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Los grandes proyectos del PP suman en menos de una década sobrecostes superiores al 40%

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Los sucesivos gobiernos autonómicos del PP, especialmente durante la etapa en que Eduardo Zaplana presidía la Generalitat, han convertido la ejecución de grandes proyectos en el eje de su acción política. Así surgieron Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, el mapa escolar encargado a la sociedad pública Ciegsa o el reconvertido proyecto socialista de la Ciutat de les Arts y les Ciències. Unos años después, estas iniciativas se han convertido en una pesada carga económica para las arcas autonómicas, acumulando sobrecostes del 40%, 200% y hasta el 300% respecto al presupuesto original. Los partidos de la oposición hablan de despilfarro y opacidad y han exigido sin éxito explicaciones al Consell después de que la Sindicatura de Comptes haya puesto de manifiesto en sucesivos informes los desfases.

TERRA MÍTICA En suspensión de pagos

El parque de ocio Terra Mítica de Benidorm, primer proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se presupuestó originalmente en 270 millones de euros.

El proyecto nació con carencias de planeamiento por la premura de su principal promotor político -el propio Zaplana- y desde muy temprano hubo de revisarse el plan original para incluir una serie de nuevas infraestructuras no previstas. En poco más de siete años, el complejo, participado en un 20% por la Generalitat, ha acumulado unos sobrecostes cercanos al 40%. En total 100 millones de euros más de lo presupuestado en principio, según la Sindicatura de Comptes.

Pero la desviación de costes no ha sido el único contratiempo al que ha tenido que hacer frente la sociedad gestora del complejo. En mayo de 2004, los responsables de la instalación decidieron suspender pagos para evitar un mayor deterioro de las finanzas del parque. Dos años después, el complejo de ocio sigue en suspensión de pagos, con una deuda de 218 millones de euros, que el consejo de administración quiere enjugar con la venta de su reserva de suelo.

CIUDAD DE LA LUZ Un sobrecoste del 240%

La Generalitat es el único accionista de este gran complejo audiovisual con estudios cinematográficos proyectado en Alicante con el objetivo de atraer grandes producciones. El vicepresidente originario de la Ciudad de la Luz, Joaquín Doménech, destituido en agosto de 2004 por el consejero de Economía, Gerardo Camps, estimó el coste inicial del proyecto en 100 millones de euros. Después se pasó a 270 millones y, de acometerse la construcción de una tercera fase, la cifra final rondaría los 340 millones de euros. El sobrecoste se elevaría al 240%, según denuncian los socialistas. Recientemente, durante la visita del presidente Camps a Miami, un alto responsable del proyecto elevó su coste hasta casi 500 millones de euros. El 80% de los contratos globales se han adjudicado discrecionalmente, sin concurso público, según los informes de la Sindicatura de Comptes. Otros proyectos se han encargado directamente, sin propuesta de adjudicación.

CIUTAT DE LES ARTS Tres veces su coste original

El complejo diseñado por Santiago Calatrava fue ideado originalmente por el último Gobierno del socialista Joan Lerma, que lo presupuestó en 210 millones de euros (35.000 millones de las antiguas pesetas). Cuando el PP ganó la Generalitat en 1995, el entonces consejero de Economía, José Luis Olivas, modificó el boceto original y elevó el presupuesto inicial hasta los 300 millones de euros. La Sindicatura de Comptes incrementaba en 2003 el coste total del complejo hasta los 854 millones de euros, con un sobreprecio del 200%.

El Palau de les Arts ha pasado de los 84,3 millones que figuraban en el contrato originario a 220 millones de euros, según datos de la Sindicatura de 2004, que el consejero Gerardo Camps elevó a 250 en octubre de 2005. Este organismo mencionaba más sobrecostes en L’Oceanogràfic, cuyo precio final -150 millones de euros- se habría incrementado un 284%.

CIEGSA Un mapa escolar incompleto

El mapa escolar, impulsado por Eduardo Zaplana, preveía construir 445 infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2003, con un presupuesto inicial de 1.065 millones de euros -unos 166.000 millones de las antiguas pesetas-. En 2003, el entonces consejero de Educación, Esteban González Pons, reconocía que las 445 actuaciones -casi todas encargadas a Ciegsa- costaron 1.600 millones de euros, es decir algo más de 500 millones de euros de desfase o, lo que es lo mismo, un sobrecoste del 50% sobre el gasto previsto inicialmente.

Los socialistas exigen saber dónde han ido a parar los 602 millones de sobrecoste de Ciegsa y Terra Mítica

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Los socialistas valencianos no dejan de preguntar dónde han ido a parar los sobrecostes de las grandes obras puestas en marcha por el PP desde la Generalitat. Terra Mítica, Ciegsa y la Ciudad de Luz acumulan unos excesos presupuestarios que superan los 1.000 millones, según los datos de la Sindicatura de Comptes que esgrime el PSPV-PSOE. Ayer la diputada Ana Noguera emplazó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a explicar el destino de los 500 millones de sobrecoste registrados en Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares.

Noguera aseguró: “El PP cerró las puertas a cal y canto, incumpliendo sus obligaciones de transparencia y de rendir cuentas, además de incumplir su compromiso de dejarnos ver la información solicitada”. La diputada socialista afirmó que había llegado la hora de que “[Francisco] Camps y el PP dejen de ocultar las cuentas, negar información y censurar las comisiones de investigación”.

A las críticas al presidente de la Generalitat también se sumó la coordinadora general de Esquerra Unida (EU), Glòria Marcos, quien instó a Camps a “levantar la alfombra” en Terra Mítica porque “de lo contrario, estará cavando su propia tumba política al asumir la gestión de Eduardo Zaplana”. La dirigente de EU cree que el presidente de la Generalitat afronta su “última oportunidad para demostrar si está al lado de los tramposos o de los intereses generales del País Valenciano”.

Los excesos presupuestarios de la Ciudad de la Luz también merecieron ayer las críticas del PSPV. El diputado José Camarasa dijo de este proyecto que “sigue la misma línea argumental que otros megaproyectos del PP”. Según Camarasa, el coste inicial de la Ciudad de la Luz fue de 100 millones, cantidad que el consejero de Economía, Gerardo Camps, incrementó a 270 y, posteriormente, el presidente de la Generalitat a 340 millones. Camarasa atribuyó a José María Rodríguez Galant, director general de la Ciudad de la Luz, otro aumento presupuestario hasta llegar a los 500 millones de euros. Galant replicó ayer que no existía sobrecoste y que el dato del diputado socialista era falso y no contrastado; pero no dijo cuál era el coste real del proyecto.

Rafael Maluenda, portavoz adjunto del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, defendió el proyecto de la Ciudad de la Luz y dijo que la pretensión del PSPV de echar por tierra la imagen de los grandes proyectos “que tantos beneficios comportan” es vergonzosa

Las fotos más caras de la familia

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Francesc Arabí | valencia En el 68 sucedió un acontecimiento histórico que marcó la carrera política de Eduardo Zaplana. No fue el mayo francés. Julio Iglesias ganó el festival de Benidorm con «La vida sigue igual». La letra de aquella canción se convirtió en himno para quien acabó siendo presidente de la Generalitat. «Al final, las obras quedan las gentes se van». Efectivamente, Zaplana quiso inmortalizarse con grandes proyectos de hormigón. El segundo eje de su acción política, asumido por Olivas y Camps, fue la búsqueda de fotografías que le dieran proyección.

De entre todas hay una que retrata como pocas una época de impunidad en los desmanes con dinero público: la contratación de Julio Iglesias, a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), hoy liquidado, para promocionar presuntamente la C. Valenciana en el exterior. El caso IVEX-Julio Iglesias es el resultado de una década larga de revelaciones periodísticas de Levante-EMV que acabaron en el juzgado. Más de 250 informaciones relevantes sobre los pagos de la Generalitat a Julio Iglesias en A, en B, bajo mano, con facturas falsas y por conceptos camuflados.

Aquella foto se enmarcó en la campaña de promoción de un político con aspiraciones de volar alto que quiso adosarse a una estrella. De paso, pagó con dinero público el apoyo del artista a Aznar en la campaña de las generales de 1996 „la del macromitin del PP en Mestalla„ y contentó a la selecta cúpula de dirigentes empresariales que lo acompañaban en misiones comerciales. A comer paella a Moscú.

En teoría, el artista cobró 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) por prestar su imagen, pero, de hecho, se llevó 990 (casi 6 millones de euros) libres de impuestos. Cuánto costó en total aquella operación, con todos los gastos de montajes de los conciertos y presuntas comisiones de quienes intervinieron, lo saben sólo unos pocos. Las Corts, la Sindicatura de Comptes y la opinión pública se enteraron por este diario del cómo (con presuntas facturas falsas por supuesta organización de los conciertos), del cuándo (en los años 1998 y 1999), dónde (en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas del Canal ) y del por qué de los pagos. El quién o quiénes, cantante aparte, se llevaron el dinero es la única incógnita por despejar. En estas páginas se ha aportado abundante documentación contable de las turbias operaciones: cheques, pagarés, swift bancarios, decenas de facturas y hasta la referencia de una cuenta numerada y secreta de UBS en Nassau en la que confluían ingresos desde Valencia, México, la Florida o Irlanda. La cuenta fue publicada en la portada del diario el 17 de mayo de 2001. Y no sucedió nada. La euforia siguió su curso.

El plan estaba descrito al detalle
Si el IVEX fuera un banco podría decirse que el plan de atraco estaba escrito negro sobre blanco. Desde el principio quisieron pagarle al artista los 990 millones de pesetas libres de impuestos. Como la cantidad resultaba escandalosa, se recurrió al fraccionamiento en dos contratos. En uno, se fijaron los 375 millones de pesetas. El segundo, que se escondió, elevó la cantidad hasta la cifra citada. Al documento clandestino y escondido lo llamaron «Carta de intenciones». Se ofreció al artista la posibilidad de que empresas por él designadas montaran los recitales y así es como se abrió el cauce para canalizar los pagos bajo mano disfrazados de gastos de organización. La Audiencia Provincial avaló las denuncias de este diario sobre la ejecución del plan. Aquí se destaparon el borrador, el precontrato y el contrato B que ampliaba la remuneración. Casi todas las piezas del puzzle están sobre la mesa.

El contrato se firmó el 29 de diciembre de 1997. El contrato B, justo después y en la misma notaría. El 14 de diciembre de 2000 Levante-EMV publicó: «Una carta revela que Eduardo Zaplana negoció el contrato de Julio Iglesias y avaló que cobrara 1.000 millones al año». La misiva fue remitida el 25 de julio de 1997 por el representante del artista, Luis Fernando Esteban, a Zaplana, con un borrador del acuerdo en el que ya se establece la cantidad de casi 6 millones libres de impuestos. El manager del cantante emplazaba a Zaplana a «tratar de cerrar» el acuerdo que se concretaba con el director general del IVF, José Manuel Uncio, y el responsable del IVEX, José María Tabares. Zaplana calló. El conseller Fernando Castelló no desaprovechó la ocasión de quedar en evidencia: «Es totalmente falso que se alcanzase un preacuerdo», dijo.

El preacuerdo se hizo acuerdo. El diario pudo demostrar, seis años después, que la cantidad real pactada y pagada fue esa y no la que se vendió a la opinión pública. Las pruebas del escándalo firmado por Tabares, director general, y julio Iglesias se publicaron el 26 de febrero de 2004. Zaplana se había jactado en las Corts de que «nunca en la vida se podrá acreditar absolutamente nada». Otra que también aireó sus vergüenzas fue la consellera portavoz Alicia de Miguel que en un comunicado arremetió contra los periodistas de este diario: «Mienten más que escriben», dijo. Cada comunicado del Consell se convirtió con el tiempo en un exabrupto con sello oficial de la Generalitat.

El 31 de marzo de 2000, se publicó la primera noticia sobre la existencia de pagos a través de firmas en paraísos fiscales. Apareció el nombre de International Concerts, radicada en Islas Vírgenes Británicas. Un año después, afloró una segunda sociedad «off shore» que canalizó pagos: «El IVEX pagó por un recital de J. Iglesias 75 millones a una firma ielandesa disuelta después» (29 de abril de 2001). Midway International, radicada en Irlanda y sus administradores tenían domicilio en las Islas del Canal. Esa firma «operó desde Valencia y transfirió 475.000 dólares del IVEX a Bahamas». Se aportó hasta (17 de mayo de 2001) hasta copia de la transferencia bancaria efectuada desde el Arab Bank de la calle Colón. ¿Quién está detrás de la cuenta WA35615.000 del UBS en Nassau (Bahamas)? El Consell jamás contestó a esa ni a ninguna pregunta.

Una querella ante el Supremo
Con las informaciones destapadas por este diario, el PSPV interpuso en enero de 2005 una querella por malversación, delito fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución del contrato B. El caso acabó en el juzgado19 de Valencia. Cinco años y dos meses después, el juez Luis Carlos Presencia Rubio archivó la causa sin citar a declarar ni al principal de los que cobraron (Julio Iglesias) ni a las empresas: Midway International, Internacional Concerts o Gold Peak Trade Services, firma que salió a la palestra en noviembre de 2005 por haber facturado el recital de Hong Kong. Tampoco citó al exconseller Diego Such o al exdirector del IVF José M. Uncio.

Por ese carpetazo a la investigación el juez se ganó otro rapapolvo de la Audiencia de Valencia, que levantó el archivo con un auto demoledor que apuntaba indicios de que el dinero del contrato B se justificó con millonarias facturas falsas de gastos de organización aquí desveladas. Los justificantes de los pagos por conciertos como el de Orlando o México «parece ser que no encuentran respaldo en servicios realmente prestados, sino que han surgido con la finalidad de dar cobertura a los pagos a los que el IVEX se obligó en la Carta de Intenciones», sentenciaba la Audiencia.

13 de diciembre de 2005. El exdelegado del IVEX en Miami José Marquina corroboró en una entrevista en estas páginas todo lo publicado. «El IVEX ordenaba emitir facturas falsas y el dinero que abonaba se transfería a Bahamas», confesó Marquina, quien explicó como inventaban gastos y el dinero se derivaba a Nassau. El 30 de enero de 2006, Levante-EMV abría su edición con la noticia de que el epicentro del supuesto desfalco estaba en México. Porque, al contrario que en el recital de Orlando, en el del Auditorio Nacional no se hincharon facturas, sino que se falsificaron desde el primer euro. El IVEX pagó a la irlandesa Midyway 1,8 millones por un concierto en el que esta empresa no intervino. El montaje lo asumió la mexicana Rac Producciones. A cambio, el IVEX cedió los derechos del artista para que explotara comercialmente el recital.El instituto exportador recibó 300 entradas de regalo para compromisos con empresarios. No necesitaba más. El acuerdo lo negoció el delegado en México, Vicente Sendra, quien estaba convencido de que al IVEX ese evento no le había costado un euro. Hasta que se enteró por este periódico de los pagos a Midway. «No sé quién, ni qué es Midway, porque no tenía nada que ver con el recital de México», declaró a este periódico. Sendra, representates de Rac y del Auditorio Nacional avalaron su denuncia cuando declararon ante el juez y con documentación aportada al fiscal y aquí publicada. Doce años después de las primeras revelaciones periodísticas, el juez intentó en balde tomar declaración al cantante en Miami. Luego envió otra comisión rogatoria a Punta Cana (República Dominicana), donde el artista tiene fijada residencia. Julio Iglesias se casó y fijó domicilio en Ojén. Se consideró intrascendente, igual que haber actuado seis veces en España en el tiempo en el que se le quería localizar. Presencia Rubio lo consideraba en paradero desconocido cuando el 7 de julio de 2012 actuó en el Palau de les Arts, justo enfrente de la Ciudad de la Justicia. Visto el escándalo público que se montó cuando este diario avisó de tan rocambolesca circunstancia, el juez citó finalmente al cantante a declarar el de 10 de julio a las diez.

Al artista se le abría un interrogatorio más incómodo que declarar en Punta Cana. Sería ante un juez instructor, un fiscal y una acusación popular que podrían repreguntar. Pero a última hora se suspendió esa testifical al conocerse, justo cuando se sintió acorralado, que había declarado en Punta Cana. El 8 de octubre de 2012 Levante-EMV publicó un titular que acreditaba la existencia del contrato B: «Julio Iglesias admite ante el juez que cobró 4 millones más de lo que declaró Zaplana». La responsabilidad penal de estos pagos y de los extras que pudieron repartirse en comisiones sigue sin dirimirse en una causa que lleva ocho años hibernando.
CASO NÓOS

Una alfombra para los negocios millonarios del «yernísimo»
¿Por qué en Valencia? En unas circunstancias ambientales de euforia colectiva por hiperoxigenación de la burbuja inmobiliaria, en Valencia nadie preguntaba el precio. Y menos al yerno del Rey. «Asentían verbalmente a lo que se les ofrecía porque era yerno del Rey», razona el juez José Castro, instructor de la causa. El presidente Camps y la alcaldesa Rita Barberá decidieron la foto con Urdangarin cuando la organización de la Copa del América ya había sido amarrada en el Puerto.

El Valencia Summit, el foro sobre impacto de eventos deportivos en las ciudades anfitrionas, estaba pensado para Estados Unidos. Pero Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, pensaron que no era necesario cruzar el charco si podían cobrar 4,2 millones por algo que, según la investigación judicial, costaba 900.000 euros. La competición náutica ofrecía la percha en la que Urdangarin colgaría negocio.

Las jornadas Summit fueron la excusa para la segunda foto más  cara pagada con dinero público. Camps y Barberá  lograban proyección política y ante la Casa Real y Urdangarin seguía logrando rédito de una tarjeta de visita que le daba la liquidez de una VISA oro. La oposición exigió transparencia. «El PSPV exige al Consell que aclare las cuentas del foro que organizó la entidad de Urdangarin» (18 de febrero de 2006).

En abril de 2006 se contó que «Urdangarin deja el Instituo Nóos tras la polémica por facturar a Baleares y al Consell». La apertura del periódico el 17 de agosto de 2006 se dedicaba al acuerdo del Gobierno de Camps de promocionar otro evento fallido: los Juegos Europeos, que elevaron a 4,5 millones el volumen de facturación pública de Nóos en Valencia. Este vez, directamente, y no vía Cacsa. «El Consell destina 3 millones a la candidatura de Valencia para unos juegos que aún no existen», fue el titular. Finalmente se hizo efectivo el pago de 382.203 euros. La rama valenciana del caso Nóos se incorporó a la causa del caso Palma Arena (la pieza searada 25) con posterioridad a la investigación del Fòrum Illes Balears, el mismo sarao montado en Palma. «La firma de Urdangarín cobró en Valencia el doble que en Mallorca, donde un juez investiga los pagos» (23 de noviembre de 2011) se publicó. El presunto saqueo a las arcas públicas estaba orquestado y ejecutado por los mismos. Además de Urdangarin y su socio, Diego Torres, los también imputados Miguel Tejeiro o «Pepote» Ballester, entre mucg

Complemento para gastos aparte
El convenio con Nóos se firmó a través de Ciudad de las Artes y la Fundación Turismo Valencia,  controlada por el ayuntamiento capitalino. Los directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela, el vicealcalde y presidente de Turismo Valencia, Alfonso Grau, y su gerente, Jose Salinas, rubricaron el acuerdo. Nóos cobró un canon anual de 1,04 millones. Pero una clausula establecia una «cantidad complementaria para determinados gastos». Una fórmula para que la organización corriera por cuenta del erario público. Otros 1,07 millones.

El juez Castro situó la reunión del 29 de enero de 2004 en Zarzuela como clave para el acuerdo. Un encuentro que fue negado por Barberá en su declaración judicial. «Actuaron con favoritismo, orillando las normas de contratación pública» y «hasta el sentido común». «No se atendió al interés general, sino al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarin por su parentesco con la Casa Real». Palabras del juez, que atribuyó a Camps y Barberá malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.

«Cacsa justificó con un folio vacío de contenido el contrato con Urdangarin»,  ( 4 de enero de 2012). Un folio por una cara con siete párrafos era el único aval de Cacsa para justificar el convenio, como se contó aquí. Un papel con fecha cambiada a bolígrafo para que donde ponía 2005 apareciera 2004. La exdirectiva Elsa Maldonado confesó en el juzgado que el informe se hizo «para vestir el santo». Luego se desdijo.

Es uno de los episodios más rocambolescos del caso, sin contar el capítulo de la no localización del expresidente Camps para que fuera a declarar como testigo el domingo 17 de noviembre, ante Castro, que se había desplazado a Valencia. El día anterior Rita Barberá testificó. Admitió tres reuniones con Urdangarin pero aseguró que ninguna fue en Zarzuela, se desvinculó de la responsabilidad política del contrato, exculpó a Camps y dijo haberse sentido engañada sobre la esencia de Nóos: «Yo me creí que era una entidad sin ánimo de lucro»

Jaume Matas, amigos y favores

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Jaume Matas reconoce que ha tenido que “pedir favores” y avales a “terceros” para no ir a la cárcel, es decir, para pagar los tres millones de euros de su fianza. Pero no ha identificado a esas amistades que han comprometido por él su patrimonio. “Todas las personas relacionadas conmigo hoy están perjudicadas”, dijo en su única entrevista, en la televisión balear IB3, que él creó y está siendo investigada por un supuesto soborno de 250.000 euros de José Luis Moreno al ex presidente balear.

Matas cultivó una poderosa red de apoyos entre magnates del turismo mientras fue ministro de Medio Ambiente y presidente de Baleares, entre 1996 y 2007. Estableció una relación de confianza con grandes hoteleros isleños con negocios por todo el mundo: Escarrer, Barceló, Fluxá, Ramis. Todos le ayudaron en su campaña para llegar al poder y cuando lo dejó, en 2007, quiso rentabilizar su capacidad de influencia. “Me usan para abrir puertas, porque yo abro muchas”, aseguró al juez José Castro, que le imputa seis delitos de corrupción.

En Baleares repartió la tarta, negocios urbanísticos y de infraestructuras con su ex aliada, también caída por los escándalos de corrupción, Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina. En este contexto crecieron los inversores Cabotá, Cursach, Grande, Nigorra, Sastre o Ferrero con los apoyos de las cajas de ahorros tuteladas por el PP. En los yates de la mayoría de esos muy ricos isleños embarcaron invitados de Matas: José María Aznar, Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana, José María Michavila… Hoy, sólo Zaplana le apoya. El mallorquín pensó que también podía confiar en Rajoy, pero este lo ha dejado a su suerte.

Siendo ministro de Aznar, midió las grandes magnitudes, que luego trasladó a Baleares: enormes autopistas, macro hospitales y el gran velódromo Palma Arena, una pirámide que es su tumba política. Al calor de la burbuja inmobiliaria programó las mayores obras públicas de la historia. Se hizo amigo de Florentino Pérez, de ACS, con quien intercambió frecuentes SMS a cuenta del Real Madrid, una pasión compartida. También trató de proyectos locales con El Pocero y la entrada social de la inmobiliaria Astroc. Además, quiso crear un circuito de Fórmula-1 en el paseo marítimo de Palma, negociando con el yerno de Aznar, Alejandro Agag.

El paraguas de Matas cubría a un selecto club de profesionales y ex altos funcionarios, abogados, asesores financieros, decoradores, arquitectos y empresarios de prensa que dispararon las contratas públicas. Matas se exhibió como gran anfitrión de vips, libró contratos millonarios a Michael Douglas, Claudia Schiffer o Boris Becker, con residencia o fincas en Mallorca. Poderosos financieros españoles también recurrieron a él. El ex presidente compartió arquitecto, asesor legal personal y decorador con varios de ellos.

Entre sus amigos figura el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, con su piscina en zona de dominio público en la Costa de los Pinos, Mallorca. Matas acudió en Son Servera a un acto de apoyo al periodista después de que éste hubiera sido vilipendiado en una marcha contra su piscina. Tiempo atrás le cedió un coche oficial cuando buscaba mansión en Mallorca y en la agenda conocida de Matas constan anotaciones de fincas en venta de su interés. En época de Matas la polémica televisión IB3 (con 160 millones de deuda), El Mundo TV obtuvo contratos por unos nueve millones de euros, según la contabilidad analizada por los actuales gestores.

El 85% de las licencias de radio y TV quedó en manos de acólitos. En aquella época el director de La Gaceta, Carlos Dávila, e Isabel Durán tenían un programa semanal en IB3. Y Bartolomé Beltrán, amigo y asesor de Matas, fue un referente de la programación. Beltrán figura en el sumario del caso Palma Arena por compras de obras de arte para él. El ex presidente balear generó un polo político-periodístico alrededor del PP y Pedro J. en la Costa de los Pinos, con torneos de pádel y tertulias en el golf de S’Era de Pula de Romeo Sala, regado con subvenciones de más de 4 millones al año.

Fue gentil con las amistades y hostil con todo el que no se mostró adicto. Lo explican empresarios turísticos, del transporte, editores críticos. Matas les leía la cartilla en actos públicos. A un ex presidente de la caja de ahorros Sa Nostra le montó desde el PP una campaña de derribo. Cuatro de los cuestionados han explicado su caso a este diario. Uno se sintió amenazado en un acto público en Berlín. Otro, ofendido, le plantó en su despacho. Otros dos detallan que Matas solía tirar de carpetas para recordar reproches. Ahora tendrá que buscarse la vida. Paga dos hipotecas en Mallorca, un alquiler en Madrid, los intereses del crédito de la fianza, dos abogados. No tiene sueldo desde que, imputado y sin pasaporte, tuvo que dejar su trabajo de asesor en la consultora PriceWaterhouseCoopers en Nueva York.

Al dejar la presidencia balear, cobró del Gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales de Madrid tras obtener éste adjudicaciones de su Gobierno. “Fui a ofrecerle mi colaboración, yo no pido trabajo”, espetó al juez. El PP le abonó una pensión de 5.000 euros al mes. Tiene plaza de funcionario del cuerpo superior de técnicos de Baleares, pero desea establecerse en Madrid para trabajar por su cuenta. Mientras, espera juicio y comparece cada 15 días en un juzgado.

Nueve que se lo llevaron caliente de Canal 9

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El momento exacto en que la emisión de Nou (como recientemente fue rebautizada Canal 9) se funda definitivamente a negro, aún está por determinar, pero a partir de ese instante 1.700 trabajadores de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) perderán su empleo como consecuencia de la nefasta gestión del ente y su déficit millonario. Entre los afectados, sin embargo, no se contarán algunos de los rostros que pasaron por la televisión cobrando elevadas cantidades de dinero público que poco o nada tenían que ver con la calidad y repercusión de lo ofrecido a cambio. Estos son solo nueve de ellos.

Fernando Sánchez Dragó. El escritor y comunicador ultraliberal, que defendió hace escasas semanas en una entrevista en Onda Cero que todas las televisiones públicas “deberían cerrar” en relación al persianazo de RTVV, no tuvo inconveniente en llevarse 12.000 euros de dinero público de los valencianos (6.000 en concepto de director y otros tantos como guionista) por cada uno de los 212 programas que se mantuvo su espacio de entrevistas El Faro de Alejandría en antena entre los años 1999 y 2004. El coste total por programa rondaba los 54.000 euros, que se abonaban a una productora externa, que facturaba el programa íntegramente en castellano. Por el programa de Dragó, que -según el informe del Comité de Redacción de RTVV redactado en 2001- no solía superar los 12.000 espectadores de audiencia, pasaron tanto premios Nobel de literatura como conocidos ultraderechistas valencianos, que servían para avivar polémicas instrumentalizadas desde el gobierno de Eduardo Zaplana.

Carlos Dávila. El comunicador ultraconservador Carlos Dávila también fue beneficiado entre 2005 y 2009 con la conducción del espacio En exclusiva, por el que ingresaba 1.500 euros de dinero público en concepto de dirección y presentación. El espacio, de 30 minutos de duración y periodicidad semanal (Dávila ingresaba de media 6.000 euros al mes) solía emitirse, no obstante, a altas horas de la madrugada, registrando igualmente audiencias muy bajas. En exclusiva, pese al objetivo fundacional de RTVV de potenciar el uso de la lengua autonómica, se emitía íntegramente en castellano y Dávila no tuvo reparos en atacar el valenciano desde el mismo espacio.

Isabel Durán. También en perfecto castellano era la tertulia política DBT.es que la conservadora Isabel Durán condujo entre septiembre de 2010 y febrero de 2012, por -según el relato de la protagonista en el espacio La Noria de Telecinco- concesión directa del entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, en agradecimiento por el ataque que ésta hizo en televisión al sastre que le acusó de recibir trajes de la trama Gürtel. Aunque el Consell  nunca reveló el coste de su contrato, Elplural.com publicó en su día que la presentadora recibía por programa 3.000 euros de las arcas públicas valencianas. Por su parte, ésta no dudó en dedicar su espacio a realizar duros ataques al gobierno de Zapatero o enfervorecidas defensas a Francisco Camps, incluso mientras era juzgado por el caso de los trajes. La audiencia de DBT.es también se situó siempre por debajo de la media de la cadena.

Miguel Ángel Rodríguez. Pero para que DBT.es u otros espacios de presunto debate político aparentaran serlo necesitaban de contertulios, y comunicadores como Miguel Ángel Rodríguez (destacado miembro del PP), Carmen Gurruchaga o Alfonso Rojo, se convirtieron en habituales del espacio por no menos de 800 euros por cabeza y día, sin incluir el desplazamiento en AVE (la mayor parte de los elegidos eran residentes en Madrid) ni las dietas, aunque como en su día informó el diario Levante, en más de una ocasión compartieron mesa y mantel con el mismo presidente de la Generalitat. A cambio, los elogios a éste y su gobierno eran moneda de cambio, aunque como reconociera la misma Carmen Gurruchaga en el mismo programa —“aquí no tengo pensamiento propio”—, los contertulios opinaran de la actualidad valenciana sin tener conocimiento de ella.

Jesús Mariñas. Pero no todo en Canal 9 eran debates sesudos. También había espacio para el entretenimiento y una de las estrellas que RTVV propulsó con más fuerza fue al tertuliano del corazón Jesús Mariñas, que a principios de este año reconoció haber cobrado 3.000 euros por cada una de sus participaciones en Tómbola, espacio en el que fue un fijo de sus emisiones entre marzo de 1997 y noviembre de 2004, aunque no el único tertuliano. A esta cantidad cabría sumar los 1.000 euros que —por contrato— Mariñas cobraba de dinero público por cada una de las breves apariciones que ocasionalmente realizaba en el matinal Matí, Matí.

María Abradelo. Determinar los sueldos percibidos por las “estrellas” de RTVV ha resultado en numerosas ocasiones imposible debido al oscurantismo con el que se operó en el ente desde la entrada de Eduardo Zaplana a la Generalitat. De ese modo, la pasada semana se convirtió en noticia el hecho de que, según desveló el diputado del PSPV-PSOE, Josep Moreno, la artista María Abradelo disfrutara en el año 2002 -fue una cara constante en la cadena entre 1997 y 2004, las dos legislaturas gobernadas por Zaplana, y regresó en 2008- de un contrato de 270.000 euros más IVA a cambio de presentar un número de programas indeterminado. Entre ellos se contaba el infantil Babalá, aunque Abradelo, que estaba aprendiendo valenciano, lo hiciera en castellano o utilizando un valenciano plagado de errores, contraproducente respecto a la función educativa que se presupone al espacio.

Bárbara Rey. En cambio a día de hoy no se sabe con certeza lo que cobraron la vedette Bárbara Rey por presentar el espacio En casa de Bárbara entre los años 2000 y 2005, o Mar Flores por las cuatro temporadas (1.000 programas emitidos) del concurso La música es la pista, aunque en su día trascendió que solo por los tres primeros meses la modelo percibió 108.000 euros (36.000 euros al mes). Aunque el salario de Bárbara Rey jamás trascendió, sí lo hizo la cantidad que cobró por su programada intervención en Tómbola, que fue vetada por Canal 9 en 1997. La vedette se embolsó 12.000 euros en aquella ocasión por no contar algo relacionado con el robo padecido poco antes en su domicilio de documentos, carretes fotográficos y cintas de vídeo en los que, según el relato recogido en su denuncia, implicaba “a personas importantes de este país por ser comprometedoras para ambos”.

José Luis Moreno. El número de inversiones sin rédito de audiencia en Canal 9 es harto extenso, y la denuncia realizada la pasada semana por el diputado Josep Moreno también recogía casos como el de José Luis Moreno -que figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP entre los años 1999 y 2003 y su productora Adriática, que recibió 2.025.770 euros más IVA por una serie de ficción titulada Planta 25. Ésta constaba de 58 capítulos “de los cuales nadie se acuerda porque eran de poca duración y se programaban en horarios sin sentido”, según el diputado, pero por los que pagó -según sus cálculos- “el mismo importe que RTVV había adjudicado recientemente a la compra de 487 horas de magacines, concursos y programas de ‘prime time’ divulgativos”.

Víctor Seara. El último caso conocido de despilfarro unipersonal realizado por el ente fue el empleado en fichar a Víctor Seara para que retransmitiera las carreras de Fórmula 1 en Canal 9. El fichaje de la mitad menos popular del tándem presentador de la Fórmula 1 en la época de Telecinco salió, no obstante, a precio de Antonio Lobato. La propia RTVV sí reconoció en esta ocasión haber abonado al locutor argentino -que una vez más, desempeñaba su labor en castellano- 125.000 euros por la temporada 2010 y 105.000 euros por la 2011. Aunque lo más sorprendente es que el ente le siguió abonando una nómina mensual de 3.500 euros en 2012, cuando ya no se emitía el campeonato. Como el presentador, con contrato vigente, se limitaba a pasear por el centro de producciones del ente, finalmente se le asignó la locución de un programa de motor de  entre 15 y 30 minutos semanales que se emitió durante unos meses. El coste de Seara no se incluyó en los 22 millones de euros que Canal 9 pagó a Bernie Eccleston por retransmitir sin exclusividad una competición que ya se emitía con éxito en otras televisiones privadas.

Cuando el PP entregó Canal 9 a la Gürtel

FUENTE

SCP

La televisión autonómica fue durante unos años un tentáculo más de la trama Gürtel y de la corrupción valenciana. En la carpeta que incautó la policía en el piso de seguridad de la trama Gürtel con el rótulo «Temas Valencia» aparecía la siguiente inscripción: «Pedro quiere ser director de Canal Nou». La anotación llevaba la fecha 6 de abril de 2004 como «asuntos a despachar por Paco Correa». Y resultó profética. El hasta entonces secretario de Comunicación del Consell, Pedro García, fue nombrado director general dos meses después por Camps. García, apodado Peter por sus colegas de la trama Gürtel, era una pieza más y RTVV la herramienta.

El ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas recibió en enero de 2008 el ofrecimiento de Correa de dirigir Feria Valencia, algo que rechazó de plano. «Querían utilizarme para sus negocios como si fuera uno más de ellos», explica en el libro Tierra de saqueo. La red iba colocando a sus peones donde mejor le pudieran servir. La plaza de RTVV era vital. Pedro García está imputado en la pieza del TSJ en la que se investiga la visita del Papa a Valencia en 2006. No es el único alto cargo del ente público que tiene que dar la cara ante los tribunales.

Genoveva Reig, la que fuera jefa de prensa de Eduardo Zaplana en el Ayuntamiento de Benidorm y posteriormente directora general de RTVV, está imputada en el caso Brugal en la pieza que afecta al anterior líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll. Según la investigación, la cadena de televisiones locales que dirigía Reig (Tabarka Televisión, próxima al zaplanismo) fue moneda de cambio en el pacto entre los empresarios imputados Ángel Fenoll y Enrique Ortiz con el propio Ripoll en el contrato de adjudicación del tratamiento de basuras en la comarca de la Vega Baja.

El secretario general de RTVV y número dos del ente desde 1995 a 2010, Vicente Sanz, también será juzgado por haber abusado presuntamente de varias trabajadoras en Canal 9. Sanz, ex presidente provincial del PPCV y ex diputado autonómico, se hizo famoso cuando se destapó una grabación en la que decía: “estoy en política para forrarme”. Zaplana le obligó a dimitir pero lo recolocó en RTVV.

Canal 9 se creó en 1989 por el gobierno socialista de Joan Lerma como una herramienta fundamental para la normalización del valenciano como lengua propia. En manos del PP, la gestión ha sido lo de menos. La plantilla de RTVV pasó de seiscientos cincuenta trabajadores en 1995 a mil ochocientos en 2010 y se convirtió en una verdadera agencia de colocación de personas afines que coparon puestos de responsabilidad. Y la deuda pasó de treinta millones de euros en 1995 a 1.309 en 2011. La solución adoptada por el Consell presidido por Alberto Fabra fue aprobar un ERE con 930 despidos y privatizar parte de la producción. La justicia les ha obligado a readmitir a los trabajadores, tras lo cual, el Gobierno ha anunciado el cierre.

 

La joya de la corona

Desde su llegada al poder, el PPCV ha centrado todos sus esfuerzos en la televisión pública, la auténtica joya de la corona, que se ha convertido en el altavoz de sus políticas y se ha encargado de silenciar a la oposición. Los informativos han sido tanto un escaparate idílico de una comunidad pionera en casi todo gracias a la gestión del PP como el azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El prestigio del canal público ha ido cayendo al mismo ritmo que su audiencia, hasta el punto en el que el principal espacio de debate político, la tertulia Bon Dia, ha logrado en 2013 una cuota de pantalla del 0,2 por cien, es decir, mil espectadores.

Era difícil que saliera la oposición en los informativos y casi nunca se informó de los casos que perjudicaban al PP. Las denuncias de manipulación han sido constantes.

Para hacerlo posible, el PP no confió aquella maquinaria a profesionales sino a comisarios políticos. Zaplana eligió como directores generales a Genoveva Reig (su jefa de prensa en Benidorm), Jesús Sánchez Carrascosa (organizador de su campaña electoral y jefe de gabinete) y José Vicente Villascusa (diputado del PP). Y, ya con Francisco Camps en la Generalitat, Pedro García y José López Jaraba.

El intercambio de puestos entre la Generalitat Valenciana y el ente público ha sido constante. El caso más paradigmático lo constituye Lola Johnson, directora de informativos en la época de Gürtel que fue ascendida a la dirección de Televisión Valenciana en noviembre de 2009, cuando todas las asociaciones profesionales y sindicales habían cuestionado su labor. Después de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, fue premiada con la portavocía del Consell y la conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. También hay ejemplos del recorrido profesional inverso. La secretaria autonómica de Comunicación de Camps, Nuria Romeral, se convirtió en directora de Ràdio 9 en noviembre de 2011.

 

Toda la historia de Canal 9 en el libro Tierra de saqueo

LAS METIRAS DE CANAL NOU

Recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana de su perfil bueno. Y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana para ser ministro. También recuerdo la bronca y los gritos que me dedicaron cuando en ese video de retrospectiva Zaplana aparecía en una imagen con la tránsfuga que le había permitido hacerse con la alcaldía de Benidorm. Recuerdo poco después, cuando de ser el Elegido, paso a ser en inmombrable. Cómo nos prohibieron que apareciera en los planos. Cómo buscaba perífrasis absurdas cuando no podía nombrarle en mis directos en los leones, a pesar de ser el portavoz del PP en el Congreso. Cuando Camps impuso su ley en Canal 9. Cuando nos dieron la orden de dejar de llamarle Francesc para que fuese llamado Francisco, coincidiendo con la época en que se postulaba como posible sucesor de Rajoy. Cuando trataron de prohibirme que contase que Zaplana dejaba su escaño en el Congreso. Cuando me prohibieron decir que Zapatero había anunciado el cheque-bebé, como si de este modo los valencianos no fuesen a conocer la noticia. Cuando escribías ‘fracaso estrepitoso’ y te lo cambiaban por ‘éxito discreto’. Cuando nos desplegaron para loar las maravillas de Terra Mítica en su inauguración y no podíamos decir que no había ni una sombra. Cuando me reñían porque me salía el acento catalán ‘y eso molesta a los blaveros’. También recuerdo cómo corría el cava en las plantas de dirección de Canal 9 en Burjassot las noches electorales de mayorías del PP, mientras que los redactores comíamos bocatas de salami. Cuando se pagaban directos millonarios para que Camps saliese hablando en directo en pleno Amazonas. Y los millones de veces en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición. O de cualquier ciudadano que criticase al PP, o a la Generalitat. Y recuerdo también cuando nos prohibieron decir ‘recortes’. Tampoco pude decir que miles de manifestantes gritaban contra el gobierno. Los manifestantes no ‘colapsaban’el Paseo del Prado, la manifestación ‘transcurría por’. Y no poníamos pancartas explícitas contra Rajoy, ni contra el PP. Y fueron tantas, tantas, que un día empiezas a sentir vergüenza de trabajar para ellos. Ahora se termina. Injustamente. Pero lo ganaron a pulso.

El PP valenciano una banda de sinverguenzas que solo querían ganar elecciones y dinero

elpais.es

Epílogo

“Cuando se revise lo que han sido estos años se verá que la cadena fue asaltada por una banda de sinvergüenzas que solo querían ganar elecciones y dinero

Seguramente este es el último artículo que firmo como periodista de Canal 9. Dado que ni milito en el PP, ni tengo cargo directivo alguno, ni soy un recomendado, cuando en los próximos días la dirección de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) haga público el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), parece evidente que mi nombre estará en la lista y me iré al paro.

El ERE será el certificado de defunción de una cadena que lo tenía todo para ayudar al crecimiento democrático, económico y cultural del País Valenciano pero que ha acabado convertida en un barrizal por culpa, básicamente, de una recua de políticos y directivos corruptos e incompetentes.

Los trabajadores no estamos libres de pecado. Quiero empezar por reconocer que no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad social. Hemos visto como se iba degradando nuestro producto, nuestra televisión, y no hemos sido capaces de evitarlo; en la mayoría de momentos importantes, ni siquiera lo hemos intentado. Pensábamos que nuestros puestos de trabajo eran eternos y sabíamos que enfrente teníamos un poder político dispuesto a todo. No queríamos problemas.

RTVV fue el primer medio público español que tuvo Estatuto de Redacción para un mayor control profesional de sus informativos. Lo movimos entre unos pocos, pero lo conseguimos. Nos lo negó el gobierno socialista y lo firmamos con Eduardo Zaplana, que para nada pensaba cumplirlo. Nosotros sí, nosotros creíamos en él y procuramos aplicarlo. Por eso hubo unos primeros años de dura resistencia a la manipulación informativa. Salieron documentos, entrevistas, notas de prensa, informes. Yo mismo, en nombre del Comité de Redacción, comparecí en Les Corts en 1999 para denunciar ante los diputados lo que pasaba. Hablamos de censura, de banalización de los contenidos, de desinformación, de propaganda al servicio del PP. Fue cuando explicamos la consigna absurda de que a Zaplana no se le podía grabar por su perfil izquierdo. Por aquel entonces, la redacción se negó a estupideces como la del director Jesús Sánchez Carrascosa que pretendía pagarnos por la “mejor noticia del día” y, personalmente, algunos dijimos no a ofertas que buscaban descubrir dónde teníamos el precio. El pulso fue muy desigual y desembocó en despidos y depuraciones. El foco resistente se desactivó. Yo, por ejemplo, pasé de la sección de política a deportes, me dijeron que era provisional pero jamás se revirtió el cambio. Compañeros como Joaquín Genís, a quien estos días veo en manifestaciones contra el ERE, fue uno de los principales colaboradores de Carrascosa en el proceso de depuración y otros, como Pau Pérez Rico desde la dirección de Informativos, se dedicaron a amenazar a los periodistas para que no votaran en las elecciones al Comité de Redacción. El órgano acabó desapareciendo.

No descubro nada diciendo que la gestión de Amadeu Fabregat al frente de RTVV hasta 1995 fue, en general, penosa. Intentó contentar a la caverna, que tenía en María Consuelo Reina a su cancerbero, pero lo único que hizo fue acelerar la derechización de la sociedad valenciana, alejarse de los sectores sociales más progresistas y comprometidos con la cultura e imposibilitar que Canal 9 fuera el ámbito de reflexión y debate democrático que necesitaba el país. Luego, con el PP, llegó el secuestro de la cadena, el clientelismo enfermizo y la depredación. Desde el primer día aterrizaron en los despachos, y lo han seguido haciendo hasta hoy, todo tipo de comisarios al servicio del partido y sus intereses, conciencias hipotecadas que actuaban como simples correas de transmisión y que siempre miraban hacia otro lado. Recordaré algunos nombres, pidiendo de antemano disculpas a los muchos que no citaré pese a merecerlo: José Vicente Villaescusa, los mencionados Carrascosa, Genís y Pérez Rico, Vicent Andreu, Genoveva Reig, Menchu Illán, Lluís Sabater, Ricardo Calatayud, Paco Picó, Jordi Hidalgo, José Llorca, Lluís Motes, Antonio de la Viuda, Lola Johnson, Germà Arroyo, Salud Pedrós, Luis Redondo, Fernando Quintela o el miserable Vicent Sanz. Para rematar el trabajo tuvimos a Pedro García, intermediario de la Gürtel incluso para forrarse a costa del Papa, y las labores forenses las han asumido ahora, sin dar nunca la cara, José López Jaraba y Juan Prefaci. Ninguno de todos ha defendido nunca el sentido de su cargo. Su norte y su guía han sido el Partido Popular y su red de intereses. Nada más.

En todo este proceso hay pocos inocentes. No se puede pasar por alto que frente a los abusos del PP y sus gobiernos, la oposición política ha adolecido de modelo alternativo. Mucho decir que la manipulación informativa de Canal 9 era la clave para entender sus derrotas, pero jamás han tenido una estrategia al respecto.

En cuanto a la ciudadanía, se desentendió de RTVV hace mucho tiempo. El País Valenciano, que es anémico en lo político, ante el sectarismo de Canal 9, reaccionó encogiéndose de hombros, despreciando y con un adiós muy buenas. Es suicida, pero poco reprochable. Nadie en la calle nos echará nunca de menos porque a quienes tenían sensibilidad suficiente para entender el valor de una televisión pública les ofendimos con nuestros contenidos y quienes aún nos ven, dicho sea con respeto, ni sienten ni padecen.

En definitiva, el ataúd de Canal 9 está a punto de quedar sellado. Del ERE y de la nueva ley de RTVV saldrá un engendro sin otro sentido que repartirse los despojos que todavía queden de lo que pudo haber sido y no fue. Cuando, con calma, se revise lo que han sido estos años se verá que la cadena fue asaltada por una banda de sinvergüenzas que solo querían ganar elecciones y dinero y que no resistió porque se quedó sin defensores. Gabriel Celaya maldecía la poesía “concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden”, yo maldigo el periodismo cínico y miope que pretendió pasar por Canal 9 sin “mancharse” y que hoy se ha quedado sin profesión y sin trabajo.

Julià Àlvaro es periodista de Canal 9.

Un coste Mitico de 70.000 mill de pta del erario público

Zaplana se querellará contra los empresarios que le implican con el ‘caso Terra mítica’

La Fiscalía investiga las cintas grabadas por un parlamentario socialista con los dos implicados
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ELPAIS.es – España – 12-05-2006 – 19:12

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, adoptará “acciones penales” contra los empresarios que le han relacionado, en unas grabaciones, con un supuesto fraude de facturas que se investiga en Terra Mítica, y con los diputados socialistas que las han utilizado para presentar una denuncia. Zaplana ha anunciado la medida en una rueda de prensa celebrada esta tarde en Valencia, después de conocerse esta mañana la denuncia.

El ex president de la Generalitat valenciana ha asegurado que el fiscal le ha aclarado que de esta denuncia “no se desprende ninguna diligencia abierta” contra él. Según ha dicho, va a pedir la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que explique por qué desde la Secretaría de Estado de Comunicación “se han enviado mensajes a periodistas alertándoles de esta noticia”.

Cintas en poder de la Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano tiene en su poder una grabación en la que los empresarios imputados por el conocido como caso Terra Mítica cuentan a un parlamentario del PSOE cómo inflaron las facturas por sus trabajos en la construcción del parque temático valenciano, multiplicando así hasta por seis su coste real. En estas cintas se menciona como implicado en el pago de comisiones ilegales al ex presidente de la comunidad y actual portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, según ha podido saber la Cadena Ser.

Dos diputados del PSPV-PSOE en el parlamento autonómico, Antoni Such y José Camarasa, han presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que trascriben las grabaciones presentadas. La investigación de la Fiscalía se centra en la trama de facturas falsas a través de las cuales 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, defraudaron a la hacienda pública 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001. La justicia investiga la comisión de tres posibles delitos: falsedad documental, delito societario y delito fiscal, aunque el primero ha prescrito, según el auto emitido hace unos días por el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia.

En las citadas grabaciones, uno de los empresarios cuenta que facturó por trabajos de jardinería en el parque unos 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros), pero a su compañía sólo llegó una sexta parte. El resto, 5.000 millones de pesetas, se dedicaron a pagar comisiones, tanto en metálico como a través de ingresos en cuentas bancarias en España y en paraísos fiscales.

“Conesa se repartía la pasta con el señor Zaplana”, asegura uno de los empresarios en la cinta. Y en otro momento, insiste sobre lo mismo: “Vi como el señor Conesa metía la bolsa en el maletero […] y dijo delante mía que el dinero se lo repartía con Zaplana, vamos, que eso lo digo yo en el juzgado”. El tal Conesa es el empresario Vicente Conesa, al que Hacienda denunció por un fraude de 2,7 millones de euros. Las dos sociedades de las que es gerente, según fuentes de la investigación, lograron la adjudicación de obras de construcción y ajardinamiento de Terra Mítica, que luego subcontrataron.

En la cinta, los dos empresarios calculan que, sólo por esos trabajos de jardinería y acondicionamiento del parque, se debieron pagar “entre 2.500 y 3.000 millones de pesetas en comisiones”. Además, ofrecen contar lo que saben a los medios de comunicación a cambio de dinero o de un pacto con la Fiscalía.

Terra Mítica costó al erario público unos 70.000 millones de pesetas (más de 400 millones de euros). Ahora, con un accionariado dominado por las cajas de ahorros de la comunidad, el parque se encuentra en suspensión de pagos y con una larga lista de acreedores.

Eduardo Zaplana, invento Terra Mítica

Eduardo Zaplana cambió Benidorm y su vida cuando fue alcalde. Impulsó el crecimiento de los grandes rascacielos e inventó Terra Mítica para mejorar el atractivo de la ciudad del sol. Su alcaldía le convirtió en el hombre fuerte del PP valenciano, bien relacionado con los poderes políticos, económicos y con la prensa. Su carrera política se disparó bien apoyada en el poder valenciano.
Dos empresarios imputados por las irregularidades en la construcción del parque, ahora en suspensión de pagos, acusan al portavoz parlamentario del PP de cobrar comisiones.
Zaplana siempre ha tenido el ojo vigilante en Terra Mítica y ha seguido disponiendo de sus destinos con independencia del gobierno de Francisco Camps.
Al portavoz del PP no le gusta que se hable del caso, como tampoco de algunos lujos personales. Francesc de Paula Burguera, un conocido e histórico columnista valenciano, acusa a Zaplana de incitar su despedido de OTR (propiedad de Europa Press) en septiembre pasado por una columna en la que satirizaba una entrevista a la alimón en El Mundo con Ángel Acebes y Zaplana, el ala dura de la dirección heredada de Mariano Rajoy.
Poco antes Francesc de Paula había hecho una observación sobre el reloj Zenith Grande Chrono Master XT o GT valorado en tres millones pesetas que Zaplana lució en la comisión del 11M. El columnista acusó al político de intentar parar esa columna antes de su publicación.
Zaplana contará en su reloj el tiempo de impacto de esta nueva acusación