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El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz Leer más: El ‘agujero’ del Castor pone en guardia al sector del gas por temor a una reforma feroz

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La reforma del gas afronta un escollo fenomenal, que determinará la dureza del ajuste que prepara el tándem Soria-Nadal. Y es que los más de 200 millones de retribución anual comprometida con el almacén Castor condicionan decisivamente los números que se hacen en el Ministerio de Industria, si es que finalmente tienen que abonarse. Las diferentes empresas afectadas no dudan en deslizar sotto voce su inquietud, en parte por la falta de feed-back del Gobierno respecto al futuro del depósito, paralizado por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña a la vuelta del pasado verano.

Los números cantan. El ministro sitúa el saldo negativo del gas en torno a los 400 millones de euros al cierre de 2013, si bien fuentes empresariales lo acercan más a los 300. Los últimos datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban el desajuste en 638 millones a mes de diciembre, si bien restan dos liquidaciones para dar por cerrado el ejercicio y, según explican fuentes del sector, lo normal es que el montante se reduzca hasta el entorno que plantean Soria y las compañías. Aunque el agujero está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo ya para evitar males mayores, sobre todo a la vista del problema estructural que se otea.

Y con esa premisa, ¿qué partidas se pueden contener? Los costes regulados se concentran en dos rúbricas. En primer lugar, en los costes de infraestructura básica. Según las prospecciones que maneja el sector, estos gastos alcanzaron el año pasado los 1.438 millones de euros -488 en abonar la regasificación; 47 en sufragar el almacenamiento, y 903 en pagar el transporte-. La otra gran partida es la distribución, que se habría llevado 1.467 millones. Aunque la recuperación económica y el aumento de la demanda debería ayudar a los ingresos, el ajuste sólo puede hacerse mediante un recorte de la retribución de las actividades reguladas y/o un incremento de los peajes, lo que tarde o temprano repercutirá en una subida de la tarifa para hogares y clientes empresariales. En esa ecuacion se mueve el Ministerio.

“Las empresas están dispuestas a asumirlo, siempre y cuando la rebaja no sea tan brutal que les estrangule y no les permita crecer”, exponen fuentes próximas a las conversaciones. Y ahí es donde entra el Castor, instalación propiedad de Escal UGS, firma controlada por ACS. De hecho, sólo ese proyecto se lleva en compensaciones la mitad del déficit acumulado. Las recibirá por diferentes vías, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el sector. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, debería embolsarse en torno a 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón, se apuntaría otros 70 millones.

No a la vía judicial

En total, fondos cercanos a los 250 millones anuales, que deberían compensarse vía ingresos o con otros ajustes. Pese a sus esfuerzos iniciales por buscar negligencias en el almacén y no pagar a ACS, el Ministerio preferiría no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Inicialmente, Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubiera producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito. Algo no fácil de probar.

Como telón de fondo, la pésima planificación energética firmada por los ejecutivos socialista y popular. No en vano y según la patronal Sedigas, las inversiones en infraestructuras del sistema gasista español no han disminuido un ápice durante la crisis, pese a que no eran en absoluto necesarias en pleno desplome de la demanda por la recesión económica. Es más, se han incrementado en un 6%. En este sentido y entre los años 2006 y 2008, las inversiones alcanzaron una media de 1.245 millones de euros. En el periodo 2009-2012, años que invitaban a las restricciones, se situaron en un promedio de 1.325 millones, llegando a los 1.616 millones en 2011. Instalaciones en muchos casos innecesarias para la operación actual, pero que deben retribuirse. Un disparate.

Sin contar el descontrol en el coste de los proyectos, vía ‘modificados’. El Castor, cuyo presupuesto se situaba inicialmente en 700 millones, alcanzó una inversión de 1.700. Como publicó El Confidencial, el secretario de Estado, Alberto Nadal, ha llamado a consultas a las cinco grandes empresas del sector para aquilatar la reforma. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han desfilado por el Ministerio con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del verano. Las empresas tienen miedo y no lo ven claro, pero quieren verlo. E Industria quiere evitar más problemas tras el drama vivido en el sector eléctrico. Un escenario inmejorable para la entente. Si los números cuadran…

Los científicos no descartan que Castor provoque más terremotos si no se cierra

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El informe científico sobre el proyecto Castor, aún en elaboración, pronostica que habrá más microterremotos si el Gobierno no paraliza definitivamente la planta de almacenamiento de gas, según asegura hoy la Cadena Ser, que cita “fuentes conocedoras del proceso”. Los técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME) están ultimando el informe que les encargó el Ministerio de Industria y podrían entregarlo la semana que viene.

Los científicos ya dijeron a principios de octubre, en cuanto recibieron el encargo de Industria, que no se podía descartar que volviera la actividad sísmica si se ponía en marcha de nuevo el Castor. De hecho, la propia empresa ha reconocido siempre que los terremotos más pequeños, los de magnitud inferior a 3, se deben a su actividad. Las técnicas de inyección de gas en el subsuelo como la que utiliza Castor para almacenarlo a grandes profundidades están asociadas a lo que se conoce como sismicidad inducida. Son seísmos, sin embargo, que la población no percibe.

También se sabía que no ha sido la falla de Amposta, sobre la que se asienta el depósito, la que ha provocado los terremotos de mayor magnitud –los ha habido hasta de 4,2, y la población del entorno de Vinaròs (Tarragona) los ha percibido claramente–, sino una más pequeña situada en el entorno, probablemente no cartografiada. Los expertos ya la tienen localizada, según relataron dos fuentes a EL PAÍS hace unos días. La Ser asegura que el informe no descarta que se pueda volver a despertar si vuelve la actividad al subsuelo de la zona.

En realidad, los técnicos del IGME no descartan prácticamente nada. Fuentes consultadas por este diario siempre han repetido que el informe que harán es de carácter técnico, mientras que la decisión de permitir que vuelva a usarse Castor es política y económica. Dada la sismicidad inducida que acarrean estos proyectos, ningún científico puede firmar si es seguro “al cien por cien” –la expresión que empleó el ministro de Industria, José Manuel Soria, como condición para reabrir Castor—reanudar una actividad que inyecta gas en un subsuelo sísmicamente activo.

La Generalitat catalana desactivó su plan de emergencia sísmica (Sismicat) el pasado 29 de octubre, tras registrar seis días sin terremotos en la zona del Castor. Durante la crisis se han producido más de 600 seísmos.

Geólogos critican el «secretismo» en la investigación del Castor

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Los geólogos ajenos a la investigación oficial que se desarrolla sobre el almacén submarino Castor no tienen acceso a los datos y los que sí están directamente implicados no pueden informar en público del desarrollo de los trabajos. Así lo denunciaron ayer diversos participantes en una mesa redonda organizada por la facultad de Geología de la Universitat de Barcelona (UB). «Esperemos que algún día dispongamos de la información y la gente obre en consecuencia», afirmó Pere Santanach, catedrático emérito de Geodinámica Interna. Mariano Marzo, catedrático de Estratigrafía, llegó incluso a hablar de «secretismo» y «falta de transparencia».
Los participantes en el debate suscribieron sin discusión que la actividad sísmica detectada en la zona es atribuible a los trabajos en el Castor y que «muy posiblemente una nueva inyección de gas volvería a ocasionar terremotos», como afirmó Eulàlia Masana, profesora del departamento de Geodinámica de la UB. En su opinión, la presión empleada para guardar el gas fue muy baja, por lo que «poco cambiaría la situación» si se inyectara de otra manera.
Masana consideró además que los estudios en curso, «que podrían prolongarse hasta un año», jamás podrán determinar con una certeza absoluta que la zona no vuelva a sufrir terremotos. Y si se determina que el riesgo es pequeño para la población, entonces la decisión final sobre la continuidad del Castor no será científica, sino «exclusivamente política», dijo Marzo. «Estamos llegando a un momento en que la presión social puede ser más importante que la ciencia».
El catedrático de Estratigrafía recordó que la empresa Escal UGS realizó ocho perforaciones de prueba y cumplió todos los requisitos legales –nada menos que 42 trámites administrativos–, pero se preguntó si algo habría que cambiar en la ley para analizar más los aspectos sísmicos. Los participantes en el debate incidieron en este aspecto: «Es vergonzoso que se pueda empezar a perforar sin una red de sismógrafos», dijo Jesús Carrera, especialista del CSIC. Ahora es esencial, concluyó Masana, que se instalen sismógrafos submarinos. Pero, claro, «son caros».

Castor provocará más terremotos si sigue adelante, según el informe de los científicos

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Según fuentes conocedoras de este proceso, este informe es técnico y, por lo tanto, no especificará si el gobierno debe o no paralizar de forma definitiva esta planta de inyección de gas situada frente al delta del Ebro.

Sin embargo, los científicos sí consideran que, si se vuelve a inyectar gas en el suelo marino, los micro-terremotos pueden volver a repetirse en esta zona costera entre Tarragona y Castellón, lo que técnicamente se llama “sismicidad inducida” y que, en el caso, del Proyecto Castor no se espera que estos movimientos sísmicos inducidos por esta actividad gasística superen los 3 grados en la escala Ritcher, es decir, que la mayoría no serían sentidos por la población del entorno.

Además, los expertos del IGME (el Instituto Geológico y Minero) también han localizado ya la falla que provocó el terremoto de cuatro grados en la escala Ritcher, que provocó la alarma entre la población. Se trata de una falla “pequeña” y, por lo tanto, los científicos no esperan terremotos de magnitud mayor. Sin embargo, este informe no descarta que la inducción sísmica provocada por el proyecto Castor pueda volver a “despertar” esta falla y, por lo tanto, que se puedan volver a repetir terremotos de 4 grados o más, que serían sentidos por la población del entorno.

Mientras tanto, por primera vez, la nueva ley de impacto ambiental que ha aprobado el Congreso incluye “la peligrosidad sísmica inducida”, pero no obliga expresamente a las empresas a realizar un estudio previo para analizar el riesgo de sismicidad de proyectos, como el Castor. Esta reforma legal todavía tiene que ser aprobada por el Senado, pero el PSOE denuncia que, de mantenerse así, permitirá la puesta en marcha de más proyectos peligrosos como el Castor

La paralización del proyecto Castor, tras registrarse unos 500 terremotos en el Delta del Ebro, sí ha obligado al PP a mover ficha: de momento, ha incluido “la peligrosidad sísmica inducida” en la ley de evaluación ambiental, pero de manera indirecta y no en el articulado sino en el anexo de carácter técnico.

Sin embargo, y en declaraciones a la Cadena SER, el diputado popular Guillermo Collarte, ha anunciado que están dispuestos a mejorar el texto de esta ley para impedir más desastres como el del proyecto Castor.

Expertos piden “estudios serios” antes de autorizar el ‘fracking’ en Castellón

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Los terremotos causados con la inyección de gas en el almacén submarino Castor de Vinaròs han reavivado el debate sobre los posibles riesgos de otra técnica que afecta al norte de la provincia de Castellón y que también es fuente de sismicidad inducida. La frac turación hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos no convencionales acaba de recibir el visto bueno del Gobierno en el Senado y sirve de coartada al Gobierno valenciano para autorizar los permisos de investigación en Els Ports y el Maestrat que duermen en la Consejería de Industria desde hace casi un año. Pero lo ocurrido con Castor, explican los expertos, obliga a realizar estudios rigurosos sobre los riesgos sísmicos. Algunos como el catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, que ha seguido la crisis de los seísmos en Vinaròs, advierte de que la fractura hidráulica tiene sus riesgos si se hace en la zona costera.

Montero Energy, filial española de la canadiense R2 Energy, ha solicitado tres permisos de investigación en el norte de la provincia de Castellón. “Los proyectos del interior tienen un peligro pequeño, pero los más cercanos a la costa podrían sufrir una situación muy parecida a lo de Castor”, asegura Simón. El fracking consiste en romper la roca mediante la inyección de un compuesto líquido para liberar el gas no convencional. Según Simón, esta presión “más alta” que la realizada en Castor y ejercida en terreno con fallas activas (en la zona costera) hace que el peligro “sea mayor que con el almacén marino”. “Hay que tener el Castor como referente de lo que puede pasar con la fracturación”, sostiene.

Otros, como el presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España, Luis Suárez, no ven este riesgo pero reclaman informes rigurosos. “Vamos a golpe de catástrofe y lo que hace falta es geología preventiva”, afirma. Para Suárez, tanto la inyección de gas en el almacén de Vinaròs y el fracking producen una evidente alteración en el subsuelo pero mantiene que lo de Castor “es excepcional”. “Lógicamente son técnicas que actúan sobre el subsuelo a mucha profundidad y hay que hacer estudios para que no pase nada”, dice. Pero Suárez rechaza la oposición frontal a este método y mantiene que España debe buscar fórmulas que rebajen la dependencia energética y que habría que investigar primero el potencial del norte de Castellón antes que negarse al fracking.

El acuífero del Maestrat es “altamente vulnerable”

El uso de esta técnica ya ha sido analizado por una mesa de expertos convocada por la Diputación. El coordinador, el catedrático de Geodinámica Externa de la Jaume I, Ignacio Morell, recalcó la “alta vulnerabilidad” del terreno por los riesgos de contaminación del acuífero “estratégico” del Maestrat, pero el informe no analizó el peligro sísmico.

Desde la empresa Montero Energy explican que la fractura hidráulica no implica un peligro como el de Castor por dos motivos. El primero, que la presión que se ejerce en la tierra es intermitente y no hay tensión constante. El segundo es que el fracking huye de las fallas porque mueven el hidrocarburo y no se podría extraer en grandes cantidades

El Gobierno central aspira a financiar el proyecto Castor de Vinaròs en 20 años

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YOLANDA CLARES 01/03/2013

El proyecto Castor de Vinaròs está en vías de refinanciación, a pesar de que aún no ha entrado en funcionamiento. Y es que, después de haberse invertido más de 1.300 millones de euros en la construcción del almacén de gas subterráneo situado frente a la costa de la localidad, el grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y su socio Dundee Energy se están planteando la manera de refinanciar la deuda que adquirieron con los bancos para ejecutar la infraestructura, según desvela Expansión y como ha podido constatar este diario.

La clave está en las negociaciones que mantienen las compañías y el Gobierno central para poner en marcha las instalaciones. Esto implicaría que el Estado empezaría a retornar la inversión.

El pacto sobre la actuación que se firmó en su día con el anterior Ejecutivo fijaba que la administración debía devolverla en un plazo de 10 años. Sin embargo, el nuevo quiere ampliar los tiempos hasta las 20 anualidades.

 

EL PROCESO // Las mercantiles que controlan la infraestructura través de Escal UGS, empresa que se encargó de la ejecución del millonario proyecto, firmaron un crédito por 10 años con 20 entidades, entre las que se encontraban Banesto, el Santander, Crèdit Agricole y Societé Generale.

Además, la planta fue incluida en la lista de programas prioritarios de la Unión Europea y seleccionada por el Banco Europeo de Inversiones para estrenar los project bond (bonos de proyecto). Esto suponía que contaba con el aval del ente continental, que garantiza hasta un 20% de la aportación. Esta operación significa que se emitirán bonos para que se pueda comprar deuda, por lo que se prevé recuperar la financiación y, a la vez, obtener beneficios.

Además, según revela el mismo rotativo, el Castor ha de superar la evaluación que demuestre su fiabilidad y viabilidad, que efectúan agencias como Standard & Poors, aunque todo apunta que podría obtener una calificación óptima, lo que le situaría como una buena opción financiera. Además, en un principio, este programa fue calificado de “estratégico”.

 

‘stand by’ // Mientras, el proyecto está en una fase de stand by, ya que el Ministerio de Industria es el que debe dar el permiso para activar la plataforma e inyectar gas. Aunque las previsiones marcan que se pondrá en marcha durante el primer semestre del año, por el momento, las negociaciones siguen abiertas y se confía en poder llegar a un acuerdo.

El Ayuntamiento también espera el inicio de la actividad, ya que esto supondría unos buenos ingresos para las arcas municipales dada la magnitud de la inversión y de la infraestructura.

Escal UGS pagó a principios de año 500.000 euros al consistorio en concepto de solicitud de licencia de apertura. Un gesto que supuso un alivio para las cuentas municipales, descuadradas por el retraso acumulado. Sin embargo, otro de las aportaciones esperadas es la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles especial, que supondrá 800.000 euros cada año, una cifra nada despreciable. H

Un ‘seísmo’ financiero de 1.300 millones

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Mientras los científicos tratan de desentrañar qué ha sucedido en el subsuelo marino, qué fallas ha despertado el mayor almacén de gas construido en España y cuándo van a parar los temblores, en los despachos de varios ministerios también causa desvelos otro terremoto que podría provocar el proyecto Castor: el financiero. Su construcción ha costado cerca de 1.300 millones de euros, decenas o centenares de millones más de lo previsto según a quién se pregunte —el ministro de Industria habló ayer de un coste inicial de 700—. Y ahora que la paralización de la actividad ha pasado de “temporal” a “indefinida”, gana enteros la posibilidad de cierre definitivo. Es decir, que el Castor nunca llegue a ponerse en marcha. ¿Quién pagaría entonces los 1.300 millones?

Es la “pregunta del millón”, dicen fuentes del sector gasístico. Y el Gobierno se resiste a contestarla. No lo hizo ayer en rueda de prensa el ministro de Industria, José Manuel Soria, ni por la tarde otras fuentes del Gobierno durante un encuentro informativo con periodistas. “Si llegara el caso, tendríamos que ver cuál es la situación”, fue la detallada contestación que dio el ministro. Su equipo regateó la cuestión al asegurar que Industria está pendiente del resultado de una auditoría “económica y técnica” encargada en julio y que deberá estar lista a finales de este mes.

Esas conclusiones, sin embargo, determinarán qué retribución debe recibir la instalación si consigue la autorización administrativa. Lo que el Gobierno se niega a aclarar es cómo tendrá que compensar el Estado a la empresa gestora, Escal UGS (participada en un 66,6% por la constructora ACS), en caso de que nunca llegue a funcionar. Fuentes del sector recuerdan que el proyecto Castor es una licitación pública. Un real decreto de 16 de mayo de 2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, otorgaba a Escal UGS la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural durante 30 años.

El proyecto ha sido objeto de críticas en los últimos años por el abultado incremento de los costes previstos pero también por la oportunidad de su construcción. Cuando se diseñó, el panorama energético era otro. Era una época de bonanza económica con previsiones de crecimiento de la demanda de gas. La crisis ha cambiado radicalmente el escenario, recuerdan fuentes del sector. Otros grandes proyectos, como la regasificadora de El Musel (Asturias) y algunos gasoductos, se han congelado hasta que se recupere el consumo. Sin embargo, el Castor seguía adelante acumulando costes de construcción y convirtiéndose en un lastre para el sistema. Hasta ahora.

Un sistema gasístico sobre el que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha venido alertando en sus últimos informes. En uno de ellos, de abril de 2013, decía que “los almacenamientos subterráneos verán incrementada su capacidad en un 39,4%, debido a la entrada en operación de las infraestructuras de Marismas, Yela y Castor”. Y continuaba: “El crecimiento anual esperado de la retribución de infraestructuras es superior al crecimiento de la demanda a lo largo del periodo”. Como conclusión, la CNE decía: “Se constata la necesidad de limitar las inversiones en infraestructuras del sistema gasista bajo el escenario de demanda previsto en la actualidad”.

En cuanto se ponga en marcha, el coste del Castor se empezará a repercutir en el recibo del consumidor durante los siguientes 20 años. Soria calificó ayer de “excesiva” la retribución prevista por el anterior Gobierno. Pero si nunca entra en funcionamiento, los 1.300 millones de euros seguirán estando ahí.