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En defensa de Grecia, la democracia y Europa

En la acrópolis de Atenas se erigió en 1982 una lápida de bronce recordando el gesto de Manolis. El texto dice:

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 30ης ΜΑΙΟΥ 1941 ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΝΤΑΣ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΝΑZΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

ΕΝΤΟΙΧΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ “ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941 – 1944″ ΤΟ 1982..

La traducción castellana es “En la noche del 30 de mayo de 1941 los patriotas Manolis Glezos y Apostolos Sanda arrancaron la bandera de la ocupación nazi de la roca sagrada de la Acrópolis. Colocada por la “Resistencia Nacional Unida 1941 – 1944″ en 1982. Ahora, Manolis Glezos y Mikis Theodorakis , con el mismo espíritu de resistencia, han escrito la siguiente CARTA ABIERTA PARA FIRMAR y difundir….
En tiempos antiguos, la condonación por Solón de las deudas que obligaban a los pobres a ser esclavos de los ricos –la llamada reforma Seisachtheia, sentó las bases para la aparición, en la antigua Grecia, de las ideas de democracia, ciudadanía, política y Europa: los fundamentos de la cultura europea y mundial.
Luchando contra la clase de la riqueza, los ciudadanos de Atenas señalaron el camino para la constitución de Pericles y la filosofía política de Protágoras, quien dijo: “El hombre está muy por encima de todo el dinero”
Hoy en día, los ricos están tratando de tomarse la venganza en la mentalidad humana: “Los mercados están muy por encima de todos los hombres” es el lema que nuestros líderes políticos abrazan gustosamente, aliados al demonio dinero como nuevos Faustos.
Un puñado de bancos internacionales, agencias de información, fondos de inversión, en una concentración mundial del capital financiero sin precedentes históricos, reivindican el poder en Europa y en todo el mundo y preparan la abolición de nuestros estados y nuestra democracia, con el arma de la deuda, para esclavizar la población de Europa, poniendo en el lugar de las imperfectas democracias que tenemos la dictadura del dinero y la banca, el poder del imperio totalitario de la globalización, cuyo centro político está fuera de la Europa continental a pesar de la presencia de poderosos bancos europeos en el corazón del imperio.
Comenzaron con Grecia, utilizados como cobayas para trasladarse a otros países de la periferia europea, y poco a poco hacia el centro. La esperanza de algunos países europeos para escapar eventualmente demuestra que los líderes europeos se enfrentan a un nuevo “fascismo financiero”, no haciéndolo mejor que cuando se enfrentaron a la amenaza de Hitler en el período de entreguerras.
No es una casualidad que una gran parte de los medios de comunicación controlados por el banco se trate a los países de la periferia de Europa como “cerdos – pigs” y su campaña mediática, sádica y racista, vaya teñida de desprecio. Sus medios de comunicación no se dirigen sólo contra los griegos, sino también contra la herencia griega y la antigua civilización griega. Esta opción muestra los objetivos profundos y ocultos de la ideología y de los valores del capital financiero, promotor de un capitalismo de destrucción.
El intento de los medios de comunicación alemanes de humillar símbolos, como la Acrópolis o la Venus de Milo, monumentos que fueron respetados incluso por los oficiales de Hitler, no es sino una expresión del profundo desprecio de los banqueros que controlan los medios de comunicación, ya no tanto contra los griegos, sino sobretodo contra las ideas de libertad y democracia que nacieron en este país.
El monstruo financiero ha producido cuatro décadas de exención de impuestos para el capital, todo tipo de “liberalización del mercado”, una desregulación amplia, la abolición de todas las barreras a los flujos financieros y las especulaciones, los constantes ataques contra el Estado, la compra de partidos y medios de comunicación, la apropiación del excedente por un puñado de vampiros: los bancos mundiales de Wall Street. Ahora bien, este monstruo, un verdadero “Estado tras los Estados” parece preparado para asestar un “golpe de Estado permanente” financiero y político, y para más de cuatro décadas.
Frente al ataque, las fuerzas políticas de derecha política y la socialdemocracia parecen comprometidas después de décadas de entreguismo al capitalismo financiero, cuyos centros más grandes están fuera de Europa. Por otro lado, los sindicatos y los movimientos sociales aún no están lo suficientemente fuertes como para bloquear el ataque de manera decisiva como lo hicieron muchas veces en el pasado. El nuevo totalitarismo financiero busca aprovechar esta situación para imponer condiciones irreversibles en toda Europa.
Hoy, es tan necesario como urgente la coordinación inmediata y transfronteriza de los intelectuales, las gentes de las artes y las letras, los movimientos espontáneos, las fuerzas sociales y las personalidades que comprenden la importancia del reto; necesitamos crear un frente de resistencia potente contra “el imperio totalitario de la mundialización” que está en marcha, antes de que sea demasiado tarde.
Europa solo puede sobrevivir si presenta una respuesta unida contra los mercados, un reto mayor que el de ellos, un nuevo “New Deal” europeo.
Debemos detener de inmediato el ataque contra Grecia y los otros países de la UE en la periferia, hay que poner fin a esta política irresponsable y criminal de austeridad y privatización, que condujo directamente a una crisis peor que la de 1929.
Las deudas públicas deben ser reestructuradas de forma radical en la Eurozona, especialmente a expensas de los gigantes de la banca privada. Los bancos deben volver a ser evaluados y la financiación de la economía europea debe estar bajo control social, nacional y europeo. No es posible dejar la llave financiera de Europa en manos de los bancos, como Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, etc … Hay que prohibir los excesos incontrolados financieros que son la columna vertebral de capitalismo financiero destructivo y crear un verdadero desarrollo económico en lugar de ganancias especulativas.
La arquitectura actual, basada en el Tratado de Maastricht y las reglas de la OMC, ha instalado una máquina en Europa para fabricar deuda. Necesitamos un cambio radical de todos los tratados, la sumisión del BCE al control político de la población europea, una “regla de oro” para un mínimo del nivel social, fiscal y medioambiental de Europa. Necesitamos urgentemente un cambio de paradigma, un retorno al estímulo de crecimiento a través de la demanda de nuevos programas de inversión europeos, las nuevas regulaciones, los impuestos y el control del capital internacional y instalación de flujos, una nueva forma de proteccionismo suave y razonable en una Europa independiente sería protagonista en la lucha por un mundo multipolar, democrático, ecológico y social.
Llamamos a las fuerzas y personas que comparten estas ideas a convergir en un amplio frente de acción europea lo antes posible, para producir un programa de transición de Europa, para coordinar nuestra acción internacional, con el fin de movilizar a las fuerzas del movimiento popular, para revertir el actual equilibrio de fuerzas y derrotar a los líderes actuales históricamente irresponsables de nuestros países, con el fin de salvar a nuestro pueblo y a nuestra sociedad antes de que sea demasiado tarde para Europa.”
Mikis Theodorakis
Manolis Glezos

ENMIENDA PLATT

FUENTE

Ley del Congreso de Estados Unidos impuesta como apéndice a la  Constitución cubana a principios del siglo XX, bajo la amenaza de que de no aceptarse la isla permanecería ocupada militarmente

El 25 de febrero de 1901, el Comité de Asuntos Cubanos del senado norteamericano aprobó una enmienda insertada a la Ley de Gastos del Ejército, cuyo texto era, desde todo punto de vista, inaceptable para los cubanos que habían luchado y vertido su sangre durante treinta años por obtener la verdadera independencia

El artículo primero de la enmienda prohibía al gobierno de Cuba la concertación de tratados o convenios con gobiernos extranjeros que menoscabaran la independencia cubana y significaran la cesión de parte de su territorio. Este  es, en sí mismo, contradictorio e hipócrita, pues si Cuba aprobaba la Enmienda Platt lo infringía al firmar un convenio que menoscababa su soberanía. 

El artículo segundo prohibía al gobierno de Cuba contraer deudas por encima de su capacidad de abonar los intereses y amortización de las mismas.  

El artículo tercero -considerado el nervio de la Enmienda Platt– concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en la isla en caso de que peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales. 

El artículo cuarto convalidaba todos los actos realizados por el gobierno militar norteamericano. 

El artículo quinto disponía que Cuba quedaba obligada a atender con preferencia la sanidad de sus poblaciones para proteger el comercio y el pueblo del sur de los Estados Unidos. Este artículo era particularmente vejaminoso para el pueblo cubano, al que se trataba de presentar como una horda incivilizada que vivía gustosa en ausencia de mínimas condiciones higiénicas que sus “protectores” se veían en la necesidad de imponerle. 

El artículo sexto refleja el error geográfico cometido tanto por España como por los libertadores, de considerar a Cuba una isla y no un archipiélago. Los norteamericanos se aprovechan de ello para disponer que el status de Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud) se determinaría en un futuro tratado. 

El artículo séptimo -también de capital importancia y el único que, de hecho y contra la voluntad del pueblo cubano, sigue ejerciendo su nefasta vigencia en la Base Naval de Guantánamo, establecía la cesión de porciones de suelo cubano para la ubicación de estaciones navales o carboneras norteamericanas. 

El artículo octavo disponía que los artículos anteriores debían ser incluidos en un tratado permanente entre Cuba y Estados Unidos. 

El 2 de marzo de 1901, el Congreso norteamericano otorgó su aprobación definitiva a la enmienda, que fue sancionada de inmediato por el Presidente, convirtiéndose en ley de los Estados Unidos. 

El pueblo cubano se manifestó enardecido ante la decisión del gobierno norteamericano de malograr la independencia conquistada con tanto sacrificio. Airadas y masivas manifestaciones se sucedieron una tras otra. No obstante, después de intensos y acalorados debates, la Asamblea Constituyente cubana aprobó por  escaso margen de votos la inclusión en la Carta Magna de la enmienda. La mayoría de los que votaron a favor declararon públicamente que lo hacían por evitar que la ocupación militar norteamericana se extendiera indefinidamente. 

El mejor y más certero juicio que podría hacerse sobre la significación de este bochornoso proceso, lo hizo el general Leonard Wood, gobernador militar de la isla durante la ocupación norteamericana:  

“Por supuesto, que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt y lo único indicado ahora es buscar la anexión. Esto, sin embargo, requerirá algún tiempo y durante el período en que Cuba mantenga su propio gobierno, es muy de desear que tenga uno que conduzca a su progreso y a su mejoramiento. No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más allá de ciertos límites y debe mantener las condiciones sanitarias que se le han preceptuado, por todo lo cual es bien evidente que está en lo absoluto en nuestras manos y creo que no hay un gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa sino lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos, y como tal es acreedora de nuestra consideración. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. La isla se norteamericanizará gradualmente y, a su debido tiempo, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo…”. 

Qué lejos estaban los neocolonialistas de adivinar el rumbo que tomarían los acontecimientos gracias al patriotismo y la inquebrantable voluntad de lucha del pueblo cubano.

Aprendiendo de la Historia: cómo Irlanda, Grecia y España perdonaron la deuda alemana london

london

FUENTE

El Acuerdo de Londres sobre la Deuda Alemana, cuyo sexagésimo aniversario celebramos el próximo 27 de febrero, es un temprano y casi desconocido ejemplo de restructuración moderna de deuda soberana.

Durante mucho tiempo, la quiebra de estados ha sido percibida como un problema lejano, propio del llamado ‘mundo en vías de desarrollo’ (el Sur Global). Hoy no es está para nada lejos, sino frente a nuestras propias puertas. Una emergencia económica, resultado del sobreendeudamiento, desafía a la pervivencia misma de la unión monetaria europea. La devastación social y política en curso amenaza los tejidos sociales de los países afectados por la crisis. Alemania, sin embargo, parece quedar a salvo como una economía relativamente exitosa y floreciente. Pero este no ha sido siempre el caso.

Poca gente sabe que Alemania se benefició de una generosa condonación de deuda al principio de su ‘milagro económico’. El Acuerdo de Londres sobre la Deuda Alemana, cuyo sexagésimo aniversario celebramos el próximo 27 de febrero, es un temprano y casi desconocido ejemplo de restructuración moderna de deuda soberana, algo muy sorprendente si se considera su eficacia a la hora de recuperar la sostenibilidad de la deuda alemana (occidental). Hacia el final de las negociaciones, se canceló la mitad de todas las deudas de 30 millones de marcos y los remanentes fueron reprogramados de forma tan inteligente que Alemania nunca tuvo que volver a afrontar un problema de deuda.

Los niños y niñas alemanes no acostumbran a aprender nada del Acuerdo en sus clases de Historia y en los medios tampoco se le da mucha consideración. Sin embargo, hoy sería sabio recordar cómo se previno una quiebra estatal inminente a través de unas negociaciones oportunas, rápidas, comprensivas y justas.

El contraste entre el trato histórico dado a Alemania y el trato dado hoy a Grecia no puede ser más obvio. Alemania se benefició de una condonación de gran alcance como resultado de la cual su economía creció de forma rápida y sostenible. Grecia en cambio, está siendo forzada a ‘consolidarse’ a sí misma a lo largo de una recesión dolorosa y destructiva que sacude a la sociedad hasta sus mismos cimientos. En 1953, uno de esos generosos (para Alemania) acreedores fue, por cierto, Grecia, que no tuvo en cuenta los crímenes de guerra que las fuerzas de ocupación alemanas habían cometido pocos años antes en suelo griego. Un paralelismo similar se podría dibujar con España, que también fue de los países que firmaron el acuerdo para la cancelación de la deuda alemana.

Pocas restructuraciones de deuda soberana han permitido de forma tan clara como la de 1953 la transición desde un estado de endeudamiento crítico hasta una situación en la que la deuda ya no es un obstáculo para el desarrollo económico y social. El acuerdo es aun hoy uno de los mejores ejemplos históricos de lo razonable y sostenible que puede llegar a ser la resolución de una deuda si hay voluntad política.

Vale la pena volver a examinar hoy el caso ‘Londres 53’ como fuente de referencia para las actuales discusiones sobre la condonación de deuda, tanto en el caso de países del Sur Global como en el contexto de la crisis de insolvencia de los estados en la Eurozona. ¡Recordemos este fragmento histórico vital por tanto tiempo olvidado! Y comprometámonos de nuevo con la responsabilidad de tratar a los países aquejados de sobreendeudamiento de manera oportuna y justa.

Kristina Rehbein and Jürgen Kaiser, erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. (Germany)

Isabel Castro, Iniciativa de Auditoria Cidadã à Divida Pública – IAC (Portugal)

Eric LeCompte, Jubilee USA Network (USA)

Iolanda Fresnillo, Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda – PACD (Spain)

Bodo Ellmers, European Network on Debt and Development (Belgium)

Nessa Ní Chasaide, Debt and Development Coalition and Andy Storey, Debt Justice Action’s Anglo: Not Our Debt (Ireland)

Nick Dearden, Jubilee Debt Campaign (United Kingdom)

1. ¿Qué es el Acuerdo de Londres sobre la Deuda?

El 27 de febrero de 1953 se firmó el ‘Acuerdo de Londres sobre la Deuda’, un pacto extraordinario por el que se cancelaron muchas de las deudas que Alemania había contraído antes de la guerra. La excepcionalidad del acuerdo proviene del hecho de que sus firmantes fueran países que habían estado en guerra tan solo pocos años antes: por un lado, la nueva y muy endeudada República Federal Alemana (sucesora de la Alemania de Hitler) y, por el otro, sus acreedores, los Aliados occidentales, encabezados por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

2. ¿Qué parte de la deuda alemana fue cancelada?

Destruida por la guerra, Alemania era incapaz de pagar su deuda pública externa durante la posguerra. A pesar de algunos acuerdos previos para la reducción de su deuda de posguerra, sus deudas anteriores al conflicto seguían siendo enormes e impagables. Cerca del 50% de la deuda alemana fue cancelada, lo que suponía unos 30.000 millones de marcos o el 150% de sus exportaciones de 1950. Por lo que respecta al remanente de la deuda alemana, aun se le concedió un alivio adicional con una reducción del interés en distintas vertientes. La Conferencia de Londres adoptó una solución comprensiva para abordar las deudas restantes de Alemania, relativas a dos partes constituyentes:

  • Préstamos que Alemania había tomado durante la República de Weimar para satisfacer los acuerdos de reparación del Tratado de Versalles de 1919, que ya habían sido aplazados dos veces y que posteriormente fueron en parte cancelados. Además, las deudas de otras instituciones públicas y de deudores privados alemanes sumaban 5.800 millones de marcos, de manera que se fijaron y se discutieron todas las deudas anteriores a la guerra, que suponían un monto de 13.500 millones de marcos.
  • Préstamos que el gobierno federal había recibido de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos, para financiar la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

¿Quién estaba involucrado?

La conferencia sobre las deudas anteriores a la guerra tuvieron lugar en Londres entre el 28 de febrero y el 28 de agosto de 1952. Participaron en ella veintidós delegados de los países acreedores, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y representantes de acreedores privados. Tras las negociaciones estaba el impulso de los Estados Unidos. Durante el proceso, entre 1951 y 1953, se trató con los firmantes del Acuerdo la deuda pública y privada que Alemania tenía con entidades públicas y privadas de los siguientes países:

Bélgica, Ceilán (actual Sri Lanka), Dinamarca, Francia, Grecia, Irán, Italia, Yugoslavia, Canadá, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paquistán, Suecia, Suiza, España, Suráfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta 1963, los siguientes países y territorios aceptaron el acuerdo: Adén, Egipto, Argentina, Australia, el Congo Belga (hoy República Democrática del Congo), las Islas del Canal, Chile, Finlandia, las Islas Malvinas, Gibraltar, Israel, Camboya, Camerún, Malta, Marruecos, Nueva Guinea y Nauru, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rodesia del Norte (actual Zambia) y Nyasalandia (actual Malaui), Austria, Perú, Siria y Tailandia.

3. ¿Qué lecciones extraer para la actual crisis de Irlanda, Europa y el resto del mundo?

Los pagos negociados para la crisis de la deuda son posibles.

  • El Acuerdo de Londres demuestra que es posible que un conjunto multilateral de partes interesadas lleguen a acuerdos para una cancelación comprensiva de deuda, incluso en contextos políticos muy sensibles. El establecimiento de pactos durante el Acuerdo fue un proceso muy cooperativo. Pese a que se establecieron seis foros de arbitraje diferentes para tratar los conflictos que surgían durante las negociaciones del Acuerdo, estos mecanismos de disputa fueron necesarios en raras ocasiones. A Alemania también se le dio la opción de “llamar a consultas” si se encontraba con dificultades imprevistas para movilizar su servicio de deuda. Aun así, no hay registro de ningún requerimiento de consultas por parte de Alemania.
  • Las “directrices para las recomendaciones” establecidas para el Acuerdo reconocían la necesidad de dispensar un trato humano al deudor. Afirmaba que el acuerdo debía:
    • i) tener en cuenta la situación económica general de la república federal los efectos de las limitaciones en su jurisdicción territorial; tampoco debía dislocar la economía alemana con efectos indeseables en la situación financiera interna, ni drenar en exceso las divisas alemanas existentes o potenciales (…).
    • ii) proporcionar una solución global ordenada y asegurar un trato justo y equitativo de todas las partes afectadas.
    • La impresionante autoconfianza de la delegación alemana quedó demostrada al conseguir que se aplicara una significativa reducción de deuda e, incluso, al usar el acuerdo como un instrumento para evitar posibles demandas de reparación en el futuro. En 1959, el negociador alemán Hermann Josef Abs informó de lo siguiente: “Solo había un punto imposible de acordar con los acreedores para añadirlo en el informe final de la conferencia: la cuestión de las condiciones políticas previas bajo las cuales podíamos llegar al acuerdo sobre la deuda, a saber, el problema de las reparaciones. (…) Pero en la sesión final, la más importante, la delegación alemana declaró, de manera muy clara y con toda seriedad, que Alemania no estaría en posición de firmar el acuerdo sobre la deuda si todavía tenían que seguir haciéndosele demandas con el nombre de ‘reparaciones’.” Después de 1953, Alemania no efectuó pagos de reparación del tipo que acordó en 1919.
    • El Acuerdo fue tan definitivo que por muchas décadas prácticamente no hubo discusión alguna, ni interna ni externa, acerca de la cuestión de la deuda nacional alemana.

El gran tamaño de las deudas y tipos de deuda considerados

  • Una de las características más peculiares del Acuerdo de Londres es que no solo trató con la deuda del estado alemán y sus distintos predecesores, sino que también incluyó todas las obligaciones externas de la economía alemana, por ejemplo, las de individuos y empresas [explicar más]. En interés de un acuerdo unificado que obligara por igual a deudores y acreedores, se pactó un principio de trato equitativo para todos ellos. Todos los demandantes tuvieron que aceptar reducciones equivalentes de interés y demandas de repago. Todos los deudores privados se beneficiaron del mismo desahogo que los acreedores concedieron a la república federal con el fin de mantener su capacidad de desarrollo económico.
  • Gracias a las distintas garantías del acuerdo y al generoso nivel de reducción de deuda, Alemania tuvo muy bajos indicadores de deuda pública y externa hasta la la recesión de los años setenta. Solo de los ochenta en adelante, primero debido a los costes de la reunificación y luego a la crisis financiera global de 2008, la relación deuda/PIB de Alemania se elevó hasta alrededor del 80%, donde todavía se mantiene hoy.
  • El acuerdo contribuyó de manera significativa al boom alemán de los cincuenta y los sesenta, así como a la rápida reconstrucción de un país tan devastado.

La cancelación de la deuda es posible si hay voluntad política

El acuerdo y la generosidad de sus términos demuestran:

  • El fuerte compromiso de los Aliados occidentales de no repetir los errores cometidos tras la Primera Guerra Mundial, es decir, desestabilizar política y socialmente a un enemigo derrotado imponiéndole la carga de una deuda impagable.
  • La habilidad del entonces gobierno Adenauer a la hora de aprovechar la singularidad de Alemania como estado situado en el frente de la Guerra Fría. Sin este punto, la condonación final hubiera podido ser algo menos generosa, al no ser tenida en cuenta la contribución alemana al ‘esfuerzo’ en la Guerra Fría.
  • Aunque el liderazgo de los Estados Unidos era claramente visible, muchos firmantes del acuerdo se convirtieron en miembros del ‘Movimiento de los No-alineados’ o se declararon neutrales desde un principio (como Suiza).

Cómo especular contra la deuda pública de un país como España

FUENTE

dimecres, 27 de febrer de 2013 21:20

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC.

¿Por qué sube la prima de riesgo de un país?  En principio porque los inversionistas financieros (conocidos como “los mercados”) confían menos en la solvencia del país en cuestión. Recordemos que cuando el Estado de un país emite deuda pública, lo que está haciendo en realidad es entregar títulos (papelitos) a cambio de que le presten dinero. Esos préstamos tienen un tipo de interés, que es el coste que tiene que pagar el Estado por haber pedido dinero prestado. Por ejemplo, en el año 2012 un inversionista recibe un título del Estado español y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2013 el inversionista devolverá el título y el Estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversionista termina con más dinero del que tenía al principio, y de esta forma se lucra.

El tipo de interés que acuerden será más alto a medida que el Estado empeore su situación económica, puesto que es una forma de compensar el posible hecho de que al final el Estado no pueda devolver el dinero. De la misma forma, a mejor situación económica del país, menor tipo de interés. Si los inversionistas creen que un estado es solvente y podrá devolver el dinero que le prestan, entonces pedirán un tipo de interés reducido. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente con Alemania. Los inversionistas piensan que el Estado alemán es solvente y por lo tanto le prestan dinero “barato” (es decir, a un tipo de interés reducido: 1,62%). Al mismo tiempo esos mismos inversionistas creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y no pagar sus deudas, por lo que le prestan dinero a un tipo de interés más elevado (5,17%). A la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a Alemania y el que le piden a España se le denomina “prima de riesgo” (5,17% – 1,62% = 3,55% = 355 puntos básicos).

Parece comprensible que los inversionistas cada vez confíen menos en el Estado español, debido a la desastrosa situación económica que está atravesando. Pero, ¿es comprensible que en ocasiones la prima de riesgo española se dispare en un solo día, o incluso en unas pocas horas, cuando no ha pasado nada digno de mención en la economía española? Eso no parece tener sentido, al menos no si sólo tenemos en cuenta que el tipo de interés sube o baja dependiendo de la confianza que tengan los inversionistas en la solvencia del Estado. Lo que ocurre es que en ese movimiento influyen otros factores, y especialmente el de la especulación financiera.

Especular es comprar barato y vender caro para obtener beneficios con la diferencia de precios. En el mercado financiero es relativamente fácil especular porque el precio de los activos responde sensiblemente a los cambios en la oferta y demanda de títulos. Un pequeño inversionista no podrá influir en el precio de un activo, pero un gran inversionista que posea cantidades mastodónticas de dinero sí lo podrá hacer. Aquí ofrecemos una explicación sencilla de una de las formas a través de las cuales los especuladores financieros obtienen enormes beneficios atacando a la deuda pública de los países (y particularmente a la deuda española a partir de 2010).

1) El primer movimiento del especulador consiste en descubrir alguna debilidad de algún país. Al igual que los tiburones atacan cuando huelen la sangre, los especuladores atacan cuando encuentran alguna fisura en la salud de una economía nacional. Es por este motivo que los especuladores no pueden atacar a países como Alemania o Estados Unidos, sino que sólo pueden hacerlo con aquellos países menos vigorosos (España, Grecia o Portugal son algunos ejemplos; las dudas económicas sobre estos países a partir de 2010 los convirtieron en presas fáciles de abordar).

2) El segundo movimiento consiste en comprar CDS para utilizarlos como “caballo de Troya”. Un CDS es un título financiero (papelito) que funciona como un seguro. Al igual que un seguro de coche te cubre en caso de accidente, un CDS te cubre en caso de que algún Estado no te devuelva el dinero que le prestaste. El especulador le compra los CDS a un banco de inversión que se compromete, en caso de que el Estado español no devuelva el dinero, a cambiarle el título de deuda pública española por un título de deuda pública alemana (que goza de mayor confianza y seguridad). El CDS tiene un precio, que será más alto conforme más elevado sea el riesgo de que el Estado no devuelva el dinero (al igual que un seguro de coche es más caro conforme más probabilidades tenga el conductor de sufrir un accidente). Puesto que todavía (principios de 2010) no hay dudas serias sobre la solvencia del Estado español, este precio es bajo. El especulador se asegura de comprar muchos títulos de CDS para que luego funcionen como un “caballo de Troya”.

Lo gracioso es que el especulador puede comprar los CDS aunque no tenga títulos de deuda pública en su poder, debido a las pocas normas regulatorias que existen en los mercados financieros.

3) El tercer movimiento consiste en pedir prestados una cantidad enorme de títulos de deuda pública en el mercado secundario. El especulador obtiene así muchísimos títulos de deuda pública española que se compromete a devolver pasado un tiempo. Pero antes de que llegue el momento de devolverlos, los venderá de forma masiva y en un solo día (las normas de los mercados financieros permiten hacer algo tan estrafalario como vender títulos que te han prestado). La venta de tantos títulos de deuda pública no pasará desapercibida, y los demás inversionistas verán en ella una señal de que están empezando a desconfiar de la solvencia del Estado español, puesto que parece que hay mucha gente vendiendo los títulos de deuda pública española. Si esta acción se acompaña de rumores y opiniones (por parte de expertos relacionados con el fondo especulador, por ejemplo) que lanzan el mensaje de que el Estado español tendrá problemas para afrontar sus pagos, entonces el efecto será aún mayor, y los inversionistas poseedores de títulos de deuda pública española se asustarán y venderán ellos también todos los títulos que puedan. Como muchos agentes quieren librarse de los títulos a toda costa, los venderán al precio que sea y esto hará que pierdan mucho valor (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes ofrezcan algo, más bajará su precio).

Al mismo tiempo, nuestro especulador utiliza el dinero que ha recibido por la venta de títulos de deuda española para comprar títulos de deuda pública alemana, empujando al alza la valoración de estos títulos alemanes (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes demanden algo, más subirá su precio).

4) El cuarto movimiento se produce de forma automática: es el impacto que tiene el “caballo de Troya” instalado a través de los CDS. Recordemos que nuestro especulador compró muchos CDS (seguros) a un banco de inversión. Este banco de inversión (vendedor de seguro) empieza a ver que el Estado español tiene más posibilidades de quebrar. Puesto que se comprometió a entregar títulos de deuda pública alemana a los compradores de CDS en el caso de que el Estado español quebrara, lo que hace el fondo de inversión es comprar títulos de deuda pública alemana para tener suficientes en su cartera (y también vender títulos de deuda española porque tienen ya muy poco valor). Estos dos movimientos reforzarán la senda iniciada por nuestro especulador: venta masiva de títulos de deuda pública española (lo que reducirá su precio) y compra masiva de títulos de deuda alemana (lo que aumentará su precio).

5) El último movimiento consiste en recoger las ganancias realizadas por el movimiento especulativo. Nuestro especulador compró muchos títulos de deuda alemana a un precio bajo, y ahora que han aumentado mucho su valor los vende, obteniendo suculentas ganancias. Además, ahora comprará títulos de deuda pública española a precios muy bajos y los devolverá al agente que se los prestó en su día. Pero para rematar la jugada venderá los CDS que compró al principio, puesto que ahora se valoran mucho más ya que hay gente asustada que quiere comprar seguros por si el Estado español quiebra. Más ganancias al vender los CDS.

Así es cómo los especuladores actuaron y actúan para cosechar beneficios mastodónticos al mismo tiempo que ponen a España y otros países contra la espada y la pared al provocar un aumento importante de sus primas de riesgo (ya que la confianza en sus títulos de deuda baja, y la depositada en los títulos alemanes sube). Una actuación abominable y criminal que está permitida por los grandes poderes públicos de los países occidentales.

Origen del texto: http://eduardogarzon.net/como-especular-contra-la-deuda-publica-de-un-pais-como-espana/

Artículo relacionado: http://eduardogarzon.net/desde-1989-el-estado-espanol-ha-pagado-solo-en-concepto-de-intereses-43-veces-lo-que-debia-en-1989/

Los diez falsos mitos de la economía española

FUENTE.

Portadas que se mofan de la imagen de España, editoriales de periódicos que instan a pedir el rescate o predicciones apocalípticas del desarrollo futuro de la crisis son las imágenes más extendidas de la economía española en los últimos tiempos. Las cifras no mienten. ¿O tal vez sí? Los analistas de Arcano han elaborado un informe en el que advierten de que se está realizando una lectura excesivamente negativa de la realidad económica española a través de la relectura de diez mitos sobre nuestro país.

Viernes, 7 de Diciembre de 2012 – 12:29 h.

MITO 1: España está cerca del colapso con un ratio de deuda del 363% sobre el PIB

Frente al 363% de deuda sobre PIB que se utiliza como dato generalizado, los analistas de Arcano en su informe aseguran que el apalancamiento real de la economía española es del 268% teniendo en cuenta la deuda del Estado, de las familias y de las empresas tanto financieras como no. Una diferencia de 95 puntos, que explican por una contabilización por duplicado de la deuda corporativa de las entidades financieras. En este sentido, apuntan que si alguien debe 100.000 euros a su banco y el banco debe esos 100.000 euros a un inversor extranjero, la deuda total es de 100.000 euros, no de 200.000.

Por lo tanto, para llevar a cabo una contabilidad precisa de la deuda señalan que hay que tener en cuenta varios aspectos:

– La cantidad prestada a las empresas por bancos españoles asciende al 27% del PIB, por lo que debe evitarse que esta se contabilicen por duplicado.

– Los préstamos entre compañías también suelen anotarse dos veces.

– Las deudas relacionadas con las inversiones en negocios internacionales no contribuyen al PIB español (44% del PIB).

MITO 2: España es excepcionalmente temeraria en gastos

El estereotipo define al alemán como ahorrador mientras que el español gasta hasta lo que no tiene. Sin embargo, según los datos del informe de Arcano, el Gobierno español gasta menos, en términos de porcentaje sobre PIB, que la mayoría de los países de la eurozona y Reino Unido tras la crisis. En 2007, España había estado cerca del 2% de superávit fiscal.

Además, en el documento apuntan que desde el Ejecutivo se están llevando a cabo medidas para corregir el déficit fiscal mediante la reducción de costes, así como el incremento de impuestos. En términos relativos, el problema fiscal de España está más cercano a una recaudación baja por los impuestos, que a un gasto excesivo.

MITO 3: España no es competitiva

El índice de costes laborales puede servir como indicador de la competitividad de los países. En España, han descendido un 4% desde 2008 frente a una subida de entre un 5 y un 10% en sus socios comerciales. Esta comparación implica, según los datos de Arcano, que la competitividad española ha mejorado entre un 9% y un 14% en términos de costes, lo que permite un repunte de las exportaciones.

MITO 4: España no tiene un motor de crecimiento para salir de la crisis

En los años del boom inmobiliario, la construcción fue el principal motor de crecimiento de la economía española. Una vez que la burbuja ha explotado, ¿qué queda? Las exportaciones y los ingresos provenientes del turismo han desarrollo repuntes históricos, de más de 200.000 millones y de 60.000 millones respectivamente.

Costes laborales bajos, incremento en la flexibilidad laboral o infraestructuras bien desarrolladas son las principales razones que aducen los expertos de Arcano para cimentar el futuro crecimiento de España. Un desarrollo que será posible incluso si el país mantiene los bajos niveles de inversión de los últimos años.

MITO 5: A España le quedan muchos ajustes por acometer

Si uno mira el entorno y se fija en los países rescatados o en aquellos con graves problemas de financiación, la receta para salir de la crisis ha pasado por adoptar un gran paquete de ajustes. En muchas ocasiones, se habla de que a España todavía le quedan muchas decisiones que tomar. Sin embargo, desde Arcano aseguran que ya se han acometido muchas de estas reformas:

Uno de los temas que ha evolucionado de forma positiva es la balanza comercial. Se ha conseguido dejar atrás el déficit comercial hasta conseguir una balanza comercial positiva excluida la energía, del 3% reduciendo al mínimo la necesidad de financiación externa.

Respecto a los problemas de los activos inmobiliarios, el sector financiero ya ha provisionado cerca de 200.000 millones de euros mientras que el precio de la vivienda se ha ido ajustando en la línea del resto de economías.

Todos estos ajustes han ido de la mano de una mejora en la competitividad de la fuerza laboral española.

MITO 6: Europa dejaría a España salir del euro

Mucho se ha especulado con posibles bajas de países de la moneda única, sin embargo una eventual salida de España de la zona euro costaría más que apoyar al país en sus necesidades de financiación.

Si España abandonara el euro tendría graves consecuencias en las pérdidas de los bancos alemanes y franceses. Además, podría tener un efecto contagio sobre Italia lo que llevaría a una probable ruptura del Euro. A esto se añadiría unas implicaciones devastadoras para la Unión Europea en su proyecto político y económico.

MITO 7: España no reformará

La reforma fiscal es una de las asignaturas pendientes de España, aunque algunas voces dudan de si se llevará a cabo. España está llevando a cabo un ajuste fiscal del 11,3%, uno de los ajustes de la OCDE en la historia reciente. Las proyecciones de Arcano apuntan que con las reformas el PIB español puede crecer un 9% en los años venideros.

MITO 8: España sufre una hemorragia en su base de depósitos

La salida de capital es una de las mayores preocupaciones de los países más castigados por la crisis económica. Sin embargo en el caso del España, el problema puede no ser tan grave. Los depósitos de alta calidad, que los bancos asumen como una fuente estable de financiación, han caído solo entre el 2 y el 3%. Lo que en opinión de Arcano difícilmente puede calificarse como una fuga real de depósitos.

La caída de los depósitos en general, que lleva un acumulado del 6,7% hasta julio, tiene un origen técnico y no tiene impacto real negativo en el sistema de financiación, aseguran.

MITO 9: La evolución de los CDS muestra que España tiene más riego que muchos pequeños países emergentes

Invertir en España, según los CDS, es más arriesgado que hacerlo en Indonesia, Rusia, Kazajstán y Rumanía. Sin embargo, la última vez que España presentó un problema de impago fue en 1883. A este hecho se suma, que los CDS no reflejan la solidez política de los países ni la estabilidad que viene dada por una fuerte presencia de la clase media.

Además, apuntan que los países se declaran en banca rota cuando los niveles de deuda estatal superan el 120% del PIB, el acceso a la financiación es inexistente y el país no puede crecer. “España no está en esta situación”, concluye el informe.

MITO 10: Los españoles no trabajan duro

Los empleados en España trabajan más horas al año que en muchos países del mundo, en línea con Reino Unido y justo por debajo de Estados Unidos. Si se comparan los costes laborales en España y su productividad per cápita es uno de los países más atractivos en el mundo para invertir, señalan en el

Ecuador se negó a pagar la deuda y prosperó

UN EJEMPLO PARA UNA EUROPA EN CRISIS
Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana. En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero de­sarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos. 
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento. 
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población. 
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Por CARLOS JÁTIVA, Embajador de Ecuador en París

http://www.monde-diplomatique.es/?url=mostrar/pagLibre/?nodo=c0c9a682-d412-4501-9cfd-cb6874237206

FRENTE AL FRACASO DEL NEOLIBERALISMO, ¿HUMANIZAR EL CAPITALISMO?

Augusto Lapp Murga. Aporrea

Ya parece un hecho evidente para todo el mundo bien pensante que el capitalismo neoliberal, con su pensamiento único del “ laissez-faire” y la “ mano invisible” del mercado autorregulado, al cabo de apenas tres décadas de dominio global ha resultado en un estruendoso fiasco. La crisis financiera que afecta al mundo entero, la recesión de la economía productiva en los países desarrollados, las enormes deudas soberanas y el rescate leonino de las finanzas públicas y privadas en quiebra, el desempleo galopante y el aumento de la pobreza, entre otras cosas, así lo indican.

Ante esta crisis de la economía global vuelven a enfrentarse las dos ideologías fundamentales del capitalismo. De un lado, el neoliberalismo, con su idea de la defensa del libre mercado y la libre competencia hasta sus últimas consecuencias, en una evidente huida hacia adelante, insiste en seguir aplicando las consabidas políticas de plena apertura de los mercados para los grandes capitales transnacionales, mayor flexibilización laboral para incrementar las ganancias de las empresas capitalistas, ayudas masivas a la banca para salvar el sector financiero, y austeridad presupuestaria para estrangular aún más el “gasto” social.

Por otro lado, en respuesta ante el colapso del capitalismo neoliberal, se ha planteado la opción de retornar a un capitalismo “más humano”. Sería éste una versión del keynesianismo, con un sistema regulado donde el gobierno tome la forma de un estado benefactor que interviene para prevenir los excesos a los que conduce la lógica del capitalismo de buscar expandir las ganancias a toda costa. Aunque los críticos liberales acusan a su vez que son las políticas expansivas y asistencialistas de estos estados las causantes de las grandes deudas públicas y altas tasas de inflación que al final condujeron al fracaso del keynesianismo en la década de los setentas.

Observamos entonces que esta nueva crisis del capitalismo y sus consecuencias no sólo movilizan amplias masas de trabajadores y sacude a la opinión pública mundial, sino que también ha desatado nuevamente la polémica entre las diferentes corrientes del pensamiento económico capitalista. Esta polémica no sería algo extraño, dado que, como ya observara Marx en su libro Miseria de la Filosofía [2], cuanto más evidente se muestra el carácter antagónico de los intereses de clase, más se embrollan en su propia teoría los economistas, los representantes científicos de la producción burguesa; y por ello aparecen distintas escuelas.

Marx identificaba en su época dos escuelas: Por un lado, “Están los economistas fatalistas, que en su teoría son indiferentes a lo que llaman los inconvenientes de la producción burguesa, como lo son los burgueses mismos a los padecimientos de los proletarios, que los ayudan a adquirir las riquezas”. Dentro de esta escuela fatalista hay clásicos y románticos. Para ambos “la miseria es, según su criterio, el dolor que acompaña a toda creación, lo mismo en la naturaleza que en la industria”. Son los también llamados capitalistas salvajes.

Por otro lado, dice Marx, “Surge luego la escuela humanitaria que toma a pecho el aspecto malo de las relaciones de producción actuales. Dicha escuela trata, para tranquilizar su conciencia, de mitigar, en lo posible, los contrastes reales; lamenta con sinceridad las angustias del proletariado, la competencia desenfrenada de los burgueses entre sí; aconseja a los obreros que sean mesurados, que trabajen bien y que tengan pocos hijos; y recomiendan a la burguesía que moderen el ritmo de la producción. La entera teoría de esta escuela –observa Marx- se apoya en distinciones efectivas entre la teoría y la práctica, entre los principios y los resultados, entre la idea y su aplicación, entre el contenido y la forma, entre la esencia y la realidad, entre el hecho y el derecho, entre el aspecto bueno y el aspecto malo”.

Estas palabras las escribió Marx entre los años 1846-1847, pero aun hoy conservan toda su vigencia. Desde entonces esta escuela “humanitaria” ha continuado elaborando diversas propuestas de remiendo del capitalismo. Tres disciplinas vienen a justificar o reforzar su teoría: a) la filosofía moral y política de claro corte normativista, centrada fundamentalmente en el “deber ser” de las organizaciones económicas y sociopolíticas, sólo se ocupa de reclamar discursivamente la necesidad de atender la dimensión ética de la gestión capitalista; b) el sociologismo, que acentúa unilateralmente las relaciones sociales y relativiza la influencia de las estructuras económicas en las que descansan dichas relaciones; c) y por último, la economía política reformista, con su fórmula de una economía desarrollista y redistributiva como alternativa dentro del capitalismo.

Estas disciplinas, con sus doctrinas y propuestas, incluidas las que surgen desde posiciones autoproclamadas como socialistas, suelen hacer certeros análisis de las aberraciones del sistema, sin embargo, sólo terminan por querer maquillar algunos de los principios y categorías fundamentales de la economía capitalista. Algunas plantean como una solución efectiva, por ejemplo: regular el mercado; normar el capital financiero; socializar la mercancía; compartir las ganancias; o cumplir con la “responsabilidad social” de las empresas.

Con estas medidas se pretende saldar las deudas sociales del capitalismo. No son malas per se , pero obviamente son soluciones cosméticas que van a contrapelo de las leyes inexorables que gobiernan el sistema, como de las contradicciones internas que lo caracterizan. Sin dudas, estas medidas se contradicen con los principios de la producción de plusvalía y la maximización de las ganancias, con los de la reproducción y la acumulación del capital, que son leyes fundamentales que le dan vida y rigen al capitalismo. Como también se enfrentan a las relaciones de producción y las formas de propiedad y distribución que las sustentan. Cuesta entonces pensar que el capitalismo esté dispuesto a mutilar algunos de sus miembros fundamentales, o que la burguesía llegue hasta sacrificar su propia existencia en beneficio de la sociedad. Por ello, aunque nos perezcan bien intencionadas, esas propuestas “humanitarias” a todas luces resultarán utópicas o insuficientes, y tarde o temprano serán nuevamente sustituidas por el capitalismo verdadero.

No obstante esto, los filósofos, sociólogos y economistas pro capitalistas siguen edulcorando cada vez más la infusión, han venido añadiendo refinamientos y correcciones a la fórmula, perfeccionando el discurso sobre el capitalismo “humanitario”, pero al fin y al cabo siempre resulta el mismo brebaje. Con relación a esto, Marx explica: “La escuela humanitaria perfeccionada recibe el nombre de escuela filantrópica. Niega la necesidad del antagonismo, quiere hacer burgueses a todos los hombres; quiere realizar la teoría, en tanto que ésta se distinga de la práctica y no contenga antagonismos. Claro está que en la teoría resulta fácil hacer abstracción de las contradicciones que se encuentran en cada instante en la realidad. Esta teoría sería entonces la realidad idealizada. Los filántropos desean, entonces, conservar las categorías que expresan las relaciones burguesas sin el antagonismo que las constituye y que les es inseparable. Creen que combaten seriamente la práctica burguesa, y resultan más burgueses que los otros”.

En resumen, las crisis periódicas y sistémicas del capitalismo demuestran tanto la utopía del pensamiento único neoliberal, como revelan las limitaciones y la insostenibilidad de las políticas y los gobiernos socioliberales. De tal manera que no podemos caer en el juego pendular del hayekismo-keynesianismo que nos ofrece la burguesía. Resulta evidente entonces que la crisis actual del neoliberalismo no puede solucionarse dentro del capitalismo; sólo con un socialismo verdadero, que adelante una transformación estructural más profunda basada en cambios en la propiedad de la tierra, los modelos comerciales y la propiedad de las industrias estratégicas, al mismo tiempo que modifique la cultura no solidaria, consumista y depredadora del capitalismo, es como se podrá lograr la máxima felicidad del ser humano en el planeta Tierra.

Referencias:

[1] Marx Karl. Miseria de la Filosofía , Gradifco, Buenos Aires, 2010, p. 119.

De Guindos anuncia el secuestro del Estado Español

El pasado 29 de junio el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para permitir la recapitalización directa de la banca española y, con ello, intentar aliviar la presión de los mercados sobre las deudas soberanas. Este acuerdo modifica algunas de las condiciones inicialmente previstas en el rescate de la banca española, lo que está siendo presentado por el gobierno como una auténtica pica en Bruselas.

Con la finalidad de romper el círculo vicioso entre la deuda privada de los bancos y la deuda soberana, el acuerdo alcanzado faculta al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a recapitalizar directamente las entidades financieras españolas, de forma que los fondos avanzados por dicha institución no computen como deuda pública adicional. Una segunda novedad contemplada por el acuerdo es que el MEDE no se constituirá en acreedor prioritario en caso de impago (lo que evitará una mayor presión sobre la prima de riesgo española).

No obstante, el acuerdo alcanzado no sólo presenta importantes claroscuros, sino que también mantiene las perennes obstinaciones de Bruselas. Aunque encender una vela en un oscuro túnel puede ahorrarnos algún tropiezo, no hace que el túnel cambie de destino.

 

El MEDE no podrá facilitar fondos directamente a la banca española hasta que el BCE asuma el papel de supervisor único del sistema bancario europeo (exigencia planteada por Merkel). Esta nueva cesión de soberanía nacional –ciertamente compleja y que requiere difíciles consensos entre los países de la zona euro– puede dilatarse en el tiempo muchos meses aún. Por ello, el rescate de la banca española comenzará a hacerse por la vía “clásica”: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) concederá una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros al fondo de rescate bancario (FROB), lo que elevará la deuda pública española hasta 10 puntos adicionales sobre el PIB. Esta nueva presión asociada al incremento de los intereses de la deuda tendrá que compensarse con más recortes sociales para que el déficit no aumente, tal y como recientemente ha anunciado el ministro De Guindos. Sólo una vez que el BCE asuma plenos poderes de supervisión el rescate se traspasará al MEDE y será posible la recapitalización directa de la banca.

Por otro lado, en este momento no está aún claro si las entidades nacionalizadas podrán acogerse a dicha recapitalización directa. En caso de no ser así –y puesto que éstas son precisamente las que más fondos necesitan– el acuerdo tendría escasa utilidad para España.

Pero, aún incluso cuando se avance en la unión bancaria y fiscal y el BCE alcance plenos poderes de supervisión, el rescate a la banca española entrañará una dura condicionalidad. Aunque el crédito para recapitalizaciones bancarias se acabe traspasando al MEDE y el Estado español consiga desembarazarse de su papel de intermediario y avalista, la ciudadanía española perderá con este acuerdo el derecho a decidir sobre el futuro de su sistema bancario.

Es más, tal y como reza la nota hecha pública por el Consejo Europeo del 29 de junio, la recapitalización “se basaría en la condicionalidad adecuada, […] que debería ser específica de cada entidad, específica de cada sector o a escala de toda la economía”. Es decir, que la condicionalidad asociada a los préstamos no se limitará únicamente al sector privado, sino que podrá alcanzar al conjunto de la economía.

El acuerdo alcanzado no sólo no modifica la orientación de las políticas de recortes impuestas desde Bruselas –que han empujado a nuestra economía a la recesión– sino que la profundiza. En la medida en que la intervención del FEEF y del MEDE se subordina en el acuerdo a que los estados miembro cumplan los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y alcancen un déficit del 3% del PIB en 2013, la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) no sólo tutelará la reforma bancaria española, sino también la política económica del gobierno. La orientación, qué duda cabe, será la mantenida hasta el momento: aplicar todas las medidas posibles para liberar recursos que garanticen el pago de la deuda pública y privada a los acreedores.

El rescate “realmente existente” de la banca española exigirá nuevas medidas de ajuste para poder alcanzar este quimérico objetivo de reducción del déficit al 3% en 2013. Estamos en vísperas de un importante incremento del IVA (impuesto que grava especialmente a las rentas más bajas), que seguramente aumente el gravamen de algunos productos y servicios básicos desde un tipo superreducido (4%) al reducido (8%), o desde este último al tipo normal (18%). Otra modificación esperada será la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda, que –aunque favorecería el régimen de alquiler– podría endurecer simultáneamente la situación económica de aquellas familias asfixiadas que afrontan en este momento el pago de su hipoteca. Cabe esperar igualmente nuevas reducciones salariales de las y los empleados públicos –y muy probablemente despidos–, así como nuevos intentos por retrasar la edad de jubilación.

Las consecuencias del rescate de la banca española –con o sin recapitalización directa– serán amargas para las y los trabajadores y especialmente para las familias de rentas más bajas. La deuda contraída por las entidades financieras españolas con los bancos extranjeros, buena parte de ella vinculada al negocio inmobiliario, se pagará a costa de seguir cerrando quirófanos, despidiendo profesores y recortando derechos.

Pero estas medidas ni siquiera garantizan que el crédito vuelva a fluir en la economía española, en tanto en cuanto no resuelven el problema del préstamo fallido de promotores y constructoras, el exceso de activos inmobiliarios que acumula la banca, ni la sobrevaloración de dichos activos. Las medidas de ajuste en una “recesión de balances” como la actual –donde todos los actores intentan desendeudarse simultáneamente– no hacen sino profundizar la crisis y aumentar progresivamente la morosidad de los activos bancarios. El fuerte descenso del ahorro de los hogares españoles desde 2010 –vinculado a los menores ingresos de las familias, a los recortes salariales y al agotamiento de las prestaciones públicas–, es una muestra de esta tendencia.

Además, el rescate de la banca española tampoco elimina a medio plazo los riesgos de contagio a otros países. Como recuerda el economista griego Yanis Varoufakis, en la medida en que la financiación del FEEF y del MEDE se basa en el principio de que todas las deudas contraídas por dichas instituciones deben ser separables y atribuibles a un único país, su utilización continuada necesariamente incrementa la ratio de endeudamiento sobre el PIB del resto de países no rescatados, situando a éstos en posiciones de creciente fragilidad.

Frente a esta socialización de las pérdidas de la banca (con cargo a la ciudadanía española y europea), es necesario poner en pie alternativas que pasen por anular las medidas de austeridad y las contrarreformas laborales, por exigir una moratoria sobre el pago de la deuda para identificar y anular aquella que sea ilegítima, y por expropiar la banca privada que no se sujete a una estricta regulación encaminada a orientar el crédito –en condiciones financieras favorables– a actividades socialmente útiles.

 

Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Manolo Garí y Bibiana Medialdea

(miembros del consejo editorial de VientoSur).

Fuente: http://www.publico.es/dinero/439157/dulce-rescate-o-agrio-secuestro

Colapso financiero de la Generalitat Valenciana

Las deudas y la falta de liquidez del Consell baten récords al cierre de 2011

La liquidación de las cuentas del último año certifica el colapso financiero de la Generalitat

Martes 04 de septiembre de 2012

 

pere rostoll
La Generalitat batió todos los récords durante el año 2011… a la hora de acumular deudas y falta de liquidez para afrontar sus pagos. El balance de las cuentas autonómicas del último año, publicado ayer en el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV), certifica el colapso financiero del Consell con una deuda insostenible que ya equivale a dos presupuestos enteros y con un fondo de maniobra negativo -un indicador que mide el margen de liquidez de una administración- que se ha duplicado en apenas un año hasta llegar a los 15.500 millones de déficit, la friolera de 2,5 billones de las antiguas pesetas. La situación alcanza, a día de hoy, niveles tan preocupantes que, en el caso de que la Generalitat fuera una empresa, estaría claramente en supuesto legal de quiebra con un patrimonio negativo de más de 8.500 millones, un mal indicador que se ha multiplicado por cuatro en apenas doce meses.
Los datos del ejercicio de 2011 -año con gestión compartida a caballo entre Francisco Camps y Alberto Fabra- ponen encima de la mesa, una vez más, la desastrosa situación de las arcas autonómicas. Puede parecer un tópico. Pero no lo es. No se trata, en cualquier caso, de una liquidación presupuestaria más: es la peor en tres décadas de autogobierno y pone en la picota, al margen de la endémica falta de financiación de la Generalitat y del notable descenso de los ingresos en unos 1.000 millones como consecuencia de la crisis económica, la gestión realizada por el PP durante los últimos 17 años al frente del Consell. Empezando por la deuda. Ese indicador ejemplifica la agonía financiera de una administración absolutamente asfixiada e incapaz de afrontar con solvencia los pagos que genera el “día a día”.
De hecho, según figura en el balance, en apenas doce meses, la Generalitat pasó de mantener deudas con sus acreedores por importe de unos 19.200 millones a tener obligaciones pendientes de pago por 26.328, más de 7.000 millones de diferencia al alza. Para poder saldar todas esas deudas, la Generalitat tendría que paralizar su actividad durante casi dos años y dedicar todo su presupuesto a pagar; o que cada valenciano, a modo de colecta, aportara de su bolsillo más de 5.000 euros. El aumento se corresponde con un crecimiento de los acreedores a corto plazo, que se incrementan en cerca de 6.000 millones a raíz de la decisión del Gobierno de aflorar recibos pendientes de abonar a proveedores -un plan al que la Generalitat se acogió con un préstamo de 4.500 millones, uno de los más altos del Estado- además de un paquete de “facturas en los cajones”, que no tienen reflejo en los presupuestos pero que deben ser pagadas. El incremento de las deudas a corto plazo, de esta manera, revela las dificultades del Consell para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas.
El aumento de los “números rojos” supone, en cualquier caso, un gravísimo problema de liquidez, algo que también queda al descubierto con la liquidación de las cuentas autonómicas. Al cierre de 2010, como en su día publicó este periódico, el fondo de maniobra -un indicador que mide la diferencia entre lo que la Generalitat debe ingresar y pagar a corto plazo- alcanzó niveles negativos por valor de 8.080 millones, 900 millones más que en 2009. Era un récord histórico. Un déficit de liquidez que alimentaba la incapacidad de la Generalitat para abonar las facturas de su gestión diaria en plazos razonables. Nunca se había llegado a ese nivel. Pues bien, la liquidación de las cuentas del Consell, actualizadas a 31 de diciembre de 2011, todavía es peor. Infinitamente. El déficit de liquidez casi se ha duplicado y alcanza los 15.525 millones de euros. Conclusión: las deudas a corto plazo se han multiplicado por el creciente nivel de impagos.

Menos dinero en las cuentas
La evolución negativa del fondo de maniobra tiene su continuidad, además, con un descenso de las cantidades que la Generalitat acumula en su tesorería, el líquido del que dispone en sus cartillas de ahorro. A 31 de diciembre de 2011, el Ejecutivo de Alberto Fabra acumulaba en sus cuentas apenas 260 millones de euros, 350 menos que a finales de 2010, lo que supone una caída del 57,34% y dejar al Consell un margen cada vez menos para afrontar pagos. Una panorama muy complicado. Algo que también queda ejemplificado en el indicador del déficit entre los ingresos y los gastos.
En sus primeros seis meses al frente del Consell, Alberto Fabra no cumplió con la máxima que viene pregonando: equilibrio presupuestario. El desfase alcanzó, como resultado del ejercicio, los 3.642 millones, un resultado negativo que, sin embargo, es mayor toda vez que no se han incluido una serie de facturas que luego sí se aportaron al plan de pago a proveedores y que superarían los 860 millones de euros. ¿Qué ocurriría si la Generalitat se gestionara como una empresa? Pues que, simplemente, estaría en supuesto legal de quiebra con un patrimonio negativo de 8.500 millones. ¿Y eso que significa? Pues que, ni siquiera contando con el conjunto de sus bienes, el Consell podría pagar todas sus facturas pendientes. Saldaría algunas deudas pero necesitaría aún esos 8.500 millones para completar abonos pendientes. ¿Nota del examen a las cuentas? Un clarísimo suspenso.

Endeudamiento de la Generalitat Valenciana

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El endeudamiento de la Generalitat que computa el Banco de España -y que incluye el que arrastran las universidades asciende a 22.163 millones (incluidos los 1.694 millones de las empresas que no cuentan como Administración) pero los débitos son mucho mayores si se incorporan también, por ejemplo, los impagos a los proveedores. Si además se incluyen otros entes que se nutren de los fondos públicos, como las fundaciones y las cámaras de comercio, el resultado es un cifra de deudas estratosférica. Nada menos que 30.798 millones -cinco billones de las antiguas pesetas– es la losa de deudas que pesa sobre el sector público autonómico valenciano al cierre de 2010, últimas cifras oficiales disponibles, según los datos contenidos en la Base de Datos puesta en marcha por la Sindicatura de Comptes para recopilar toda la información económica de hasta 101 entidades.

El balance agregado, que recoge la suma de los estados de cada uno de estos entes, revela la existencia de un pasivo no corriente (acreedores a largo plazo) de 15.619 millones, que se suma a un pasivo corriente (acreedores a corto plazo) de otros 15.178 millones. Cabe precisar, no obstante, que las cifras no están consolidadas por lo que puede haber un ajuste a la baja aunque Ciegsa, por ejemplo, con 2.248 millones, la carga más importante, no se ve afectada ya que la Generalitat no reconoce los débitos con esta firma en su balance. En todo caso, la evolución no se vería afectada al respetarse el mismo criterio, y el resultado es demoledor: Desde 2007, en la última legislatura de Camps en la Generalitat, las deudas del sector público autonómico se han incrementado en dos tercios, un 66,6% más, al pasar de 18.485,84 millones a los citados 30.798 millones.

Entre el pasivo corriente figura un dato que no es menos preocupante: El saldo de “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” asciende a la friolera de 9.463,84 millones. Un epígrafe, que engloba las deudas de todo el sector público autonómico con los proveedores.

Del total, el montante más importante de débitos lo acumula la Administración de la Generalitat, que incluye la cuentas de las conselleries, las Corts y el resto de instituciones de la Generalitat, con 19.280 millones; seguido del sector empresarial público (20 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público), 10.000 millones, teniendo en cuenta que ahí sí se han consolidado los grupos RTVV, Ivvsa y Vaersa; las cinco universidades públicas, 997 millones; las cuatro entidades administrativas -la principal, el Servef-, 330 millones; las cuatro entidades autónomas comerciales (entre ellas, el Ivaj), 46 millones; así como las 35 fundaciones, 111,7 millones; y las 6 cámaras de comercio, 31,5 millones.

Las cifras comportan que el endeudamiento del sector público autonómico sale a 6.025 euros por valenciano. Una familia de cuatro miembros debería abonar cuatro millones de las antiguas pesetas para ponerse en paz con los acreedores. Cuatro años antes, al cierre de 2007, la losa era de 3.798,7 euros. El aumento es del 58% en cuatro años.

Las tensiones de liquidez quedan en evidencia al constatarse un fondo de maniobra (diferencia entre todos los derechos disponibles a corto plazo y todas las obligaciones de pago a corto) negativo de 7.112 millones. En 2007 era la mitad: 3.532 millones.