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‘Fracking’: todas las claves de una técnica polémica

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El Congreso de los Diputados está debatiendo el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que marcará los requisitos que se pedirán en el futuro para garantizar la seguridad ambiental de cualquier instalación que se realice después de su aprobación. La norma controlará, entre muchas otras cosas, los impactos ambientales de infrestructuras como el almacén de gas Castor, que está provocando seísmos en las costas de Castellón y Tarragona. Pero también regulará las garantías de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o ‘fracking’ que se quiere desde el Gobierno implementar en España en los próximos años.

¿Qué es el ‘fracking’?

Es una nueva forma de extraer gas natural para la que hay que perforar el lugar escogido y romper estratos rocosos de pizarra a gran profundidad en el subsuelo (hasta 5.000 metros bajo la superficie). Para ello se inyecta agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas, algunas de ellas muy contaminantes, en el subsuelo para extraer las pequeñas burbujitas de este gas impregnadas en la roca.

¿Cómo está la tecnología en España?

En España, aún no se ha iniciado ninguna prospección. No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha manifestado en muchas ocaiones que España no puede permitirse el lujo de perder de esta forma la carrera para la obtención de gas natural. Pero la defensa de Soria de la técnica va siempre acompañada de la coletilla de que cualquier permiso de exploración necesita una declaración de impacto ambiental favorable. Para la industria, la necesidad de informes ambientales retrasa los plazos para solicitar autorizaciones para investigar el potencial gasístico de una zona de los cuatro meses que se tardaba hasta ahora, a los 18 meses que tardarán en lo sucesivo.

¿Afecta a los acuíferos?

Sin embargo, para los ecologistas esto no es suficiente. Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la posibilidad de que las aguas subterráneas cercanas a las explotaciones resulten contaminadas. Este tipo de gas no convencional se encuentra impregnado en la roca en pequeñas burbujitas y no en bolsas, como es habitual, por lo que su extracción es más difícil y costosa. Para lograrlo, la industria tiene que perforar túneles de hasta 5.000 metros de profundidad e introducir agua a presión mezclada con arena, productos químicos y, en ocasiones, incluso pequeños explosivos.

En España, el 80% de los permisos de investigación pedidos o concedidos está situado sobre acuíferos. Y, según un informe de Ecologistas en Acción, de ese 80%, el 56% son acuíferos calcáreos, mucho más sensibles a esta técnica debido a la capacidad de esta roca para que el agua circule.

La industria, representada por Shale Gas España, asegura que la fractura hidráulica se realiza a mucha más profundidad de la que alcanzan los acuíferos y que la parte superior se protege con tubos de acero y cemento de alta calidad para evitar la contaminación. Sus portavoces reconocen que el líquido que se recupera es un porcentaje menor del que se inyecta, pero aseguran que éste no tiene impactos sobre el terreno.

¿Puede producir terremotos?

Otro de los posibles riesgos del fracking es la capacidad que tiene la técnica para interferir en la sismicidad de una zona. Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica ‘Science’ el pasado mes de julio relaciona los terremotos con la inyección de la mezcla química utilizada para extraer el gas mediante esta técnica. Según esa investigación realizada por cientíicos de la Universidad de Columbia (EEUU), el fracking en sí es capaz de generar miniseísmos de poca magnitud, de 3,6 en la escala Richter como máximo. Sin embargo, una técnica utilizada para deshacerse de los líquidos contaminantes que se extraen del proceso, que consiste en inyectar ese líquido en pozos subterráneos a gran profundidad, sí puede producir terremotos de magnitudes mayores, hasta 5,7 en la escala Richter, según otro estudio publicdo en ‘Geology’.

No obstante, Shale Gas España asegura que estos riesgos se pueden controlar haciendo estudios geológicos y evitando las zonas inestables, algo que, según aseguran desde la propia organización, en Europa se exigirá de forma obligatoria.

¿Qué perspectivas de futuro tiene?

En España hay multitud de permisos solicitados y algunos concedidos para investigar el potencial gasístico. La industria estima que el ‘fracking’ podría cubrir las necesidades de gas españolas actuales durante 70 años. Para los ecologistas esa cifra es muy optimista y creen que en realidad no cubriría ni 35 años.

Publican “La fe nacional”, de Galdós, y otros escritos suyos sobre España Leer más: Publican “La fe nacional”, de Galdós, y otros escritos suyos sobre España

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A finales del XIX, cuando España perdió sus últimas colonias, se aceleró la decadencia del país y cobró fuerza el nacionalismo. En medio de ese ambiente convulso, Benito Pérez Galdós hizo un llamamiento a formar entre todos “la fe nacional” en un texto apenas conocido que se publica ahora.

Ese texto, que sí fue editado en Canarias en varias ocasiones, pero no fuera del archipiélago, llega ahora a las librerías españolas en la colección de breviarios de Rey Lear, y muestra su esperanza en que sea “la unión lo que garantice la superación de aquella crisis”, como señalan en el prólogo el editor Jesús Egido y José Esteban, experto en el novelista canario.

En el mismo libro se han recuperado también otros artículos y textos de Galdós sobre España, algunos de los cuales podrían haber sido escritos ahora, como el de “Dinero, dinero, dinero“, de enero de 1865: “El vil metal es causa de todos los conflictos: todas las crisis políticas son juegos de chicos, comparadas con una crisis financiera“, decía este escritor que fue uno de los grandes narradores de su época.

“No es la Discordia, es la crisis. La crisis financiera, que es la más terrible de las crisis. La pobreza, mas no de uno, sino de todos los españoles, la bancarrota de una nación, la sublimidad del desfalco, el trueno reducido a su más augusta expresión”, afirmaba el autor de “Misericordia” en “Dinero, dinero, dinero”.

La reflexión “más triste” que produce la lectura del libro es que “seguimos igual que hace cien años. Los grandes problemas del país siguen siendo los mismos y nadie parece que tenga capacidad para solucionarlos”, señala Egido en declaraciones a Efe.

En 1898, tras la pérdida de las últimas colonias, España “se avergonzaba de su derrota y la alta burguesía conservadora y católica de regiones periféricas, alentadas por las potencias extranjeras, encuentra en el nacionalismo una coartada para proteger su riqueza sin necesidad de compartirla con el resto del país“, afirman Egido y Esteban.

Como le dice a Efe este último, autor de varios libros sobre Galdós, “La fe nacional” es la respuesta “maravillosa, rotunda e increíble” a los vientos separatistas que soplaban en Canarias y también en Cataluña y País Vasco.

“Galdós creía en España como unidad nacional de destino y tenía una viva conciencia de España”, añade Esteban.

El 9 de diciembre de 1900, cincuenta canarios homenajean en Madrid a Galdós (1843-1920) para celebrar la publicación del último tomo de la tercera serie de los “Episodios Nacionales“.

En el discurso que pronunció ante sus paisanos, Galdós aseguró que en todos ellos vivía “y vivirá siempre el alma española” (…). “Tengamos fe en nuestros destinos, y digamos y declaremos que no se nos arrancará por la fuerza, como rama frágil y quebradiza, del tronco robusto a que pertenecemos”.

“Ahora que la fe nacional parece enfriada y oscurecida, ahora que en nosotros ven algunos la rama del árbol patrio más expuesta a ser arrancada, demos el ejemplo de confianza en el porvenir. (…) De este modo contribuiremos a formar lo que hace tanta falta: la fe nacional. Cada cual en su esfera, grande o chica, debe ayudar a formarla y robustecerla, pues sin esa gran virtud no hay salvación posible para las naciones”, decía el autor de “Misericordia”.

Pero hay más artículos en este interesante libro, y siempre queda claro en ellos “el espíritu abierto y liberal de Galdós”. Como en “Soñemos, alma, soñemos“, en el que formula la necesidad de un esfuerzo educativo y cultural para que el país pueda mejorar: “Como el agua a los campos, es necesaria la educación a nuestros secos y endurecidos entendimientos”, aseguraba el gran escritor.

Y si en “¿Más paciencia?…” propone la acción para acabar con las diferencias entre la población urbana y la rural -“contra paciencia, acción; contra miseria, bienestar”, escribe-, en el ya citado “Dinero, dinero, dinero” apunta con humor una posible solución para la crisis: que los ricos cedan sus joyas a Hacienda y que la Iglesia haga lo mismo con “la quincalla de plata y oro que constituye la superflua opulencia de los templos”.

Pero Galdós sabía que “la Hacienda no saldrá de apuros por ese camino”.

El libro contiene además una breve antología de textos sobre España, entresacados de los “Episodios Nacionales” y plenamente vigentes algunos.

En el de “Cánovas” deja clara su opinión sobre los políticos: “Los dos partidos que se han concordado para turnar pacíficamente en el Poder, son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto”.

Y tampoco era buena su opinión sobre los Borbones: “El Borbonismo no tiene dos fases, como creen los historiadores superficiales… Aquí y allá, en la guerra y en la paz, es siempre el mismo, un poder arbitrario que acopla el Trono y el Altar, para oprimir a ese pueblo infeliz y mantenerlo en la pobreza y la ignorancia”, decía Galdós en “España sin Rey”.

Ana Mendoza.

El millonario luso Amorim se lanza a comprar ‘joyas’ empresariales en España

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Una de las mayores fortunas de Portugal busca oportunidades en España. El multimillonario portugués Américo Amorim, primer accionista individual de Banco Popular y de la petrolera Galp, ha entrado en capital riesgo con la creación de Amorim Global Investors (AGI), sociedad que gestionará un primer fondo de cien millones de euros; destinado a adquirir joyas empresariales españolas y lusas.

 

“España y Portugal tienden a integrar sus mercados. Nos interesan empresas con presencia a ambos lados de la frontera”, explica Pedro Pinto Coelho, consejero delegado de AGI.

Sin una asignación fija preestablecida para cada uno de los dos países, el periodo de inversión del primer fondo de AGI durará entre tres y cinco años, e irá orientado “a compañías consolidadas y a sectores anti-cíclicos”, explica Coelho.

Ambiente propicio
“Pese a tener un enfoque generalista, nos gustan el sector industrial, el energético y el outsourcing en España”, añade. Coelho, uno de los banqueros de inversión lusos con más experiencia, confía en que la crisis les permita localizar buenas inversiones. “Muchas empresas van a necesitar financiación y habrá oportunidades de spin offs (desinversiones de filiales por multinacionales)”.

Aunque la horquilla por inversión oscila entre los 5 y 15 millones de capital propio, “en caso de oportunidades excepcionales, podemos invertir hasta 50 millones de euros en virtud de nuestros acuerdos de coinversión con las empresas del grupo Amorim e inversores institucionales”.

La familia Amorim atesora intereses en inmobiliaria, energía, banca, turismo y telecomunicaciones. Una presencia que, según Coelho, “será de gran utilidad para el fondo”.

Para Américo Amorim, presidente del grupo, “la creación de AGI ilustra nuestro compromiso y confianza en la economía a largo plazo. Esperamos crear un grupo de empresas que obtengan posiciones líderes en su mercado dentro de una nueva etapa económica de estabilidad”.

Con la entrada en capital riesgo, Amorim sigue la senda de otros empresarios millonarios europeos que han irrumpido en esta actividad, como Bernard Arnauld, propietario del emporio del lujo francés Louis Vuitton, a través de su sociedad L Capital.

En España, Casa Grande de Cartagena, Inveravante y Omega Capital, family offices de la familia del Pino, Manuel Jove y Alicia Koplowitz, respectivamente, participan en fondos como Gala Capital, firma propietaria de empresas españolas, como Coronel Tapioca o el fabricante de antivirus Panda.

Alianza ibérica
Existe una amplia relación entre firmas de capital riesgo españolas y portuguesas. Mercapital mantiene una alianza para coinvertir a ambos lados de la frontera con el fondo luso Explorer. Junto a él, participa en empresas como la cadena española de gimnasios Holmes Place.

Sin embargo, el que ha llevado más lejos su condición ibérica ha sido Magnum, la firma fundada, entre otros, por Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado de Santander Central Hispano.

La entidad, que gestiona el mayor fondo de private equity para España, dotado con más de 850 millones de euros, participa en la empresa de alquiler de maquinaria industrial Vendap, y el mes pasado adquirió la mayor empresa eólica de Portugal, Enersis, por 1.200 millones de euros.

En esta última inversión, le acompañaron el empresario local Antonio Parente y ECS Capital, fondo fundado por el ex ministro luso de Finanzas Luis Campos y un ex gobernador del Banco de Portugal, António de Sousa.

El ‘Rockefeller’ de Portugal
Américo Amorim ha hecho del corcho un imperio. Partiendo de un pequeño taller fundado por su abuelo en 1870 en Oporto, este empresario luso cuenta con 18 fábricas en Portugal y delegaciones en más de cien países. A partir de ahí, ha diversificado sus inversiones, con la entrada en empresas forestales y agrícolas, el petróleo, el negocio textil o la banca.

Sus lazos con España son estrechos desde hace muchos años. Galp, de la que tiene el 33,34%, es ya una de las primeras petroleras del mercado español. Su participación del 7,8% en Banco Popular le convierte en el primer accionista individual de la entidad.

Además, Amorim ha invertido en otras empresas españolas, como bodegas (Arco) o inmobiliarias (división que vendió al grupo Chamartín). Su presencia en banca no es casual. No en vano, fue uno de los fundadores del Banco Comercial Portugués y del angoleño Banco Internacional de Crédito.

Diversificación en tiempos revueltos
– Los fondos de capital riesgo toman participaciones en empresas para apoyar al resto de accionistas y a los gestores, y desinvertir en cinco años con plusvalías.

– Grandes patrimonios españoles, como la familia del Pino y Manuel Jove, invierten en fondos de capital riesgo como estrategia de diversificación.

– Magnum, fundada por Ángel Corcóstegui, es la firma española de ‘private equity’ con mayor presencia en Portugal. Ha adquirido la eléctrica Enersis.

Las ofensas a España, sus símbolos, instituciones e himnos, serán multadas con hasta 30.000 euros

El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito, según recoge en anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

“Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave”, ha puesto como ejemplo el ministro.

Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia.

“Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra”, ha reconocido antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, “no cabe duda” de que “incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave”.

Pitadas al himno, en la ley del deporte de 2007

Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

El ministro ha defendido la oportunidad de la ley y ha recordado que en la reforma del Código Penal ahora en tramitación desaparecen las faltas, pasando algunas a ser consideradas delitos leves y otras quedan destipificadas. Es de éstas de las que se ocupará la ley de Seguridad Ciudadana. Según ha recordado, el derecho de manifestación se ha ejercido “ampliamente” en los dos primeros años de esta legislatura.

Pero además, ha defendido que, con el régimen sancionador, el Gobierno no pretende otra cosa que garantizar “más y mejor” la convivencia de los ciudadanos y castigar y aislar a los grupos violentos. “El único objetivo es castigar la violencia, proteger a los ciudadanos de comportamientos incívicos y del vandalismo”, ha sostenido ante las críticas que acusan al Gobierno de promover este texto legal para frenar las protestas ciudadanas que se suceden durante los últimos años.

Fernández Díaz también ha calificado como “absolutamente necesaria” la protección que se otorga a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, castigando tanto los insultos y amenazas a los agentes como la toma de fotografías atentando su derecho al honor o la intimidad.

Acciones contra los policías, protección suficiente

Sin embargo, estas conductas han pasado de ser consideradas faltas graves o muy graves en los borradores iniciales manejados por el Gobierno a tener la tipificación de infracción leve en el texto aprobado este viernes. El ministro ha asegurado que esta rectificación ha sido objeto del largo trabajo realizado junto al resto de ministerios.

“Quiero destacar que hasta ahora los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenían esa especial protección –ha subrayado–. Y es una protección que nos parece justa, legítima y necesaria. Y van a ser tipificadas como infracciones leves, que en los tiempos actuales nos parece una protección suficiente siempre que no sea constitutivo de delito”.

Fernández Díaz ha hecho especial hincapié en asegurar el carácter “garantista” de la legislación, siguiendo los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Según ha recordado, la sociedad ha sufrido notables cambios desde el año 1992, fecha de la que data la legislación actual, y es necesario responder ante la aparición de nuevas conductas violentas “y antisociales”.

Antes de ser remitido a las Cortes Generales, el texto deberá someterse a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Justicia

Las “ofensas o ultrajes” a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera “infracción grave”, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones “no comunicadas” delante “de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales”, ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas “infracciones graves”.

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación “ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto”, ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya “un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento”. En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de “grave” a “leve” otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía “cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones”, o bien “la grabación y la difusión” de imágenes de agentes “en el ejercicio de su trabajo” si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o “la a intervención policial correspondiente”. Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, “en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales”, según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. “De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo”, continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”.

Dos versiones distintas de lo que es España

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Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

En España ha habido siempre dos concepciones de España. Una que monopoliza el concepto de nación, “patria indivisible de todos los españoles” y que, centrada en Madrid, su capital, excluye y niega que haya otras naciones, a las cuales considera en la práctica como regiones de España. Tiene una visión radial de España, y es heredera de la España de siempre, la España imperial que conquistó América Latina e impuso su cultura, lengua y civilización. Originalmente, tenía una concepción racista, lo cual se reflejó en el hecho de que durante muchos años se definiera el Día Nacional, el 12 de octubre, como el Día de la Raza, celebrando así la conquista de América Latina.

Los máximos herederos de esta versión de España han sido el Ejército y la Iglesia española, aunque una versión más moderada está ampliamente extendida en los establishments políticos y mediáticos españoles, basados en Madrid. Esta visión, profundamente nacionalista y excluyente, fue la que ganó la Guerra Civil, y era la de los que se llamaron a sí mismos “los nacionales”, que consideraban que defendían a la Patria española contra “los rojos” y contra “los separatistas”, definiendo como tales a aquellos que no eran nacionalistas españolistas (ver mi artículo El nacionalismo españolista en www.vnavarro.org). La mayoría de las derechas en España han promovido siempre este nacionalismo españolista, aunque sectores de las izquierdas también han hecho suya una versión ligeramente modificada de esta España. Es esta España la que aparece en la Constitución, que la define como una nación única, patria indivisible de los españoles, asignando al Ejército (es decir, a la fuerza física) la misión de imponer esta concepción de España.

Pero ha habido en la historia de España otra visión de España, la España con raíces republicanas que se creía constituida por varias naciones, con una visión no radial sino policéntrica y poliédrica, en la que distintos pueblos y naciones pudieran convivir fraternalmente sin exclusiones, y con el respeto a la diversidad, acentuando la riqueza de dicha diversidad. Esta visión veía a España como una España plurinacional y policéntrica. Como ocurre en varios países federales y confederales en los que he vivido, las administraciones del Estado central pueden estar en otras capitales distintas a las del centro (en EEUU, la Seguridad Social no tiene la sede en Washington, sino en Baltimore. Y el Centro Federal de Investigación y Vigilancia Sanitaria en Atlanta. Y así un largo etcétera). Hay una larga historia de esta otra versión, más arraigada en las izquierdas, por cierto, que en las derechas, y, como es de esperar, más desarrollada en la periferia que en el centro.

En Catalunya, históricamente todas las tradiciones de izquierda, desde la anarcosindicalista a la socialista y comunista, han tenido esta otra visión de España, en la que la pertenencia de Catalunya a esta España estaría corroborada por la voluntad democrática de su pueblo. Históricamente, todas las mayores fuerzas de izquierda catalanas han defendido la autodeterminación de Catalunya (sorprenderá a muchos lectores que las izquierdas en España también habían apoyado este derecho durante la clandestinidad). En su versión más reciente, el Presidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall fue la figura más visible de esta visión de España, y fue su intento, fallido, el de convencer al socialismo español de aceptar la posibilidad de establecer esta otra versión de España. Sus dificultades fueron enormes, pues casi nadie, en realidad nadie en el socialismo español, quería hablar de esta otra versión, lo cual no deja de ser sorprendente porque, tal como acabo de resaltar, el PSOE, durante su clandestinidad, había aceptado esta versión poliédrica, plurinacional, de España. Y lo mismo había ocurrido con el Partido Comunista español.

El hecho de que abandonaran dicha versión de España se debió primordialmente a las presiones de la Monarquía, heredera de la Dictadura, y del Ejército (el heredero del Ejército golpista del 36). La Transición, lejos de ser modélica, fue muy inmodélica, pues se hizo en términos de un desequilibrio enorme de fuerzas, ya que las fuerzas ultraconservadoras que habían controlado el Estado durante la dictadura tenían un enorme dominio de tal Estado y de la mayoría de medios de información. Las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas, sin embargo, acababan de salir de la clandestinidad. La Transición no fue, por lo tanto, resultado de un proceso equilibrado, sino de un proceso dominado por las fuerzas ultraconservadoras y supervisado por la Monarquía y por el Ejército. De ahí que la Constitución fuera resultado de ese desequilibrio.

Es lógico que en estas circunstancias las fuerzas conservadoras impusieran su versión de España, la nacionalista españolista. Repito, pues, que la España de la Constitución es la España de una sola nación (por mucho que hable de nacionalidades), patria indivisible de todos los españoles, negando el carácter plurinacional del Estado español. Asignaba al Ejército la responsabilidad de garantizar esta unidad y esta visión nacional y nacionalista del Estado español. La constante referencia a la Constitución como la pared que no se puede saltar, frenando todo proceso de cambio de aquella visión de España, y la constante cantinela de que “no está en la Constitución” o “la Constitución no lo permite”, son la excusa para la perpetuación de este nacionalismo. Y cada vez que se pronuncia, está la imagen del Ejército, que no permitiría otra España.

Es más que paradójico y sumamente incoherente que este argumento lo utilicen también voces de izquierda. Esta alianza pseudopatriótica ente los herederos de los vencedores y estas voces de izquierda (excluyendo como españoles a los miles que lucharon por otra España) es un escarnio a los que lucharon contra la Dictadura para establecer una España republicana, que la había derrotado para impedir la aparición de esta otra versión de España. En realidad, este bloque supuestamente superpatriota es un bloque que defiende intereses particulares bien visibles y reconocibles. Tienen su centro en el establishment madrileño, uno de los mayores beneficiarios de aquel nacionalismo españolista que tiene una concepción radial del Estado. Hoy, ir en tren de Barcelona a Madrid lleva poco más de dos horas. Ir de Barcelona a Bilbao, la misma distancia, lleva algo más de seis horas. Naturalmente que el establishment españolista, basado en Madrid, no ve ninguna explotación en este hecho (y me estoy refiriendo críticamente al establishment españolista basado en Madrid y no a la excelente población madrileña a la que tengo en mayor estima y aprecio).

El hartazgo con el nacionalismo españolista

El comportamiento de la derecha post franquista, hoy en el gobierno central, con la ayuda de las voces del nacionalismo excluyente de izquierdas (que cepillaron el Estatuto para que estuviera conforme con la Constitución supervisada por el Ejército) ha ha creado un hartazgo tal en Catalunya que solo una minoría de la población está a favor de mantener la situación tal como está. Y un 82% desea tener voz para decidir cuál es la articulación institucional deseada entre Catalunya y el resto de España. Y es obvio que la intransigencia del establishment político-mediático españolista está radicalizando a la población. Hay muchísima gente que se siente tanto española como catalana, y que hoy está concluyendo que no quiere ser parte de este Estado español que no acepta ninguna otra versión de España que la que existe hoy. Y de ahí surge el enorme crecimiento del movimiento independentista. El establishment españolista basado en Madrid es una fábrica de independentistas. Es interesante ver el miedo de dicho establishment a que haya un referéndum en Catalunya para conocer lo que la población catalana desea. La gran mayoría de gente en Catalunya desea que se realice tal referéndum. ¿Por qué el gobierno central y el PSOE tienen tanto miedo a ese referéndum? Supongo que debe ser porque asumen que ganaría la independencia. Personalmente, no creo que el resultado fuera este. Pero lo que sí sé es que si saliera independencia, sería resultado del enorme hartazgo, bien merecido, del enorme domino del nacionalismo españolista en el Estado español. No es en Catalunya, sino en el resto de España, donde hay que buscar las causas del crecimiento del independentismo. Esto es también obvio. Pero, predeciblemente, esto es demasiado complejo para que el establishment político-mediático españolista lo entienda.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en elplural.com

vnavarro.org (1)

El Genocidio franquista

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España es una anomalía histórica. Es el único país europeo con 200.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos. Naciones Unidas reclama al Estado español que elabore un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, anule la ley de Amnistía de 1977 y enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de fuerzas políticas de izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y noviembre de 1975.
Ante la pasividad del gobierno español, la justicia argentina prepara una querella contra 300 responsables de la represión franquista. Entre los imputados, se encuentran Rodolfo Martín Villa, que ordenó la masacre de Vitoria-Gasteiz, José Utrera Molina, ministro franquista y uno de los firmantes de la condena a muerte de Salvador Puig Antich, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, brutal agente de la Brigada Político-Social, Jesús Muñecas Aguilar, guardia civil golpista y notable torturador, y Fernando Suárez, que participó en el consejo de ministros que firmó las últimas ejecuciones del régimen en septiembre de 1975. Es improbable que estos criminales acaben en un tribunal, pues el gobierno español –neoliberal o socialdemócrata- se inventará cualquier argucia legal para evitar su extradición. La Transición española no fue una ruptura con el franquismo, sino una Reforma del franquismo, que agravió nuevamente a sus víctimas, condenándolas a ser polvo y olvido en algunas de las 2.500 fosas clandestinas excavadas por falangistas, requetés, guardias civiles, católicos devotos, aristócratas y militares
El principio de jurisdicción universal reconoce la competencia de cualquier tribunal para encausar a los responsables de delitos contra la humanidad. Son crímenes que nunca prescriben por su especial gravedad. La España de la Transición no mostró ninguna preocupación por las víctimas de la dictadura. Los asesinos y torturadores continuaron en sus puestos, a veces condecorados y homenajeados. Rodolfo Martín Villa concedió en 1977 a Juan Antonio González Pacheco la Medalla de Plata del Mérito Policial y organizó una cena en su honor, alegando que su iniciativa constituía un “desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Actualmente, Pacheco trabaja en empresas privadas de seguridad y Martín Villa es un próspero empresario. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno generalizado. Los comisarios Manuel Ballesteros y Roberto Conesa, dos policías que adquirieron una siniestra fama por su ferocidad durante los interrogatorios, prosiguieron tranquilamente sus carreras, participando en las operaciones de “guerra sucia” contra ETA. Los asesinos del estudiante Enrique Ruano (los inspectores Celso Galván, Francisco Luis Colino y Jesús Simón) escalaron posiciones con el PSOE, obteniendo condecoraciones y altos cargos. Algo semejante sucedió con José Antonio Gil Rubiales y Juan Antonio González García, ambos implicados en las salvajes torturas que acabaron con la vida de Joxe Arregi, presunto militante de ETA. En 2005, Gil Rubiales fue nombrado Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife. Un año antes, el PSOE había otorgado a González García el cargo de comisario general de la Policía Judicial. José Matute y José Martínez Torres también pertenecían a la Brigada Político-Social. Matute torturó y mató en 1975 a Antonio González Ramos, militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias. En 1983, José Barrionuevo, Ministro del Interior del primer gobierno del PSOE, requirió su colaboración para rastrear el Barrio del Pilar, buscando a un comando de ETA. Barrionuevo también recurrió a Martínez Torres. Le situó al frente de la Brigada Central de Información, sin inquietarse por los innumerables testimonios que le responsabilizaban de crueles torturas físicas y psíquicas. En las Fuerzas Armadas, se actuó con los mismos criterios. El general José Antonio Sáenz de Santamaría, que había combatido al maquis en los años de la posguerra, y se había encargado de organizar los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1975, fue designado director general de la Guardia Civil por el gabinete de Felipe González. Se le atribuyen muchos éxitos en su lucha contra el maquis, empleando pequeñas dosis de pentotal sódico, que inducen un estado de aturdimiento y favorecen las confesiones. La Gestapo utilizó habitualmente este procedimiento. El fervor de Sáenz de Santamaría por los métodos de la guerra sucia se plasmó en una frase sobrecogedora: “Prefiero la guerra a la independencia de Euskadi”. El teniente general Andrés Casinello se movió en la misma línea. Se le considera el fundador del GAL verde y el cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), que incluían las técnicas clásicas de contrainsurgencia: torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Casinello se limitó a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la base militar norteamericana de Fort Bragg. El Plan ZEN obedecía a la filosofía de combatir la subversión, aplastando sus diferentes focos territoriales. De esta forma, el Estado español se sumó a la doctrina de la seguridad nacional, copiando en Euskal Herria la actitud norteamericana con su “patio trasero” (América Latina) y con los países asiáticos y africanos situados bajo su esfera de influencia.
Las aguas turbias de la Transición proceden del ánimo genocida de los sublevados en 1936. Mola, Franco y sus conmilitones ordenaron que se fusilara sistemáticamente a todos los desafectos al Movimiento. En una nota del 19 de julio de 1936, Mola afirma que el propósito de la rebelión es “sembrar el terror… eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. La brutalidad de Mola no conocía límites. Es famosa la frase que le espetó a su secretario personal: “Yo veo a mi padre en las filas enemigas y lo fusilo”. Franco obraba de acuerdo con la misma filosofía. En julio de 1937 declaró al periodista norteamericano Jay Allen: “No puede haber ningún acuerdo, ninguna tregua. Salvaré a España del marxismo a cualquier precio”. “¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?”, preguntó el corresponsal. “He dicho a cualquier precio”, contestó el general, con su frialdad característica. El capitán Aguilera, jefe de prensa de Franco y décimo séptimo conde de Alba de Yeltes, se muestra más explícito y displicente: “En épocas más sanas… las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles… Son una raza de esclavos… Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste… Nuestro programa consiste en exterminar a un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado”. Gabriel Jackson estima que la represión franquista causó 400.000 víctimas. En La República española y la guerra civil (1931-1939), un clásico de la historiografía contemporánea, menciona la visita de Heinrich Himmler a Madrid en 1941. Himmler, que aportó su experiencia para mejorar el entrenamiento de la policía política española, “desaprobó, por razones tácticas, el promedio de ejecuciones”, pues lo consideró excesivo. Después de examinar rigurosamente varias fuentes, Gabriel Jackson desglosa el número total de víctimas: “100.000 muertos en los campos de batalla; 10.000 por las incursiones aéreas; 50.000 por enfermedades y desnutrición (durante la guerra civil); 20.000 por represalias políticas en la zona republicana; 200.000 por represalias nacionalistas durante la guerra; 200.000 prisioneros rojos muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943”.
Se afirmó que las cifras de Gabriel Jackson eran una exageración incapaz de soportar el contraste con la realidad. Sin embargo, hace pocos años Paul Preston calculó que había 180.000 desaparecidos en fosas clandestinas. A esta cifra espeluznante, hay que sumar las ejecuciones con sentencia y las muertes en la cárcel por torturas, enfermedad o malos tratos. El periodista norteamericano Charles Foltz, corresponsal de la Associated Press en Madrid durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, publicó en 1948 una obra titulada The masquerade in Spain. Foltz sostiene que el número de ejecutados o muertos en prisión entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia, asciende a 192.684. Esta cifra, que se ha considerado improbable y desorbitada, coincide con las impresiones del conde Galezzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista. Tras recorrer diferentes regiones de España en julio de 1939, escribe: “Sería inútil negar que sobre España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las ejecuciones son aún muy numerosas; sólo en Madrid, de 200 a 250 diarias; en Barcelona, 150 y 80 en Sevilla, que en ningún momento estuvo en manos de los rojos”. No me atrevo a dar una cifra total, pero entre las víctimas del franquismo hay que incluir a 30.000 niños y niñas separados forzosamente de sus familias, la mayoría hijos de presas republicanas. Hay otros 6.000 casos de bebés robados durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia, casi siempre por motivos de “higiene social” (hijos de madres solteras o de familias con un perfil marginal). En La guerra civil española, Antony Beevor especula que “la represión franquista durante la guerra y la posguerra podría situarse alrededor de las 200.000 víctimas”. Beevor apunta que esta estimación –para muchos, inferior a la realidad- confirma las amenazas del el general Gonzalo Queipo de Llano: “juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer por lo menos diez”. Las cifras de Gabriel Jackson han sido avaladas por los hallazgos de nuevas fosas clandestinas. Hace dos años, se calculaba que existían 1.000 fosas sin exhumar. En ese tiempo, se han descubierto otras 1.500. Con estos datos, no se puede negar que el franquismo cometió un genocidio.
La exhumación de las fosas y la imputación de los culpables son tan importantes como un relato objetivo de los hechos. El sentido de la justicia exige una perspectiva ética, que permita dilucidar la posición moral de los contendientes. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista más adecuado para hablar de la lucha del maquis? El maquis actuó entre 1939 y 1965. Su ofensiva de más envergadura fue la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, donde 4.000 guerrilleros se enfrentaron a un contingente de tropas franquistas compuesto 50.000 hombres bajo el mando de los generales Juan Yagüe y José Moscardó. La ofensiva fracasó. Los maquis sufrieron 588 bajas y los franquistas 248. Este descalabro no evitó que el maquis mantuviera su desafío, pero a una escala más pequeña, empleando la táctica de guerra de guerrillas. En el artículo publicado en el diario YA el 12 de octubre de 1971, el teniente coronel José María Gárate, adscrito al Servicio Histórico Militar, publicó un artículo titulado “Veinte años del hundimiento del maquis”. Gárate escribe: “No hay un balance completo de bajas, pero la Guardia Civil tuvo 276 muertos. Los muertos y heridos de los bandoleros fueron más de 5.500 en unas 8.000 acciones terroristas”. En un reportaje publicado en el ABC en 1994 para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la Guardia Civil, se proporcionan cifras más precisas: “Bajas de bandoleros, 5.548. Bajas del Cuerpo, 624. Detenidos como enlaces, cómplices y encubridores, 19.407”. ¿Eran los maquis bandoleros, terroristas? ¿Se puede considerar a los guardias civiles abatidos víctimas del terrorismo? En mi opinión, el maquis fue un ejemplo de resistencia y dignidad. La represión ejercida por el Ejército y la Guardia Civil sólo puede interpretarse como una prolongación del genocidio perpetrado por el régimen franquista. Sin embargo, el partidista y vergonzoso Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia llama “terroristas” y “bandoleros” a los combatientes del maquis. Al mismo tiempo, elogia la figura de los generales golpistas y el “Glorioso Alzamiento Militar”. Semejante planteamiento sería inaceptable en Francia, que honra los héroes de la Resistencia, o incluso en Alemania, que prohíbe cualquier forma de exaltación de la dictadura nazi.
En España, se considera “enaltecimiento del terrorismo” homenajear a José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”, pero Luis Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y ex ministro de Franco, puede escribir tranquilamente: “Franco murió cristianamente en la cama de un hospital público, después de 40 años de buen gobierno rodeado del cariño de su pueblo y fue ensalzado y homenajeado por su sucesor, el hoy Rey de España”. Imagino que entre los logros y cimas de ese “buen gobierno” hay que incluir las fosas clandestinas que albergan aún los restos de un número creciente de desaparecidos, pues cada vez que se realizan trabajos de exhumación aparecen más víctimas de las esperadas. José María Pemán, en una arenga que retransmitió Radio Jerez el 24 de julio de 1936, expresó inmejorablemente el espíritu de la sublevación: “La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión”. Desgraciadamente, este espíritu no se ha extinguido y sigue impidiendo que España se convierta en un país realmente democrático, donde se prohíba el ensalzamiento o justificación de la dictadura franquista, se borren definitivamente sus símbolos, se enjuicie a los responsables de sus crímenes y se exhumen los restos de los miles de hombres y mujeres asesinados por su compromiso con una sociedad más libre e igualitaria. Hasta entonces, España será una anomalía, una estructura opresiva que no cesa de inventar leyes para criminalizar las protestas sociales, amordazar a los disidentes, frustrar los anhelos independentistas y pisotear la memoria de los que perdieron la vida ante un pelotón de ejecución o en el infame garrote vil. Tal vez la muerte del joven anarquista Salvador Puig Antich, lentamente estrangulado por un verdugo ebrio y esmirriado un lúgubre 2 de marzo de 1974, simboliza de forma particularmente trágica la brutalidad de una dictadura que aún contamina el presente, recordándonos que los canallas duermen tranquilos y las víctimas aún claman justicia desde las entrañas de la tierra.
Rafael Narbona

Una sociedad que avergüenza

FUENTE

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

La sociedad española parece tener un buche en el que cabe todo. Engulle lo que le echen en tales proporciones que pronto habrá de habilitar esófago, estómago e intestinos para seguir almacenando lo que ingiere. El saco de la suciedad soportable se ha ido llenando al punto que ya desparrama fuera sus excrementos como lo hizo la basura de Madrid. Hasta las más inmensas tragaderas tienen un límite de espacio, no parece en el caso español. Estamos dando como pueblo un espectáculo deplorable.

Los poderes nos suministran porquería prácticamente a diario. Y la mayoría la ingiere sin mirarle el diente. Es la sentencia del Prestige, que deja la catástrofe sin culpables tras 11 años de dilación para alimentar el olvido. El chapote que sí existió tizna a la justicia y a la propia sociedad complaciente. Son los 45 diputados del PP valenciano –de los 54 electos– firmando una petición de indulto para que no entre en prisión el colega que prevaricó en Torrevieja, según condena judicial –que alguna hay–. Siguen la estela, por cierto, del magnánimo Gobierno central, presto a eximir de la cárcel a toda suerte de corruptos y estafadores de altura, torturadores, y hasta a homicidas al volante que hayan tenido la previsión de contratar los servicios del bufete adecuado. La podredumbre de la vida política actual nos entronca con los periodos más negros de nuestra historia.

Hemos visto cosas que no creeríamos. No hasta ese punto y con tanta frecuencia. Cada uno de los escándalos desvelados hubiera costado el puesto, la caída del Gobierno incluso, de forma fulminante; la aglomeración parece diluirlos. El aire se enturbia cada día más, lo viene haciendo a golpes continuos de hollín hasta haber llegado al nivel de irrespirable. Mientras, los autores del desastre caminan, erguidos y suficientes, como si nada fuera con ellos.

Cuando supimos, publicado en prensa y confirmado por él, que todo un presidente del Gobierno intercambiaba SMS de ánimo con su extesorero imputado por corrupción vinculada a su partido, pensamos que todo habría de estallar necesariamente. Sueldos, sobresueldos –hasta en A, que son casi igual de flagrantes–, donaciones al partido de las mismas empresas que reciben el contrato público de cuanto se gestiona y construye en España. Y a las que la justicia no ve relación punible porque no han firmado un escrito en el que diga: vale por un cohecho. Borrado de ordenadores comprometedores que tampoco merecen sospecha judicial. Privatizaciones cuyo tufo atruena. Finiquitos diferidos. Recibís que se firman sin que medie la recepción del dinero, según se atreven a declarar. Ni el más surrealista de los autores de ficción osaría escribir un guión tan zafio e inverosímil. Interpretado, además, por un elenco de actores de tan ínfima categoría que parecen reclutados en un desguace. De Botella a Montoro, pasando por González, Báñez, Mato, Soria, Fabra, Camps, Barberá, Bauzá, Floriano, Cospedal o el propio Rajoy, encabezando la interminable lista.

¿Nos toman por idiotas? Puede ser, pero sin duda por mansos, o moldeables. Porque, siguiendo la triste tradición de nuestro país, a quien protesta se le acalla. Por el método que sea. Saben –y ése es su triunfo– que mientras no estalle eso que llaman en términos elogiosos su “mayoría silenciosa”, sumisa, hay margen. Y, si no, se construye el entramado legal y judicial ad hoc. El Código Penal de Gallardón o la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández Díaz en Interior, altamente represora. Para cortar reclamaciones molestas o ante cualquier eventualidad, María Dolores de Cospedal avanza ante las NNGG que el PP piensa poco menos que sacar a España de la jurisdicción de los tribunales Internacionales. Y ni se inmuta al decirlo. Ni la sociedad al escucharlo.

Asistimos al patético episodio de ver en el mismo escenario, al presidente del PP y del Gobierno –que solo habla ante quien le aclama y le corea– aplaudirse a sí mismo por sus imaginarios éxitos, al cumplirse la mitad de su mandato. Tan encantado con su labor está, que promete persistir en ella: nos seguirá empobreciendo y aumentando la desigualdad social con sus “reformas”. Él y los suyos están mejor que hace dos años, no el resto. Sin duda.

La lista de irregularidades es tan larga que la mayoría la olvida entretenida en su labor de embuchar hasta sapos con púas. Cierto que tanto golpe seguido, tanta desfachatez andante, puede terminar por anestesiar. Si se está enfermo; una sociedad sana no lo toleraría. En ningún país serio seguiría en la presidencia del Gobierno una persona que ha mentido desde la primera a la última de sus palabras y que se halla circundado por SMS y cuentas turbias. No continuarían ni un minuto más en su puesto los 45 diputados valencianos. Ni los órganos de la justicia que alojan en sus estómagos sentencias como la del Prestige y todas las que se avecinan, dando una insufrible sensación de impunidad. No se aguanta esta batería de desafueros en otros países aunque no sean un dechado de virtudes. Se echa a los corruptos. Se van ellos, incluso. Antes incluso del proceso judicial; la sospecha fundada, tanta sospecha fundada mancha.

En el llamado “escándalo de los gastos parlamentarios” de 2009 en el Reino Unido, se penó el robo de cantidades que aquí son calderilla. La sensible diferencia es que todos ellos fueron obligados a dimitir. Que sus partidos se mostraron férreos con eso. Y que en las calles de Londres la ciudadanía evidenció su enorme rechazo, su irritación, su determinación irrevocable de castigar estas prácticas. Vengan de donde vengan. Aquí no ocurre. Ni por asomo.

Hace meses que la prensa internacional se pregunta hasta dónde va a aguantar la cuerda a Mariano Rajoy y su partido. En julio decía The Economist: “La corrupción es la piedra de molino del señor Rajoy. ¿Va a hundirlo? La combinación de una mayoría parlamentaria absoluta, una inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles, escándalos similares que golpean la oposición socialista y un sistema judicial lento significa que probablemente no lo hará”.

Esa “inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles” que los medios extranjeros resaltan duele y avergüenza profundamente a los españoles decentes. A los que aún arriesgan su dinero y su trabajo para defender, por ejemplo, la sanidad pública, ahuyentando a los buitres que vienen a comer lo que han convertido o quieren convertir en carroña de la que lucrarse. A los que han dejado unos días la basura en la calle –como metáfora– para no emporcar más los salarios y condiciones laborales de los españoles. A quienes no quieren ser identificados con la España corrupta.

¿Cómo ha podido convertirse en normalidad esta inmundicia? ¿Qué puede germinar en esta mugre? Sea cual sea su papel en la obra, protagonista o secundario, si usted es de los que tiene tan empachado el buche que ya se le confunde con el intestino, mírese al espejo y reflexione si ve en él a un ciudadano o qué ve. Sinceramente.

Publicado en eldiario.es

El Periscopio

Campos de concentración para vagos y maleantes en España

Campos de concentración para vagos y maleantes en España
Imagen de los reclusos en el campo de concentración de Alcalá de Henares.
24 de noviembre de 2013
12:56

La Ley de Seguridad Ciudadana que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende implantar en España es la última de una serie histórica de leyes relativas al orden público que siempre han sido usadas con un eminente carácter político y represor. Esta nueva norma sustituirá a la Ley Corcuera, pero antes de ésta hubo tres leyes de infame recuerdo. La Ley de Peligrosidad Social en 1970 y las dos leyes de vagos y maleantes -aunque luego se entenderá que sólo fue una-  la republicana del gobierno de izquierdas de Azaña y la franquista de 1954.

La ley de vagos y maleantes republicana se promulgó en agosto de 1933 y posteriormente sirvió al gobierno de derechas del radical Alejandro Lerroux como arma de represión en la huelga revolucionaria de 1934. Precisamente bajo el amparo de esta ley de orden público se crearon los primeros campos de concentración que luego serían norma durante la guerra civil y el franquismo.

La ley de vagos y maleantes.

La ley de vagos y maleantes se aprobó el 8 de agosto de 1933 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del momento y promovida por el gobierno de izquierdas de Manuel Azaña. La Gandula, tal y como se llamó popularmente a la disposición,  penaba las conductas antisociales y para ello se establecían una serie de categorías de “estado peligroso”. La ley podía ser usada para sancionar comportamientos que, sin ser delictivos, eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad. La Gandula fue usada a discreción contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese. La Ley de Vagos y Maleantes se convirtió de facto en una ley contra los más desfavorecidos.

La categorización de las conductas antisociales a perseguir incluidas en el artículo 2 de la ley, eran diez.

  1. Los vagos habituales.
  2. Los rufianes y proxenetas.
  3. Los que no justifiquen cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.
  4. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.
  5. Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.
  6. Los ebrios y toxicómanos habituales.
  7. Los que para su consumo inmediato suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.
  8. Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.
  9. Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.
  10. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

Entre esas categorías destaca la inclusión entre las actividades delictivas no tener empleo, tener una adicción toxicológica o la mendicidad, y para su correcta aplicación se llegaron a crear juzgados especiales por la ingente cantidad de expedientes que se desarrollaban.

Los campos de concentración

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II en la parte relativa a las medidas de seguridad incluye el internamiento en campos de trabajo y de concentración. Para poder dar salida a la inmensidad de expedientes condenatorios-2.400 en solo un mes– que propició esta ley se planificó la construcción de tres campos de concentración en España y uno en la isla de Annobón en la colonia de Guinea Ecuatorial.

En la península los campos estarían situados en Burgos, anexo a la prisión, otro en el Puerto de Santa María, en Cadiz, y otro en Alcalá de Henares. Fue este último el primero en abrir en agosto de 1934. La apertura de este complejo de trabajos forzados fue noticia en toda la prensa de la época. Especialmente para La Vanguardia y ABC, así como para la revista Estampa, que realizó un monográfico sobre este complejo penitenciario.

Portada Estampa

La creación de estos campos de concentración fue acogida con horror por las posibles víctimas de La Gandula, en una época en la que el hurto para subsistir, el desempleo o la mendicidad estaban muy extendidas en todo el territorio español. Esta ley sancionaba que el simple hecho de ser pobre te convertía en posible inquilino de uno de estos campos de trabajo.

“Me voy de España espantado al solo pensamiento de caer en las mallas de ese tormento penitenciario…Esto se pone muy mal, no hay conciencia. Quieren acabar con todos nosotros” decía uno de los posibles afectados por esta ley a la revista.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, los desempleados. Paradójicamente los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, que les prestaba la ventaja de una buena defensa jurídica, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas“Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con diez y ocho o veinte trajes de corte y calidad impecables”.

Era habitual encontrar en la prensa de la época las sentencias del día aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, que con total normalidad, hablaban de las penas de uno a tres años de internamiento en un campo de concentración por el juzgado de instrucción de turno.

Trabajos forzados

Modificación de Franco en 1954

La Ley de vagos y Maleantes se mantuvo vigente hasta prácticamente 1970 con una pequeña modificación hecha en 1954 por el régimen de Francisco Franco. La adenda consistió en un apartado de la categorización de las conductas antisociales, en la que se incluyó la homosexualidad como un delito a perseguir. En el resto de articulado mantuvo el espíritu y la letra de la ley de 1933 hecha por Manuel Azaña y aceptada por todo el arco parlamentario de la época. En 1970 la ley fue derogada dando paso a la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que mantenía los mismos principios represores de las conductas sociales estableciendo penas de hasta 5 años de reclusión o de internamiento en centros psiquiátricos. A pesar de que durante el periodo democrático esta ley no fue aplicada continuó vigente hasta su derogación en el año 1995.

Modificación 1954

Desigualdades como causa de la crisis

FUENTE

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 23 de septiembre de 2011

Este artículo analiza las causas de la crisis económica y financiera existente en la mayoría de países de la OCDE incluyendo España, subrayando que el descenso muy marcado de las rentas del trabajo y el crecimiento muy acentuado de las rentas del capital han sido factores determinantes de tal crisis.

Desde hace años, algunos pocos hemos estado señalando que una de las causas más importantes de la Gran Recesión actual es el enorme crecimiento de las desigualdades sociales, con una gran concentración de las rentas en los sectores más adinerados de la población (cuyas rentas proceden primordialmente de las rentas del capital) a costa de las rentas de la mayoría de la ciudadanía (cuyas rentas proceden primordialmente del trabajo). Ello ha determinado un descenso muy notable de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, forzándola a endeudarse. Ni que decir tiene que el sector que se ha beneficiado más de esta necesidad de endeudarse ha sido el capital financiero y muy en especial la banca. Éste es el origen del enorme endeudamiento de las familias.

Por otra parte, el descenso de la capacidad adquisitiva de la población ha determinado un problema de escasa demanda de bienes y consumos, responsable de la ralentización de la actividad económica. La gente no compra como compraba antes y, además, está profundamente endeudada. Ello conlleva una baja rentabilidad de lo que se llama capital productivo. Y el capital deja de invertirse en la economía productiva para pasar a invertir en actividades especulativas, siendo la penúltima la burbuja inmobiliaria, y ahora la burbuja de la deuda pública.

De este análisis se deriva la necesidad de revertir este crecimiento de las desigualdades, siguiendo políticas casi opuestas a las que se están desarrollando por la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, tales como reformas fiscales progresivas, aumento de los salarios y del gasto público social (que tiene un efecto redistributivo), y reducción del sector financiero, gravando las actividades especulativas, cuando no eliminándolas, tal como se hizo, por cierto, para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX. El hecho de que no se esté desarrollando ninguna de estas políticas muestra el grado de dominio que las tesis neoliberales continúan teniendo en los establishments políticos de los países desarrollados. Y a los autores que continuamos subrayando que la raíz del problema es el crecimiento de las desigualdades se nos margina, cuando no se nos ignora.

Pero mira por donde, se ha publicado un informe por el Gabinete de estudios de nada menos que uno de los Vaticanos del pensamiento neoliberal, el Fondo Monetario Internacional, que nos viene a dar la razón. El Informe, titulado “Inequality, Leverage and Crises”, escrito por Michael Kumhof y Romain Rancière, no es un documento oficial del FMI (como el informe rápida y claramente puntualiza), y es más que probable que nunca se convierta en política oficial del FMI. En realidad, a pesar de la enorme importancia del estudio, sus contenidos apenas se han distribuido. Por cierto, sorprende agradablemente el rigor del estudio que contrasta con la chapuza del último informe del FMI sobre España (“Spain. July 2011, IMF County Report. No. 11/215”). Este último informe, incluso por los bajos estándares del staff del FMI, es un insulto al intelecto. Repiten machaconamente las mismas recetas neoliberales, sin haberse tomado la molestia de mirar los datos. Por ejemplo, recomiendan la disminución del gasto público que cubre los salarios de los empleados públicos, indicando que España se gasta demasiado en empleo público, cuando los datos muestran precisamente lo contrario. España es uno de los países con menor porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos (véase “El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la Administración, de la EAE Business School”, de Vicenç Navarro, Marta Tur, Miquel Campa y Carlos Carrasco, en http://www.vnavarro.org)

Pero el Centro de Estudios del FMI tiene un mayor nivel intelectual, y el informe sobre las desigualdades es excelente. Es un placer ver documentos cuyas propuestas están avaladas, no por dogma, sino por datos creíbles tal como hace este estudio. Aunque se centra en EEUU, el informe podría haber incluido también a los países de la Unión Europea (incluyendo España). En parte, su focalización en EEUU se debe a la centralidad de la economía estadounidense a nivel mundial pero también a la disponibilidad de datos, un elemento de gran importancia, pues en España, por ejemplo, es dificilísimo encontrar datos creíbles sobre la distribución de la renta.

El informe muestra la evolución de las rentas desde 1970 a 2005 en EEUU, señalando el enorme crecimiento de las rentas de la decila superior y el descenso de todas las demás. Muestra también como esta concentración de las rentas ha causado un gran crecimiento del endeudamiento de la mayoría de la población, la cual, al sufrir una disminución de su renta, tuvo que endeudarse para mantener el nivel de vida al cual estaba acostumbrada, y con ello mantener también la demanda doméstica. Los autores muestran que a mayor crecimiento de la concentración de las rentas en la decila superior, mayor endeudamiento del resto de la población, y mayor tamaño del sector financiero en EEUU, una relación de una enorme importancia. El artículo también señala como este endeudamiento, clave para continuar el nivel de demanda, fue facilitado por la bajada de intereses. Y de ahí, la génesis de la burbuja inmobiliaria tal como documentan los autores. Éstos muestran también que el incremento de la financialización (es decir, del sector financiero en la economía) significó una caída de las inversiones en sus sectores productivos.

En realidad, si hubiera datos creíbles podríamos ver que la situación es casi idéntica en España. Es un indicador del enorme poder de las clases más adineradas que esta realidad es ignorada en los mayores fórums mediáticos y políticos del país.