir prestando, con el razonable argumento de que hay más riesgo de impago (prima de riesgo superior a la Alemana), ya que la Administraciones Públicas españolas gastan más de lo que recaudadan en impuestos y además el país genera menos riqueza debido al desplome del sector inmobiliario y la construcción.

Para asegurar a los prestamistas (inversores) que recuperarán su capital principal más los intereses, el Gobierno de Zapatero (PSOE) (como hicieran los de Grecia, Irlanda y Portugal), ha recurrido a aumentar impuestos (18% IVA) y reducir garantías sociales (jubiliación a 67 años, contratos basura, subsidio desempleo) a ello se suman la reducción en la calidad de sanidad y educación, servicios que dependen de los Gobiernos Autónomos (también endeudados). También ha aumetado el paro al cesar la construcción.

UNA PROPUESTA:
Otra opción planteable en las asambleas del movimiento 15-M Democracia Real,ya, bien podría ser una moratoria (que no suspensión) en el pago de las obras públicas.
Ya que se pide a los españoles que trabajen 2 años más antes de jubilarse, sería de justicia simétrica que las constructoras y Bancos, o sea las grandes empresas y fortunas del país, esperasen también varios años hasta que la crisis de la deuda externa se supere y se vuelvan a llenar las arcas del Estado, para cobrar sus facturas.
Y más, teniendo en cuenta que han sido en parte estas empresas (grandes lobbies) las que en connivencia con políticos sin escrúpulos y poco duchos en aritmética, las que han llevado al país a unos niveles de deuda externa tan alto.

La crisis de siempre: 
CRISIS ECONÓMICA CRÓNICA, LA DESINDUSTRIALIZACIÓN

Además de la crisis financiera de estos años, España sufre una crisis crónica en su econonomía real desde los años 80, debido a la destrucción de los sectores productivos que efectuó el entonces Presidente Felipe Gonzalez. Este tercer factor se refiere a la ECONOMÍA REAL (Productividad),  y no a la FINANCIERA (Deuda especulativa). Es la Herencia de la desindustrialización que dejó el Gobierno de Felipe González en los años 80: El paro endémico, que en 2011 ha llegado a los 4 MILLONES.


España tiene un paro endémico que alcanzaba en torno a los 3 millones de trabajadores, desde que en los años 80, el entonces Presidente, Felipe González desmontó varios sectores productivos para lograr el tanto político de entrar en la Unión Europea (1985), negociando a la baja las condiciones de los sectores productivos españoles.

Entonces España perdió muchas empresas medias y pequeñas producciones que daban trabajo a cientos de miles de personas. Se recibieron subvenciones para que no se notase el paro en el momento, pero se destruyo capacidad productiva en Altos Hornos, Minería, Sector Pesquero, Lácteo y partes del Agrícola, sólo éste último se ha recuperado en capacidad competitiva con Europa.
La industria ligera y de comercios y distribución fue monopolizada por grandes grupos franceses y las bebidas gaseósas por dos multinacionales.
Las consecuencias sociales de este paro endémico (20% de población activa), se ve amortiguado por la solidaridad de las familias, subsidios de desempleo y trabajillos no declarados (economía sumergida) que se pagan en dinero no declarado a Hacienda (en B, o en negro). Pero cuando las crisis son más profundas, el número de desempleados aumenta muy significativamente, hasta los 4 millones.5 MILLONES DE PARADOS EN 2012 (Actualización)
En esta ocasión de crisis mundial, en que se juntan la deuda soberana y su gestión en favor de los acreedores (Bancos) y no persiguiendo a los infractores (Corrupción política, obras públicas, gastos absurdos y comisiones ilegales, en Ayuntamientos y Autonomías, Constructoras) más burbuja inmobiliaria, sumada al paro de los 80 que creó González, hemos llegado a los 5 millones de parados en 2012. El mayor índice de un país industrializado occidental.

Análisis de Antonio Romea

No hay recortes para la Iglesia

En 2012 el Estado entregará a la Iglesia 159.194.593,44 euros

día 12.1.12
Consultando el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) número 315, con fecha Sábado, 31 de diciembre de 2011, en su página 146615 (pincha aquí para ver el enlace) podemos comprobar como el Estado entregará mensualmente  a la Iglesia Católica la cantidad de 13.266.216,12 euros, el equivalente a 26.487.751.624 de las antiguas pesetas.
La Iglesia Católica, única institución que se queda fuera de las duras medidas de ajuste del Gobierno del PP. Recibirán los millones de euros que suman todas las subvenciones y asignaciones de dinero de las arcas del Estado que recibe y se librará de la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) que no tiene que pagar.
Consecuencias de tener media docena de ministros del Opus Dei o Legionarios de Cristo: La Iglesia Católica se ha quedado fuera de las duras medidas de ajuste anunciadas por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy para combatir el déficit público y recibirá hasta finales 2013 sus habituales 5.000 millones aproximados de euros que suman todas las subvenciones y asignaciones de dinero de las arcas del Estado que recibe.
Al igual que ocurría en la España nacional católica de Francoa la institución se le dota de un “aguinaldo” extra de 13 millones de euros mensuales durante los dos próximos años (página 42 del archivo del BOE).
Además, la Iglesia Católica también se librará de la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) anunciada por el Ejecutivo del PP, ya que su patrimonio no está sujeto a este gravamen. La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
Mientras tanto, nuestros jóvenes científicos tienen que emigrar porque si hasta ahora morían de hambre con sus contratos de becarios, a partir de ahora que el gobierno que prometió no recortar ni subir impuestos ha recortado el gasto en I+D…
LA EXCUSA DE SU LABOR SOCIAL: UN NEGOCIO PARA LA IGLESIA QUE PAGAMOS TODOS
Para justificar la inyección de dinero de todos en las arcas de una confesión religiosa determinada, el nacional catolicismo se escuda en su labor social… pagada con nuestro dinero o de la que se aprovechan para hacer negocio:
-Los hospitales y colegios PRIVADOS de la Iglesia no ahorran dinero al Estado. Son el negocio del siglo. Se supone que les tenemos que dar las gracias por hacerlos ricos cuando las administraciones autonómicas desvían pacientes a los hospitales privados y les pagan la factura o alumnos a los colegios concertados. Cada día de convalecencia en una habitación de un hospital gestionado por la Iglesia nos cuesta una fortuna, igual que cada silla ocupada por alumnos de colegios concertados.
Los orfanatos tendrían que dejar de ser propiedad de la iglesia -pagados con fondos públicos en su mantenimiento– y que pasen a ser gestionados por el estado: además de evitar que los niños sufran abusos físicos y se les adoctrine desde pequeños por obligación en un determinado credo religioso, los trabajadores de los orfanatos -se crea empleotendrían la formación que se necesita -profesional y académica, no en supercherías religiosas y hechizos en forma de oración- para educar a esos niños: es lamentable que quienes los estén criando no sepan ninguno de ellos (en teoría) siquiera lo que es tener un hijo.
– Los albergues de caridad y cocinas económicas deberían ser sustituidos por un sistema que emplee ese dinero malgastado en perpetuar la situación de esas personas y su necesidad de caridad en otro que procure y se ocupe de que las personas que acuden a él no sufran esa dependencia y puedan valerse de nuevo por sí mismos en la sociedad y encontrar un empleo. Eso se consigue sustituyendo curas y monjas por trabajadores sociales cualificados, que por desgracia, hay bastantes en paro. Y no niegan dicha caridad a quienes les apetece, como sí hace Caritas y la Iglesia católica.
Fuente: Ateneo Republicano de la Isla